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La guerra de Rusia contra Ucrania ha recrudecido el hambre en el mundo, según informes del Programa Mundial de Alimentos (PMA), una organización de la ONU. La dependencia de suministros como el trigo ruso y el aceite de girasol ucranio han tenido graves consecuencias en la asistencia alimentaria en países como Yemen, Etiopía, Afganistán y Siria, que ya registraban los peores niveles de inanición. El PMA recoge casos de cancelaciones y retrasos en envíos de alimentos desde el puerto de la ciudad ucrania de Odesa, objetivo del Ejército ruso. Además, un informe del organismo anticipa que el conflicto va a incrementar en 29 millones de dólares (cerca de 26 millones de euros) mensuales el presupuesto necesario para las operaciones del PMA, en plena crisis de fondos. El programa se había visto obligado a recortar las ayudas en varios países a principios de este año.

El aumento del precio del petróleo originado por la guerra, que impacta directamente sobre el precio del combustible, también complica la logística del programa. “Tenemos camiones cargados con comida parados en el norte de Etiopia. La violencia armada y la falta de combustible nos han impedido entregar las ayudas”, expone Brian Lander, subdirector de la División de Operaciones de Emergencia del PMA. De acuerdo con un informe de la organización publicado en febrero, más de 400.000 personas en la región en conflicto de Tigray se enfrentan a una catástrofe alimentaria (el peor nivel en la clasificación realizada por el PMA para medir la magnitud de las emergencias).

De acuerdo con la organización, 13,5 millones de toneladas de trigo y 16 millones de toneladas de maíz están congeladas en Rusia y Ucrania debido al cierre de los puertos y al estancamiento del negocio de cereales rusos, ante las sanciones económicas por la invasión a Ucrania. Los costes del envío de los alimentos también se han multiplicado e incluyen pagos de primas de seguro de riesgo de guerra que llegan hasta los 271.000 euros por trayecto.

Yemen, que ya arrastraba una dura crisis humanitaria, será el mayor damnificado de este conflicto en cuanto a la asistencia alimentaria. Las raciones de comida de 13 millones de personas a las que asiste el programa dependen en gran medida de los envíos que están estancados. La falta de cereales rusos eleva los costos del PMA, que ya afrontaba un déficit presupuestario de 900 millones de dólares (alrededor de 816 millones de euros) en el país. El programa ya había tenido que realizar recortes graduales en las ayudas. Ocho millones de personas que antes recibían una canasta mensual de comida en Yemen ahora se tienen que conformar con una entrega cada dos meses. La situación se repite en países como Etiopía, Afganistán, Siria y Sudán —que también se enfrentan a conflictos activos—, en los que la subida del precio de los alimentos y el combustible seguirá empeorando las crisis humanitarias, según la organización.

El PMA señala que si los campos de maíz, trigo y cebada ucranios quedan en barbecho este año el abastecimiento para las agencias humanitarias será mucho más costoso, y el programa no está preparado para asumir ese aumento. Lander aseguró a este diario que la organización no cuenta con las donaciones suficientes para este año, pese a que el programa ya había advertido que el 2022 sería un año catastrófico, con más de 44 millones de personas al borde de la hambruna en 38 países.

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La guerra en Ucrania agudiza la crisis que arrastraba la organización. De acuerdo con Lander, el PMA estimaba que 283 millones de personas en el mundo requerirían asistencia en 2022. “Para alimentarlos, se necesitan alrededor de 35.000 millones de dólares (cerca de 31.000 millones de euros) y solo contamos con un presupuesto de la mitad”, asegura. A este panorama se suman ahora los más de tres millones de refugiados ucranios que precisan de ayudas y la población que aún aguarda dentro del país mientras continúa la invasión rusa.

Aunque, según asegura Lander, “la comida es un derecho fundamental al que todo el mundo debería tener acceso”, el panorama actual contradice su visión. La disponibilidad de alimentos también se convierte en arma arrojadiza en medio de los conflictos, creando un vínculo directo entre guerra y hambre. “Lo vemos a diario con tácticas de asedio, en las que se cortan los caminos por donde se transporta la comida o se queman directamente los campos de cultivo”, explica el responsable del Programa Mundial de Alimentos.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) señaló en un informe a principios de este mes que un 30% de los cultivos de Ucrania no podrían sembrarse por el impacto de la guerra. Además, las cadenas de suministro en el país se están derrumbando, dejando gran parte de la infraestructura destruida y las tiendas de alimentos vacías.

No es coincidencia que los países más afectados por el hambre lidien con guerras, una situación que dificulta aún más la labor humanitaria del PMA, que se ve desbordado por el azote de la violencia. Lander resalta la diplomacia como elemento principal para detener el problema: “Detrás de todo esto, el diálogo político es primordial. Sin avances de los gobiernos y los actores del conflicto, la crisis humanitaria seguirá empeorando y responder a ella será cada vez más difícil”.

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El 27 de febrero, rodeado de los altos cargos de Defensa, el presidente ruso, Vladímir Putin, ordenó poner las fuerzas nucleares del país en régimen de alerta elevada y, de esa forma, añadió a la guerra contra Ucrania, ya catastrófica e indefendible, la peligrosa e innecesaria posibilidad de que se utilicen armas nucleares en un conflicto por primera vez desde 1945.

