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La periodista Catharine Belton puso el dedo en la llaga el pasado martes, durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento británico: “Observen el modo en que se está informando hoy sobre los oligarcas rusos, comparado con lo que ocurría hace dos semanas”, dijo a los diputados. “Es tan diferente como la noche del día. Antes era casi como un reinado del terror. Muchos de los oligarcas tenían un batallón de abogados y gestores de reputación que desplegaban con enorme agresividad. Hasta hace poco, era raro escuchar en los medios que Abramóvich tenía una relación muy cercana con Putin o que, hasta hace poco, había contribuido a sostener su régimen”, señalaba Belton.

Lo sabe muy bien. La periodista, que fue corresponsal en Moscú del Financial Times durante siete años, publicó en 2020 Los Hombres de Putin: Cómo el KGB se Apoderó de Rusia y se Enfrentó a Occidente (Península). El libro, una crónica rigurosa y exhaustiva del entorno de poder que habita el Kremlin y del modo en que exmiembros del servicio secreto soviético intentaron infiltrarse y dividir, con un nuevo grupo de oligarcas, en las sociedades de Occidente, adquirió de inmediato relevancia y notoriedad. La suficiente como para poner nerviosos a Roman Abramóvich, Mijaíl Fridman o Alisher Usmánov —todos sancionados hoy por EE UU, la UE y el Reino Unido—, que comenzaron a verter como locos una cascada de querellas contra Belton y la editorial Harper-Collins, así como preavisos legales a los medios de comunicación, para que no osaran poner sus manos en el libro. Harper-Collins tuvo que gastarse casi 1,8 millones de euros en abogados para proteger la publicación. Y aun así, Belton y su equipo jurídico tuvieron que negociar la retirada o suavización de algunas de las informaciones más polémicas del texto, como el hecho de que al menos tres fuentes hubieran asegurado que Abramóvich compró el Chelsea F.C. por orden directa de Putin.

El Gobierno de Johnson, que en su ímpetu por combatir la agresión de Rusia en Ucrania parece además dispuesto a resolver pecados originales que el Reino Unido arrastra durante años, ha anunciado este jueves su intención de combatir con dureza las llamadas SLAPPs: Strategic Lawsuits Against Public Participation (querellas estratégicas contra la participación pública), las batallas jurídicas que montan los financieros más poderosos contra la prensa y las editoriales, con acusaciones de difamación y de ataques a su intimidad, con el fin de intimidarles económicamente y mantenerles paralizados en procesos judiciales largos y complejos.

“La capacidad de una prensa libre de exigir responsabilidad a los más poderosos es fundamental para nuestra democracia, y como periodista que he sido, estoy decidido a que nunca más permitamos que las críticas sean silenciadas”, ha prometido Boris Johnson. “Para todos estos oligarcas y supermillonarios que pueden permitirse estas costas legales astronómicas, la amenaza con querellas y demandas se ha convertido en un nuevo tipo de arma legal. Debemos poner fin a este efecto tan escalofriante”, decía el primer ministro británico.

El Ministerio de Justicia que dirige Dominic Raab, quien actúa además en este caso con su autoridad de vice primer ministro, ha puesto ya en marcha un proceso de consultas con la intención, según han anunciado fuentes del departamento, de que los cambios legales estén listos a mediados de mayo.

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El Gobierno británico pretende reforzar el concepto jurídico de “defensa del interés público”, ya introducido en la Ley de Difamación de 2013, por el que determinadas informaciones, aunque sean erróneas en algunos de sus elementos, pueden ser protegidas frente a posibles querellas en aras de que prevalezca un bien superior, el del interés público de la materia denunciada. Otra posible medida sería la de poner un límite a la cifra total que pueden reclamar los denunciantes para resarcirse de los daños presuntamente sufridos. Y exigir, en el análisis preliminar de cualquier querella por difamación, que se demuestre la “malevolencia real” del demandado, para evitar acusaciones falsas. Finalmente, las nuevas reformas de la ley podrían permitir que jueces y tribunales impusieran Órdenes Civiles de Restricción, para prohibir la repetición constante, como método de presión, de querellas ya descartadas.

