Diego García-Sayán: El relator de la ONU alerta sobre la falta de independencia de la justicia boliviana | Internacional

Diego García-Sayán, relator de la ONU, ofrece una rueda de prensa este martes en La Paz.MANUEL CLAURE (REUTERS)

La visita del relator de las Naciones Unidas sobre la independencia de los jueces, Diego García-Sayán, ha catalizado el malestar de los bolivianos por el estado del sistema judicial nacional, que sufre la que se considera la crisis más grave de su historia. Actores de ambos bandos de la polarizada política boliviana buscaron hablar con el representante, quien tuvo que aclarar que no fue “a dar lecciones ni soluciones mágicas”. La gran expectativa sobre los resultados de su misión le llevó a adelantar, para mediados de este año, la presentación de su informe final. Al dejar el país, García-Sayán confirmó que la justicia boliviana no siempre es independiente y que está afectada por la corrupción, por lo que resulta muy lejana para los ciudadanos, en particular para los más pobres.

El relator se refirió a la gravedad de los delitos de violencia contra las mujeres y su dificultad de obtener justicia, al hacinamiento de las cárceles, que tienen un 350% más internos de los que deberían albergar, al abuso de la prisión preventiva, a la falta de presupuesto para la judicatura, a los controvertidos procedimientos de elección de los magistrados de los principales tribunales, que son votados por toda la población en comicios periódicos, y a la posibilidad de lograr un acuerdo nacional para reformar la justicia.

García-Sayán se reunió con autoridades de todos los poderes del Estado, dirigentes políticos, asociaciones de víctimas y académicos. Durante su visita estaban recientes dos casos que han generado polémica y que el relator mencionó en su informe preliminar. El de Richard Choque Flores, un asesino en serie de mujeres que fue liberado por un juez a cambio de 3.500 dólares y una vez en libertad volvió a asesinar, un suceso que ha dado origen a una ola de arrestos de jueces supuestamente corruptos. El segundo fue la huelga de hambre y el deterioro de la salud de la expresidenta Jeanine Añez, que se encuentra encarcelada en La Paz.

Estos casos ejemplifican lo que los expertos consideran los dos principales problemas del sistema judicial: que funcione como un mecanismo de extorsión y obtención de recursos ilícitos, inclusive por medios tan catastróficos como la liberación corrupta de asesinos y narcotraficantes. Y, segundo, su cercanía con los gobiernos de turno, sean estos nacionales o locales, de izquierda o de derecha, a fin de obtener una estabilidad que no ofrece el Estado, a causa de su falta de institucionalidad. El oportunismo político de la judicatura es aprovechado por los partidos para obtener ventajas y “judicializar” a sus adversarios.

García-Sayán expresó su preocupación porque, igual que Choque, el convicto Froilán Molina Bustamante, quien participó en el asesinato en 1980 del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, hubiera sido liberado luego de cumplir solo cuatro años de la pena a la que está condenado, que es de 30 años sin derecho a indulto, la máxima de la legislación boliviana. Molina Bustamante fue detenido nuevamente tras el escándalo.

La expresidenta Añez se encuentra en prisión preventiva desde hace casi un año, pese a que existe una norma que establece que esta medida solo debe prolongarse por seis meses, norma que la fiscalía ha logrado eludir con diversos recursos. Un juez acaba de prolongar por otros tres meses su detención. Añez se encuentra en huelga de hambre desde hace dos semanas, pues considera que su proceso no es legal. Hace unos días, un juez ordenó que la llevaran a un hospital para rehidratarla.

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Al conocerse la decisión, grupos de leales al presidente Luis Arce armaron un alboroto en la puerta de la prisión, y la gobernadora de la misma informó de que le sería materialmente imposible cumplir la orden de trasladar a Añez. Así que el juez retrocedió y ordenó que los médicos rehidrataran a la expresidenta en su celda. Tras esta interrupción en su ayuno, la política decidió continuar la huelga. García-Sayán lamentó que el Estado boliviano no hubiera tenido la capacidad de aplicar las “reglas Mandela” (o mínimas para el tratamiento a los reclusos), que indican que “todos los establecimientos penitenciarios facilitarán a los reclusos acceso rápido a atención médica en casos urgentes”.