“No solo los países occidentales están tomando medidas económicas hostiles contra nuestro país, sino que los líderes de los principales países de la OTAN están haciendo declaraciones agresivas sobre nosotros”, dijo Putin. “Por consiguiente, ordeno situar las fuerzas de disuasión de Rusia en un régimen especial de servicio de combate”.

La decisión no fue totalmente sorpresa, dado que, tres días antes, Putin había amenazado a cualquiera que intentara “interponerse” en su camino “o, peor aún, crear amenazas contra” su país y pueblo con que habría unas consecuencias como jamás se han visto en toda la historia. Todavía no está clara del todo su intención exacta, pero es probable que, al menos en parte, quiera disuadir a Estados Unidos y a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) de cualquier injerencia militar en favor de Kiev.

Al ordenar elevar el nivel de alerta de las fuerzas nucleares rusas, Putin ha intensificado drásticamente su peligrosa guerra premeditada contra Ucrania —puesto que aumentan las posibilidades de cometer un error de cálculo y desencadenar de manera voluntaria o involuntaria una escalada que podría llegar a ser nuclear— y ha demostrado que las armas nucleares no impiden que los Estados que las poseen inicien guerras importantes.

En esencia, con su amenaza de utilizar armas nucleares, Putin ha querido rodear la invasión de Ucrania de un escudo que espera que le proteja contra cualquier entidad que se atreva a desafiarle.

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Además, el presidente ruso ha echado por tierra los avances logrados y posibles en materia de no proliferación y desarme nuclear, quizá para muchos años, al hacer caso omiso de las opciones diplomáticas disponibles y emprender un ataque militar mortífero contra millones de civiles inocentes en el Estado soberano de Ucrania.

En diciembre, Moscú envió a Estados Unidos y a la OTAN una propuesta sobre garantías de seguridad que incluía varias condiciones inaceptables, como la prohibición de que Ucrania entrara en la OTAN.

Aun así, la propuesta rusa y las contrapropuestas de EE UU y la OTAN, que se transmitieron a finales de enero, tenían algunas coincidencias, lo que demuestra que hay margen de negociación para resolver los problemas mutuos de seguridad. Las áreas más prometedoras son las relacionadas con la elaboración de un nuevo acuerdo similar al desaparecido Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (INF, en sus siglas en inglés) de 1987, la negociación sobre un tratado para sustituir al Nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (New START) de 2010, que expira en febrero de 2026, un acuerdo para reducir las grandes maniobras militares y el establecimiento de medidas de reducción de riesgos y transparencia, como por ejemplo las líneas telefónicas directas.

Sin embargo, con la invasión de Ucrania, Putin ha hecho imposible cualquier otro avance en el control de armas y la reducción de riesgos, al menos por el momento.

Afortunadamente, Estados Unidos y la OTAN no han respondido al cambio de estatus de las fuerzas nucleares rusas con medidas similares. De ahora en adelante, los dirigentes de Moscú, Washington y Europa tienen que ser cautelosos y evitar nuevos despliegues militares desestabilizadores, enfrentamientos peligrosos entre fuerzas rusas y de la OTAN y la incorporación de nuevos tipos de armas convencionales o nucleares.

Además, aunque el régimen de Putin debe sufrir y sufrirá el aislamiento internacional impuesto de manera conjunta, firme y unida, los líderes de Estados Unidos y Rusia deberían, a su debido tiempo, tratar de reanudar las negociaciones sobre el control de armas mediante el Diálogo Bilateral de Estabilidad Estratégica ya iniciado, a fin de evitar tensiones aún mayores entre la OTAN y Rusia y garantizar que el último tratado que queda para contener a los dos mayores Estados con armas nucleares no decaiga dentro de cuatro años sin tener preparado un sustituto.

Al fin y al cabo, si los límites actuales a los arsenales nucleares estratégicos de Estados Unidos y Rusia desaparecen sin que se hayan preparado nuevos controles de armas y de reducción de riesgos, el próximo enfrentamiento en el que participen Estados con armas nucleares será todavía más peligroso.

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Tras Francia y Eslovaquia, Ucrania es el país del mundo que más depende de la energía nuclear para cubrir su demanda eléctrica. En 2020, más del 50% de su electricidad provino de sus 15 reactores. A medida que avanza la invasión rusa y los enfrentamientos se aproximan a las instalaciones atómicas crece la preocupación de los organismos internacionales por el riesgo de desencadenar un accidente radiactivo de catastróficas consecuencias. Ucrania tiene experiencia: en abril se cumplirán 36 años del desastre de Chernóbil, el accidente nuclear más grave de la historia.

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) está realizando un seguimiento estrecho de la situación desde el estallido del conflicto. Y en sus informes advierte: existe un “riesgo muy real de que las instalaciones con material radiactivo sufran daños durante el conflicto, con consecuencias potencialmente graves para la salud humana y el medio ambiente”. “Hago un llamamiento urgente y enérgico a todas las partes para que se abstengan de cualquier acción militar o de otro tipo que pueda amenazar la seguridad de estas instalaciones”, pidió este domingo el director general del OIEA, el argentino Rafael Mariano Grossi. El lunes, ante las informaciones que apuntaban al avance de las tropas rusas cerca de la mayor central nuclear del país, ubicada en Zaporiyia, Grossi insistió en sus advertencias: “Es extremadamente importante que las plantas de energía nuclear no se pongan en riesgo de ninguna forma”.