Las medidas contra las llamadas SLAPPs son muy contundentes en Estados Unidos, Canadá o Australia. En la UE, un grupo de eurodiputados lleva años exigiendo su impulso, después del asesinato en 2017, con una bomba lapa pegada a los bajos de su coche, de la periodista maltesa Daphne Caruana Galizia, cuya participación en la investigación sobre los Papeles de Panamá fue fundamental para implicar al Gobierno del entonces primer ministro, Joseph Muscat.

El talón de Aquiles de Johnson

El primer ministro británico vive un momento de tregua y gloria con su papel internacional en defensa de Ucrania y contra la invasión de Putin. Atrás parecen haber quedado los días del partygate, cuando el escándalo de las fiestas prohibidas en Downing Street amenazó con arruinar la carrera política del primer ministro. Pero el armario de Johnson tiene tantos esqueletos, y tan variados, que muchas de sus proclamas contra Rusia y sus oligarcas pierden fuelle. El diario The Times reveló la semana pasada que Johnson había hecho oídos sordos a la advertencia del MI5, el servicio británico de inteligencia y seguridad doméstica, de que no debía designar miembro de la Cámara de los Lores a su amigo Evgeny Lébedev, propietario del diario londinense Evening Standard. Aun así, Johnson siguió adelante con su decisión en 2020, y acusó a todos los que le desaconsejaban lo contrario de “rusófobos”. Hijo del oligarca, banquero y exmiembro del KGB Alexander Lévedev, el magnate de la prensa es una figura omnipresente en los actos sociales de la capital británica, y desde las páginas de su periódico ha defendido acciones de Putin como la invasión de Crimea, o ha puesto en duda que el KGB estuviera detrás del asesinato, en 2006, del exagente ruso Alexander Litvinenko.

El exasesor de Johnson y hoy su acérrimo enemigo, Dominic Cummings —el ideólogo de la campaña del Brexit— dispuesto siempre a echar mano de su memoria cuando se trata de cargar contra el primer ministro, ha escrito en su blog personal: “Yo estaba en la habitación cuando altos funcionarios del Gobierno le advirtieron al primer ministro de que los servicios de inteligencia tenían serias reservas sobre sus planes [el nombramiento de Lébedev]. Apoyé esas reservas y pedí a Johnson que no siguiera adelante”, ha escrito Cummings. “Se irritó mucho, y como suele hacer, comenzó a balbucear tonterías: ‘Esto es… esto es… esto es que tú también eres antirruso”, asegura el exasesor que dijo Johnson.

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Santa Marta trocha mujer
En Santa Marta hallaron el cuerpo de un mujer, lo habían dejado en la trocha El Manantial, tenía una herida de bala en su rostro.  

En Santa Marta hallaron el cuerpo de un mujer, lo habían dejado en la trocha El Manantial, tenía una herida de bala en su rostro.

Noticias Caribe.

El domingo 27 de febrero, las autoridades encontraron el cuerpo de la mujer al rededor de las 9 p.m., tenía una herida de bala en el rostro pero Medicina Legal en Santa Marta, deberá terminar si tenía otras lesiones, si sufrió abuso o tortura de algún tipo.

Al parecer la víctima habría sido asesinada por un impacto de bala en su rostro, posterior a ello su cuerpo fue dejado en la trocha del barrio La Paz.

Hasta ahora, la mujer no ha podido ser identificada por no tener ningún documento en el momento de lo sucedido.

La Policía Judicial de la capital del Magdalena, llegó al lugar de los hechos para proceder con el levantamiento del cuerpo y realización de investigaciones pertinentes conforme al caso.

La mujer vestía de short y una blusa corta, se espera que sea identificada por sus familiares o en algún otro caso por un conocido.

