De nada le valió a Mahmud Salhiya encaramarse el lunes al tejado de su casa en Jerusalén Este con bombonas de gas y bidones de gasóleo dispuesto a hacerlos estallar para impedir el desahucio de su familia. “No nos iremos. Antes moriremos”, advirtió. Un centenar de policías israelíes irrumpieron en la vivienda en la madrugada de este miércoles para expulsar a sus moradores –una docena de miembros de un clan familiar, entre ellos niños y ancianos– en medio de la lluvia que caía con temperaturas bajo cero sobre la Ciudad Santa.
Los agentes ejecutaban una orden judicial dictada el año pasado, instada en 2017 por la municipalidad para expropiar el terreno con el fin de construir equipamientos públicos en Sheij Yarrah, el distrito oriental que ha acaparado la atención de la comunidad internacional en los últimos meses ante la amenaza de desalojo forzoso de cientos de residentes palestinos.
Una excavadora arrasó poco después la vivienda, en la que fueron detenidas 18 personas tras el lanzamiento de granadas aturdidoras y conatos de enfrentamientos, según grabaciones en vídeo de los hechos. Todos han sido acusados de violar una orden judicial y perturbar el orden público, de acuerdo con un comunicado policial. Junto a los integrantes del clan Salhiya se encontraban cinco pacifistas israelíes que se habían encerrado también en la casa desde el lunes.
Los periodistas y diplomáticos occidentales –encabezados por una delegación de la Unión Europea– que les acompañaban en los dos últimos días para observar los hechos se habían retirado el martes al anochecer. Todos estaban a la espera de la resolución de una petición que los abogados de los vecinos ultimaban ante el Tribunal Supremo israelí para paralizar el lanzamiento.
La familia Salhiya alega que adquirió la propiedad a comienzos de los años cincuenta del siglo pasado en Jerusalén Este, entonces bajo administración de Jordania, tras haber huido de su casa en una zona próxima a Jerusalén ante el avance de las tropas del recién nacido Estado judío. El Ejército israelí ocupó la parte oriental de la ciudad en 1967 y se la anexionó más tarde, en una decisión adoptada sin el aval de la comunidad internacional. Julud Badawi, portavoz de la ONG estadounidense Human Rights Watch en Jerusalén advirtió en Twitter de que la expulsión de esta familia y la demolición de su casa, en territorio palestino ocupado, equivalen a un “crimen de guerra”, según la legislación humanitaria internacional.
Sheij Yarrah, un distrito residencial situado al norte de la Ciudad Vieja amurallada y que concentra las sedes de varios consulados, entre ellos el de España, se ha convertido en símbolo de la resistencia a la colonización israelí de la parte este de Jerusalén, donde viven unos 350.000 palestinos (un tercio de la población de la urbe) junto a más de 200.000 colonos israelíes. El pasado mes de mayo, en medio de la mayor ola de protestas contra la ocupación registrada en los últimos años en la Ciudad Santa, la movilización de esta barriada dio pide al disparo de cohetes de Hamás desde Gaza y al inicio de un conflicto armado entre el Ejército israelí y las milicias islamistas de la Franja palestina.
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La organización antiocupación Jerusalén Libre acusó a Israel en su página en Facebook de haber provocado “una escalada en la política de expropiación de los hogares de palestinos”, ejecutada en plena madrugada “para ocultar al mundo acciones de racismo y usurpación sin presencia de activistas, periodistas y diplomáticos”.
La vicealcadesa de Jerusalén Fleur Hassan-Nahoum declaró a la prensa hebrea que la familia Salhiya ocupaba ilegalmente un terreno sin título de propiedad y que el Ayuntamiento lo había expropiado para construir un centro educativo. La policía israelí, en un comunicado conjunto con las autoridades municipales, aseguró que se había limitado a hacer cumplir una orden judicial tras haber ofrecido “innumerables oportunidades a la familia para desalojar el terreno por su propia voluntad”.
La batalla legal de todo un barrio
Medio millar de vecinos de Sheij Yarrah llevan más de 15 años pleiteando para impugnar su desahucio. Su movilización en el distrito, amplificada a través de Twitter, Facebook o Instagram, ha transformado sus acciones en todo un icono inteligible a escala global —el de quien pelea por poder seguir en su propio hogar— para la causa palestina. La mayoría vive en una vaguada arbolada de 74 edificaciones situada a poco más de un kilómetro del recinto histórico amurallado. Cerca de 3.000 palestinos afincados en unos dos centenares de edificios de Jerusalén oriental están pendientes de desahucio, según la ONG pacifista israelí Paz Ahora.
Un grupo nacionalista radical que promueve el asentamiento de colonos judíos en Jerusalén adquirió hace tres décadas los títulos de propiedad en Sheij Yarrah a una fundación religiosa que había comprado los terrenos hace más de un siglo, bajo administración otomana, para instalar un santuario junto a la tumba de Simón el Justo, sumo sacerdote de la antigüedad.
Mientras los derechos de los propietarios judíos para recuperar sus bienes abandonados no caducan, según la ley israelí, los de los palestinos en territorio bajo control de Israel perdieron validez poco después de su salida. Pasaron a manos del Estado —en la denominada custodia de propiedades de ausentes—, que habitualmente los ha cedido a familias y entidades israelíes judías.
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