La Inspección Estatal de Regulación Nuclear de Ucrania (SNRIU) informó el fin de semana del impacto de misiles en las instalaciones de un centro de residuos radiactivos en Kiev, aunque sin daños en el edificio ni indicios de una liberación tóxica. Además, siempre según el OIEA, la sucursal en Kiev de la empresa estatal especializada Radon fue atacada, lo que obligó a su personal a refugiarse durante la noche del sábado al domingo. “Estas instalaciones suelen contener fuentes radiactivas en desuso y otros desechos de baja actividad de hospitales e industrias”, explica el OIEA.

Las preocupaciones no se centran tanto en las instalaciones de desechos radiactivos sino en los 15 reactores en activo (repartidos por cuatro centrales) con los que cuenta Ucrania. El OIEA esté siguiendo con “especial atención” la “seguridad tecnológica y física de sus reactores nucleares” en funcionamiento.

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Los combates en el sur de Ucrania se están acercando a la ciudad de Zaporiyia, donde se encuentra la mayor central nuclear del país y de Europa. Ambas fuerzas se disputan el control de esta central, según Reuters. Mientras que las autoridades rusas afirman haber tomado el sitio, la empresa ucrania que gestiona las instalaciones lo desmiente y afirma que sigue suministrando electricidad a todo el país. La central cuenta con seis reactores y tiene una potencia de 5.700 megavatios —Almaraz, la mayor de España, es de 1.100 megavatios—.

La OIEA afirmó este lunes que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania le había informado de que “las fuerzas rusas estaban operativas cerca de las instalaciones, pero no habían entrado” todavía en la planta. Grossi recalcó que se debe evitar cualquier acción militar o de otro tipo que pueda amenazar la seguridad de la planta.

Ya hubo enfrentamientos en la zona de exclusión de Chernóbil al inicio de la invasión. El Gobierno ucranio informó el jueves de un aumento de los niveles de radiación en la zona, que se atribuyó al paso de vehículos militares pesados que removieron el suelo contaminado. El OIEA aclaró que “las lecturas de radiación permanecieron bajas y no representaron ningún peligro para el público”. Además, las instalaciones seguían operando con normalidad este fin de semana.

El OIEA y el Grupo Europeo de Reguladores de Seguridad Nuclear (ENSREG) mantuvo el domingo una reunión con el regulador ucranio. Tras el encuentro, ENSREG emitió un comunicado de condena a la invasión rusa y pidió “la máxima moderación, para evitar cualquier acción que pueda poner en riesgo las instalaciones nucleares del país”. Este grupo coordinador, del que forma parte el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de España, mostró su “gran preocupación” por los ataques con misiles directamente desde la zona de exclusión de Chernóbil. Y expresó una preocupación similar por el resto de instalaciones nucleares del país. Esta organización pidió que se deje al personal de las centrales “ejercer sus responsabilidades reglamentarias en materia de seguridad nuclear en todos los emplazamientos nucleares del país”.

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El Kremlin ha anunciado este lunes que el presidente Vladímir Putin reconocerá “en un futuro próximo” las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk en el este de Ucrania. Se trata de una señal de alto voltaje que aboca a un agravamiento de la crisis en la antigua república soviética. El Gobierno ruso ha difundido un comunicado donde explica que el líder ruso había recibido la petición de las autodenominadas repúblicas “ante el bombardeo masivo de su población”, y “con todo esto en mente, el presidente de Rusia dijo que tenía la intención de firmar un decreto relevante en un futuro próximo”, en referencia a un texto que avale la independencia de estos territorios. Putin anunció su decisión al presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Olaf Scholz, por teléfono.

Poco antes del reconocimiento, los participantes en el Consejo de Seguridad celebrado de urgencia este lunes ya le habían animado a que lo hiciera. “A Ucrania no le hace falta este territorio”, justificaron varios ministros de Putin durante la escenificación del nuevo capítulo que se abre en una guerra que ha desgarrado al país del este desde hace ocho años. “Supone el reconocimiento [de esos territorios], no la incorporación a Rusia”, subrayó Putin sobre una región atrapada en el vacío internacional desde hace mucho tiempo.

Nadie se salió del guion durante la reunión del Consejo de Seguridad, convocado de urgencia por el presidente para abordar esta espinosa cuestión y retransmitido en directo a toda la población para dar mayor dramatismo al momento. Uno tras otro, los intervinientes acusaron al Gobierno de Ucrania de bombardear a su propia población y de sabotear sus infraestructuras básicas. Putin preguntó al negociador principal de la parte rusa con Ucrania, Dmitri Kozak, si había perspectiva de que progresasen las negociaciones con Kiev y concediese un estatus especial a la región del Donbás. “No, no quieren”, respondió Kozak, quien también había sido responsable de culminar la anexión de Crimea a Rusia en 2014. “Ni occidente ni Ucrania necesitan al Donbás”, agregó, frase que también repitió el expresidente Dmitri Medvédev.

