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Máximo Kirchner en un acto electoral en Buenos Aires, en 2019.
Máximo Kirchner en un acto electoral en Buenos Aires, en 2019.Carol Smiljan (NurPhoto via Getty Images)

La coalición peronista que gobierna Argentina desde 2019 se tambalea. El último terremoto ha sido originado por el diputado Máximo Kirchner, hijo de los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, al renunciar a la presidencia del bloque oficialista en la Cámara Baja. La decisión exhibe la disconformidad del kirchnerismo con el principio de acuerdo alcanzado el viernes entre el Gobierno de Alberto Fernández y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para reestructurar la deuda de 44.000 millones de dólares contraída por el Estado sudamericano en 2018. Las divisiones internas sobre el acuerdo, que obliga a Argentina a alcanzar el equilibrio fiscal en 2025, complican aún más el debate parlamentario necesario para su aprobación definitiva.

“He tomado la decisión de no continuar a cargo de la presidencia del Bloque de Diputados del Frente de Todos. Esta decisión nace de no compartir la estrategia utilizada y mucho menos los resultados obtenidos en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), llevada adelante exclusivamente por el gabinete económico y el grupo negociador que responde y cuenta con la absoluta confianza del Presidente de la Nación, a quien nunca dejé de decirle mi visión para no llegar a este resultado”, arranca el comunicado de Kirchner difundido este lunes.

El diputado nacional ha subrayado que permanecerá “dentro del bloque para facilitar la tarea del presidente y de su entorno”. La coalición se mantiene así con vida, pero muestra de nuevo su fragilidad a la espera de que se pronuncien otras voces destacadas del kirchnerismo. La vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, guarda silencio desde el viernes. Tampoco se han pronunciado sobre el acuerdo los integrantes de la agrupación La Cámpora más cercanos a Kirchner, como los ministros Wado de Pedro (Interior) o Juan Cabandié (Medio Ambiente).

El presidente anticipó este lunes en una entrevista que la vicepresidenta está en desacuerdo con la decisión tomada por su hijo, pero sólo se sabrá cuando tome ella la palabra. El estilo combativo de Kirchner ya provocó un quebradero de cabeza al presidente Alberto Fernández un mes atrás, cuando su duro discurso en la Cámara de Diputados propició que la oposición se uniera para rechazar el Presupuesto de 2022.

Descontento con el ajuste

La mayor discrepancia del kirchnerismo es el ajuste pactado con el FMI. “Como veo que siempre se interesan por los gastos, podrían ahorrar en economistas caros, ya que para hacer lo que hacen sólo basta con gente que sepa apretar prometiendo el infierno si no se hace lo que ellos quieren”, señaló Kirchner en su carta.

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El equipo económico liderado por el ministro Martín Guzmán acordó un sendero de reducción fiscal que contempla alcanzar el déficit cero en 2025, dos años antes de lo que pretendía el Gobierno argentino. Este compromiso adquirido supondrá una importante reducción del gasto público, a la que se ha opuesto en numerosas ocasiones Fernández de Kirchner por considerar que pone en riesgo el crecimiento económico.

El organismo multilateral señaló que Argentina aceptó reducir los subsidios a la energía, lo que hace prever importantes aumentos en las tarifas de la luz, el gas y la electricidad después de haber permanecido casi congeladas desde la irrupción de la pandemia.

El documento definitivo que selle Argentina con el FMI deberá ser aprobado por el Congreso, donde el peronismo no tiene la mayoría suficiente en ninguna de las dos cámaras para sacarlo adelante sin negociar. Cualquier ruptura en sus filas volvería aún más cuesta arriba el trámite parlamentario sobre un acuerdo que marcará la política económica de los próximos años del país sudamericano.

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El presidente Joe Biden visita este jueves el Congreso de EE UU.
El presidente Joe Biden visita este jueves el Congreso de EE UU.Oliver Contreras / POOL (EFE)

El líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, logró este miércoles que el proyecto de ley de la reforma electoral pasase a votación en la Cámara Alta y se anotó una victoria frente al filibusterismo, un anacronismo de la política estadounidense que impone la necesidad de una mayoría cualificada en las votaciones en esa cámara para aprobar una legislación. El veterano demócrata lo consiguió circunvalando esa figura con una treta parlamentaria. De poco valió. El rechazo de dos senadores demócratas, los centristas Joe Manchin y Kyrsten Sinema, a cambiar las reglas de juego y permitir que la reforma electoral saliera adelante con mayoría simple (y no 60 votos), dejó herida de muerte una de las reformas estrella de Joe Biden.

Schumer comunicó a las filas de su partido que iba a incluir en la votación para enmendar un proyecto de ley diferente —relacionado con la autoridad de la NASA para alquilar sus instalaciones— la Ley John Lewis de Avance de los Derechos Electorales y la Ley de Libertad para Votar. Antes del mediodía del miércoles, la Cámara daba el visto bueno a la enmienda y por tanto a pasar a votación la ley de reforma electoral, antes del próximo lunes, festividad que conmemora la vida de Martin Luther King.

