Las disputas entre grupos armados por el control territorial y del narcotráfico que se presentan en algunas zonas del país han generado que en por lo menos 24 departamentos existan riesgos directos e indirectos contra la realización de las campañas políticas.
Versiones de candidatos, autoridades y analistas dan cuenta de puntos pequeños en zonas veredales o de frontera principalmente a los que muchos prefieren no ir por seguridad, mientras que en otros lugares se han registrado amenazas directas contra las personas que quieran realizar campaña para las elecciones del 13 de marzo.
El Ministerio de Defensa estableció un mapa de riesgos que contabiliza 55 municipios a los que denomina prioritarios y de atención por posibles hechos de violencia.
Candidatos han manifestado que grupos criminales extorsionan a muchos para poder sostener su búsqueda de votos.
Luis Ernesto Olave, defensor de derechos humanos y actual candidato a la Cámara de Representantes en Chocó, señala que un grupo conocido como ‘Los mexicanos’ cobra hasta 20 millones de pesos por realizar campaña, sobre todo en el norte de Quibdó.
“Hay muchas amenazas para los partidos alternativos o menos tradicionales –explica Luis Ernesto–. Sobre el río San Juan el Eln lleva dos años de combates con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y eso ha confinado a poblaciones enteras, allá no llevan ni mesas de votación”.
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Olave asegura que muchos ciudadanos que se encuentran sobre las riberas del río San Juan tuvieron que desplazarse hasta 10 horas en lancha para poder inscribir su cédula, pues la Registraduría no llevó las mesas para la inscripción hasta estos puntos.
Sobre el río Atrato, en límites con Vigía del Fuerte, en Antioquia, las disidencias y las AGC se encuentran en una guerra que impide la movilización de los candidatos.
En zona costera, como Bahía Solano, el ‘clan del Golfo’ ha impedido hasta que se repartan o peguen volantes de publicidad política en la zona.
“La única forma que hemos encontrado de llegar a las personas es gracias a las redes sociales –confiesa Olave–. Muchos tienen miedo de intentar hacer campaña por allá, pues estos grupos no permiten nada de política en sus puntos”.
En Baudó la entrada del Eln también ha generado temor para la movilización de las campañas.
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Similar situación se vive en el Eje Cafetero, donde el coordinador de la Mesa Nacional de Víctimas, Eisenhower Zapata, asegura que la expansión de la disidencia de las Farc ‘Adán Izquierdo’ ha generado temor entre las campañas.
“Este grupo está buscando expandirse y tiene una fuerte presencia en el centro y el norte del Valle –explica el abogado–. Ya hay alertas tempranas por amenazas a concejales en Dosquebradas, La Virginia, Santa Rosa de Cabal, Quinchía y Mistrató. Muchos candidatos a la Cámara han tenido roces, sobre todo en Santa Rosa de Cabal”.
Según el abogado y defensor de derechos humanos, la tendencia de atacar a las llamadas listas alternativas también se ha registrado en municipios de Caldas, como La Dorada, Samaná y Riosucio.
370 municipios tienen presencia de uno o varios grupos armados organizados.
Foto:Fundación Paz y Reconciliación (Pares)
Por los lados de Quindío se han conocido denuncias por presión de grupos armados en Génova, Córdoba, Calarcá y Buenavista.
“Lo que es Montenegro y La Tebaida, en Quindío, también han sufrido la llegada de ‘Adán Izquierdo’ porque limitan con el Valle –asegura Zapata–. También los que limitan con el Huila y Tolima, donde la presencia de disidencias es fuerte”.
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Sobre el Tolima, expertos señalaron alertas en zonas rurales de los municipios de Rioblanco, Planadas y Chaparral, donde hay 11 de los 22 candidatos de la región con amenazas para realizar cualquier desplazamiento y campaña.
Esto, según autoridades, sería obra de las disidencias de las Farc. La Defensoría ya ha emitido varias alertas, además, hay un llamado para que se les permita a las emisoras comunitarias realizar la labor de difusión de campañas, pues también se han registrado amenazas.
Mientras tanto, en Huila, históricamente se ha hablado de la parte rural de Algeciras como uno de los puntos de mayor cuidado por parte de las autoridades, pero sus habitantes sostienen que no se han registrado amenazas directas contra candidatos o contra el proceso electoral.
Los enfrentamientos entre el ‘clan del Golfo’ y otras estructuras como el Eln, disidencias de las Farc, ‘Pelusos’, AGC y otras estructuras han copado 370 municipios del país según información del Fundación Paz y Reconciliación (Pares), situación que pone en riesgo la realización de dichas campañas.