El reconocimiento abre la puerta a que el Gobierno ruso legitime ante su población la posible introducción de sus tropas en la región oriental de Ucrania con el pretexto de defender a los ciudadanos rusófonos. Unas 14.000 personas han perdido la vida en la guerra desde que irrumpieron paramilitares rusos en la ciudad de Sloviansk en abril de 2014. A diferencia de Crimea, Moscú evitó todo este tiempo la anexión de la región o su reconocimiento, y abogó por que Kiev le concediese un estatus especial que para el Gobierno ucranio habría comprometido su soberanía. Kiev siempre insistió en que los acuerdos de paz de Minsk de 2015, firmados para propiciar un alto el fuego en el territorio del este, también incluyen la retirada de todos los grupos armados del Donbás y la recuperación de sus fronteras. Además, en estos ocho años, Moscú ha concedido más de 700.000 pasaportes rusos a los ciudadanos de Donetsk y Lugansk.

Durante su intervención, el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, subrayó que la crisis de Ucrania evolucionará según lo hagan las relaciones de Moscú y Washington, y reiteró que Estados Unidos y la OTAN “simplemente ignoran las cuestiones clave que preocupan a Rusia” sobre su seguridad, donde citó exigencias como la expulsión de la Alianza Atlántica de los países del este que se incorporaron tras 1997 y el veto a la adhesión de Georgia, Moldavia y la propia Ucrania.

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Desde que los servicios de espionaje estadounidenses detectasen el rearme ruso en la frontera ucrania en noviembre, estos meses han sido frenéticos para la diplomacia internacional. Por Moscú han pasado los líderes de Alemania y Francia, y Ginebra acogió un encuentro entre el mandatario ruso y el presidente estadounidense, Joe Biden.

Putin declaró durante la reunión del Consejo de Seguridad que había hablado hasta la madrugada del lunes con el presidente francés, Emmanuel Macron, y este le garantizó que había “ciertos cambios” en la posición estadounidense. El ministro de Exteriores ruso prometió aclarar esta semana de qué está dispuesta a hablar la Casa Blanca con el Kremlin. Lavrov, que abogó por seguir negociando las exigencias del Kremlin a occidente, se reunirá con su homólogo estadounidense, Antony Blinken, el 24 de febrero en Ginebra.

Una de las propuestas que se han planteado a Moscú es el aplazamiento de la entrada de Ucrania en la OTAN. Al hablar sobre ello, Putin se rio abiertamente. “La moratoria no es una concesión”, dijo el mandatario y dijo que es cuestión de tiempo su adhesión, solo que el país no “está aún preparado” desde el punto de vista de Washington. El discurso sobre la amenaza ucrania para Rusia lo reforzó su ministro de Defensa, Serguéi Shoigú, al declarar que Kiev “tiene más posibilidades de crear armas nucleares que Corea del Norte”.

Una de las cuestiones por aclarar es cómo encajará Rusia las sanciones que impongan Estados Unidos y la Unión Europea. “Llevamos muchos meses preparando la sustitución de las importaciones y el cálculo de riesgos”, dijo el primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin. Esta política, que comenzó con los alimentos al estallar el conflicto en 2014, ha tenido resultados dispares hasta ahora.

Todos los miembros del Consejo de Seguridad respaldaron el reconocimiento de Donetsk y Lugansk. “No veo otro camino, mandamos un mensaje poderoso al mundo ruso”, dijo Lavrov. La anécdota llegó en el momento en que el responsable del espionaje exterior, Serguéi Naryshkin, se puso nervioso y Putin le reprendió. “¿Apoyaré o apoyo?”, le repitió varias veces hasta que el alto cargo acertó con las palabras.

Kiev desmiente haber invadido territorio ruso

El anuncio del Consejo de Seguridad ruso fue acompañado por todo tipo de acusaciones contra Kiev, entre ellas que había introducido saboteadores en territorio ruso ese mismo día y que estaba reforzando sus tropas con combatientes islamistas de Oriente Medio y los Balcanes.

El Ministerio de Defensa publicó un comunicado en el que aseguraba haber abatido a cinco militares ucranios y destruido dos transportes blindados BMP en la madrugada del lunes. “El destacamento fronterizo del Servicio de Seguridad de Rusia (FSB) solicitó refuerzos a las fuerzas armadas rusas del Distrito Militar Sur. Durante el enfrentamiento por la evacuación de emergencia de un grupo de sabotaje, dos vehículos de las Fuerzas Armadas de Ucrania entraron en la frontera estatal de la Federación Rusa”, decía el Ministerio, que también atribuye a un proyectil de Kiev la destrucción esta misma jornada de un puesto del FSB ruso ubicado a unos 150 metros de la frontera. En ambos casos no hubo víctimas rusas, según la información de Moscú.

Kiev desmiente rotundamente estas informaciones. El secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa ucranio, Oleksiy Danilov, remarcó durante un acto que sus fuerzas armadas devolverían el fuego “únicamente si estuviera amenazada la vida de nuestros militares”. “Pueden fantasear todo lo que quieran (…) el mundo está listo para esto. El deseo de la Federación de Rusia de provocarnos no funcionará”, advirtió Danilov.

