Colombia no volverá a contar los votos del Senado. La decisión desinfla una polémica que no paró de crecer desde la celebración de las elecciones, el domingo 13, y que ha puesto en cuestión toda la institucionalidad colombiana. El presidente, Iván Duque, y el registrador nacional pidieron públicamente un recuento de los votos, algo inédito en la historia del país y que no se contempla en la ley electoral. Las solicitudes públicas de ambos alimentaron las denuncias de fraude que, desde la derecha y la izquierda, siguieron a la jornada electoral. La Comisión Nacional electoral se reunió este martes para tomar una decisión, pero el registrador se retractó a última hora y anunció que no presentará oficialmente la petición de un nuevo escrutinio.
“No es posible seguir hablando de fraude electoral en Colombia. Vamos a mejorar el preconteo y la transmisión de información”, aseguró el registrador nacional, Alexander Vega Rocha. La decisión zanja la posibilidad de que se vuelvan a abrir las bolsas donde se guardan los votos, pero deja en la opinión pública una sensación de sospecha alimentada desde los altos poderes del Estado. Las elecciones colombianas no se han librado del proceso de descrédito que viven otras democracias, como la de Estados Unidos durante las últimas elecciones a la Casa Blanca.
Aunque aquí existe cierta base para la sospecha. La noche electoral no se le contabilizaron casi 500.000 votos a la izquierda. El Pacto Histórico, el movimiento que encabeza Gustavo Petro, el favorito en las encuestas para presidir el país a partir de agosto, denunció que en 29.000 mesas electorales había sumado cero votos, algo estadísticamente muy improbable. La misión electoral de la OEA percibió una serie de “comportamientos atípicos”. Un nuevo escrutinio identificó esos votos faltantes por un error en el diseño de los formularios. Otros partidos como el Nuevo Liberalismo o el Verde también se vieron perjudicados. Subsanado ese problema, la izquierda pasó de tener 16 senadores a 19 y rozó los tres millones de votantes.
La derecha reaccionó de manera vehemente. El expresidente Andrés Pastrana, propagador habitual de bulos en las redes, deslizó sin pruebas que las cifras de la registraduría “apestaban a fraude” y pedía que el Gobierno contratara a dos firmas internacionales independientes para realizar un análisis forense del proceso. Pastrana avivó el año pasado la teoría de un fraude en las elecciones presidenciales en Perú que resultó ser falso. Álvaro Uribe hizo lo propio. Su partido, el Centro Democrático, ha pasado de ser la primera a la quinta fuerza en el senado.
Petro también puso en duda los resultados, pese a que el nuevo recuento le favorecía. La situación se tensó al máximo. Pese a que no existe ningún apartado de la ley que lo ampare, el presidente Duque criticó las irregularidades del registrador y pidió que se reuniera la comisión de garantías electorales. Había que volver a contar. El propio Vega creyó que era una buena idea, dada la paranoia de fraude que se había instalado en todas las fuerzas políticas.
Entonces surgió un nuevo problema: ¿quién podía asegurar que las bolsas donde se guardan los votos no hubieran sido abiertas y modificadas? Petro reaccionó con ímpetu en Twitter: “Lo que hace el registrador hoy ahora sí se llama fraude. La cadena de custodia de los votos terminó el sábado. A esta hora pueden estar llenando las bolsas de votos. Desobedecen la decisión de 5.000 jueces. Estamos ante un verdadero golpe de Estado impulsado por Uribe”.
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Finalmente no ocurrirá tal cosa, los resultados se quedarán como están. “Tenemos uno de los sistemas electorales más complejos de América Latina”, explica Mónica Pachón, doctora en ciencias políticas. “Es un sistema lleno de circunscripciones especiales, listas abiertas y cerradas. Y un diseño de herramientas muy primitivo, muy poco elaborado. Hay una nulidad de hasta el 20%, muy alta. Este error que ha ocurrido ahora es grave porque afecta al partido que está ganando y todos los líderes aprovechan para cuestionar los resultados. Dicho esto, el recuento es inconstitucional y no tenía ningún sentido”.
La sospecha, sin embargo, se mantiene y cuestiona la fiabilidad de las instituciones. El año electoral en Colombia llega cargado de alta tensión.
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