Hernán Condori: El Congreso peruano fuerza la dimisión del ministro de Salud por promocionar la pseudociencia | Internacional

El ministro de Sanidad peruano, Hernán Condori.EL COMERCIO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO (Europa Press)

En ocho meses de gestión, el presidente de Perú, Pedro Castillo, ha cambiado a 32 ministros, el último este jueves. El Parlamento censuró a Hernán Condori, el ministro de Salud, por no considerarlo idóneo para el puesto, tras lo que el jefe de Estado tiene un plazo de tres días para aceptar la dimisión del funcionario. El nombramiento de Condori fue rechazado por el Colegio Médico del Perú y otras sociedades profesionales a pocas horas de prestar juramento el pasado 8 de febrero, después de la difusión de un par de vídeos en los que aparecía como promotor de pseudociencia y se presentaba como obstetra pese a no tener la licencia para ejercer como tal, sino como médico cirujano.

El Congreso manifestó la “falta de idoneidad y capacidad para el cargo” con 71 votos a favor de la censura, 32 en contra y 16 abstenciones. Durante el debate de la moción, presentada hace una semana por representantes de los partidos conservadores, los congresistas abordaron el cuestionamiento de los gremios médicos, la salida de altos funcionarios del ministerio tras la llegada de Condori, y la disminución de la cantidad diaria de personas vacunadas desde que asumió el cargo. Se trata de la segunda censura de un ministro en lo que va del Gobierno de Castillo, el primero fue el extitular de Educación, Carlos Gallardo.

Condori fue interpelado por el Parlamento el 15 de marzo. El Congreso lo interrogó sobre las publicaciones científicas en las que se basó para promover en Facebook -antes de ser ministro- un costoso producto llamado agua arracimada al que le atribuía propiedades medicinales, pese a que era solo una mezcla de agua purificada y jugo de frutas. Días antes, citado a la Comisión de Salud del Congreso para que respondiera a los cuestionamientos, respondió en tono burlón: “Me presentaron el producto, entré a Google, investigué, hay bibliografía. Es un tipo de agua que puede ingresar con mayor facilidad a través de la membrana celular”.

Añadió, además, que no había vendido el producto, sino que lo usó con un familiar muy enfermo. El día de la interpelación explicó que quería pasar página sobre ese tema y refiriéndose a su pariente dijo que “tiene una enfermedad terrible”. “La ciencia que nosotros hacemos no va a ayudarlo”, sostuvo, insistiendo en el uso del producto como alternativa.

Condori llegó al Gobierno como la cuota del gabinete de la facción cerronista del partido Perú Libre, debido a su cercanía con el político marxista-leninista Vladimir Cerrón, el fundador del partido que afilió a Castillo para lanzarlo como candidato presidencial en 2021. El ministro depuesto este jueves fue director de salud de un distrito en Junín, región en la que Cerrón fue gobernador. La moción de censura también se sustentó en otro vídeo publicitario del médico, que grabó antes de ser ministro, en el que promocionaba un aparato para diagnóstico de cáncer de cuello uterino “en un minuto”, pese a que no es especialista en ginecología u oncología.

El Colegio Médico del Perú, que tiene pendiente resolver investigaciones contra Condori, recibió a mediados de marzo otra denuncia por una posible violación al código de ética, cuando durante un viaje al sur de Lima subió a un helicóptero a una niña enferma y la cargó hacia una ambulancia cuando llegaron a Palacio de Gobierno, para mostrar a la prensa que estaban agilizando su traslado a un hospital pediátrico de la capital. “Es una exposición contra la dignidad del paciente”, explicó entonces Raúl Urquizo, el decano del gremio, a la emisora Radioprogramas.

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Casi toda la bancada de Perú Libre votó contra la censura de Condori, aunque algunos optaron por la abstención; mientras que el Partido Morado (centro-derecha) y Juntos por el Perú (izquierda moderada) estuvieron a favor de la censura. Los partidos conservadores, como promotores de la moción de censura, también votaron por su salida. Durante el debate de la censura, la congresista Flor Pablo, del Partido Morado, afirmó que Condori no tenía cualidades profesionales ni éticas, y responsabilizó a Castillo por haber reemplazado al anterior ministro, Hernando Cevallos, que tenía “una alta capacidad de diálogo”. “Hubieran puesto a alguien que fuera igual o mejor: en este momento necesitamos a los más calificados en ese cargo”, remarcó la legisladora.

