En el vídeo que acompaña esta noticia, EL PAÍS se adentra en una de las sesiones de entrenamiento para civiles que están teniendo lugar en Ucrania desde que Rusia inició la invasión del país. La reunión tiene lugar en la antigua filmoteca de Lviv (Leópolis, en español), que el escenario bélico ha obligado a reconvertir en una sala de guerra en la que se enseña a los ciudadanos a usar las armas con las que se enfrentarán a las tropas de Vladimir Putin. Algunos de estos voluntarios ya habían combatido en el conflicto que estalló en la región del Donbás, en el este del Estado, en 2014, cuando el Kremlin se anexionó la península ucrania de Crimea. Para otros tantos, sin embargo, esta es la primera vez que se encuentran en la primera línea de guerra. Y su enemigo es el segundo ejército más poderoso del mundo.
La inferioridad de las tropas del país vecino no ha impedido, a pesar de todo, que los ucranios planten cara a sus invasores, ante los que se niegan a claudicar. Para paliar la insuficiencia de los soldados profesionales, muchos civiles se han alistado de forma voluntaria para acudir al frente y ayudar en la defensa, ya sea empuñando las armas o en las tareas de retaguardia. “La experiencia nos muestra que se trajeron las armas, se entregaron a la gente, y todo el mundo las cogió”, relata uno de los voluntarios de este centro improvisado de entrenamiento.
En el actual panorama, todo ha pasado a un segundo plano, también la pandemia. En este videorreportaje nadie recuerda lo que era una mascarilla, salvo los propios periodistas. Las prioridades se han reordenado y lo primero es aprender a montar y manejar un fusil.
“El Comité también tiene una base de buena fe para concluir que el presidente y los miembros de su campaña participaron en una conspiración criminal para defraudar a los Estados Unidos”, reza el documento presentado ante un Tribunal de Distrito en California. Además de los esfuerzos para entorpecer la certificación, “también hay pruebas de que la conspiración se extendió a los insurgentes involucrados en actos de violencia en el Capitolio”.
La comisión investigadora —formada por siete demócratas y dos republicanos— no tiene el poder de presentar cargos penales, pero sí puede recabar pruebas de un posible delito y recomendarle al Departamento de Justicia que actúe.
“La evidencia respalda que el presidente Trump y los miembros de su campaña sabían que no había ganado suficientes votos electorales legítimos para ser declarado ganador de las elecciones presidenciales de 2020 durante la sesión conjunta del Congreso el 6 de enero, sin embargo, el presidente trató de usar el vicepresidente para manipular los resultados a su favor”, apunta el documento. El abogado John Eastman, que asesoró a Trump en los últimos meses de su presidencia, presionó a Greg Jacob, representante del entonces vicepresidente Mike Pence, para que éste interviniera y detuviera la ceremonia de certificación de los votos electorales, según la nueva documentación.
El documento judicial surgió de una demanda presentada por Eastman, que está intentando bloquear la entrega de sus documentos al comité alegando una invasión “muy partidista” de su privacidad. El abogado ha revelado cerca de 8.000 páginas de correos electrónicos, pero aún mantiene en secreto 11.000 documentos, citando el privilegio abogado-cliente. El comité ha basado su caso para obtener el material solicitado argumentando que el que ese privilegio no es aplicable cuando la información confidencial busca promover u ocultar un delito.
La comisión ha entrevistado a más de 550 personas relacionadas con las elecciones presidenciales de 2020, entre ellos funcionarios estatales, altos cargos del Departamento de Justicia y parte de la cúpula de Trump. Richard Donoghue, el número dos del Departamento de Justicia durante el mandato del republicano, sostuvo en su interrogatorio que él mismo había intentado disuadir a Trump de sus acusaciones sobre un supuesto fraude electoral. “Le dije varias veces al presidente que las denuncias sobre el contrabando de votos en una maleta y contados varias veces en las máquinas no era verdad. Le dije varias veces que lo habíamos mirado, que habíamos revisado los vídeos, entrevistado a los testigos, y que no era cierto”.
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Esta es la información más detallada y reveladora que ha presentado hasta ahora el comité que trabaja desde hace nueve meses en intentar aclarar qué pasó el 6 de enero de 2021 y cómo pueden evitar que vuelva a ocurrir algo así. Está previsto que la comisión investigadora publique todos sus hallazgos antes de las elecciones legislativas de noviembre.
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El senador líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, durante una comparecencia en el Capitolio, Washington.TOM BRENNER (REUTERS)
La brecha entre los republicanos estadounidenses después de que el comité del partido describiera el asalto al Capitolio como un “discurso político legítimo” se ha ensanchado. Su líder en el Senado, Mitch McConnell, se sumó a otros compañeros de bancada para condenar la postura del Comité Nacional Republicano (RNC, por sus siglas en inglés). “Todos lo vimos, fue una insurrección violenta”, aseguró el senador, quien también cargó contra la decisión sin precedentes del comité de censurar a los congresistas Liz Cheney y Adam Kinzinger por participar en la comisión del Congreso que investiga lo ocurrido el 6 de enero de 2021.
McConnell afirmó que el ataque perpetrado por simpatizantes de Donald Trump tenía “el propósito de impedir la transferencia pacífica del poder tras una elección legítimamente certificada de una Administración a la siguiente”. La turba que irrumpió en el Capitolio lo hizo azuzada por el discurso de Trump sobre un supuesto fraude electoral. Las declaraciones de McConnell sacuden el tablero. Se trata del miembro del partido de mayor rango en pronunciarse contra de la postura de la RNC y de la narrativa trumpista. En el segundo juicio político (impeachment) a Trump por su responsabilidad en el asalto, el senador de Kentucky votó que no era culpable.
La resolución del RNC adoptada el pasado viernes en su reunión de invierno en Salt Lake City (Utah) no se debatió públicamente, pero fue aprobada por la gran mayoría de los miembros del partido. La frase “discurso político legítimo” no aparecía en el borrador original del texto redactado por el asesor de Trump, David Bossie, según una copia obtenida por The Washington Post.Aún no ha transcendido quién y cuándo decidió incluirla.
En el escrito, denuncian que la investigación del comité del Congreso impulsado por la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, es “una persecución liderada por los demócratas contra ciudadanos corrientes”. El asalto al Capitolio dejó cinco muertos y más de 150 heridos.Cerca de 750 manifestantes han sido acusados.
Los líderes republicanos, que llevan meses intentando sacudirse el ataque del 6 de enero, ven con preocupación que el conflicto interno los perjudique de cara a las elecciones legislativas de noviembre, donde se juegan recuperar ambas Cámaras. La senadora republicana Susan Collins, que calificó de “absurda” la defensa del RNC a los insurgentes, aseguró: “Cada momento destinado a litigar una elección perdida o defender a quienes han sido condenados por conducta delictiva nos aleja más de la meta de la victoria este otoño”.
