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Era un secreto a voces que los diputados conservadores británicos cada vez tenían menos reparo en airear públicamente. Irritados por el modo en que el entonces speaker (presidente) de la Cámara de los Comunes, John Bercow, reinterpretaba las costumbres parlamentarias para prolongar eternamente el debate sobre el Brexit, iniciaron una campaña en su contra aprovechando lo que, presuntamente, era su punto débil: un exceso de soberbia. Aquel grito de “Order, order!” que dio a conocer por todo el mundo a Bercow y le convirtió en parte del folklore del Reino Unido, revelaba un poso autoritario que en privado resultaba mucho menos simpático. “Corresponde a los historiadores juzgar si el acusado ejerció con éxito el papel de presidente de la Cámara de los Comunes, pero no tenía ninguna necesidad de actuar como un bully (acosador) para lograr ese objetivo. Un puesto institucional como ese puede desempeñarse de un modo pleno y eficaz sin necesidad de caer en un comportamiento como el que se juzga”, ha concluido el Panel Independiente de Expertos, el organismo encargado de atender los recursos y peticiones de sanción contra diputados británicos por casos de acoso laboral, abuso de autoridad o conducta sexual inapropiada.

Bercow había sido sancionado por Kathryn Stone, la comisionada parlamentaria de normas y estándares éticos, cuyo rigor e imparcialidad a la hora de juzgar a los diputados la ha convertido, paradójicamente, en la bestia negra de muchos conservadores, y la amenaza permanente a Boris Johnson, ya sea por el asunto de las fiestas en Downing Street o los gastos de redecoración de su apartamento privado. El Panel Independiente de Expertos ha ratificado 21 de las 35 acusaciones vertidas contra Bercow por antiguos empleados suyos en la Cámara de los Comunes. “Hubo un señalado abuso de poder y autoridad por parte del acusado. Decidió ir a por los tres empleados que expresaron sus quejas y les acosó directamente”, asegura el panel en su informe final. “Se trata de un comportamiento tan grave que, si todavía fuera un diputado, habríamos recomendado su expulsión de la Cámara. En las circunstancias actuales, sugerimos que nunca se le permita entrar en el Parlamento mediante un pase”, sugieren el panel. Fueron Robert Rogers (Lord Lisvane), entonces secretario de la Cámara de los Comunes, y dos secretarios parlamentarios privados, Kate Emms y Angus Sinclair, quienes interpusieron las demandas contra Bercow. Los informes en su contra relataban gritos e insultos contra sus subordinados e incluso, en cierta ocasión, cómo le llegó a lanzar un teléfono móvil.

Bercow dio sus primeros pasos en política en el entorno de Enoch Powell, el parlamentario conservador tan brillante como ponzoñoso, que introdujo un elemento xenófobo en el discurso de la formación. Famoso, por infame, es su discurso bautizado como rivers of blood (ríos de sangre) de 1968, en el que criticó la llegada masiva de inmigrantes de las excolonias británicas. Posteriormente se convirtió en un entusiasta acérrimo de Margaret Thatcher y sus políticas neoliberales. Durante larga época como speaker de la Cámara demostró una gran habilidad para conducir los debates y un exhaustivo conocimiento del reglamento parlamentario, que se encargaba de demostrar con una locuacidad en muchas ocasionas pomposa.

Su abierta hostilidad hacia el Brexit le llevó a enfrentarse cada vez más abiertamente con sus compañeros de filas conservadores, y a flexibilizar las reglas de la Cámara a favor de los mayores críticos de la salida de la UE, para que siempre tuvieran amplia oportunidad de debatir y controlar cada nueva decisión adoptada, primero por el Gobierno de Theresa May, más tarde por el de Boris Johnson. El abandono de su puesto por parte de Bercow, anunciado con antelación por él mismo cuando el Brexit pasó a ser un hecho consumado e irremediable, fue acogido con alivio por las huestes conservadoras. Bercow nunca consiguió el título nobiliario de Sir al que aspiraba, porque Downing Street se negó. Acabó anunciando que se pasaba a las filas de la oposición y se afiliaba al Partido Laborista. Para entonces, ni los conservadores sufrieron daño alguno por la deserción, ni los laboristas supieron muy bien qué hacer con un personaje para el que no tenían hueco. De hecho, los laboristas han decidido suspenderle temporalmente como miembro del partido mientras abren su propia investigación.