La crisis de la justicia boliviana es de larga data y algunos la remontan a la propia formación del país. Existe consenso de que ha empeorado desde 2009, cuando la nueva Constitución introdujo la elección por voto popular de los magistrados. El actual ministro de Justicia, Iván Lima, cree que se debe dar marcha atrás, pero esta idea presenta una serie de dificultades prácticas y no tiene el apoyo total del oficialismo ni de la oposición.

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Rusia: La UE amenaza con sanciones a Rusia por el reconocimiento de la independencia del este de Ucrania | Internacional

La Unión Europea ha reaccionado de inmediato a la decisión del presidente ruso, Vladímir Putin, de reconocer la independencia de los territorios ucranios en manos de separatistas prorrusos. Nada más firmarse el decreto de reconocimiento en el Kremlin, los líderes de las principales instituciones comunitarias han calificado la decisión de Putin como “una flagrante violación del derecho internacional, una violación de la integridad territorial de Ucrania y una violación de los acuerdos de Minsk”. En el mismo texto han advertido al líder ruso que “la UE y sus aliados reaccionarán con unidad, firmeza y determinación la solidaridad con Ucrania”. Poco antes de la firma del decreto en Moscú, Bruselas había pedido a Putin que se abstuviese de reconocer a las provincias separatistas so pena de exponerse a duras sanciones comerciales por parte europea.

La respuesta comunitaria ha llegado en forma de tres tuits idénticos en las cuentas del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell. En otras capitales, como París o Kiev, los gobiernos respectivos convocaban casi al mismo tiempo la reunión de urgencia de los respectivos consejos de seguridad para analizar la situación desencadenada por Putin.

El presidente ruso ya había advertido telefónicamente al canciller alemán, Olaf Scholz, y al presidente francés, Emmanuel Macron, de su intención de reconocer a las dos provincias del Donbás. Pero Bruselas confiaba en que el ultimátum no se cumpliese. “Entendemos que la decisión final aún no está tomada”, había señalado Borrell hacia las 6:30 de la tarde al término de una reunión del consejo de ministros de exteriores celebrada en Bruselas. Menos de dos horas después, Putin se dirigía en directo por televisión a la opinión pública rusa para confirmar su decisión y firmaba los decretos de reconocimiento de independencia ante las cámaras.

El presidente ruso hacía así caso omiso a las llamadas de la UE a dar un paso que puede agravar aún más la crisis de seguridad en Europa. “Pedimos al presidente Putin que respete el derecho internacional y los acuerdos de Minsk y esperamos que no reconozca la independencia de las provincias de Donetsk y Lugansk”, decía Borrell tras la reunión de ministros europeos. Y el jefe de la diplomacia comunitaria advertía: “Estamos listos para reaccionar de manera contundente en el caso de que lo haga”. Borrell indicaba que tanto el reconocimiento de las dos autoproclamadas repúblicas en Ucrania como su posible anexión a Rusia desencadenarán represalias comerciales por parte de la UE.

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El anuncio en Moscú del inminente reconocimiento de la independencia había sorprendido a los ministros de la UE en una reunión destinada entre otras cosas, precisamente, a calibrar la necesidad o no de iniciar ya las sanciones contra Rusia. La acumulación de tropas rusas junto a las fronteras del norte y el este de Ucrania, los recurrentes ataques cibernéticos contra Kiev y la multiplicación de los incidentes militares con las zonas del país controladas por fuerzas prorrusas han alentado el debate sobre la conveniencia de activar ya el castigo contra el régimen de Putin.

Ucrania y sus aliados más estrechos dentro de la Unión Europea han redoblado la presión para que Bruselas imponga ya las primeras sanciones contra Rusia, a la que acusan de provocar una grave crisis económica en un país asediado por el ejército de Vladímir Putin. Pero la mayoría de los socios europeos, entre ellos España, consideran que sería contraproducente iniciar ahora el castigo político y económico contra el Kremlin porque todavía confían en disuadir al presidente ruso de llevar a cabo una invasión del territorio ucranio. Además, algunos países de la UE, en particular Italia, temen que el cruce de sanciones y represalias entre Bruselas y Moscú ponga en peligro su suministro energético y provoque una grave crisis que desbarate la recuperación después de la pandemia.

