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Cartel que prohíbe la extracción artesanal de oro en Zemse, Burkina Faso.
Cartel que prohíbe la extracción artesanal de oro en Zemse, Burkina Faso.

Al menos 59 personas fallecieron y decenas resultaron heridas este lunes tras una fuerte explosión en un pueblo minero situado en el suroeste de Burkina Faso, según confirmó Antoine Douamba, comisario de la provincia de Poni, a la televisión pública. La detonación se produjo a causa de un incendio en el mercado que se fue propagando por los puestos de venta y que alcanzó a una tienda de dinamita que se utiliza para la minería de oro artesanal. Entre los fallecidos hay muchas mujeres y niños que se encontraban cerca del mercado en el momento de la explosión.

El accidente se produjo este lunes después del mediodía en la explotación minera de Gomgombiro, a pocos kilómetros de la ciudad de Gaoua, capital de la región de Suroeste próxima a la frontera con Ghana. Un habitante del pueblo aseguró a la televisión nacional que “las víctimas murieron por una explosión provocada por un incendio en un área de almacenamiento de cartuchos de dinamita de contrabando” que también funciona como tienda. El vecino aseguró que la explosión había dejado un “gran cráter” en el lugar, así como numerosos daños materiales.

Los muertos y heridos fueron trasladados a distintos puestos de salud y sobre todo el hospital regional de Gaoua. Una fuente sanitaria aseguró este lunes a la agencia France Press que el balance final podría ser aún peor. “Muchos heridos se encuentran en estado crítico y su pronóstico vital está seriamente comprometido”, dijo. Las autoridades han anunciado la apertura de una investigación judicial para aclarar las circunstancias de la tragedia y depurar las posibles responsabilidades. Un fiscal se personó este lunes en Gomgombiro para iniciar las pesquisas.

Burkina Faso, al igual que sus vecinos Ghana, Malí o Guinea-Conakry, es un país exportador de oro en el que están presentes grandes empresas multinacionales. Asimismo cuenta con un sinfín de explotaciones auríferas artesanales en las que miles de personas, muchas de ellos menores de edad, descienden bajo tierra para obtener el preciado mineral en condiciones de trabajo a menudo inhumanas. Esta actividad genera una importante atracción y surgen poblados improvisados aquí y allá que tampoco reúnen las mínimas condiciones de habitabilidad, un fenómeno que se extiende por amplias zonas del país.

El Gobierno de Burkina Faso ha intentado en numerosas ocasiones limitar o incluso prohibir la extracción ilegal de oro, pero más de un millón de personas se dedican a esta actividad según las últimas estimaciones oficiales del Ministerio de Minas, una cifra enorme comparada con los 15.000 empleos directos que supone la explotación controlada. Hundimientos de las galerías excavadas por los mineros y fallecimientos por asfixia son habituales en este negocio. Las consecuencias sanitarias y ambientales también son dramáticas: la separación del oro de la tierra se realiza con mercurio y este material tóxico penetra en los cuerpos de quienes lavan el mineral sin protección y contamina los acuíferos y los terrenos.

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Pancartas para exigir la liberación de los defensores del río Guapinol frente al Palacio Judicial de Tocoa, en Honduras.
Pancartas para exigir la liberación de los defensores del río Guapinol frente al Palacio Judicial de Tocoa, en Honduras.GUAPINOL RESISTE

Defender el medio ambiente en Honduras es una tarea de riesgo. Es el país más letal de Centroamérica para los ambientalistas —en enero asesinaron a tres— y, cuando no se atenta contra sus vidas, la cárcel aparece como un castigo para los defensores de los recursos naturales. Este miércoles, un tribunal de Trujillo, en el norte del país, declaró culpables a seis de los ocho detenidos en el caso conocido como Guapinol, en una decisión que ha sido tildada de arbitraria por organizaciones internacionales.