Bercow ha respondido con un duro comunicado público en el que acusa al Parlamento de haber puesto en marcha una vendetta contra él, a través de una “farsa de tribunal”, y asegura que siempre tuvo una buena relación con el personal de la Cámara de los Comunes. “Si este caso se hubiera procesado en cualquier tribunal ordinario hubiera sido descartado de antemano. Se ha impulsado con unas pruebas muy endebles, basado en rumores sin fundamento, y promovido por dogmáticos de vieja escuela incapaces de admitir ningún cambio y que ahora pretenden ajustar cuentas conmigo”, ha dicho Bercow. “Al final, el panel se ha limitado a recomendar que se me niegue un pase parlamentario que nunca he pedido y que no quiero. En eso consiste lo absurdo de su decisión”, ha dicho. Como exdiputado, tenía derecho a solicitar un pase permanente para la Cámara. Si en alguna ocasión decidiera regresar a los que durante años fueron sus dominios sin género de duda, tendría que humillarse y solicitar un pase de visitante.

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denuncias de acoso contra Koaj
Las denuncias contra Koaj se han viralizado en redes sociales desde que Juana Camila, decidiera el fin de semana hablar de su ‘pesadilla’.

Las denuncias que se han viralizado en redes sociales desde que Juana Camila, decidiera el fin de semana hablar de su ‘pesadilla’. Varios casos han sido expuestos. Koaj respondió que investigará.

Noticias Colombia.

Juan Camila denunció que había sido víctima de acoso sexual y de acoso laboral siendo trabajadora de Koaj en una de sus tiendas, y tras su caso, más de 20 personas entre hombres y mujeres aseguran haber vivido lo mismo.

«Respondan por las denuncias de acoso sexual y laboral», son la gran mayoría de mensajes que en las últimas horas le han dejado a la marca en sus redes sociales.

Juana Camila, decidió exponer en su Instagram lo que le ocurrió trabajando en una de las tiendas Koaj.

«Para que más trabajadores de este lugar no tengan que vivir esto, para que la Fiscalía General de la Nación Colombia, Ministerio del Trabajo y Procuraduría intervengan en este lugar y esto no siga ocurriendo», denunció.

Este lunes se han ido conociendo más casos de extrabajadores de la marca.

Denuncian que vivieron situaciones similiares, incluso mucho antes de la pandemia. Las denuncias son contra hombres encargados o administradores de las tiendas en diferentes partes, las víctimas son hombres y mujeres.

Koaj se pronunció, lamentó lo ocurrido y aunque ha habido señalamientos de que algunas quejas se escalaron a través de correos a la marca como tal, nunca hubo respuestas.

La marca responde que por lo menos dos de los sujetos señalados, ya no están trabajando con ellos.

 

 

 





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Una imagen del ministro de Economía, Paulo Guedes, este martes en las protestas de los funcionarios para reclamar un amento salarial.
Una imagen del ministro de Economía, Paulo Guedes, este martes en las protestas de los funcionarios para reclamar un amento salarial.UESLEI MARCELINO (REUTERS)

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, abrió hace unas semanas la caja de los truenos al anunciar una subida salarial para los policías federales. Con esa medida, el mandatario se pega un tiro en el pie porque otros colectivos de funcionarios pusieron el grito en el cielo, exigieron un aumento equivalente y este martes han hecho paros laborales para presionar al mandatario, que tiene hasta el viernes para ratificar los presupuestos generales. La iniciativa partió de la élite del funcionariado, del sindicato que reúne a categorías como los auditores o los diplomáticos.

El descontento entre los trabajadores del sector público abre un nuevo frente al presidente brasileño, que ya está bajo presión por la inflación, el desempleo, las reticencias de los inversores internacionales —uno de los mayores fondos del mundo, Black Rock, ha anunciado que solo volverá a invertir aquí si cambia el Gobierno—, y la holgada ventaja de Lula da Silva en las encuestas para los comicios de octubre próximo, entre otras cosas.

