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El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha sido más virulento que nunca en su intento de aglutinar y movilizar a sus compatriotas en su cruzada contra Occidente. En un discurso ante los principales dirigentes federales y regionales de Rusia (la pirámide de poder del régimen), el jefe del Estado reiteró el miércoles con renovada pasión sus ideas sobre la verdadera e incuestionable soberanía rusa.

Putin se acaloró especialmente al criticar a la “quinta columna” de Occidente en Rusia, es decir, a los rusos que “se encuentran mentalmente” en Occidente. “No juzgo a los que tienen una villa en Miami o en la Riviera francesa, a los que no pueden pasarse sin foie-gras, ostras o las llamadas libertades de género”, afirmó. “El problema no está en esto (…), sino en que muchas de estas gentes se encuentran de hecho mentalmente allí [en Occidente], y no aquí con nuestro pueblo, no en Rusia”, precisó el jefe del Estado, para pasar de nuevo al ataque. Quienes mantienen esta orientación mental, explicó, la consideran como “una señal de pertenencia a la casta superior, a la raza superior”.

“Esta gente está dispuesta a vender a su madre, con tal de que les dejen estar sentados en la antesala de esta misma casta superior”, dijo con desprecio. Y continuó: “Quieren ser necesarios para ella, imitándola en todo. Pero se olvidan o no se acuerdan de que, si la llamada casta superior los necesita, es tan solo como material desechable, para usarlos para infligir el máximo daño a nuestro pueblo”. “Pero cualquier pueblo, y más aún el pueblo ruso, siempre podrá distinguir a los verdaderos patriotas de la escoria y los traidores, y simplemente escupirlos como a un mosquito que accidentalmente voló a sus bocas, escupirlos en el panel. Estoy convencido de que una autodepuración tan natural y necesaria de la sociedad solo fortalecerá a nuestro país, nuestra solidaridad, cohesión y disposición para responder a cualquier desafío”.

El discurso, en el que Putin se reafirmó en sus posiciones quizá más que nunca en público, indica que el jefe del Estado ruso no cejará en su intento de que el pueblo ruso se movilice en torno a sus ideas a cualquier precio. Las clases de Historia obligatoria en las instituciones de educación superior, las amonestaciones a las universidades de corte liberal abiertas al mundo, el arresto o despido de sus dirigentes académicos y también las cartas de adhesión de los directores de diversas universidades al estilo de la época soviética son parte del programa de Putin, quien parece dispuesto a sacar dinero de la nada para repartirlo entre todos los sectores que se han visto afectados por las sanciones occidentales.

Al reiterar sus argumentos justificativos de la invasión de Ucrania, Putin desarrollaba algunos de ellos con más vehemencia y con detalles añadidos, como por ejemplo la acusación a Kiev de estar desarrollando un extenso programa de armas químicas y biológicas contra Rusia o de estar dispuesta a fabricar la bomba atómica. Una y otra vez, Putin repitió frases del tipo “no teníamos otro remedio” para apoyar una guerra implacable que él sigue justificando en nombre de la prevención. También denunció Putin la supuesta represión y marginación de los rusos en Occidente, al comparar a sus compatriotas con los judíos perseguidos por Hitler.

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En la lluvia de promesas económicas que efectuó (sin decir de dónde sacará el dinero) figuraba el aumento de las asignaciones para fomentar la maternidad y mantener a los hijos hasta que cumplan 17 años, pero esas medidas, que también se dieron durante la pandemia como apoyo para la vida, ahora, sobre el telón de fondo de miles de jóvenes muertos, suenan casi como una subvención a la cría de carne de cañón para la matanza. Las palabras de Putin comienzan a oírse como la letanía de un ser enajenado; y hasta el fiel corresponsal del periódico Kommersant Andréi Kolésnikov, prácticamente cronista de cabecera de Putin, comentaba con ironía y sarcasmo las palabras del líder punto por punto. Putin “sin duda, no lucha contra Ucrania, lucha contra Occidente y debe comprender que Occidente va a luchar con él con el uso de todo tipo de armas (como son las sanciones económicas) y, entre ellas, aquellas que son letales para nuestro país”. Comentando la afirmación de Putin en el sentido de que Rusia no tiene intención de ocupar Ucrania, Kolésnikov afirma: “Es decir, que esto [la operación bélica en aquel país] era solo un instrumento para lograr fines más altos”. “Hace tiempo que Vladímir Putin no tiene un camino de retirada, pero tal vez nunca fue tan lejos”, concluye el periodista, que es persona de confianza de la Administración del Kremlin.