Los ambientalistas, miembros del Comité Municipal de Defensa de los Bienes y Públicos de Tocoa (CMDBCP), fueron detenidos en 2019 por oponerse a un proyecto minero de la empresa Inversiones Los Pinares (ILP) en una zona protegida y que afectará los ríos San Pedro y Guapinol. José Daniel Márquez, Kelvin Alejandro Romero, José Abelino Cedillo, Porfirio Sorto Cedillo, Ewer Alexander Cedillo y Orbin Nahún Hernández fueron declarados culpables por los delitos de privación ilegal de la libertad, daños agravados contra el contratista de la empresa, y daños simples y agravados contra la empresa. Los otros líderes del grupo, Arnol Javier Alemán y Jeremías Martínez Díaz, fueron absueltos y deberán ser liberados.

“Este veredicto es indignante y va en contra de las obligaciones de Honduras de garantizar la defensa de los derechos humanos. Debe ser anulado inmediatamente. No dejaremos de exigirlo a las autoridades hasta que todos los defensores de Guapinol queden en libertad de forma inmediata e incondicional”, ha declarado en un comunicado Érika Guevara-Rosas, directora para América de Amnistía Internacional.

En 2018, cuando la empresa inició trabajos en la zona y la construcción de una carretera para facilitar el acceso al lugar, el agua del afluente dejó de ser utilizable por la comunidad, que pronto se movilizó y organizó un campamento de resistencia que terminó siendo desalojado con violencia por parte de las autoridades, que se pusieron de lado de la empresa.

Desde la detención de los ambientalistas, calificada por diferentes organismos internacionales como arbitraria, Honduras se unió en una campaña para clamar por la libertad de los ocho de Guapinol. Con las etiquetas #GuapinolResiste, #LibertadparaGuapinol o #Aguaesvida, la lucha para que estos hombres sean liberados no ha tenido descanso. La decisión de este miércoles es un nuevo golpe para quienes creen que el derecho al agua está por encima de intereses económicos en un país que ha sido testigo de crímenes impunes contra activistas ambientales como lo es el caso de Berta Cáceres.

El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas ha calificado este proceso judicial como parte de una estrategia de intimidación y criminalización de quienes, con razones, se oponen al proyecto minero.

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“Es extremadamente grave que, a pesar de la falta de diligencia en las investigaciones por parte del Ministerio Público, seis de los presos de conciencia de Guapinol se enfrenten a penas de prisión. Los defensores son víctimas de una detención arbitraria y una persecución penal infundada, derivada únicamente de su legítima labor de defensa del derecho al agua y a un medio ambiente sano en Honduras”, ha insistido Guevara-Rosas a través del comunicado de Amnistía, en el que además piden a las autoridades hondureñas “dejar de utilizar el sistema de justicia para criminalizar, intimidar y acosar a los defensores de los derechos humanos”.

Amnistía reconoció a los ocho defensores como presos de conciencia tras revisar en detalle las pruebas y estudiar los procesos penales en su contra. La organización, según su comunicado, envió una carta al fiscal general de Honduras tras el inicio del juicio, el 1 de diciembre de 2021, expresando su preocupación por las irregularidades en la investigación. “Amnistía Internacional considera que los ocho presos de conciencia fueron detenidos únicamente por su labor de defensa del derecho al agua potable y a un medio ambiente sano, y que los cargos penales que se les imputan, así como su prolongada prisión preventiva, son injustificados y constituyen un uso indebido del sistema de justicia”, advierte la organización.

También se ha manifestado en ese sentido la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos (Oacnudh) que al inicio de esta semana instó a la Justicia de Honduras a emitir un “fallo en pleno respeto de la ley”. La Oacnudh expresó, en un mensaje en Twitter, “su preocupación” porque el Ministerio Público de Honduras “no ha cumplido con el estándar de prueba mínimo ni ha observado a cabalidad el principio de objetividad que debe regir sus actuaciones” en el juicio contra los defensores del agua, que terminó el pasado viernes con la etapa de conclusiones. Las penas que deberán enfrentar los activistas se conocerán el próximo 21 de febrero, según anunció la justicia hondureña.

