Edward Blum, fundador de Students for Fair Admissions (SFFA), habla con los periodistas antes del juicio en una demanda que acusa a la Universidad de Harvard.BRIAN SNYDER (REUTERS)
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha decidido este lunes aceptar un caso que le permitirá dictar jurisprudencia sobre si las universidades pueden considerar la etnia de los potenciales alumnos en los programas de admisión. El caso afecta a la Universidad de Harvard y la de Carolina del Norte, acusadas por la organización Estudiantes a favor de admisiones justas (SFFA, por sus siglas en inglés) de discriminar a los asiático-estadounidenses para facilitar el acceso a otras minorías, como los negros o los latinos. Los demandantes alegan que, teniendo mejores notas, la baza étnica juega en su contra, algo que niegan ambos centros educativos. La contundente mayoría conservadora del alto tribunal amenaza la práctica de la discriminación positiva, que busca mejorar las oportunidades a grupos históricamente excluidos de la sociedad norteamericana.
Los tribunales inferiores rechazaron las demandas de SFFA, argumentandoque los fallos del Supremo en los últimos 40 años respaldan que los colegios y universidades consideren la raza en sus programas de admisión para promover la diversidad étnica en las aulas. La última vez que el alto tribunal discutió sobre la discriminación positiva, conocida como “acción afirmativa”, fue en 2016. Entonces falló a favor de la Universidad de Texas, demandada por una mujer blanca que la acusaba de usar la raza como factor de admisión a favor de negros y latinos sobre blancos y asiático-americanos. Sin embargo, la composición del tribunal ha cambiado en los últimos años, aumentando la presencia de jueces conservadores.
La votación en el caso de Texas fue de cuatro a favor de la universidad y tres en contra. Votaron siete de los nueve miembros porque el juez Antonin Scalia había muerto unos meses antes y la jueza Elena Kagan se había excusado de participar. De los cuatro votos progresistas a favor, dos de ellos ya no están: Anthony M. Kennedy y Ruth Bader Ginsburg. Durante su mandato, el expresidente Donald Trump rellenó las tres vacantes disponibles, cargando la balanza hacia el conservadurismo. Ese el Supremo que va a fallar sobre la discriminación positiva. El debate ocurrirá probablemente en octubre, sumándose al listado de casos de alto perfil que han llegado a la mesa del tribunal, como el aborto y la tenencia de armas.
El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, es reconocido por su voto de desempate en las decisiones más ajustadas de los últimos años. El conservador moderado ha votado en muchas ocasiones con el bloque progresista. Sin embargo, en el caso de la discriminación positiva en las universidades tiene una postura clara: “Dividirnos por raza es un negocio sórdido”, escribió una vez.
SFFA considera que Harvard impone una “sanción racial” a los solicitantes asiático-estadounidenses al calificarlos peor en algunas categorías que a otros postulantes y otorgar “preferencias masivas” a los solicitantes negros e hispanos. El año pasado, Harvard ofreció 1.968 plazas a un récord de 57.435 postulantes. La clase de primer año quedó compuesta por un 27% de población asiático-estadounidense, un 18% negra y un 13% hispana, según se puede leer en la web de Harvard. La universidad no especifica el porcentaje de admisiones de estudiantes blancos. “Si Harvard abandonara las admisiones conscientes de la raza, la representación afroamericana e hispana se reduciría casi a la mitad”, dijo la universidad privada más antigua del país.
Los abogados defensores del caso del asesinato de Ahmaud Arbery hablan con la fiscal Linda Dunikoski, durante la selección del jurado para el juicio de los hombres acusados del asesinato de Arbery, en Brunswick, Georgia.Elijah Nouvelage (Getty Images)
El jurado que decidió el pasado noviembre la suerte de los tres hombres blancos acusados de matar el 23 de febrero de 2020 a Ahmaud Arbery, un afroamericano de 25 años que había salido de casa para correr e iba desarmado, estaba compuesto por 11 miembros blancos y uno negro. Los abogados de los acusados rechazaron a 11 de los 12 posibles jurados afroamericanos en un condado del Estado de Georgia donde aproximadamente el 25% de los residentes son negros. El reciente caso del juicio de Arbey es un reflejo de cómo la mayoría de los jurados seleccionados para participar en vistas judiciales en Estados Unidos son blancos, independientemente de que la composición racial de la población del lugar del proceso sea diversa.
