«Para mí es muy difícil saber que en mi país me condenen sin saber lo que ha pasado, eso me destruye, dijo Escobar al programa Primer Toque.
Noticias Colombia.
El caso del futbolista colombiano Andrés ‘Manga’ Escobar ha retumbado en los medios de comunicación desde que se conoció la sentencia de más de dos años por abuso sexual.
‘Manga’, de 30 años de edad con pasada en el Deportivo Cali, Atlético Nacional, Cúcuta Deportivo, Deportes Tolima y Millonarios, juega en el Leiknir de Reikiavik en Islandia desde el pasado mes de marzo de 2021.
Sin embargo su estadía en ese país se ha convertido en una pesadilla luego que un tribunal local le condenara a 30 meses de prisión.
Pero su caso estaría rodeado de situaciones con las que no está de acuerdo.
Lloró y dijo que sus pruebas fueron omitidas
Este lunes 14 de marzo el deportivo concedió una entrevista al programa Primer Toque de Win Sports, allí contó su versión de los hechos, lloró y hasta pidió ayuda para salir de la situación en la que se encuentra.
Manga lloró
Pidió ayuda
«Para mí es muy difícil saber que en mi país me condenen sin saber lo que ha pasado, eso me destruye«, manifestó ‘Manga’ al programa.
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Aseguró que «se está cometiendo una injusticia conmigo. Soy inocente de todo lo que se me acusa. Quiero pedir ayuda, no sé si al gobierno o a alguna persona experta, porque no me han tratado con justicia»; además aseguró «me quitaron el pasaporte ilegalmente”.
Se sostiene en su inocencia
Sobre cómo conoció a la presunta víctima, dijo en el programa que la encontró en el centro de la ciudad.
«Me dijo que me gustaba mucho la cultura de los colombianos, los chicos de color; decidimos ir a mi apartamento por consentimiento de ambos, una chica muy querida, pasó lo que tenía que pasar entre dos personas adultas, con el consentimiento de los dos”, dijo
Agregando que al día siguiente «ella se fue normal. Tengo las conversaciones en mi teléfono, estuve pendiente de que llegara a su casa», dijo a los entrevistadores.
«Al otro día me di cuenta que se le quedó su chaqueta, ella me dijo que la madre y el padre iban a recogerla; se me hizo extraño, y los que llegaron fueron los policías. Ella dice que no se acuerda de nada, y un amigo le dijo que si no se acordaba, eso era violación. La Policía dice que ella no estaba apta para dar el consentimiento y eso era violación. En los exámenes no hay signos de forcejeo o algo, además no es menor de edad”, sentenció.
☀☕ »Mis pruebas fueron omitidas para la sentencia, las declaraciones del papá no estaban en el reporte judicial y también fueron omitidas. No me da miedo que me declaren culpable, me da miedo que con tantas pruebas que tengo, pase eso»: Andrés ‘manga’ Escobar.#PrimerToquepic.twitter.com/tnoaAsEMYp
La paciencia se le ha agotado a Bruselas. La Comisión Europea ha comunicado este martes a Polonia que comenzará a deducir de sus fondos europeos la multa impuesta por negarse a cumplir con una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ordenó a Varsovia a clausurar una mina de carbón en Turów, cerca de la frontera con Alemania y la República Checa. La suma de este primer mordisco sancionador asciende a unos 15 millones de euros.
Se trata de una decisión inédita porque la Comisión nunca se había enfrentado a un caso semejante. “Es la primera vez que un Estado miembro no paga una multa impuesta por el TJUE”, asegura un portavoz. Y el movimiento de Bruselas podría además servir de referencia para los otros frentes del embrollado rifirrafe judicial entre el Ejecutivo comunitario y el díscolo vecino del Este, a cuenta del Estado de derecho y el sometimiento de Varsovia a la arquitectura jurídica de la UE.