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24Horas.cl Tvn

07.05.2021

Durante la noche de este jueves, el presidente del Consejo Minero Joaquín Villarino, se refirió a al proyecto de royalty minero aprobado en la Cámara de Diputadas y Diputados y que fue despachado al Senado para continuar con su tramitación.

La iniciativa busca establecer una compensación a favor del Estado por la explotación de la minería del cobre y del litio, que sería a través de una nueva tributación de 3% sobre las ventas y que aumentaría en la medida que se mueva al alza el precio de los minerales.

En ese sentido Villarino sostuvo que este es «un mal proyecto, lo hemos dicho desde el principio de la tramitación del mismo», explicando que éste «técnicamente está mal estructurado, porque además en sus últimas modificaciones empeoró aún más, estableciendo una carga tributaria que prácticamente duplica a la que tenemos hoy día, y eso atenta contra el sentido común básico. No es normal ver en una legislación que los tributos se multipliquen casi por dos y menos para un solo sector productivo».

Agregó además que «grava un mismo hecho que ya está gravado por otro royalty en el país, por lo tanto es redundante, porque no deroga el impuesto específico que también es un tipo de royalty, que así fue establecido desde sus orígenes«.

 

«Además, en las últimas modificaciones que se introdujeron, se hizo extensivo, además del cobre y al litio, a todas las sustancias minerales concesionables y eso sin haber dedicado una hora al estudio de los efectos que puede tener un tributo de esta naturaleza en la explotación de recursos tan distintos al cobre, como es el caso del hierro, el oro, la plata o el molibdeno etc», explicando que se desconoce el efecto que podría tener esta acción en mercados que funcionan de distinta forma.

Villarino indicó que los parlamentarios «no conocen» el funcionamiento de otros mercados minerales, y que del cobre «han tenido una mirada extremadamente parcial». Sobre el litio, indicó que «le aplican la misma normativa que le están aplicando al cobre, cuando tiene un régimen distinto. La gran explotación del litio en Chile están sujetas a contratos directos entre las empresas que lo explotan y Corfo, pagando un régimen de regalías distinto al del cobre».

 

«Nos ha parecido una legislación que se ha hecho muy rápido, no se ha consultado a expertos, que no se ha mirado el efecto verdadero que puede tener en el mercado. Además atenta contra el sentido común, no es razonable que, existiendo cargas tributarias en diversos distritos mineros con los que competimos, en torno al 40% que es donde está hoy día Chile, se incremente a más de un 75% o un 82%, dependiendo el precio. No me parece razonable ¿Qué actividad económica subsiste con cargas tributarias en torno al 80%? atenta contra el análisis de cualquier mercado de recursos naturales o de cualquier otra naturaleza».

Según explicó Villarino industria minera paga un 27% de impuesto sobre sus utilidades como cualquier otra industria. Adicionalmente si se es un inversor extranjero se debe pagar un impuesto del 35%. sumado a ello se paga un impuesto específico que definió como «un royalty», de una tasa variable del 5% y 14% del margen operacional.

«Si usted le suma al 35% de impuesto adicional para cualquier extranjero, un ocho o nueve de lo que están pagando las grandes compañias, nos encontramos en que estamos con tasas en torno al 42% o 43%. Si se aprueba en definitiva el proyecto de royalty usted va a agregar a eso, otro 40% adicional para quedar en 82%, como no se deroga el impuesto específico algunas empresas pueden quedar en el 78% o 77%. Eso nos deja absolutamente fuera de mercado. No es comparativa esa carga tributaria con ninguna parte del mundo», indicó

En ese sentido criticó el proyecto de royalty actual ya que a su juicio esto «no existe en ninguna parte del mundo».

 

Respecto a esto, el presidente de la Comisión Minera recalcó que «en el largo plazo se terminan por postergar inversiones, mientras se vean cuales son las decisiones definitivas que va tomando el país cuando vea los efectos«.