El choque entre los partidarios de la mano dura inmediata con Moscú y quienes prefieren dar una nueva oportunidad a la diplomacia se ha visualizado durante la reunión de los ministros de Exteriores de la UE. La cita, presidida por Borrell, ha contado con la presencia de Dmytro Kuleba, titular ucranio de Exteriores. Este ha aprovechado su visita para reclamar a la UE la imposición de sanciones contra Moscú.

“Las sanciones están listas y estamos preparados para adoptarlas cuando llegue el momento, pero estamos trabajando para que ese momento no llegue”, había señalado Borrell poco antes de la reunión de los ministros. En la misma línea se expresó Luigi Di Maio, ministro de Exteriores de Italia, uno de los países que más teme las consecuencias económicas de un enfrentamiento comercial con Moscú. “Está claro que trabajar para una solución diplomática, como estamos haciendo, significa evitar las sanciones”, afirmó Di Maio en Bruselas.

El primer ministro italiano, Mario Draghi, incluso planteó el pasado viernes que se excluyese de antemano el sector energético de cualquier batería de sanciones contra Rusia. Roma teme que el castigo a Moscú incluya la prohibición o limitación de comprar gas ruso, lo que podría tener un grave impacto en la economía italiana, muy dependiente de las importaciones de gas y petróleo, dos combustibles que cubren el 80% del consumo energético del país.

Bruselas ya ha dejado claro que en caso de invasión las sanciones serán enormes y no habrá ningún tabú sobre los sectores afectados, lo que amenaza tanto al energético como al financiero, que quedaron a salvo en los castigos aprobados por la anexión rusa de Crimea en 2014 en un referéndum considerado ilegal por la comunidad internacional. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que telefoneó a Draghi la semana pasada para abordar los planes de contingencia en cuanto al suministro energético, ha asegurado que Europa dispone de reservas suficientes para afrontar un choque frontal con Moscú.

Pero antes de iniciar una guerra comercial, la UE prefiere, en todo caso, esperar a los resultados de la nueva ofensiva diplomática para evitar la guerra, que bajo el impulso del presidente francés, Emmanuel Macron, parece haber allanado el camino hacia una cumbre internacional al más alto nivel sobre Ucrania. La cita se celebraría, según París, si Rusia no acomete la invasión de su país vecino. Y estaría precedida por la reunión del secretario de Estado de EE UU, Antony Blinken, y el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, prevista para este jueves, y por una posible cumbre entre Putin y el presidente de EE UU, Joe Biden, ahora en entredicho. El reconocimiento de las provincias del Donbás pone en entredicho todas esas perspectiva de salida negociada.

Alemania, Italia y España, entre otros países europeos, secundan la vía diplomática impulsada por París. Y el propio Borrell la considera imprescindible. “Deben movilizarse tantos recursos diplomáticos como podamos imaginar”, ha señalado el jefe de la diplomacia comunitaria. “Se necesita cualquier formato, cualquier mesa de negociación para intentar evitar la guerra y apoyaremos todas las conversaciones porque son la mejor vía, la única vía para encontrar una solución a la crisis”, añadía el español.

Los socios europeos más cercanos a la frontera rusa, sin embargo, consideran un error histórico contemporizar con Moscú y creen que Putin solo está ganando tiempo para ir desestabilizando Ucrania, una tesis que parece corroborada por la decisión rusa de sellar a fuego su alianza con las dos provincias ucranias que quedaron fuera del control de Kiev en 2014. “Nosotros [los países bálticos] estamos en primera línea para ver lo que está sucediendo y creemos que el ataque [ruso contra Ucrania] ya está sucediendo”, ha señalado el ministro lituano Gabrielius Landsbergis.