El Gobierno de Castillo se enfrenta desde el lunes a una huelga de transportistas y agricultores en varias regiones, como una medida contra el alza de precios de los combustibles y los fertilizantes, pero la zona más afectada este jueves por los bloqueos es la Carretera Central. El lunes, el presidente se salvó de ser destituido por el Congreso, pero otra crisis escaló rápidamente. La región Junín, donde viven miles de sus electores, reclama que el mandatario -que ofreció mejoras para los transportistas y la agricultura familiar- los ha abandonado.

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Paul Givan: La dimisión del ministro principal de Irlanda del Norte tensiona las negociaciones de Londres y Bruselas por el Brexit | Internacional

El Partido Unionista Democrático (DUP, en sus siglas en inglés) lleva meses mirando de reojo y con pavor las encuestas. Anuncian que perderá su posición de primer partido en Irlanda del Norte en las próximas elecciones autonómicas de mayo, en favor de los republicanos del Sinn Féin (antiguo brazo político del IRA, y partidarios de la reunificación de la isla). Y hace tiempo también que el DUP ha señalado al chivo expiatorio que culpa de todos sus males: el Protocolo de Irlanda, que firmaron Londres y Bruselas para cerrar definitivamente un acuerdo sobre el Brexit. En una acción concertada para dar un golpe al avispero, el ministro principal del Gobierno autónomo (cargo equivalente a primer ministro), Paul Givan, ha anunciado este jueves su dimisión. Y el consejero de Agricultura, Edwin Poots, ha decidido unilateralmente suspender los controles sanitarios de productos ganaderos y agrícolas procedentes de Gran Bretaña, algo de obligatorio cumplimiento según lo acordado entre el Reino Unido y la Unión Europea.

Ambos políticos son unionistas del DUP. Ambos pertenecen a la línea dura del partido, que quiere deshacerse del Protocolo de Irlanda antes de que lleguen las elecciones de mayo. Frente a ellos se sitúa el presidente de la formación, Jeffrey Donaldson, quien quisiera dar una última oportunidad a las negociaciones en curso entre Londres y Bruselas. Después de la dimisión a mediados de diciembre de David Frost como negociador británico con la UE se abrió un cierto margen de esperanza. Tomó las riendas de ese negociado Liz Truss, la ministra británica de Exteriores. Y aunque mantuvo en sus declaraciones el tono de dureza de su predecesor, su voluntad de regresar con otra actitud a la mesa de negociación relajó una relación que a punto había estado de derivar en una guerra comercial entre las dos orillas del canal de la Mancha.

Un portavoz del Gobierno de Johnson ha asegurado este jueves que Downing Street desconocía la intención del Ejecutivo norirlandés de suspender los controles sanitarios, y que el primer ministro desearía una solución lo más pronto posible frente a este nuevo inconveniente.

Truss y su contraparte negociadora, el vicepresidente de la Comisión Europea, Maros Sefcovic, han retomado este jueves sus conversaciones bajo la sombra de la sorprendente decisión del Gobierno autónomo irlandés. “La Comisión Europea ha estado trabajando de un modo incansable con el Gobierno del Reino Unido para solucionar los problemas prácticos derivados de la puesta en práctica del protocolo. La decisión del consejero de Agricultura de Irlanda del Norte resulta de poca ayuda”, ha dicho un portavoz comunitario. “Vigilaremos de cerca los siguientes movimientos en Irlanda del Norte después de este anuncio”, han advertido.

Poots se ha cobijado en un supuesto asesoramiento legal que le permitiría suspender los controles sanitarios ante los problemas que provocan, pero el resto de partidos norirlandeses le han acusado de estar violando las obligaciones de un tratado internacional con fuerza legal. Y a última hora del jueves ni siquiera estaba claro que su orden se hubiera cumplido en los distintos puertos norirlandeses, porque los altos funcionarios encargados de trasladar la directiva habían expresado dudas sobre su legalidad.

