Mostrando entradas con la etiqueta imposible. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta imposible. Mostrar todas las entradas


Detalle de uno de los formularios de votación de las legislativas de Colombia.
Detalle de uno de los formularios de votación de las legislativas de Colombia.Carlos Ortega (EFE)

Nunca llegó a ser una petición formal ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), pero la recomendación del presidente Iván Duque y las palabras del registrador nacional, Alexander Vega, que abrieron la posibilidad de volver a contar los votos de las legislativas del pasado 13 de marzo, sumieron a Colombia en la incertidumbre sobre la transparencia de los comicios. Antes de que Duque y Vega abrieran la puerta a un escenario desconocido e inédito en la historia colombiana, fue el expresidente Álvaro Uribe -que vio disminuido su caudal electoral en el Congreso con su partido Centro Democrático– quien dijo que los votos debían volverse a contar, aun cuando no existe una mecanismo legal para hacerlo y solo plantearlo como una posibilidad supone un menoscabo a la democracia e institucionalidad del país.

Este martes, en una audiencia de más de cuatro horas, la mayoría de los partidos políticos se manifestaron en contra de la idea, principalmente porque no existe una figura normativa para hacerlo e intentarlo supondría poner en duda todo el sistema electoral. Solo entonces, el registrador se echó para atrás y reconoció que en Colombia no hay razones para hablar de fraude. La pelea jurídica terminó, pero la puja política continúa y aviva los señalamientos sobre el papel del registrador en un año electoral que apenas empieza. En mayo será la primera vuelta presidencial y, en caso de no resultar vencedor ninguno de los candidatos, se llevará a cabo una segunda en junio, de donde saldrá el presidente de los colombianos para los próximos cuatro años.

“No es razonable ni ajustado al ordenamiento colombiano que se lleve a cabo un reconteo general de la votación para el Senado porque ya se tramitaron las etapas previstas en el ordenamiento jurídico”, opina el abogado y exmagistrado José Gregorio Hernández. Analistas, historiadores y políticos llevaban horas advirtiendo de que la idea de volver a contar los votos no solo era imposible de realizar sino que además era peligrosa. “Un reconteo daría lugar a una crisis institucional porque podría haber candidatos que no quedaran contentos con el resultado y volvieran a pedir un reconteo”, dice Hernández. Podía ser un proceso sin fin y, al no haber antecedentes, tampoco se sabía cómo llevarlo a cabo. En las elecciones del domingo 13 de marzo participaron 17.000 jurados que trabajaron sobre 112.000 mesas de votación. ¿Cómo se organizarían de nuevo para un reconteo? ¿Cuándo se haría? ¿Cómo se garantizaría que esta vez quedaran todos satisfechos? Hasta este martes no había respuestas sobre la propuesta del Gobierno que puso al país de cabeza.

“Hemos decidido pedir el recuento general de votos para el Senado de la República, a fin de dar transparencia al proceso electoral”, decía el registrador el domingo. 24 horas más tarde aseguraba que no había por qué dudar. “No es posible seguir hablando de fraude electoral en Colombia. Seguiremos trabajando por un proceso electoral transparente y con garantías. Es bueno que se respeten los resultados”, aseguraba la tarde de este martes. El presidente Iván Duque no ha hecho ninguna mención al asunto después de paso atrás del registrador, pero su ministro del Interior, Daniel Palacios, aseguró que el único interés del Gobierno es que “prevalezcan las instituciones y que sea la decisión del pueblo colombiano la que elija sus representantes”.