Los países partidarios del castigo inmediato acusan a Moscú de haber provocado una grave crisis económica en Ucrania y de lanzar continuos ataques cibernéticos contra la Administración y las infraestructuras del país. Por ello, defienden una imposición gradual de las sanciones para ir subiendo la intensidad en función de las actuaciones del Kremlin.

Ninguna delegación europea niega el impacto que las hostilidades rusas están teniendo sobre Ucrania. Y este mismo lunes, el consejo de ministros de Exteriores de la UE ha aprobado un rescate financiero del país de 1.200 millones de euros. Los préstamos, que se liberarán en dos tramos, fueron propuestos por la Comisión Europea el 1 de febrero. Y en solo 21 días, la propuesta ha sido aprobada por el Parlamento Europeo y por el Consejo. La rápida tramitación denota el riesgo que la UE percibe de un desmoronamiento financiero del Estado ucraniano como consecuencia del acoso militar desde el exterior.

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Países Bajos utilizó una violencia “sistemática y extrema” durante la independencia de Indonesia | Internacional

Países Bajos no aceptó la independencia de Indonesia y, entre 1945 y 1949, aplicó una violencia excesiva para desbaratar la denominada Revolución Nacional del país. Los soldados destacados en las antiguas Indias Orientales Neerlandesas recurrieron a la tortura y malos tratos durante los interrogatorios, así como a encierros o ejecuciones sin juicio previo, según el informe oficial sobre dicho periodo, presentado este jueves de forma telemática. Si bien los investigadores señalan que ambas partes recurrieron a la violencia en grado extremo, subrayan que el Gobierno holandés de la época toleró las actuaciones de sus militares. El número de víctimas sigue sin estar claro, pero el estudio calcula que murieron unos 100.000 civiles indonesios, y cerca de 5.000 militares holandeses.

Nada más conocerse el resultado de este informe, el primer ministro holandés, Mark Rutte, ha presentado sus “profundas excusas” al pueblo de Indonesia” y a todos los que, en su país, “se vieron afectados por la violencia”. El jefe del Gobierno ha atribuido luego la responsabilidad por esa “página negra” de la historia nacional a “las instituciones que la hicieron posible: el Gobierno, el Parlamento, las Fuerzas Armadas y el poder judicial”.

Iniciada en 2017 a petición del Ejecutivo holandés, la investigación abarca hasta 1950 y muestra que “la mayoría de los responsables, desde políticos a funcionarios y desde militares a jueces, sabían o podían saber del uso sistemático y extremo de la violencia” en Indonesia. Sin embargo, “había una disposición a arrinconar las normas legales y el propio sentido de la justicia”. De este modo, emerge la imagen de “una guerra colonial cada vez más terrible, donde lograr victorias militares y limitar las bajas propias eran la norma”.

En 1969, el Ejecutivo de la época aseguró que este tipo de violencia solo se usó en casos excepcionales. El estudio deja claro, por el contrario, que la actitud colonialista predominaba entre las Fuerzas Armadas y en el seno de la política en Países Bajos: “Estaban seguros de que los nacionalistas no conseguirían liderar un Estado independiente y figuras como Sukarno [líder nacionalista y luego primer presidente de la República de Indonesia] fueron presentadas como un hombre de paja de los japoneses y con poca influencia”, sostiene. El texto utiliza la expresión “violencia extrema”, en la que caben figuras jurídicas como los crímenes de guerra, para subrayar el amplio abanico de delitos perpetrados. Los expertos que han elaborado el trabajo forman parte del Instituto para el estudio de la Guerra, el Holocausto y el Genocidio (NIOD, en sus siglas neerlandesas), el Real Instituto para la Lengua, la Tierra y la Etnología (KITLV), y el Instituto Holandés de Historia Militar (NIMH).