La UE no entra en las maniobras políticas internas del Gobierno norirlandés, pero sí responde ante una decisión que choca legalmente con un tratado internacional como es el Protocolo de Irlanda. Firmado como anexo del Acuerdo de Retirada de la UE, el protocolo fue una solución compleja y largamente negociada para solucionar el atasco del Brexit. El abandono del Reino Unido suponía que Irlanda fuera la única frontera terrestre de la UE con ese país. Bruselas quería proteger a toda costa su preciado Mercado Interior, pero no al precio de volver a partir en dos la isla de Irlanda y poner en peligro la paz alcanzada en el Acuerdo de Viernes Santo de 1998. Aquel pacto estableció la conveniente ficción de que Irlanda era una única isla, y su frontera interna se volvió invisible. Cualquier nueva señal de control entre las partes, aunque fuera aduanero, podía resucitar la violencia sectaria. La solución, firmada por Boris Johnson, fue mantener a Irlanda del Norte dentro del espacio aduanero de la UE y trasladar la barrera aduanera al mar de Irlanda.

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Desde entonces, todo han sido problemas. La burocracia y aumento de costes y controles aduaneros y sanitarios para el envío de productos desde Gran Bretaña a Irlanda del Norte desató las protestas de empresas y ciudadanos. Fue la llamada “guerra de las salchichas”, cuando desapareció este producto de las estanterías de supermercados británicos con establecimientos en la región. A pesar de la voluntad de Bruselas de buscar soluciones prácticas —redujo hasta un 80% el número de obligaciones aduaneras—, Londres y Belfast se alinearon en una posición extrema. El Gobierno de Johnson ha mantenido en todo momento sobre la mesa la amenaza de invocar el artículo 16 del protocolo, que permite la suspensión unilateral de sus disposiciones “ante graves dificultades económicas, sociales o medioambientales”. El aumento de la violencia vandálica en las calles de Belfast y Londonderry de los últimos meses, sobre todo por parte de bandas juveniles unionistas, ha sido la justificación esgrimida por el Gobierno de Johnson para replantear un tratado que, sobre todo, irritaba al ala euroescéptica del Partido Conservador y dejaba a los pies de los caballos a los unionistas del DUP, porque su electorado veía el protocolo como una traición que los alejaba aún más del resto del Reino Unido.

La dimisión de Givan

Unionistas y republicanos están obligados a compartir el poder en las instituciones autonómicas de Irlanda del Norte, pero el puesto de ministro principal queda reservado para el partido más votado. Hasta ahora ha sido el DUP. El anuncio de dimisión de Paul Givan implica automáticamente el cese de la viceministra principal, Michelle O’Neill, del Sinn Féin. En el plazo de una semana, los dos partidos deberán ponerse de acuerdo para un nuevo reparto de puestos, o el ministro británico para Irlanda del Norte, Brandon Lewis, estará autorizado a adelantar los comicios autonómicos, previstos para mayo. El movimiento sorpresa del DUP, en teoría, no tendría por qué acelerar el plazo para convocar las urnas, pero su dirección llevaba meses advirtiendo que reventaría la estabilidad de las instituciones políticas autonómicas —al abandonarlas— si no desaparecía el Protocolo de Irlanda. La voluntad negociadora expresada por Londres y Bruselas amenazaba con mantener vivo el problema para cuando mayo llegara, y obligar al DUP a competir con ese lastre. “Nuestras instituciones vuelven a estar sometidas a prueba (…) y su delicado equilibrio ha resultado afectado por el acuerdo entre el Reino Unido y la UE que puso en marcha el Protocolo de Irlanda”, ha dicho Givan en una comparecencia en un hotel de Belfast, al borde de las lágrimas.

La presidenta del Sinn Féin, Mary Lou McDonald, ha exigido la convocatoria inmediata de elecciones, “ante la ausencia de un Ejecutivo en funcionamiento. Debe quedar claro que las maniobras del DUP tienen sus consecuencias”, ha dicho.

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La cuenta atrás para Boris Johnson: Cuántos diputados piden su dimisión y cómo pueden echarle | Internacional

El mecanismo interno para que el Partido Conservador se deshaga de su primer ministro tiene algo de arcano y misterioso, pero cuando se pone en marcha, desata un terremoto político de primera magnitud. Boris Johnson se encuentra en estos momentos en el limbo. Hasta el momento, solo media docena de diputados conservadores han pedido públicamente su dimisión, pero nadie es capaz de aventurar cuántos más puedes hacerlo en los próximos días, y si serán suficientes para poner en marcha el mecanismo de destitución.

