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Era un secreto a voces que los diputados conservadores británicos cada vez tenían menos reparo en airear públicamente. Irritados por el modo en que el entonces speaker (presidente) de la Cámara de los Comunes, John Bercow, reinterpretaba las costumbres parlamentarias para prolongar eternamente el debate sobre el Brexit, iniciaron una campaña en su contra aprovechando lo que, presuntamente, era su punto débil: un exceso de soberbia. Aquel grito de “Order, order!” que dio a conocer por todo el mundo a Bercow y le convirtió en parte del folklore del Reino Unido, revelaba un poso autoritario que en privado resultaba mucho menos simpático. “Corresponde a los historiadores juzgar si el acusado ejerció con éxito el papel de presidente de la Cámara de los Comunes, pero no tenía ninguna necesidad de actuar como un bully (acosador) para lograr ese objetivo. Un puesto institucional como ese puede desempeñarse de un modo pleno y eficaz sin necesidad de caer en un comportamiento como el que se juzga”, ha concluido el Panel Independiente de Expertos, el organismo encargado de atender los recursos y peticiones de sanción contra diputados británicos por casos de acoso laboral, abuso de autoridad o conducta sexual inapropiada.

Bercow había sido sancionado por Kathryn Stone, la comisionada parlamentaria de normas y estándares éticos, cuyo rigor e imparcialidad a la hora de juzgar a los diputados la ha convertido, paradójicamente, en la bestia negra de muchos conservadores, y la amenaza permanente a Boris Johnson, ya sea por el asunto de las fiestas en Downing Street o los gastos de redecoración de su apartamento privado. El Panel Independiente de Expertos ha ratificado 21 de las 35 acusaciones vertidas contra Bercow por antiguos empleados suyos en la Cámara de los Comunes. “Hubo un señalado abuso de poder y autoridad por parte del acusado. Decidió ir a por los tres empleados que expresaron sus quejas y les acosó directamente”, asegura el panel en su informe final. “Se trata de un comportamiento tan grave que, si todavía fuera un diputado, habríamos recomendado su expulsión de la Cámara. En las circunstancias actuales, sugerimos que nunca se le permita entrar en el Parlamento mediante un pase”, sugieren el panel. Fueron Robert Rogers (Lord Lisvane), entonces secretario de la Cámara de los Comunes, y dos secretarios parlamentarios privados, Kate Emms y Angus Sinclair, quienes interpusieron las demandas contra Bercow. Los informes en su contra relataban gritos e insultos contra sus subordinados e incluso, en cierta ocasión, cómo le llegó a lanzar un teléfono móvil.

Bercow dio sus primeros pasos en política en el entorno de Enoch Powell, el parlamentario conservador tan brillante como ponzoñoso, que introdujo un elemento xenófobo en el discurso de la formación. Famoso, por infame, es su discurso bautizado como rivers of blood (ríos de sangre) de 1968, en el que criticó la llegada masiva de inmigrantes de las excolonias británicas. Posteriormente se convirtió en un entusiasta acérrimo de Margaret Thatcher y sus políticas neoliberales. Durante larga época como speaker de la Cámara demostró una gran habilidad para conducir los debates y un exhaustivo conocimiento del reglamento parlamentario, que se encargaba de demostrar con una locuacidad en muchas ocasionas pomposa.

Su abierta hostilidad hacia el Brexit le llevó a enfrentarse cada vez más abiertamente con sus compañeros de filas conservadores, y a flexibilizar las reglas de la Cámara a favor de los mayores críticos de la salida de la UE, para que siempre tuvieran amplia oportunidad de debatir y controlar cada nueva decisión adoptada, primero por el Gobierno de Theresa May, más tarde por el de Boris Johnson. El abandono de su puesto por parte de Bercow, anunciado con antelación por él mismo cuando el Brexit pasó a ser un hecho consumado e irremediable, fue acogido con alivio por las huestes conservadoras. Bercow nunca consiguió el título nobiliario de Sir al que aspiraba, porque Downing Street se negó. Acabó anunciando que se pasaba a las filas de la oposición y se afiliaba al Partido Laborista. Para entonces, ni los conservadores sufrieron daño alguno por la deserción, ni los laboristas supieron muy bien qué hacer con un personaje para el que no tenían hueco. De hecho, los laboristas han decidido suspenderle temporalmente como miembro del partido mientras abren su propia investigación.