Los 15 millones del primer sopapo económico de Bruselas a Varsovia corresponden al primer mes de incumplimiento desde que el tribunal de Luxemburgo decretara en septiembre de 2021 que Polonia debería hacer frente a una multa de 500 millones de euros diarios. El motivo era que Varsovia se negaba a cumplir una sentencia de la justicia europea dictada en mayo de ese mismo año que exigía el cierre de una mina a cielo abierto de lignito en Turów.
El tribunal europeo entendió que esta mina debía cesar la actividad debido a que afecta a las aguas subterráneas que discurren hasta la República Checa. Pero Varsovia se ha negado a su cierre alegando que la explotación, que nutre una planta de generación eléctrica, es clave para la estabilidad energética del país.
Bruselas tiene previsto hacer efectiva la decisión en diez días, que empiezan a contar desde este martes. El precedente supone un paso decisivo en la batalla de Bruselas por meter en vereda a Varsovia, con quien lleva años enfrentándose por el incumplimiento del Estado de Derecho, una guerra cuya intensidad ha crecido en los últimos meses.
Castigo por menoscabar la independencia de los jueces
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En octubre, un mes después de imponer la multa por el caso de la mina, el TJUE tomó el mismo camino sancionador y obligó a Polonia a pagar a la Comisión Europea un millón de euros al día por no paralizar las actividades de la sala disciplinaria del Tribunal Supremo del país, tal y como le reclamaba la justicia europea.
Este órgano, que amenaza la independencia de los jueces, según estima Bruselas, se encuentra en el centro de la batalla política y judicial con Varsovia. La decisión de Luxemburgo obtuvo como respuesta una creciente retórica rupturista por parte de Polonia, cuyo Tribunal Constitucional llegó a cuestionar la primacía del derecho comunitario, lo que sitúa al país al borde de la ruptura jurídica con la UE.
A la batalla judicial y a los diversos procedimientos de infracción iniciados por Bruselas para poner coto a la deriva de Polonia, se suma la refriega sobre los fondos de recuperación, con la que el Ejecutivo comunitario pretende estrechar aún más el cerco en torno al Gobierno de Mateusz Morawiecki. El polaco es uno de los pocos planes del fondo creado para atajar la crisis de la pandemia que aún no ha sido aprobado. Suma 36.000 millones de euros, entre subvenciones y préstamos.
El empresario y excandidato presidencial peruano César Acuña, en febrero de 2016.Ernesto Arias (EFE)
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la división de América de Human Rights Watch han lamentado la sentencia de un juez por difamación agravada contra un periodista y el director de Penguin Random House en Perú debido a que contraviene la jurisprudencia internacional y las obligaciones del Estado en cuanto a libertad de expresión. Más de una docena de instituciones peruanas e internacionales han rechazado el fallo del lunes, que dio la razón parcial al excandidato presidencial y empresario César Acuña, quien aduce que algunas frases del libro Plata como cancha -un perfil de su trayectoria- han dañado su “honor”.
El juez penal Raúl Jesús condenó a dos años de prisión suspendida y al pago de una reparación civil de casi 100.000 dólares al autor del libro, Christopher Acosta, y a Jerónimo Pimentel, director general de la editorial en el país andino. Además, les impuso como reglas de conducta no cambiar de domicilio sin previo aviso al magistrado y registrarse cada 60 días en un “control biométrico” del Poder Judicial. El magistrado ordenó también un pago al Estado de 20 días-multa, equivalente a unos 500 dólares. El principal argumento del juez para considerar 35 frases del libro “agraviantes” contra Acuña es que el periodista no corroboró las citas de terceros; el magistrado afirmó tal cosa pese a que los testimonios de las fuentes son un elemento básico en la investigación periodística.
Acosta ha remarcado en varias entrevistas que las personas a quienes cita en su libro declararon en las décadas anteriores a medios nacionales y locales y él ha recogido tales informaciones, contrastándolas y contextualizando los hechos; sin embargo, el político nunca denunció por difamación a esas fuentes. Acuña ha sido tres veces candidato presidencial de Perú, es dueño de una universidad con fines de lucro, y fundó el partido Alianza para el Progreso, cuya bancada parlamentaria es la cuarta por el número de escaños. Los congresistas de su partido no hacen alianzas abiertas para estar en posibilidad de negociar de manera más pragmática.