Por otra parte, Alexandr Jodokovski, el líder de un batallón de la denominada república popular de Donetsk, reconocía el jueves en una entrevista con el periódico ruso Komsomólskaia Pravda que los secesionistas están experimentando dificultades en el asedio de Mariupol por la falta de equipo y de personal humano, y señalaba también que los chechenos que los han reforzado son más débiles y están peor preparados que ellos.

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La pesadilla se ha hecho realidad. El presidente ruso, Vladímir Putin, presentándose como abanderado de una lucha contra el “imperio del mal” (para él, Estados Unidos y todo Occidente), comenzó en la madrugada de este jueves una operación bélica sin precedentes e invadió Ucrania desde diferentes frentes. Por lo que se va sabiendo en un ambiente infectado por los bulos y la confusión, las tropas y el equipo militar ruso avanzan por el territorio ucranio desde diferentes direcciones: vienen de la frontera con Bielorrusia, de los territorios rebeldes de Donetsk y Lugansk y han llegado hasta la provincia de Kiev, donde los defensores ucranios han efectuado las primeras capturas de combatientes rusos convenientemente identificados. Las tropas rusas vienen también desde Crimea y Jersón y están ya en las afueras de Járkov. Desde diferentes puntos llegan noticias de combates y muertos sin que sea posible valorarlas en conjunto.

Al mismo tiempo, los misiles rusos neutralizan y destruyen sistemáticamente la infraestructura militar de Ucrania. Hay imágenes de explosiones en Ukrainka, a 40 kilómetros al sur de Kiev. En el centro de la capital hemos oído explosiones y sirenas. Seguimos oyéndolas. No detectamos pánico, aunque sí enormes colas de coches que abandonan la ciudad y por el mismo camino se mueven columnas de tanques. Los comercios del centro de Kiev están en su mayoría cerrados y la gente acapara víveres en los que están abiertos. Hay problemas para pagar la compra porque algunas tarjetas de crédito han dejado de funcionar. También hay problemas con las comunicaciones telefónicas.

El llamamiento a la cruzada del mundo ruso contra el “imperio del mal” ha sido presentado por Putin como una “operación especial”. No ha habido declaración de guerra formal y por el discurso que el presidente ruso ha emitido de madrugada para justificar la invasión se supo que la disquisición histórica que precedió al reconocimiento de las denominadas “repúblicas populares” de Lugansk y Donetsk fue realizada el día 21 y no el día 22, cuando se emitió. El mismo Putin lo dijo así al justificar la ofensiva, que puede ser visto como su venganza contra un Occidente al que acusa de querer acabar con Rusia y al que ha abroncado con vehemencia por diferentes episodios de su política, incluido el bombardeo de Belgrado de 1999, además de la guerra de Irak, Siria y Libia, entre otras cosas.

Al reiterar que la OTAN había asegurado que no se extendería hacia el Este, Putin afirmó: “[Nos] engañaron, y hablando popularmente, simplemente nos dejaron tirados”. Pero, en su diatriba enfurecida, Putin encontró curiosamente la posibilidad de alabar a EE UU como “gran país, vertebrador de un sistema, potencia” cuyos “satélites” la obedecen sumisamente, “la corean”, la “copian” y “con entusiasmo aceptan las reglas de juego que les proponen”. “Por eso, con todo fundamento se puede decir con seguridad que el así llamado bloque occidental, formado por EE UU a su imagen y semejanza, todo él en su conjunto, es ese ‘imperio del mal”, afirmó Putin.

