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Desde la izquierda, los ministros de Exteriores de Baréin, Al Zayani; Egipto, Shoukry; Israel, Lapid; EE UU, Blinken; Marruecos, Bourita, y Emiratos, Bin Zayed, el lunes en Sde Boker (Israel).
Desde la izquierda, los ministros de Exteriores de Baréin, Al Zayani; Egipto, Shoukry; Israel, Lapid; EE UU, Blinken; Marruecos, Bourita, y Emiratos, Bin Zayed, el lunes en Sde Boker (Israel).Jacquelyn Martin (AP)

Los jefes de la diplomacia de Israel, Estados Unidos, Egipto, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Marruecos se han coordinado este lunes para disuadir a Irán de emprender aventuras expansionistas, y han creado una “nueva arquitectura regional” sustentada en un “foro permanente”. La inédita cumbre ministerial celebrada desde el domingo en Sde Boker, un antiguo kibutz (granja colectiva) del Negev, el desierto del sur de Israel, ha venido a sentar las bases del embrión de una ‘OTAN’ regional frente a “Irán y sus [milicias] satélites”, precisó Yair Lapid, el ministro de Exteriores anfitrión del cónclave.

La cita sin precedentes de los jefes de la diplomacia de Israel y los cuatro países árabes, bendecida por la presencia del secretario de Estado de EE UU, Antony Blinken, ha alumbrado un foro estable de “cooperación en materia de seguridad, inteligencia y tecnología” en un marco de “progreso [económico] y tolerancia religiosa”. “Esta nueva arquitectura de capacidades compartidas que estamos construyendo intimidará a nuestros enemigos comunes”, enfatizó Lapid en la conferencia de prensa conjunta que cerró la cumbre del Negev, en un simbólico alineamiento de responsables diplomáticos en un hotel de lujo del desierto. Fuentes diplomáticas israelíes han puntualizado a la prensa hebrea que la futura cooperación militar será ante todo marítima, contra la piratería y los sabotajes navales, y aérea, para neutralizar la creciente amenaza de drones.

La condena del atentado reivindicado por el Estado Islámico (ISIS por sus siglas en inglés), en el que dos árabes israelíes mataron a tiros la noche del domingo a dos policías en la ciudad de Hadera (norte), sobrevoló todas las intervenciones de clausura. La del canciller marroquí, Nasser Bourita, fue una de las más explícitas: “Nuestra presencia aquí es la mejor respuesta [al terrorismo]”. También fue tajante la de Blinken, quien recordó que hace pocos años una reunión como la que concluía en el Negev hubiese sido “imposible de imaginar”. Los Acuerdos de Abraham de 2020 para la normalización de relaciones entre Israel y varios países árabes han propiciado el encuentro.

“Estados Unidos va a prestar todo el apoyo a este proceso de transformación de la región”, recalcó el secretario de Estado antes de advertir de que los Acuerdos de Abraham —a los que hasta ahora se han sumado Emiratos y Baréin, en el golfo Pérsico; Sudán, en África, y Marruecos, en el Magreb— no son un sustituto del proceso de paz entre Israel y los palestinos, que permanece suspendido desde 2014.

La Autoridad Palestina y Jordania, su aliado más cercano, han sido los grandes ausentes del foro del Negev. A pesar de que Amán había sido convocado al cónclave, el rey Abdalá II prefirió viajar este lunes a Ramala para no dejar en evidencia la soledad del presidente palestino, Mahmud Abbas. Cuando Blinken le visitó el domingo en la sede presidencial de la Muqata, para reiterarle que EE UU sigue defendiendo la solución de los dos Estados, el veterano rais palestino evocó la necesidad de “aplicar las ideas en las que uno cree”.

La cuestión Palestina

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Estados Unidos se conforma ahora con alentar a Israel a que pacte una “paz económica”, destinada a mejorar las condiciones de vida de los palestinos, sin impulsar las negociaciones para establecer un Estado de Palestina independiente. “Ambas partes están ahora muy alejadas”, se justificó el titular del Departamento de Estado. El presidente Abbas sostuvo que “los últimos incidentes en Europa [en alusión a la invasión rusa de Ucrania] han demostrado que existe un doble rasero (…) por el que nadie hace rendir cuentas a Israel” por la ocupación de los territorios palestinos.

La cuestión palestina fue citada en sus discursos finales ante la prensa por los ministros de Exteriores árabes. Pero Abdulatif al Zayani, de Baréin, y Abdalá bin Zayed, de Emiratos Árabes Unidos, hicieron hincapié en la reactivación del acuerdo nuclear con Irán, que EE UU está ultimando en contra del parecer de Israel y sus aliados del Golfo. También esgrimieron las amenazas que Teherán suscita en la región a través de sus socios chiíes de la milicia libanesa de Hezbolá y los rebeldes hutíes de Yemen. La salida del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución de Irán de la lista de grupos terroristas elaborada por EE UU, que Teherán reclama antes de reeditar el pacto atómico, es también una línea roja para los signatarios de los Acuerdos de Abraham.

Egipto, que mantiene relaciones diplomáticas con Israel desde hace 43 años, ha estrechado los lazos políticos tras décadas de “paz fría”, con el fin de no verse desplazado por las monarquías del Golfo como socio regional privilegiado. El canciller Sameh Shoukry subrayó que la mediación de El Cairo tras el conflicto del año pasado en la franja de Gaza ha sido determinante a la hora de rebajar la tensión. La cooperación militar entre ambos países, sin embargo, apenas ha cesado desde 1979. Las Fuerzas Armadas de Israel revelaron este mismo mes que su aviación derribó en 2021 “sobre el espacio aéreo de un país vecino” drones iraníes que transportaban armamento para las milicias de Hamás en Gaza.

Los ministros de Exteriores de Marruecos, Bourita (izquierda) y de Israel, Lapid, el lunes en Sde Boker (Israel).
Los ministros de Exteriores de Marruecos, Bourita (izquierda) y de Israel, Lapid, el lunes en Sde Boker (Israel).BOAZ OPPENHEIM/GPO HANDOUT (EFE)

Rabat recibe garantías para su integridad territorial

Mientras Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Baréin se integran en el mismo espacio de Oriente Próximo en el que se despliegan Irán y sus satélites, Marruecos parece demasiado alejado de ese escenario de tensión. El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Yair Lapid, dio por sentado en su intervención final en el cónclave diplomático que la “cumbre del Negev envía un fuerte mensaje a las fuerzas extremistas encabezadas por Irán que intentan desestabilizar la región”. Para ello se crea “un frente unido y comprometido con la paz y la prosperidad”.

Lapid dedicó a Marruecos una mención especial a fin de aclarar su presencia en Israel. “La relación especial que ha surgido trabajará en conjunto para contrarrestar los ataques a Baréin, EAU e Israel, y contra los intentos de atentar contra la soberanía y la integridad de Marruecos”. “En este contexto”, remachó el jefe de la diplomacia israelí, “la declaración de España de la semana pasada en apoyo del plan de autonomía de Marruecos para el Sáhara Occidental, que otros [países] ya han respaldado, es un paso positivo”.

