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La luna de miel que mantenían las violentas pandillas de El Salvador con Nayib Bukele ha saltado por los aires en las últimas horas con el asesinato de 76 personas en tan solo dos días. A los 14 muertos del viernes se suman los 62 de este sábado, en lo que supone el día más violento en la historia reciente del país desde el fin de la guerra civil, de acuerdo a cifras oficiales.

La respuesta de Bukele no tardó en llegar y, a medida que se conocía la cifra de muertos, el Congreso de El Salvador decretó la madrugada de este domingo un régimen de excepción con la intención de frenar un “incremento desmedido” de los asesinatos, que ha puesto en jaque la estrategia gubernamental.

Al mismo tiempo, Bukele exigió que “dejen hacer su trabajo” a militares y policías para actuar con contundencia contra los pandilleros. “Deben dejar que los agentes y los soldados hagan su trabajo y deben defenderlos de las acusaciones de quienes protegen a los pandilleros”, escribió.

Para la aprobación de sus nuevos poderes por la vía rápida, el mandatario invocó el artículo 29 de la Constitución que contempla la suspensión de garantías constitucionales en caso de “guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general, o de graves perturbaciones del orden público”.

El estado de excepción, que inicialmente durará 30 días, permite a Bukele restringir la libertad de entrada y salida del país, la libertad de expresión, la inviolabilidad de la correspondencia o la prohibición de la intervención de telecomunicaciones sin orden judicial. También quedó suspendida la libertad de asociación y el derecho a ser informado de las razones de un arresto y se extendió el plazo de detención a 15 días, cuando el tiempo habitual es de 72 horas.

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La medida, aprobada por 67 diputados de un total de 84, fue un mero trámite para Bukele que ya ejerce con puño de hierro el poder en el Congreso, donde su partido tiene 64 congresistas. Antes de pedir el estado de excepción, Bukele lanzó una amenaza a los jueces que tengan la tentación de atender posibles violaciones a los derechos humanos de la fuerza pública: “estaremos pendientes de los jueces que favorezcan delincuentes”, escribió en Twitter.

Hasta este sangriento fin de semana, el gobierno de Bukele y las tres pandillas salvadoreñas, MS13, La 18 y 18-R, con un ‘ejército’ de casi 70.000 personas dedicadas a la extorsión y el homicidio a lo largo de todo el país, mantenía un pacto secreto con el Gobierno que permitió reducir hasta niveles nunca vistos antes la violencia en El Salvador. El acuerdo concedía privilegios carcelarios y frenar la extradición de los líderes, entre otros beneficios, a cambio de terminar con los homicidios. El pacto, negado insistentemente por Bukele, pero revelado por el periódico El Faro y confirmado por Estados Unidos, le ha permitido hasta ahora gobernar con altas tasas de popularidad gracias, entre otras cosas, a la seguridad lograda en las calles. Los expertos tratan de averiguar ahora qué falló o qué acuerdos se incumplieron para que las pandillas hayan reaccionado de esta forma. La matanza de este finde semana incluyó también un claro mensaje al mandatario donde más le duele, ya que uno de los cuerpos fue abandonado en Surf City, un complejo turístico cercano a la capital con el que Bukele se exhibe al mundo como el Presidente cool de un país que opera en Bitcoin.

Nayib Bukele, que llegó al poder en junio de 2019, atribuye la pacificación del país a su ‘Plan de control territorial’, un programa de seguridad que implica el despliegue del Ejército en las calles y que ha logrado reducir drásticamente la tasa de homicidios pasando de diez muertos diarios a tres, lo que ha permitido a El Salvador salir del listado de naciones más violentas del mundo. Esas cifras saltaron por los aires este fin de semana al sumar diez muertos el viernes y más de 60 el sábado, algunos de ellos elegidos al azar. Según una fuente de seguridad citada por La Prensa Gráfica y que prefirió hablar en condición de anonimato, entre los muertos de este fin de semana “Hay víctimas elegidas al azar. Un señor que estaba haciendo agujeros en la calle y sin mediar palabra lo mataron. Un vendedor de fruta, un panadero, el cliente de un taller. Es un mensaje claro al Gobierno. Ellos, las pandillas, quieren algo y, al parecer, el Gobierno no se lo ha dado”, dijo. Hasta el momento, las autoridades no han dado las razones que esconden el incremento, pero las cifras del fin de semana no dejan lugar a la duda de que el mensaje está lanzado.

