Familiares, amigos y vecinos marcharon para pedir justicia por Mariluna. El cuerpo de la menor fue encontrado este sábado en La Unión.
Familiares, amigos y vecinos marcharon para pedir justicia por Mariluna. El cuerpo de la menor fue encontrado este sábado en La Unión.
Noticias Valle.
Mariluna Giraldo, de 13 años de edad, desapareció por tres días y este sábado hallaron su cuerpo en el río Cauca, luego de una oscura confesión de una amiga, también una menor, dijo que la habría matado.
De la adolescente, se perdió su rastro desde el pasado martes, cuando fue a visitar a quien indican, era su mejor amiga.
Esa fue la última vez que la vieron con vida.
La víctima tenía 13 años de edad.
Luego, tras la búsqueda que emprendieron amigos y familiares, empezaron a salir mensajes en redes, a escucharse versiones en las calles sobre que la mejor amiga en algún momento, habría hechos referencia a Mariluna en malos términos.
Esa mejor amiga de la víctima, al ver que crecía la búsqueda y que le estaban preguntando que sabía, habría confesado el crimen.
Su mejor amiga y una oscura confesión
En medio de las tareas por encontrarla, la familia recibió una información en la que una joven manifestaba haberla asesinado y revelado que su cuerpo fue arrojado al río Cauca.
De inmediato las autoridades de socorro, organismos de rescate y la Policía iniciaron un barrido por el afluente con la intención de dar con el paradero de la menor de 13 años de edad.
Luego de varias horas de tareas tratando de ubicarla, se confirmó que el cuerpo de la niña Mariluna estaba en el río Cauca, sin embargo no en La Victoria.
Fue hallada en un sector conocido como Linderos, jurisdicción del municipio de La Unión, en el norte del departamento.
La noticia no solo ha sido un fuerte golpe para la familia, seres queridos y amigos de la menor, sino también para las autoridades, quienes han rechazado lo sucedido.
Sobre la menor de 17 años de edad que habría confesado lo sucedido con Mariluna se conoció que el 25 de marzo fue aprehendida en el sector conocido como El Vergel, en el municipio de Ansermanuevo.
Eran «amigas»
Hasta ahora, no se conocen mayores detalles de la causa de muerte; qué tipo de heridas, cuántas horas llevaría sin vida.
Tampoco está claro si Mariluna fue asesinada donde hallaron su cadáver o si lo llevaron desde La Victoria el municipio vecino.
¿Qué pasó?, tampoco hay respuesta. No se conocen mayores de lo que pasaba entre las amigas. Algunos señalan que se trataría de envidia, pero realmente se desconoce si habían peleado o qué había pasado.
Tampoco se sabe si la adolescente que dijo haber matado a su amiga, actuó solo. Si lo hizo ella directamente o si fue otra persona.
Familiares de víctimas desaparecidas durante el Gobierno de Alberto Fujimori se manifiestan en contra del fallo del Tribunal Constitucional.Paolo Aguilar (EFE)
El tribunal penal que lleva el juicio contra el autócrata Alberto Fujimori por el asesinato de seis campesinos —perpetrado por militares durante su Gobierno— ha prohibido su salida del país durante un año y medio. La medida se ha concedido a petición del fiscal, ante la inminente excarcelación del reo tras la decisión del Tribunal Constitucional el jueves pasado, que aprobó un hábeas corpus. Fujimori tiene pendiente, entre otros casos, comparecer en el juicio oral del caso Pativilca como autor mediato de homicidio calificado, que se considera delito de lesa humanidad, cometido al norte de Lima en enero de 1992 por el Grupo Colina, un escuadrón de la muerte del Ejército peruano que cometió decenas de ejecuciones extrajudiciales a civiles bajo el paraguas de la lucha contra el terrorismo al inicio de la década de los 90.
El fiscal Luis Javier Ramírez pidió además comparecencias con restricciones para asegurar que Fujimori se presente al juicio, en vista de que en otros casos de graves violaciones a los derechos humanos no ha pagado la reparación civil a las víctimas y sus familiares. El reo tiene una deuda de 13,6 millones de dólares con el Estado por reparación civil, según el procurador anticorrupción. La tarde del jueves, la jueza Miluska Cano señaló que cuando Fujimori sea excarcelado debe informar a su despacho de cuál será su domicilio en la ciudad de Lima, y “presentarse ante el tribunal cuando este lo requiera, salvo que su situación de salud —debidamente documentada— se lo impida”.
Entre los fundamentos de su decisión, la jueza comentó que este viernes 25 de marzo el Estado peruano remitirá sus observaciones a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las medidas provisionales que tomará ante el fallo del Tribunal Constitucional peruano. “Se debe advertir el impacto sobre el derecho a la verdad y el derecho a la reparación, más cuando el procesado no ha pagado la reparación civil en los casos Barrios Altos y La Cantuta”, afirmó Cano. En noviembre de 1991 el Grupo Colina asesinó a 15 personas —entre ellos un niño de ocho años— en un inmueble de Barrios Altos, en el centro de Lima, y, en julio de 1992, secuestró a nueve estudiantes y un profesor de la universidad nacional de educación La Cantuta a quienes luego ejecutó extrajudicialmente. Al año siguiente, algunos de los cuerpos fueron encontrados calcinados al este de la capital.
En 2009, la Sala Penal Especial condenó a Fujimori a 25 años de prisión como autor mediato de los delitos de homicidio calificado y lesiones graves por ambos casos, después de haber sido extraditado desde Chile. La sentencia llegó después de un largo proceso en el sistema de justicia interamericano al que acudieron las víctimas y sobrevivientes ante la imposibilidad de encontrarla en el fuero peruano. La CIDH halló responsabilidad del Estado peruano en ambos casos, y como parte de las reparaciones dispuso la investigación y sanción de los delitos, entre otras medidas. Fujimori ha cumplido 15 años de dicha condena.
Bajo el argumento de que Fujimori, de 82 años, no representa un peligro para la sociedad y tiene la salud resquebrajada, el recurso que el abogado Gregorio Parco presentó al Constitucional pidió anular la resolución del juez supremo Hugo Núñez que en 2018 invalidó el indulto que el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski otorgó a Fujimori en la nochebuena de 2017.
En el debate del jueves pasado, del habeas corpus, los jueces quedaron empatados tres a tres, pero el presidente del Constitucional, Augusto Ferrero, definió con el voto dirimente. Ferrero llegó a la corte en 2017 apadrinado por la bancada fujimorista de Fuerza Popular y la líder de ese grupo político, Keiko, la hija mayor del expresidente.
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Aunque el Constitucional no ha difundido la sentencia —con los argumentos a favor y en contra— el jueves comunicó que la decisión con los tres votos a favor del hábeas corpus “restituye los efectos de la resolución del 24 de diciembre de 2017, que concedió el indulto humanitario al demandante, y dispone su libertad”. El juez Núñez anuló en octubre de 2018 el perdón presidencial debido a que fue producto de una negociación política de Kuczynski con Kenji —el hijo menor de Fujimori, congresista en ese momento— para evitar su destitución.
El magistrado demostró que el trámite del indulto ocurrió en un lapso extraordinariamente breve y que hubo irregularidades en los informes médicos sobre el reo. A petición de los familiares de las víctimas de los casos La Cantuta y Barrios Altos, el juez evaluó si el indulto infringía las obligaciones del Estado peruano ante el sistema interamericano de justicia y concluyó que era incompatible con ellas. Para el juez Núñez, los vicios procesales del indulto de 2017 evidenciaron la falta de debido proceso, independencia y transparencia que el caso exigía. “No procede otorgar beneficios en forma indebida que puedan conducir de algún modo a la impunidad”, dijo en su resolución.