Juan Papier, investigador senior de Human Rights Watch para las Américas, comentó en Twitter que la sentencia por “difamación” “contradice obligaciones internacionales sobre libertad de expresión”. “Debe ser revertida”, pidió. Por su parte, el pronunciamiento de la SIP lamenta la “grave sentencia en Perú que afecta la libertad de prensa” debido a que se siguen utilizando las demandas de figuras públicas y los procesos penales en contra de los periodistas como forma de frenar la divulgación de información crítica y de interés público. La entidad que agrupa a más de 1.300 propietarios de medios en el hemisferio pidió al Congreso de Perú una norma para dejar de criminalizar al periodismo en delitos contra el honor. El presidente de la comisión de libertad de prensa de la SIP, Carlos Jornet, indicó que “cuando se trata de figuras públicas, las acciones penales transgreden la jurisprudencia internacional y suelen tener un efecto desalentador en contra de las libertades de expresión y de prensa”.
El jurista peruano Diego García-Sayán también destacó el peligro que significa para el Estado peruano —y no solo para la prensa— la sentencia del juez Jesús por atentar contra el derecho fundamental de la libertad de expresión. “Un Estado donde hay un juez o un sistema judicial que condena a unas personas por estos hechos es un Estado que sería condenado en un tribunal internacional por [no cumplir con] su responsabilidad internacional”, apuntó García Sayán en una entrevista en el canal TV Perú. El abogado preside el tribunal de honor del Consejo de la Prensa Peruana y es, asimismo, relator especial de la ONU sobre la independencia de jueces y fiscales.
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A los pronunciamientos de organizaciones internacionales de la sociedad civil en solidaridad con los demandados, este martes se han sumado los mensajes de las representaciones diplomáticas de Estados Unidos y Gran Bretaña en Perú. “La libertad de expresión, incluida la libertad de prensa como base de toda democracia, es uno de los derechos más fundamentales del ser humano. Estados Unidos aboga por el estricto respeto a este derecho en cualquier parte del mundo y trabaja día a día para fortalecerlo”, tuitearon al unísono las embajadas de dichos países la mañana del martes.
El lunes, la embajadora de los Países Bajos en Perú, Natalie Lintvelt se refirió al caso con preocupación, y reiteró la voluntad de “apoyar al Perú en el cumplimiento del Compromiso de La Haya para aumentar la seguridad de los periodistas, del cual es signatario”. Horas más tarde, las cuentas de Twitter de la Unión Europea en Perú y la Embajada de Canadá también emitieron mensajes en los que pedían proteger las libertades de expresión y de prensa.
Luego de conocerse la condena, el abogado principal de Acuña, Enrique Ghersi, dijo en una entrevista en televisión que el autor del libro no buscó la versión de su patrocinado sobre los hechos contenidos en la obra, pese a que Acosta ha declarado que la solicitó por múltiples vías y tiene los registros para demostrarlo.
Ningún político ha respaldado pública y directamente a Acuña tras la sentencia del juez Jesús; un puñado de congresistas se ha solidarizado con el periodista y ha cuestionado al magistrado, mientras que un parlamentario del partido Podemos Perú ha presentado un proyecto de ley para que la pena por el delito de difamación sea cárcel efectiva. Por otro lado, el líder del partido de Gobierno, Vladimir Cerrón, lanzó un tuit políticamente incorrecto en el que cuestionó que la controversia de este caso fuera de libertad de expresión. Sostuvo que si las afirmaciones del libro eran verdaderas, la sentencia “deviene en arbitraria”, pero si eran falsas, “el autor debe ser sentenciado”.
En tanto, los pronunciamientos críticos contra la condena judicial siguen en aumento, como los de académicos de las universidades Mayor de San Marcos y Católica, y los ejemplares de Plata como cancha se han vuelto a agotar en las librerías.
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