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El opositor ruso Alexéi Navalni pasará más años en la cárcel. Un tribunal de Moscú le ha declarado este martes culpable de fraude a gran escala y de falta de respeto a la justicia. La Fiscalía ha solicitado hasta 13 años de prisión para el activista. La sentencia se conocerá más adelante. “Navalni cometió un fraude al robar bienes ajenos mediante engaño y abuso de confianza”, ha asegurado la jueza Margarita Kotova en el veredicto al que ha tenido acceso la agencia de noticias Interfax.

El opositor cumplía actualmente otra condena de dos años y ocho meses de prisión en una cárcel de máxima seguridad por el caso Yves Rocher, cuyo juicio fue considerado “parcial y arbitrario” por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ahora, cuatro denunciantes le habían acusado de enriquecerse con los fondos de su Plataforma contra la Corrupción, a lo que se sumó otro cargo por calumnias contra una jueza durante un proceso anterior.

En un primer momento, la Fiscalía acusó al opositor, a su exjefe de campaña, Leonid Volkov, y al exdirector de la Plataforma contra la Corrupción, Román Rubánov, de haber desviado unos 356 millones de rublos (3,1 millones de euros al devaluado cambio actual) “a fines personales” provenientes de la recaudación de su campaña electoral de 2018 y otras acciones.

Sin embargo, el juicio se limitó finalmente a 2,7 millones de rublos (23.000 euros) entregados por cuatro de sus más de 300.000 donantes. En su defensa, Navalni señaló que podría haber sido una trampa por las grandes sumas de dinero aportadas por un mecánico y dos empresarios sometidos a procesos penales.

A estas acusaciones de fraude se sumaron otras dos más por ofensas a una juez, a una fiscal y a un testigo durante una de sus audiencias judiciales de 2021. Navalni fue arrestado el 17 de enero de aquel año por no haberse presentado a las revisiones judiciales de su libertad condicional por el caso Yves Rocher debido a que había estado en coma en una clínica en Berlín, a donde fue trasladado tras haber sido envenenado con Novichok en agosto del año anterior.

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El uso de esta sustancia contra el activista fue confirmado por la investigación de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas de la ONU. Para su desarrollo se necesitan laboratorios muy avanzados, y un análisis de Bellingcat, The Insider y varios medios más denunció que Navalni había sido seguido en varias ocasiones por el Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB), incluido el viaje en el que cayó en coma. El presidente ruso, Vladímir Putin, justificó su seguimiento meses después aduciendo que trabajaba para intereses extranjeros.

Este nuevo juicio contra Navalni ha tenido lugar en la cárcel de Pokrov, situada en la región de Vladímir y a unos 100 kilómetros al este de Moscú. Los jueces se trasladaron hasta este recinto, donde el activista permanece encarcelado desde que fue detenido, algo que resaltó Navalni durante su defensa. “Nunca en la historia de todos los juzgados de la Federación de Rusia, y creo que incluso en toda la historia de los juicios de la Unión Soviética, se reunió el tribunal en otro territorio, y mucho menos en una cárcel”, dijo Navalni.

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El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, participa en un congreso religioso que declaró a Guatemala "Capital Provida de Iberoamérica", el 9 de marzo en Ciudad de Guatemala.
El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, participa en un congreso religioso que declaró a Guatemala «Capital Provida de Iberoamérica», el 9 de marzo en Ciudad de Guatemala.Esteban Biba (EFE)

Ana Lanz se muestra alarmada y temerosa después de que el Congreso de Guatemala aprobara un paquetazo legislativo que castiga con penas más severas el aborto, prohíbe la educación sexual en las escuelas y echa llave a cualquier iniciativa que incentive el matrimonio igualitario. Esta activista guatemalteca, presidenta de Visibles —una organización que promueve los derechos de la comunidad LGBTI—, describe como peligrosa la nueva legislación, en un país donde hasta octubre pasado se registraron 28 crímenes de odio contra personas sexualmente diversas y sigue siendo uno de los más violentos para las mujeres. “Es una ley intencionalmente violenta, que se aprueba en el marco del Día Internacional de la Mujer, lo que envía un mensaje claro desde el Gobierno. Es una ley de odio, de retroceso de derechos humanos”, afirma, indignada, Lanz. Desde las iglesias cristianas, firmes promotoras del nuevo decreto legislativo, han hecho manifestaciones de júbilo y han declarado a este país centroamericano como “Capital Iberoamericana Provida”.