Luis Trejos, docente de la Universidad del Norte, en Barranquilla, señala que el Caribe cuenta con alrededor de cinco espacios con alta presencia de bandas criminales que dificultan el ejercicio electoral “no solo porque prohíban la oferta o proselitismo, sino también porque impedirían que Registraduría lleve urnas a los corregimientos”.
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Trejos asegura que una de estas es la Sierra Nevada, donde conoce de esta problemática en Ciénaga y hasta Dibulla (La Guajira), pasando por Santa Marta.
“En esta zona están enfrentados Conquistadores de la Sierra Nevada con las AGC –explica Trejos–. De hecho, hay candidatos que se quejan de no poder subir a las partes media y alta de la Sierra porque están vetados”.
También se han registrado problemas para realizar campaña electoral en los Montes de María, donde habitantes en zona rural de Sucre sostienen que miembros del ‘clan del Golfo’ han convocado reuniones para indicar a los campesinos por quién votar.
“La violencia en esta parte del Caribe está entre las AGC y el ‘clan del Golfo’ –asegura Trejos–. Aquí, en el Sur de Córdoba y Sur de Bolívar, donde ya entran también el Eln y las disidencias del Frente 37, hay una guerra fuerte por el control territorial que evita que los candidatos puedan hacer alguna campaña. No solo por seguridad, sino también por amenazas directas”.
La violencia directa e indirecta contra las campañas políticas es mayor en las zonas rurales. No obstante, se han conocido denuncias de extorsiones a candidatos para ingresar a barrios en ciudades capitales.
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En el área metropolitana de Cúcuta, por ejemplo, denuncian la presencia del ‘clan del Golfo’, razón que ha generado la ausencia de candidatos en varios corregimientos.
Además, según denuncia hecha por Wilfredo Cañizal, director de la ONG Progresar, en Puerto Santander, a 40 minutos de Cúcuta, no se realiza proselitismo por la guerra que sostienen el Eln y las AGC.
“El ‘clan del Golfo’ está agarrado con el Eln y las AGC –señala Cañizal-. En Puerto Santander han prohibido reuniones de ese tipo. Además, en las comunas 6, 7 y 8 de Cúcuta la gente no se puede reunir de noche porque se han visto hombres armados patrullando”.
Operativos de la Trigésima Brigada del Ejército contra el ‘clan del Golfo’ en Norte de Santander.
Para este defensor de derechos humanos el panorama electoral en Norte de Santander ha sido históricamente complejo en puntos como la región del Catatumbo, donde los enfrentamientos entre los frentes 33 y 41 de las disidencias de las Farc han generado temor de los candidatos en Tibú, El tarra, Convención, El Carmen, Teorama, San Calixto y, sobre todo, Ábrego.
“Sabemos que en Tibú el frente 33 amenazó a dos dirigentes del partido Conservador –denuncia Cañizal–. En este municipio históricamente no ha sido posible hacer campaña sin la venia del grupo armado que controle. Pero hoy la situación es compleja porque se está dando un reajuste en el control y están enfrentados disidencias, Eln y ‘Pelusos’”.
Esteban Salazar Giraldo, coordinador de Democracia y Gobernabilidad de Pares, coincide en que las cifras del Gobierno pueden ser imprecisas por las múltiples denuncias que se han recibido.
Uno de los casos es el de Putumayo, donde varios candidatos a la Cámara de Representantes han notificado que grupos armados están presionando a la ciudadanía y no les permiten hacer campaña.
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El coronel Roberto Marín, comandante de la Policía de Putumayo, señaló que en este departamento la presencia de las disidencias del frente 48 y su enfrentamiento con el bloque Carolina Ramírez pueden afectar principalmente la actividad de campaña en zonas limítrofes con Solano, en Caquetá, las cuales son Puerto Guzmán y Puerto Leguizamón.
“No tenemos denuncias directamente, pero sabemos la complejidad en la seguridad de la zona, sobre el río Caquetá –asegura el coronel–. Las autoridades están prestas para que los candidatos cuenten con seguridad”.
Sobre Caquetá, autoridades sostienen que en zona rural de Cartagena del Chairá y San Vicente los candidatos no asisten a realizar campaña por temor a los grupos armados que históricamente han hecho presencia por estos sectores.
En el Amazonas, habitantes de Puerto Nariño denuncian que sobre la zona de frontera con Perú, sobre el río Amazonas, en confluencia con el río Atacuari y sobre el río Loretoyacu, en las últimas comunidades como Tipisca hay un movimiento alto de narcotráfico que impide que haya desplazamientos por seguridad, pues se habla de un control territorial por parte de un grupo llamado ‘Los mexicanos’. No obstante, no se habla de amenazas o enfrentamientos.
