Venezuela: EE UU dice que no reconoce a Maduro como presidente y que la liberación de presos no es un canje por sanciones | Internacional

El presidente de Colombia, Ivan Duque, a la derecha, junto al senador Bob Menendez, este jueves en el Capitolio de Washington.MICHAEL REYNOLDS (EFE)

La reunión de una delegación del Gobierno de Joe Biden el pasado fin de semana en Caracas con Nicolás Maduro, el líder chavista al que consideran ilegítimo, sigue echando chispas en Estados Unidos. La Casa Blanca aseguró este jueves que sigue sin reconocer a Maduro como presidente legítimo y negó tajantemente que esté negociando un levantamiento de sanciones a cambio de la liberación de presos o acuerdos sobre petróleo, en plena crisis energética por Ucrania. La noticia de la excarcelación de dos estadounidenses en Venezuela no ha aplacado el desconcierto de la oposición por el acercamiento al régimen chavista, ni tampoco las críticas de legisladores republicanos y demócratas. El presidente colombiano, Iván Duque, se encontraba de visita en la capital norteamericana en plena polémica y se reafirmó en su condena a la “dictadura de Nicolás Maduro”.

“No reconocemos a Maduro como líder de Venezuela, pero estaba deteniendo a ciudadanos estadounidenses y nuestra prioridad era traer a esos ciudadanos estadounidenses a casa”, recalcó la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en su rueda de prensa diaria. Psaki había dicho el lunes que la reunión del fin de semana había abordado, entre otras cuestiones, la “seguridad energética”. Este jueves aclaró que, al menos hoy por hoy, no hay abierta ninguna negociación sobre la importación de hidrocarburos de Venezuela ni tampoco sobre el levantamiento de los castigos económicos que Estados Unidos ha impuesto al régimen en los últimos años.

El 23 de enero de 2019, Washington reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y reclamó a Maduro el abandono del poder y la celebración de elecciones justas. Biden mantuvo la política y las sanciones al llegar al poder, hace más de un año, pero la semana pasada una imagen de deshielo irrumpió en la escena para sorpresa del propio Guaidó y buena parte del Congreso de Estados Unidos. El senador Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores, no ocultaba su disgusto por la falta de información este jueves en el Capitolio. “[Maduro] no ha hecho nada para ganarse el derecho de que nos involucremos con él”, subrayó, añadiendo que se había enterado por la prensa.

Menéndez hizo estas declaraciones tras reunirse con el presidente Duque. El mandatario colombiano evitó dar su opinión sobre el acercamiento de Biden, pero sí reafirmó su postura “coherente”. “Nosotros nos mantendremos en la misma línea de política exterior que hemos mantenido, condenado la dictadura, llamando a Nicolás Maduro como lo que es, un criminal de lesa humanidad”, recalcó. Tras la reunión con Biden en la Casa Blanca, Duque ofreció además el petróleo colombiano frente al de Venezuela. “Colombia hoy es un país que tiene más capacidad de suministrar hidrocarburos de lo que tiene Venezuela”, dijo.

El miércoles por la noche, en una llamada con periodistas, un alto funcionario de la Administración de Biden ya había recalcado que no se había comprometido a ninguna cancelación de las sanciones a cambio de esta liberación y que no se había tomado “ninguna decisión” sobre la compra de crudo a Venezuela. La cuestión es qué espera Maduro ahora de Washington.

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Egipto agiliza los procesos judiciales estancados contra sus presos políticos más destacados | Internacional

Unos acusados encerrados en una jaula de hierro, durante un juicio en un tribunal de El Cairo, en enero de 2018.getty

La bióloga catarí de origen egipcio Ola Al Qaradawi, más conocida por ser hija del influyente teólogo Yusef Al Qaradawi, volvió a pisar el asfalto la víspera del pasado Año Nuevo. Tras más de 1.600 días —o cuatro años y pico— en prisión preventiva y en régimen de aislamiento a la espera de juicio o de que se presentaran siquiera pruebas contra ella, la Fiscalía de Egipto ordenó su excarcelación. Al Qaradawi pudo reunirse de nuevo con parte de su familia y recibir atención médica, según afirmó su entorno en un comunicado.