Una delegación de las Fuerzas Armadas de Israel acaba de ratificar en Rabat los aspectos técnicos del acuerdo de cooperación militar suscrito por el ministro de Defensa, Benny Gantz, en su visita del pasado mes de noviembre a Marruecos. La empresa Industrias Aeroespaciales de Israel facturó el año pasado 22 millones de dólares (19,4 millones de euros) a Marruecos. Entre otros modelos, IAI fabrica el dron suicida Harop, un pequeño avión no tripulado con un radio de acción de más de 1.000 kilómetros, difícilmente detectable por los radares y capaz de transportar más de 20 kilos de carga explosiva. El Frente Polisario denunció la muerte en 2021 de una docena de civiles en bombardeos con drones en el Sáhara Occidental, en ataques que atribuyó al ejército marroquí.

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El primer ministro de Israel, Naftali Bennett (derecha) y el secretario de Estado de EE UU, Antony Blinken, este domingo en Jerusalén.
El primer ministro de Israel, Naftali Bennett (derecha) y el secretario de Estado de EE UU, Antony Blinken, este domingo en Jerusalén.ABIR SULTAN (AFP)

Los Acuerdos de Abraham de 2020 para la normalización de relaciones entre Israel y varios países árabes empiezan a dar frutos. Los ministros de Exteriores de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Baréin, Marruecos y Egipto se reúnen este domingo en un kibutz (granja colectiva) del sur de Israel con el jefe de la diplomacia israelí, Yair Lapid, y el secretario de Estado de EE UU, Antony Blinken, quien ha iniciado una gira diplomática por Oriente Próximo y el Magreb. El cónclave sin precedentes, que se prolongará hasta el lunes en un lujoso hotel del desierto del Negev, viene marcado por la inquietud que suscita en la región la reactivación del acuerdo nuclear con Irán, suscrito por Washington en 2015 y suspendido tres años después bajo la presidencia del republicano Donal Trump, que la Administración del demócrata Joe Biden se dispone a pactar con Teherán.

Blinken se ha apresurado a garantizar en un primer encuentro bilateral en Jerusalén con el israelí Lapid el “compromiso inquebrantable” de Washington para impedir que Irán se dote del arma atómica y a hacer frente a sus amenazas. El secretario de Estado aseguró que el regreso al acuerdo de 2015 “es la mejor manera de volver poner bajo control el programa nuclear de Irán”.

La Administración de Biden se desentendió en un principio de los Acuerdos de Abraham suscritos en el tramo final de la presidencia de Trump —gracias a la mediación de la Casa Blanca— por el Estado judío con Emiratos, Baréin, Marruecos y Sudán. Ahora trata de sacar partido, empero, de la normalización de relaciones diplomáticas de Israel con países con los que estuvo enfrentado a causa del conflicto palestino. Blinken anunció a Lapid en una conferencia de prensa conjunta que Washington confiaba en “atraer a otros Estados” a los Acuerdos de Abraham.

Para Israel, el establecimiento de estrechas relaciones de cooperación económica y militar con países árabes sin vincularlo al reconocimiento de un Estado palestino –como prevé el plan de paz saudí, aprobado por la Liga Árabe en 2002– representa la culminación de una estrategia diplomática de décadas. El ministro Lapid no ha vacilado en tildar de “histórico” el cónclave. La amenaza compartida con los israelíes que representa el despliegue regional de Irán y sus aliados chiíes —como la milicia libanesa de Hezbolá y los rebeldes hutíes de Yemen— ha relegado la cuestión palestina a segundo plano en las cancillerías de los países suníes.

El secretario de Estado fue recibido también por el primer ministro israelí, Naftali Bennett, quien está actuando como intermediario entre los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y Ucrania, Volodímir Zelenski, “en estrecha coordinación” con EE UU, aseguró Blinken. Washington busca en Oriente Próximo el respaldo a las posiciones occidentales en la guerra de Ucrania tras no haber logrado que Israel y los países del Golfo secundasen las sanciones económicas a Rusia, que cuenta un una importante presencia militar en Siria. Bennett mantuvo su reserva sobre su papel mediador entre Moscú y Kiev, pero fue mucho más explícito al expresar la preocupación de Israel o sus socios árabes ante “la intención [de Washington] de sacar de la lista de organizaciones terroristas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán”, como consecuencia del acuerdo nuclear con Irán.

En Jerusalén, Blinken se limitó a reclamar a Israel la “mejora tangible de las condiciones de vida” de los palestinos de Cisjordania y la franja de Gaza y a invocar, como cláusula de estilo, “el objetivo de alcanzar una solución negociada basada en dos Estados”. Pero instó, además, al Gobierno israelí a evitar medidas que puedan disparar la tensión, como frenar la expansión de los asentamientos y la violencia de los colonos hacia los palestinos y detener los desalojos de viviendas palestinas en Jerusalén Este. Posteriormente, se trasladó a la cercana Ramala, sede administrativa de la Autoridad Palestina, para entrevistarse con el presidente Mahmud Abbas y reunirse con representantes de la sociedad civil palestina.

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El Departamento de Estado ha recalcado que el jefe de la diplomacia estadounidense reitera el compromiso de su país “con la solución de los dos Estados”, informa María Antonia Sánchez-Vallejo. En la página web del Departamento que dirige Blinken se publicó el sábado un memorando sobre la ayuda prestada a los palestinos. Desde abril de 2021, Washington ha proporcionado más de 500 millones de dólares (457 millones de euros), incluidos más de 417 millones en asistencia humanitaria para la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA, por sus siglas en inglés). La última guerra en la franja de Gaza, en mayo pasado, obligó al presidente Biden a reescribir su hoja de ruta hacia Israel para impulsar la reconstrucción del enclave palestino.

En otro memorando relativo a la relación bilateral con Israel, el Departamento de Estado recuerda que el vínculo nunca ha sido más fuerte que ahora, como demuestra, entre otros asuntos, el claro apoyo de Washington a los Acuerdos de Abraham y la ayuda de 1.000 millones de dólares concedida para recargar con cohetes interceptores del sistema antimisiles Cúpula de Hierro. EE UU ha ido dejando progresivamente de ejercer como potencia hegemónica en Oriente Próximo para centrarse en la rivalidad con China, en el Pacífico, y ahora con Rusia, en Europa. La gira de Blinken parece rectificar en parte esta deriva.

Ausencia de la cuestión palestina en el cónclave

Jordania, que mantiene relaciones con el Estado judío desde 1994, no tiene previsto asistir al cónclave del desierto del Negev, a pesar de que la diplomacia israelí le ha sugerido participar, según informa la prensa hebrea. El ministro de Exteriores jordano acompañará el lunes, sin embargo, al rey Abdalá II en su anunciada visita a Ramala para reunirse con el rais Abbas. La mitad de la población jordana es de origen palestino, y el Gobierno de Amán suele actuar con mucho tiento en una materia que es considerada como un asunto interno. Al igual que EE UU, Jordania trata de impedir que se dispare la tensión en los territorios palestinos ante el próximo inicio del Ramadán en abril. La escalada de la violencia —en Jerusalén Este en particular— dio paso hace un año a un conflicto armado entre Israel y las milicias islamistas de Gaza.