La censura contra Cheney y Kinzinger, los únicos dos republicanos miembros del comité de investigación del Congreso sobre el asalto, supuso la primera vez en la historia que el Partido Republicano reprende a uno de sus miembros en activo en el Congreso. Bill Palatucci, miembro del RNC, aseguró este martes que planea presionar al comité para que derogue el castigo -más simbólico que práctico- contra Cheney y Kinzinger. “Como mínimo, deberían eliminar la frase “discurso político legítimo’ de la resolución. Pero deberían derogarlo todo”, afirmó el abogado, que trabajó en la campaña de Trump.
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Imagen del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.Shannon Stapleton (REUTERS)
El comité de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio ha cursado citaciones este viernes para 14 republicanos que pretendieron certificar electores ilegítimos a favor de Donald Trump para revertir el recuento de los votos del Colegio Electoral el 6 de enero de 2021 (que daba la victoria a Biden), el mismo que se vio interrumpido durante varias horas por la violenta incursión de una turba de partidarios del entonces mandatario en el Congreso.
El presidente de dicho comité, el representante demócrata Bennie Thompson, ha declarado este viernes que varios asesores del expresidente Trump o de su campaña habían utilizado falsos electores para “justificar la demora o el bloqueo de la certificación de la elección durante la Sesión Conjunta del Congreso el 6 de enero de 2021″. Un grupo de asesores de la campaña de Trump, encabezados por su abogado particular, Rudy Giuliani, fue quien se encargó de presentar certificaciones electorales ilegítimas.
Las citaciones están dirigidas a personas que se reunieron y presentaron certificados falsos del Colegio Electoral en siete Estados ganados por el presidente Biden: Arizona, Georgia, Míchigan, Nuevo México, Nevada, Pensilvania y Wisconsin.
Diez de las personas ahora citadas se reunieron el 14 de diciembre de 2020, el día de la votación del colegio electoral, en las capitales de cinco Estados en los que Biden había ganado: Arizona, Georgia, Míchigan, Nevada y Wisconsin. Se declararon “debidamente elegidos y cualificados” y enviaron certificados firmados a Washington que afirmaban que Trump era el verdadero vencedor. La intención última era provocar demora e incluso bloqueo en la certificación de Biden en enero como nuevo presidente de la nación.
“El comité selecto está buscando información sobre los intentos en varios estados de anular los resultados de las elecciones de 2020, incluida la planificación y coordinación de los esfuerzos para enviar listas falsas de electores a los Archivos Nacionales”, dijo Thompson en un comunicado. “Creemos que las personas que hemos citado hoy tienen información sobre cómo se conocieron estos llamados electores suplentes y quién estaba detrás de ese montaje”.
Antes de las elecciones, los partidos eligen una lista de posibles electores en cada Estado en el que el candidato se postule, que son los delegados de cada partido al Colegio Electoral, instancia que final y realmente elige al próximo presidente. Esa ceremonia se realiza en cada Estado “el primer lunes después del segundo miércoles del mes de diciembre” siguiente a las elecciones y en ella los electores votan por el candidato que representan. El presidente de Estados Unidos es elegido por 538 electores que son repartidos en función de la población de cada Estado.
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El Comité creado a petición de la presidenta de la Cámara de Republicanos, Nancy Pelosi, ha hablado con unos 400 testigos y ha emitido docenas de citaciones. El comité tiene como objetivo publicar un informe provisional en el verano y un informe final en otoño, según informa Reuters a través de una fuente familiarizada con la investigación.
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El asalto de células durmientes del Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) a la prisión de Al Sina en Hasaka, en el noreste de Siria, para liberar a excombatientes yihadistas ha sido aplastado este miércoles tras seis días de combates a sangre y fuego. Las milicias kurdas de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), que controlan la cárcel, han anunciado el fin del ataque, que ha sido sofocado con apoyo de la aviación y fuerzas especiales de Estados Unidos, su aliado en la lucha contra el extinto califato. Se trata de la mayor acción armada del ISIS registrada desde su derrota en el campo de batalla hace casi tres años.
Después de que dos conductores suicidas lanzaran en la noche del día 20 sus camiones cargados de combustible y explosivos contra las puertas del penal, en el distrito de Gewayran, en las afueras de Hasaka, dos centenares de combatientes del ISIS se apoderaron de edificios y cruces de caminos. En una acción coordinada, cientos de los 3.500 presos yihadistas arrebataron las armas a sus guardianes. Mientras la mayoría de los amotinados se dio a la fuga de inmediato, otros internos se atrincheraron con decenas de rehenes en parte de la prisión al verse acosados por las fuerzas kurdas. Más de 45.000 civiles han huido de sus casas en los primeros días en medio de un frío glacial durante los primeros cinco días de enfrentamientos, según datos recabados por agencias de Naciones Unidas.
Los portavoces kurdos se limitaron a asegurar a través de Twitter que el asalto había terminado, sin que el centro de prensa de las FDS informara de bajas en los combates. Más de 500 reclusos yihadistas se rindieron poco antes de que los últimos combatientes del ISIS depusieran las armas. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, ONG asentada en Reino Unido que cuenta con informadores sobre el terreno, había contabilizado en la tarde del martes más de 180 muertos entre los asaltantes y presos yihadistas, 37 en el seno de las fuerzas kurdas y al menos 10 civiles abatidos por presos fugados.
El mando de la coalición internacional contra el ISIS ha intentado quitar hierro al asalto yihadista y ha anunciado que la respuesta militar que han afrontado los combatientes extremistas ha sido contundente. “En su desesperado intento por recuperar la relevancia, el Daesh [acrónimo árabe para Estado Islámico] ha dictado una sentencia de muerte para sus seguidores que han participado en el ataque”, advirtió el general estadounidense, John W. Brennan, comandante de las fuerzas de la coalición. El mando militar no explicó, sin embargo, cómo ha sido posible que más de 10.000 milicianos kurdos no hayan podido contener en casi una semana el resurgimiento armado del ISIS. La batalla por el control del penal se recrudeció desde el pasado domingo con la intervención de helicópteros y aviones de combate estadounidenses, según ha confirmado el Pentágono, en apoyo de las FDS. Unidades de las fuerzas especiales de EE UU se desplegaron también sobre el terreno con vehículos blindados.