Han sido semanas intensas para las organizaciones que defienden los derechos humanos en Guatemala e intentan frenar la deriva reaccionaria del Gobierno que lidera el conservador Alejandro Giammattei. Estos organismos civiles califican de “talibana” la nueva legislación, porque violenta los derechos de las mujeres y borra de un plumazo el reconocimiento del Estado a personas sexualmente diversas, que desde el texto legislativo son consideradas “grupos minoritarios incongruentes con la moral cristiana”. La ley también golpea con fuerza al Estado laico, al darle un enorme altavoz al mensaje de las religiones cristianas pentecostales, que han avanzado como un tsunami con su prédicas conservadoras en la mayoría de los países centroamericanos. Algunos de estos movimientos satanizan a la mujer, como ocurrió en una comunidad rural de Nicaragua, donde una joven de 26 años fue quemada en una hoguera después de que el pastor del poblado afirmara que estaba “poseída por el demonio”.

“Desde la comunidad [LGBTI] hemos visto como otros países de Latinoamérica, como Colombia y Chile, avanzan con legislaciones que promueven derechos para las mujeres y parejas del mismo sexo. Es una burla para nuestra comunidad que en pleno siglo XXI el Congreso de Guatemala apruebe este decreto legislativo. Es una ley intencionalmente violenta, que nos niega recuperar la autonomía de nuestros cuerpos, el derecho de vivir en libertad e incita al odio”, afirma Lanz.

La arremetida contra los derechos de mujeres y comunidad LGBTI ha encontrado un firme impulsor en el presidente Giammattei, quien participó en un congreso cristiano organizado en la sede del Gobierno, en el que afirmó que “hará todo lo posible por respetar la vida desde su concepción”. El mandatario dijo en el evento que se trataba de un “día especial” para Guatemala. “¿Qué pasaría si nos uniéramos? Hoy este evento es una invitación a unirnos en proteger la vida desde su concepción hasta la muerte natural en sus cinco etapas”, dijo el mandatario. “Mientras en otros países ahorita se están tirando bombas, nosotros aquí le decimos sí a la vida, alto a la guerra, sí a la paz”, agregó en referencia a la ofensiva rusa contra Ucrania.

Giammattei celebraba de esta manera un triunfo legislativo que sella su política conservadora. La ley, que aumenta hasta diez años las penas de cárcel por abortar, fue aprobada por 102 votos, principalmente de la bancada oficialista, Vamos, y sus aliados. En la actualidad, en Guatemala solo está permitido el aborto terapéutico —cuando la vida de la madre está en peligro—. El hecho de que solo ocho congresistas votaran en contra del decreto legislativo da una idea del retroceso que sufre este país, donde además son perseguidos activistas de derechos humanos, fiscales y jueces que encaran la corrupción e impunidad, dos de los cánceres que carcomen a Guatemala. El Procurador de los Derechos Humanos guatemalteco, Jordán Rodas, ha instado al Gobierno a vetar el decreto que considera que viola los derechos humanos y “contraviene lo establecido en leyes y convenciones internacionales aprobadas por el Estado de Guatemala”.

Por su parte, la activista Lanz insiste en que el decreto añade tensión a la comunidad LGBTI. “Se han activado todas las alarmas y también los miedos que tenemos porque históricamente hemos sido rechazados”, afirma. “Es preocupante que desde el Estado se nos etiquete como amenaza y peligro para la paz. Estas narrativas promueven la violencia y crímenes de odio hacia nosotras y principalmente contra las mujeres trans”, agrega.