Para nadie puede haber duda ya de que el presidente ruso ha perdido el sentido de la realidad y de que su siniestro sentido de misión puede llevar a Europa a una nueva hecatombe. Hasta su fiel aliado el presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, busca un modo de distanciarse por lo menos formalmente. En una reunión matutina con los dirigentes de su ejército en Minsk, Lukashenko dijo haber permitido a Putin que mantuviera un pequeño contingente militar en la frontera de Bielorrusia y Ucrania por si los ucranios le atacaban, pero resultó que en lugar de un ataque de los ucranios se inició una “operación” rusa. El líder bielorruso dijo haber ordenado a su ministro de Defensa que hablara por la noche con el responsable de Defensa de Ucrania para que este a su vez hablara con su colega de Rusia con el fin de evitar la “operación”. El ministro bielorruso aseguró que había hablado con el ucranio, pero que este no había hecho lo propio con el ruso. Intenta de nuevo estar sentado entre dos sillas; Lukashenko permite que se lance un ataque contra Ucrania desde su territorio y al mismo tiempo se presenta como un mediador entre Moscú y Kiev.

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Es evidente que durante un tiempo que los estudiosos tendrán que determinar, Putin estuvo organizando y desarrollando los elementos de una gigantesca puesta en escena que debía culminar con su intervención como salvador frente al “imperio del mal”. Ese escenario en su conjunto no resultó, porque las diferentes piezas confeccionadas por la propaganda del Kremlin no encajaban entre sí, como la evacuación de población civil de Donetsk, que debía aparecer como la reacción a un ataque de Ucrania (que no sucedió). La coordinación de los actores y la relación causa-efecto no funcionaron como seguramente se esperaba, pero los bulos y la propaganda sí han conseguido crear una gran desorientación que se extiende por todo el territorio ruso y, por lo que pudo juzgar esta periodista, también afectaba a la percepción de los ucranios.

Desde un importante centro urbano de Siberia, una enérgica activista de talante liberal afirmaba por WhatsApp que estaba preparando una movilización “contra la guerra y para ayudar a las mujeres de Donbás”. La activista no entendía que las tropas de su país avanzaban por el territorio ucranio y que habían dejado atrás Donbás, convertido ya en un pretexto para la actuación de una mente enferma. En cuanto al Consejo de Seguridad de Rusia, que avaló los planes de Putin, la transmisión que se ofreció al público por televisión el 22 de febrero estaba editada y se presentó cortada ante el público varias horas después de que se celebrara. Entre los cortes efectuados figura la intervención del fiscal general de Rusia, Igor Krasnov. No sabemos qué dijo el fiscal ni tampoco cuál es el contenido de los fragmentos cortados y por qué se cortaron, pero es evidente que el grupo de dirigentes de la Federación Rusa de aspecto alicaído y asustado, que intervinieron y apoyaron a Putin pueden ser calificados como “cómplices”.

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Apoyado en su enorme popularidad y el control que ejerce sobre los poderes del Estado, el controvertido presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha enviado a la Asamblea Legislativa de su país un paquete de 52 reformas legales que allanarán el camino para atraer inversiones y cumplir de esta manera su plan de convertir a la nación centroamericana en un centro mundial de criptomonedas. El anuncio lo ha hecho Bukele el domingo a través de Twitter, la plataforma en la que gobierna a golpe de decretos, y ha generado entusiasmo entre especuladores e inversores. “Las acciones de Nayib Bukele allanan el camino para que El Salvador se convierta en un futuro centro para el talento mundial y los usuarios de bitcoin. Es hora de visitar El Salvador”, ha respondido Richard Byworth, uno de esos inversores, quien se presenta como fundador de EQONEX Group, una organización que promueve inversiones en criptomonedas.