No corrió la misma suerte el ingeniero informático Alaa Abd El Fattah, un icono de la revolución de 2011 en Egipto y hoy convertido en el preso político de más alto perfil del país tras pasar casi toda la última década entre rejas. El 20 de diciembre, un tribunal egipcio le impuso una nueva pena de cárcel de cinco años, según señaló su familia, por difundir noticias falsas supuestamente.

Los dos casos anteriores figuran entre varias decenas de destacados defensores de derechos humanos, activistas y políticos de la oposición que tras languidecer en prisión preventiva por largos periodos —a veces muy por encima del límite legal— han sido referidos estos meses a tribunales de excepción para ser juzgados o, en contadas ocasiones, excarcelados a la espera de ser investigados. Este movimiento inusual en los juzgados, después de años de parálisis, es interpretado por algunos como un avance positivo y el preludio de una mejora en materia de derechos humanos en Egipto. Otros observadores lo consideran un simple gesto cosmético insuficiente para acabar con la grave crisis de derechos humanos en el país y dirigido a mejorar su imagen en el exterior.

El presidente egipcio, Abdelfatá al Sisi, presentó el pasado septiembre una estrategia de derechos humanos quinquenal que plantea una serie de reformas enfocadas a proteger una noción intencionadamente amplia de derechos humanos en el país. A finales de octubre, Al Sisi anunció el fin del estado de emergencia en casi todo el país, que llevaba en vigor cuatro años y cedía a las fuerzas de seguridad amplios poderes sin apenas revisión judicial.

Grupos de derechos humanos, sin embargo, han señalado que la nueva estrategia nacional no aborda la profundidad de la crisis que sufre el país en materia de derechos humanos. Y aunque recibieron el fin del estado de excepción como un paso en la buena dirección, recordaron que el régimen egipcio ha aprobado estos años enmiendas, decretos y leyes de contenido parecido al de la ley de emergencia, de modo que, levantada esta, casi no existen diferencias significativas, lo que pone en entredicho su compromiso.

Justo antes de poner fin al estado de excepción, las autoridades egipcias remitieron al menos a 48 destacados activistas, opositores y defensores de derechos humanos que habían pasado meses o años en detención preventiva a tribunales de emergencia contra los que no se puede apelar, tal y como ha trascendido a medida que se iniciaban sus juicios y como han denunciado grupos como Human Rights Watch. Entre los remitidos a estos juzgados se encuentran Alaa Abd El Fattah, el excandidato presidencial Abdel Moneim Abu Al Fotouh y el exdiputado Ziad El Elaimy.

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Paralelamente, un puñado de destacados presos políticos, como Al Qaradawi, han sido excarcelados, sumándose a otros seis el pasado julio. Entre ellos figuran el activista egipcio-palestino Ramy Shaath, el investigador sobre derechos de género Patrick George Zaki, la activista por los derechos humanos Sanaa Seif y el activista por los derechos de los coptos y otras minorías Ramy Kamel. Pese a su excarcelación, las causas contra todos —excepto Seif, que ya cumplió su condena— siguen abiertas y no se han retirado los cargos.

El miembro del Consejo Nacional de Derechos Humanos Mohamed Anwar El Sadat, que en los últimos meses se ha erigido como activo mediador con las autoridades para liberar a presos políticos, señala a EL PAÍS que las autoridades egipcias están dispuestas a aliviar la situación de los derechos humanos porque estiman que el país es ahora estable y seguro.

Además, apunta a que varias instituciones del Estado, incluidos la judicatura, la Fiscalía y los ministerios de Justicia e Interior, se están coordinando para abordar los abusos de la detención preventiva, objeto de muchas críticas, y conceder algunos indultos. “Se avecinan más cosas. Pero llevan su tiempo. No se puede cambiar toda la filosofía en un día. Lleva tiempo, sí; pero está pasando y es prometedor”, asegura.

La mayoría de organizaciones de derechos humanos del país, en cambio, se muestran más cautas, y pese a celebrar las excarcelaciones individuales, alertan de que aún hay decenas de miles de presos políticos en Egipto. En esta línea, la Comisión Egipcia de Derechos y Libertades lanzó el pasado abril un registro electrónico con un centenar de destacados detenidos en casos políticos. Hasta la fecha, solo 29 han sido excarcelados. “Siempre hay excepciones a la regla. Y la regla es que la represión continúa”, desliza a EL PAÍS Mohamed Lotfy, director de la organización.