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Los organismos que defienden los derechos humanos en el país centroamericano se movilizan para intentar frenar el último paso para que la ley entre en vigencia, que es el visto bueno de la Corte Constitucional. Tienen pocas esperanzas, porque tachan a los jueces de “corruptos” y de bailar al son que se toca desde la Presidencia. “Vamos a presentar un amparo y una iniciativa por inconstitucionalidad”, dice Lanz, quien además informa que se organizan movilizaciones desde las redes sociales para manifestarse contra la legislación. Si el proceso legal falla en Guatemala, estas organizaciones llevarán el caso a instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “La lucha no termina, aquí nadie se cansa”, dice Lanz. “No podemos permitirle al Estado que legisle sobre nuestros cuerpos e identidades en nombre de Dios y la familia tradicional. Las familias diversas existimos, quiera o no verlas el Gobierno. Siempre hemos resistido, aunque el Estado trate de invisibilizarlos”, concluye la activista.

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De izquierda a derecha, Alexander Kueng, Thomas Lane y Tou Thao, en un combinado de sus fotos policiales.
De izquierda a derecha, Alexander Kueng, Thomas Lane y Tou Thao, en un combinado de sus fotos policiales.AP

Tras 13 horas de deliberaciones durante los dos días en los que se juntó para debatir, un jurado federal de Saint Paul (Minnesota) ha encontrado culpables a los agentes de policía Tou Thao, de 36 años, Alexander Kueng, 28, y Thomas Lane, 38, de haber violado los derechos constitucionales de George Floyd al no haberle brindado atención médica cuando llegó a decir hasta 25 veces que no podía respirar como consecuencia de la presión que ejercía sobre su cuello el agente Derek Chauvin. Además, los oficiales Kueng y Lane han sido declarados culpables de no haber intervenido para que Chauvin dejara de agredir al afroamericano.

Los tres policías eran juzgados desde hace un mes por un tribunal federal en Saint Paul y el pasado martes comenzaron los alegatos finales. El miércoles y este jueves se llevaron a cabo las deliberaciones del jurado. Cinco hombres y siete mujeres han escuchado los alegatos a favor y en contra de los tres expolicías, quienes fueron despedidos en 2020 poco después de que se hiciera público el vídeo que una joven grabó de la brutal muerte sufrida por George Floyd. Excepto Thao, quien contaba con ocho años de experiencia, los otros dos policías eran novatos que llevaban pocos días en el cuerpo.

“Es su deber determinar los hechos y luego aplicar la ley”, dijo el miércoles el juez Paul Magnuson al jurado, según relata la agencia France Presse. “No dejen que su compasión o sus prejuicios les influencien”, agregó. Chauvin, quien durante nueve minutos y 29 segundos sometió a una muerte lenta por asfixia a Floyd el 25 de mayo de 2020, fue declarado culpable de homicidio en junio del año pasado y condenado a 22 años y medio de prisión. El juez Magnuson ha permitido que los tres exagentes de policía sigan libres bajo fianza hasta que se dicte sentencia, que todavía no tiene fecha fijada.

Kueng presionaba la espalda de Floyd y Lane le inmovilizaba las piernas mientras Thao mantenía a distancia a los transeúntes. A través de los vídeos del público y las cámaras corporales de vigilancia de la policía se supo durante el juicio que Lane preguntó: “Deberíamos ponerlo de lado?”. Chauvin respondió negativamente. Lane volvió a insistir y Kueng fue quien comprobó el pulso de Floyd. En ningún momento intentaron socorrer al afroamericano de 46 años o realizarle una maniobra de recuperación. Los agentes llamaron a una ambulancia, cuyo equipo médico trasladó el cuerpo inerte de Floyd a un hospital donde fue declarado muerto.

Estos veredictos de culpabilidad suponen una importante victoria para el Departamento de Justicia, que bajo la administración de Biden se comprometió a ejercer mano dura en los juicios de las violaciones de los derechos civiles. La noticia de la culpabilidad llega días después de que fiscales federales lograran condenas por delitos de odio contra tres hombres blancos en Georgia por el asesinato de Ahmaud Arbery, un hombre negro a quien persiguieron y mataron.

El pasado mes de diciembre, Chauvin se declaraba culpable de los cargos federales que pesaban en su contra por violación de los derechos civiles de Floyd. Fue esta la primera vez que el exagente admitió su culpabilidad en la muerte del afroamericano. El caso reavivó el movimiento Black Lives Matter y desató protestas en todo el país contra los abusos policiales en Estados Unidos contra la población negra.

