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Madres cabezas de familias, adultos mayores de Catambuco y Genoy fueron beneficiados con el mejoramiento de sus viviendas
Pasto alcaldía entrego 138 viviendas en el proyecto de mejoramiento en el sector rural

El plan de mejoramiento de vivienda rural tuvo una inversión de más de $2 mil millones y según las autoridades locales, se realizará entrega de 138 residencias.

Noticias Pasto.

La entrega de las viviendas se llevó a cabo el pasado martes por parte de las autoridades municipales de Pasto para el beneficio de familias de Catambuco y Genoy.

Dicha entrega hace parte de las obras del plan de mejoramiento de vivienda digna en zona rural, confirmaron.

Estas son tipo modulo completo, incluyen habitación cocina y baño.

Y según el mandatario local, la entrega que se realizó fue «de 138 mejoramientos de vivienda a mujeres cabeza de familia, adulto mayor víctimas del conflicto, en 11 corregimientos. Una inversión de recursos propios de la Alcaldía”.

Este proyecto de mejoramiento busca traer equidad a las familias en las zonas rurales, preciaron.

 

El proceso se ha llevado a cabo en medio de una «convocatoria pública donde hemos buscado a la gente que más lo necesita y así estamos llegando de esa manera donde debe ser” afirmaron.

Programa que cambia vidas

Los beneficiarios del proyecto para el mejoramiento de viviendas en la zona rural de Pasto manifestaron que este es un cambio de vida.

“La casa tiene una piecita, una alcoba para dormir, el baño y la cocina, pienso que va hacer una mejor vida ya que antes mi casa ya se está derrumbando” dijo una beneficiaria.

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Otro favorecido manifestó, “a mí me toco armar un rancho con tablas, forrado con lata y eternit, porque desafortunadamente la pandemia se vino y me toco hacer de tripas corazón, al estilo Catambuco luchar por lo que nos pertenece trabajando de cualquier manera”.

Añadió que le entregaron la alcoba, cocina y baño enchapado. El programa llegará a 11 corregimientos del municipio de Pasto, con un total de 138 beneficiarios en la zona rural.





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Jóvenes de entre 17 y 26 años de barrios pobres, hijos de campesinos, indígenas y afrodescendientes, desplazados por la violencia, vendedores ambulantes, artistas o estudiantes. Ese es el factor común de los muertos durante las protestas de 2021 en Colombia, un suceso que mantiene una herida abierta en el país. Según Naciones Unidas, al menos en 28 de esas muertes los responsables habrían sido agentes de la Policía. Pero aunque han pasado casi 7 meses del estallido social que sacudió varias ciudades colombianas, los familiares de las víctimas aún esperan justicia.

En Cali, que fue el epicentro de la represión policial y de los choques con los manifestantes, sus familiares denuncian a EL PAÍS que no hay avances en las investigaciones.

En barrios populares de esta ciudad como Siloé recuerdan a Harold Antonio Rodríguez Mellizo de 20 años, quien el 3 de mayo se disponía a comprar comida cuando recibió un disparo de arma de fuego “en el contexto de una intervención de la Fuerza Pública”, como documentó la ONU; o el caso de Kevin Antony Agudelo Jiménez, un deportista que fue asesinado cuando participaba en una velatón por las víctimas del paro.

Algo similar a lo que le ocurrió a Joan Nicolás Guerrero, un artista urbano de 26 años, asesinado mientras participaba en un homenaje a otros fallecidos en el Paso de Aguante, el mismo lugar donde murió Yinson Andrés Rodríguez Angulo, trabajador de 23 años. Y a Michael Vargas López, deportista de 23 años, quien murió el 17 de mayo cuando participaba de una actividad en el punto de concentración de la Estancia; a Sebastián Jacanamijoy, de 25 años, indígena del Pueblo Inga y miembro del Cabildo Indígena Universitario, quien murió el 28 de mayo en el sector de Meléndez de esta ciudad. Y a Maicol Andrés Aranda que, según el informe de Naciones Unidas, participó por única vez en la protesta en las marchas del 28 de mayo y falleció ese día en Siloé; Jhordany Yesid Rosero Estrella, Cristian Javier Delgadillo y Segundo Jaimes Rojas, entre otros.

“Solo pedimos justicia”, dicen al unísono las madres de varios de estos jóvenes. Hasta ahora, sin embargo, el Gobierno ha dicho que se iniciaron 231 investigaciones internas por presuntas faltas disciplinarias cometidas por la policía, incluidas 16 por homicidio, 108 por abuso de autoridad, 45 por agresiones físicas, 26 por lesiones personales, 12 por incumplimiento de órdenes y 24 por otras conductas. De esas, solo 38 se encuentran vigentes.

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Se trata de una pareja homoparental que buscaba reconocer a la pareja de la madre del niño, también como mamá del menor. La magistrada estimó: «Constituyen una familia y que ambas cuentan con competencias parentales para seguir detentando el cuidado personal de su hijo».

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