La actual Indonesia fue administrada como colonia por el Gobierno holandés desde 1800, aunque el comercio de las especias en la zona, y el sometimiento que implicaba, se remonta al siglo XVII. La invasión japonesa en 1941 interrumpió el dominio de Países Bajos. Tras la capitulación de Japón, los indonesios proclamaron la República. Fue el 17 de agosto de 1945, y el Holanda había sido liberada de la ocupación nazi por las tropas aliadas el 5 de mayo de ese año. Recién salido de la Segunda Guerra Mundial, este país se propuso combatir la independencia de su colonia con escasez de tropas y en un terreno donde se libró una guerra de guerrillas. Pese a ello, la actitud colonial predominaba en la cúpula militar, “y se recurrió a torturas, arrestos arbitrarios y en masa, quema de poblaciones y falta de atención a las víctimas civiles”, reza el informe. Los soldados holandeses llevaron a cabo “intervenciones policiales”. Es un tipo de operación militar considerada hoy parte de una guerra colonial, utilizada entonces para dar la sensación de que se trataba de un conflicto nacional y no de una guerra entre dos países.

Hay ejemplos en el estudio que ilustran la falta de castigo en dichas situaciones. En los consejos de guerra contra militares holandeses por la muerte de prisioneros o por las torturas durante un interrogatorio apenas se imponían penas. Incluso en casos de violación y asesinato, “los jueces holandeses eran comprensivos con los soldados involucrados y los intereses militares”. Los investigadores subrayan esta actitud: “La Administración estaba convencida de su superioridad y llevó tiempo abordar este periodo de forma crítica. No encajaba con la percepción edulcorada de su propia imagen desde la parte holandesa”. Los políticos de ese periodo no prestaron atención a lo que estaba pasando y tampoco asumieron sus responsabilidades, “porque había amplio apoyo social a esa guerra, lejana desde el punto de vista geográfico y psicológico”.

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El informe hace hincapié en el hecho de que todas las partes son culpables de la violencia, incluidos británicos y japoneses, y lo ilustran explicando lo ocurrido entre finales de 1945 y principios de 1946. Fue el momento de la retirada de las tropas japonesas del archipiélago y antes de que los militares británicos cedieran el paso a los holandeses hasta la independencia final. Ese periodo se denomina bersiap (prepárate) y es polémico porque hubo muertes civiles holandesas, chinas y de cualquier persona considerada colaboracionista sin distinción de origen a manos de guerrilleros independentistas indonesios. Aunque los investigadores admiten su “influencia en la dinámica de la violencia”, señalan que esta no fue la razón por la cual Países Bajos intentó recuperar las antiguas Indias Orientales. Cifran en unos 6.000 los civiles muertos en ese momento.

En marzo de 2020, el rey Guillermo de Orange pidió perdón por “el abuso de la violencia a cargo de las fuerzas coloniales”. Era la primera vez que el jefe del Estado se disculpaba por una de las épocas más negras de la historia holandesa. La investigación coincide con la primera muestra sobre este periodo abierta en el Rijksmuseum, de Ámsterdam, titulada Revolusi! Indonesia independiente.

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El Parlamento ruso insta a Putin a reconocer la independencia de las regiones separatistas de Ucrania | Internacional

El Parlamento ruso ha aprobado este martes reconocer a las autoproclamadas repúblicas separatistas de la región del Donbás (Donetsk y Lugansk). La Duma Estatal ha votado “el envío inmediato” de esta iniciativa al presidente Vladímir Putin, que siete años después de la firma de los pactos de paz de Minsk que sentaron en 2015 las bases de un alto el fuego entre las fuerzas leales a Kiev y los rebeldes prorrusos en el este de Ucrania, ha movido ficha ante el limbo legal en el que se sumió el Donbás, otra región del antiguo espacio soviético, que como Abjasia, Transnistria y Osetia del Sur no son reconocidas internacionalmente. La Duma votaba este martes dos proyectos de ley: uno propuesto por el partido de Putin, Rusia Unida, que instaba a que el borrador fuera revisado antes por el ministro de Exteriores. El otro, introducido por el Partido Comunista en enero, solicitaba acudir directamente al presidente. Esta última iniciativa ha ganado con 351 votos frente a los 310 de la presentada por la formación gubernamental.