Fuerzas kurdas desplegadas, el domingo en la cárcel de Hasaka (Siria).Hogir Al Abdo (AP)
Menores atrapados como escudos humanos
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Unicef, el órgano de la ONU para la infancia, había alertado de que los intensos enfrentamientos que se libraban en Hasaka ponían en grave peligro a los entre 700 y 850 menores, algunos de los cuales rondan los 12 años, internados en el recinto penitenciario junto con sus familias. Las fuerzas kurdas acusaron a los yihadistas de utilizar a niños y adolescentes como “escudos humanos”. Letta Tayler, subdirectora de crisis y conflictos de Human Rights Watch (HRW), ha asegurado en Twitter que recibió mensajes de voz de un adolescente extranjero desde la cárcel de Hasaka en el que describía la presencia de numerosos cadáveres en la prisión. “Si algo les pasa a estos menores, los países de origen de los chicos van a tener las manos manchadas de sangre infantil”, denunció Tayler ante el rechazo de la mayoría de los Estados a repatriar a los llamados niños del ISIS, de los que unos 150 se encuentran atrapados en el penal de Al Sina.
La resurrección militar del ISIS en Siria se ha producido mientras la atención internacional se concentra en la tensión bélica en Ucrania. Muchos observadores se han visto sorprendidos por el espectacular golpe de mano yihadista contra la cárcel, después de que las fuerzas terroristas fueran aplastadas en marzo de 2019 por las milicias kurdas a orillas del Éufrates en el poblado de Baguz, fronterizo con Irak. Desde entonces, el ISIS se había limitado a vagar por el desierto en la frontera sirio-iraquí sin un califato territorial, oculto en células durmientes que cometían de tiempo en tiempo atentados aislados en zonas desérticas.
“El ataque contra la prisión demuestra que el ISIS tiene un poder de permanencia considerable. Esta es la primera vez que lanzan una operación urbana importante”, destaca el profesor estadounidense Joshua Landis, veterano especialista en el conflicto sirio. “Los yihadistas están tratando de reagruparse, ya que las condiciones son ahora favorables para el reclutamiento de combatientes”, resalta Landis, director del Centro de Estudios de Oriente Medio de la Universidad de Oklahoma.
“Una terrible sequía ha arruinado la agricultura en gran parte del noreste de Siria. Igual de relevante es la continua fricción étnica entre kurdos y árabes”, argumenta este experto en un intercambio de mensajes. La población árabe suní, mayoritaria en la región, se queja de que las fuerzas kurdas les discriminan y les tratan como terroristas potenciales. “Las disputas étnicas y sectarias se ven agravadas, además, por las malas condiciones económicas, la falta de empleo y la incertidumbre política en la región”, puntualiza Landis.
El yihadista ceutí Zuhair Ahmed Ahmed, en la cárcel de Hasaka (Siria), en 2021.Natalia Sancha
Preso yihadista español en la prisión atacada
El complejo de Gewayran, un antiguo centro educativo, es la mayor prisión gestionada por las FDS, que tienen bajo su poder a unos 12.000 prisioneros del Estado Islámico, de los que una tercera parte son extranjeros procedentes de medio centenar de países, según HRW. Entre estos brigadistas internacionales del ISIS se encuentra previsiblemente el español Zuhair Ahmed Ahmed, nacido en Ceuta hace 31 años, quien fue entrevistado por EL PAÍS el año pasado en la cárcel de Hasaka. Se entregó tras la derrota del Estado Islámico a las FDS después de haber combatido en las filas del ISIS desde 2013 y de perder las piernas en el ataque de un dron en 2015.
Omar al Harshi, otro yihadista preso de nacionalidad española, también puede hallarse en la cárcel de Gewayran, donde las fuerzas kurdas han concentrado a excombatientes del Estado Islámico, aunque su paradero no ha sido confirmado. Al Harshi está casado con la madrileña Yolanda Martínez, ingresada en el campamento para familiares de yihadistas de Al Roj (50 kilómetros al norte de Hasaka) junto con sus cuatro hijos pequeños. En el centro de internamiento para menores Al Houri (próximo a Al Roj) se encuentra presuntamente también el niño español Abdurahman Aabou Fernández, de 13 años.
El ataque lanzado ahora por el ISIS sigue la estela de la campaña de fugas carcelarias masivas organizada por grupos armados suníes iraquíes en 2012. Estas audaces operaciones le sirvieron al yihadismo para poder reagrupar a sus combatientes antes de lanzarse a la conquista de un amplio territorio, a caballo entre Siria e Irak, sobre el que se fundó el autodenominado califato islámico dos años después.
Ante todo, el profesor Landis considera que el asalto a la cárcel de Hasaka ha devuelto al ISIS una atención internacional de la que había carecido en los últimos tiempos. Además, ha obligado a Estados Unidos (que mantiene desplegados unos 900 miembros de sus fuerzas especiales en Siria) y a la coalición que encabeza a regresar a la primera línea del frente en contra de su voluntad.
BREAKING NEWS. Syrian Democratic Forces spokesperson, Farhad Shami announces that SDF forces have now taken full control of the al Sina’a prison in #Hasakah from the ISIS fighters who attempted a prisoner break out 6 days ago. pic.twitter.com/NK8YYpKPtD
“La situación en las cárceles [para yihadistas] es mortificante. Las tribus árabes han tratado, sin éxito, de excarcelar a sus familiares presos, que no han comparecido ante un juez ni han tenido un proceso con garantías”, advierte el investigador estadounidense. “El ataque subraya también la hipocresía de los gobiernos occidentales, que afirman estar trabajando por los derechos humanos y el Estado de derecho, pero que se han lavado las manos sobre la situación de miles de detenidos, entre ellos cientos de niños, que permanecen olvidados en Siria”.
Proclamado en junio de 2014 en la gran mezquita de Mosul, la tercera ciudad iraquí, el califato territorial dejó de existir hace cerca de tres años tras haber acumulado un territorio equivalente al de Reino Unido y contar con 10 millones de habitantes, una población similar a la de Portugal. Las fuerzas kurdas dieron la batalla a los yihadistas junto a una coalición internacional liderada por Washington a partir del verano de 2014. En un conflicto donde intervienen en Siria desde hace más de una década grandes potencias globales como EE UU y Rusia, y regionales, como Irán y Turquía, la lucha contra el ISIS ha sido el único denominador común entre los bandos enfrentados. Sobre sus militantes y líderes presos en Siria pesan acusaciones tan graves como el intento de genocidio contra la minoría yazidí en el norte de Irak o las órdenes dadas para ejecutar atentados masivos en países occidentales.