La polémica empezó por 500.000 votos. En el preconteo, dado a conocer la misma noche electoral, la coalición de izquierda, liderada por el candidato Gustavo Petro, identificó que no se habían contabilizado más de 400.00 votos, que luego sí se reflejaron en el escrutinio oficial. La advertencia dio pie para que la derecha hablara de que se estaba fraguando un fraude y se empezara a poner sobre la mesa la posibilidad de volver a contar todos los votos e incluso desconocer los resultados electorales. “¿Qué pretende el señor Petro? Que aparezcan 500.000 votos, abrumadora mayoría a su favor y no haya respuesta. ¿Por qué le teme a un reconteo? Que empiece a mirar cuántos tarjetones se entregaron en cada mesa y se revise que no estén adulterados y que hubieran sido contabilizados en debida forma?”, insistía hasta la mañana de este martes el expresidente Uribe, que ha guardado silencio después de que, con excepción de su partido, el Centro Democrático, y el Partido Conservador, todos los demás se opusieron a la idea de volver a contar los votos.

El exmagistrado José Gregorio Hernández, conocedor del sistema electoral, explicaba en un video por qué la sola propuesta era a todas luces ir contra la institucionalidad del país. “Hubo un preconteo inicial en la noche del domingo [la del 13 de marzo] y culminó con la entrega de resultados preliminares. Después se realizó el escrutinio con más de 5.000 jueces de la República y aparecieron algunas votaciones que estaban perdidas por errores humanos. Ahora el Consejo Nacional Electoral deberá formalizar y entregar las curules correspondientes mediante el título que contempla el ordenamiento jurídico: las credenciales”, decía Hernández en un repaso sobre cómo funciona el sistema. En la misma línea se manifestaron los movimientos políticos que participaron en la audiencia de la Comisión Nacional de Garantías Electorales convocada este martes por el presidente Duque para evaluar volver a abrir las bolsas con votos y empezar de nuevo con el conteo.

Únete a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites.

Suscríbete

“Rechazamos cualquier insinuación de fraude, no creemos que sea necesario recorrer un camino que nos puede llevar a la deslegitimación de nuestras instituciones y a la fractura de nuestro sistema democrático, rodeamos la institucionalidad del proceso electoral del 13 de marzo”, decía el vocero del Partido Liberal, en nombre del su líder el expresidente César Gaviria. “No es conveniente ni pertinente realizar un recuento general de la votación, es un mal precedente”, señalaba el movimiento Mira. “Hay que actuar con mucha serenidad, debemos ser respetuosos para que se garantice una transición democrática en Colombia. Los llamados desde la presidencia [a un reconteo] rompen la neutralidad”, apuntaba el vocero de la Unión Patriótica, que hace parte de la coalición de izquierda Pacto Histórico. “No hay evidencia de fraude, por ese lado estamos tranquilos, hubo errores humanos, que se han venido subsanando. En este momento es mejor confiar”, aseguraba Dilian Francisca Toro, del partido de La U. La posición de los partidos políticos, que se negaron a un reconteo general, fue clave para que el registrador, que no ha dado mayores explicaciones a su cambio de opinión, decidiera retractarse.

“De haberse decidido hacerlo [el reconteo] hubiéramos actuado por fuera de lo que se encuentra estipulado en la legislación colombiana. Era peligroso haber abierto ese camino que, aunque podía tener como propósito buscar transparencia, corría el riesgo de terminar en una verdadera deslegitimación”, dice Alejandra Barrios, de la Comisión de Observación Electoral (MOE). Barrios reconoce que la seriedad con la que se abordó este debate en la audiencia de este martes, incluso en los movimientos políticos que se mostraban a favor de un reconteo, permitió que hoy se reconozca en Colombia que los resultados de los comicios son confiables. El reto, dice Barrios, será lo que viene en adelante. La sensación de duda que quedó tras este episodio solo podrá ser contrarrestada con lo que pase en los próximos meses. A la exigencia de una sociedad que pide que cada voto sea contado tendrán que responder con altura todas las instituciones el próximo 29 de mayo cuando se volverán a abrir las urnas. Esta vez para elegir al próximo presidente de los colombianos.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS América y reciba todas las claves informativas de la actualidad de la región





Source link


Una mujer levanta un cartel contra Vladímir Putin, el pasado 26 de febrero durante una protesta en Ginebra.
Una mujer levanta un cartel contra Vladímir Putin, el pasado 26 de febrero durante una protesta en Ginebra.SALVATORE DI NOLFI (EFE)