Rusia ha emprendido este paso justo al mismo tiempo que Putin ha recibido en Moscú al canciller alemán, Olaf Scholz, en su primera visita oficial al país. El líder germano ha acudido al encuentro con la intención de escuchar de boca de Putin la promesa de que el Kremlin comenzará a rebajar la tensión bélica. Scholz se ha encontrado con la noticia del regreso a sus bases de varias unidades rusas que ya han completado sus maniobras, pero el anuncio de la Duma supone un golpe mortal para los pactos de Minsk, de los que Berlín ha sido su gran valedor todos estos años.

El presidente de la Cámara baja rusa, Vyacheslav Volodin, ha explicado que esta iniciativa legislativa permitirá proteger a los habitantes de Donbás de lo que consideró “amenazas externas”. Además de armas y suministros, como han reconocido desde las propias milicias, Moscú ha entregado en la zona más de medio millón de pasaportes rusos desde que comenzó la guerra en 2014, lo que le sirve de casus belli frente al Gobierno ucranio, al que acusa de armarse con la OTAN para intentar retomar en un futuro esta región o Crimea, que sí goza de un reconocimiento pleno por Moscú ―pero no internacional― como parte del país desde su anexión en marzo de 2014.

Las tropas rusas regresan a sus guarniciones militares.Vídeo: REUTERS

El reconocimiento de Donbás puede suponer el fin de los pactos de Minsk. El ministro de Exteriores de Ucrania, Dmitro Kuleba, ha dicho este mismo martes que si esto sucedía, “Rusia se retirará de facto y de iure de los acuerdos con todas las consecuencias correspondientes”. La Rada Suprema (Parlamento) de Ucrania ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional “a no aprobar ninguna decisión de la Federación de Rusia que se relacione con el reconocimiento de independencia de los territorios temporalmente ocupados”, y ha instado a organismos internacionales y Gobiernos extranjeros a reforzar las sanciones como medida para preservar la arquitectura de seguridad europea.

El presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Duma ha quitado importancia al impacto de este reconocimiento en los acuerdos de paz. “No creo que los protocolos de Minsk sean revisados por esto”, ha dicho a la agencia Interfax Leonid Slutski, y ha agregado que “simplemente no hay otro sistema de coordenadas para la normalización de las relaciones entre Kiev y el sureste de Ucrania”.

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El Kremlin ha intentado durante todo este tiempo que el Gobierno ucranio acatase la concesión de un estatus especial a la zona rebelde y la convocatoria de elecciones, a lo que se negó Kiev si Rusia no devolvía el control de las fronteras de Donbás y retiraba el armamento y los grupos armados desplegados allí. Según el Gobierno ucranio, una Donbás controlada por el Kremlin dentro del país amenazaría a su soberanía y una futura adhesión a la Unión Europea y la OTAN.

Con el comienzo de la escalada militar de noviembre también se intensificaron las negociaciones del Formato de Normandía, constituido por Rusia, Ucrania, Francia y Alemania. Kiev siempre se mostró tajante con que no aceptaría a las autoridades de Donetsk y Lugansk como interlocutores directos porque los consideraba marionetas de Moscú y no se podían celebrar elecciones libres.

De hecho, no se pudieron presentar varios candidatos separatistas en las últimas elecciones de Donetsk, celebradas en noviembre de 2018 tras el asesinato del anterior presidente, Alexandr Zajárchenko. Entre ellos, el primer “presidente popular” de la autoproclamada región, Pável Gubárev, al que vetaron su registro; ni uno de los líderes de las milicias, Alexandr Jodakovski, retenido en Rusia antes de los comicios, según él mismo denunció.

Está por ver si Rusia desplegará tropas en Donbás oficialmente como ya hace en Transnistria. Preguntado sobre ello, el presidente de la república de Donetsk, Denís Pushilin, afirmó unos días antes en rueda de prensa que con la presencia militar rusa en la línea de contacto “acabaría la guerra ya”, pero es “poco probable” por las implicaciones para las relaciones entre Rusia y la OTAN. En cualquier caso, el partido de Putin ya reavivó el debate en enero, cuando dos altos cargos, el jefe de la agrupación parlamentaria en la Cámara baja, Vladímir Vasiliev, y el secretario del Consejo General de Rusia Unida, Andréi Turchak, grabaron un manifiesto a favor de enviar armas a Donetsk y Lugansk.

