Un camión es remolcado frente al Parlamento, en Ottawa, el pasado 19 de febrero.PATRICK DOYLE (REUTERS)
Tras 23 días de ocupación por camioneros opuestos a la vacunación obligatoria y grupos en contra de diversas medidas sanitarias, la capital de Canadá recupera la calma. Las fuerzas del orden detuvieron entre el viernes y el domingo a 196 personas y remolcaron 115 vehículos. El operativo está dando los resultados esperados, pero la factura para Ottawa en gastos policiales no es liviana. El alcalde, Jim Watson, propone una forma de reducirla: hacer caja con los camiones y coches confiscados.
“Los contribuyentes de Ottawa no deberían pagar esta factura millonaria por la irresponsabilidad y las actividades ilegales de camioneros y otros grupos que mostraron poca consideración por nuestra comunidad y su gente”, declaró Watson este domingo a CTV News. Las manifestaciones provocaron pérdidas cuantiosas a los comercios de la capital canadiense. El Gobierno de Justin Trudeau anunció un programa de apoyos para el sector. El plan contempla 20 millones de dólares canadienses (unos 15,7 millones estadounidenses); cada comerciante podrá solicitar un máximo de 10.000 dólares. El dinero que la urbe ha tenido que destinar a su cuerpo policial en estas tres semanas de ocupación dista de ser tema ligero.
El Gobierno de la ciudad informó que durante los primeros 18 días de la crisis, los costos del servicio policial superaron los 14 millones de dólares (en promedio, unos 785.000 dólares diarios). Sin embargo, la inyección de recursos prosiguió. Otras fuerzas del orden, como la Real Policía Montada de Canadá y los cuerpos policiales de Ontario y Quebec, prestaron apoyo en el operativo para terminar con la ocupación. Steve Bell, jefe interino de la policía de Ottawa, afirmó este sábado que los planes van por buen camino, pero que aún falta trecho por recorrer. Por ejemplo, es necesario levantar todos los objetos dejados por los bloqueos y vigilar para que los manifestantes no vuelvan.
El alcalde Watson dijo que la Ley de Emergencias “da el poder de confiscar los vehículos remolcados y ponerlos a la venta”. La pieza legislativa, aprobada en 1988, estipula en una de sus partes que es posible “requisar, controlar, confiscar, utilizar y disponer de bienes o servicios”. El Gobierno federal no se ha pronunciado aún respecto a la propuesta de Watson. Actualmente, los dueños de estas unidades de transporte pueden recuperarlas en un plazo posterior a siete días, siempre y cuando cubran los gastos del remolque y las multas que hayan recibido.
La Ley de Emergencias, puesta en marcha por el Gobierno de Trudeau para enfrentar esta crisis, también permite bloquear dinero perteneciente a la denominada “caravana de la libertad”. Marco Mendicino, ministro federal de Seguridad Pública, informó este domingo que 76 cuentas bancarias han sido congeladas; más de 3,2 millones de dólares en total. Los manifestantes no solo perjudicaron a los habitantes de la capital canadiense y afectaron sus arcas públicas. Los cruces fronterizos de Coutts (Alberta) y Emerson (Manitoba) sufrieron perturbaciones por las protestas. También el puente Ambassador, que conecta a Windsor (Ontario) con Detroit (Míchigan), fue bloqueado durante varios días. El 25% del comercio entre Canadá y Estados Unidos transita por ahí. En un día corriente, entre 8.000 y 10.000 camiones cruzan este puente fronterizo.
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La policía desmintió al principio todas las informaciones, pero nuevas revelaciones han mostrado indicios de que los agentes que investigaron a partir de 2015 al entonces primer ministro, el conservador Benjamín Netanyahu, en varios casos de corrupción se extralimitaron y sobrepasaron los términos de una autorización judicial para pinchar móviles de un alto cargo. Entre las decenas de teléfonos intervenidos figuran el de Avner Netanyahu, hijo del anterior jefe de Gobierno, y el del ex director general del Ministerio de Telecomunicaciones, Shlomo Filber, convertido en testigo de cargo clave tras haber alcanzado un pacto con los fiscales para librarse de una larga condena.
La declaración de este arrepentido es la base de la acusación en el llamado caso 4.000 o caso Bezeq, por el nombre del grupo gigante de telecomunicaciones israelí. También fueron presuntamente intervenidos sin el aval de un tribunal los móviles de directivos y periodistas del portal informativo Walla —al que Netanyahu reclamaba coberturas favorables y el de Iris Elovitch, esposa del propietario del medio digital y principal accionista de Bezeq.
En medio del torrente de revelaciones periodísticas, el ministro de Seguridad Pública, Omer Barlev, responsable de la policía, y el jefe del Ejecutivo, Naftali Bennett, han anunciado la creación de una comisión de investigación oficial. Ambos aguardan el resultado de las indagaciones emprendidas por la Fiscalía General con la asistencia del Shin Bet y el Mosad, los servicios de inteligencia interior y exterior, respectivamente, bien conocidos por su dominio del ciberespionaje.