La invasión de Ucrania ordenada por el presidente ruso, Vladímir Putin, constituye un delito de agresión contra un Estado, de acuerdo con el derecho internacional. Mientras aumentan las muertes de civiles; cuando el éxodo de refugiados afecta ya a 1,5 millones de ucranios; el Tribunal Penal Internacional (TPI), la instancia judicial facultada desde 2018 para juzgar este tipo de actos, sigue sin intervenir. ¿Por qué no actúa? La respuesta es tan sencilla como desalentadora: Ucrania y Rusia no figuran entre sus miembros. No han ratificado el texto fundacional de esta corte, el Estatuto de Roma, y los jueces tienen las manos atadas. Podría intervenir si el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas remitiera el caso a la Fiscalía del TPI. Sobre el papel, es una posibilidad, pero también se descarta: Rusia ocupa uno de los asientos permanentes del órgano ejecutivo de la ONU y tiene derecho de veto.

Ajena a la lista de miembros del TPI, Rusia ha dado la espalda este lunes a otro foro judicial, el Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas (TIJ). Dedicado a resolver disputas entre Estados, Rusia y Ucrania sí forman parte del mismo, de modo que tiene competencia para abordar la invasión rusa de Ucrania. De hecho, sus jueces estudian ya la demanda presentada por Ucrania “para que se detenga la actividad militar rusa” en su país. A la primera audiencia, celebrada este lunes en la ciudad holandesa de La Haya, su sede oficial, no se han presentado los abogados de la parte rusa. Con la guerra ya en marcha, Kiev pidió a los jueces que dictaran medidas cautelares en un intento de frenar la tragedia. Ucrania alega asimismo que, para justificar la invasión, “Rusia ha retorcido la noción de genocidio para evitar un genocidio inexistente [supuestamente perpetrado contra la minoría rusa en la región de Donbás, al este del país]”, según Anton Korynevych, delegado ucranio ante el TIJ.

Las decisiones del tribunal de la ONU son vinculantes para ambas partes, pero este organismo carece de poder para forzar su cumplimiento. La ausencia rusa, con sus asientos vacíos en primer plano, es una forma de “socavar la legitimidad del proceso y de desacreditar la futura decisión judicial”, explica Daniel Peat, profesor asistente de Derecho Público Internacional en la universidad de Leiden. Si se dictan las medidas cautelares, y luego los jueces dan la razón a Ucrania en cuanto a la distorsión de la noción de genocidio denunciada por Kiev, serviría “para que demuestre ante un foro mundial de este calibre que no se ha cometido un genocidio en la región del Donbás [al este del país]”, como sostiene Moscú. Dado que el TIJ no es una corte penal, sus resoluciones carecen de efectos prácticos a la hora de sentar en el banquillo a los responsables de la invasión.

Descartado de momento un juicio por agresión ante la justicia penal internacional, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, pidió este domingo una “investigación sólida y clara” sobre posibles crímenes de guerra cometidos en Ucrania. Hasta la fecha, se han visto desde ataques contra las ciudades y víctimas civiles hasta el uso de bombas con apariencia de racimo. Ambos encajan en la noción de crímenes de guerra. Es posible que se hayan perpetrado a su vez crímenes contra la humanidad.

Ucrania sí aceptó en 2015 la competencia parcial del TPI para que investigara los delitos ocurridos en el Donbás desde febrero de 2014. Ello, unido al hecho de que 39 países miembros de esta instancia —entre ellos España— pidiesen a Karim Kahn, su fiscal jefe, que ponga en marcha dicha investigación, ha resultado en el envío de un equipo especializado a Ucrania. Su tarea consiste en documentar lo que está sucediendo, y marca el principio de un largo proceso de atribución a los máximos responsables en toda la cadena de mando. En teoría, podría llegar hasta Putin, puesto que este tribunal no tiene en cuenta la inmunidad de los jefes políticos o militares. Ni siquiera de los jefes de Estado. Pero demostrar más allá de toda duda razonable su autoría directa tampoco sería fácil para la justicia internacional.