Después de sus medias disculpas en la Cámara de los Comunes, de su admisión de que estuvo en la fiesta prohibida del jardín de Downing Street del 20 de mayo de 2020, y de su endeble excusa de que pensó que era una reunión de trabajo, al primer ministro del Reino Unido no le queda otra que apretar los dientes y esperar el desenlace de dos acontecimientos sobre los que no tiene el menor control. En primer lugar, la vicesecretaria permanente de la Oficina del Gabinete, Sue Gray, una alta funcionaria con fama de dura e intachable, debe concluir la investigación interna que el propio Gobierno le ha encomendado, y que abarca hasta media docena de fiestas en dependencias ministeriales. Incluida aquella a la que asistió Johnson, y que más peligro conlleva para su futuro político. La presión del momento acelerará los trabajos de Gray, que deberían concluir para finales de la semana que viene. Es prácticamente imposible que su informe tenga un tono exculpatorio, dada la acumulación de pruebas aireadas y, sobre todo, del grado de indignación reinante entre la ciudadanía, la oposición y los propios diputados del Partido Conservador. Pero los matices que incorpore, o hasta dónde alcance a señalar responsables, serán muy importantes. Si concede cierto pábulo a la excusa de Johnson de que pensó que se dirigía a una reunión ―claramente informal― del personal a su servicio, el primer ministro podría recobrar algo de oxígeno. Sobre todo si, a la vez, ruedan las cabezas de algunos pesos pesados de su equipo de Downing Street y, lo que es más importante, la Policía Metropolitana se da por satisfecha con las conclusiones y decide aparcar el caso, en línea con su regla de no investigar retrospectivamente violaciones de las normas de distanciamiento social. “El informe de Sue Gray puede ser muy duro contra Johnson, pero si la policía decide no hacer uso de él, y logra que la mayoría de los diputados se mantengan a su lado a pesar de todos los problemas”, aventura Paul Goodman, exparlamentario y director de la página web ConservativeHome, “el Gobierno puede acabar recuperando un cierto grado de normalidad”.

El Comité 1922

De momento, esa hipótesis suena excesivamente optimista para un primer ministro que atraviesa su crisis más delicada desde que llegó a Downing Street hace dos años, y al que los medios conservadores del Reino Unido dan prácticamente por finiquitado. Los ánimos dentro del Partido Conservador están muy revueltos, pero todavía no hay una facción que encabece el motín ―como ocurrió con Theresa May o con Margaret Thatcher― ni un rival alternativo que comience a despuntar. Hasta 26 parlamentarios tories han pedido públicamente, con mayor o menor intensidad, la dimisión de Johnson. Pero la cifra, aireada insistentemente en las últimas horas, lleva cierta trampa. De todos ellos, 20 son diputados del Parlamento Autónomo de Escocia (conocido como Holyrood, por el palacio donde se ubica). Para entenderlo bien, vendrían a ser algo similar a diputados españoles del PP en el Parlamento vasco o catalán. Encabezados por Douglas Ross, su actual líder, que ha sido el primero en exigir la renuncia del primer ministro después de hablar con él por teléfono este miércoles, tienen la imperiosa necesidad, si desean salir de la marginalidad que habitan en la política escocesa, de poner distancia entre ellos y una figura como la de Johnson, que tiene un alto componente tóxico en ese territorio autónomo y ha sido clave para alimentar el discurso independentista. A la hora de la verdad, ninguno de estos diputados autonómicos podría votar en una hipotética moción de censura interna para derrocar a Johnson. Solo puede hacerlo Ross, porque es además parlamentario nacional.

Por eso, en esa dirección, son mucho más relevantes las declaraciones de diputados de Westminster como William Wragg, Roger Gale, Julian Sturdy o Caroline Nokes. A su propia rabia o decepción personal con Johnson, suman el factor decisivo para que cualquier político opte por retirarle su apoyo: “El mensaje que estoy recibiendo de los votantes de mi circunscripción es que se sienten decepcionados y traicionados, después del inmenso esfuerzo que supuso para ellos obedecer las reglas durante la pandemia”, explicaba Nokes en la cadena televisiva ITV.