Por otro lado, en Vaupés, el paso del frente ‘Armando Ríos’ no ha impedido que candidatos vayan a visitar a las comunidades sobre todo en el norte del departamento, en zonas aledañas al río Isana, que viene desde Guainía.
Los candidatos en este departamento del Amazonas procuran no acercarse también a los puntos limítrofes con Brasil, como el municipio de Taraira. Es por esto, según habitantes de Mitú, capital del departamento, que las comunidades son las que se desplazan para conversar con los candidatos en áreas urbanas.
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Factores
En los Llanos Orientales también se registran precauciones. Nilson Arana, candidato a la Cámara de Representantes, asegura que los candidatos procuran no ir al sur del Meta, como Vistahermosa, Macarena y Uribe, debido a la alta presencia de disidencias de las Farc y ‘clan del Golfo’.
En el sur de Vichada, en Cumaribo, en el punto que limita con Guaviare y Guainía, los habitantes de la zona aledaña al río Guaviare manifiestan que el paso de disidencias de las Farc sobre el sector podría ser el factor de riesgo más alto para los candidatos.
Hay candidatos que se quejan de no poder subir a las partes media y alta de la Sierra Nevada porque están vetados
En La Paz, Guaviare, habitantes hablan de ‘vacunas’ para realizar campañas, pero autoridades confirman que la situación de orden público transcurre con normalidad.
El recrudecimiento de la violencia ha tocado puntos como el Pacífico nariñense, donde autoridades señalan que municipios como Policarpa, Leiva, Cumbitara y El Rosario se encuentran en alerta. En este lugar resalta la presencia sobre la Cordillera Occidental del ‘clan del Golfo’, frente ‘Carlos Patiño’, columna móvil ‘Jaime Martínez’ y Cordillera Sur.
En Buenos Aires, norte del Cauca, zona con alta presencia indígena, la situación para sus habitantes y quienes quieren hacer campaña política está casi que restringida.
La administración municipal ha tomado la decisión de decretar toque de queda para menores,
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De hecho, el Cauca es el departamento más afectado por la violencia contra líderes políticos y sociales según reportes de la Misión del Observatorio Electoral (MOE).
De acuerdo con los registros, entre el 13 de marzo del 2021 y 13 de enero de este año, en el Cauca, Caldono, Argelia y Buenos Aires, principalmente, se han registrado más del 30 por ciento de los hechos violentos y de amenazas.
Diego Alejandro Rubiano, coordinador del Observatorio Político de la MOE, aclara que frente al proceso electoral de 2018, hay un incremento del 63,1 por ciento en cuanto a hechos de violencia en general y es un dato que puede ir en aumento.
Antioquia es otro departamento que registra 28 atentados y 19 asesinatos. Municipios que conforman el Bajo Cauca son las más afectadas para realizar una campaña.
En Boyacá, autoridades aseguran que desde noviembre del año pasado alcaldes del norte del departamento han denunciado intimidaciones de grupos armados. No obstante, explican que la poca llegada de políticos a la zona se debe a lo alejado de estos municipios y no por amenazas de bandas criminales.
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Cubará, en límites con Arauca, es el municipio que se encuentra en alerta por la situación en la frontera con los enfrentamientos armados que no dan tregua en este punto del país.
El politólogo Julio Acela, director del Observatorio Ciudadano de Santander, señala que en este departamento los políticos no van a zonas rurales de Puerto Wilches y Sabana de Torres por temor a los grupos armados que custodian el movimiento de narcotráfico que proviene del Sur de Bolívar.
“Hace muchos años que ningún político se atreve a llegar a puntos del Magdalena Medio desde Puerto Wilches –manifiesta Acela–. Son zonas donde el Eln ha hecho alianzas con grupos de narcotráfico y nadie se acerca a hacer política”.
Según el experto, también en barrios del área metropolitana de Bucaramanga, como la comuna 14, en Piedecuesta o Floridablanca la delincuencia no permite que nadie entre a hacer campaña a menos que paguen extorsiones.
“Se sabe que estas situaciones ocurren en la zona norte de Bucaramanga, también en Girón y hasta en Barrancabermeja –señala el politólogo–. Esta zona que colinda con Boyacá también tiene presencia de grupos armados”.
MIGUEL ÁNGEL ESPINOSA BORRERO
Redactor de EL TIEMPO
NACIÓN
En Twitter: @Leugim40