“El ISIS se ha estado reconstruyendo lenta, silenciosa y metódicamente en Siria e Irak desde la derrota de su califato territorial en marzo de 2019 (…), que fue una tarea estratégicamente simple en comparación con el complejo seguimiento de contrainsurgencia, contraterrorismo e inteligencia necesario después”, recapitula Charles Lister, director de los programas sobre Siria y Extremismo del Instituto de Oriente Medio, en una publicación de este centro de estudios con sede en Washington. “Sin embargo, en lugar de adaptarse a ese desafío complejo, la coalición internacional recortó sus propios recursos y dejó que la presión aumentara sobre su aliado táctico: las FDS. No es difícil imaginar que este ataque marque un punto de inflexión en los esfuerzos del ISIS para recuperarse y resurgir”.
Donald Trump besa a su hija Ivanka al término de un mitin en Dubuque (Iowa), el 1 de noviembre de 2020.CARLOS BARRIA (Reuters)
El Comité selecto de la Cámara de Representantes creado el verano pasado para dilucidar lo sucedido durante el ataque al Capitolio en enero de 2021 ha hecho llegar una invitación a Ivanka Trump para que aporte información sobre cómo se encontraba, qué sentía y cómo actuó su padre, entonces todavía presidente, aquel día en el que la capital de Estados Unidos vio un asalto a su democracia en directo.
Ivanka Trump, de 40 años, fue asesora de su padre durante todo su mandato (2017-2021) y estaba “en contacto directo” con el mandatario en momentos clave de aquel trágico 6 de enero. Trump convocó para aquel día una protesta cerca de la Casa Blanca y, al concluir, unas 10.000 personas marcharon hacia el Capitolio y unas 800 irrumpieron dentro del edificio para impedir que se ratificara el resultado electoral, que daba como nuevo inquilino de la Casa Blanca al demócrata Joe Biden. Cinco personas murieron y cerca de 140 agentes fueron agredidos.
“El comité solicita que Ivanka Trump proporcione información para la investigación sobre la violencia del 6 de enero y sus causas”, asegura el comunicado del comité. En una carta de ocho páginas, el presidente del comité, el legislador demócrata Bennie Thompson, asegura que la hija favorita del republicano “tuvo conocimiento de primera mano” sobre las decisiones que tomó -o no tomó- su progenitor.
Lo que el comité ha cursado es una invitación y no una citación. A principios de enero, la fiscal general del Estado de Nueva York, Letitia James, citaba a declarar a los dos hijos mayores del expresidente en el marco de la investigación civil sobre presuntos delitos fiscales de la Organización Trump. La oficina de James quiere escuchar los testimonios de Ivanka Trump y Donald Trump Jr. “sobre la valoración de propiedades propias o controladas” por el magnate o su conglomerado.
El comité posee información que asegura que Ivanka Trump estuvo en la Casa Blanca cuando su padre telefoneó al entonces vicepresidente, Mike Pence, para que le respaldara en su intención de frenar la ratificación de Biden. El pasado martes, el comité citó a declarar a cuatro antiguos aliados del expresidente Donald Trump, entre los que se encuentra el exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani. Los cuatro fueron citados a declarar por haber promovido teorías falsas sobre fraude electoral en los comicios de noviembre de 2020, en los que Trump fue derrotado por Joe Biden, explicaba en un comunicado el presidente de la comisión, Thompson.
Además de Giuliani, las otras dos abogadas que recibieron una notificación para testificar ante el Congreso son Sidney Powell y Jenna Ellis, que interpusieron varias demandas para anular el resultado electoral. También fue citado a declarar Boris Epshteyn, un exasesor de la Casa Blanca que supuestamente conversó el mismo 6 de enero con Trump para ver cómo se podía evitar que se certificara la victoria de Biden.
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El expresidente ha criticado la investigación del comité y la ha calificado como un esfuerzo partidista. Además, trata de manera continua de bloquear el testimonio de otros ayudantes y se niega a entregar documentos de la Casa Blanca.
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Donald Trump, durante un mitin para impugnar la certificación de los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.JIM BOURG (REUTERS)
El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó el miércoles una solicitud del expresidente Donald Trump para bloquear la entrega de documentación de la Casa Blanca relacionada con el asalto al Capitolio. La decisión del máximo tribunal —de mayoría conservadora, y con tres magistrados nombrados por el exmandatario republicano— despeja el camino legal para que la comisión investigadora del Congreso pueda acceder a casi 800 páginas de registros sobre el ataque del 6 de enero de 2021.
Entre los documentos solicitados por el comité a los Archivos Nacionales, la institución que custodia esos registros, figura información relacionada con los principales asesores de Trump y los memorandos a su secretaria de prensa. También el llamado diario de la Casa Blanca, un registro de las actividades, viajes, reuniones informativas y llamadas telefónicas del entonces mandatario. Los abogados de Trump fracasaron en su intento de ocultar la información invocando el privilegio ejecutivo, una disposición legal que protege las comunicaciones del presidente estadounidense con su equipo.
“El presidente Trump es más que un ciudadano común”, dijeron los abogados del republicano en una carta dirigida al Supremo para bloquear el acceso a los documentos mientras continuaba la batalla legal en los tribunales de menor rango. “Él es uno de los cinco estadounidenses vivos a quienes, como expresidentes, se les otorga autoridad especial para tomar determinaciones con respecto a la divulgación de registros y comunicaciones creados durante sus mandatos”, agregaron. Según el exmandatario, si los documentos solicitados se hacen públicos, la seguridad nacional estará en peligro. El presidente Joe Biden rechazó invocar el privilegio ejecutivo para este caso.
Los abogados de la comisión investigadora, formada por siete congresistas demócratas y dos republicanos, argumentaron ante el alto tribunal que este no debería torpedear su investigación. El trabajo del comité “es de la mayor importancia y urgencia: investigar uno de los episodios más oscuros en la historia de nuestra nación, un asalto mortal al Capitolio y al Congreso de Estados Unidos, y una interrupción sin precedentes de la transferencia pacífica de poder de un presidente a otro”, defendieron.
Solo el juez Clarence Thomas dejó constancia de que estaba en contra de rechazar la solicitud de Trump, pero no explicó por qué. Los magistrados tampoco dejaron por escrito las razones de su decisión.
El 9 de noviembre, una jueza federal le quitó la razón a la defensa de Trump. La magistrada Tanya Chutkan concluyó entonces que la comisión del Congreso tenía derecho a recibir la documentación y defendió que “la posición de Trump de que puede anular la voluntad expresa del poder ejecutivo [en alusión a la decisión de Biden de autorizar la publicación de los registros] parece basarse en la noción de que su poder existe a perpetuidad”. “Pero los presidentes no son reyes”, sentenció. Los abogados de Trump recurrieron el fallo y, un mes después, un tribunal federal de apelaciones ratificó la decisión de la magistrada Chutkan.