Bercow ha respondido con un duro comunicado público en el que acusa al Parlamento de haber puesto en marcha una vendetta contra él, a través de una “farsa de tribunal”, y asegura que siempre tuvo una buena relación con el personal de la Cámara de los Comunes. “Si este caso se hubiera procesado en cualquier tribunal ordinario hubiera sido descartado de antemano. Se ha impulsado con unas pruebas muy endebles, basado en rumores sin fundamento, y promovido por dogmáticos de vieja escuela incapaces de admitir ningún cambio y que ahora pretenden ajustar cuentas conmigo”, ha dicho Bercow. “Al final, el panel se ha limitado a recomendar que se me niegue un pase parlamentario que nunca he pedido y que no quiero. En eso consiste lo absurdo de su decisión”, ha dicho. Como exdiputado, tenía derecho a solicitar un pase permanente para la Cámara. Si en alguna ocasión decidiera regresar a los que durante años fueron sus dominios sin género de duda, tendría que humillarse y solicitar un pase de visitante.

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El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández fue detenido la tarde del martes en su casa de Tegucigalpa horas después de que Washington solicitara su extradición. Estados Unidos acusa al exmandatario de introducir miles de kilos de cocaína provenientes de Sudamérica durante el periodo en que fue presidente del país centroamericano (2014-2022). Su arresto se produce solo dos semanas después de que acabara su mandato.

En la madrugada de este martes, tras conocerse la solicitud de extradición de Washington, Hernández había reconocido en un audio difundido en sus redes sociales que “no son momentos fáciles” y que estaba dispuesto a “colaborar voluntariamente” con las autoridades después de que decenas de policías se presentaran en la madrugada en su casa de Tegucigalpa fuertemente armados. Su condición de diputado del Parlamento Centroamericano no fue suficiente para garantizar su inmunidad y ahora todo indica que será extraditado en las próximas horas para afrontar una acusación que incluye tráfico de drogas y posesión de armas.

Cubierto con una gorra, una mascarilla y un chaleco antibalas, el exmandatario salió de su vivienda rodeado de uniformados y en un contexto de relativa calma, aunque la imagen en sí supone una chocante sacudida en un contexto de impunidad de un país en el que rara vez hay detenidos y menos aún culpables. La noticia sobre las intenciones de Estados Unidos de llevárselo cuanto antes se conocieron el lunes por la noche, después de que la Cancillería de Honduras informara que había recibido una petición de ese país solicitando formalmente el arresto provisional de “un político hondureño”, del que no se daba su nombre, con el “propósito de extradición”.

La justicia estadounidense ya pisaba los talones del expresidente desde mucho antes de dejar el poder el 27 de enero. En concreto, desde que hace un año su hermano Tony Hernández fue condenado a cadena perpetua en una corte de Nueva York. El nombre de Juan Orlando Hernández fue citado durante el juicio más de cien veces por distintos criminales. Desde el verano pasado, el expresidente fue incluido en el listado de personas señaladas de corrupción o de socavar la democracia y poco después Estados Unidos le retiró el visado. “Estados Unidos está promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas en Centroamérica al hacer públicas las restricciones de visa contra el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández debido a actos corruptos. Nadie está por encima de la ley”, dijo hace unos días el jefe de la diplomacia estadounidense Antony Blinken. Blinken marcó el camino al decir que Hernández se había involucrado de forma significativa “al cometer o facilitar actos de corrupción y narcotráfico, y al utilizar las ganancias de actividades ilícitas para campañas políticas”.