 



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✅APROBADO| Cámara respaldó y despachó al @Senado_Chile la moción que establece en favor del Estado una compensación, denominada royalty minero, por la explotación de la minería del cobre y del litio.

— Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) May 6, 2021
 

En este nuevo trámite en la Cámara, el proyecto fue votado en particular y ahora pasará a la cámara alta.

La votación se dio a favor del articulado por 78 votos a favor, 55 en contra y 4 abstenciones. Desde el gobierno y la propia industria se han quejado de que la medida es inconstitucional y que se trata de aprovechar el alza del precio del cobre que ha tenido durante los últimos meses.

En Sala sí fue rechazada una indicación ingresada por el diputado comunista, Daniel Núñez, quien proponía derogar la invariabilidad tributaria con los que cuentan los contratos dentro de la industria.

El presidente de la comisión de Hacienda, Daniel Núñez, expresó que «esto le devuelve la dignidad a Chile y también reivindica la polpitica. Fuimos capaces de derrotar una campaña del terror. En los últimos días hubo en Chile una verdadera campaña del terror del consejo minero, del propio ministro de Minería, Juan Carlos Jobet, quienes nos dijeron que si se aprobaba este royalty iban a caer sobre Chile las penas del infierno. Es mentira».

«Lo que estamos haciendo es buscar una distribución equilibrada, una distribución justa de la riqueza que hoy día generan las grandes empresas mineras cuando el precio del cobre está muy cerca de llegar a su máximo histórico. Estamos asegurando que parte de esa riqueza, de esa espectacular ganancia, quede efectivamente en manos de Chile, del pueblo de Chile», añadió Núñez.

En tanto, el diputado Esteban Velásquez sostuvo que «ha aparecido un par de principios muy interesantes, que yo creo que tienen que ver con que nuestro país, este mismo Parlamento, hoy día adquieren un compromiso superior respecto a revalorizar nuestro patrimonio natural. Esto que tanto hablamos de respetar los recursos naturales, hoy día le hemos puesto valor agregado porque a través de un proyecto de ley en la Cámara de Diputados decimos que hoy ya basta de entender que sólo es la roca, es el cobre, la madera, la samuera, los bosques madereros».

«Hoy día comenzamos a revalorizar decir que no es suficiente que las empresas sólo de las utilidades después de todo lo deducible que ellos hacen. Hoy día comenzamos a establecer un derecho y un principio que tiene que ver con que las compensaciones lleguen en razón de este patrimonio natural», añadió el parlamentario.



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«Chile pasaría a ser prácticamente un país en que las compañías tendrían que tributar el doble de lo que tributan en otros países con los que competimos para traer capital y para tener participación de mercado internacional en el cobre (…) Este dato es importante tenerlo a la vista. Con este impuesto no es que estemos un poco arriba o abajo, estamos completamente fuera de rango», cuestionó el secretario de Estado.

Al respecto, el diputado Núñez respondió que «obviamente los ingresos cuando el precio del cobre está a US$4,5 son muy altos, por eso es que las ganancias siguen siendo muy importantes para estas empresas» y explicó que «para ordenar el proceso tributario, una vez que esta ley se apruebe y promulgue, el propio Gobierno impulse eliminar el impuesto específico. Lo lógico es tener los impuestos normales que se cobran en todas las actividades económicas y sobre eso un sistema que capture las rentas mineras».

«A nuestro juicio, el mejor sistema es el royalty, por lo tanto, teniendo royalty no se requiere impuesto específico. Ahí probablemente su tabla (la presentada por Jobet) bajaría», agregó el parlamentario.

La propuesta ya había sido aprobada en general en la Cámara Baja el pasado 24 de marzo y ahora debería ser debatida en la sesión de este jueves 6 de mayo.

Consignar que el proyecto había sido ingresada a tramitación en septiembre de 2018 y recién recibió prioridad en marzo del 2020, aunque volvió a quedar relegado debido a la urgencia de iniciativas relacionadas con el coronavirus.



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