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El comité de la Cámara baja de Estados Unidos que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero del año pasado citó este martes a declarar a cuatro antiguos aliados del expresidente Donald Trump, entre los que se encuentra el exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani. Los cuatro fueron citados a declarar por haber promovido teorías falsas sobre fraude electoral en los comicios de noviembre de 2020, en los que Trump fue derrotado por Joe Biden, explica en un comunicado el presidente de la comisión que investiga el asalto al Capitolio, el demócrata Bennie Thompson.
Giuliani, que fue alcalde de Nueva York entre 1994 y 2001, intentó convencer a legisladores estatales para que invalidaran la victoria de Biden, y, además, estuvo en contacto con Trump y otros miembros del Congreso para evitar que se ratificaran los resultados electorales.
Además de Guliani, las otras dos abogadas que recibieron una notificación para testificar ante el Congreso son Sidney Powell y Jenna Ellis, que interpusieron varias demandas para anular el resultado electoral. También fue citado a declarar Boris Epshteyn, un exasesor de la Casa Blanca que supuestamente conversó el mismo 6 de enero con Trump para ver cómo se podía evitar que se certificara la victoria de Biden.
Los cuatro deberán entregar una serie de documentos al comité que investiga el asalto al Capitolio antes del 1 de febrero y deberán acudir a declarar el próximo el 8 de febrero. De negarse, podrían ser declarados en desacato, tal y como ha ocurrido hasta ahora con tres excolaboradores de Trump: su exjefe de gabinete Mark Meadows, el exayudante del fiscal general Jeffrey Clark y su exasesor y exjefe de campaña Steve Bannon, quien además enfrenta cargos por la vía penal.
Trump había convocado el 6 de enero una protesta cerca de la Casa Blanca y, al concluir, unas 10.000 personas marcharon hacia el Capitolio y unas 800 irrumpieron dentro del edificio para impedir que se ratificara el resultado electoral. Cinco personas murieron y cerca de 140 agentes fueron agredidos.
Donald Trump tiene que enfrentar también otros conflictos con la justicia. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, ha afirmado este martes que existen “pruebas significativas” que indican que el conglomerado del expresidente de EE UU utilizó valoraciones de activos “fraudulentas o engañosas” para obtener beneficios económicos como préstamos, cobertura de seguros y deducciones de impuestos. James también emprendió acciones legales para que Trump y sus hijos Donald Jr. e Ivanka comparezcan ante los magistrados para prestar testimonio.
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La Fiscalía sostiene que los informes de la compañía contienen información engañosa, como por ejemplo el tamaño del ático de la Trump Tower y el valor de otras propiedades del magnate o activos mal categorizados como “efectivo” para exagerar así la liquidez del expresidente.
Vehículos de la policía a la entrada de la sinagoga de Colleyville, Texas.Brandon Bell (AFP)
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha calificado este domingo como “un acto de terrorismo” la toma de rehenes en una sinagoga del Estado de Texas que se produjo durante el sábado y que finalizó con los prisioneros liberados. El secuestrador murió durante la operación, pero la policía no aclaró si el equipo de asalto le abatió o si él se suicidó. Según informó el FBI, el hombre que durante más de 10 horas retuvo a un rabino y otras tres personas ha sido identificado como el ciudadano británico Malik Faisal Akram, de 44 años.
Nada indica que otras personas estuvieran relacionadas con el asalto al centro religioso de Colleyville, a unos 40 kilómetros al noroeste de Dallas, según informó a través de un comunicado el agente especial del FBI, Matthew DeSarno, a cargo de la oficina de Dallas. El presidente Biden dijo que, aunque quedaban incógnitas por resolver, todo indicaba que el atacante exigía la liberación de la terrorista convicta Aafia Siddiqui, a la que el fallecido se refirió como su hermana, aunque no existía parentesco de sangre entre ellos.
“Este fue un acto de terrorismo” relacionado con “alguien que fue detenido hace 15 años y ha estado en la cárcel durante 10 años”, aseguró Biden en declaraciones a periodistas durante una visita a una organización de ayuda contra el hambre en la ciudad de Filadelfia, con motivo de la celebración mañana lunes 17 de la vida y obra de Martin Luther King. La ministra de Exteriores del Reino Unido, Liz Truss, ha condenado también “el acto de terrorismo y antisemitismo”.
My thoughts are with the Jewish community and all those affected by the appalling act in Texas. We condemn this act of terrorism and anti-semitism.
We stand with US in defending the rights and freedoms of our citizens against those who spread hate. 🇬🇧 🇺🇸 👇 https://t.co/36Eb8lRQTV
Tanto el FBI como los equipos de acción rápida de la policía fueron movilizados y los negociadores se pusieron en contacto con el sospechoso que retenía al menos a cuatro personas, una de ellas un rabino, según informaba la cadena de noticias CNN. Hasta 200 efectivos participaron en el incidente, incluido un equipo especial del FBI que voló a Texas desde su sede de Quantico, en Virginia. “Todos los rehenes han sido liberados sanos y salvos”, dijo a última hora de la noche del sábado Greg Abbott, gobernador de ese Estado del sur de Estados Unidos. “Las plegarias fueron respondidas”, tuiteó Abbott. No se reportaron heridos entre los rehenes, uno de los cuales fue liberado antes que los demás.
Según su sitio web, la Congregación Beth Israel comenzó en 1998 como un chavurah, un pequeño grupo de judíos que se reúnen para los servicios de oración. El grupo estableció oficialmente una sinagoga en Colleyville en julio de 1999 y comenzó a prestar servicios en su ubicación actual en 2005. La sinagoga la dirige el rabino Charlie Cytron-Walker, que este domingo escribía en Facebook estar “agradecido y lleno de aprecio por todas las vigilias, oraciones, amor y apoyo”. “Estoy agradecido de que lo hayamos logrado. Estoy agradecido de estar vivo”.
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Según fuentes oficiales citadas por medios norteamericanos, el motivo de la toma de rehenes era una protesta contra el encarcelamiento en una cárcel de Fort Worth, Texas, de Aafia Siddiqui, una mujer paquistaní detenida por el intento de asesinato de varios soldados estadounidenses. Siddiqui fue condenada en Nueva York por cargos de terrorismo en 2010 y sentenciada a 86 años de prisión. La mujer es conocida por el sobrenombre de Lady Al Qaeda.
Siddiqui nació en Pakistán en 1972, pero vivió en EE UU en la década de los noventa. Se dedicó al campo de la neurociencia: estudió en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés) y realizó un doctorado en la Universidad de Brandeis, en ese mismo Estado. Su nombre estuvo en la lista de “los más buscados” elaborada por el FBI.