Se trasladó el cuerpo hacía la morgue de Medicina Legal y Ciencias Forenses donde se le realizará la necropsia de rigor.

Esperan tener resultados que faciliten el reconocimiento de la víctima este mismo lunes.

Mientras la policía en Santa Marta busca establecer si hubo algún reporte de desaparición, y una vez identificada, establecer si había denunciado alguna amenaza.

 





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El presidente del Tribunal Internacional de Justicia, Abdulqawi Ahmed Yusuf (segundo por la derecha), en una sesión sobre la demanda presentada por Gambia contra Myanmar, en enero de 2020 en La Haya.
El presidente del Tribunal Internacional de Justicia, Abdulqawi Ahmed Yusuf (segundo por la derecha), en una sesión sobre la demanda presentada por Gambia contra Myanmar, en enero de 2020 en La Haya.ROBIN VAN LONKHUIJSEN (EFE)

¿Quién representa a Myanmar ante la comunidad internacional: la junta militar, que gobierna tras dar un golpe de Estado el 1 febrero de 2021, o los miembros del Ejecutivo de unidad nacional, creado tres meses después en el exilio para luchar por el restablecimiento de la democracia? De momento, ninguno ha sido reconocido oficialmente por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas, y ello crea una situación compleja para el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) en la fase procesal de objeciones preliminares en la denuncia presentada en 2019 por Gambia contra la antigua Birmania por genocidio de la minoría musulmana rohinyá que sus jueces han comenzado a abordar este lunes.

Al inicio de la sesión, Joan Donoghue, presidenta del tribunal, recordó que “son los Estados, y no los Gobiernos, los que elevan casos ante estos jueces”. Acto seguido Ko Ko Hlaing, ministro de Cooperación Internacional de la junta birmana y sancionado por Estados Unidos por el golpe militar, ha asegurado buscar “que se imparta justicia de manera apropiada”. Las audiencias se prolongarán hasta el jueves.

Ko Ko Hlaing es uno de los miembros de la junta golpista que forma parte de la delegación de Myanmar desplazada a La Haya, sede del TIJ. El Gabinete civil de unidad nacional teme que la máxima instancia judicial de la propia ONU siente un precedente si los acepta en representación de Myanmar. Ningún órgano de Naciones Unidas, como la Asamblea General o el Consejo de Seguridad, ha reconocido a la junta.

El caso es muy delicado en términos jurídicos, políticos y diplomáticos. “Es un problema que recibe el tribunal, puesto que dos entidades ―llamémoslas así― reclaman representar a Myanmar. De modo que los jueces podrían tener que mencionar la cuestión en su sentencia”, dice Asier Garrido Muñoz, profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad de La Haya para las Ciencias Aplicadas. El tribunal no reconoce gobiernos, pero una eventual decisión en esta materia podría tener consecuencias para el reconocimiento por otros Estados del Gobierno golpista de Myanmar.

Según este experto, “si la corte asumiera que, a efectos procesales, el agente nombrado por la junta militar birmana es el único autorizado para representar a Myanmar, sería acusada de avalar el golpe de Estado”. Pero si hiciera lo contrario, se le reprocharía “no tener en cuenta la realidad de la situación efectiva en Myanmar y la práctica internacional”. Ambia Perveen, miembro del Consejo Rohinyá Europeo, ha señalado a las puertas de la corte que si bien la junta militar “no representa al pueblo de Myanmar, es importante que los responsables del genocidio sean juzgados”.

La suerte corrida por Aung San Suu Kyi, premio Nobel de la Paz en 1991 y exconsejera de Estado de Myanmar, ilustra también la situación actual. En 2019, era la líder de facto de su país y lo representó ante el tribunal, donde rechazó la acusación de genocidio contra los rohinyá y aseguró que se trataba “de un conflicto interno de lucha contra el terrorismo”.