El tribunal de Jerusalén que juzga a Netanyahu desde 2020 por las acusaciones de soborno, fraude y abuso de poder ha dejado además en suspenso el proceso desde la semana pasada a la espera de que se aclare la legalidad de las pruebas obtenidas mediante pinchazos policiales.
Michael Birnhack, jurista experto en derecho a la intimidad y tecnología, reconoce que “la normativa que regula las intervenciones de la policía israelí es caótica”. “Hay una ley para las búsquedas informáticas, otra para los metadatos y otra que regula las escuchas telefónicas”, precisa en un intercambio de correos electrónicos este profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Tel Aviv, “pero ninguna autoriza el uso de programas espía”.
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Además de altos cargos o familiares de Netanyahu, la sombra de Pegasus se ha proyectado también sobre alcaldes o activistas de la sociedad civil, según las revelaciones de Calcalist. Los agentes arrancaban sus búsquedas aleatoriamente sin permiso judicial. Se intervenían los teléfonos de los supuestos sospechosos con el programa Pegasus, que captura los datos del móvil. Si lograban pescar alguna prueba, solicitaban la autorización del tribunal para blanquear el caso y regularizar la investigación retroactivamente.
“Existe un amplio consenso en Israel sobre la necesidad de aclarar por ley los límites de las investigaciones de la policía. Obviamente, los responsables policiales reclaman mejores herramientas tecnológicas para perseguir a los delincuentes, lo que también va en favor del interés público. Sin embargo, hay que establecer limitaciones y no se debe permitir el uso de todas las tecnologías posibles”, advierte Birnhack, exmiembro del Consejo Público Israelí para la Protección de Datos.
El consejero delegado de NSO, Shalev Hulio, aseguró el pasado verano que el programa espía no estaba diseñado para operar en los teléfonos de Israel. Lo garantizó poco después de que una investigación periodística internacional informara de que medio centenar de gobiernos lo habían usado para controlar a disidentes y reporteros. NSO sostiene que sus empleados no operan Pegasus y se limitan a “suministrar tecnología a agencias de inteligencia estatales” en la lucha contra el terrorismo o el crimen organizado, contando siempre con autorización del Gobierno israelí.
Doctrina del “fruto del árbol envenenado”
En un informe preliminar, la Fiscalía General avanzó el domingo ante el tribunal de Jerusalén que juzga a Netanyahu que no ha observado una intervención de teléfonos ilegal por parte de la policía. Se trata de los primeros datos de la investigación ordenada en enero por el fiscal general, con el asesoramiento del Shin Bet y el Mosad, cuyos resultados está previsto que se presenten el miércoles.
“Si se demuestra que alguna evidencia se obtuvo de manera ilegal o sin autorización, esa prueba específica puede declararse inadmisible. No obstante, se pueden permitir otras búsquedas basadas en esos mismos indicios”, sostiene el profesor Birnhack. En Israel no se aplica la doctrina jurídica del “fruto del árbol envenenado”, que establece que una prueba obtenida por medios ilícitos es también ilícita y no puede tener validez en el proceso, surgida hace un siglo en EE UU.
“La incorporación de las evidencias obtenidas mediante tecnologías de software espía queda a discreción del tribunal en un juicio penal”, aclara el profesor de la Universidad de Tel Aviv. “Es pronto para decir si hubo una actuación policial ilícita y si proporcionó pruebas relevantes en el proceso de Netanyahu”, concluye.
Los investigadores de la Fiscalía General han examinando unos 1.500 móviles supuestamente afectados por el ciberespionaje a través de una base de datos interna que ha sido facilitada por la empresa NSO, según anunció el domingo el Ministerio de Justicia israelí, citado por Reuters. La compañía fabricante de Pegasus ha asegurado que el registro de control que ha aportado ofrece información exacta sobre qué teléfonos fueron intervenidos.
El veterano columnista Nahum Barnea recuerda que el uso de este tipo de tecnología coincidió con la llegada a la policía, a partir de 2015, de mandos procedente del Shin Bet, habituados al ciberespionaje masivo en Palestina. “Se transformó en una especie de Stasi”, reflexiona Barnea en las páginas de Yedioth Ahronoth, “una organización que espiaba a cualquiera que no le cayera en gracia [en Alemania oriental]”. Las críticas sobre el empleo de programas de ciberespionaje israelíes en el resto del mundo apenas habían captado la atención de la opinión pública. Hasta ahora.
El Mosad pidió ayuda a NSO para pinchar móviles
A pesar de contar con sus propias herramientas de espionaje de comunicaciones, el Mosad ha intervenido también móviles y dispositivos desde Israel con el programa Pegasus, según informaba el diario Haaretz, que citaba confidencialmente a empleados del grupo NSO. Agentes del servicio de inteligencia exterior solicitaron a técnicos del fabricante de Pegasus que accedieran a algunos teléfonos en su nombre, presumiblemente porque no lograban hacerlo con sus propios programas o para no dejar rastro de su intervención.