De acuerdo con la versión de funcionarios estadounidenses en 2014, Siddiqui volvió a casarse y en esa ocasión lo hizo con Ammar al-Baluchi, el sobrino de Khalid Sheikh Mohammed, el autor intelectual de los atentados contra el Pentágono y las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001.
La toma de rehenes se produjo durante un servicio religioso en la sinagoga de la congregación Beth Israel, que se estaba emitiendo en vivo por la página web de la comunidad en Facebook, según informó el diario local Fort Worth Star-Telegram. Debido a los rigores que impone la pandemia, muchos de los fieles seguían el servicio religioso desde sus casas.
La policía de Colleyville, a través de su cuenta de Twitter, informó que estaba respondiendo con un equipo SWAT a una llamada de emergencia en el número 6100 de la calle Pleasant Run. “Todos los residentes del área inmediata están siendo evacuados. Por favor, evite la zona”, advirtió la policía.
Más de 8.000 personas se conectaron al vídeo de la retransmisión en directo una vez que se conocieron las primeras informaciones en redes sociales sobre lo ocurrido, hasta que finalmente la emisión se suspendió sin que la situación en el interior de la sinagoga se hubiera resuelto.
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Donald Trump, en una foto de archivo de junio de 2021.SERGIO FLORES (AFP)
Desde que Donald Trump llegó a la presidencia en 2016, la Radio Pública Nacional (NPR, siglas en inglés) había intentado sin éxito una entrevista con el mandatario republicano. Nunca lo conseguía. La Casa Blanca daba un no por respuesta a los requerimientos. Hasta este pasado martes, cuando el presentador del programa matinal Morning Edition,Steve Inskeep, pudo entrevistar vía telefónica al expresidente, que se encontraba en su residencia de Florida de Mar-a-Lago. El tiempo pactado con la cadena radiofónica fue de 15 minutos. Llegado el minuto nueve, Trump colgó el teléfono al veterano periodista. La conversación se emitió esta mañana de miércoles.
For about six years I’ve been asking Donald Trump for an interview. It never happened until the former president came on the line today. Tomorrow on @MorningEdition we’ll hear what he said, up to the moment that he hung up on me. @NPR
Trump fue presionado por Inskeep sobre sus infundadas alegaciones de fraude electoral, lo que el republicano califica como La Gran Mentira (The Big Lie), y su insistencia en que las elecciones de 2020 fueron amañadas en su contra. Según explica NPR en su página web, Trump decidió cortar la comunicación cuando el locutor le cuestionó sobre si, como él había venido diciendo, solo apoyaría a candidatos republicanos que defiendan su teoría del fraude electoral. El expresidente se refirió a estos aspirantes como “muy listos” y puso de ejemplo a Kari Lake, compitiendo por la casa del gobernador en Arizona.
“Para ella este tema es importante”, dijo Trump respecto a Lake y el falso robo electoral. “La gente no tiene ni idea de lo grande que es este problema y no quieren que vuelva a suceder”, relató Trump. “La única forma de que no vuelva a suceder es resolviendo el fraude de las elecciones presidenciales manipuladas de 2020″.
En ese momento, Inskeep trató de intervenir, pero Trump ya había decidido no seguir. “Steve, muchas gracias. Se lo agradezco”. Y colgó el teléfono. El periodista se mostró sorprendido y manifestó su protesta, alcanzando a decir: “Eh, eh eh … ¡Tengo una pregunta más!”. Todo lo más que pudo aportar el locutor fue informar a los oyentes que la batería de preguntas sobre la responsabilidad del exmandatario en el asalto al Capitolio en enero de 2021 se había quedado en el tintero.
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El senador Lindsey Graham acusó al presidente de realizar una “descarada politización del 6 de enero”, cuando una turba de seguidores de Trump asaltó el Congreso durante la sesión de confirmación de la victoria electoral de Biden. “Los discursos del presidente Biden y la vicepresidenta [Kamala] Harris han supuesto un esfuerzo por resucitar una presidencia fallida más que para marcar el aniversario de un día oscuro en la historia de Estados Unidos”, afirmó Graham, un ejemplo de dirigente republicano que se desmarcó de Trump un año atrás, pero que este jueves lanzó los dardos en otra dirección. “Trump y yo hemos tenido un viaje increíble. Odio que termine de esta manera. Dios mío, lo odio”, aseguró tras el ataque al Capitolio. “Solo puedo decir que no cuenten conmigo. Ya es suficiente”, declaró tras la irrupción de los manifestantes en el Congreso.
En la antesala de la violenta jornada, una docena de senadores republicanos liderados por el texano Ted Cruz se unieron a algunos congresistas de su mismo partido para objetar los resultados de varios Estados ganados por Biden. El miércoles, en una sesión con agentes de la policía que trabajaron aquel día, Cruz les agradeció sus servicios y calificó la insurrección como “un violento ataque terrorista contra el Capitolio”. El congresista republicano por Florida Matt Gaetz, otro de los que defendió la teoría del fraude electoral, sostuvo este jueves en una entrevista que no estaba “avergonzado de nada”. “Estamos orgullosos del trabajo que hicimos el 6 de enero para presentar argumentos legítimos sobre la integridad de las elecciones”, subrayó.
La Cámara alta suspendió este jueves las votaciones y dedicó la jornada a la conmemoración del 6 de enero con discursos de los senadores, pero no solo faltaron voces republicanas en el podio, sino que hubo muchas ausencias en general. El exlíder de la mayoría en el Senado Mitch McConnell viajó junto a más de 30 compañeros de partido a Atlanta para asistir al funeral del senador republicano Johnny Isakson, fallecido en diciembre. En el segundo juicio político contra Trump, acusado tras el asalto de “incitación a la insurrección”, McConnell votó que era “no culpable”.
Este jueves, desde Georgia, emitió un comunicado en el que describió el 6 de enero de 2021 como “un día oscuro” para el país, en el que “criminales” agredieron a la policía y usaron la fuerza para tratar de impedir que el Congreso hiciera su trabajo. Como Cruz, limitó la tragedia a un problema de seguridad, evitando señalar el caldo de cultivo político que propició el ataque tras días de acusaciones de fraude.
Horas de silencio
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El dilema republicano respecto a la figura de Trump está marcado por las elecciones legislativas de noviembre. El expresidente continúa dominando las bases y varios candidatos que aspiran a ganar o conservar sus escaños en el Congreso han decidido hacer la vista gorda sobre el papel del exmandatario durante la insurrección o, como mucho, guardar incómodas distancias. Son pocos los que se han atrevido a condenar su discurso incendiario antes del asalto y el silencio que guardó durante horas mientras una turba de 800 personas asaltaba el Capitolio. Biden también lanzó críticas contra ellos: “Mientras algunos hombres y mujeres valientes en el Partido Republicano se oponen a él [Trump], tratando de defender los principios de ese partido, muchos otros lo están transformando en otra cosa”.