La efervescencia diplomática que vive Oriente Próximo en los últimos días es patente. El pasado martes se dieron cita en Sharm el Sheij, en la península del Sinaí, el presidente de Egipto, Abdelfatá al Sisi; el primer ministro de Israel, Naftali Bennett, y el gobernante de facto de Emiratos Árabes Unidos, el príncipe Mohamed Bin Zayed. Al Sisi y Bin Zayed volvieron a reunirse del viernes, esta vez con el rey Abdalá y el primer ministro iraquí, Mustafá al Kadhemi, en la ciudad jordana de Áqaba, también a orillas del mar Rojo. Un comunicado oficial calificó de “consultivo” el encuentro. Simbolizaba un espaldarazo a Jordania frente a las presiones de Israel y EE UU, aireadas por la prensa hebrea, para que acudiera este domingo al cónclave del kibutz de Sde Boker, donde se halla la tumba de David Ben Gurion, primer jefe de Gobierno del Estado judío.

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La guerra de Rusia contra Ucrania ha recrudecido el hambre en el mundo, según informes del Programa Mundial de Alimentos (PMA), una organización de la ONU. La dependencia de suministros como el trigo ruso y el aceite de girasol ucranio han tenido graves consecuencias en la asistencia alimentaria en países como Yemen, Etiopía, Afganistán y Siria, que ya registraban los peores niveles de inanición. El PMA recoge casos de cancelaciones y retrasos en envíos de alimentos desde el puerto de la ciudad ucrania de Odesa, objetivo del Ejército ruso. Además, un informe del organismo anticipa que el conflicto va a incrementar en 29 millones de dólares (cerca de 26 millones de euros) mensuales el presupuesto necesario para las operaciones del PMA, en plena crisis de fondos. El programa se había visto obligado a recortar las ayudas en varios países a principios de este año.

El aumento del precio del petróleo originado por la guerra, que impacta directamente sobre el precio del combustible, también complica la logística del programa. “Tenemos camiones cargados con comida parados en el norte de Etiopia. La violencia armada y la falta de combustible nos han impedido entregar las ayudas”, expone Brian Lander, subdirector de la División de Operaciones de Emergencia del PMA. De acuerdo con un informe de la organización publicado en febrero, más de 400.000 personas en la región en conflicto de Tigray se enfrentan a una catástrofe alimentaria (el peor nivel en la clasificación realizada por el PMA para medir la magnitud de las emergencias).

De acuerdo con la organización, 13,5 millones de toneladas de trigo y 16 millones de toneladas de maíz están congeladas en Rusia y Ucrania debido al cierre de los puertos y al estancamiento del negocio de cereales rusos, ante las sanciones económicas por la invasión a Ucrania. Los costes del envío de los alimentos también se han multiplicado e incluyen pagos de primas de seguro de riesgo de guerra que llegan hasta los 271.000 euros por trayecto.

Yemen, que ya arrastraba una dura crisis humanitaria, será el mayor damnificado de este conflicto en cuanto a la asistencia alimentaria. Las raciones de comida de 13 millones de personas a las que asiste el programa dependen en gran medida de los envíos que están estancados. La falta de cereales rusos eleva los costos del PMA, que ya afrontaba un déficit presupuestario de 900 millones de dólares (alrededor de 816 millones de euros) en el país. El programa ya había tenido que realizar recortes graduales en las ayudas. Ocho millones de personas que antes recibían una canasta mensual de comida en Yemen ahora se tienen que conformar con una entrega cada dos meses. La situación se repite en países como Etiopía, Afganistán, Siria y Sudán —que también se enfrentan a conflictos activos—, en los que la subida del precio de los alimentos y el combustible seguirá empeorando las crisis humanitarias, según la organización.

El PMA señala que si los campos de maíz, trigo y cebada ucranios quedan en barbecho este año el abastecimiento para las agencias humanitarias será mucho más costoso, y el programa no está preparado para asumir ese aumento. Lander aseguró a este diario que la organización no cuenta con las donaciones suficientes para este año, pese a que el programa ya había advertido que el 2022 sería un año catastrófico, con más de 44 millones de personas al borde de la hambruna en 38 países.

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La guerra en Ucrania agudiza la crisis que arrastraba la organización. De acuerdo con Lander, el PMA estimaba que 283 millones de personas en el mundo requerirían asistencia en 2022. “Para alimentarlos, se necesitan alrededor de 35.000 millones de dólares (cerca de 31.000 millones de euros) y solo contamos con un presupuesto de la mitad”, asegura. A este panorama se suman ahora los más de tres millones de refugiados ucranios que precisan de ayudas y la población que aún aguarda dentro del país mientras continúa la invasión rusa.

Aunque, según asegura Lander, “la comida es un derecho fundamental al que todo el mundo debería tener acceso”, el panorama actual contradice su visión. La disponibilidad de alimentos también se convierte en arma arrojadiza en medio de los conflictos, creando un vínculo directo entre guerra y hambre. “Lo vemos a diario con tácticas de asedio, en las que se cortan los caminos por donde se transporta la comida o se queman directamente los campos de cultivo”, explica el responsable del Programa Mundial de Alimentos.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) señaló en un informe a principios de este mes que un 30% de los cultivos de Ucrania no podrían sembrarse por el impacto de la guerra. Además, las cadenas de suministro en el país se están derrumbando, dejando gran parte de la infraestructura destruida y las tiendas de alimentos vacías.

No es coincidencia que los países más afectados por el hambre lidien con guerras, una situación que dificulta aún más la labor humanitaria del PMA, que se ve desbordado por el azote de la violencia. Lander resalta la diplomacia como elemento principal para detener el problema: “Detrás de todo esto, el diálogo político es primordial. Sin avances de los gobiernos y los actores del conflicto, la crisis humanitaria seguirá empeorando y responder a ella será cada vez más difícil”.

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Reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para tratar la crisis ucrania, la noche del lunes.
Reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para tratar la crisis ucrania, la noche del lunes.TIMOTHY A. CLARY (AFP)

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha celebrado la noche del lunes (horario de Nueva York) una reunión convocada de urgencia para tratar la situación en Ucrania. En ella, la mayor parte de los 15 miembros del Consejo, encabezados por Estados Unidos, han denunciado el reconocimiento del presidente Vladímir Putin, hecho público horas antes, de la independencia de las autodenominadas “repúblicas populares de Donetsk y Lugansk”, así como la decisión de desplegar tropas en la zona. Han considerado esas medidas como una violación de la ley internacional y de los fundamentos de Naciones Unidas. La reunión, solicitada por Ucrania, que no forma parte del Consejo, estaba presidida por Rusia, uno de los cinco miembros permanentes.

Linda Thomas-Greenfield, representante de Estados Unidos ante la ONU, ha definido las últimas decisiones de Putin como un “claro ataque, sin que haya mediado provocación alguna”. “Les llaman fuerzas del mantenimiento de la paz, y eso es un sinsentido”, ha añadido Thomas-Greenfield en referencia al modo en el que el Kremlin ha justificado un despliegue militar. “Todos sabemos lo que son en realidad”.