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Un año más tarde, el tribunal impuso medidas cautelares para proteger a esta minoría de un posible genocidio. El Gobierno que ella representaba debía ampararlos, pero fue depuesto por los militares en febrero de 2021. Ahora se encuentra en arresto domiciliario, condenada a dos penas de cárcel: dos años por incitación a la violencia, y a otros cuatro por posesión ilegal de dispositivos de telecomunicaciones y por vulnerar las medidas contra la pandemia. A pesar de su situación, en la página web oficial del Gobierno de unidad nacional aparece como parte del mismo.

“Solución intermedia”

Garrido Muñoz considera que, “a fin de evitar males mayores, una posible solución intermedia sería aceptar al agente propuesto por la junta militar, pero indicando que ello se hace a efectos del litigio entre Gambia y Myanmar, y excluyendo cualquier toma de posición sobre quién es el legítimo Gobierno birmano”. Añade que suena a tecnicismo, “pero, al menos visto desde fuera, el tribunal parece encontrarse en una situación incómoda”.

Myamnar ha cuestionado además la legitimidad de Gambia porque no tiene nacionales afectados fuera de su territorio. El país africano podía litigar alegando que los crímenes contra los rohinyás violan la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio (1948), firmada por ambos países. Aduce, por lo tanto, que Myanmar la vulneró en 2017 cuando más de 750.000 rohinyás se desplazaron desde allí hacia la vecina Bangladés, huyendo de lo que la ONU calificó en 2020 de “intento de genocidio”.

Christopher Staker, uno de los abogados nombrados por Myanmar, ha alegado a su vez que Gambia actúa “por delegación y no en nombre propio, ya que está apoyada por los países de la Organización para la Cooperación Islámica”. Con sede en Arabia Saudí, la misma agrupa a los Estados de confesión musulmana. “Una organización internacional no puede presentar un caso a través de un Estado”, ha dicho. Su colega, Stefan Talmon, ha añadido que el TIJ “no es una instancia supervisora de la convención contra el genocidio”. La decisión de los jueces puede tardar varios meses en llegar.

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The man dubbed a leader of newly arriving Afghan refugees in Wausau, Wisconsin, was profiled in the local media as a U.S. ally and someone who had been persecuted by the Taliban in Afghanistan. He had plans to open a restaurant to give his new community a taste of Afghan cuisine.

But less than two months after settling into a rented apartment with his wife and six children, the refugee was arrested on charges of sexual assault in the fourth degree.

The unidentified victim, according to Wausau police department, was a woman who was helping the family’s resettlement.

Although he has been released on a signature bond, the 40-year-old has not spoken about the criminal charge against him and did not respond to VOA questions. As with all defendants in U.S. courts, he is presumed innocent until convicted.

Tens of thousands of Afghans have been evacuated to the U.S. since the collapse of the U.S.-backed Afghan government last August because of fears they could be targeted by the Taliban.

Aid agencies say many of the newly arrived refugees face primarily housing and employment challenges as they resettle in communities across the U.S.

Some also experience cultural shock as they navigate through the intricacies of life in America.

“[We are] aware that there are cases of Afghan evacuees allegedly committing acts of interpersonal violence,” Emily Gilkinson told VOA. She is a spokeswoman for the Ethiopian Community Development Council (ECDC), which has helped the resettlement of some 6,000 Afghan refugees in Wisconsin and other states.

Three aid agencies involved in the resettlement of Afghan refugees in the U.S. said they have no records of such incidents. VOA found public reports of four Afghan refugees allegedly arrested on violence and sexual assault charges since September 2021.

Mohammad Attaie and his wife Deena, newly arrived from Afghanistan, get assistance from medical translator Jahannaz Afshar making a doctor's appointment at the Valley Health Center TB/Refugee Program in San Jose, California on Dec. 9, 2021.

Mohammad Attaie and his wife Deena, newly arrived from Afghanistan, get assistance from medical translator Jahannaz Afshar making a doctor’s appointment at the Valley Health Center TB/Refugee Program in San Jose, California on Dec. 9, 2021.