La gravedad de la situación en el Donbás y en Ucrania en general entró en una nueva fase el pasado 17 de febrero, cuando se intensificaron los bombardeos en la línea de combate. Kiev mostró imágenes aquel día de varios edificios civiles que habían resultado alcanzados, incluida una escuela infantil donde había niños en ese momento. Un día después, los jefes de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk decretaron la evacuación de mujeres y menores a Rusia en sendos vídeos que, según la información contenida en sus metadatos, habían sido grabados el 16 de febrero, justo en la víspera de intensificarse las violaciones del alto el fuego.

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El Parlamento de Libia, con sede en la ciudad de Tobruk —este del país—, ha nombrado a mano alzada este jueves a Fati Basaga, anterior ministro del Interior en el Gobierno de transición, como primer ministro interino. Mientras tanto, en Trípoli —en el oeste—, el primer ministro del llamado Gobierno de unidad o de transición, Abdelhamid Dabeiba, ya declaró el miércoles que no abandonará su cargo, que solo entregará el poder a alguien salido de las urnas y que en junio pretende convocar elecciones legislativas. La ONU informó de que seguirá apoyando el papel de Dabeiba, según confirmó el portavoz Stéphane Dujarric.

Dabeiba sufrió en la noche del miércoles al jueves un atentado del que salió ileso mientras los asaltantes que dispararon contra su coche lograron escapar sin ser identificados, según informó en un primer momento el canal Al Arabiya TV. El coche del mandatario fue tiroteado sin que hubiera víctimas mientras Dabeiba se dirigía a casa, según informó el diario The Libya Observer. Las circunstancias del ataque, del que informó el Ministerio del Interior, según la agencia France Presse, plantean tantos interrogantes como el contexto político de un país con dos jefes de Gobierno.

Tanto Basaga, de 59 años, como Dabeiba, de 62 años, nacieron en la ciudad de Misrata, que tradicionalmente estuvo enfrentada a las fuerzas del este. Basaga disputó a Dabeiba en febrero del año pasado el puesto de primer ministro de transición, pero la candidatura de Dabeiba ganó con 39 de los 73 votos emitidos en un foro promovido por la ONU. A partir de ese momento, Basaga fue estrechando más y más sus lazos con las autoridades militares del este.

Libia vuelve ahora a la misma situación esquizofrénica de tener dos autoridades paralelas, algo que este país de 6,8 millones de habitantes sufrió desde 2014 hasta febrero de 2021. La ONU consiguió hace justo un año que las dos partes enfrentadas eligieran un Gobierno de transición que tenía como principal misión celebrar elecciones legislativas y presidenciales el 24 de diciembre.

Pero llegada esa fecha, todo el mundo sabía que no se estaban dando las condiciones políticas ni de seguridad necesarias para celebrarlas. Finalmente, el 21 de diciembre, solo tres días antes de la fecha prevista, una comisión del Parlamento libio declaró que era imposible celebrar los comicios. No había ninguna fecha alternativa para celebrarlos ni una hoja de ruta clara. Dabeiba dijo en un primer momento que no concurriría a las presidenciales, pero luego presentó su candidatura. Y en el este también presentó su candidatura el mariscal Jalifa Hafter, de 78 años, que está considerado entre una parte de la población, sobre todo en el oeste del país, como un criminal de guerra.

Ahora, Libia se encuentra una vez más bloqueada. Y la ONU, en busca del enésimo plan de transición. El portavoz de la ONU, Farhan Haq, advirtió este lunes desde Nueva York de que duplicar instituciones supone “volver a esa especie de desacuerdo y desorden que ha marcado al país en la pasada década”, en declaraciones recogidas por la agencia Efe. Pero en Libia hay demasiadas potencias extranjeras jugando al ajedrez geopolítico y no se atisba la opción de un consenso entre el este y el oeste.

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En el este del país, el hombre fuerte sigue siendo el mariscal Hafter. Los países que le han respaldado hasta ahora son Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Rusia y, en el plano diplomático, Francia. En Trípoli, el Gobierno de unidad o de transición tiene como aliado indispensable a Turquía. Y como gran socio diplomático, Italia.

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Túnez está viviendo estos días escenas que creía ya superadas desde el fin de la dictadura, en 2011. El vicepresidente del partido islamista Ennahda y antiguo ministro de Justicia (2011-2013), Nordín Biri, de 63 años, fue detenido en la mañana del 31 de diciembre por agentes de paisano cuando salía de casa junto a su esposa. Los policías lo introdujeron a la fuerza en un vehículo sin presentar ninguna orden judicial, según denunciaron diversas ONG. Ese mismo día también fue arrestado Fati Baldi, miembro de la misma formación y antiguo funcionario del ministerio del Interior.

Said Benarbia, responsable de la ONG Comisión Internacional de Juristas (CIJ) para el Magreb, indicó a EL PAÍS que Túnez atraviesa su peor momento desde el inicio de la primavera árabe, hace 11 años. “Esto recuerda la época de las desapariciones forzadas, las detenciones secretas, los juicios injustos ante los tribunales militares, y el uso indebido de medidas de excepción y de lucha contra el terrorismo”, afirmó.

