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El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado este lunes que emitirá una orden ejecutiva para prohibir “las inversiones, el comercio y la financiación de personas estadounidenses hacia, desde o las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk”, en el este de Ucrania. Biden reacciona así a la decisión del presidente ruso, Vladímir Putin, de reconocer la independencia de esos dos territorios.

El líder estadounidense ha convocado al equipo de Seguridad Nacional en la Casa Blanca este lunes, el tercero de febrero, en el que el país celebra la fiesta federal del Día de los Presidentes. También ha hablado por teléfono con los mandatarios de Ucrania, Volodímir Zelenski, y Francia, Emmanuel Macron, y con el canciller alemán Olaf Scholz. En un comunicado emitido por la Casa Blanca tras esos intercambios, Washington especifica que esa orden “también proporcionará autoridad para imponer sanciones a cualquier persona que opere en esas zonas de Ucrania”. “Los Departamentos de Estado y del Tesoro darán más detalles en breve. También anunciaremos en breve otras medidas relacionadas con la flagrante violación de los compromisos internacionales de Rusia que se ha producido hoy [este lunes]”, añade el escrito.

La Casa Blanca ha especificado que esas medidas “son independientes y se sumarían a las rápidas y severas sanciones económicas”, de las que vienen hablando las autoridades estadounidenses desde hace semanas, y que, aseguran, han estado “preparando en coordinación con los aliados y socios para el caso de que Rusia se decida a invadir Ucrania”. “Seguimos consultando estrechamente con nuestros aliados y socios, incluida Ucrania, sobre los próximos pasos y sobre la actual escalada de Rusia a lo largo de la frontera”, concluye el comunicado.

Por la mañana, el Kremlin había anunciado que Putin estudiaría la petición de mayor autonomía de las autodenominadas repúblicas “ante el bombardeo masivo de su población”. “Con todo esto en mente, el presidente de Rusia dijo que tenía la intención de firmar un decreto relevante en un futuro próximo”, en referencia a un texto que avale la independencia de estos territorios. Putin ha anunciado su decisión a Macron y a Scholz por teléfono.

Luego ha ofrecido en Moscú un discurso televisado en el que ha recurrido a argumentos históricos para defender la importancia de Ucrania para Rusia. Durante su intervención de 40 minutos, Putin ha acusado a Kiev de ser una “marioneta” de Estados Unidos. Ha definido el país como un Estado fallido y ha acusado a sus dirigentes de llegar al poder gracias a un golpe, la revolución del Maidán que hace ocho años derribó a un presidente aliado del Kremlin.

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo la semana pasada que el reconocimiento que ha llegado hoy para los territorios separatistas del este del país “socavaría aún más la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, constituiría una grave violación del derecho internacional, y pondría en duda aún más el compromiso declarado de Rusia de continuar con la diplomacia para lograr una resolución pacífica de esta crisis”. También insistió en que Estados Unidos y sus aliados están preparados para una respuesta “rápida y firme”.

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La Administración de Biden también ha asegurado que dispone de “información creíble” que probaría que Rusia ha elaborado una lista de personas a las que “matar o mandar a campos [de detención] tras la ocupación militar” en Ucrania. Así se lo ha comunicado una funcionaria estadounidense en Naciones Unidas en una carta enviada a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

Por la mañana, Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, ha advertido en una entrevista televisiva que, según los datos de sus servicios de inteligencia, un ataque ruso a Ucrania sería “extremadamente violento”. El ataque, ha añadido, puede llegar en cuestión de horas. Sullivan ha explicado que Estados Unidos no espera una “guerra convencional” entre dos ejércitos, sino que Rusia buscaría “reprimir, aplastar y dañar” a la población.

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Los ataques a autoridades, empresas y figuras españolas por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, culminaron este miércoles con la petición de hacer una “pausa” en sus relaciones con España, sin terminar de concretar de qué se trataba esa pausa. Desde que llegó al poder a finales 2018, López Obrador ha hecho de las empresas españolas el blanco de críticas y acusaciones durante sus conferencias de prensa diarias, señalándolas de haber firmado contratos abusivos con administraciones pasadas y bajo conflictos de interés. No obstante, el Gobierno de México no ha llevado ningún caso o denuncia ante la justicia.