La adhesión a Rusia de Donbás tampoco parece factible a medio plazo. Transnistria es independiente de facto de Moldavia desde 1990, y Abjasia y Osetia del Sur lo son de Georgia desde 1992, y en estas tres décadas no han logrado salir de su limbo internacional para perjuicio de ciudadanos y empresas. Durante su intervención, Pushilin afirmó que su intención es “estar lo más cerca posible de Rusia” y recordó las medidas impulsadas por Putin en el último año para fomentar las importaciones de aquella región.

Esta indefinición jurídica perjudica a la economía de ambas repúblicas, donde las empresas extranjeras no se atreven a entrar para no ser sometidas a sanciones y donde los empresarios locales han dependido durante la guerra de un enrevesado sistema de pagos a través de Osetia del Sur para hacer negocios con Rusia.

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Rusia: Moscú presiona a Kiev con la amenaza de reconocer la independencia del este de Ucrania | Internacional

Los acuerdos de paz para la región del Donbás permanecen en un punto muerto desde hace casi siete años, y el Gobierno ruso aprieta las tuercas. “El reconocimiento (de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk) debe tenerse en cuenta en el contexto de nuestra línea firme para que Occidente fuerce a Kiev a cumplir los acuerdos de Minsk. En ese caso todo estará en orden”, ha advertido el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, durante una mesa redonda con medios rusos emitida por Internet. El aviso de Moscú llega nueve días después de que la cúpula del Partido Comunista presentara en la Duma Estatal una petición a Vladímir Putin para reconocer a las regiones separatistas.

Lavrov ha subrayado que en los protocolos de Minsk está consagrada la unidad de Ucrania. Los acuerdos de paz fueron firmados por primera vez en septiembre de 2014 por Rusia, Ucrania, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y los entonces jefes de Donetsk y Lugansk (ambos sin reconocimiento oficial, uno fallecido en un atentado en 2018 y otro huido tras un golpe interno en 2017 en una disputa de los servicios de inteligencia). No obstante, la prolongación de la guerra llevó a la revisión de lo pactado en febrero de 2015, Minsk II, tras varias derrotas de Kiev ante los separatistas apoyados por las fuerzas armadas rusas.

“Rusia no quiere una guerra, pero no descarto que alguien quiera provocar acciones militares. El régimen de Kiev no controla a gran parte de sus militares en el frente”, afirmó el ministro de Exteriores ruso, que estimó en unos 100.000 soldados la fuerza desplegada por Kiev en la línea de contacto, donde la tregua no ha impedido un goteo constante de disparos y muertos estos siete años. “Si depende de Rusia, no habrá guerra. No queremos una guerra, pero no permitiremos que se pisoteen nuestros intereses, que sean ignorados”, subrayó Lavrov durante el encuentro.

Los protocolos de Minsk son 13 puntos que contemplan no solo la concesión de un estatus especial a los territorios de Donetsk y Lugansk, sino también la retirada de todas las fuerzas extranjeras de la zona, el intercambio de prisioneros y una ley que garantice la amnistía “de las personas conectadas con los eventos que tuvieron lugar” en la región.

El problema para su implantación es quién cede primero. El diplomático Alexándr Jara, asistente del ministro de Defensa en 2020 y antiguo miembro del Consejo de Seguridad de Ucrania, señala que es imposible celebrar elecciones libres en aquellos territorios con Rusia controlando los resortes del poder regional. “Con soldados rusos y proxies allí no podemos tener tribunales, policía o delegaciones del Gobierno ucranios, por no hablar de partidos políticos y medios”, asegura Jara a El País.

“Nos dicen: cambiad la constitución, legitimizad a los agentes de las fuerzas rusas, y entonces retiraremos a las tropas de la frontera. Es como si en la Segunda Guerra Mundial se celebran elecciones en un campo de concentración. ¿Cómo las vas a legitimizar?”, dice el experto.