El mandatario ha explicado que las reformas enviadas el domingo eliminarán trámites a la hora de invertir en El Salvador, reducen la burocracia, crean nuevas leyes para incentivar las inversiones y contratos de estabilidad para quienes decidan poner su dinero allí. Además, ofrecen incentivos fiscales y, lo más controvertido, la ciudadanía salvadoreña a cambio de invertir en esa pequeña nación de Centroamérica. “El plan es simple”, ha dicho Bukele. “Mientras el mundo cae en la tiranía, crearemos un refugio para la libertad”. El anuncio se da mientras el Gobierno se prepara para sacar al mercado bonos por 1.000 millones de dólares en bitcóin, una decisión que es vista con recelo por organismos financieros multilaterales.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) instó a finales de enero al popular mandatario a que elimine el bitcoin como moneda de uso legal, lo que ha aumentado la tensión en las relaciones entre el Fondo y el Ejecutivo de Bukele. El FMI manifestó su “preocupación” por la emisión de bonos respaldados con la criptomoneda y ya había alertado de los riesgos que implica para El Salvador asumir esta moneda virtual. “La adopción del bitcoin como moneda genera una serie de cuestiones macroeconómicas, financieras y legales que requieren un análisis muy cuidadoso”, dijo Gerry Rice, portavoz del Fondo. Rice también advirtió que “los activos cripto pueden traer riesgos significativos”, por lo que sugirió que debería haber “medidas efectivas de regulación”. Ante la exigencia del Fondo de revertir la controvertida decisión —el proyecto insignia del popular Bukele—, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, ha sido contundente: “Ningún organismo multilateral te va a obligar a hacer nada, absolutamente nada. Los Estados son soberanos y toman decisiones soberanas sobre sus políticas públicas”, ha afirmado Zelaya.

Tres senadores de Estados Unidos presentaron la semana pasada una iniciativa legislativa para que el Gobierno de Joe Biden diseñe un plan que “mitigue los riesgos” que tiene para el sistema financiero estadounidense la adopción del bitcoin en el país centroamericano, informa Efe. Fitch Ratings también rebajó la calificación crediticia a largo plazo de El Salvador y entre las razones citó la “incertidumbre” de alcanzar un acuerdo con el FMI tras la adopción del bitcoin, según información de la misma agencia de noticias.

A pesar de las críticas, el presidente salvadoreño se jacta del buen funcionamiento de la economía. El sábado citó en Twitter un informe del Banco Central que registra un aumento del 13% de las exportaciones salvadoreñas en enero 2022, por valor de 564 millones de dólares, “una cifra récord que supera los valores registrados en todos los meses de enero de las últimas tres décadas”, ha afirmado la institución. Bukele se ha felicitado y ha dicho que “el PIB de El Salvador creció 10,3% en 2021. Y ahora sus exportaciones (principal motor del crecimiento económico) crecieron 13% este enero, en comparación con enero de 2021″. “¿Estamos ante otro crecimiento del PIB de dos dígitos este año? Por cierto, El Salvador nunca tuvo un crecimiento del PIB de dos dígitos antes de 2021″, ha afirmado. La propaganda gubernamental, bien explotada en las redes sociales, tiene como fin vender a su empobrecido país como un oasis de crecimiento o un “refugio para la libertad” para quienes quieran hacer negocios de forma fácil de la mano del popular presidente.

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Protesta a favor de la movilización sindical de los trabajadores de Amazon y la cadena de cafeterías Starbucks, en noviembre pasado en Nueva York.
Protesta a favor de la movilización sindical de los trabajadores de Amazon y la cadena de cafeterías Starbucks, en noviembre pasado en Nueva York.YUKI IWAMURA (AFP)

Los obstáculos que una conocida cadena de cafeterías está poniendo al intento de sindicarse del personal de uno de sus locales, en Memphis, pueden tener las horas contadas. La empresa ha despedido a los implicados en la movilización, alegando violación de normas corporativas. Los afectados acusan a la compañía de represalias. El conflicto no es el primero, ni será el último, solo una gota de agua más en la caldera en ebullición del mercado laboral en Estados Unidos. La pandemia ha puesto las cartas boca arriba: los trabajadores han tomado conciencia de su fuerza —de lo valiosos que resultan en un mercado con más oferta de empleo que demanda—, y el sindicalismo resurge de sus cenizas.