Cultural education

Resettlement programs are funded by the U.S. government and one key requirement is cultural orientation.

“We provide robust cultural orientation classes to newly arrived refugees,” said Krish O’Mara Vignarajah, president of Lutheran Immigration and Refugee Service (LIRS).

Classes take 30 to 60 minutes and deal with health care, employment, personal finance, transportation, safety, education and other topics.

“The curriculum and process of delivering cultural orientation is something that ECDC continues to improve in order to better prepare newcomers for success in American society,” said Gilkinson.

One Afghan refugee in Wisconsin who asked to remain anonymous said his cultural orientation classes were short and mostly dealt with hypothetical situations.

“I think practical learning can be more important. Some of us will need cultural advising even after we settle in our new homes,” he said.

Resettlement agencies say they will continue to assist refugees in finding jobs and learning the necessary skills and knowledge to thrive in their new life in the U.S.

FILE - Afghan refugees walk alongside temporary housing in Liberty Village on Joint Base McGuire-Dix- Lakehurst in Trenton, N.J., Dec. 2, 2021.

FILE – Afghan refugees walk alongside temporary housing in Liberty Village on Joint Base McGuire-Dix- Lakehurst in Trenton, N.J., Dec. 2, 2021.

Hate crimes

Refugees and aid agencies applaud what they call a generous influx of support for the newly arrived Afghans from individuals and groups all over the country.

“I’ve never seen as generous and kind people as the Americans,” said Attaullah Rahmani, an Afghan refugee.

But the Afghan refugees are arriving in the U.S. at a time when the FBI is reporting a surge of racially inspired hate crimes, especially against people of Asian origin.

Although there is no aggregated data about instances of hate crimes involving Afghan refugees, there are isolated reports.

In late January, the FBI started investigating an alleged hate crime incident involving two Afghan refugees in Owensboro, Kentucky, local media reported.

In another incident, stickers with the message “Afghan refugee hunting permit” were seen at a university campus in Michigan last year.

Two refugees who spent about two months at Ford Dix in New Jersey as their resettlement cases were processed said they received lectures on racial and religious sensitivities in the U.S.

“They showed us signs which represent white supremacy and said we should avoid those people,” Ahmad Mohib, one of the refugees told VOA.

FILE - Afghan refugees board a bus taking them to a processing center upon their arrival at Dulles International Airport in Dulles, Virginia, Sept. 1, 2021.

FILE – Afghan refugees board a bus taking them to a processing center upon their arrival at Dulles International Airport in Dulles, Virginia, Sept. 1, 2021.

Domestic violence

Isolated incidents of domestic violence were first reported in refugee processing centers at U.S. military bases.

Afghanistan ratified the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, which prohibits and criminalizes gender-based violence, in 2003. In 2009, Afghanistan also enacted a law on elimination of violence against women. However, human rights organization say violence against Afghan women remains prevalent and the Afghan justice system often fails female victims.

“Domestic violence happens in every community,” said Naheed Samadi Bahram, U.S. director for Women for Afghan Women, a nongovernmental organization advocating for the rights of Afghan women and girls. She told VOA that interpersonal relations among the refugees are particularly strained because of the traumas they have experienced.

Other resettlement agencies have also tracked extreme stress and trauma among the Afghan refugees.

“The impact of losing the only home you’ve ever known, of leaving family behind, cannot be overstated,” said LIRS’s Vignarajah.

Bahram said her organization has offered awareness to some refugees about the consequences of domestic violence here in the U.S., which is different than how it’s dealt with in Afghanistan.

“Our main problem is language,” said Tamana Kohistani, who resettled in Virginia with her husband and three children in December. “Not knowing English here is like we don’t know anything and we can’t say anything as well.”

Criticism of Hong Kong’s judicial independence has no “value” according to the special administrative region’s chief justice, but law experts say many questions remain.

Since Beijing imposed a national security law on the region 18 months ago, Hong Kong has endured major changes to its political system and media environment.

