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Puerto Rico se posa hoy en un punto de inflexión que definirá su futuro. Esta semana, una jueza federal en Estados Unidos falló a favor de un plan que cancela miles de millones de dólares en deuda gubernamental, ofreciéndole al Estado libre asociado un respiro. El acuerdo también generó ganancias millonarias a fondos en Wall Street y comprometió las pensiones de trabajadores del Gobierno. Inmersa en una crisis económica desde hace 16 años, la isla ahora puede pasar el trago amargo para empezar un nuevo capítulo o repetir los errores del pasado.

El colapso financiero global entre 2008 y 2009, y sus subsecuentes crisis de deuda soberana en Grecia, Irlanda y Portugal, desgastaron el efecto de asombro que tienen las historias de naciones en bancarrota. Pero lo de Puerto Rico no deja de ser histórico y trágico. Durante décadas, la nación caribeña dependió de empresas estadounidenses como fuente de empleos en manufactura y agricultura. Éstas se instalaron ahí porque un programa de incentivos fiscales les permitía no pagar impuestos sobre la renta.

En 1996, bajo la presidencia de Bill Clinton, el Gobierno estadounidense decidió terminar el programa de incentivos fiscales de manera gradual durante 10 años. La lógica era que el Gobierno de Puerto Rico necesitaba generar sus propios impuestos para cubrir los servicios que EE UU no cubre. Además, argumentaron legisladores en ese momento, Puerto Rico tenía una alta y persistente pobreza, por lo que su economía debía crecer de manera orgánica y dejar de depender de empresas extranjeras que no pagaban impuestos.

El efecto fue duro. Para 2005, la economía se contrajo 2% y permaneció en territorio negativo por más de una década. El desempleo comenzó a escalar y miles de puertorriqueños se vieron obligados a salir en busca de trabajo en territorio estadounidense. Para poderse financiar, el Gobierno de Puerto Rico emitió bonos en el mercado internacional y empezó a pagar sus gastos corrientes con deuda. Cuando eso no fue suficiente, dejó de pagar las pensiones de empleados del Gobierno, como maestros. La especialista en renta fija y mercados globales Cate Long recuerda cuando, en 2012, publicó una columna de opinión para la agencia Reuters en la que advertía a los tenedores de esos bonos que Puerto Rico incumpliría en sus pagos de deuda.

“Dije que Puerto Rico era el Grecia de los Estados Unidos y me llamaron loca”, dice al teléfono Long. “¡Hace muchísimos años que no pienso en esto! Pero recuerdo que el Gobernador de Puerto Rico y todo su partido político se vinieron en mi contra. Sin embargo, la gente en el mercado escuchó y empezaron a vender sus bonos de manera discreta”. A partir de esa columna, Long se dedicó a hacer una investigación propia sobre la situación financiera de la isla y fundó, junto con un colega, el servicio de información Puerto Rico Clearinghouse.

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Tres años después, se cumplió la profecía y Puerto Rico incumplió en el pago de su deuda. En 2017, el entonces gobernador Ricardo Rosselló emitió una declaratoria de bancarrota, convirtiendo a Puerto Rico en el primer Estado de la Unión Americana en tomar ese paso. (Un par de años después, Rosselló renunció tras un escándalo en su Gabinete no relacionado a la bancarrota). También en 2017, Puerto Rico fue azotado por el huracán María, uno de los peores desastres nacionales en su historia, que mató a miles de personas y destruyó miles de viviendas. Una gran parte de la isla estuvo en la oscuridad, sin servicio de electricidad, por meses.

En esos años, inversores que habían sido los primeros compradores de los bonos los vendieron a fondos de cobertura por un precio mucho menor. Por cada dólar que los inversores originales pagaron, los fondos de cobertura los compraron a 60 ó 70 centavos, asegura Long. Conocidos como “fondos buitre”, estas empresas financieras se dedican a comprar bonos de alto riesgo de incumplimiento a un precio muy bajo para después emprender en campañas de presión legal para recibir el pago completo del valor del bono.

A partir de la declaratoria de bancarrota, la Administración de Barack Obama creó un comité gubernamental conformado por políticos estadounidenses llamado Junta de Supervisión y Gestión Financiera de Puerto Rico. El comité despertó rechazo entre muchos ciudadanos en Puerto Rico, quienes argumentan que, por no ser un comité electo de manera popular, es una imposición colonialista de EE UU.

Durante cinco años, “La Junta”, como se le conoce al comité en Puerto Rico, trabajó en un plan de reestructura que pudiera aminorar las obligaciones financieras del Gobierno de la isla. Como parte del acuerdo aprobado por una jueza el martes, el total de la deuda se recortó de 70.000 millones a 34.000 millones de dólares, de manera que se preserven los servicios públicos esenciales. A cambio, las pensiones de empleados del Gobierno como maestros, por ejemplo, dejarán de sumar. Es decir, la contribución permanecerá, pero no se ajustará a la inflación ni aumentará a futuro.