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El presidente de Argentina, Alberto Fernández, se ha sentado este martes ante un juez. No como acusado, sino como testigo. Lo hizo en forma presencial, cuando pudo hacerlo por escrito. Durante dos horas y media, defendió a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner de las acusaciones de corrupción que enfrenta. Habló como exjefe de Gabinete entre 2003 y 2008, parte del período en que se produjeron los presuntos delitos investigados: un desvío discrecional de fondos de obra pública a favor de Lázaro Báez, un empresario ligado al kirchnerismo que en pocos años pasó de ser un ignoto cajero de banco a multimillonario.

Báez cumple en la cárcel una condena de 12 años por lavado de dinero. En marzo de 2021, la justicia argentina lo encontró culpable de blanquear activos por 60 millones de dólares entre 2010 y 2013, cuando su nombre figuraba entre los contratistas del Estado preferidos por el kirchnerismo. Báez era en aquel tiempo dueño de Austral Construcción, una empresa con sede en Santa Cruz, la provincia patagónica que fue bastión político de los Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner es ahora investigada en una causa paralela por supuestamente beneficiar a Báez con contratos millonarios a cambio de sobornos. Las acusaciones se basan en una auditoría encargada por el Gobierno de Mauricio Macri, referidas a 51 obras públicas de seguridad vial. Austral se encargó del 82% de las licitaciones en Santa Cruz durante la Presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007) y percibió en total más de 4.000 millones de pesos (equivalente a unos 300 millones de dólares al cambio monetario de 2015, cuando Cristina Kirchner entregó el poder a Macri).

La defensa de Cristina Kirchner pidió que declarasen todos sus exjefes de Gabinete para que explicasen al juez cómo se resuelve el reparto de fondos para obras de infraestructura. Alberto Fernández estaba entonces alejado de Kirchner y la criticaba con crudeza en los canales de televisión. Luego se amigaron, Fernández fue candidato y ganó la presidencia. Las idas y vueltas de la política argentina terminaron en un hecho sin precedentes: un presidente en funciones declaró como testigo presencial a pedido de su vicepresidenta.

Fernández llegó a los tribunales federales antes de las 10 de la mañana. Contestó una a una las preguntas del juez y discutió con el fiscal, responsable de la acusación. Dijo que al empresario Báez lo había visto una sola vez en su vida “en el parque de la casa de [el expresidente] Néstor Kirchner”. Aclaró que no hay una norma que diga cómo deben repartirse los fondos nacionales para obras de infraestructura en las provincias, pero negó que se trate de una decisión arbitraria del presidente.

“Lo que están discutiendo son decisiones políticas no judiciables, y esas decisiones presupuestarias de ningún modo pueden ser arbitrarias”, dijo. Explicó entonces que el presidente, cualquiera sea, no está al tanto de los contratos, sino apenas de una versión general del presupuesto. “No se tiene en cuenta cómo funciona la aprobación de un presupuesto, no es decisión de un presidente decidir dónde se gasta la plata. Eso va al Congreso y se genera un debate enorme dentro del Congreso, porque cada diputado y senador pelea para llevar recursos a sus provincias”, dijo Fernández. “Definitivamente, no”, respondió cuando el abogado de la defensa le preguntó si Cristina Kirchner integraba una asociación ilícita para favorecer a Báez, como sostiene la querella.

Cuando Cristina Kirchner se convirtió en vicepresidenta en diciembre de 2019 enfrentaba 10 investigaciones por presunta corrupción. Desde entonces, las causas cayeron una a una, ya sea por falta de pruebas, ausencia de delito o problemas de procedimiento. Solo el expediente de la obra pública sigue en pie. El 21 de mayo de 2019 iniciaron las audiencias presenciales y Cristina Kirchner se sentó en el banquillo. El país estaba en pleno proceso electoral y el kirchnerismo acusaba a Macri de presionar en los tribunales para sacarla de la carrera política. El juicio siguió su curso y está ahora en la etapa final de la ronda de testigos. Restan los alegatos de los abogados y el veredicto. La sentencia final no tiene fecha.