Now, attention has turned to whether Hong Kong’s judiciary can remain freestanding as Beijing tightens its grip.

In December, Britain released a six-month report about Hong Kong that outlined the city’s eroding freedoms after the implementation of the security law. The report included the accusation that Hong Kong’s “judicial independence is increasingly finely balanced.” The Hong Kong government rejected the finding.

Concerns remain, though, as to whether Hong Kong will maintain its British-style justice system or eventually replace it with China’s opaque system.

Speaking at the opening of the legal year Monday, Hong Kong’s Chief Justice Andrew Cheung said the territory’s judicial independence is “fact,” RTHK reported.

“Criticisms of court decisions, which are made without first ascertaining the facts in a case or reading and understanding the reasons for the court’s decision, are as meaningless as they are hollow – so is any unsubstantiated doubt over the court’s independence. Judicial independence in Hong Kong exists as a fact. And we are here today to bear witness to this fact.”

But one lawyer formerly of Hong Kong, who chose to remain anonymous, told VOA that Cheung hasn’t taken into account criticism of the judiciary.

“The Chief Justice’s comments at the opening of the legal year are thoroughly underwhelming. (The) dismissal of critics of Hong Kong’s rule of law as being motivated by ‘surmises, political stances or geopolitical considerations’ also smacks of CCP (Chinese Communist Party) propaganda. I would expect a Hong Kong judge to stick to analytical reasoning, and weigh these criticisms for their merits, rather than attack the critics for ulterior motives,” the lawyer said.

The national security law prohibits acts deemed as secession, subversion, foreign collusion and terrorism, with punishments of up to life in prison. Critics of the security law – including pro-democracy opposition and Western governments – have said the legislation threatens Hong Kong’s unique autonomy, promised when Britain handed the territory back to China in 1997.

Out of at least 150 people who have been arrested under the security law, five have been convicted and three have been sentenced to jail.

Those sentenced include former waiter Leon Tong Ying-kit, 24, who received nine years in prison following his conviction for terrorism and secession in July. November saw pro-democracy protester Ma Chun-man sentenced to nearly six years in prison for inciting secession, and pro-independence youth activist Tony Chung sentenced for secession and money laundering.

For Hong Kong’s national security law cases, Chief Executive Carrie Lam has handpicked judges to oversee the proceedings, a move that has angered legal experts.

“What about the existence of the appointment system in the first place? Why should there be national security law judges? How does that serve the rule of law or ensure a fair trial?” asked the lawyer who was formerly in Hong Kong.

Eric Yan-ho Lai, a law analyst and fellow at Georgetown University, also questioned the way judges are selected to preside over national security cases and whether there are any checks on the chief executive’s power to choose them.

Cheung said Monday the impartiality of the courts was not affected because all designated judges are bound under judicial oath to pass justice without fear or favor, self-interest or deceit.

But Yan-ho Lai told VOA, “Andrew Cheung could not explain why the chief executive picking the national security law judges would not affect impartiality, especially when Cheung himself visited the chief executive for a meeting just before the Court of Final Appeal hearing on Jimmy Lai’s bail appeal.”

Media mogul Jimmy Lai is in jail facing a slew of criminal charges and facing the possibility of life in prison. Reports said Lam met with Cheung ahead of a bail hearing for Lai in February. Lam denied discussing court cases with Cheung, reiterating her commitment to judicial independence, the South China Morning Post reported.

Since the security law has been in force, Hong Kong authorities have arrested pro-democracy activists, journalists and former lawmakers with the crackdown paving the way for a political revamp in the city.

Last month, Hong Kong’s mini parliament, the Legislative Council, saw its first-ever “patriots only” elections in which all but one of the seats were won by pro-Beijing candidates.

Beijing restructured the legislature last year by reducing the number of directly elected seats voted on by the public. A vetting committee comprising Beijing loyalists also has been installed to determine whether political candidates are loyal to China. No member of the pro-democracy opposition ran in the elections.