Responsables del Mosad solían visitar la sede central de NSO en Herzliya (norte de Tel Aviv) junto con delegaciones extranjeras, en particular de países árabes y africanos, interesadas en adquirir el programa Pegasus. Tras haber servido como herramienta para la expansión de la ciberdiplomacia israelí, la tecnología de espionaje telefónico diseñada por empresas como NSO ha pasado a formar parte del estricto sistema de seguridad interna del Estado de Israel.
El presidente colombiano, Iván Duque, dijo el martes 11 de mayo que las autoridades han iniciado 65 acciones disciplinarias por violencia policial, ocho de ellas por homicidio, durante las protestas que completaron 14 días en el país y en las que Cali (suroeste) es la ciudad más afectada.
«Se han adoptado 65 acciones disciplinarias, 27 por abuso de autoridad, 11 por agresión física, 8 por homicidio, 19 por otras conductas», dijo el jefe de Estado en su visita a Cali, donde se reunió con autoridades y miembros de la comunidad local.
#ColombiaAlAire | Organizaciones de Abogados y Derechos Humanos denunciaron ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional las agresiones y presuntos abusos policiales durante las protestas en Colombia. 📻➡ https://t.co/LPPvT06WLI pic.twitter.com/Kd8PDqxpLl
Organismos internacionales como la ONU, la Unión Europea (UE), gobiernos, así como los manifestantes le han pedido a Duque que tome acciones contra la violencia policial, castigue a los culpables de las mismas y garantice el derecho a la protesta pacífica.
La Defensoría del Pueblo informó hoy que ha recibido reportes de que 41 personas han muerto en los 14 días de paro.
En las últimas décadas, no habíamos vivido una situación donde la policía de Colombia actúe de una manera tan brutal en distintos puntos del país.
Mi entrevista en @bluradioco: https://t.co/cpW2YkKJH7
— José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) May 11, 2021
Aunque con menor intensidad que los 13 días anteriores las marchas siguieron este martes, los sindicatos y organizaciones que están detrás de la organización del paro del 28 de abril volvieron a convocar una jornada de paro para este miércoles.
Duque, que hoy por segunda vez visitó Cali -epicentro de las protestas- dijo que las autoridades han detenido a 667 personas por hechos vandálicos, 20 por orden judicial y 647 en al ser encontrados en flagrancia».
Ella es Daniela Soto, la estudiante indígena herida en marchas de Cali. Conozca todos los detalles acá 👉 https://t.co/JJXk9gHn1I pic.twitter.com/VPjiw627uV
De otro lado, Duque anunció también en Cali que los estudiantes de universidades públicas y de instituciones técnicas y tecnológicas no tendrán que pagar matrícula para el segundo semestre de este año. Uno de los reclamos más sentidos de los manifestantes es que el gobierno debe garantizar «matrícula cero» para los estudiantes de universidades públicas.
#Colombia: 650 organizaciones de la sociedad civil hacen un llamado a la @CIDH a que solicite la anuencia del Estado para visitar el país e instalar un mecanismo independiente de expertos que colabore con la investigación de lo ocurridohttps://t.co/vU7iML5aA8 pic.twitter.com/dO1UTyYYc7
El procedimiento culminó en calle el Roble con El Tranque, luego que los antisociales perdieran el control del vehículo, chocando contra 2 autos estacionados.
En el lugar se logró la incautación de un arma y la detención de 3 hombres, entre los cuales se encuentra el cantante chileno Pablo Chill-E (Pablo Acevedo).
Detienen a lonko Alberto Curamil durante un procedimiento por barricadas en Perquenco
Los manifestantes bloquearon la ruta y se enfrentaron a carabineros. El destacado activista medio ambiental resultó herido con impactos de perdigones.
24Horas.cl Tvn
30.04.2021
En medio de un procedimiento por barricadas que bloqueaban la ruta 5 Sur fue detenido este jueves 29 de abril el lonko Alberto Curamil, reconocido activista ambiental.
El hombre fue apresado junto a dos personas más -un hombre de 28 años y un menor de edad- durante enfrentamientos con Carabineros, incidentes que además le provocaron una herida por impacto de perdigón en el cuerpo.
El bloqueo de la ruta se realizó, según Curamil, en protesta por la quema de una casa de una mujer de la comunidad mapuche de Perquenco. El activista indicó que sospechan que el ataque fue realizado por miembros del grupo denominado Apra (que reúne a víctimas de violencia rural en la Araucanía).
«Queremos denunciar la violencia que está generando este grupo Apra», dijo Curamil la mañana de este viernes luego de ser liberado tras un control de detención por desórdenes.
El coronel Richard Gutiérrez, prefecto de Cautín, se refirió al hecho planteando que Carabineros concurrió al lugar por «graves desórdenes públicos» y porque algunos de los presentes tenían «goleadoras con al finalidad de agredir a personal policial».