Un soldado ucranio, en Donetsk.Foto: ALEKSEY FILIPPOV (AFP) | Vídeo: EPV

Al término del encuentro, que ha durado una hora y media, Thomas-Greenfield ha anunciado a los periodistas presentes que Washington, en coordinación con sus aliados, impondrá este martes sanciones a Moscú por “atentar contra la soberanía de Ucrania”, según informa la agencia Reuters.

Antes, ha hablado la secretaria general adjunta de las Naciones Unidas para Asuntos Políticos, Rosemary Di Carlo, que ha sentenciado que “el riesgo de un conflicto a gran escala es real y necesita ser prevenido a toda costa”. Los argumentos de la embajadora estadounidense han sido compartidos por varios de los países presentes, de México (que se ha dicho comprometido “con la integridad territorial de Ucrania”) a India, y de Francia (que ha definido lo ocurrido este lunes “como una violación de la Carta de las Naciones Unidas”) al Reino Unido, cuya embajadora, Barbara Woodward, ha prometido “severas consecuencias económicas para Rusia”. Estados Unidos y sus aliados consideran que la decisión de Putin constituye una ruptura de los acuerdos de Minsk y una violación de la Resolución 2202 (2015) del Consejo de Seguridad.

Vasily Nebenzya, representante ruso ante la ONU, ha dicho, tras escuchar todas las críticas e ir dando paso a los intervinientes, incluido al embajador ucranio, que su país “sigue abierto a la diplomacia”, pero que no permitirá “un baño de sangre en el Donbás [región que comprende Donetsk y Lugansk]”. “[Reconocer a los territorios separatistas] no es algo que hayamos decidido súbitamente”, ha añadido, antes de pedir a los países occidentales que “se lo piensen dos veces” y que “no empeoren con sus decisiones la situación en Ucrania”.

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“Estamos en nuestra tierra. No le tenemos miedo a nada ni a nadie. No le debemos nada a nadie y no regalaremos nada a nadie”, ha aseverado Sergiy Kyslytsya, representante ucranio, en una intervención desafiante. “No debe haber ninguna duda”.

En un ejercicio de equilibrismo diplomático, Zhang Jun, el enviado de Pekín, ha optado por suavizar el tono de las intervenciones previas. “Todas las partes involucradas deben actuar con moderación y evitar cualquier acción que pueda alimentar las tensiones”, ha dicho. “Llamamos a los implicados a que continúen el diálogo y busquen soluciones razonables para abordar las preocupaciones de los demás, sobre la base de la igualdad y el respeto mutuo”.

Por la tarde, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, había avanzado una orden ejecutiva para prohibir “las inversiones, el comercio y la financiación de personas estadounidenses hacia, desde o en las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk”. Esas primeras medidas, ha recordado Thomas-Greenfield, preceden a las sanciones “rápidas y severas” con las que viene amenazando Biden hace semanas si “Rusia decide entrar en Ucrania”. “[Putin] está poniendo a prueba nuestro sistema internacional, para ver hasta dónde puede llegar”.

La noche del lunes, poco antes de que comenzara la reunión en la ONU, el Departamento de Estado de Estados Unidos había decidido sacar de Ucrania rumbo a Polonia a sus diplomáticos. Washington había ordenado la semana pasada el cierre de su Embajada en Kiev para reubicarla, en una versión reducida, en Lviv, ciudad cercana a la frontera con Polonia, y, por lo tanto, más alejada del este del país, que linda con Rusia. “Por razones de seguridad, el personal del Departamento de Estado que se encuentra actualmente en Lviv pasará la noche en Polonia”, ha escrito el secretario de Estado, Antony Blinken, en un comunicado enviado a la prensa en la noche del lunes. “Nuestro personal regresará regularmente para continuar su trabajo diplomático en Ucrania y brindar servicios consulares de emergencia. Continuarán apoyando al pueblo ucranio y al Gobierno ucranio, coordinando los esfuerzos diplomáticos. El compromiso de Estados Unidos con la soberanía y la integridad territorial de Ucrania frente a la agresión de Rusia es inquebrantable. El hecho de que estemos tomando precauciones, como hacemos habitualmente en todo el mundo, no socava en modo alguno nuestro apoyo a Ucrania o nuestro compromiso con Ucrania”.

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Países Bajos no aceptó la independencia de Indonesia y, entre 1945 y 1949, aplicó una violencia excesiva para desbaratar la denominada Revolución Nacional del país. Los soldados destacados en las antiguas Indias Orientales Neerlandesas recurrieron a la tortura y malos tratos durante los interrogatorios, así como a encierros o ejecuciones sin juicio previo, según el informe oficial sobre dicho periodo, presentado este jueves de forma telemática. Si bien los investigadores señalan que ambas partes recurrieron a la violencia en grado extremo, subrayan que el Gobierno holandés de la época toleró las actuaciones de sus militares. El número de víctimas sigue sin estar claro, pero el estudio calcula que murieron unos 100.000 civiles indonesios, y cerca de 5.000 militares holandeses.

Nada más conocerse el resultado de este informe, el primer ministro holandés, Mark Rutte, ha presentado sus “profundas excusas” al pueblo de Indonesia” y a todos los que, en su país, “se vieron afectados por la violencia”. El jefe del Gobierno ha atribuido luego la responsabilidad por esa “página negra” de la historia nacional a “las instituciones que la hicieron posible: el Gobierno, el Parlamento, las Fuerzas Armadas y el poder judicial”.

Iniciada en 2017 a petición del Ejecutivo holandés, la investigación abarca hasta 1950 y muestra que “la mayoría de los responsables, desde políticos a funcionarios y desde militares a jueces, sabían o podían saber del uso sistemático y extremo de la violencia” en Indonesia. Sin embargo, “había una disposición a arrinconar las normas legales y el propio sentido de la justicia”. De este modo, emerge la imagen de “una guerra colonial cada vez más terrible, donde lograr victorias militares y limitar las bajas propias eran la norma”.

En 1969, el Ejecutivo de la época aseguró que este tipo de violencia solo se usó en casos excepcionales. El estudio deja claro, por el contrario, que la actitud colonialista predominaba entre las Fuerzas Armadas y en el seno de la política en Países Bajos: “Estaban seguros de que los nacionalistas no conseguirían liderar un Estado independiente y figuras como Sukarno [líder nacionalista y luego primer presidente de la República de Indonesia] fueron presentadas como un hombre de paja de los japoneses y con poca influencia”, sostiene. El texto utiliza la expresión “violencia extrema”, en la que caben figuras jurídicas como los crímenes de guerra, para subrayar el amplio abanico de delitos perpetrados. Los expertos que han elaborado el trabajo forman parte del Instituto para el estudio de la Guerra, el Holocausto y el Genocidio (NIOD, en sus siglas neerlandesas), el Real Instituto para la Lengua, la Tierra y la Etnología (KITLV), y el Instituto Holandés de Historia Militar (NIMH).