De aquel episodio, Kenji Fujimori enfrenta desde enero un juicio por cohecho y tráfico de influencias debido al canje del indulto de su padre a favor de votos para salvar la presidencia de Kuczynski. El fiscal ha pedido once años de prisión para el hijo menor de Fujimori.
Tras el fallo de los tres magistrados del Constitucional, la semana pasada, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos expresaron su preocupación por el incumplimiento de las sentencias de los casos Barrios Altos y La Cantuta, y la oficina de derechos humanos de Naciones Unidas recordó que las normas internacionales restringen los indultos en casos de graves violaciones a los derechos humanos. El martes, los expertos en derechos humanos de la ONU también rechazaron el fallo del Constitucional, en un comunicado. “Las víctimas de violaciones a los derechos humanos esperaron justicia por un largo tiempo, y esta decisión representa un doloroso retroceso para ellas”, plantearon Fabián Salvioli, relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia y la reparación; Morris Tidball Binz, relator especial sobre ejecuciones judiciales; y cinco miembros del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.
“La decisión del Tribunal Constitucional de liberar al señor Fujimori y de restablecer un indulto presidencial que le había sido concedido en 2017 parece ser inconsistente con los estándares internacionales de derechos humanos que restringen el uso del indulto en casos que involucran crímenes de lesa humanidad”, añaden los especialistas de procedimientos especiales de Naciones Unidas.
Este viernes, un procurador debe informar a la Corte Interamericana de la posición del Estado peruano acerca de lo decidido por el Constitucional, mientras a las puertas del recinto donde Fujimori cumple su condena la prensa espera la excarcelación que podría ser efectiva alrededor del día 28, fecha límite que tienen los magistrados para entregar la argumentación de sus votos en la cuestionada sentencia.
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Entre tanto, ambientalistas exigieron a las autoridades que emprendan acciones para contrarrestar la caza del tiburón.
Noticias Caribe
Una polémica se ha desatado en la Isla de San Andrés, tras conocerse que la comunidad estaría pensando en cazar al tiburón que atacó a un turista italiano.
Y es que a través de videos que se han hecho virales en redes sociales, organizaciones animalistas denunciaron lo sucedido.
Allí se observa como unidades de la Armada Nacional llegaron hasta el punto y, a través de altavoces, piden el cuidado y la protección de la especie.
«Somos la Armada y esta es una especie protegida por el Gobierno Nacional», indicaron.
Sin embargo, el anuncio de la institución no cayó bien en algunos miembros de la comunidad que empezaron a alzar la voz en rechazo al pronunciamiento.
¡Urgente!Esto está pasando en San Andrés. La comunidad está decidida a cazar al tiburón que sea con tal de hacer «justicia».Necesitamos q las autoridades emprendan acciones preventivas y que fomenten la coexistencia con la naturaleza @MinAmbienteCo@GobernacionSai@coralina_saipic.twitter.com/UHZnydjTKN
«Tírense, estúpidos. Esta es una área protegida», griitaron.
Frente a esta situación, ambientalistas exigieron a las autoridades que se adopten medidas pertinentes para evitar la caza de la especie.
Desde la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Departamento Archipiélago, Coralina, pidieron a la comunidad respetar el hábitat de las especies marinas de la Reserva de Biosfera Seaflower, que abarca el sector de La Piscinita.
«Ante la presencia de animales marinos potencialmente peligrosos, a nivel Nacional e Internacional se recomienda evitar el ingreso al mar; pues estos se encuentran en su hábitat; y es el hombre quien muchas veces ingresa a perturbarlos», señalan
Piden que encuentren al responsable del feminicidio de la joven hallada con signos de abuso.
Noticias Colombia.
Habitante de Circasia, municipio ubicado en el norte del departamento de Quindío, se encuentran consternados por el feminicidio de Yenni Karolay, una joven de 20 años que fue hallada sin vida y con rastros de violencia sexual en una zona enomontada del barrio La Plancha.
Anoche, familiares, amigos y conocidos de la estudiante de Derecho de la Universidad La Gran Colombia, se reunieron en la Plaza de Circasia para exigir que este crimen no quede en la impunidad y se tenga la misma celeridad que en otros casos para hallar al responsable de este atroz acto que ha sido repudiado por los quindianos.
Yenni Karolay, joven asesinada.
«Exigimos justicia», gritaban en la plaza y también se lee en pancartas que portaban decenas de personas que piden a las autoridades encontrar al victimario de esta joven que había salido de su casa a eso de las 7 de la noche del viernes a pasear a sus perros y nunca más volvió.
Si lo hicieron sus perros y esto alertó a sus familiares quienes dieron aviso a las autoridades. Horas después su cuerpo fue encontrado sin vida y con signos de presuntamente haber sido abusada.
Estudiantes y directivas de la Universidad La Gran Colombia le rindieron un homenaje póstumo a Yenni Karolay en la silla que solía ocupar en el salón de clases. Una flores y una luces en el piso rodeando su asiento, conmemoraron su triste partida.
Desde ese claustro universitario también se han alzado voces de solidaridad con la familia e la alumna y también de protesta para que este feminicido no quede en la impunidad y se pueda resolver en el menor tiempo posible.
Colectivos ferministas y la sociedad en general, programaron un plantón en la plaza del pueblo para el día lunes 14 de marzo a las 7 de la mañana, con la intención de rechazar el crimen de Yenni Karolay.
Hasta el momento, las autoridades siguen trabajando en la búsqueda del feminicida. Para ello, se encuentran recolectando pistas y pruebas que permitan dar con su paradero.
Una mujer levanta un cartel contra Vladímir Putin, el pasado 26 de febrero durante una protesta en Ginebra.SALVATORE DI NOLFI (EFE)
La invasión de Ucrania ordenada por el presidente ruso, Vladímir Putin, constituye un delito de agresión contra un Estado, de acuerdo con el derecho internacional. Mientras aumentan las muertes de civiles; cuando el éxodo de refugiados afecta ya a 1,5 millones de ucranios; el Tribunal Penal Internacional (TPI), la instancia judicial facultada desde 2018 para juzgar este tipo de actos, sigue sin intervenir. ¿Por qué no actúa? La respuesta es tan sencilla como desalentadora: Ucrania y Rusia no figuran entre sus miembros. No han ratificado el texto fundacional de esta corte, el Estatuto de Roma, y los jueces tienen las manos atadas. Podría intervenir si el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas remitiera el caso a la Fiscalía del TPI. Sobre el papel, es una posibilidad, pero también se descarta: Rusia ocupa uno de los asientos permanentes del órgano ejecutivo de la ONU y tiene derecho de veto.
Ajena a la lista de miembros del TPI, Rusia ha dado la espalda este lunes a otro foro judicial, el Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas (TIJ). Dedicado a resolver disputas entre Estados, Rusia y Ucrania sí forman parte del mismo, de modo que tiene competencia para abordar la invasión rusa de Ucrania. De hecho, sus jueces estudian ya la demanda presentada por Ucrania “para que se detenga la actividad militar rusa” en su país. A la primera audiencia, celebrada este lunes en la ciudad holandesa de La Haya, su sede oficial, no se han presentado los abogados de la parte rusa. Con la guerra ya en marcha, Kiev pidió a los jueces que dictaran medidas cautelares en un intento de frenar la tragedia. Ucrania alega asimismo que, para justificar la invasión, “Rusia ha retorcido la noción de genocidio para evitar un genocidio inexistente [supuestamente perpetrado contra la minoría rusa en la región de Donbás, al este del país]”, según Anton Korynevych, delegado ucranio ante el TIJ.