El plan también incluye un pago de cerca de 7.000 millones de dólares en efectivo que se está haciendo ahora mismo. “Esto es lo más triste de todo”, dice Long sobre el acuerdo aprobado esta semana, “los fondos de cobertura, aquellos que compraron los bonos a precios muy baratos, llegaron y negociaron una recuperación de su dinero muy alta. Los verdaderos perdedores son los fondos de pensiones, los hogares y los trabajadores cuyos fondos de pensión invirtieron sus ahorros de toda su vida en estos bonos y lo perdieron”.

La corrupción es parte de la razón por la que el manejo de las finanzas de Puerto Rico ha tenido tantos problemas, apunta Long. “La Junta ha sido otra gran decepción para la gente de la isla porque esperaban que vinieran y limpiaran la corrupción, no solo poner en orden los bonos basura, sino que abordaran esta cantidad masiva de corrupción en el Gobierno y no han hecho nada”, apunta la especialista.

Para Sergio Marxuach, Director de Políticas Públicas en Center for a New Economy, un centro de investigación independiente en la capital, San Juan, el acuerdo presenta una oportunidad para que Puerto Rico atraiga nueva inversión y diseñe una estrategia de crecimiento económico. “Eso es verdaderamente lo que nos va a ayudar a salir de este problema”, dice el especialista, ex subsecretario de Desarrollo Económico y Comercio en el Estado, “el problema más a largo plazo de Puerto Rico ha sido la falta de crecimiento”.

“Todos los países compiten por inversión y en la medida en que Puerto Rico presente allá afuera una narrativa que dice que está quebrado o que la economía está estancada, no habrá confianza. En la medida en que Puerto Rico salga de la bancarrota se levanta una nube sobre la economía”, dice Marxuach.

El plan de reestructuración estima que Puerto Rico enfrentará nuevamente un déficit de cerca de 120 millones de dólares entre 2035 y 2036, aún si legisladores de la isla logran aprobar cambios que faciliten la creación de negocios, así como la creación de programas que expandan la fuerza laboral. “De aquí al 2035 pueden pasar muchísimas cosas y yo creo que estar asumiendo el peor escenario tampoco es muy razonable”, opina Marxuach. Si Puerto Rico decide aprovechar este momento para enfocar sus esfuerzos en atraer inversión de un puñado de industrias, la farmacéutica o las energías renovables, por ejemplo, estaría rompiendo con el pasado y sus errores.

Si, en cambio, el Gobierno decide salir a emitir más deuda para seguir financiándose sin un plan estratégico para hacer crecer la economía, estaría llevando a la isla por el mismo camino que la condujo hasta aquí. “El Gobierno de Puerto Rico y la gente, los empresarios, el sector de negocios, tenemos una oportunidad ahora para crecer la economía, tomar ciertas medidas para para mejorar el clima de negocios”, dice Marxuach.

“Tanto la Junta, como las personas que dicen que nos vamos a ir a otra quiebra directo están equivocados. Es muy poco probable que todo salga mal y es muy poco probable que todo salga bien”, apunta el especialista, y agrega: “En el mundo real, lo más probable es que algunas cosas van a salir bien y otras no. La pregunta es ¿cuáles de esas variables van a romper a favor de Puerto Rico y cuáles van a romper en contra?”

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Daniel Ortega llegó más temprano de lo previsto a su acto de investidura, celebrado en la vieja Plaza de la Revolución Sandinista, en Managua. Lo acompañaba su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, quien con severidad llamaba la atención de las edecanes que les mostraban el camino hacia la tarima. En el descampado de concreto, cuidadosamente acomodados en sillas vestidas de blanco con un listón azul, los asistentes esperaban a la pareja presidencial que venía a sellar su perpetuación en el poder, luego de encarcelar a todos sus opositores antes de las elecciones de noviembre pasado. El aforo lo llenaban simpatizantes sandinistas, funcionarios del Estado, policías y militares. En el sector de los invitados internacionales sobresalían dos expresidentes salvadoreños prófugos de la justicia, Salvador Sánchez Cerén y Mauricio Funes, activistas estadounidenses nostálgicos de la revolución sandinista y representantes de remotas naciones cuyos nombres no podía pronunciar el diputado oficialista Wilfredo Navarro, encargado de dar el recibimiento.