Las declaraciones de este miércoles cubrieron de incertidumbre unos 70.000 millones de dólares en inversión y miles de empleos: España es el segundo inversor más grande en México después de Estados Unidos. El BBVA es el primer banco del país, seguido por el Santander. Iberdrola y Gas Natural Fenosa generaban, hasta 2018, más del 20% de la electricidad del país. Telefónica es el segundo operador de telefonía móvil en México, con más del 20% del mercado. La Caixa tiene un 9% de participación en Inbursa, el banco del magnate Carlos Slim. Sus inversiones, junto con el de unas 170 empresas españolas más, necesitan del respaldo de las instituciones diplomáticas, coinciden los analistas.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, asiste a una recreación de «La Marcha de la Lealtad» en la Ciudad de México,Foto: ALFREDO ESTRELLA (AFP) | Vídeo: EPV

“Parece poco prudente arriesgar nuestra estabilidad diplomática con España y poner en duda sus inversiones en el país, particularmente en un momento en el que estamos intentando impulsar una recuperación económica” dice Ana Bertha Gutiérrez, encargada del análisis de Comercio Exterior y de Mercado Laboral en el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). “Este motor de la inversión es fundamental para el crecimiento económico, para la creación de empleos y, por ende, para mejorar las condiciones de vida de la población”, agrega.

El 4 de febrero, la Cámara Española de Comercio (Camescom) publicó una serie de datos que sugieren que los inversores españoles han resistido, hasta ahora, la hostil retórica de López Obrador. En los primeros nueve meses de 2021, empresas españolas habían invertido 76.000 millones de dólares, lo que representa el 12% de los flujos al país latinoamericano. “En 2020, la inversión extranjera directa (IED) global recibida por México cayó un 19%”, dice el comunicado publicado por Camescom, “sin embargo, en este periodo, la inversión procedente de España solamente disminuyó un 1%”. La disminución sí se ha visto reflejada en el número de empresas españolas que trajeron su capital al país: de las 416 registradas por la Secretaría de Economía en 2018, solo 178 quedaron el año pasado, es decir, una caída de 57%.

“México tiene, no solo un tratado de libre comercio con España, vía el tratado con la Unión Europea, sino también acuerdos de protección de inversiones con el país”, asegura Juan Carlos Baker, negociador de múltiples tratados de libre comercio para México y exfuncionario de la Secretaría de Economía. “Este tipo de cosas no abonan a la relación bilateral y de negocios entre México y España. Está muy documentado que las empresas españolas resienten el trato que se les ha dado, los señalamientos también”, dice Baker. “Me parece que [el presidente] está dejando claro que las inversiones y las operaciones de este país no son vistas con los mejores ojos, lo que es preocupante, porque lo que necesita el país es inversión, crecimiento, atraer proyectos que están buscando donde alojarse por el nearshoring y otra series de fenómenos”.

Para empresas de energía renovable, los primeros tres años del sexenio de López Obrador han sido particularmente duros. El presidente ha hecho de Iberdrola un blanco constante de ataques, criticando que el expresidente Felipe Calderón se haya unido al Consejo de Administración después de terminar su mandato. El regulador del sector, la Comisión Reguladora de Energía (CRE), ha frenado además la renovación de licencias y permisos en un intento por limitar la participación privada. El Gobierno también canceló las subastas de energía eólica y solar programadas como parte de la reforma energética.

De la mano de la empresa del Estado, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), López Obrador ha enviado varias iniciativas de ley que revertirían la reforma de su antecesor, Enrique Peña Nieto, que abrió el mercado a empresas privadas. La última iniciativa, una propuesta reforma al sector eléctrico, propone otorgarle a CFE un monopolio con el 54% del mercado, y cancelar contratos en energías renovables. La propuesta ha sido controvertida y ha encendido el aparato diplomático de EE UU, país que considera que la reforma “promueve el uso de tecnologías más sucias, anticuadas y caras sobre alternativas renovables eficientes”.