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Según difundió la prensa local, Hernández tiene que responder a cuatro delitos que van desde tráfico de drogas a posesión de armas. Según el documento emitido por Estados Unidos, Hernández conspiró para recibir múltiples cargamentos con toneladas de cocaína enviadas a Honduras desde Colombia y Venezuela, mediante rutas aéreas y marítimas para llevar las drogas hacia el occidente de Honduras y de ahí hacia la frontera con Guatemala y finalmente a Estados Unidos. En total, desde 2004, esa alianza politico-criminal movió más 500.000 kilogramos de cocaína a través de Honduras con destino a Estados Unidos. A cambio de todo ello, el ex gobernante recibió millones de dólares por sobornos y ganancias de múltiples organizaciones de narcotráfico en Honduras, México y otros lugares. Hizo que miembros de la Policía Nacional y de las fuerzas militares protegieran cargamentos de drogas en Honduras y permitió que se cometieran actos de violencia brutales.

Fruto de esta alianza, Hernández recurrió incluso a Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán, según denunciaron sus cómplices en Nueva York. En una reunión en 2013 Tony habría pedido un millón de dólares para financiar la campaña de su hermano a cambio de seguridad para sus mercancías, dijo a los fiscales Alexander Ardón, exalcalde de El Paraíso (Copán) detenido en Estados Unidos en 2019. El Secretario de Seguridad de Honduras, Ramón Sabillón, confirmó que la acusación contra Juan Orlando “no son cinco kilogramos (…) sino más de 100″. Una cantidad considerable y bastante fuerte”, dijo Sabillón.

En su última entrevista antes de dejar el poder, la concedida a EL PAÍS el 22 de diciembre, Juan Orlando Hernández se defendió diciendo que era víctima de los narcotraficantes a los que había combatido durante años. Hernández insistió en que pagaba el precio de haberse atrevido a aprobar la extradición de capos y que la oficina antidrogas de Estados Unidos, la DEA, poseía grabaciones secretas que confirmaban su beligerancia contra los grandes cárteles de la droga. Menos de dos meses después de aquella respuesta, Estados Unidos llama a su puerta.

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El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, en Tegucigalpa, el pasado 24 de marzo de 2021.
El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, en Tegucigalpa, el pasado 24 de marzo de 2021.ELMER MARTINEZ (AP)

Estados Unidos ha informado este lunes de la inclusión de Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras (2014-2022), cuando todavía estaba en el cargo, en el listado de “actores corruptos y antidemocráticos” por su presunta vinculación con el narcotráfico. De esta forma, al exmandatario le han retirado su visa y, por lo tanto, no podrá entrar al territorio de EE UU. El expresidente hondureño, que fue sucedido a finales de enero pasado por Xiomara Castro, juró recientemente como diputado de pleno derecho del Parlamento Centroamericano (Parlacen) en representación de su país.

“Estados Unidos está promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas en Centroamérica al hacer públicas las restricciones de visa contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, debido a actos corruptos”, tuiteó el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, al anunciar la decisión. “Nadie está por encima de la ley”, dictaminó Blinken. En un comunicado, Blinken explicó que la inclusión de Hernández se produjo ante las informaciones periodísticas “múltiples y creíbles” que señalaban que estuvo supuestamente implicado en actos significativos de “corrupción y narcotráfico”.

Hernández ha sido ligado al cartel que en la última década ha controlado el negocio de la droga en Honduras: Los Cachiros. Dos de sus líderes, Geovanny Fuentes y Devis Leonel Rivera Madariaga, están siendo juzgados en una corte de Nueva York y sus declaraciones han puesto al mandatario contra las cuerdas. Los narcotraficantes han asegurado que Hernández les dio protección a cambio de sobres con miles de dólares. Además, Juan Antonio Hernández, hermano del expresidente de Honduras, fue declarado culpable por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por narcotráfico, en 2019.

En julio de 2021, el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó una lista de 55 funcionarios y exfuncionarios centroamericanos a los que señala por corrupción, entre los que destaca el también expresidente hondureño José “Pepe” Lobo y su esposa, la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo. Asimismo, figuran en ella congresistas y altos cargos de los gobiernos de El Salvador y Guatemala.