De todos ellos, solo dos han admitido abiertamente que ya han enviado una letter of confidence (cuya traducción, paradójicamente, sería la de una “carta de retirada de la confianza”) al director del Comité 1922, Graham Brady. Este organismo, que en realidad se fundó un año más tarde de lo que su nombre indica, agrupa a los diputados conservadores llamados backbenchers (literalmente, los de los escaños traseros: aquellos que no ocupan cargo en la estructura del Gobierno y son más libres para decidir su voto). Su dirección, según el estatuto del Partido Conservador, está capacitada para organizar una moción de censura interna contra el líder y primer ministro del momento. El mecanismo es el siguiente: Un 15% de los diputados backbenchers debe enviar al comité una carta de retirada de la confianza para que la votación de moción se active de modo automático. Actualmente, con 360 diputados conservadores, eso supone 54 cartas. Mientras van llegando, la cifra se mantiene en secreto. Por eso el clima, ante una rebelión interna, tiene algo de misterioso. Nadie es capaz de concretar si las cartas acumuladas no pasan de un puñado o se cuentan ya por decenas.

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En la situación actual, muchos diputados conservadores habrán optado por templar su rabia y frenar cualquier decisión, a la espera del informe de Susan Gray. Pero aunque tenga algún aspecto positivo para Johnson, difícilmente podrá servir para que las aguas vuelvan a su cauce si la irritación de la ciudadanía se mantiene. La última encuesta de YouGov, a principios de la semana, señala que un 56% de los británicos quiere que Johnson se vaya. Si finalmente se alcanza la cifra de 54 cartas, la votación podría realizarse a velocidad de vértigo. En el caso de la ex primera ministra Theresa May, el anuncio se realizó el 12 de diciembre de 2018. El grupo de los euroescépticos intentó derribarla para frenar su negociación del Brexit con la UE, demasiado condescendiente para ellos. Ese mismo día, a partir de las nueve de la noche, el grupo parlamentario estaba votando. 200 parlamentarios respaldaron a May; 117 votaron en su contra. En 1990, con reglas algo diferentes, Margaret Thatcher también sobrevivió, 204 votos frente a 152, a un desafío interno. En ambos casos, las dos primeras ministras tiraron poco después la toalla al comprobar la fuerte oposición interna a la que se enfrentaban. A pesar de que, según establecen los estatutos, no puede volver a celebrarse una nueva moción de censura interna en los 12 meses siguientes. Por eso muchos críticos de Johnson incluyen en sus cálculos la posibilidad de que el primer ministro pudiera salir más fortalecido del golpe, porque lo que claramente descartan es que dimita por voluntad propia.

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Abdallah Hamdok: La dimisión del primer ministro agrava la crisis política en Sudán | Internacional

Manifestación contra el golpe militar de octubre, el domingo en Jartum.Marwan Ali (AP)

La dimisión el pasado domingo del primer ministro de Sudán, Abdallah Hamdok, apenas seis semanas después de haber sido restituido en el cargo por los mismos generales que le habían depuesto a finales de octubre en una asonada militar, ha sumido todavía más en la incertidumbre el futuro del país. Su decisión, que llega tras varias jornadas de masivas protestas contra los golpistas, algunas duramente reprimidas, deja al Ejército al mando del Estado prácticamente en solitario y entierra cualquier opción de mantener viva la transición democrática pactada entre líderes civiles y militares en 2019, poco después de la caída del dictador Omar al Bashir. Además, refuerza el nuevo escenario de contestación que estalló a raíz del golpe de los militares, ampliamente impopular.

Hamdok había asumido inicialmente el cargo de primer ministro en virtud del pacto entre civiles y militares firmado al poco del derrocamiento de Al Bashir, pero fue destituido el pasado 25 de octubre y puesto bajo arresto domiciliario por los generales golpistas. El mandatario fue restituido un mes después, tras rubricar en solitario un acuerdo con el líder golpista, Abdel Fattah Al Burhan, que revisaba, a favor de los militares, el reparto de poder y las líneas maestras de la transición que se había concertado en 2019.

El nuevo pacto, sin embargo, fue rechazado en bloque por los principales actores políticos y sociales del país y no detuvo las amplias movilizaciones populares organizadas desde la asonada para exigir un Gobierno civil, la retirada de los militares de la política y su rendición de cuentas. Asimismo, desde su restitución, Hamdok había mostrado claros indicios de no poder imponerse a los generales y controlar la agenda y las decisiones políticas del país, como pone de relieve su incapacidad para nombrar un nuevo Gobierno.