Nadie más decisivo que Joe Biden, presidente de EE UU, para respaldar el creciente movimiento sindical, que estaba de capa caída desde los años ochenta: la tasa de afiliación, del 10,3% en 2021, supone la mitad que entonces, unos cuatro millones de miembros menos. Este lunes, el mandatario demócrata, el más afín a los trabajadores desde Franklin Delano Roosevelt si no el más sindicalista de la historia, recibió las conclusiones de un grupo de trabajo de alto nivel, creado por orden ejecutiva suya en abril pasado, con 70 recomendaciones para impulsar la organización de los trabajadores y la negociación colectiva.

Bajo la dirección de la vicepresidenta, Kamala Harris, y del titular del Departamento de Trabajo, Martin Walsh, el grupo de expertos, entre los que figuran 13 miembros del Gabinete, ha estudiado junto con agencias del Gobierno y los principales sindicatos del país los pasos a dar para fortalecer el músculo sindical. La idea básica es hacer del Gobierno federal “un empresario modelo”, algo revolucionario en un país con una desconfianza tan palpable hacia el papel del Estado y, a la vez, con tantos niveles de Administración (local, estatal y federal). Biden firmó la semana pasada una orden ejecutiva que exige acuerdos salariales entre sindicatos y empresas adjudicatarias de contratos de construcción federales por valor de más de 35 millones de dólares (algo más de 30 millones de euros).

El demócrata no iba de farol cuando en la campaña electoral dirigió repetidos guiños a los que califica de “espina dorsal de la clase media”. Lo repite cada vez que tiene ocasión, como este martes, cuando reiteró su apoyo a “los trabajadores estadounidenses: esos que construyeron la clase media, con buenos salarios y beneficios y el derecho a organizarse”. Una de sus principales apuestas, la PRO Act (siglas en inglés de Ley que protege el derecho a organizarse), está atascada desde la primavera pasada en el Congreso. La norma actualizará la legislación vigente, que permite a las empresas, entre otras cosas, “reemplazar permanentemente” —nótese el eufemismo— a los trabajadores huelguistas para zanjar cualquier protesta.

Apoyo de los sindicatos

Los principales sindicatos del país han saludado con entusiasmo las conclusiones del grupo de trabajo, a las que seguirá, en un plazo de seis meses, un informe sobre la implementación de las medidas. Por parte de Biden, no es un brindis al sol. En puertas de unas elecciones decisivas, las de medio mandato, en noviembre, Biden necesita granjearse todo apoyo posible, y los trabajadores —especialmente los obreros más afectados por la Gran Recesión de 2008 y, ahora, por la pandemia— son un vivero de votos clave. Lo fueron en la victoria de Donald Trump en 2016.

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Los sindicatos están decididamente de parte de Biden. “Este informe sin precedentes reconoce el papel fundamental que desempeñan los sindicatos en la forja de una economía más justa. Al tomar medidas para dar a más trabajadores el derecho a organizarse y negociar colectivamente, la Administración está demostrando una vez más que está comprometida a usar su poder para apoyar a los sindicatos”, valora en un comunicado Liz Shuler, presidenta de AFL-CIO, la mayor central de Estados Unidos y Canadá, que agrupa a 57 sindicatos sectoriales y representa a 12,5 millones de trabajadores. “Estamos comprometidos a trabajar con la Administración para implementar estas recomendaciones, y esperamos el próximo informe del grupo de trabajo en seis meses”. Un periodo de descuento hacia la importante cita electoral de noviembre.