Ortega, más hiperactivo de lo habitual, saludaba a las delegaciones foráneas. Daba apretones de manos, se movía de un lado a otro de la tarima, ansioso, hasta que se bajó de imprevisto del podio para ir a recibir a uno de sus invitados especiales, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, quien llegó impoluto en su guayabera almidonada. Le siguió el venezolano Nicolás Maduro, el tercer jefe de Estado en acompañar a Ortega a la investidura. El primero en llegar a la plaza había sido el hondureño Juan Orlando Hernández, mandatario saliente señalado por narcotráfico en una corte de Nueva York y que en los últimos meses se ha acercado a su par nicaragüense.

Esos fueron los tres únicos jefes de Estado que acompañaron a Ortega y su esposa en una toma de protesta marcada por un aislamiento internacional sin precedentes, incluso mayor al que sufrió Nicaragua en la década de los ochenta durante la Revolución Sandinista. 39 países, varios sistemas como la Unión Europea y 25 naciones de la Organización de Estados Americanos (OEA) desconocen la legitimidad de las elecciones de noviembre pasado. Así, la pareja presidencial inauguró un nuevo periodo de ilegitimidad y aislamiento. Pese a que los anfitriones quisieron esforzarse por aparentar que el mundo los acompañaba en la toma de protesta, la lista de asistentes internacionales quedó así: dos presidentes autoritarios, uno con nexos con el narcotráfico, dos expresidentes prófugos y varios representantes de pequeños países. Las delegaciones que fueron enumeradas por el diputado Navarro no estuvieron compuestas por altos funcionarios, incluida la de México, cuyo Gobierno trastabilló en los últimos días sobre si mandaría a alguien o no.

A la par de Díaz-Canel, Maduro y Juan Orlando Hernández se situó la delegación de China, país al que Ortega reconoció hace un mes tras quebrar la relación con Taiwán. Pekín envió como cabeza de la comitiva a Cao Jianming, vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular Comunista. Previo al acto en la Plaza de la Revolución, Ortega y los chinos firmaron cuatro acuerdos, entre los que sobresale la cooperación en el marco de la franja económica de la Ruta de la Seda y la ruta marítima de la Seda del siglo XXI. La ruta de la Seda está concebida como una red china de infraestructuras repartida por los cinco continentes que puede costar hasta un billón de dólares.

En una ceremonia que reflejó su aislamiento internacional, Ortega recibió la banda presidencial de las manos del presidente de la Asamblea Nacional, el muy leal diputado Gustavo Porras. De inmediato, el mandatario tomó el micrófono y empezó una perorata que tuvo tres momentos determinantes. El primero, cuando se quejó de la ausencia de delegaciones de Estados Unidos y Europa. “El Gobierno yanki y los gobiernos europeos no mandan delegados, pero qué mayor orgullo tener aquí a representantes a hombres y mujeres dignas que luchan por la verdadera independencia en sus países”, dijo en referencia a los representantes de esos países que se movían al ritmo de las canciones de propaganda.

Luego, Ortega invocó el asalto al Capitolio en Washington, cometido por hordas trumpistas hace un año. Para justificar a los más de 160 presos políticos que tiene en Nicaragua, el presidente recién investido sostuvo que los procesados por la toma del Congreso estadounidense “son 700 presos políticos”. “¿Qué esperan para ponerlos en libertad? Ahí están duros contra ellos… Y, ¿cómo habrían reaccionado los yanquis si se les dieran actos de terrorismo como los que enfrentamos en el 2018?”, insistió, en referencia a las protestas ciudadanas en Nicaragua que policías y paramilitares bajo su dictado reprimieron con violencia.

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Al final del discurso, Ortega dijo que su meta “es darle continuidad a la buena marcha que traíamos hasta antes de abril 2018. Eso, borrón y cuenta nueva, y vamos adelante”, zanjó. La declaración comenzó a ser mal vista de inmediato, así como interpretada como una forma de Ortega de oficializar impunidad sobre el reclamo de justicia de las 355 víctimas fatales de abril de 2018. Una lápida de olvido.

La mañana de este lunes, previo a la cuestionada investidura de los Ortega-Murillo, Estados Unidos y la Unión Europea sancionaron conjuntamente a funcionarios y entidades del régimen claves en el engranaje represivo, como la Policía Nacional, el Consejo Supremo Electoral y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), entidad encargada de una granja de troles para generar desinformación, según reveló una investigación periodística en junio de 2021.

Estados Unidos puso la nota dura al sancionar a seis personas más, en especial a tres generales del Ejército de Nicaragua, una institución que siempre ha alegado que se mantiene al margen de la represión política, aunque muchas organizaciones de derechos humanos la acusan de complicidad e inacción ante el desarme de grupos paramilitares que operan al margen de la Constitución. Posteriormente, EE UU también anunció que cancelaba las visas a 116 personas “cómplices de socavar la democracia en Nicaragua”, incluidos alcaldes, fiscales, administradores universitarios y funcionarios policiales, penitenciarios y militares.

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