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Este mismo lunes, Hernández contestó al anuncio público de Estados Unidos con una carta abierta divulgada en sus redes sociales en la que se dice sorprendido de que Washington haya tomado esta decisión “basado en reportes de medos de comunicación y en declaraciones de narcotraficantes y asesinos confesos extraditados” por su Gobierno o que huyeron “por temor a ser extraditados”. El expresidente dedica buena parte de su misiva a enumerar lo que él considera que fueron logros de su Gobierno para la reducción del narcotráfico y la violencia en su país.

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El expresidente de Costa Rica(1994-1998) y actual candidato, José María Figueres, este domingo en San José.
El expresidente de Costa Rica(1994-1998) y actual candidato, José María Figueres, este domingo en San José.LUIS ACOSTA (AFP)

El expresidente de Costa Rica José María Figueres se ha impuesto este domingo en las elecciones presidenciales de Costa Rica, al sumar el 27,3% de los votos con el 79% del conteo. El exmandatario, del histórico Partido Liberación Nacional (PLN), se batirá en la segunda vuelta, que se celebrará el 3 de abril, con el exministro de Hacienda Rodrigo Chaves, que ha cosechado el 16,7% de los votos. El predicador evangélico Fabricio Alvarado, con el 15,4%, y que ya pasó a la segunda vuelta hace cuatro años, es el tercer contendiente más votado. Los comicios registraron la mayor abstención en 60 años, con más del 40%.

“Estamos a un paso de empezar la transformación de Costa Rica. Ganamos esta primera ronda por un robusto margen y eso nos da también una enorme responsabilidad. Mañana mismo continuaremos el trabajo incansable para el triunfo final el próximo 3 de abril”, dijo Figueres, que ya gobernó el país en los 90, al conocer los resultados.

El de Chaves es un partido nuevo que escaló sorprendentemente en las últimas semanas. Si se confirman los resultados, el contendor de Figueres para gobernar Costa Rica entre 2022 y 2026 sería un economista que fungió seis meses como ministro de Hacienda en el Gobierno actual, tras llegar al país en 2019, cuando renunció a un cargo en el Banco Mundial después de ser sancionado por conductas inapropiadas de tipo sexual. Chaves aparecía en cuarto lugar en intención de voto en la última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), solo una semana antes de los comicios de este domingo, en los que también se eligieron los 57 escaños de la Asamblea Legislativa. El 32% de indecisos que había en la última semana ha podido favorecer al exministro, un hombre con discurso de mano dura que alojó su aspiración presidencial en el debutante Partido Social Democrático (PSD). “El partido más joven de esta campaña pasa a segunda ronda”, aseguró el candidato al verse segundo.

Costa Rica celebró este domingo una jornada electoral a la usanza, con ambiente tranquilo y algo de colorido de banderas en las calles, a pesar de la oferta partidaria tan amplia como insatisfactoria para los electores, reflejada en los elevados índices de indecisión que mostraban las encuestas a pocos días de los comicios presidenciales y legislativos. Todo el mundo daba por hecho que habría una segunda vuelta, que solo se habría impedido si alguno de los candidatos hubiera alcanzado el 40% de los votos.

A las seis de la tarde se cerraron las puertas de los 2.100 centros de votación habilitados en el país. La incertidumbre no evitó que al final de la jornada comenzaran caravanas festivas en varios centros urbanos del país. Los costarricenses, cuyo apoyo a la democracia supera los promedios del continente, confirmaron la ventaja del expresidente José María Figueres Olsen en las encuestas. La cantidad récord de 25 candidaturas para un padrón de solo 3,5 millones de personas ha complicado la decisión para escoger al sustituto del mandatario Carlos Alvarado.

“Mire, yo era el único de mi familia que estaba decidido desde hace dos meses, pero hoy al tomar la papeleta con las manos pensé que no podía arriesgarme y cambié como con una corazonada”, contó Alberto Arroyo, un oficinista bancario de 46 años en La Garita de Alajuela, al oeste de San José, mientras la fila para la votación se mantenía constante. Junto a él, otro hombre llamado Emilio Eduarte, transportista de carga, aseguró que lo suyo sigue siendo fácil: “siempre he votado por el PLN y moriré votando por el PLN”.