Las decisiones del tribunal de la ONU son vinculantes para ambas partes, pero este organismo carece de poder para forzar su cumplimiento. La ausencia rusa, con sus asientos vacíos en primer plano, es una forma de “socavar la legitimidad del proceso y de desacreditar la futura decisión judicial”, explica Daniel Peat, profesor asistente de Derecho Público Internacional en la universidad de Leiden. Si se dictan las medidas cautelares, y luego los jueces dan la razón a Ucrania en cuanto a la distorsión de la noción de genocidio denunciada por Kiev, serviría “para que demuestre ante un foro mundial de este calibre que no se ha cometido un genocidio en la región del Donbás [al este del país]”, como sostiene Moscú. Dado que el TIJ no es una corte penal, sus resoluciones carecen de efectos prácticos a la hora de sentar en el banquillo a los responsables de la invasión.
Descartado de momento un juicio por agresión ante la justicia penal internacional, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, pidió este domingo una “investigación sólida y clara” sobre posibles crímenes de guerra cometidos en Ucrania. Hasta la fecha, se han visto desde ataques contra las ciudades y víctimas civiles hasta el uso de bombas con apariencia de racimo. Ambos encajan en la noción de crímenes de guerra. Es posible que se hayan perpetrado a su vez crímenes contra la humanidad.
Ucrania sí aceptó en 2015 la competencia parcial del TPI para que investigara los delitos ocurridos en el Donbás desde febrero de 2014. Ello, unido al hecho de que 39 países miembros de esta instancia —entre ellos España— pidiesen a Karim Kahn, su fiscal jefe, que ponga en marcha dicha investigación, ha resultado en el envío de un equipo especializado a Ucrania. Su tarea consiste en documentar lo que está sucediendo, y marca el principio de un largo proceso de atribución a los máximos responsables en toda la cadena de mando. En teoría, podría llegar hasta Putin, puesto que este tribunal no tiene en cuenta la inmunidad de los jefes políticos o militares. Ni siquiera de los jefes de Estado. Pero demostrar más allá de toda duda razonable su autoría directa tampoco sería fácil para la justicia internacional.
Para Frans Osinga, catedrático de Estudios de la Guerra en la universidad holandesa de Leiden, asistimos a una conflagración de desgaste en Ucrania. “Lo que vemos es una operación militar diferente a las emprendidas por las potencias occidentales en los últimos treinta años, que han intentado limitar las bajas civiles y los daños colaterales. Desde luego, no siempre lo han logrado, pero en el caso ruso se ataca deliberadamente ciudades, y eso es un crimen de guerra”, explica, en conversación telefónica.
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En su opinión, el alto mando ruso puede aducir que iba en busca de tropas ucranias escondidas en edificios civiles, y por eso la artillería no puede ser selectiva. “Pero saben que en ese tipo de asaltos premeditados causarán víctimas entre la población, y ello contraviene las leyes de la guerra”.
Las imágenes captadas por los medios internacionales muestran la destrucción de ciudades, y a la población escondida en el metro y en el sótano de hospitales. “Hemos visto también el lanzamiento de misiles contra viviendas, la ciudad de Mariupol sometida a ataques indiscriminados de la artillería rusa, y el uso de bombas de racimo. Eso es un crimen de guerra”, asevera, por su parte, Lachezar Yanev, profesor asistente de Derecho Penal en la Vrije Universiteit (Universidad Libre) de Ámsterdam. Este experto es escéptico, por ahora, con los crímenes contra la humanidad, investigados asimismo por la fiscalía del TPI. “Las cosas van muy rápido y hay señales de que pueden haberse cometido. En este caso, hay que probar que Rusia ha llevado a cabo un ataque amplio o sistemático contra los civiles. Es posible, ya veremos, pero el lado ruso puede alegar que esas bajas se produjeron cuando iban en busca de objetivos militares”.
Yanev indica que, de prosperar, un caso por crímenes de guerra o contra la humanidad en el TPI llevará tiempo. Hay que recabar pruebas y atribuirlas a cada uno de los presuntos responsables. Es preciso pedir una orden de arresto a los jueces y esperar a que uno de los 123 estados miembros del tribunal detenga a los sospechosos. “Aunque entre una cosa y otra pueden pasar años, aquí no se juzga en ausencia. Una orden de arresto afectaría de forma clara a la vida y los desplazamientos de los señalados, porque el TPI no está obligado a respetar la inmunidad de un jefe de Estado”, recuerda.
La creación de un tribunal especial para castigar el crimen de agresión salvaría las limitaciones de las competencias del TPI. Gordon Brown, ex primer ministro británico, lo planteó la semana pasada en Londres y la idea cuenta con el apoyo de Dmitro Kuleba, ministro de Exteriores de Ucrania. “Hay que tener cuenta que ese tipo de corte precisaría de una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y el visto bueno de Rusia, uno de sus miembros permanentes. O al menos, de su abstención”, señala Lachezar Yanev. Por ello, no está claro que la creación de un tribunal especial sea una opción más realista que elevar el caso al Tribunal Penal Internacional mismo. “Para tratar la agresión, creo que hace falta un cambio de régimen en Moscú. Entonces, tan útil sería el TPI como un tribunal especial”, asevera Yanev.
A pesar de las dificultades, el hecho de que se estén investigando los posibles crímenes de guerra cometidos durante la invasión de Ucrania es un hecho de por sí sustancial. “Fíjese en la distancia que mantiene Putin con sus asesores. Esa mesa infinita. Los líderes autoritarios saben que su principal problema es sobrevivir. Por eso, aunque creo que será imposible procesar al presidente ruso sin un cambio de régimen, que la justicia internacional pueda hacerles responsables de sus actos es importante desde el punto de vista moral, político y simbólico”, concluye Frans Osinga.
El presidente electo de Chile, el izquierdista Gabriel Boric, de 36 años, asumirá el Gobierno el viernes próximo. Una de las particularidades de la primera etapa de su mandato (2022-2026) será la convivencia con una convención constituyente que trabaja a contrarreloj para presentar una propuesta de Constitución que, hasta ahora, cambia profundamente el entramado constitucional vigente y, por lo tanto, las instituciones.
El tiempo corre deprisa para el órgano que se disolverá, de acuerdo a la ley, el 4 de julio de este año. Está compuesto por siete comisiones temáticas que presentan sus informes al conjunto de la convención, donde cada una de las normas deben aprobarse por dos tercios de los constituyentes, es decir, 103 miembros. Pero solo cuatro comisiones han presentado parte de sus propuestas al pleno a menos de dos meses de que, el 28 de abril, deban entregar el texto a la comisión de armonización, que se encargará de formular un cuerpo coherente.
“Calculo que están listas menos del 25% de las normas del texto final”, asegura Natalia González, directora de Asuntos Jurídicos y Legislativos de Libertad y Desarrollo (LyD), un centro de pensamiento de la derecha. Actualmente, los convencionales trabajan incluso los fines de semana para llegar a puerto y, aunque no parece imposible, se ve difícil que el Congreso amplíe su plazo de funcionamiento.
Es una convención dominada por el eje de la izquierda del sistema político chileno –donde los grupos moderados han contenido en el pleno algunas normas polémicas–, paritaria entre hombres y mujeres y con 17 escaños reservados para los pueblos indígenas.