También han parado empleados públicos del Congreso, del Poder Judicial y del Banco Central. Reclaman subidas superiores al 20% tras años sin actualización salarial. El guiño a los policías, combinado con una inflación que cerró 2021 con un 10%, ha colmado la paciencia del colectivo. Ha habido algunas pequeñas manifestaciones de protesta frente a los ministerios, en Brasilia, pero la principal movilización ha consistido en paros de dos horas o en extremar el celo en los procesos burocráticos alargando los trámites para llamar la atención sobre sus demandas salariales. Queda por ver si su efecto se siente en las fronteras o los aeropuertos.

Antes de Navidad, Bolsonaro prometió a los policías federales, los agentes que vigilan las carreteras y los guardas penitenciarios un aumento que supone 1.700 millones de reales (300 millones de dólares, 270 millones de euros) a las arcas públicas. El presidente quiere tenerles contentos porque son parte de su base electoral más fiel. Pero junto a la presión del resto de los funcionarios para que eviten un agravio comparativo, el mandatario recibe también presiones para que descarte cualquier incremento de sueldo para no agravar la situación de las cuentas públicas. El Gobierno ha logrado saltarse temporalmente el techo de gasto pero existe el temor entre los más liberales de que Bolsonaro se embarque en un dispendio con la vista puesta en los comicios.

“Bolsonaro ignora el cálculo político básico en la telenovela del reajuste (salarial)”, escribe el columnista Bruno Boghossian en Folha de S.Paulo al explicar que el empeño del presidente por asegurarse la fidelidad de su núcleo duro, a falta de grandes logros gubernamentales y con un presupuesto limitado, le ha llevado a que el resto de los empleados públicos se sienta agraviado.

Los sindicatos han anunciado nuevos paros para la semana que viene y no descartan una huelga general si Bolsonaro no responde a sus exigencias. Mientras, los policías también han advertido al presidente de extrema derecha de que si no cumple lo prometido se considerarán traicionados.

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El Gobierno federal brasileño tiene 1,2 millones de empleados públicos. Algunos de ellos cobran salarios envidiables para la media de los brasileños. Los analistas del Banco Central empiezan su carrera en la institución con un sueldo que es 20 veces el salario mínimo, el de los empleados de Hacienda es 27 veces mayor, según datos publicados por el diario O’Globo.

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¿Quiénes tienen derecho?

Funcionarios públicos afiliados al sistema de AFP que estén en las siguientes reparticiones del Estado:

  • Gobierno central, gobiernos regionales y municipalidades.
  • Corporaciones de Asistencia Judicial
  • Universidades estatales.
  • Contraloría General de la República.
  • Consejo Nacional de Televisión.
  • Consejo Superior de Educación.
  • Dirección General de Aeronáutica Civil.
  • FONADIS.
  • SERCOTEC.
  • CONAF

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Requisitos

  • Estar afiliado al Sistema de AFP.
  • Tener 60 años de edad en el caso de las mujeres y 65 años en el de los hombres.
  • Tener más de 20 años de servicio, continuos o discontinuos, en alguna de las instituciones mencionadas.
  • Ser funcionario de planta, contrata o por Código del Trabajo, de una de ellas al momento de solicitar el bono.
  • Haber sido funcionario de alguna de las instituciones mencionadas antes del 1 de mayo de 1981 y tener al menos una imposición en el sistema previsional antiguo.
  • Tener una tasa de reemplazo líquida estimada igual o inferior a 55%.
  • Cesar en cargo por suspensión del empleo, renuncia voluntaria o por obtener pensión de vejez

Inició postulación a Subsidio de Arriendo 2021: Conoce cuáles son los requisitos 

Cuánto dinero entrega

Para el 2021 el monto a entregar será de $75.154

¿Cómo acceder?

Se debe solicitar el beneficio dentro de los 12 meses siguientes al cumplimiento de la edad legal de pensión.

La solicitud debe hacerse ante la jefatura superior del servicio u organismo en que se encuentre desempeñando funciones. A la Superintendencia de Pensiones le corresponderá calcular la tasa de reemplazo a solicitud del organismo empleador del funcionario.



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