Lotfy señala que otras personas que no son conocidas también han sido excarceladas, pero apunta que, una vez fuera de prisión, suelen seguir en libertad condicional, que debe renovarse ante un juzgado cada 45 días. Y explica que, recientemente, constataron cómo en la ciudad de Alejandría un juez canceló la libertad condicional de 60 personas y ordenó su reingreso a la cárcel en una sola semana, lo que exhibe una falta de directriz clara.

“Los liberados son una gota en el océano”, agrega. “Para ver un cambio real necesitamos una verdadera revisión judicial, exhaustiva y completa, de todos los que están en prisión preventiva para liberar inmediatamente a los acusados en casos políticos”.

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La prisión de Guantánamo, icono infame de torturas y abusos, cumple 20 años con 39 presos aún entre sus rejas | Internacional

El 11 de enero de 2002, vestidos con monos color naranja y procedentes de un vuelo militar, llegaron a Guantánamo los primeros 20 detenidos de un nuevo centro de detención para sospechosos de terrorismo ideado por el Gobierno de Estados Unidos en plena conmoción por los atentados del 11-S. La ubicación, en una enorme base naval al sureste de Cuba, ofrecía un margen de maniobra extremo a sus custodios: las leyes y garantías estadounidenses no eran aplicables, abogados y familiares no tenían acceso y, según advirtió el presidente George W. Bush al abrirlo, la Convención de Ginebra no cubría a sus reos. Estos eran, en palabras del Pentágono, “lo peor de lo peor” y el país estaba en guerra, así que todo valía.

Guantánamo se acabó convirtiendo en símbolo de abusos y torturas por parte del país que se precia de ser el faro de la democracia. Llegó a albergar a casi 680 presos. El propio Bush quiso cerrarlo; su sucesor, el demócrata Barack Obama, lo intentó durante años; Donald Trump frenó el proceso pero Joe Biden llegó a la Casa Blanca con la promesa de hacerlo. Este martes, al cumplirse 20 años de la apertura, la prisión más infame sigue abierta con 39 presos, para disgusto de las organizaciones de derechos humanos y del propio Gobierno. Las dificultades para trasladar a los prisioneros, debido en buena medida a las restricciones impuestas por el Congreso, la han convertido en una mancha indeleble en la lucha de Estados Unidos contra el terror.

Policías militares trasladan a un detenido en la prisión de Guantánamo
(Cuba), el 6 de febrero de 2002. LYNNE SLADKY (AP)

Diez de los 39 internos están imputados por cargos, entre ellos, cinco acusados de ayudar a planear los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, que se cobraron la vida de 3.000 personas. Pero aún no han sido juzgados y eso incluye a Jaled Sheij Mohammed, que se declaró cerebro de los atentados. Otros dos presos sí han sido sentenciados y están cumpliendo condena: Ali Hamza Sulayman al Bahlul, un ayudante de Bin Laden que afronta cadena perpetua, y Majid Khan, un pakistaní residente en Maryland que participó en varios planes de Al Qaeda y termina su tiempo entre rejas el próximo mes.

El resto no ha sido acusado a lo largo de estos 20 años pero siguen en Guantánamo con el argumento de que son detenidos de guerra dentro del conflicto con Al Qaeda y pueden permanecer allí por tiempo indefinido. Un panel que revisa su situación ha recomendado el traslado de alrededor de una docena de ellos, pero eso no es sencillo. En todo su primer año de Administración, Joe Biden solo ha sido capaz de transferir a un reo, Abdul Latif Nasir, que fue recibido -y detenido nada más llegar- por Marruecos.

El procedimiento para poder llevar a cabo un traslado es complejo y sujeto a restricciones clave. Primero, es necesaria la recomendación del Consejo de Revisión Periódico, un panel que reúne a seis agencias de seguridad diferentes del Gobierno. Luego, el Departamento de Estado tiene que llegar a un acuerdo con un tercer país y este no puede ser ninguno que no asegure el respeto a sus derechos humanos o no pueda garantizar el control de ese detenido. Una vez logrado el acto, el jefe del Pentágono debe informar al Congreso. Todo este proceso se puede llegar a eternizar. O peor. En el caso de Abdul Latif Nasir, el único al que ha podido trasladar Biden hasta ahora, la aprobación para el plan llegó en 2016, pero el Gobierno de Trump decidió dejar el caso en un cajón.