La batalla quedaba entonces en manos del Senado, dividido al 50% entre demócratas y republicanos pero que cuenta con el voto de calidad de desempate de la vicepresidenta de EE UU, la demócrata Kamala Harris. Aunque, una vez más, el Partido Demócrata y la voluntad legislativa del presidente, estaba secuestrada por Manchin y Sinema. La artimaña utilizada por el veterano Schumer, quien de sobra sabe que no cuenta con 60 votos que aprueben esa legislación en el Senado, estaba diseñada para que cada senador tuviera que expresar su acuerdo o desacuerdo con la reforma del derecho al voto en EE UU y así constase en acta. La importancia de esa votación se reflejaba en las palabras de la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi: “Está en juego nada menos que nuestra democracia”, dijo. El broche lo colocaba el astuto Schumer, al declarar: “Entonces, finalmente se llevará a cabo un debate sobre la legislación del derecho al voto por primera vez en este Congreso”.

Sin embargo, el ardid de Schumer resultaría baldío y dejó ver las costuras rotas del Partido Demócrata cuando los dos versos sueltos de ese partido en el Senado, Kyrsten Sinema y Joe Manchin, anunciaban que votarían en contra como denuncia a lo que consideraban un tejemaneje para esquivar el filibusterismo. Por la mañana, Schumer declaraba que, con su manejo de la frustrante situación que impone la necesidad de los tres quintos, se podía lograr “debatir por mayoría simple”, algo que, en su opinión, se ha negado “cuatro veces en los últimos meses porque los republicanos no querían avanzar”. “Cada senador tendrá que elegir si aprobar o no esta legislación para proteger nuestra democracia”, sentenció el demócrata.

Si el pasado miércoles la Casa Blanca trasladaba el escenario político a Georgia, para con todo el empaque que da la presidencia, promulgar un discurso de llamamiento a la defensa de la democracia a través del fortalecimiento de las leyes del voto, este jueves Joe Biden recorrió el corto espacio que separa la residencia oficial del Capitolio para poner presión a los senadores demócratas y hacer que todos estuvieran en la misma página. Tan simbólica visita no valió de nada. Antes incluso de que el mandatario pusiese un pie en el Congreso, Sinema aseguraba que votaría en contra. Tras su reunión, en unas breves declaraciones, el presidente de EE UU se vio forzado a salvar la cara limitándose a decir que creía que se podía llegar a un acuerdo pero que no estaba “seguro”.

Cuando falta una semana para que cumpla un año en el cargo, el índice de popularidad de Biden entre la opinión pública es inferior al 40% y los republicanos parecen cada día mejor posicionados para quitar el control del Congreso a los demócratas en las elecciones de mitad de mandato que se celebrarán en noviembre. El desgaste presidencial en este asunto es monumental. Incluso a pesar de haber pasado a la ofensiva, las palabras de Biden de hace apenas dos días parecían este jueves vacías.

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“No me echaré atrás. No vacilaré. Defenderé vuestro derecho al voto y nuestra democracia contra los enemigos de dentro y de fuera”, declaró el demócrata el pasado martes en la Universidad de Clarke, en Atlanta. Biden, quien fue senador durante 36 años, se resistió durante toda su carrera en la Cámara Alta a tocar la enraizada costumbre parlamentaria del filibusterismo. Sin embargo, con 19 Estados de la Unión que aprobaron el año pasado 34 leyes que dificultan el acceso al voto de las minorías en general, pero especialmente de los negros, el presidente declaraba en julio la lucha contra las restrictivas normas de los republicanos como “la prueba más significante que enfrenta la democracia americana desde la Guerra Civil”.

Para el presidente norteamericano, “la batalla por el alma de América no ha acabado”. Con varias referencias al primer aniversario del asalto al Capitolio, que cumplió un año la semana pasada, el mandatario dejó claro en su discurso en la cuna de los derechos civiles que la democracia no está garantizada si no se protege el voto. “Este es el momento de decidir, de defender nuestras elecciones y nuestra democracia”, pronunció el demócrata. “No quedará otra opción que cambiar las normas del Senado, incluyendo terminar con el filibusterismo”, advirtió Biden, quien casi deletreando dijo: “Apoyo cambiar reglas del Senado”.

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El empresario y excandidato presidencial peruano César Acuña, en febrero de 2016.
El empresario y excandidato presidencial peruano César Acuña, en febrero de 2016.Ernesto Arias (EFE)

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la división de América de Human Rights Watch han lamentado la sentencia de un juez por difamación agravada contra un periodista y el director de Penguin Random House en Perú debido a que contraviene la jurisprudencia internacional y las obligaciones del Estado en cuanto a libertad de expresión. Más de una docena de instituciones peruanas e internacionales han rechazado el fallo del lunes, que dio la razón parcial al excandidato presidencial y empresario César Acuña, quien aduce que algunas frases del libro Plata como cancha -un perfil de su trayectoria- han dañado su “honor”.