Aunque los tres hombres fueron declarados culpables de múltiples cargos y afrontan la cadena perpetua, el proceso reabrió un debate y un problema sobre el que el mundo académico lleva tiempo alertando: los afroamericanos están subrepresentados en los jurados de los tribunales.
Uno de los principales factores que permiten la discriminación racial en la selección de los jurados es lo que se conoce como el desafío perentorio, una práctica que permite a los fiscales y abogados defensores rechazar a unos 15 candidatos a jurado por proceso —el número varía según el Estado— sin tener que justificar por qué no quieren que participen. Cuando se les agotan las opciones, pueden presentar ilimitadas impugnaciones, pero deben alegar una causa para ello. Estas suelen ir desde que el potencial jurado tiene a un familiar en prisión hasta que parece un traficante de drogas. Son pocos los negros que pasan ambas cribas.
Ahora, un puñado de Estados progresistas como Washington y California ha puesto en marcha medidas para evitarlo y buscan endurecer los requisitos para que se pueda desestimar a un posible jurado y así poner freno al sistema discriminatorio.
La abogada Elisabeth Semel, que dirige un departamento de la Universidad de Berkeley (California) que representa a condenados a la pena capital y realiza estudios del tema, ha analizado cerca de 700 casos que llegaron a los tribunales de apelaciones tras polémicos desafíos perentorios entre 2006 y 2018. El estudio, titulado Blanqueando el palco del jurado, reveló que los fiscales utilizaron esta opción para eliminar a posibles jurados negros en el 72% de los casos, 28% en latinos, y 0,5% en blancos.
“Esto está muy conectado con la muy lamentable y fea historia de Estados Unidos y el racismo. Es parte de nuestro presente tanto como de nuestro pasado”, explica Semel por teléfono. Entre las razones que ha escuchado para desestimar a un posible miembro del jurado figuran que el candidato es hombre y lleva pendientes o luce una melena afro. Los jueces, que son los que tienen la última palabra para aceptar o no el bloqueo, las suelen dar por válidas, según cuenta la abogada.
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Además de las normas para descartar candidatos en los exámenes de selección, William Snowden, fundador de Juror Project, una organización educativa sobre la discriminación racial en la selección del jurado, remarca que otro factor que pone en desventaja a los afroamericanos es el hecho de que los tribunales echan mano de las listas de registro de votantes y las de licencias de conducir para enviar las convocatorias de posibles jurados. Ronlad Wright, experto en Derecho Penal de la escuela Wake Forest, lo explica así: “Las personas pobres, y en Estados Unidos eso significa que no son blancas, son excluidas con más frecuencia que otras” de los procedimientos.
Además, un jurado racialmente diverso pasa más tiempo deliberando, apunta Wright, lo que a priori significa que tiene más cuidado, y, según diferentes estudios, es más probable que resulte más preciso en su comprensión de los hechos, además de reflejar mejor las opiniones generales de la comunidad.
La discriminación racial en la selección del jurado ocurre desde que los negros conquistaron sus primeros derechos civiles. El Tribunal Supremo no se pronunció sobre el problema hasta 1986, cuando dictaminó que los desafíos perentorios no pueden utilizarse para excluir jurados basándose únicamente en su etnia. Aquel fallo de Batson v. Kentucky condujo a que se pudiera objetar esa práctica por considerar que incumple los criterios aceptables en los tribunales. Pero “todos los estudios que se han realizado durante las últimas décadas han demostrado que esta no es una forma eficaz de reducir la discriminación”, aduce Semel, quien remarca que la “impugnación Batson” requiere demostrar que el bloqueo de un candidato se basó en una discriminación intencionada, y es difícil para los jueces acusar a un fiscal de “racista”.
Thurgood Marshall, el primer juez negro del Tribunal Supremo, apoyó el fallo de Batson contra Kentucky, pero ya avanzó que la discriminación racial en la selección del jurado no se iba a acabar mientras no se eliminara la posibilidad de rechazar a candidatos sin alegar motivo alguno. El Reino Unido suprimió el llamado desafío perentorio en 1988 y Canadá en 2019. El pasado septiembre, Arizona se convirtió en el primer Estado de EE UU en prohibirlos.