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La expresidenta boliviana Jeanine Áñez tras declarar ante fiscales en La Paz, el 13 de marzo de 2021.
La expresidenta boliviana Jeanine Áñez tras declarar ante fiscales en La Paz, el 13 de marzo de 2021.Juan Karita (AP)

Un día antes de que comience un controvertido juicio por su ascenso al poder el 12 de noviembre de 2019, la expresidenta boliviana Jeanine Áñez se declaró en huelga de hambre mediante una carta que su hija leyó a la prensa. Áñez está acusada de haber actuado contra la Constitución e incumplido sus deberes como senadora cuando se proclamó presidenta de Bolivia dos días después de la renuncia de Evo Morales y puede ser condenada hasta con 12 años de prisión. La exmandataria, que según sus médicos sufre depresión y otras dolencias, escribió que su “acción podrá ayudar a que la comunidad internacional entienda que [el sistema de] justicia es de Evo Morales y [del presidente] Luis Arce”.

Su defensa alega que los fiscales y jueces están parcializados en su contra por razones políticas y que han incumplido las garantías legales a las que Áñez tenía derecho, en particular la de ser procesada por la Asamblea Legislativa por su condición de exgobernante. El oficialismo no cuenta con la mayoría que necesita para eso, que es de dos tercios de los votos parlamentarios. El Gobierno de Arce asegura que el proceso cumple la ley, porque se realiza en torno a las decisiones que Añez supuestamente tomó para asumir la presidencia y, por tanto, cuando todavía no ocupaba esta investidura.

Luego de la renuncia de Morales, en la tarde del 10 de noviembre de 2019, una serie de renuncias públicas de las autoridades parlamentarias del derrocado Movimiento al Socialismo (MAS) pusieron a Áñez, que estaba al borde de la jubilación pero era la segunda vicepresidenta del Senado, en el centro de la política nacional. Parte de la oposición a Morales consideraba que la presidencia transitoria le debía corresponder a ella, así que hizo una gestión ante el Tribunal Constitucional para validar su asunción. Este emitió un comunicado de prensa en el que se señalaba que toda sucesión presidencial se debía dar de forma inmediata y automática (“ipso facto”) para evitar un vacío de poder, pero sin señalar si la sucesora debía ser la entonces senadora o alguien más.

Amparada en esta declaración y en la efervescencia de las multitudes contrarias a Morales, Áñez se proclamó presidenta cuando vio que el MAS no concedía el quorum necesario para que el asunto se considerara en el Legislativo. Antes de eso, exhortó a las Fuerzas Armadas a patrullar las calles, en un contexto de fuertes protestas en contra de la policía, que los días previos había protagonizado un motín para provocar la caída de Morales. Estos son los actos por los que ahora será juzgada junto con ocho exjefes militares y policiales. En el tiempo transcurrido desde entonces, el Tribunal Constitucional se retractó de su comunicado de prensa, que ahora considera sin valor legal. Y los principales políticos de la oposición señalaron que en las reuniones que tuvieron en esos días –que son objeto de otro proceso paralelo– recomendaron que fuera el Parlamento el que posesionara a Áñez, lo que no sucedió.

La expresidenta considera que está condenada de antemano y por eso quiere darle un significado político a su “sacrificio”. “Estoy enferma, pero mis últimas fuerzas las utilizaré para demostrar a Bolivia y el mundo que estos machos del poder no podrán borrar de la historia que cometieron fraude. Que fueron encontrados y renunciaron escapando del país”. Las protestas contra Morales comenzaron luego de que el Tribunal Electoral declarara a este ganador de las elecciones de octubre de 2019 y el candidato antagonista, el expresidente Carlos Mesa, denunciara un “fraude monumental”.

La gestión de Áñez duró menos de un año y estuvo tachonada de problemas de corrupción y violación de los derechos humanos. El hombre fuerte de este Gobierno fue el ministro Arturo Murillo, actualmente preso en Miami por lavado de dinero. Según un grupo de expertos independientes reunidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, algo menos de 40 personas murieron en masacres, ejecuciones sumarias y torturas policiales. Estos delitos no están siendo procesados porque el MAS no cuenta con la mayoría parlamentaria para enjuiciar a una presidente por actos que claramente haya realizado en esa condición. Según los analistas y la oposición, el juicio actual, que es por delitos relativamente menores, pretende subsanar la imposibilidad de realizar un juicio parlamentario, por lo menos en el corto plazo.