El juez penal Raúl Jesús condenó a dos años de prisión suspendida y al pago de una reparación civil de casi 100.000 dólares al autor del libro, Christopher Acosta, y a Jerónimo Pimentel, director general de la editorial en el país andino. Además, les impuso como reglas de conducta no cambiar de domicilio sin previo aviso al magistrado y registrarse cada 60 días en un “control biométrico” del Poder Judicial. El magistrado ordenó también un pago al Estado de 20 días-multa, equivalente a unos 500 dólares. El principal argumento del juez para considerar 35 frases del libro “agraviantes” contra Acuña es que el periodista no corroboró las citas de terceros; el magistrado afirmó tal cosa pese a que los testimonios de las fuentes son un elemento básico en la investigación periodística.

Acosta ha remarcado en varias entrevistas que las personas a quienes cita en su libro declararon en las décadas anteriores a medios nacionales y locales y él ha recogido tales informaciones, contrastándolas y contextualizando los hechos; sin embargo, el político nunca denunció por difamación a esas fuentes. Acuña ha sido tres veces candidato presidencial de Perú, es dueño de una universidad con fines de lucro, y fundó el partido Alianza para el Progreso, cuya bancada parlamentaria es la cuarta por el número de escaños. Los congresistas de su partido no hacen alianzas abiertas para estar en posibilidad de negociar de manera más pragmática.

Juan Papier, investigador senior de Human Rights Watch para las Américas, comentó en Twitter que la sentencia por “difamación” “contradice obligaciones internacionales sobre libertad de expresión”. “Debe ser revertida”, pidió. Por su parte, el pronunciamiento de la SIP lamenta la “grave sentencia en Perú que afecta la libertad de prensa” debido a que se siguen utilizando las demandas de figuras públicas y los procesos penales en contra de los periodistas como forma de frenar la divulgación de información crítica y de interés público. La entidad que agrupa a más de 1.300 propietarios de medios en el hemisferio pidió al Congreso de Perú una norma para dejar de criminalizar al periodismo en delitos contra el honor. El presidente de la comisión de libertad de prensa de la SIP, Carlos Jornet, indicó que “cuando se trata de figuras públicas, las acciones penales transgreden la jurisprudencia internacional y suelen tener un efecto desalentador en contra de las libertades de expresión y de prensa”.

El jurista peruano Diego García-Sayán también destacó el peligro que significa para el Estado peruano —y no solo para la prensa— la sentencia del juez Jesús por atentar contra el derecho fundamental de la libertad de expresión. “Un Estado donde hay un juez o un sistema judicial que condena a unas personas por estos hechos es un Estado que sería condenado en un tribunal internacional por [no cumplir con] su responsabilidad internacional”, apuntó García Sayán en una entrevista en el canal TV Perú. El abogado preside el tribunal de honor del Consejo de la Prensa Peruana y es, asimismo, relator especial de la ONU sobre la independencia de jueces y fiscales.

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Más críticas a la sentencia

A los pronunciamientos de organizaciones internacionales de la sociedad civil en solidaridad con los demandados, este martes se han sumado los mensajes de las representaciones diplomáticas de Estados Unidos y Gran Bretaña en Perú. “La libertad de expresión, incluida la libertad de prensa como base de toda democracia, es uno de los derechos más fundamentales del ser humano. Estados Unidos aboga por el estricto respeto a este derecho en cualquier parte del mundo y trabaja día a día para fortalecerlo”, tuitearon al unísono las embajadas de dichos países la mañana del martes.

El lunes, la embajadora de los Países Bajos en Perú, Natalie Lintvelt se refirió al caso con preocupación, y reiteró la voluntad de “apoyar al Perú en el cumplimiento del Compromiso de La Haya para aumentar la seguridad de los periodistas, del cual es signatario”. Horas más tarde, las cuentas de Twitter de la Unión Europea en Perú y la Embajada de Canadá también emitieron mensajes en los que pedían proteger las libertades de expresión y de prensa.

Luego de conocerse la condena, el abogado principal de Acuña, Enrique Ghersi, dijo en una entrevista en televisión que el autor del libro no buscó la versión de su patrocinado sobre los hechos contenidos en la obra, pese a que Acosta ha declarado que la solicitó por múltiples vías y tiene los registros para demostrarlo.

Ningún político ha respaldado pública y directamente a Acuña tras la sentencia del juez Jesús; un puñado de congresistas se ha solidarizado con el periodista y ha cuestionado al magistrado, mientras que un parlamentario del partido Podemos Perú ha presentado un proyecto de ley para que la pena por el delito de difamación sea cárcel efectiva. Por otro lado, el líder del partido de Gobierno, Vladimir Cerrón, lanzó un tuit políticamente incorrecto en el que cuestionó que la controversia de este caso fuera de libertad de expresión. Sostuvo que si las afirmaciones del libro eran verdaderas, la sentencia “deviene en arbitraria”, pero si eran falsas, “el autor debe ser sentenciado”.

En tanto, los pronunciamientos críticos contra la condena judicial siguen en aumento, como los de académicos de las universidades Mayor de San Marcos y Católica, y los ejemplares de Plata como cancha se han vuelto a agotar en las librerías.

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