El presidente de Túnez Kais Saied, en octubre.
El presidente de Túnez Kais Saied, en octubre. ZOUBEIR SOUISSI (REUTERS)

El presidente del país, el jurista Kais Said, de 63 años, provocó una gran convulsión en el país el pasado 25 de julio cuando destituyó al primer ministro, Hichem Mechichi, y suspendió las actividades del Parlamento, órgano que seguirá clausurado durante los próximos 12 meses. Said prometió luchar contra la corrupción, derogar la Constitución de 2014 y devolver el poder al pueblo. Pero de momento es él quien se beneficia del mayor uso de poder que jamás obtuvo una persona en Túnez desde que el dictador Zine el Abidine Ben Alí huyó del país el 14 de enero de 2011. La Unión Europea, Estados Unidos, y varias ONG internacionales han alertado sobre la merma de libertades en el país.

El ministerio del Interior no ofreció ningún comunicado sobre las causas de la detención de los dos dirigentes de Ennahda hasta la tarde del viernes 31 de diciembre. En su mensaje aseguró que se había ordenado la detención de dos personas –de las que no se ofrecía sus nombres– “como medida preventiva”, ante la necesidad de “preservar la seguridad nacional”. Por su parte, la formación islamista calificó la acción de un “secuestro” que “marca la entrada del país en el túnel de la dictadura”.

Los familiares permanecieron 48 horas sin saber dónde se encontraba Biri. Al cabo de dos días fueron informados de que el dirigente había sufrido un problema de salud durante su detención y fue trasladado a un hospital de la localidad de Bizerte, a 60 kilómetros al norte de la capital. Finalmente, el pasado lunes 3 de enero, el ministro del Interior, Tufik Charfedín, aludió en una conferencia de prensa a la posible causa de la detención, sin mencionar los nombres de los dos detenidos. El ministro evocó de forma vaga un caso de “sospecha de terrorismo” que se remonta a 2013 y afecta a un asunto de pasaportes en la embajada de Viena en Túnez. Todo parecía demasiado nebuloso.

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Nordí Biri, que padece diabetes y problemas de tensión, se negó en principio a aceptar alimentos y medicinas en el hospital. El presidente Kais Said le acusó de intentar convertirse en una víctima. Biri, finalmente, aceptó ingerir alimentos y se encuentra en estado estable. Pero continúa bajo control de la policía.

Liberación o inculparles con pruebas

Eric Goldstein, director de Human Rights Watch en África y Oriente Próximo, asegura que las autoridades deberían liberar a los dos dirigentes de manera inmediata o inculparles si tienen pruebas de que cometieron algún delito. “Es tan simple como eso”, señaló en un comunicado.

Mientras tanto, el pasado miércoles, la justicia tunecina convocó a 19 dirigentes opositores para el próximo 19 de enero. Se les acusa de cometer irregularidades electorales. Entro ellos se encuentran los principales líderes de la oposición y el expresidente Moncef Marzuki (2011-2014), quien ya ha sido condenado en ausencia el pasado 22 de diciembre por un tribunal de Túnez que le acusa de atentar contra la seguridad del Estado desde el extranjero.

Marzuki, que se encuentra en París, es uno de los personajes que con mayor claridad ha criticado a Kais Said. Marzuki declaró en varias ocasiones que votó por Kais Said en las presidenciales de 2019, pero tras el pasado 25 de julio, cuando Said asumió poderes extraordinarios y comenzó a gobernar por decreto, lo tachó de “golpista” y de “dictador”.

La condena a cuatro años de cárcel de Marzuki despertó críticas en Túnez. Una de las más leídas fue la del periodista y ensayista Mehdi Kattou, quien escribió para sus más de 43.000 seguidores de Facebook que era “una vergüenza” condenar “por sus opiniones” a un expresidente del que él mismo –Kattou– ha sido uno de sus más feroces críticos.

Kattou se muestra muy crítico con el partido islamista Ennahda, que ha gobernado durante gran parte de la última década en Túnez y también con el presidente Said. “La situación es compleja”, asume. “La mediocridad que ha existido durante 10 años en toda la clase política y la parodia de la democracia que ha habido en esta década está empujando a los ciudadanos a hacer concesiones que corren el riesgo de ser irreversibles”. En cuanto a Said, el periodista concluye: “Toda persona que dispone de tales poderes sin contrapeso ninguno cae siempre en el autoritarismo”.

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Manifestación contra el golpe militar de octubre, el domingo en Jartum.
Manifestación contra el golpe militar de octubre, el domingo en Jartum.Marwan Ali (AP)

La dimisión el pasado domingo del primer ministro de Sudán, Abdallah Hamdok, apenas seis semanas después de haber sido restituido en el cargo por los mismos generales que le habían depuesto a finales de octubre en una asonada militar, ha sumido todavía más en la incertidumbre el futuro del país. Su decisión, que llega tras varias jornadas de masivas protestas contra los golpistas, algunas duramente reprimidas, deja al Ejército al mando del Estado prácticamente en solitario y entierra cualquier opción de mantener viva la transición democrática pactada entre líderes civiles y militares en 2019, poco después de la caída del dictador Omar al Bashir. Además, refuerza el nuevo escenario de contestación que estalló a raíz del golpe de los militares, ampliamente impopular.