El asalto causó cinco muertos y 140 policías heridos. Un año después de la invasión al Congreso, menos de la mitad de los votantes republicanos recuerdan el ataque como violento o extremadamente violento, según una encuesta publicada esta semana por The Associated Press-Norc Center for Public Affairs. Mientras se diluye en el recuerdo la gravedad de los hechos en la derecha, la percepción de los resultados electorales se ha mantenido estable. Un 93% de los demócratas cree que Biden ganó de manera legítima, mientras un 71% de republicanos continúa creyendo que ganó Trump. El exmandatario pensaba comparecer ante los medios este jueves, pero al final canceló la cita.
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Cuando el congresista Vicente González se topó con los asaltantes en los túneles del Capitolio hace un año, se quitó la corbata y el pin que le identificaba y echó a caminar, ni muy deprisa ni muy despacio, hasta perderlos de vista. Primero oyó los gritos desaforados, luego empezaron los disparos, y cuando vio a la policía apuntando con pistolas a los hombres y mujeres que trataban de entrar en la Cámara, pensó que cualquier cosa era posible. Temió un baño de sangre. Al poco, los evacuaron y los trasladaron a un búnker. “Estábamos todos juntos, los republicanos y los demócratas, rezando juntos”, cuenta González, texano y demócrata, de 54 años.
El 6 de enero de 2021 una turba de seguidores del entonces presidente Donald Trump marchó hasta el Congreso con el propósito de impedir la confirmación de la victoria electoral de Joe Biden tras una oleada de bulos de fraude espoleada por el propio mandatario. “Vamos a bajar caminando hasta el Capitolio y vamos a animar a nuestros valientes senadores y congresistas”, arengó Trump por la mañana a la muchedumbre a la que había convocado ante la Casa Blanca. “A algunos no los vamos a animar mucho porque nunca recuperaréis vuestro país con debilidad, tenéis que mostrar fuerza y ser fuertes”, añadió.
Pocos minutos después comenzó la invasión de la Cámara, el episodio más violento desde la guerra civil, y Estados Unidos oteó el abismo. Murieron cinco personas, resultaron heridos 140 policías. Sobre las tres y media de la madrugada, con el Congreso ya convertido en una fortaleza, senadores y congresistas se reunieron de nuevo y certificaron el resultado electoral.
Jacob Anthony Chansley, durante su protesta en el interior del Capitolio el 06 de enero del 2021.Manuel Balce Ceneta (AP)
Para el congresista González, el balance, un año después, es mixto. “Conseguimos asegurar una transición pacífica aquella noche, la democracia funcionó”, dice. Sin embargo, “esa gente ha tenido su éxito, no podemos hacer como que no existe. El 6 de enero fue otro 11 de septiembre, uno interno, de americanos atacando a americanos. Ahora tratan de minimizarlo y a los republicanos, salvo algunos héroes, les ha faltado valor político de ponerle límites a las mentiras de Trump”.
No hay barreras estos días en los jardines del Capitolio. Sí trineos y niños que alborotan, caen y ríen a cámara lenta, entorpecidos por la nevada. Recuerdan la escena al ralentí de la guerra de almohadas de la película Cero en conducta. Hacen que parezca inverosímil que hace solo un año, allí mismo, se derramó sangre intentando evitar la confirmación de un presidente. Hoy la seguridad se ha reforzado, la justicia ha actuado (por el momento, 725 imputados y 71 condenados) y el sistema ha resistido, pero el próximo desafío a la voluntad popular del país más poderoso del mundo tal vez no necesite puertas y ventanas.
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Alrededor de un 70% de los votantes de Trump sigue creyendo que Joe Biden llegó a la Casa Blanca gracias al fraude electoral; buena parte de los republicanos que pararon los pies a su presidente en 2020 han sido defenestrados y varios Estados conservadores, como Georgia y Arizona, han impulsado leyes electorales que, de facto, lastran el voto de las minorías y refuerzan el papel de las Cámaras legislativas estatales para anular votos y certificar los resultados. El terreno, en otras palabras, resulta más propicio que hace un año para una cruzada como la que Trump puso en marcha a lomos de un bulo tumbado decenas de veces en los tribunales. Y este bulo, lejos de marchitarse, sigue formando parte del menú habitual de medios como Newsmax o Infowars y de los correos electrónicos que el exmandatario —el favorito de las bases de cara a 2024— envía pidiendo donativos.
Un año después del asalto al Capitolio que conmocionó a EE UU y desconcertó al mundo, la llamada “Gran Mentira” ha arraigado en el país y se ha embarcado en un segundo asalto que se libra, también, a cámara lenta. El movimiento no se encuentra orillado en los márgenes de la sociedad, sino en su centro, de ahí su potencia de tiro. Entre los insurrectos de hace un año había miembros de grupos de extrema derecha como los conocidos Proud Boys o los Oath Keepers, pero la gran mayoría era gente de a pie, algo que rompe los esquemas de los expertos en violencia política y arroja señales preocupantes sobre cómo el repudio al sistema ha gangrenado en parte de la población general.
Donald Trump durante su mitin del 06 de enero del 2021. MANDEL NGAN (AFP)
Robert A. Pape, un reputado estudioso en este campo que dirige el Proyecto en Seguridad y Amenazas de la Universidad de Chicago, ha pasado este año analizando los perfiles de los asaltantes sobre la base de la documentación judicial de los centenares de imputados. “Lo que me sorprendió”, explica por teléfono, “es que había mucha gente que formaba parte de la sociedad mainstream. Este tipo de sucesos solía estar ligado a grupos extremistas, pero si miras las características de la gente que asaltó el Capitolio, alrededor de la mitad eran pequeños empresarios, profesionales cualificados, abogados, arquitectos…”.
Ese perfil, advierte Pape, “encaja además con las encuestas, el número de personas que simpatizan con ese sentimiento de insurrección: representan unos 21 millones de ciudadanos. Es mucho más de lo que se podría esperar de un movimiento marginal”, añade. Y la edad media de los encausados se sitúa en los 41,8 años, cuando la tendencia en los extremistas violentos en Europa, EE UU y Oriente Próximo tiende a situarse en los 20 y 30 años.
El equipo de investigación, cuyas conclusiones fueron publicada primero en la revista The Atlantic, trató de buscar algún patrón que sirviese para explicar las motivaciones, pero no hallaron correlaciones muy evidentes: los insurgentes no procedían de los territorios más trumpistas, no predominaban los rurales, ni tampoco los residentes en condados donde los ingresos de los trabajadores blancos bajaban. La única tendencia clara resultó la demográfica: los vándalos tenían más probabilidad de proceder de territorios en los que la población blanca estaba encogiendo frente a minorías.