La actual Indonesia fue administrada como colonia por el Gobierno holandés desde 1800, aunque el comercio de las especias en la zona, y el sometimiento que implicaba, se remonta al siglo XVII. La invasión japonesa en 1941 interrumpió el dominio de Países Bajos. Tras la capitulación de Japón, los indonesios proclamaron la República. Fue el 17 de agosto de 1945, y el Holanda había sido liberada de la ocupación nazi por las tropas aliadas el 5 de mayo de ese año. Recién salido de la Segunda Guerra Mundial, este país se propuso combatir la independencia de su colonia con escasez de tropas y en un terreno donde se libró una guerra de guerrillas. Pese a ello, la actitud colonial predominaba en la cúpula militar, “y se recurrió a torturas, arrestos arbitrarios y en masa, quema de poblaciones y falta de atención a las víctimas civiles”, reza el informe. Los soldados holandeses llevaron a cabo “intervenciones policiales”. Es un tipo de operación militar considerada hoy parte de una guerra colonial, utilizada entonces para dar la sensación de que se trataba de un conflicto nacional y no de una guerra entre dos países.

Hay ejemplos en el estudio que ilustran la falta de castigo en dichas situaciones. En los consejos de guerra contra militares holandeses por la muerte de prisioneros o por las torturas durante un interrogatorio apenas se imponían penas. Incluso en casos de violación y asesinato, “los jueces holandeses eran comprensivos con los soldados involucrados y los intereses militares”. Los investigadores subrayan esta actitud: “La Administración estaba convencida de su superioridad y llevó tiempo abordar este periodo de forma crítica. No encajaba con la percepción edulcorada de su propia imagen desde la parte holandesa”. Los políticos de ese periodo no prestaron atención a lo que estaba pasando y tampoco asumieron sus responsabilidades, “porque había amplio apoyo social a esa guerra, lejana desde el punto de vista geográfico y psicológico”.

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El informe hace hincapié en el hecho de que todas las partes son culpables de la violencia, incluidos británicos y japoneses, y lo ilustran explicando lo ocurrido entre finales de 1945 y principios de 1946. Fue el momento de la retirada de las tropas japonesas del archipiélago y antes de que los militares británicos cedieran el paso a los holandeses hasta la independencia final. Ese periodo se denomina bersiap (prepárate) y es polémico porque hubo muertes civiles holandesas, chinas y de cualquier persona considerada colaboracionista sin distinción de origen a manos de guerrilleros independentistas indonesios. Aunque los investigadores admiten su “influencia en la dinámica de la violencia”, señalan que esta no fue la razón por la cual Países Bajos intentó recuperar las antiguas Indias Orientales. Cifran en unos 6.000 los civiles muertos en ese momento.

En marzo de 2020, el rey Guillermo de Orange pidió perdón por “el abuso de la violencia a cargo de las fuerzas coloniales”. Era la primera vez que el jefe del Estado se disculpaba por una de las épocas más negras de la historia holandesa. La investigación coincide con la primera muestra sobre este periodo abierta en el Rijksmuseum, de Ámsterdam, titulada Revolusi! Indonesia independiente.

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Las derivas autoritarias en la Unión Europea saldrán muy caras a partir de ahora. El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha validado el reglamento comunitario que desde el pasado 1 de enero permite suspender los fondos europeos a los países donde la fragilidad del Estado de derecho no garantice su gestión adecuada. El gobierno húngaro de Viktor Orbán y el polaco de Mateusz Morawiecki, que se sienten en el punto de mira de la nueva norma, habían impugnado su adopción. Pero los jueces europeos se han pronunciado a favor del reglamento en un caso que el propio Tribunal ha calificado como de “importancia excepcional” y de una “relevancia constitucional innegable”. El carácter extraordinario del pleito se ha resaltado, además, con la retransmisión en directo de la lectura de un veredicto por primera vez en los 70 años de historia de la corte europea con sede en Luxemburgo.

“El Tribunal al completo desestima el recurso y ordena a Hungría a pagar sus costas y las del Parlamento Europeo y el Consejo Europeo”, ha leído de forma solemne el juez ponente para el primero de los casos. Inmediatamente después las mismas palabras han sido repetidas desestimando, en idénticos términos, el recurso de Polonia (los asuntos de cada país, a pesar de que se han sustanciado de forma conjunta, han sido tenidos en cuenta por separado por la justicia europea)

En este asunto de alto voltaje político y jurídico, Hungría y Polonia acusaban al Consejo de la UE y al Parlamento Europeo de haber aprobado un reglamento sin base legal adecuada con el único objeto de castigar a ciertos países con la excusa de la protección del presupuesto comunitario. Para Budapest y Varsovia, Bruselas se había extralimitado y buscaba castigar a ambos países esquivando el proceloso procedimiento del artículo 7, que requiere la unanimidad de todos los socios comunitarios para sancionar a los países que vulneren los valores fundamentales de la UE.

El llamado mecanismo de condicionalidad, una herramienta aprobada en diciembre de 2020 para asegurarse de que ni un euro de los históricos fondos de recuperación acabe en manos de quienes incumplen el Estado de derecho, entró en vigor en enero de 2021, pero la Comisión Europea se había comprometido con Polonia y Hungría a no activarlo hasta que el TJUE le diera su visto bueno.

Los díscolos vecinos del Este, con un largo historial de batallas con Bruselas a cuenta del Estado de derecho, con asuntos que van de la independencia de los jueces a la protección al respeto del colectivo LGTB, defendieron durante una vista ante la asamblea plenaria del tribunal de Luxemburgo, celebrada en octubre, que el reglamento no servía para crear una norma presupuestaria, sino que se había dado vida a “un procedimiento de contenido y significado político” y a un “mecanismo de evaluación política” con el que Bruselas pretendía inmiscuirse en sus asuntos internos, según denunciaron las defensas de Hungría y Polonia.

La vista fue también una cita de repercusión extraordinaria, celebrada ante el plenario de jueces del TJUE, y con la participación añadida de la Comisión Europea, y una larga lista de Estados miembro que se consideraban afectados, entre ellos España, Alemania y Francia, cuyas defensas jurídicas salieron en del mecanismo de condicionalidad.

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El Abogado General de la UE, que se pronunció en diciembre, ya había propuesto declarar inadmisible o desestimar todas las reclamaciones de los dos países. Pero admitía que algunas cosas en el reglamento chirriaban (sobre todo, en los considerandos), aunque se decantaba por aceptarlo por completo. De este lado ha caído la balanza, finalmente.

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Los cancilleres Marcelo Ebrard y José Manuel Albares (derecha), en la toma de posesión de Xiomara Castro, en Honduras.
Los cancilleres Marcelo Ebrard y José Manuel Albares (derecha), en la toma de posesión de Xiomara Castro, en Honduras.RR. SS.