Con el objetivo de reforzar la línea marcada por el fallo del Supremo, el Tribunal Superior del Estado Washington adoptó en 2017 una norma que facilita a los abogados impugnar el desafío perentorio sin tener que probar que hubo una intención de discriminar por parte de fiscales o abogados defensores. William Snowden, que trabajó como abogado defensor en Nueva Orleans, recuerda que los fiscales solían preguntar a los posibles jurados si habían tenido una mala experiencia con la policía, y la mayoría de los que alzaban la mano eran negros o latinos. Acto seguido, los eliminaban por percibir prejuicios contra los agentes. “Los fiscales ya no pueden usar esa respuesta como una razón para sacar a un candidato” de la lista en Washington, explica Snowden, “ni las preocupaciones o críticas que tengan al sistema criminal”.
Reforzar el control
El 1 de enero entró en vigor una ley en California similar a la de Washington. La normativa permite al tribunal objetar un desafío perentorio y pedir explicaciones y evaluar las razones con el objetivo de eliminar posibles sesgos raciales. Los tribunales de Connecticut, Nueva Jersey, Iowa, y del Distrito de Columbia, están estudiando adoptar medidas similares. Snowden cree que deberían mantenerse los desafíos perentorios, pero que lo que hay que hacer es “aumentar y brindar la protección contra la discriminación a nivel estatal” con medidas de control. En la misma línea, Semel, que ha trabajado en la reforma californiana, cree que los Estados deberían seguir esa senda y reforzar la exigencia de argumentos para rechazar jurados.
El profesor Wright cree que el “experimento” en Arizona podrá dar luz sobre si es efectivo o no dentro de un par de años, pero no cree que la mayoría de los Estados sigan sus pasos hasta dentro de 20 0 30 años. Tiene esperanzas de que en el corto plazo las Fiscalías y los defensores públicos comiencen a rastrear sus propios datos sobre la selección de jurados y los hagan públicos para concienciar sobre la discriminación en el sistema de jurados y se genere presión social para tomar medidas.
Movimiento de Integración y Liberación Homosexualrealizó una denuncia en que acusa que una joven lesbiana no binaria de 21 años sufrió un episodio de discriminación debido a su expresión de género en un supermercado Tottus, ubicado en Gran Avenida en al comuna de El Bosque.
Desde el Movilh aseguran que se trata de un caso de «acoso lesbofóbico» que comenzó cuando la joven fue al recinto junto a su tía y dos primos, siendo hostigados por dos guardias del recinto.
De acuerdo al testimonio que presentaron en una publicación: «Al entrar al supermercado, el guardia me pidió el permiso. Se quedó por bastante rato mirando el permiso, observándome de pies a cabeza, pero sin mirarme a los ojos. De la nada me dijo “¿Angélica?, ¿Es broma esta hueá?”. Le aclaré, “Sí, soy mujer”, señaló la denunciante.
“No podía creer la burla y humillación que estaba viviendo delante de la gente de la fila y de mi familia», dijo la joven.
El guardia en una última ocasión habría señalado: «No importa que sea mujer, igual le pego y agarro a palos”.
La joven y su familia denunciaron el hecho a carabineros. Por su parte, la vocera del Movilh, Daniela Andrade, repudió que «una vez más nos encontremos con abusos homo/lesbo/transfóbicos al interior del Tottus, sin que hasta ahora se adoptan las medidas que le hemos seguido en abusos previos, dando amplia discrecionalidad a los guardias y a las empresas externas”.
También indicaron que están entregando asesoría legal a la afectada para definir la acciones a seguir.
Guardia fue «alejado» de la empresa
Sobre el tema, Tottus El Bosque emitió una declaración en que aseguran haber tomado conocimiento del hecho «por parte de un guardia externo que prestaba servicios en el local, en relación a la orientación sexual y expresión de género de nuestra clienta».
Al respecto, señalan que la situación es «abiertamente contraria a nuestros valores como empresa y a la conducta que esperamos de todos quienes colaboran en nuestra empresa, y nos indignan. El respeto de la dignidad y los derechos todas las personas es una prioridad en nuestra empresa».
Junto con «repudiar los comentarios, tratos y actitudes en que habría incurrido el colaborador externo de seguridad», anunciaron que iniciaron una investigación que culminó con el «alejamiento inmediato de nuestra empresa del guardia de seguridad externo, entre otras medidas».