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Un grupo de 21 expresidentes hispanoamericanos de derecha, miembros de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, se pronunciaron sobre el caso. “La expresidenta Áñez tiene derecho a gozar de un juicio en libertad, del debido proceso y de una tutela judicial efectiva”, señala su comunicado. Varios organismos de derechos humanos desconfían de la independencia de los jueces bolivianos respecto al aparato gubernamental, tanto si se trata de procesar a políticos de derecha, ahora, o de izquierda en el periodo entre 2019 y 2020. Tanto simpatizantes de la expresidenta como las organizaciones de víctimas de la represión en su gobierno planean manifestarse en contra y a favor de la condena de Jeanine Áñez.

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Una manifestación de camioneros bloque una calle de Toronto, este domingo.
Una manifestación de camioneros bloque una calle de Toronto, este domingo.COLE BURSTON (AFP)

La ciudad canadiense de Ottawa fue escenario de nuevo este fin de semana de las protestas por parte de camioneros que se oponen a la vacunación obligatoria para trayectos transfronterizos. Las concentraciones convocaron también a distintos grupos que critican otras medidas sanitarias impuestas en la pandemia. Muchos de estos manifestantes, que forman parte de la denominada Caravana de la libertad, han permanecido en el centro de la capital de Canadá, paralizando en gran medida el centro. El alcalde de Ottawa, Jim Watson, manifestó este domingo que la ciudad se encontraba “fuera de control” y declaró el estado de emergencia. “Claramente, nos superan en número y estamos perdiendo esta batalla”, dijo Watson. “Esto tiene que revertirse, tenemos que recuperar nuestra ciudad”. Protestas con los mismos mensajes contra las restricciones del Gobierno de Justin Trudeau tuvieron lugar en distintas capitales de las provincias, ya que varias de las restricciones corresponden a competencias de índole provincial.

Canadá impuso la vacunación obligatoria desde el 15 de enero para los camioneros transfronterizos. Estados Unidos puso en marcha la misma disposición el 22 de enero. Centenares de conductores del oeste canadiense condujeron miles de kilómetros a Ottawa para protestar. Otras unidades procedentes de Ontario, Quebec y Nueva Escocia se sumaron, al igual que grupos que exigen el fin de distintas medidas, tales como el pasaporte de vacunación y el estado de urgencia sanitaria. De acuerdo a la policía de la capital de Canadá, la manifestación convocó el pasado fin de semana a más de 10.000 personas. La Alianza canadiense de camiones, que se ha opuesto al convoy de inconformes, ha estimado que más del 85% de los conductores que cruzan a suelo estadounidense están vacunados.

La policía de Ottawa indicó que unos 250 camiones llevan más de nueve días aparcados en zonas céntricas, provocando molestias por sus constantes ruidos de bocinas y alterando las actividades cotidianas. Jean-Yves Duclos, ministro federal de Salud, y Peter Sloly, jefe de la policía de la capital federal, han señalado que ya no se puede hablar de manifestación, sino de ocupación. Unas 5.000 personas participaron en las manifestaciones este fin de semana en la ciudad.

Sloly afirmó este miércoles que las tareas serían complicadas sin ayuda suplementaria, dejando abierta la opción de solicitar el apoyo de los militares. Un día después, Trudeau, primer ministro canadiense, declaró que no contemplaba por el momento dicha medida, aseverando que las fuerzas policiales cuentan con los recursos para hacer frente a la situación. Elementos de la Real Policía Montada de Canadá llegaron a la urbe para reforzar el operativo de seguridad. “Ya es tiempo de que los manifestantes regresen a sus casas”, señaló Trudeau, subrayando que este asunto está provocando muchas molestias a la gente de Ottawa. “Es inaceptable”, añadió. El premier canadiense ha dicho que la suspensión de la vacunación obligatoria para los camioneros está fuera de toda discusión.

En la ciudad de Quebec, una caravana formada, según datos de la policía, por unos 200 vehículos se instaló cerca de la Asamblea provincial; el cuerpo policial indicó que la protesta convocó a “miles de personas”. El primer ministro François Legault de Quebec dio marcha atrás el 1 de febrero a presentar un proyecto de ley para que los no vacunados pagaran un impuesto por los gastos médicos que generan. Legault explicó que había tomado la decisión para “preservar la paz social” y “evitar divisiones entre los quebequeses”, pero que las protestas en Ottawa no tuvieron que ver con el abandono de la iniciativa.