“Existe una línea bastante recta entre estallido social de octubre de 2019, elección de convencionales en mayo de 2021 y las propuestas constitucionales”, explica el constitucionalista Tomás Jordán, al que le llama la atención que este punto no se considere en el análisis y que, desde que a mediados de febrero el pleno de la convención comenzó a votar las normas que serán parte de la propuesta final, haya parte de la sociedad sorprendida por los artículos, profundamente distintos con respecto a la actual Constitución. No las llamaría “refundacionales”, como lo hace González, que considera que se está dando una “vuelta en 180 grados”. Para Jordán, se tratan de propuestas “muy diferentes en sus paradigmas a la Constitución actual”, por lo que prefiere hablar de “innovaciones profundas”, porque en el pleno se han moderado. “Es una transformación estructural y no una reforma”, explica el abogado, que coordinó los esfuerzos constituyentes del segundo Gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018).
Las normas ya aprobadas por la convención plena darán origen a un texto que se plebiscitará el 4 de septiembre o el 11 de septiembre próximo (dos fechas muy simbólicas para la política chilena, porque el 4 de septiembre era la fecha en que se celebraban las presidenciales hasta antes del golpe de 1973 y el 11 de septiembre ocurrió el quiebre democrático). “Chile es un Estado regional, plurinacional e intercultural conformado por entidades territoriales autónomas, en un marco de equidad y solidaridad entre todas ellas, preservando la unidad e integridad del Estado”, sostiene uno de los artículos. Es uno de los asuntos de mayor envergadura aprobados hasta el momento. Porque la plurinacionalidad tiene fuertes defensores –la norma fue aprobada por 112 votos contra 32–, pero a la vez importantes detractores. La historiadora Sofía Correa Sutil, académica de la Universidad de Chile, ha dicho que con la plurinacionalidad “se destruye la nación chilena, entendida como una unidad que acoge la más variada diversidad”.
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La convención aprobó, a su vez, la siguiente norma: “El Estado se organiza territorialmente en regiones autónomas, comunas autónomas, autonomías territoriales indígenas y territorios especiales”, reconfigurando totalmente lo que existe en la actualidad, donde impera el Estado unitario con una tradición de unos 200 años y donde el presidente era el jefe político y administrativo de todas las unidades del Estado (Chile está organizado en 16 regiones sin autonomía).
En otro artículo se indica que “las regiones autónomas, comunas autónomas y autonomías territoriales indígenas están dotadas de autonomía política, administrativa y financiera para la realización de sus fines e intereses”, aunque no podrán “atentar en contra del carácter único e indivisible del Estado de Chile”. Debutarán así los Gobiernos regionales elegidos por la ciudadanía, que tendrán sus respectivas asambleas legislativas electas que, aunque sin potestad legislativa, tendrá atribuciones normativas, resolutivas y fiscalizadoras. Cada región podrá, a su vez, crear sus propias empresas públicas. Para González, “no está resuelta para nada la forma en que se relaciona el nivel central con el regional, lo que es muy complejo sobre todo desde el punto de vista fiscal”, asegura.
Pluralismo jurídico
Si la propuesta de Constitución se aprueba por la ciudadanía –en un plebiscito que tendrá carácter obligatorio–, Chile tendrá pluralismo jurídico, algo que existe en alguno de los países que reconocen constitucionalmente a los pueblos originarios. Será uno por pueblo –10 en total– más uno para los no indígenas. “El Estado reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas, los que en virtud de su derecho a la libre determinación coexisten coordinados en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia”, asegura la norma aprobada por 113 votos contra 39 que, nuevamente, ha desatado un profundo debate. Todavía falta por definir mediante la ley si la Corte Suprema será el tribunal superior de todos los sistemas de justicia regionales y determinar las competencias y materias que se regirán por la justicia indígena.
“En Chile, la población indígena no vive en reservas, sino que a lo largo y ancho del territorio, justamente por el proceso de mestizaje”, asegura González, que se declara preocupada por la “incerteza jurídica” de la plurinacionalidad. “Habría autonomías indígenas –con capacidades presupuestarias, normativas, financieras– y a su vez se generan sistemas de justicias indígenas. Generas tantas naciones dentro de una nación que se corre el riesgo de un ambiente separatista”, asegura la directora de Asuntos Jurídicos y Legislativos de LyD.
El grupo que trabaja sistemas de conocimiento, a su vez, logró que el pleno aprobara la norma que garantiza que “los pueblos y naciones preexistentes tienen derecho” a “la restitución y repatriación de objetos de culto y restos humanos que fueron confiscados sin consentimiento de los pueblos”, con un alcance que hasta ahora los expertos no se atreven a aventurar con respecto a los conquistadores españoles. Para Jordán, “lo que mayor impacto ha tenido en el conjunto del texto aprobado hasta ahora ha sido la perspectiva indígena, lo que resulta nuevo y ajeno a la cultura jurídica de las últimas tres constituciones chilenas”, que incluso no reconocen a los pueblos.
Lo mismo con la paridad. En la elección a cargos de las entidades territoriales nuevas se debe respetar la paridad, al igual que en la función jurisdiccional.
Especialmente relevante en esta materia será la nueva propuesta de la comisión de medioambiente y modelo económico. El viernes se rechazaron en el pleno buena parte de las propuestas de la comisión encargada de estas temáticas –constituida sobre todo por activistas medioambientales–, en las que imperaba un paradigma ecocéntrico y biocéntrico que entiende la naturaleza como sujeto de derecho. Uno de los artículos que no alcanzó el quórum fue el que reconocía la “sintiencia” de los animales y establecía que el Estado debía protegerlos, reconocer su individualidad y derecho a vivir una vida libre de maltrato. Logró, eso sí, 100 votos a favor, 29 en contra y 25 abstenciones, ante la preocupación de la industria ganadera, avícola o salmonera.
La comisión tendrá que reformular sus primeros planteamientos –en un informe de reemplazo o segundo informe–, pero impera el convencimiento de incorporar la perspectiva de los pueblos originarios en materia de medioambiente, que tienen una cosmovisión muy distinta a los no indígenas. Podría pedírseles el consentimiento previo para cualquier actividad productiva en el territorio, con una participación vinculante. Lo que resulte en esta área será fundamental, porque podría cambiar profundamente el paradigma del modelo de desarrollo del Estado chileno que, hasta ahora, es subsidiario, preminentemente económico, con énfasis en la libertad de empresa y productividad.
Igualmente relevantes serán las propuestas de la comisión de derechos fundamentales, que todavía el pleno no revisa. Se discutirán asuntos clave como el derecho de propiedad y la propiedad indígena.
A fines de esta semana, en tanto, se comenzará a sellar el destino del Senado. La convención empuja el empoderamiento de la cámara política –la de los diputados– y un Senado que pasaría a llamarse Consejo Territorial, posiblemente sin las actuales facultades y sin la misma capacidad de incidir en proceso legislativo. El Poder Judicial también cambiaría de nombre y pasaría a llamarse Sistema Nacional de Justicia.
De acuerdo a la última encuesta Criteria, un 31% aprueba el trabajo de la convención (dos puntos menos respecto del mes anterior) y un 48% los desaprueba, cuatro puntos más que el mes pasado. Sigue siendo, sin embargo, la institución política con mayor respaldo.
La víctima fue trasladada hasta el Hospital Civil de la capital nariñense pero minutos después confirmaron su deceso.
Noticias Pasto
Una persona muerta fue saldo que dejó una pelea que se presentó el pasado domingo 27 de febrero en el sector de Nuevo Sol, oriente de Pasto.