“Esto podría cambiar las reglas del juego, tener en cuenta el poder del Gobierno federal y cómo se pueden utilizar sus prácticas para promover la organización de los trabajadores”, abunda Shuler. Esa es precisamente la intención de la Casa Blanca: que el ejemplo cale en el sector privado, mucho más reticente a la actividad sindical. Entre las recomendaciones del grupo de expertos, figura facilitar la sindicación de los trabajadores federales, pero también de los empleados de empresas contratistas de la Administración, o facilitar el acceso de los organizadores sindicales a los empleados dentro de instalaciones gubernamentales, lo que no siempre sucede en la actualidad.

Empresas con normas laborales respetuosas con los derechos de los trabajadores puntuarán más a la hora de conseguir adjudicaciones. Una especie de discriminación positiva que actualmente existe justo al revés: según la legislación vigente, el Gobierno no puede negar contratos a empresas hostiles a los sindicatos. Solo si considera que esa animadversión, y las consecuencias laborales derivadas de ello —conflictos, huelgas o protestas—, puede retrasar sustancialmente la provisión de bienes o servicios importantes, podría descartar a dicha firma en el concurso de adjudicación. La idea es que el dinero que el Gobierno paga a empresas por bienes y servicios no acabe usándose en prácticas antisindicales.

“Propuestas de sentido común como estas, como aprovechar el poder de las oficinas federales para ayudar a los trabajadores a conocer mejor sus derechos y la coordinación entre agencias para hacer cumplir las leyes laborales existentes, ayudarán a restablecer el equilibrio de poder y allanarán el camino para que los trabajadores obtengan mejores salarios y condiciones de trabajo y jubilaciones más seguras”, sostiene en un comunicado Tom Conway, presidente de United Steelworkers, con 1,2 millones de afiliados.

Una premisa clave del grupo de expertos fue que la Ley Nacional de Relaciones Laborales, de 1935 y que protege los derechos laborales federales, fomenta explícitamente la negociación colectiva y, sin embargo, según la Casa Blanca de Biden, ninguna Administración anterior ha explorado formas de hacerlo sistemáticamente. Los ecos del New Deal de Roosevelt, la serie de programas y acciones para superar los estragos de la Gran Depresión, vuelven a resonar con fuerza en la cruzada sindical de Joe Biden.

De obreros a universitarios

Mientras en un almacén de Amazon en Bessemer (Alabama) se recuentan los votos de la segunda votación para formar un sindicato –la primera, que en abril rechazó la propuesta de los trabajadores, fue declarada nula por la Junta de Relaciones Laborales por “injerencia de la empresa en el proceso”-, la movilización laboral en distintos sectores adquiere velocidad: no son solo los trabajadores de cuello azul (los obreros), también profesionales liberales y titulados universitarios, quienes demandan más derechos y mejores condiciones.

El personal laboral del Congreso presentó la semana pasada su iniciativa, que pese a contar con el apoyo explícito de Biden debe ser aprobada por una resolución de la Cámara de Representantes, previsiblemente esta misma semana. La fiebre sindical llega también a las redacciones de conocidos diarios, con una quincena de iniciativas en 2021 entre las que se cuentan las del New York Times y la delegación en EE UU del británico Financial Times. También los profesores ayudantes en numerosas universidades, como Columbia, Harvard, Boston, Cornell o Illinois, reclaman derechos y mejores contraprestaciones.

La cadena de cafeterías con presencia internacional que este martes despidió a varios empleados en Memphis, apenas puede contener el empuje del resto. De sus 9.000 locales en el país, ya han presentado solicitud de sindicalizarse trabajadores en 50 localidades de 19 Estados del país; los pioneros fueron los baristas de una cafetería de Buffalo, en diciembre. En Nueva York, los repartidores de comida a domicilio -los deliveristas, en espanglish– disfrutan desde enero de los primeros derechos laborales, entre ellos poder usar el baño de los restaurantes a los que sirven, gracias al respaldo formal del Ayuntamiento a su movilización. Un ejemplo del decisivo papel que la Administración puede desempeñar en la primavera sindical de EE UU. 

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