Those arrested under the security law include dozens of pro-democracy political figures who remain in pre-trial detention after being charged under the law in February.

“Although Andrew Cheung shared his beliefs, he could not explain why fair trial can be upheld when dozens of national security law defendants are being remanded in pre-trial detention for almost a year. When Cheung’s words and deeds are not consistent, the public might be less convinced that the integrity of the court in Hong Kong can be upheld in the post-national security law era,” Yan-ho Lai added.

Additionally, Hong Kong’s media have taken a downward turn since pro-democracy newspaper Apple Daily closed in June when several of its executives were charged under the security law and authorities froze the company’s financial assets.

And pro-democracy news outlet Stand News closed its doors on Dec. 29 as part of a sedition investigation. Independent news sites Citizen News and Mad Dog Daily also decided to fold, citing uncertainty in the region.

At least 50 civil society groups also have disbanded in Hong Kong since last year.


se escapó de Medicina Legal en Barranquilla
El sujeto se encontraba en las instalaciones forenses para ser valorado en el proceso de legalización de su captura, y se escapó.

El capturado se encontraba sen las instalaciones forenses para ser valorado, y se escapó.

Noticias Barranquilla.

Este jueves reportan que un sujeto en calidad de capturado, se escapó de las instalaciones de Medicina Legal en la capital del departamento del Atlántico.

Alrededor de las 11 de la mañana, el hombre se fugó de la entidad forense ubicada en el barrio Los Andes de Barranquilla, en condiciones que las autoridades aún no explican.

El capturado fue llevado a Medicina Legal en una camioneta de la Policía junto a otro capturado, y escoltado por dos uniformados.

Esposado con las manos hacia adelante el detenido fue ingresado a la sala de valoración de la entidad forense para poder legalizar su captura, pero en un descuido de los custodios policiales y vigilantes de las instalaciones, se escapó.

Esposado se saltó los barrotes y emprendió la huida corriendo a alta velocidad por la carrera 25 hasta perderse entre las calles.

Sin embargo, uniformados de inmediato iniciaron con labores de búsqueda en el sector para recapturarlo.

Por otra parte, cabe añadir que se desconocen los motivos por los cuales el prófugo se encontraba capturado.

Noticia en desarrollo…
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El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha enviado un mensaje contundente este martes al presidente de El Salvador, Nayib Bukele. El organismo ha instado al popular mandatario que elimine el bitcoin como moneda de uso legal en el país centroamericano, lo que aumenta la tensión en las relaciones entre el Fondo y el Ejecutivo de Bukele. Para el presidente la implementación de bitcoin como moneda de pago es uno de sus principales proyectos, que promociona con intensidad tanto desde su cuenta de Twitter —plataforma favorita para comunicar sus decisiones— como en las giras que ha emprendido para vender a su país como una tierra de oportunidades para los empresarios. Bukele no ha reaccionado inmediatamente a la exigencia del FMI.

El Fondo ya había alertado a inicios de enero de los riesgos que implica para El Salvador asumir la criptomoneda y había pedido a Bukele una reunión para discutir su implementación como moneda de curso legal. “La adopción del bitcoin como moneda genera una serie de cuestiones macroeconómicas, financieras y legales que requieren un análisis muy cuidadoso”, dijo Gerry Rice, portavoz del Fondo. El popular presidente ya había anunciado en noviembre sus grandes planes para convertir a su país en un laboratorio mundial de la criptomoneda. Bukele se ha mostrado entusiasta con el proyecto y ha prometido a sus ciudadanos que llevará desarrollo económico para su país. Desde su Gobierno se ha afirmado que esta iniciativa pretende convertir a El Salvador en la Singapur de América Latina.

El salvadoreño viajó la semana pasada a Turquía en su búsqueda de atraer apoyos en momentos cuando su relación con Estados Unidos —el principal socio de su país— pasa por horas bajas. Bukele se reunió con Recep Tayyip Erdogan, con quien firmó seis acuerdos de cooperación bilateral en los sectores de economía, comercio, defensa, diplomacia y educación. Pero el tema que más expectativa levantó durante la visita fue el uso de las criptomonedas, en un país donde sus habitantes están en plena fiebre inversora para proteger sus ahorros, cuando la lira turca ha sufrido una fuerte pérdida en su valor.