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La sensación entre propios y extraños en los centros de votación era que el PLN sí tenía ventaja, pero no la suficiente para triunfar en primera rondas. A pesar del mensaje optimista que dio Figueres al votar a las 7.20 de la mañana, en el que dio por hecho que ganaría en primera vuelta, pocos veían realista que superara el 40%.

“No podemos darnos el lujo de posponer las decisiones importantes”, dijo el expresidente. “Ir a una segunda ronda nos costaría más de 3.000 millones de colones (4,6 millones de dólares) en la organización y dos meses más de indecisión y parálisis”, ahondó al salir de su centro de votación en San Cristóbal Sur de Desamparados, antes de cumplir el rito de visitar la tumba de su padre, el caudillo, estadista y tres veces gobernante de la Costa Rica del siglo XX, José Figueres Ferrer.

El deseo de Figueres, sin embargo, contrastaba con el de sus adversarios, que menos ambiciosos aseguraban que lograrían el acceso al balotaje. El ambiente en las calles no permitía pronosticar el nombre del contendor de Figueres para el 3 de abril. Menos aún la composición de la nueva Asamblea Legislativa, con la previsión de que se perpetúe la fragmentación y de que el nuevo presidente, sea quien sea, gobierne con minoría parlamentaria.

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El expresidente de Kazajistán, Nursultán Nazarbáyev, que había estado en silencio y sin mostrarse públicamente durante los disturbios que sacudieron a principios de mes el enorme país de Asia Central, ha asegurado en un vídeo publicado este martes que apoya al presidente, Kassym-Jomart Tokayev, y sus reformas. La ausencia política de Nazarbáyev, de 81 años, que gobernó Kazajistán durante tres décadas sofocando cualquier oposición y que pasó en 2019 a ejercer el cargo vitalicio de padre de la nación había suscitado las dudas de que tras los disturbios iniciados por la subida del precio del combustible y alimentados por el descontento contra la corrupción del régimen asociada al entorno de Nazarbáyev, se hallaba también una guerra de poder entre el exmandatario y su clan y su sucesor.

Más de 200 personas han muerto en los disturbios de Kazajistán y unas 4.500 resultaron heridas, según la fiscalía kazaja, antes de que las movilizaciones, que habían empezado de forma pacífica por el precio del gas licuado para los vehículos y que se convirtieron en turbas violentas, se sofocaran con la llegada de tropas de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), lideradas por Rusia, en forma de “fuerzas de paz” que se prevé que completen su retirada mañana. Una medida que supuso un cambio sustancial y trascendental para el futuro de Kazajistán y también la primera vez que la OTSC (que agrupa a Rusia, Kazajistán, Armenia, Bielorrusia, Kirguistán y Tayikistán) moviliza tropas. El Gobierno kazajo atribuyó los disturbios a “fuerzas externas” que querían “desestabilizar” el país, aunque no aportó evidencias.

Desde entonces, la Administración de Tokayev ha reemplazado a Nazarbáyev, contra quien se dirigía gran parte del malestar social inicial –”vete, viejo”, fue uno de los lemas de las protestas iniciales—, como presidente del Consejo de Seguridad, que ahora encabeza Tokayev. Además, ha destituido a varios altos cargos relacionados con el expresidente, incluido su yerno, que dirigía la empresa nacional de transporte de petróleo, y su sobrino, que era jefe de una importante cámara de comercio. Además, las autoridades han detenido al exjefe de los servicios de inteligencia, Karim Masimov, mano derecha de Nazarbáyev y que también fue primer ministro, y a varios funcionarios más. El padre de la nación había seguido ejerciendo influencia política tras nominar a Tokayev para reemplazarlo como presidente de la antigua república soviética.