Para Frans Osinga, catedrático de Estudios de la Guerra en la universidad holandesa de Leiden, asistimos a una conflagración de desgaste en Ucrania. “Lo que vemos es una operación militar diferente a las emprendidas por las potencias occidentales en los últimos treinta años, que han intentado limitar las bajas civiles y los daños colaterales. Desde luego, no siempre lo han logrado, pero en el caso ruso se ataca deliberadamente ciudades, y eso es un crimen de guerra”, explica, en conversación telefónica.

Únete a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites.

Suscríbete

En su opinión, el alto mando ruso puede aducir que iba en busca de tropas ucranias escondidas en edificios civiles, y por eso la artillería no puede ser selectiva. “Pero saben que en ese tipo de asaltos premeditados causarán víctimas entre la población, y ello contraviene las leyes de la guerra”.

Las imágenes captadas por los medios internacionales muestran la destrucción de ciudades, y a la población escondida en el metro y en el sótano de hospitales. “Hemos visto también el lanzamiento de misiles contra viviendas, la ciudad de Mariupol sometida a ataques indiscriminados de la artillería rusa, y el uso de bombas de racimo. Eso es un crimen de guerra”, asevera, por su parte, Lachezar Yanev, profesor asistente de Derecho Penal en la Vrije Universiteit (Universidad Libre) de Ámsterdam. Este experto es escéptico, por ahora, con los crímenes contra la humanidad, investigados asimismo por la fiscalía del TPI. “Las cosas van muy rápido y hay señales de que pueden haberse cometido. En este caso, hay que probar que Rusia ha llevado a cabo un ataque amplio o sistemático contra los civiles. Es posible, ya veremos, pero el lado ruso puede alegar que esas bajas se produjeron cuando iban en busca de objetivos militares”.

Yanev indica que, de prosperar, un caso por crímenes de guerra o contra la humanidad en el TPI llevará tiempo. Hay que recabar pruebas y atribuirlas a cada uno de los presuntos responsables. Es preciso pedir una orden de arresto a los jueces y esperar a que uno de los 123 estados miembros del tribunal detenga a los sospechosos. “Aunque entre una cosa y otra pueden pasar años, aquí no se juzga en ausencia. Una orden de arresto afectaría de forma clara a la vida y los desplazamientos de los señalados, porque el TPI no está obligado a respetar la inmunidad de un jefe de Estado”, recuerda.

La creación de un tribunal especial para castigar el crimen de agresión salvaría las limitaciones de las competencias del TPI. Gordon Brown, ex primer ministro británico, lo planteó la semana pasada en Londres y la idea cuenta con el apoyo de Dmitro Kuleba, ministro de Exteriores de Ucrania. “Hay que tener cuenta que ese tipo de corte precisaría de una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y el visto bueno de Rusia, uno de sus miembros permanentes. O al menos, de su abstención”, señala Lachezar Yanev. Por ello, no está claro que la creación de un tribunal especial sea una opción más realista que elevar el caso al Tribunal Penal Internacional mismo. “Para tratar la agresión, creo que hace falta un cambio de régimen en Moscú. Entonces, tan útil sería el TPI como un tribunal especial”, asevera Yanev.

A pesar de las dificultades, el hecho de que se estén investigando los posibles crímenes de guerra cometidos durante la invasión de Ucrania es un hecho de por sí sustancial. “Fíjese en la distancia que mantiene Putin con sus asesores. Esa mesa infinita. Los líderes autoritarios saben que su principal problema es sobrevivir. Por eso, aunque creo que será imposible procesar al presidente ruso sin un cambio de régimen, que la justicia internacional pueda hacerles responsables de sus actos es importante desde el punto de vista moral, político y simbólico”, concluye Frans Osinga.

Sigue toda la información internacional en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.

Contenido exclusivo para suscriptores

Lee sin límites





Source link

top