El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, habló el miércoles por la noche con su homólogo mexicano, Marcelo Ebrard, sobre las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en las que pedía “pausar” las relaciones entre México y España y cargó contra las empresas españolas. “La llamada transcurrió en el buen tono habitual entre ambos titulares antes de la polémica provocada ayer [por este miércoles]”, apuntan fuentes diplomáticas españolas, que al igual que desde la Cancillería mexicana, han confirmado a este diario la conversación, sin entrar en el contenido de la misma.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, participa hoy en una rueda de prensa matutina en Palacio Nacional, de la Ciudad de México.Foto: Sáshenksa Gutiérrez (EFE) | Vídeo: EPV

Albares se había mostrado el miércoles sorprendido por las declaraciones del presidente mexicano y alegó que México no había hecho pública ninguna nota oficial ni el Gobierno español había recibido ninguna comunicación al respecto. No obstante, expresó su “sorpresa” por unas declaraciones que, a su juicio, se contradicen con las efectuadas hace una semana por el propio López Obrador y con lo que le dijo Ebrard, con quien tuvo un “encuentro cordial” el pasado día 27 de enero en Tegucigalpa, donde ambos coincidieron en la toma de posesión de la nueva presidenta hondureña, Xiomara Castro.

Este jueves, López Obrador ha vuelto a cargar contra empresas españolas, como Iberdrola y Repsol, y ha asegurado que su intención de “pausar” las relaciones no implica en ningún caso una ruptura con España. “No es ruptura, sino una protesta respetuosa y fraterna. Vamos a serenar la relación. Que ya no se esté pensando que se va a saquear a México. Es una falta de respeto. Deberían ofrecer disculpas. No lo han hecho. No importa. Vamos a una etapa nueva”, añadió el mandatario.

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El Gobierno holandés puso en marcha este jueves una operación para repatriar a cinco mujeres y a sus 11 hijos, que vivieron bajo el Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) y se encontraban en el campo bajo control kurdo de Al Roj, al noreste de Siria. Sospechosas de formar parte de una organización terrorista o bien de preparar atentados, las mujeres han sido sacadas del campamento para ser juzgadas en Países Bajos antes de que extingan los plazos de los casos en su contra. La operación ha sido llevado a cabo, pero se desconoce el paradero de los repatriados. Está previsto que ellas ingresen en la cárcel a la espera del proceso judicial. La Junta de Protección del Menor comprobará si los pequeños pueden volver con sus familiares o son instalados en hogares de acogida. Los servicios secretos (AIVD) estiman que puede haber unas 40 mujeres holandesas en Al Roj. La decisión del Gobierno holandés contrasta con la postura de otros países europeos que, como España, no han repatriado a ningún nacional desde el noreste sirio. 17 niños y tres mujeres españolas (más una de origen marroquí, pero con hijos de padre español) están alojados en los campamentos de Al Roj y Al Hol.

En una carta remitida al Congreso este jueves, los ministros de Justicia y Asuntos Exteriores han confirmado la existencia de “una operación especial de traslado, preparada con cuidado”. No han dado más detalles. Una vez en suelo holandés, las mujeres pueden ser llevadas a un centro penitenciario que cuenta con una sección para sospechosas de terrorismo. Está situado en el municipio de Zwolle, al noreste del país. Si sus familias holandesas pueden hacerse cargo de los niños, contarán con apoyo psicológico y de los servicios sociales.

El campo de Al Roj está controlado por la Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), una organización apoyada por Estados Unidos. Dirigida por la milicia kurda de las Unidades de Protección Popular (YPG, en sus siglas en kurdo) intentan que los países occidentales repatrien a los ciudadanos que se sumaron al Estado Islámico. El pasado 27 de enero, el portavoz de la autoridad kurda en el norte sirio, Abdulkarim Omar, informó de la repatriación de dos mujeres y cuatro menores de nacionalidad sueca. Alrededor de 60.000 personas, la mayoría niños y mujeres, de 60 países, viven en los campos para familiares del ISIS de Al Roj y Al Hol.

Desde 2012, cerca de unos 300 ciudadanos holandeses ―100 mujeres y 200 hombres― han viajado a zonas controladas por el ISIS. De estos, alrededor de un centenar de ellos han muerto. Unos 120 adultos siguen en Siria, Irak o Turquía, según cálculos de AIVD. En su informe de 2020, el mismo organismo indicaba que en la zona hay alrededor de 210 niños con un progenitor que tiene lazos con Países Bajos. En junio de 2020, el Tribunal Supremo falló que el Gobierno no está obligado a repatriar a mujeres y niños de yihadistas del ISIS. Los consideró “una amenaza para la seguridad”, y recordó que ellas “viajaron por voluntad propia”. Dejó, sin embargo, su futuro, en manos de los políticos. La mayoría del Parlamento prefiere que este tipo de juicios se celebren en Siria e Irak. También podría ocuparse una corte especial, aunque no hay un acuerdo internacional al respecto. A la vista de la situación, el coordinador nacional para la lucha contra el terrorismo cree que la opción más segura es “traer de vuelta a estas personas de forma controlada”.

En julio de 2021, un juzgado de primera instancia de Róterdam advirtió al Gobierno de que si no hacía lo posible por traer a las mujeres que vivieron bajo el ISIS, los procesos en su contra podían quedar sin efecto este abril. Un grupo de 13 han pedido que se anulen los cargos si no se les permite comparecer ante la corte. Hasta ese momento, el Gobierno sostenía que las repatriaciones eran demasiado peligrosas. Aunque hubo excepciones. En junio del mismo año, se recogió en Siria a Ilham B., de 29 años, una madre con sus dos hijos. Un tercer menor que no era de su familia viajó con ellos.

Este viaje generó la repulsa del líder de ultraderecha Geert Wilders. En su cuenta de Twitter dijo que le parecía “inaceptable meter al enemigo, el ISIS, en casa”. Para él, “estas mujeres terroristas han perdido su derecho a poner de nuevo los pies en suelo holandés”. Tanto el Defensor del Menor como la organización Human Rights Watch abogan por el retorno de los menores. Y por no separarlos, en lo posible, de sus madres. En 2019, dos huérfanos holandeses, de 2 y 4 años, fueron repatriados por el Gobierno francés junto con otros 12 menores galos.

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Tonga volcán erupción
La erupción de un volcán en la isla Tonga puso en alerta de tsunami desde Oceanía hasta Antártica Chilena. En Hawai hay inundaciones.

La erupción de un volcán en la isla Tonga puso en alerta de tsunami desde Oceanía hasta la Antártica Chilena. En Hawaii hay inundaciones.

Noticias Interncionales.

Este sábado Oceanía, la costa oeste de los Estados Unidos, Alaska, Canadá hasta Chile y la Antárctica Chilena están en alerta de posible tsunami tras la fuerte erupciónd el volcán en la isla Tonga hace unas horas.

En Chile, en algunas ciudades de mayor riesgo pidieron evacuar de manera preventiva.

En Hawaii se han registrado inundaciones.

Chile evacuó de manera preventiva algunas de sus ciudades y pueblos en mayor riesgo si ocurre un Tsunami menor. En la foto, Coquimbo.

Fue una erupción submarina del volcán Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai este sábado en el Pacífico Sur.

Según informó De acuerdo con el New Zealand Herald, las cenizas, vapor y gas expulsados por el volcán «han alcanzado los 17 kilómetros». No hay un registro oficial de víctimas hasta ahora, pero si evacuaron zonas costeras hasta donde ya las olas han llegado.

Si bien la erupción fue hace más de 9 horas, la emergencia continúa porque sigue activo.