De acuerdo con algunas versiones la situación se registró cuando varios jóvenes se encontraban departiendo en la zona.
Sin embargo, de un momento a otro se presentó un altercado entre dos de las personas que estaban allí presentes: «todo inició con palabras soeces», precisaban en los reportes.
Indican que la situación empezó a salirse de control y en medio del episodio uno de los involucrados habría propinado varias heridas con arma blanca a otro a la altura del tórax.
De inmediato el joven cayó al suelo implorando ayuda.
Lo trasladaron al Hospital Civil de Pasto
Tras lo sucedido, lograron llevarlo hasta el Hospital Civil de Pasto, en donde fue atendido por personal médico.
“Por favor una camilla, se está desangrando que lo atiendan”, gritaba uno de los acompañantes.
De inmediato médicos lo trasladaron hasta una de las salas de urgencias, pero manifestaron que ya no tenía signos vitales.
La víctima fue trasladada hasta el hospital Civil de Pasto.
Al lugar llegó la madre del joven, que al recibir la noticia de la muerte de su hijo entró en shock. «Por favor sálvenlo, no lo dejen morir», expresaba la madre en medio del llanto.
Frente a este hecho, se conoció que al saber la noticia del fallecimiento de la víctima, varias personas se habrían emprendido la búsqueda del presunto responsable.
Y según lo establecido, la situación nuevamente habría desencadenado una riña, hasta el punto en que dos viviendas resultaron con serias afectaciones.
Diego García-Sayán, relator de la ONU, ofrece una rueda de prensa este martes en La Paz.MANUEL CLAURE (REUTERS)
La visita del relator de las Naciones Unidas sobre la independencia de los jueces, Diego García-Sayán, ha catalizado el malestar de los bolivianos por el estado del sistema judicial nacional, que sufre la que se considera la crisis más grave de su historia. Actores de ambos bandos de la polarizada política boliviana buscaron hablar con el representante, quien tuvo que aclarar que no fue “a dar lecciones ni soluciones mágicas”. La gran expectativa sobre los resultados de su misión le llevó a adelantar, para mediados de este año, la presentación de su informe final. Al dejar el país, García-Sayán confirmó que la justicia boliviana no siempre es independiente y que está afectada por la corrupción, por lo que resulta muy lejana para los ciudadanos, en particular para los más pobres.
El relator se refirió a la gravedad de los delitos de violencia contra las mujeres y su dificultad de obtener justicia, al hacinamiento de las cárceles, que tienen un 350% más internos de los que deberían albergar, al abuso de la prisión preventiva, a la falta de presupuesto para la judicatura, a los controvertidos procedimientos de elección de los magistrados de los principales tribunales, que son votados por toda la población en comicios periódicos, y a la posibilidad de lograr un acuerdo nacional para reformar la justicia.
García-Sayán se reunió con autoridades de todos los poderes del Estado, dirigentes políticos, asociaciones de víctimas y académicos. Durante su visita estaban recientes dos casos que han generado polémica y que el relator mencionó en su informe preliminar. El de Richard Choque Flores, un asesino en serie de mujeres que fue liberado por un juez a cambio de 3.500 dólares y una vez en libertad volvió a asesinar, un suceso que ha dado origen a una ola de arrestos de jueces supuestamente corruptos. El segundo fue la huelga de hambre y el deterioro de la salud de la expresidenta Jeanine Añez, que se encuentra encarcelada en La Paz.
Estos casos ejemplifican lo que los expertos consideran los dos principales problemas del sistema judicial: que funcione como un mecanismo de extorsión y obtención de recursos ilícitos, inclusive por medios tan catastróficos como la liberación corrupta de asesinos y narcotraficantes. Y, segundo, su cercanía con los gobiernos de turno, sean estos nacionales o locales, de izquierda o de derecha, a fin de obtener una estabilidad que no ofrece el Estado, a causa de su falta de institucionalidad. El oportunismo político de la judicatura es aprovechado por los partidos para obtener ventajas y “judicializar” a sus adversarios.
García-Sayán expresó su preocupación porque, igual que Choque, el convicto Froilán Molina Bustamante, quien participó en el asesinato en 1980 del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, hubiera sido liberado luego de cumplir solo cuatro años de la pena a la que está condenado, que es de 30 años sin derecho a indulto, la máxima de la legislación boliviana. Molina Bustamante fue detenido nuevamente tras el escándalo.
La expresidenta Añez se encuentra en prisión preventiva desde hace casi un año, pese a que existe una norma que establece que esta medida solo debe prolongarse por seis meses, norma que la fiscalía ha logrado eludir con diversos recursos. Un juez acaba de prolongar por otros tres meses su detención. Añez se encuentra en huelga de hambre desde hace dos semanas, pues considera que su proceso no es legal. Hace unos días, un juez ordenó que la llevaran a un hospital para rehidratarla.
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Al conocerse la decisión, grupos de leales al presidente Luis Arce armaron un alboroto en la puerta de la prisión, y la gobernadora de la misma informó de que le sería materialmente imposible cumplir la orden de trasladar a Añez. Así que el juez retrocedió y ordenó que los médicos rehidrataran a la expresidenta en su celda. Tras esta interrupción en su ayuno, la política decidió continuar la huelga. García-Sayán lamentó que el Estado boliviano no hubiera tenido la capacidad de aplicar las “reglas Mandela” (o mínimas para el tratamiento a los reclusos), que indican que “todos los establecimientos penitenciarios facilitarán a los reclusos acceso rápido a atención médica en casos urgentes”.
La crisis de la justicia boliviana es de larga data y algunos la remontan a la propia formación del país. Existe consenso de que ha empeorado desde 2009, cuando la nueva Constitución introdujo la elección por voto popular de los magistrados. El actual ministro de Justicia, Iván Lima, cree que se debe dar marcha atrás, pero esta idea presenta una serie de dificultades prácticas y no tiene el apoyo total del oficialismo ni de la oposición.
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Los miembros de la Asamblea Constitucional chilena posan antes del inicio del primer debate formal de los artículos de la nueva Constitución, el 15 de febrero de 2022 en Santiago de Chile.IVAN ALVARADO (REUTERS)
La nueva Constitución de Chile comienza, al fin, a tomar forma. En la madrugada de este miércoles, los 154 legisladores aprobaron con más de los dos tercios de los votos requeridos los primeros 14 artículos, todos relacionados con el sistema de Justicia. Los textos llegaron al pleno de la Convención Constitucional tras meses de trabajo en las comisiones y deberán superar ahora la votación en particular de cada inciso. Solo así formarán parte de la Carta Magna que debe estar lista el 4 de julio. La primera jornada se concentró en el sistema de Justicia y tuvo como novedad el reconocimiento de la validez de las leyes indígenas para resolver conflictos. La derecha, que se opuso, votó unida y no pudo evitar los dos tercios que sumaron los partidos de izquierda e independientes.
Fue un día largo, con discusiones que duraron más 15 horas. El presidente electo, Gabriel Boric, quien como líder estudiantil promovió la convocatoria a una Convención para calmar las revueltas callejeras iniciadas en 2019, celebró en sus redes sociales. “Qué esperanza ver cómo Chile escribe por primera vez en su historia una Constitución de manera democrática, paritaria y con participación de pueblos originarios. Y que así sea, genera debate. No tengamos miedo”, dijo. El texto en discusión deberá ser refrendado al final del proceso en un referendo vinculante. Y una vez en vigencia habrá enterrado a la Constitución actual, aprobada en los años ochenta por la dictadura de Augusto Pinochet.