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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, posa junto a su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, este jueves en el Palacio presidencial en Ankara.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, posa junto a su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, este jueves en el Palacio presidencial en Ankara.ADEM ALTAN (AFP)

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha iniciado 2022 con una visita oficial a Turquía, desde donde este viernes se desplazó a Emiratos Árabes Unidos, en una gira que busca inversiones con el fin de diversificar la dependencia del país centroamericano de su tradicional aliado, Estados Unidos, con cuya Administración las relaciones se han deteriorado en los últimos años tras la aprobación de sanciones contra miembros del Ejecutivo salvadoreño. La agenda exterior de Bukele también incluye viajes a Rusia, España, Francia, Italia, Corea del Sur y Singapur a lo largo del año.

“Históricamente, hemos sido un país unipolar, solo hemos mirado hacia Estados Unidos, pero también es importante para El Salvador mirar hacia otros lugares, uno de esos lugares es Turquía”, dijo el presidente salvadoreño este jueves durante una rueda de prensa junto al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, con quien firmó seis acuerdos de cooperación bilateral en los sectores de economía, comercio, defensa, diplomacia y educación.

Además, durante su visita de casi una semana a Estambul y Ankara, Bukele y la delegación ministerial que lo acompañó mantuvieron encuentros con empresarios turcos. “Tenemos avanzadas conversaciones y proyectos de inversión de empresas turcas en los puertos de El Salvador”, anunció el presidente salvadoreño. También se ha tratado la posibilidad de inversión e intercambio comercial en el sector turístico y de energía (con la construcción de una planta geotérmica), y la posibilidad de venta de drones armados o incluso, aventuró Bukele, el “lanzamiento del primer satélite salvadoreño, con tecnología turca”. Bukele mostró su admiración por el desarrollo de la economía turca (estimado en un 10% para 2021, pese a sus crecientes problemas de inflación y depreciación de la moneda) y dijo que quiere que su país “sea parte de este crecimiento” de Turquía, que “en unos años será una potencia muy grande”.

Erdogan, por su parte, prometió devolver la visita oficial y abrir una legación diplomática en San Salvador, para acompañar las inversiones turcas y ayudar a convertir el país “en un centro logístico regional”. El Salvador instaló su embajada en Ankara el año pasado y prevé ampliar el número de representantes diplomáticos, según informó la canciller, Alexandra Hill, en un acto junto a su homólogo turco.

Turquía ha incrementado sus relaciones con Latinoamérica en los últimos años con la apertura de casi una veintena de embajadas, el establecimiento de conexiones aéreas y, cada vez más, gracias a la penetración de las populares telenovelas turcas. Hasta noviembre de 2021, el comercio bilateral con la región alcanzó los 12.800 millones de dólares, un tercio más que en todo 2020. Turquía mantiene acuerdos de libre comercio con Chile y Venezuela y está en negociaciones con Ecuador, Colombia, México y Perú, así como con Mercosur y la Alianza del Pacífico.

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El Salvador es todavía una pequeña gota en esta relación comercial: pese a que en el último año el volumen casi se dobló, llega únicamente a los 50 millones de dólares (unos 44 millones de euros). Si bien tras los acuerdos firmados se espera que alcance los 500 millones de dólares (cerca de 440 millones de euros) en los próximos cinco años, es decir, el equivalente a un 2% del actual PIB salvadoreño. Con todo, EE UU sigue siendo el principal socio comercial de El Salvador, pues es el destino del 40% de sus exportaciones y origen del 30 % de sus importaciones.

La visita de Bukele a Turquía ha despertado gran expectación no solo por sus orígenes familiares (sus antepasados emigraron a El Salvador desde la entonces Palestina otomana), sino también por su acérrima defensa del Bitcoin. Las criptomonedas han hecho furor en Turquía pues muchos turcos invierten en ellas para proteger sus ahorros de la pérdida de valor que ha sufrido la lira, más de un 45% en el último año. Con todo, no ha trascendido si ambos líderes trataron el tema, ya que mientras el salvadoreño ha convertido el bitcoin en moneda de curso legal en su país, Erdogan prepara una ley que restrinja y controle el uso de criptomonedas.

No obstante, la visita de Bukele también ha sido criticada por la oposición salvadoreña pues las organizaciones de derechos humanos ―y la propia oposición turca―consideran que Erdogan ha impuesto un régimen autoritario. Asociaciones de defensa de la libertad de prensa también señalan que Turquía es uno de los países del mundo, junto a China, que más periodistas mantiene en la cárcel.

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