La exigencia del FMI se da en momentos cuando el valor de las criptomonedas va en caída libre. La semana pasada el bitcoin perdió más del 10% de su valor, mientras las bajas continúan. La criptomoneda bajó a 35.000 dólares, lo que representa el valor más bajo desde julio. Bukele ha reaccionado con mofa a quienes critican la caída en el valor de la moneda virtual y su decisión de adoptarla. “La mayoría de la gente entra [a comprar] cuando el precio sube, pero el momento más seguro y rentable para comprar es cuando el precio baja. No es ciencia espacial. Así que invierta una parte de su sueldo de McDonald’s en Bitcoin”, escribió Bukele el 24 de enero. El presidente cerró su mensaje con un “Drama queens” [reinas del drama] para sus críticos.

Rice, del FMI, ya había advertido a inicios de enero que “los activos cripto pueden traer riesgos significativos”, por lo que sugirió que debería haber “medidas efectivas de regulación”. Para Bukele, sin embargo, se trata de una “oportunidad de oro” para su país. A inicios del pasado junio la Asamblea Legislativa salvadoreña adoptó una ley que hace del bitcoin una moneda de uso legal. Un hecho que el presidente Bukele celebró con entusiasmo. “En cada restaurante, hotel, banco, transacción personal, si quieres vender un auto, todo podrá pagarse con bitcoins o dólares. El bitcoin será tratado como moneda nacional, todos tendrán que aceptarlo”, auguró. Entonces, sus planes comenzaron a crecer y Bukele lanzó su idea de convertir al país centroamericano en un gran centro de minado de la moneda virtual. Para ello prometió ofrecer “energía muy barata, 100% limpia, 100% renovable, con cero emisiones, de nuestros volcanes”. El 10 de junio, Bukele hizo público en Twitter un proyecto geotérmico que servirá como sede del minado.

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«Civilización o barbarie»: cuándo una detención es legal o «justicia con sus propias manos»

«No es bueno ni sano que, aunque haya una sensación de que el sistema no funciona, tratar de hacer todo por cuenta propia», dijo el director de Espacio Público, Mauricio Duce.

24Horas.cl Tvn

06.05.2021

Mauricio Duce, académico de la Escuela de Derecho de la Universidad Diego Portales y director de Espacio Público, aclaró los riesgos y castigos que arriesga una persona que caiga en el linchamiento para «hacer justicia con sus propias manos» contra alguien que comete un delito, indicando que la ley estipula penas de cárcel efectiva.

Según dijo el experto a 24 AM, tras conocerse el caso de tres hermanos detenidos por matar a un delincuente en Lo Espejo, se debe diferenciar «entre poder detener algo y tomar la justicia con sus propias manos», explicando que la ley permite a alguien retener a una persona sorprendida cometiendo un delito, pero solo con el objetivo de entregarlo a Carabineros o las autoridades.

 

Agregó que «como ningún civil está preparado para detener a alguien, se pueden usar mecanismos proporcionales» para el caso, sin afectar la integridad del detenido.

No obstante, remarcó la línea que no se debe cruzar entre «la civilización o barbarie», porque «la ley no ampara que a alguien estando detenido se le golpee. Eso es constitutivo de delito, es justicia con sus propias manos».

Civilización o barbarie cuándo una detención es legal o justicia con propias manos 

Duce enfatizó que si la violencia física genera consecuencias mortales o graves en el afectado, el autor «arriesga penas de cárcel efectiva».

«No es bueno ni sano que, aunque haya una sensación de que el sistema no funciona, tratar de hacer todo por cuenta propia. Uno espera que nuestra sociedad siga más por lo civilizado que la barbarie», sentenció.



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