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El rey Guillermo de Orange, en el centro, y el primer ministro holandés, Mark Rutte, a su derecha, posan con otros ministros del nuevo Gobierno, en el palacio real de La Haya, este lunes.
El rey Guillermo de Orange, en el centro, y el primer ministro holandés, Mark Rutte, a su derecha, posan con otros ministros del nuevo Gobierno, en el palacio real de La Haya, este lunes.Peter Dejong (AP)

Casi un año de negociaciones ha costado la foto de familia del nuevo Gobierno de Países Bajos, que se ha presentado este lunes junto al rey Guillermo de Orange. Han sido diez meses de tanteo, desencuentros, rechazos y reproches mutuos hasta lograr un pacto que repite la anterior coalición de centroderecha. Son los mismos partidos con muchas caras nuevas y por primera vez una distribución paritaria: hay 10 ministras en un Gabinete de 20, contando al primer ministro.

Liberales de derecha (VVD), liberales de izquierda (D66), democristianos (CDA) y la Unión Cristiana (CU) un partido de inspiración protestante, se reparten otra vez el poder en torno al mismo líder, Mark Rutte, que encabeza así su cuarto mandato consecutivo a los 54 años. El lema de la coalición es “Cuidarnos unos a otros y mirar hacia el futuro”, y empiezan a trabajar en un clima de desconfianza ciudadana en la labor de las instituciones afianzada por las restricciones impuestas por la pandemia.

La toma de posesión se ha producido en el Palacio de Noordeinde, en La Haya, que es utilizado por el rey para su trabajo. Luego, ha tenido lugar la foto de familia en las escaleras exteriores, guardando la distancia de seguridad de 1,5 metros para evitar contagios. Ha habido allí un momento de cierta confusión cuando el grupo ha empezado a dispersarse antes de que el propio rey tomara la iniciativa. Para esta tarde está previsto el primer consejo de ministros del nuevo Gobierno.

La paridad en la distribución de cargos ministeriales es un hito en Países Bajos. La nueva ministra de Finanzas, Sigrid Kaag, no ha podido estar presente porque ha dado positivo por covid. Es liberal de izquierda y fue titular de Asuntos Exteriores. Ahora, su lugar al frente de uno de los puestos de mayor relevancia del Ejecutivo puede servirle de trampolín para perfilarse como posible sucesora de Rutte, dado que su partido es hoy el segundo en votos del Parlamento. Kaag ha acompañado a sus colegas por videoconferencia.

Repite también el democristiano Wopke Hoekstra, que también cambia de cartera: de Finanzas a Asuntos Exteriores. En 2020, fue el rostro de la dureza frente a los países del sur de Europa al oponerse de entrada a una propuesta solidaria para combatir la crisis sin lo que consideraba suficiente supervisión y control financiero. Hoekstra acusó las críticas recibidas en el seno de la UE y también a escala nacional, y aunque hubo ajustes y las transferencias estarán condicionadas al cumplimiento de los objetivos acordados, se disculpó por su tono. Como jefe de la diplomacia holandesa tendrá que desplegar todas sus dotes en un puesto que requiere capacidad de persuasión y tacto a partes iguales.

El primer ministro Rutte ocupa el cargo por cuarta vez desde 2010 y ha sobrevivido a la formación más larga de una coalición registrada en su país. Se rodea, además, de ministros con tareas específicas y novedosas. Por ejemplo, la ministra de la Naturaleza y el Nitrógeno (adscrita al ministerio de Agricultura), el de Clima y Energía (en Economía y Clima), o la de Pobreza, Participación y Pensiones (en Asuntos Sociales y Empleo). Hay también una Secretaría de Estado de Minería, en el Ministerio de Interior. Y otra de Digitalización, en el de Interior. Se han abierto departamentos para abordar todos los problemas discutidos durante las negociaciones, un esfuerzo que muestra su habilidad negociadora y también que es ahora un superviviente.

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Si bien Rutte se presenta en buena forma, ha conseguido formar gobierno después de ser reprobado por el Parlamento, el pasado abril, por mentir supuestamente durante las negociaciones que han llegado hasta esta toma de posesión. Peleó por su vida política y pudo seguir adelante, aunque con menos brillo. A partir de ahora, no solo seguirá afrontando la contención del coronavirus. Su Gabinete tratará de reducir las emisiones de nitrógeno en la lucha contra el cambio de clima, y buscará la forma de aumentar la construcción de viviendas sin superar los límites contaminantes. Durante esta nueva legislatura se espera, por otra parte, una investigación parlamentaria sobre los daños causados por las extracciones de gas natural en el norte del país. Se ampliará la dedicada al escándalo de los subsidios familiares, que suma unos 48.000 afectados por un fraude que no cometieron, y forzó el pasado enero la dimisión del anterior Gobierno. Y será analizada la gestión misma de la pandemia. Rutte tendrá que emplearse más a fondo que nunca en el que puede ser su último capítulo en el poder.

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La UE entra en 2022 envuelta por ese viejo demonio europeo que es la inmigración, capaz de poner patas arriba las instituciones de Bruselas. La reciente crisis en la frontera este con Bielorrusia parece casi extinguida, pero la afluencia de miles de personas promovida por el régimen de Aleksandr Lukashenko ha revuelto unas aguas que aún no se habían calmado desde la crisis de refugiados de 2015. Por primera vez, la UE ha empezado a tratar los flujos migratorios como un problema de seguridad y defensa, relegando incluso la protección del derecho al asilo, un endurecimiento que parece llamado a continuar durante 2022. La emergencia por la acción de Minsk, que arrancó en verano y alcanzó un punto máximo en noviembre, ha provocado que la Comisión Europea eleve el tono político, que no dudó de calificar los hechos de “ataque híbrido”; a esto le han seguido propuestas más restrictivas sobre las normas de protección internacional cuando los migrantes son “instrumentalizados” por Gobiernos del entorno de los Veintisiete para lograr objetivos políticos. La iniciativa ―rechazada por ONG y buena parte del Parlamento Europeo, que consideran que vulnera valores fundacionales de la UE― es un aviso del viraje de Bruselas en materia migratoria. Y promete dejar nuevas secuelas existenciales, con Europa sentada una vez más en el diván preguntándose por sus grandes contradicciones.

El flujo de migrantes y potenciales refugiados orquestado por Minsk en la frontera oriental de la UE parece haber cesado, tras el esfuerzo de la Comisión de frenar el embate con una mezcla de prohibiciones a aerolíneas y agencias de viajes que participen en la creación artificial de crisis migratorias junto a las fronteras europeas; negociaciones con los Gobiernos de los países de origen sobre las concesiones de visados; y una quinta ronda de sanciones contra Bielorrusia. “Ciertamente, a Lukashenko no le han salido bien las cosas”, señalaba el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, en un encuentro con periodistas poco antes de las vacaciones de Navidad. “Si pensaba que con esta presión en nuestras fronteras iba a conseguir algo, realmente no ha logrado nada más que crearse un problema a sí mismo”.