La clave de la jornada estuvo en los dos primeros artículos aprobados, en los que se hace mención al “pluralismo jurídico”. Esto es, que en el nuevo Chile la justicia será impartida por los tribunales tradicionales, pero también por autoridades de pueblos originarios y otros órganos, según consta en el primer artículo. El segunda agrega que el Poder Judicial actual coexistirá con “en un plano de igualdad con los Sistemas Jurídicos Indígenas”. “Es deber del Estado garantizar una adecuada coordinación entre ambos, con pleno respeto al derecho a la libre determinación y los estándares internacionales de derechos humanos interpretados interculturalmente”, dice el texto. La norma sumó 114 votos afirmativos, 11 más que los necesarios por la regla de los dos tercios, y 37 negativos.
Christian Viera, coordinador de la comisión de Justicia, aclaró que los artículos plantean principios, pero que su aplicación dependerá de discusiones que aún están pendientes. “El principio no impone una regla. Y esto es relevante, porque están viendo una regla donde no la hay. Los principios informan las futuras reglas, y las futuras reglas son lo que estamos discutiendo en este momento en la comisión”, dijo Viera. La legisladora Tammy Pustilnick escribió un largo hilo en Twitter donde advierte a los críticos que “la ley nacional se seguirá aplicando a todos los habitantes de la República, incluso para los indígenas, con la única diferencia que estos podrán regirse por su propio derecho para ciertas materias y de acuerdo con ciertas condiciones y límites”. Países como Bolivia y Ecuador ya aplican modelos judiciales mixtos como el que ahora discute Chile.
La primera jornada de votación dejó claro que el perfil de la nueva Constitución de Chile está en manos de la izquierda y los partidos independientes, cuyos representantes son mayoría dentro de la Convención. La derecha, pese a votar unida en contra, no pudo impedir que se alcanzasen los dos tercios de los votos afirmativos. La legisladora Rocío Cantuarias, de Colectivo Chile Libre, se quejó de que las ideas que defienden como colectivo “no son consideradas en lo más mínimo”. Es evidente, dijo, que “está todo arreglado y que somos un grupo irrelevante para la redacción de esta Constitución”. Su par Teresa Marinovic dijo que los dos tercios están asegurados, salvo cuando los partidos de centro izquierda no coinciden con los de la extrema izquierda. “Ahí es cuando se caen los dos tercios. Incluso, normas que uno puede considerar como muy negativas o antidemocráticas se aprobaron con bastante más de dos tercios”, lamentó.
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Las derivas autoritarias en la Unión Europea saldrán muy caras a partir de ahora. El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha validado el reglamento comunitario que desde el pasado 1 de enero permite suspender los fondos europeos a los países donde la fragilidad del Estado de derecho no garantice su gestión adecuada. El gobierno húngaro de Viktor Orbán y el polaco de Mateusz Morawiecki, que se sienten en el punto de mira de la nueva norma, habían impugnado su adopción. Pero los jueces europeos se han pronunciado a favor del reglamento en un caso que el propio Tribunal ha calificado como de “importancia excepcional” y de una “relevancia constitucional innegable”. El carácter extraordinario del pleito se ha resaltado, además, con la retransmisión en directo de la lectura de un veredicto por primera vez en los 70 años de historia de la corte europea con sede en Luxemburgo.
“El Tribunal al completo desestima el recurso y ordena a Hungría a pagar sus costas y las del Parlamento Europeo y el Consejo Europeo”, ha leído de forma solemne el juez ponente para el primero de los casos. Inmediatamente después las mismas palabras han sido repetidas desestimando, en idénticos términos, el recurso de Polonia (los asuntos de cada país, a pesar de que se han sustanciado de forma conjunta, han sido tenidos en cuenta por separado por la justicia europea)
En este asunto de alto voltaje político y jurídico, Hungría y Polonia acusaban al Consejo de la UE y al Parlamento Europeo de haber aprobado un reglamento sin base legal adecuada con el único objeto de castigar a ciertos países con la excusa de la protección del presupuesto comunitario. Para Budapest y Varsovia, Bruselas se había extralimitado y buscaba castigar a ambos países esquivando el proceloso procedimiento del artículo 7, que requiere la unanimidad de todos los socios comunitarios para sancionar a los países que vulneren los valores fundamentales de la UE.
El llamado mecanismo de condicionalidad, una herramienta aprobada en diciembre de 2020 para asegurarse de que ni un euro de los históricos fondos de recuperación acabe en manos de quienes incumplen el Estado de derecho, entró en vigor en enero de 2021, pero la Comisión Europea se había comprometido con Polonia y Hungría a no activarlo hasta que el TJUE le diera su visto bueno.
La vista fue también una cita de repercusión extraordinaria, celebrada ante el plenario de jueces del TJUE, y con la participación añadida de la Comisión Europea, y una larga lista de Estados miembro que se consideraban afectados, entre ellos España, Alemania y Francia, cuyas defensas jurídicas salieron en del mecanismo de condicionalidad.
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El Abogado General de la UE, que se pronunció en diciembre, ya había propuesto declarar inadmisible o desestimar todas las reclamaciones de los dos países. Pero admitía que algunas cosas en el reglamento chirriaban (sobre todo, en los considerandos), aunque se decantaba por aceptarlo por completo. De este lado ha caído la balanza, finalmente.
para este 4 de febrero se tiene progrmado un plantón para exigir que caiga todo el peso de la ley sobre el responsable.
Tras la muerte de Deysi, madre de una pequeña de 5 años de edad, en Ipiales se realizará un plantón para exigir justicia.
Noticias Nariño.
Voces de rechazo se sienten en el municipio de Ipiales por cuenta del asesinato de una madre de 5 años de edad. Se trata de Deysi Lorena Cortés, quien habría sido atacada por su expareja sentimental.
Primeras versiones señalan que los hechos se registraron luego de que el padre de la niña llegará a la vivienda por ellas.
Sin embargo de un momento a otro el sujeto habría tomado un puñal y le habría propinado heridas en la cabeza.
En medio de lo sucedido el presunto responsable, al parecer luego de atacar a su víctima con arma blanca, hizo una llamada telefónica a un familiar en Ipiales, para confesar lo ocurrido.
Posteriormente la Policía en Tunja fue informada del trágico hecho.
Enseguida, organismos de socorro llegaron hasta el lugar de los hechos para atender lo sucedido.
Indicarorn que al llegar al luar encontraron el cuerpo de la mujer sin signos vitales.
El presunto responsable, fue identificado como Deyvi G, P, quien al parecer padece de una enfermedad psiquiátrica.
Frente a este hecho, diferentes activistas de Ipiales rechazaron lo sucedido, al tiempo en que exigieron que se haga justicia.
Por tal razón, para este 4 de febrero se tiene progrmado un plantón para exigir que caiga todo el peso de la ley sobre el responsable.
Explicaron que esta jornada se realizará en el templo de San Felipe a partir de la 1:00 de la tarde.
«No podemos permitir que haya impunidad; si tocan a una,respondemos todas, por eso invitamos a la comunidad a brindarnos su apoyo y respaldo», señalaron.
El sujeto habría agredido al trabajador porque no le dio las salsas que quería. El gerente del restaurante de comidas rápidas trato de defender a su trabajador y también resultó golpeado.
Noticias Bogotá.
Indignación total hay en Bogotá por un doloroso caso de intolerancia de la cual fue víctima un empleado en condición de discapacidad.
El doloroso episodio se presentó cuando Juan Antonio González se encontraba atendiendo a un cliente a través de la ventanilla para vehículos.