“El propósito de estos disturbios y ataques organizados en Kazajistán era destruir la integridad del país y los cimientos del Estado”, dijo en el vídeo Nazarbáyev. “El presidente Kassym-Jomart Tokayev tiene pleno poder. No hay conflicto ni confrontación en la élite. Los rumores sobre este tema son absolutamente infundados”, dijo en su mensaje, distribuido en su web en ruso y kazajo.

Nazarbáyev ha asegurado –respondiendo a la especulación de que había abandonado el país junto a su extensa y multimillonaria familia— que no ha salido de Kazajistán y que ha permanecido en un “merecido descanso” tras dejar la presidencia en 2019. En la grabación, con fondo neutro que impide identificar dónde fue filmado y en el que el exmandatario se muestra rodeado de banderas del país, Nazarbáyev ha insistido en que es un simple “pensionista” que ha renunciado a todos los poderes formales e informales.

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El expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, es escoltado a los juzgados en una imagen de 2016.
El expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, es escoltado a los juzgados en una imagen de 2016.Moises Castillo (AP)

La justicia de Guatemala inició un proceso contra el expresidente Otto Pérez Molina, acusado de haberse enriquecido durante su mandato gracias a la formación de una sofisticada red de contrabandos en las aduanas del país. El caso es conocido como La Línea y fue destapado por la ahora extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) en 2015. Junto al general retirado también es procesada la exvicepresidenta Roxana Badeltti. El proceso se lleva a cabo en un momento en que la justicia guatemalteca lucha por mantener su independencia.

Las investigaciones de la Cicig y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad iniciaron en mayo de 2014, tras recibir denuncias de que varios grupos de importadores eran privilegiados con trato especial por parte de funcionarios de las aduanas, que permitían ingresar los productos burlando al fisco. En este entramado participaban una treintena de altos personajes del Estado, incluyendo al capitán retirado Juan Carlos Monzón, quien era secretario privado de la vicepresidencia y directores de la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT. Como explicaron los investigadores en su momento, el caso fue denominado La Línea en referencia a un número de teléfono que era el contacto de los defraudadores con los funcionarios que participaban en el entramado.

El destape generó tal indignación entre la población, que desató la llamada Revolución de la Dignidad, con decenas de miles de guatemaltecos exigiendo la renuncia de los funcionarios corruptos. Presionado por las protestas, Pérez Molina dimitió el 3 de septiembre de 2015 y un día después un juez local ordenó presión preventiva en su contra. Roxana Baldetti fue capturada en agosto de 2014 en un hospital privado, donde se había refugiado argumentando problemas de salud. Este lunes, Baldetti volvió a argumentar problemas de salud al argumentar que padece síntomas de covid-19 y que su presencia en los juzgados era un riesgo para los trabajadores.

El juicio contra ambos políticos se celebra en el Tribunal de Mayor Riesgo B, donde Pérez Molina llegó arropado por una treintena de personas y afirmó que espera demostrar su inocencia, porque no existen pruebas en su contra, informa Efe. Ambos son procesados por enriquecimiento ilícito y otros cargos de corrupción.

El proceso contra los exmandatarios se da justo cuando han saltado las alarmas a nivel internacional por la persecución de fiscales que en Guatemala luchan contra la corrupción. Una persecución que ha hecho que varios de estos funcionarios tuvieran que exiliarse. Un informe de Human Rights Watch (HRW) alertó de que “autoridades están impidiendo la transparencia y amenazan la independencia judicial”. El organismo cita el caso de Juan Francisco Sandoval, quien fue fiscal anticorrupción de Guatemala, pero debido a sus investigaciones, la fiscal general, Consuelo Porras, lo destituyó del cargo. Sandoval tuvo que dejar Guatemala rumbo a El Salvador casi de manera clandestina el 23 de julio, en un coche diplomático, escoltado por el procurador de derechos humanos y el embajador de Suecia. El exfuncionario ahora vive en Washington, donde se ha refugiado junto a otros a cuatro juristas —jueces y fiscales— reconocidos a nivel internacional por su lucha anticorrupción, que tuvieron que huir de Guatemala por presiones y amenazas. En Washington buscan protección también la exfiscal general Thelma Aldana, la exmagistrada de la Corte de Apelaciones Claudia Escobar, el exfiscal de la FECI Andrei González y la magistrada electa de la Corte de Constitucionalidad (CC) Gloria Porras.