“He intentado, en la medida de los posible, evitar que nuestro país cayera en el desastre, y ahora nuestro país está atravesando un peligroso punto de inflexión que puede amenazar toda su supervivencia si no se remedia pronto”, deslizó Hamdok en un discurso televisado.

Otra evidencia de la falta de control de Hamdok, que solo contaba con un amplio apoyo en el exterior, ha sido la represión de los manifestantes, que se ha agravado especialmente durante la última semana. Desde su restitución como primer ministro, las fuerzas de seguridad han matado a 15 personas en las protestas organizadas en la capital, Jartum; nueve desde el pasado jueves, según el Comité de Doctores de Sudán. En total, 57 manifestantes han sido asesinados desde el 25 de octubre.

Este recrudecimiento ha coincidido con el restablecimiento de amplios poderes a los temidos servicios de espionaje, que eran uno de los principales pilares del régimen de Al Bashir, así como con nuevas interrupciones en los servicios de internet y telefonía en las jornadas de protesta, según ha documentado la organización NetBlocks.

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“[Son] el tipo de problemas que aparecen tras la caída de regímenes totalitarios y tras el cese de guerras civiles, una descripción que se aplica plenamente a la realidad sudanesa actual”, alertó Hamdok en su discurso. El país también sufre una grave crisis económica, causada por décadas de mala gestión y corrupción, que el contexto actual está agravando.

Abdallah Hamdok anunciaba su dimisión, el pasado domingo en Jartum. Xinhua vía Europa Press (Europa Press)

Para muchos sudaneses, la dimisión de Hamdok desmiente a los militares, que querían dar una fachada civil a la asonada y presentar como una corrección de la transición pactada lo que ellos consideran un golpe ampliamente contrarrevolucionario y enfocado a devolver y cimentar en el poder a algunas de las principales figuras del régimen de Al Bashir.

“Creo que mucha gente en la calle está viendo un paralelismo con los últimos meses antes de la caída de Al Bashir, al menos en cuanto al nivel de protestas y de violencia estatal contra ellas”, observa Raga Makawi, analista sudanesa y editora de la revista panafricana African Arguments. “[Pero] no estoy segura de que el paralelismo se extienda más allá. En términos de política interna es un juego completamente diferente”, agrega haciendo hincapié en que esta vez, los aparatos de seguridad son el actor más fuerte en el campo.

Con la mirada puesta en el futuro, Hamdok destacó en su discurso que en los últimos días se había reunido con todos los componentes de la transición. Y dijo que, a su parecer, la solución debe pasar por formar una mesa de diálogo en la que estén representados todos los sectores de la sociedad y del Estado para llegar a nuevos acuerdos y retomar la transición.

Al Burhan, sin embargo, aseguró este lunes que la prioridad debe seguir siendo la de formar un Gobierno, en un mensaje recogido por la agencia estatal de noticias SUNA que parece implicar que el líder del golpe continúa dando por válido el acuerdo firmado con Hamdok a pesar de su renuncia a encabezar el Ejecutivo. Al Burhan no señaló a ningún otro candidato.

Los principales grupos políticos y sociales del país, por su parte, rechazan cualquier negociación o acuerdo con los generales golpistas y llevan semanas definiendo una hoja de ruta alternativa mientras siguen llamando a la desobediencia y a la movilización. Mohaned El Nour, un portavoz de la Asociación de Profesionales Sudaneses, una de las organizaciones civiles más bien articuladas en el país africano, señala a EL PAÍS que tienen previsto anunciar pronto una declaración conjunta con los comités de resistencia de los barrios, los otros actores clave en la organización del movimiento de protesta, así como el establecimiento de un liderazgo para representar la revolución.

En el exterior, uno de los primeros países en reaccionar ha sido Estados Unidos, que a través del Departamento de Estado ha llamado a los sudaneses a alcanzar un acuerdo en un mensaje con un tono mucho más frío que el exhibido anteriormente. El representante especial del Secretario General de la ONU en Sudán, Volker Perthes, lamentó este lunes en un comunicado la decisión de Hamdok, pero mostró su disposición a facilitar un proceso de diálogo para superar la actual falta de confianza.

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