Juan se acercó a la ventanilla.
Allí se acercó un carro que le solicitó varias hamburguesas, él recibió el pedido y entregó lo solicitado.
Sin embargo, las personas que estaban en el interior del automotor le pidieron más salsas de las que él les había entregado y permitía su empresa.
“Estaba trabajando como habitualmente lo hacía en el autoservicio. Llega una señorita y un joven en un carro, los saludo y les entrego su pedido muy bien. Me exigen salsas de tomate y mayonesa, les doy más y siguen pidiendo”, contó inicialmente en entrevista con Noticias Caracol.
La víctima agregó que les manifestó que debía cobrarlas como productos adicionales «y comienza a tratarme mal, a decirme groserías. Una compañera me quita de la ventanilla y le dice que avance. Él parquea y me busca por el restaurante y, cuando ve que me asomo me pega un puñetazo en la cara”.
De inmediato sus compañeros lo protegieron y retiraron de la ventanilla.
Mientras que el gerente del restaurante se dirigió al grupo de jóvenes que golpearon a Juan Antonio, les reclamó y preguntó por qué lo golpearon.
Sin embargo su respuesta no fue la mejor.
Al hombre también lo terminaron agrediendo sin razón alguna.
El gerente del lugar también fue agredido.
Todo el lamentable hecho quedó grabado en un vídeo de las cámaras de seguridad de el establecimiento comercial.
Un tribunal militar de la República Democrática del Congo (RDC) condenó el sábado a pena de muerte -que no se aplica en el país y se traduciría de facto en cadena perpetua- a 49 personas por el asesinato de dos expertos de la ONU en 2017, confirma la organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW). Contra los acusados, pesaban cargos relacionados con pertenencia a un movimiento insurreccional, asociación delictiva, crimen de guerra por asesinato y por mutilación, malversación de objetos incautados, violación de órdenes y terrorismo.
El juicio por el crimen, que tuvo lugar en un tribunal militar de la ciudad de Kananga, empezó en 2017 y se vio obstaculizado en múltiples ocasiones por contradicciones y demoras. Los acusados eran un total de 54 -para la mayoría de los cuales la Fiscalía militar había solicitado la pena de muerte- si bien 22 huyeron y fueron juzgados en ausencia porque estaban fugados. Entre los reos, está el coronel Jean de Dieu Mambweni, condenado a 10 años de cárcel y trabajos forzosos tras ser declarado culpable de “violar las órdenes y de no ayudar a una persona en peligro”, según recogen medios locales. La corte señala que, en vez de disuadir a los expertos, el estadounidense Michael Sharp y la sueco-chilena Zaida Catalán, el coronel planeó el viaje a Moyo Musuila, en la región de Kasai (en el centro del país), en el que ambos acabaron desapareciendo sin informar a sus superiores.
El periodista Raphael Kamuzadi y el policía André Tshipamba han sido absueltos por falta de pruebas tras haber pasado cuatro años en prisión. El primero había sido acusado de haber suministrado machetes a los milicianos y el segundo, de aparecer en una fotografía con un líder miliciano que participó en la muerte de los dos expertos de la ONU. Otros dos imputados, considerados menores de edad cuando se cometieron los hechos, han sido remitidos a un juzgado de menores.
Los cuerpos sin vida de Sharp y Catalán fueron hallados el 27 de marzo de 2017, dos semanas después de que se perdiera su rastro junto al de otros cuatro trabajadores congoleños mientras investigaban violaciones de derechos humanos en esta provincia. Ambos expertos eran miembros del grupo creado por la ONU para vigilar las sanciones impuestas sobre el país por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
En un principio, el Gobierno congoleño culpó del crimen a la milicia Kamuina Nsapu, que en 2016 se alzó contra las autoridades en Kasái Central para vengar la muerte de su caudillo a manos del Ejército. Sus enfrentamientos contra las fuerzas del orden causaron cientos de muertos y cerca de medio millón de desplazados. Una investigación de la ONU en 2017 concluyó que los dos expertos pudieron ser víctimas de una emboscada al azar de una milicia, pero no descartaron una posible implicación de las autoridades.
@hrw_fr Près de cinq ans après les meurtres des enquêteurs de l’ONU, Zaida Catalan et Michael Sharp en #RDC, il reste encore plus de questions que de réponses malgré le verdict d’aujourd’hui 1/3 pic.twitter.com/3CkRuMDkbt
“La investigación y, en última instancia, este juicio no han logrado sacar a la luz toda la verdad sobre lo sucedido”, lamenta a través de Twitter Thomas Fessy, investigador para la RDC de la organización. “Las autoridades congoleñas, con el apoyo de la ONU, deberían ahora investigar el papel fundamental que los altos funcionarios pueden haber jugado en los asesinatos”, añade Fessy, mientras la embajada sueca en la RDC hace un llamamiento a que continúe la investigación “para avanzar más en el descubrimiento de la verdad y hacer justicia”.
La jueza guatemalteca Erika Aifán posa para una fotografía en su despacho en Ciudad de Guatemala, en noviembre de 2019.Moises Castillo (AP)
En el infierno que es Guatemala para quienes luchan contra la impunidad, la jueza Erika Aifán está en el ojo del huracán y parece haberse convertido en el último objetivo de quienes no quieren ver una justicia independiente en el país centroamericano. Como titular del Juzgado D de Mayor Riesgo le ha tocado llevar algunos de los casos más sonados de corrupción, lo que ha levantado odios en su contra. Tanto así, que desde dentro del mismo poder judicial su trabajo es perseguido por funcionarios “que están dispuestos a vender su dignidad o a dejarse atemorizar para que las redes criminales obtengan impunidad”, según denuncia.
En entrevista con EL PAÍS, señala que existen todo tipo de intereses destinados a amedrentar a los jueces, desde la presidencia hasta los empleados de la Fiscalía. En su caso, ejercer la justicia le ha significado ser objeto de amenazas, vivir cada minuto acompañada de seguridad y saber que cada día asume riesgos, pero la jueza Aifán no ceja en su empeño de que impere la justicia en Guatemala. “Creo que la justicia, creo que la población y el país merecen este esfuerzo y el sacrificio. El demostrar que no vendemos la dignidad y que estamos dispuestos a seguir trabajando a pesar de los obstáculos”, asegura en una conversación por videollamada.
Pregunta. Usted ha denunciado amenazas, persecución en su contra, un asedio constante, ¿quiénes son sus enemigos?
Respuesta. No puedo dar un nombre, un apellido, porque temo que todos estos ataques han sido sistematizados, estructurados, diseñados estratégicamente. Y que más allá de ir contra la persona, van contra la institución, los juzgados de mayor riesgo y el trabajo que significan las funciones jurisdiccionales. Van contra la independencia del Poder Judicial.
P. ¿Pero a quiénes les interesa que usted no siga con su trabajo judicial?
R. Los ataques a la independencia judicial vienen tanto de factores externos a la institución como de poderes que están en la misma institución. He presentado las denuncias correspondientes en cada uno de los casos. Por ejemplo, el licenciado Rodrigo de la Peña, un abogado a quien no conozco en el plano personal, en 2018 comenzó a interponer una serie de denuncias en mi contra por los diversos procesos que yo conocí en ese momento, sin que él fuera parte procesal dentro de alguno de ellos o hubiésemos podido detectar que pudiera tener algún parentesco con las partes. Era una persona totalmente ajena, que conocía las incidencias que se estaban dando en los casos de alto impacto que estaban bajo mi conocimiento y las acciones concretas que ejecutaba. Y él presentaba denuncias y acciones legales en mi contra, hasta que la prensa local lo evidenció en un reportaje y ese fue el último día en el que él ejerció estas acciones. Posteriormente, en esta secuencia de ataques hacia mi persona, encontramos que el personal que estaba asignado al juzgado a mi cargo hacía grabaciones, filtración de información sensible y también encontramos la pérdida o sustracción de actuaciones. Frente a estas graves acciones que se generaron en el año 2019, no se encontró una respuesta positiva de las autoridades de la institución. A la presente fecha todavía las acciones que han sido impuestas a este personal no se han ejecutado.