La persecución de estos juristas preocupa a Estados Unidos, que a finales de julio decidió congelar “temporalmente” la cooperación con el Ministerio Público de Guatemala. Washington ya había expresado su malestar ante la destitución de Sandoval, a quien las autoridades estadounidenses habían elogiado su papel en la lucha contra la corrupción. “En los últimos años, las investigaciones realizadas por la CICIG (que terminó su mandato en 2018) y el Ministerio Público, pusieron al descubierto tramas de corrupción en los tres poderes del Estado. Sin embargo, medidas adoptadas recientemente por el Congreso, el Ministerio Público y otras autoridades obstaculizan que haya rendición de cuentas y amenazan la independencia judicial”, alerta HRW.

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El expresidente ucranio Petro Poroshenko ha regresado este lunes a Kiev para afrontar los cargos judiciales de traición contra él, que pueden derivar en su arresto. El regreso y el caso contra el magnate de los dulces, exmandatario y principal opositor al presidente, Volodímir Zelenski, supone un nuevo ingrediente de tensión –esta vez interna— en Ucrania, que se enfrenta a la creciente amenaza de otra invasión de Rusia, que ha concentrado a decenas de miles de tropas junto a sus fronteras. Poroshenko está acusado de utilizar las finanzas estatales para comprar carbón de minas controladas por los separatistas del Donbás en 2014 y 2015, lo que habría contribuido a su financiación.

Los fiscales piden prisión preventiva para Porosheko, uno de los hombres más ricos del país –con una fortuna de unos 860 millones de dólares (unos 753 millones de euros), según Bloomberg—, o una fianza de unos mil millones de grivnas (unos 35,7 millones de dólares). Sostienen que además de que compró minerales a los separatistas, apoyados política y económicamente por Rusia y que luchan contra el ejército ucranio en una guerra que va a cumplir ya ocho años, esas acciones impidieron la diversificación de las fuentes de energía del país y provocó una mayor dependencia de los combustibles rusos, dice la Fiscalía. Los cargos que enfrenta pueden suponer hasta 15 años de prisión.

El expresidente Poroshenko, que gobernó de 2014 a 2019, asegura que el proceso judicial está “motivado políticamente”, niega las acusaciones y ha acusado a Zelenski de cruzar una “línea roja” con sus acusaciones. Con pancartas con lemas como “basta de represión” o “necesitamos democracia”, miles de simpatizantes le recibieron en el aeropuerto de Kiev este lunes, a donde llegó desde Varsovia, donde había pasado unas semanas de reuniones, dijo. Las autoridades han apuntado que salió del país para evitar el proceso. Poroshenko asegura que el Gobierno de Zelenski trata de desacreditarle para “distraer” de los problemas del país.

El político se ha enfrentado a una serie de acusaciones desde su derrota a manos de Zelenski, un cómico sin experiencia política que arrasó en las elecciones de 2019 con un discurso anticorrupción y con la promesa de poner fin a la guerra del Este. El caso contra Poroshenko, sin embargo, preocupa a algunos de los aliados occidentales de Ucrania, que temen que sea un ajuste de cuentas político y que alertan de que puede ser otro elemento desestabilizador en un momento muy delicado, cuando la inteligencia de Estados Unidos ha elevado la voz de alarma sobre otra posible invasión rusa.

La embajadora de Reino Unido en Ucrania se ha mostrado preocupada por el caso este lunes. “Todos los líderes políticos de Ucrania deben unirse contra la agresión rusa ahora mismo. Es tan importante en este momento no perder esto de vista o distraerse con la polarización de la política interna”, tuiteó.

El partido de Zelenski, Servidor del Pueblo, ha acusado a Poroshenko de tratar de crear un “escándalo artificial y provocar una confrontación civil”.

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