En Toronto, la policía prohibió el paso a vehículos de transporte y manifestantes a unos 200 metros de la sede de la Legislatura provincial. Varias arterias del centro estuvieron cerradas al tráfico para garantizar el acceso a cinco hospitales cercanos. Winnipeg (Manitoba), Regina (Saskatchewan) y Victoria (Columbia Británica) fueron también escenario de protestas considerables. En la provincia de Alberta, la circulación en el cruce fronterizo cercano a la población de Coutts (en los límites con Montana) ha sido perturbada desde hace varios días por un grupo de camioneros.

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Una campaña en GoFundMe recaudó 10 millones de dólares canadienses (unos 7,8 millones estadounidenses) para apoyar a los camioneros en sus gastos de alimentación, combustible y alojamiento. La plataforma había bloqueado los fondos el 25 de enero, señalando que debía presentarse un plan detallado sobre la forma de distribuirlos. Tres días después descongeló un millón de dólares para combustible. Sin embargo, este viernes efectuó el retiro definitivo de la campaña, señalando que las molestias a los residentes de Ottawa y otros actos contravienen a sus políticas. GoFundMe indicó que reembolsará a los donantes. Los organizadores de la Caravana de la libertad anunciaron la apertura de una campaña de recaudación en otra plataforma; ya supera el millón de dólares.

Candice Bergen, líder interina del Partido Conservador de Canadá, pidió este viernes a los camioneros seguir manifestándose de forma pacífica y denunciar todo acto de violencia, odio o racismo, aunque no exhortó a los choferes a abandonar la capital federal. Unos días antes, el diario The Globe and Mail publicó un correo de Bergen dirigido a parlamentarios de su agrupación donde señalaba: “Tenemos que convertir esto en un problema del primer ministro”. Por su parte, Donald Trump, ex presidente de Estados Unidos, volvió a hacer referencia a las manifestaciones de los transportistas canadienses. En un comunicado, Trump expresó que los camioneros protestan “contra las duras políticas del lunático de extrema izquierda Justin Trudeau”.

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Fallo de la Corte Suprema declara que no habrá detenciones por infringir el toque de queda

Lo anterior se cumplirá siempre y cuando no represente un peligro real para la salud pública, como por ejemplo las aglomeraciones o fiestas clandestinas.

24Horas.cl Tvn

11.05.2021

Un fallo de la Corte Suprema obligó al Ministerio Público a modificar su criterio por infracciones al artículo 318 del Código Penal, es decir, una persona no podrá ser detenida en caso de circular en horario de toque de queda y sin su respectivo salvo conducto.

Sin embargo, lo anterior se cumplirá siempre y cuando no represente un peligro real para la salud pública, como por ejemplo las aglomeraciones o fiestas clandestinas.

De acuerdo a lo señalado por el exfiscal del Ministerio Público, Carlos Gajardo, aquellos casos que estén actualmente en tramitación se deben sobreseer.

«Dichas situaciones no pueden ser consideradas constitutivas de delito, no debieran proceder en la detención y los casos que estén actualmente en tramitación en la fiscalía, deberán sobreseer o solicitar una facultad de no iniciar la investigación», indicó.

Por su parte, el académico de la Universidad Diego Portales y director de Espacio Público, Mauricio Duce, manifestó que «no tienen ningún sentido gastar los escasos recursos policiales en detener a personas que simplemente están cometiendo una falta administrativa».

Asimismo, agregó que «hace sentido focalizar estos recursos en infracciones graves», tales como las denominadas fiestas clandetinas.

Mediante un correo electrónico, el Fiscal Nacional notificó al General Director de Carabineros el cambio de criterios para la persecución del artículo 318.

De esta forma, Carabineros solo podrá detener a una persona que ponga en auténtico peligro a la salud pública y, en caso de no ser un riesgo, los funcionarios policiales tendrán la facultad de reunir antecedentes para el sumario sanitario, consignar reincidencias y remitir oficios a la Seremi de Salud.



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