Hamdok había asumido inicialmente el cargo de primer ministro en virtud del pacto entre civiles y militares firmado al poco del derrocamiento de Al Bashir, pero fue destituido el pasado 25 de octubre y puesto bajo arresto domiciliario por los generales golpistas. El mandatario fue restituido un mes después, tras rubricar en solitario un acuerdo con el líder golpista, Abdel Fattah Al Burhan, que revisaba, a favor de los militares, el reparto de poder y las líneas maestras de la transición que se había concertado en 2019.

El nuevo pacto, sin embargo, fue rechazado en bloque por los principales actores políticos y sociales del país y no detuvo las amplias movilizaciones populares organizadas desde la asonada para exigir un Gobierno civil, la retirada de los militares de la política y su rendición de cuentas. Asimismo, desde su restitución, Hamdok había mostrado claros indicios de no poder imponerse a los generales y controlar la agenda y las decisiones políticas del país, como pone de relieve su incapacidad para nombrar un nuevo Gobierno.

“He intentado, en la medida de los posible, evitar que nuestro país cayera en el desastre, y ahora nuestro país está atravesando un peligroso punto de inflexión que puede amenazar toda su supervivencia si no se remedia pronto”, deslizó Hamdok en un discurso televisado.

Otra evidencia de la falta de control de Hamdok, que solo contaba con un amplio apoyo en el exterior, ha sido la represión de los manifestantes, que se ha agravado especialmente durante la última semana. Desde su restitución como primer ministro, las fuerzas de seguridad han matado a 15 personas en las protestas organizadas en la capital, Jartum; nueve desde el pasado jueves, según el Comité de Doctores de Sudán. En total, 57 manifestantes han sido asesinados desde el 25 de octubre.

Este recrudecimiento ha coincidido con el restablecimiento de amplios poderes a los temidos servicios de espionaje, que eran uno de los principales pilares del régimen de Al Bashir, así como con nuevas interrupciones en los servicios de internet y telefonía en las jornadas de protesta, según ha documentado la organización NetBlocks.

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“[Son] el tipo de problemas que aparecen tras la caída de regímenes totalitarios y tras el cese de guerras civiles, una descripción que se aplica plenamente a la realidad sudanesa actual”, alertó Hamdok en su discurso. El país también sufre una grave crisis económica, causada por décadas de mala gestión y corrupción, que el contexto actual está agravando.

Abdallah Hamdok anunciaba su dimisión, el pasado domingo en Jartum.
Abdallah Hamdok anunciaba su dimisión, el pasado domingo en Jartum. Xinhua vía Europa Press (Europa Press)

Para muchos sudaneses, la dimisión de Hamdok desmiente a los militares, que querían dar una fachada civil a la asonada y presentar como una corrección de la transición pactada lo que ellos consideran un golpe ampliamente contrarrevolucionario y enfocado a devolver y cimentar en el poder a algunas de las principales figuras del régimen de Al Bashir.

“Creo que mucha gente en la calle está viendo un paralelismo con los últimos meses antes de la caída de Al Bashir, al menos en cuanto al nivel de protestas y de violencia estatal contra ellas”, observa Raga Makawi, analista sudanesa y editora de la revista panafricana African Arguments. “[Pero] no estoy segura de que el paralelismo se extienda más allá. En términos de política interna es un juego completamente diferente”, agrega haciendo hincapié en que esta vez, los aparatos de seguridad son el actor más fuerte en el campo.

Con la mirada puesta en el futuro, Hamdok destacó en su discurso que en los últimos días se había reunido con todos los componentes de la transición. Y dijo que, a su parecer, la solución debe pasar por formar una mesa de diálogo en la que estén representados todos los sectores de la sociedad y del Estado para llegar a nuevos acuerdos y retomar la transición.

Al Burhan, sin embargo, aseguró este lunes que la prioridad debe seguir siendo la de formar un Gobierno, en un mensaje recogido por la agencia estatal de noticias SUNA que parece implicar que el líder del golpe continúa dando por válido el acuerdo firmado con Hamdok a pesar de su renuncia a encabezar el Ejecutivo. Al Burhan no señaló a ningún otro candidato.

Los principales grupos políticos y sociales del país, por su parte, rechazan cualquier negociación o acuerdo con los generales golpistas y llevan semanas definiendo una hoja de ruta alternativa mientras siguen llamando a la desobediencia y a la movilización. Mohaned El Nour, un portavoz de la Asociación de Profesionales Sudaneses, una de las organizaciones civiles más bien articuladas en el país africano, señala a EL PAÍS que tienen previsto anunciar pronto una declaración conjunta con los comités de resistencia de los barrios, los otros actores clave en la organización del movimiento de protesta, así como el establecimiento de un liderazgo para representar la revolución.

En el exterior, uno de los primeros países en reaccionar ha sido Estados Unidos, que a través del Departamento de Estado ha llamado a los sudaneses a alcanzar un acuerdo en un mensaje con un tono mucho más frío que el exhibido anteriormente. El representante especial del Secretario General de la ONU en Sudán, Volker Perthes, lamentó este lunes en un comunicado la decisión de Hamdok, pero mostró su disposición a facilitar un proceso de diálogo para superar la actual falta de confianza.