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El Congreso también prohíbe el traslado de estos presos a Estados Unidos con el argumento de su peligrosidad y, además de todo eso, prohíbe el uso de fondos públicos tanto para su traslado a países extranjeros o a suelo estadounidense, como para cualquier ampliación o construcción en las actuales instalaciones. Biden ha pedido con poco éxito que el Capitolio revoque estos condicionantes. En una sesión en el Senado en diciembre, los republicanos dejaron claro que no piensan cambiar una coma de la actual ley.

El senador Lindsey Graham, de Carolina del Sur, lo expresó con estas palabras: “No estamos luchando contra un crimen. Estamos luchando en una guerra. No quiero torturar a nadie. Quiero someterlo a un proceso coherente con el estado de guerra y, si es necesario, mantenerlos detenidos tanto tiempo como sea necesario para mantenernos a salvo o llegar a la conclusión de que ya no son una amenaza”. En mayo, ocho senadores republicanos habían enviado una carta a Biden en la que se oponían al intento de cerrar el complejo a base de traslados.

El ahogamiento fingido (waterboarding), la privación de sueño o la exposición a temperaturas extremas fueron algunas de las técnicas de tortura utilizadas por Estados Unidos en Guantánamo. Trascendió de muchos modos, con la publicación de los documentos clasificados por parte de WikiLeaks en 2011 y en boca de abogados de derechos humanos o relatos sórdidos como el de Mohamedou Ould Slahi, el mauritano que escribió sus memorias en 2005 y fue liberado en 2016. Sin embargo, el paquistaní Majid Khan se convirtió en el pasado octubre en el primer recluso de Guantánamo que relató públicamente ante un jurado militar en esa base los métodos de interrogación. “Mientras más cooperaba, más me torturaban”, dijo ante un jurado militar en la base.

Bush trató de cambiar el paso al poco de abrir la prisión. Primero, admitió que los talibanes y afganos detenidos sí quedarían cubiertos por la Convención de Ginebra. En 2006, el Tribunal Supremo de Estados Unidos estableció que ese convenio se aplicaba a todos los detenidos y que el sistema de comisiones militares diseñado por la Casa Blanca violaba las leyes internacionales. El presidente republicano excarceló a unos 500 arrestados y Obama, a cerca de 200. Cuando el demócrata llegó al cargo en 2009, se propuso cerrarlo en el plazo de un año. Mantenerlo supone un coste de unos 13 millones de dólares por prisionero y año para el erario público. También, deja en activo una “mancha moral” para Estados Unidos, según señaló la semana pasada el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.

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Policías se quedaron la cocaína y terminaron presos

La patrullera y sus dos compañeros se habrían apropiado de parte de un cargamento de casi 200 kilos de coca que fue incautado en un operativo.

Tres integrantes de la Policía Nacional terminaron encanados por apropiarse ilegalmente de una parte de la cocaína que había sido incautada tras un operativo realizado en Buenaventura a un camión cisterna, utilizado para almacenar y transportar hidrocarburos.

El juez Segundo Penal con función de control de garantías envió a la cárcel a los tres policías activos identificados Marisol Parra Ortega, Víctor Alfonso López Díaz y
Juan Carlos Molano Guió, quienes fueron imputados por los delitos de fabricación, tráfico, y porte de estupefacientes, peculado por apropiación, peculado por uso, y falsedad ideológica en documento publico.

Los hechos por los cuales son investigados los uniformados ocurrieron el 1 de octubre de 2020, cuando estaban adscritos a la Sijín de la Policía Valle del Cauca, y según fuente fuente humana, no habrían reportado el total de una incautación de la sustancia hallada un camión.

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, el automotor tenía una caleta en su interior en la cual transportaban más de 197 kilos, que según la Prueba de Identificación Preliminar Homologada, PIPH, cocaína y que los uniformados se habrían apoderado de una parte del narcótico.

Se presume que el automotor tenía una caleta en su interior, la cual contenía más de 197 kilos que según la Prueba de Identificación Preliminar Homologada (PIPH), dió positivo para cocaína, caleta que los uniformados no reportaron en su totalidad.

Como resultado de la investigación los procesados fueron capturados por servidores de la Dijín en cumplimento de órdenes de captura, y aunque no aceptaron los cargos el juez de control de garantías avaló los argumentos de la Fiscalía General de la Nación y envió a la cárcel a los tres policías.