“Es la teoría del Gran Reemplazo, la idea de que los blancos están siendo sobrepasados; solía ser algo marginal, pero lo piensa el 75% de esos 21 millones de ciudadanos”, dice Pape. “Cuando ves apoyo de parte de la sociedad a la violencia política ya no tienes el típico problema de seguridad, tienes un grave problema político y social y debes estar preocupado porque las elecciones [legislativas] de 2022 son un barril de dinamita, porque tienes a 21 millones de personas que tienen ese sentimiento de insurrección”.
A Tiffany Polifko, analista conductual de 39 años, le cuesta creer que Biden haya llegado a la presidencia de forma limpia. “Ya sabemos que hubo fraude en muchos Estados y ya estábamos advertidos de que si esa gran cantidad de votos por correo llegaban, todo iba a ser cuestionable”, afirma desde Ashburn (Virginia). Ante el rechazo que esta teoría encontró en los tribunales, Polifko responde que “muchos sencillamente se negaron siquiera a mirar la cuestión, no es que explorasen el asunto”. Shawnda Gorosieta, de 54 años y de la misma ciudad, piensa que no hubo suficiente “supervisión en los votos por correo y no se tabularon de forma correcta”. Para Gorosieta, jefe de proyectos en el sector de la construcción, “es una cuestión también de sentido común: ¿por qué hubo tanta participación en esta elección? ¿De dónde sacaron todos esos votos para Biden? Ni [Barack] Obama logró tantos”.
Las elecciones del 3 de noviembre de 2020 registraron una participación del 66%, la mayor en 120 años. Biden se convirtió, en efecto, en el presidente que obtuvo el mayor número de apoyos en términos absolutos, 81,2 millones de sufragios frente a los 74,2 millones de Trump, que también resultó el segundo candidato más votado hasta ahora, pero esas papeletas no las cuestionan sus votantes. Ninguna de las auditorías realizadas en territorios que fueron críticos para el resultado final ha cambiado las tornas, aunque eso no ha acabado con los recelos.
Seguidores de Trump participan en el mitin de Washington el 06 de enero de 2021.John Minchillo (AP)
Esa cruzada, judicial y política, se estrelló contra los tribunales y contra un puñado de funcionarios y cargos electos, muchos de ellos republicanos, que sencillamente se negaron a participar en la escaramuza. Fue un abogado republicano llamado Aaron Van Langevelde, miembro del Consejo Electoral de Michigan, quien se plantó ante las presiones y emitió el voto decisivo que certificó los resultados en ese territorio bisagra. En Georgia, otra plaza fundamental en la victoria demócrata, fue el secretario de Estado, Brad Raffensperger, quien no cedió a la presión directa del presidente para encontrar esos “11.780 votos” que le faltaban para ganar.
El primero no volvió a ser nominado para el puesto en el Consejo en Michigan y el segundo fue censurado por su partido y retirado de la presidencia del Consejo Electoral del Estado. A Adam Kinzinger, un congresista republicano que votó a favor del impeachment de Trump por incitación a la insurrección, lo repudió buena parte de su familia. Forma parte de la comisión que investiga el 6 de enero en el Congreso, pero ya ha avanzado que no se presentará a la reelección. Y muchos de los candidatos que se presentan a las legislativas de noviembre, cita clave en todo este asunto, se han alineado con Trump.
“Las consecuencias del día del asalto no pueden separarse de las consecuencias de lo que pasó en los meses siguientes, el modo en el que el Partido Republicano no rechazó a Trump y sus tácticas. Tenemos a un 70% de republicanos que cree que Biden ganó mediante fraude. La confianza en el proceso electoral se ha socavado y la falta de confianza en los resultados de las urnas es potencialmente muy peligrosa”, señala Alex Keyssar, historiador de Harvard especialista en elecciones.
El debate sobre la seguridad de las elecciones no es nuevo. Los republicanos siempre han tendido a pedir más restricciones alegando la facilidad de fraude y los demócratas han pedido facilidades arguyendo el menoscabo a las minorías. Ahora, los demócratas tratan de impulsar una ley de ámbito nacional que precisamente amplíe y favorezca la participación en respuesta a las reformas conservadoras aprobadas. Las legislativas de 2022 se han convertido en un capítulo crítico del propio sistema electoral. “Si el partido demócrata no hubiera estado en la mayoría de la Cámara ese día, la elección de 2020 no se hubiese certificado y EE UU sería una república bananera”, apunta González.
El desánimo ha hecho mella en el personal que trabaja en el Capitolio. Más de un centenar de policías habían dimitido hasta diciembre pasado, una cifra muy superior a la de años anteriores. Y las amenazas recibidas por miembros de las Cámaras o su personal escalaron hasta las 9.600 en 2021, cuando no alcanzaban las 4.000 en 2017, según The Washington Post. Para Rich Luchette, asesor del congresista demócrata David N. Cicilline durante 13 años, el asalto de hace un año fue la gota que colmó el vaso. Se encontraba en la oficina de su jefe cuando comenzó el tumulto. De la extrañeza pasó al miedo y del miedo, al enfado. “Llegar a ese punto es algo que me indignó. Un presidente que había estado sembrando desconfianza en el sistema, había acabado llamando a sus seguidores a manifestarse allí ese día. Fue un punto de inflexión, llevaba tiempo pensando en cambiar y aquello me acabó de decidir a dejar el trabajo”, cuenta.
Al igual que la mayor parte de analistas, Luchette está convencido de que, si Trump vuelve a postularse para las presidenciales, será el candidato, “y si pierde de nuevo, rechazará el resultado”. El historiador Keyssar cree que Trump “ha llegado a creerse su propia mentira y para él presentarse en 2024 es una forma de redención”.
Este jueves, en el primer aniversario de aquel día aciago, Biden pronunciará un discurso en el que atribuirá a Trump la “responsabilidad única por el caos y la carnicería”, según avanzó la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki.
El exmagnate barrunta sobre su futuro en Florida y se afana en seguir en el foco. Tenía prevista una rueda de prensa hoy que decidió cancelar en el último momento. Sí mantiene convocado un mitin en Arizona este mes donde promete novedades. El 78% de los republicanos quiere que Trump se presente en 2024, según una encuesta de Quinnipiac University, referente en estos sondeos.
El culto a Trump resiste un año después. El historiador británico James Bryce emprendió a mediados de 1880 un largo viaje para estudiar EE UU y escribió The American Commonwealth, donde advirtió del peligro de que la democracia estadounidense cayese víctima de “un tirano”, pero no “un tirano contra las masas”, matizó, “sino un tirano con las masas”.
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