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China continúa cerrando el cerco a cualquier fuente de información divergente en los medios de comunicación hongkoneses. El portal de noticias independiente Citizen News anunció el domingo por la noche que cesará su publicación el 4 de enero debido “al deterioro del entorno periodístico” en la excolonia británica y con el fin de “garantizar la seguridad de su personal”. Si bien es cierto que la clausura del medio no ha sido, en esta ocasión, resultado de un acto de represión directo, la decisión tiene poco de voluntaria. Citizen News ha decidido seguir los pasos de Apple Daily y Stand News, otros dos medios opositores de la región semiautónoma, que se vieron obligados a cerrar en 2021, después de que las autoridades encargadas de salvaguardar la Ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín arrestasen a algunos de sus directivos.

“Nunca hemos olvidado nuestra intención inicial, pero, por desgracia, los cambios drásticos en la sociedad y el empeoramiento del entorno mediático en los últimos dos años han provocado que no podamos continuar cumpliendo con nuestros ideales sin miedo. En medio de esta crisis debemos asegurarnos de que todos los tripulantes del barco se encuentran a salvo”, expresó Citizen News en un comunicado publicado en sus redes sociales.

“Informar sin miedo significa que no tememos ofender a la élite, que criticamos a las autoridades cuando sus políticas no son correctas, que no rehusamos contar la verdad sobre las grandes corporaciones por presión empresarial”, aseveró en una rueda de prensa, celebrada este lunes, Chris Yeung, redactor jefe de este portal de noticias y expresidente de la Asociación de Periodistas de Hong Kong. “Pero eso no significa que el precio sea sacrificar nuestra propia libertad”, añadió.

Citizen News, que se define en Facebook “sin afiliación a un partido político” y que “apuesta por un Hong Kong libre, abierto e inclusivo”, empezó a publicar contenido en enero de 2017 y cuenta con alrededor de 408.000 seguidores en esta red social. El medio, que recibió apoyo inicial a través de una campaña de crowdfunding, tiene 40 empleados en plantilla.

Daisy Li, editora jefe de Citizen News, expresó ante la prensa que ya no sabe qué son las noticias “seguras”. “Si no tengo la confianza suficiente para guiar y liderar a mis reporteros, debo ser consecuente”, agregó. El propio Yeung ha confirmado que “el punto de inflexión para tomar esta decisión precipitada fue lo ocurrido con Stand News”. El miércoles pasado, 200 policías participaron en una redada a la redacción de este digital y en el arresto de siete miembros de su cúpula directiva. Las autoridades también congelaron 6,9 millones de euros de los activos de Stand News, y dos de sus editores jefes continúan detenidos, acusados de “conspirar y distribuir material sedicioso”, después de que se les negara la libertad bajo fianza. Ese mismo día, este medio de comunicación, que se había convertido en el más popular entre los activistas y simpatizantes de la oposición, anunció su cierre.

Lo ocurrido con Stand News no fue más que un calco de la represión policial que sufrió en junio la ya también desaparecida revista Apple Daily, crítica con Pekín, y que se vio obligada a cerrar después de que su editor jefe y otros cuatro directivos fuesen arrestados por “confabular con fuerzas extranjeras”.

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“Tras el cierre de Apple Daily y Stand News, Citizen News es el tercer medio independiente hongkonés que cae víctima de la intimidación y la campaña de acoso de la Policía, liderada por la jefa ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, y cuyo objetivo parece ser la supresión total de la libertad de prensa en el territorio”, apuntilla Cédric Alviani, director de la oficina para Asia Oriental de Reporteros Sin Fronteras. Según los datos compilados por esta organización no gubernamental con sede en París, la posición de Hong Kong en el índice de libertad de prensa ha caído estrepitosamente en los últimos años: si en 2002 se situaba en el puesto 18; en 2021 se desplomó hasta el 80.

El sindicato de prensa de la ciudad y el club de corresponsales extranjeros han expresado su profunda preocupación por la situación de la libertad de expresión en la ciudad desde el cierre de Apple Daily. Una encuesta, realizada el mes pasado por la Asociación de Periodistas de Hong Kong, reveló que casi la mitad de los profesionales del sector radicados en la región se estaba planteando o ya tenía planes de abandonar el enclave debido al empeoramiento de las condiciones de trabajo. También que más de la mitad de los periodistas se autocensuraba a la hora de cubrir ciertos temas que podrían ir en contra de Pekín.

Hong Kong regresó a la soberanía china en 1997 bajo la promesa de que se protegerían una amplia gama de derechos, como la libertad de prensa, la democracia y sus tribunales independientes, al menos, hasta 2047. Este nuevo cierre de un medio de comunicación que no promueve el discurso oficialista de la parte continental pone más sal sobre la llaga que se abrió tras las protestas prodemocracia de 2019. Entonces, y durante meses, las manifestaciones tomaron las calles de la ciudad. Pekín respondió un año más tarde con la aprobación de la draconiana Ley de Seguridad Nacional, que contempla penas de hasta cadena perpetua para crímenes como la secesión, la subversión, el terrorismo o la confabulación con fuerzas extranjeras.

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