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P. ¿Esas personas siguen trabajando dentro del sistema de justicia?
R. Pongo uno de los ejemplos más claros. La notificadora recibió 14 sanciones de destitución. La destitución es la sanción más fuerte que puede haber y se aplica en casos extremos. A ella, la última sanción se le notificó hace más de un año y a la presente fecha, ella sigue laborando en el organismo judicial. El Ministerio Público, a más de dos años de estos hechos tan graves como la pérdida de actuaciones, no ha realizado ninguna acción.
P. Parece que el sistema está en su contra.
R. Vemos en este momento que el Ministerio Público está tomando acciones en contra mía, presentando un juicio cada semana. Pero esto tampoco lo hace de una manera aislada, porque vemos los mensajes en las redes sociales a través de los net centers, que en algunos países también los llaman troles, y que son personas que ocultan la identidad y se dedican a generar odio y descrédito. Hemos detectado concretamente que un día antes de que el Ministerio Público ejerce las acciones contra los jueces, los net centers las celebran y las anuncian.
P. ¿Cómo es su relación con con la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras?
R. Nosotros como jueces no tenemos ninguna relación directa con ninguna fiscal. La relación con todos ellos es de índole profesional. Yo ni siquiera conozco en persona a la señora fiscal general. Sin embargo, le hemos dirigido un escrito en junio del año pasado pidiéndole que mande a archivar y desestimar procesos que se han venido acumulando en contra de por lo menos cuatro de los jueces de mayor riesgo del país, quienes hemos llevado el juzgamiento de los casos de más acto impacto desde 2015. En el trabajo que ella desarrolla, ella puede archivar esos procesos, porque no tienen ningún fundamento. Sin embargo, no hemos encontrado ninguna respuesta.
P. ¿Ella le ha buscado para explicarle por qué toma una actitud como esta? ¿Se ha solidarizado con usted en algún momento?
R. No lo ha hecho, aunque creo que no corresponde hacer ese acercamiento y esa solidaridad por los roles que tenemos dentro del sistema de administración de justicia. Como jueces de mayor riesgo lo único que pedimos es que haga su trabajo objetivo, que verifique por qué los fiscales que tienen a cargo estas causas contra nosotros no las han archivado. Si estimara que hay fundamentos, ella puede pedir la presentación de un juicio. Sin embargo, estos casos no los archiva, pero tampoco presenta un juicio. Para nosotros cualquiera de las dos salidas es importante, porque en el juicio podríamos acudir a nuestras autoridades, que conocen estos procedimientos, y pedir que los archiven. Pero el hecho de que ella los mantenga significa mantener el acoso e intimidación contra los jueces de mayor riesgo.
P. ¿Por qué se da ese acoso contra ustedes, que ven casos de corrupción en un país con altos niveles de impunidad?
R. Porque los juzgados y tribunales de mayor riesgo conocen los delitos de alto impacto en el país, lo que involucra delitos transnacionales; conocemos crimen organizado, investigación de estructuras criminales —algunas muy complejas —, lavado de dinero, delitos de lesa humanidad… Los procesos que nos son asignados deben tener dos características: que van dirigidos a delitos graves y que representan un riesgo para los sujetos procesales, porque hay grupos de crimen organizado con una gran capacidad operativa y de logística.
P. ¿Estas estructuras han penetrado al sistema judicial?
R. En las investigaciones que se han realizado dentro de diversos casos de los juzgados de mayor riesgo, y que han sido de conocimiento público, han sido señaladas personas que pertenecen no solo al sistema judicial, sino que se ha señalado participación de fiscales y de otros funcionarios y empleados. Han sido señalados presidente y vicepresidente en funciones, diputados, ministros, alcaldes, jueces y magistrados, fiscales, etc. Esto se va conjugando contra este sistema de administración de justicia que había avanzado desde 2015 en el juzgamiento de casos complejos.
P. ¿Se siente en confianza, segura, con la gente que la ayuda en su trabajo?
R. Definitivamente, no puede una persona sentirse segura. Estoy trabajando con un equipo totalmente nuevo. Y es relativamente reciente el tiempo que llevamos trabajando juntos. Eso conlleva la necesidad de ir conociendo a cada uno de ellos para poder tener confianza plena en el trabajo que realizan.
P. ¿Ha tomado alguna medida de seguridad frente a su personal?
R. Sí. He ordenado que todos los expedientes sean escaneados para tener copias. Y desde que lo hemos hecho, las actuaciones que están ingresando al juzgado se reciben en ventanilla e inmediatamente se escanean y se suben a nuestro sistema y ya no se ha perdido ninguna actuación. Eso ha sido muy importante. También he adoptado nuevas formas de verificación de todo aquello que ingresa al juzgado y he reforzado todos los controles.
P. ¿De los procesos que ha llevado, cuál cree que es la que más ha generado molestias?
R. Casos relacionados a corrupción. Estos casos vinculan a muchas personas, por ejemplo, en los casos de delitos de lavado, en los que estas estructuras criminales tienen una capacidad de crear entramados con entidades de cartón y hablamos de que pueden crear hasta 50 entidades en diferentes países. Y nosotros, durante el proceso de juzgamiento, encontramos muchos obstáculos, sin hablar con la complejidad que conllevan y del poco apoyo institucional que ha existido. No estábamos preparados institucionalmente para enfrentar estos procesos de estructuras tan complejas y tampoco la respuesta que se ha dado en este momento ha sido lo suficientemente contundente. Hemos dicho que en Guatemala la justicia ha avanzado, pero no es porque las condiciones del país lo hayan permitido, sino porque hay jueces que a pesar de los riesgos y las dificultades continúan haciendo su trabajo.
P. ¿Cree que en el Gobierno del presidente Giammattei haya personas a las que les conviene que no haya jueces como ustedes que luchan contra la corrupción?
R. Hay una unión de intereses y de personas que pertenecen al crimen organizado. Sí creo que puede haber personas del Estado que pueden estar detrás. Uno de los casos que tengo asignado, la causa 359, involucra investigaciones de hechos delictivos cometidos en los tres poderes del Estado. Hay funcionarios del Poder Judicial o del Ministerio Público que están dispuestos a vender su dignidad o a dejarse atemorizar para que las redes criminales obtengan impunidad. Los jueces no respondemos a esos intereses y por eso buscan las maneras de removernos, de quitarnos de su camino.
P. Esos ataques continúan en su contra.
R. Sí, persisten. En las últimas semanas han aumentado los niveles de riesgo y también la frecuencia.
P. ¿Vale la pena vivir con este constante nerviosismo?
R. Tengo sistemas de seguridad que han sido reforzados desde que soy jueza de mayor riesgo. Y creo que sí, creo que la justicia, creo que la población y el país merecen el esfuerzo y el sacrificio. El demostrar que no vendemos la dignidad y que estamos dispuestos a seguir trabajando a pesar de los obstáculos. Creo que representa una esperanza para la nación. Y eso trasciende a la persona.
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