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“Nací en Donetsk, soy rusoparlante”, agrega Jara, que subraya que “no es una guerra civil”. “Rusia introdujo fuerzas especiales para minar la soberanía ucrania. Fracasaron en Járkov, Odesa, Dnipropetrovsk… pero lograron crear esta apariencia de revuelta en Donetsk y Lugansk”, puntualiza el analista antes de señalar que lo principal es la desescalada militar en la frontera. “Nuestros Gobiernos han cambiado muchísimo la legislación desde 2014 y se ha descentralizado el poder hacia las regiones. Lugansk y Donetsk podrían beneficiarse de eso, tendrían más autonomía que en 2014″, agrega Jara.

Durante su rueda de prensa, el ministro de Exteriores ruso afirmó que el Kremlin está dispuesto a abordar las relaciones bilaterales con el presidente ucranio, Volodymir Zelenski, pero no sobre ese conflicto. “Si quieren hablar del Donbás, diríjase al Grupo de Contacto que, como decidió el Formato de Normandía (formado por Ucrania, Rusia, Alemania y Francia), debe tratar todas las cuestiones entre Kiev y Donetsk, y Kiev y Lugansk”.

Estados Unidos no forma parte de esa estructura de negociaciones. Según Lavrov, el presidente norteamericano, Joe Biden, prometió a Putin en su encuentro del pasado 16 de junio en Ginebra que presionaría a Zelenski para hacer cumplir el acuerdo de Minsk y conceder un estatus especial al Donbás. Ayer, Biden y Zelenski conversaron por teléfono y reiteraron una vez más el compromiso que ha guiado las negociaciones de estos meses entre Rusia y los miembros de la OTAN: “Nada sobre Ucrania sin Ucrania”.

Discrepancias sobre un ataque inminente

No obstante, Kiev y Washington difieren sobre la inminencia de un ataque contra Ucrania, que según el país de Europa del Este no es factible ahora. Durante su rueda de prensa, Lavrov insinuó que algo podría suceder. “¿Quién ha evacuado sus embajadas? Estadounidenses, británicos y canadienses. Saben algo que el resto no sabe. Tal vez nosotros también deberíamos tomar precauciones en previsión de alguna provocación de ellos”, se preguntó retóricamente.

Lavrov acusó a Occidente de alimentar una guerra con la entrega de armas a Ucrania, algo que el partido de Putin también ha propuesto esta semana con los separatistas, aunque en este caso sería oficialmente porque hay numerosos indicios de que ya recibían suministros anteriormente.

Tras varios años de cierta tranquilidad, en los últimos meses han aumentado las acusaciones contra Kiev de preparar provocaciones para justificar una guerra. En un encuentro con el presidente ruso celebrado el 27 de diciembre, el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, afirmó tener información de que Occidente preparaba un ataque químico en el Donbás, y en la misma cita Putin aseguró que Estados Unidos “podría armar a los extremistas del país vecino y empujarlos contra algunas regiones rusas”, donde aludió explícitamente a Crimea.

Asimismo, estas semanas se han producido más detenciones en Rusia de supuestos saboteadores ucranios, y la prensa comenzó a divulgar hace dos días que la explosión de un autobús en Vorónezh del verano pasado, atribuida hasta ahora a motivos que nada tienen que ver con Ucrania, podría haber sido provocada por presuntos agentes de Kiev.

El ministro de Exteriores ruso anunció durante la rueda de prensa que habrá nuevas negociaciones entre las delegaciones de Moscú y Washington en el transcurso de las próximas dos semanas. Preguntado sobre la posibilidad de nuevas sanciones, como la desconexión de la banca rusa del sistema internacional, Lavrov advirtió de que esto “equivaldría a romper relaciones”. “No creo que este interese a nadie”, agregó.

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advierte de anotación negativa en hoja de vida si funcionarios de salud se contagian de COVID -Circular polémica Independencia enfermeros anotación covid coronavirus -Nacional -24horas

Nacional

Una polémica circular advertía que los funcionarios de la salud contagiados con COVID-19, serían sancionados con una anotación negativa en su hoja de vida. El memorándum de la Dirección de Salud Municipal de Independencia, provocó la indignación de los trabajadores, que forman parte de la «primera línea» en el combate a la pandemia.