Pero Lukashenko sí ha provocado, al menos, que Bruselas se sitúe en posición de alerta ante lo que considera un nuevo fenómeno. “Llamémoslo por su nombre: se trata de un ataque híbrido para desestabilizar Europa”, afirmó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en septiembre en un discurso sobre el Estado de la UE. Originalmente llamada “guerra híbrida”, incorpora fuerzas no convencionales como la afluencia organizada de migrantes y la desinformación.

Con el desastre de Afganistán en marcha, tras la caótica salida de Occidente, y otros conflictos cocinándose a fuego lento ―con Etiopía como uno de los principales focos en el África subsahariana―, todo parece anunciar meses de tensión migratoria. Ya 2021 ha acabado con más de 120.000 entradas irregulares por el Mediterráneo (un incremento de casi el 30% con respecto al año anterior), según datos provisionales de mediados de diciembre incluidos en un informe interno de la Comisión Europea, al que ha tenido acceso EL PAÍS.

Un refugiado es rescatado en un bosque cerca de la frontera de Polonia con Bielorrusia en noviembre del año pasado.
Un refugiado es rescatado en un bosque cerca de la frontera de Polonia con Bielorrusia en noviembre del año pasado. Álvaro García

En la frontera este, las cifras son bajas, pero astronómicas en términos comparativos: de 677 entradas irregulares hace un año se ha pasado a más de 8.000 entre Polonia, Lituania y Letonia, los tres vecinos comunitarios de Bielorrusia, donde también se han disparado las solicitudes de asilo: hasta un 181% más en Polonia, multiplicándose por diez en Lituania y por cuatro en Letonia.

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El Ejecutivo comunitario respondió en diciembre con dos propuestas para endurecer las medidas de asilo ante situaciones de “instrumentalización de migrantes” por parte de terceros países con la “intención de desestabilizar” la UE y potencial para “poner en riesgo funciones esenciales” de un Estado miembro. La primera de las iniciativas, puesta sobre la mesa el 1 de diciembre, pretende autorizar de forma excepcional y limitada en el tiempo un trato duro con los refugiados que lleguen a Polonia, Lituania y Letonia. Esta medida, que aún requiere ser aprobada por el Consejo de la UE (el órgano donde se sientan los 27 Gobiernos), incluye mantener en la frontera a los aspirantes al asilo, prolongar hasta cuatro meses la tramitación de las solicitudes y devolver de manera expeditiva a quienes vean rechazada su petición. La segunda de las propuestas ―que llegó solo dos semanas después― trata de convertir estas herramientas extraordinarias en permanentes y ampliarlas a todo el club comunitario.

Las iniciativas han despertado la ira de ONG y europarlamentarios. El Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados (ECRE, por sus siglas en inglés) ha reaccionado con un informe en el que alerta de su “efecto adverso”, ya que podrían socavar una larga lista de valores fundamentales que van del derecho a la dignidad humana a los derechos de la infancia. “De facto es una suspensión del derecho de asilo”, denuncia la eurodiputada Sira Rego, candidata del grupo de la izquierda a presidir la Eurocámara en la segunda mitad de la legislatura. La española, además, lamenta cómo “se ha deshumanizado a la gente que viene de Afganistán y zonas de conflicto”. “Son personas en busca de refugio, que han vivido situaciones de violencia salvaje, y los han cosificado. Es atroz”.

La estratagema del régimen de Lukashenko, en opinión de Camino Mortera-Martínez, analista del Centro para la Reforma Europea, “ha fracasado principalmente por la falta de apoyo de Rusia, pero si lo que se quiere en Europa son estas medidas de la Comisión y también las excepciones a las reglas de inmigración y asilo, se puede decir que ha tenido un cierto resultado”. Las propuestas dan de algún modo cobertura a la durísima respuesta del Gobierno ultranacionalista de Polonia, que ha blindado la frontera con miles de policías y militares y prohibido el acceso a testigos incómodos. Incluso el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció que Varsovia le había denegado el acceso a la zona, pero logró documentar devoluciones en caliente de personas que habían solicitado protección internacional, incluidos niños.

Bruselas se dirige, decisión tras decisión, hacia un férreo control de los bordes comunitarios. La agencia europea Frontex, que prevé sumar 10.000 agentes frente al millar actual, batió récords de devoluciones de inmigrantes en situación irregular en la primera mitad del año. Los retornos forzosos y voluntarios se erigen así en uno de los pilares del nuevo plan migratorio, consistente en limitar la permanencia en suelo comunitario exclusivamente a los que tienen derecho al asilo y acelerar las expulsiones del resto de migrantes que llegan a Europa.

Rego cree que no toda la culpa es de Minsk, por mucho que a uno no le guste lo que está pasando en ese país. “Bielorrusia no tendría instrumentos contra la UE si contáramos con otro tipo de política migratoria”, argumenta. Esto es: una que facilite vías legales de entrada y no acumule millares de personas al otro lado de un “muro” esperando a jugarse la vida para entrar. “La UE le entrega la llave a estos señores al mando de Gobiernos autoritarios”, añade Rego recordando lo sucedido con Turquía durante la crisis de refugiados de 2015, cuando la UE se vio obligada a formalizar un acuerdo con Ankara de 6.000 millones de euros para que frenara a los migrantes; o el episodio más cercano con Marruecos. La crisis de Ceuta, que mantuvo a España en vilo en mayo con la entrada de 10.000 personas desde Marruecos, refleja cómo la geopolítica y las crisis humanitarias se han entrecruzado hasta cobrar un nuevo significado: el episodio tuvo lugar tras un desencuentro diplomático, cuando España acogió al líder del Frente Polisario, Brahim Gali, para tratarlo de covid en un hospital de Logroño.

Soldados polacos custodian la frontera con Bielorrusia, en noviembre, ante los intentos de miles de migrantes de cruzar.
Soldados polacos custodian la frontera con Bielorrusia, en noviembre, ante los intentos de miles de migrantes de cruzar.
HANDOUT (Europa Press)

Una larga tradición

El uso político de migrantes no es un fenómeno nuevo. Existe una larga tradición de coacciones para obtener réditos políticos, argumenta la académica Kelly M. Greenhill, autora del libro Weapons of mass migration (Armas de migración masiva). Esta profesora ha identificado decenas de casos desde 1951 ―cuando entró en vigor la convención de Ginebra sobre el Estatuto del Refugiado― que van del éxodo del Mariel de Cuba a Estados Unidos (en 1980) al reclamo de 5.000 millones de euros a Europa por parte del dictador libio Muamar el Gadafi, en 2010, para evitar que la UE se convirtiera “en un nuevo continente negro”.

“Los países europeos siempre han sido objeto de este tipo de coacción”, señala Greenhill a través del correo electrónico. “Pero mientras que Estados Unidos fue el objetivo más popular durante la década de 1990, los países de la UE lo han sido mucho más frecuentemente en la última década. Esto es así, en parte, por la explosión de desplazados involuntarios como consecuencia de las guerras en Afganistán, Irak, Libia, Siria, etc”.

La académica no tiene claro que lo ocurrido en la frontera con Bielorrusia sea un caso de coacción política. “Podría tratarse simplemente de un tipo de migración diseñada para incomodar, avergonzar o desestabilizar a la UE, y no para extraer concesiones políticas, militares o económicas”, explica. Greenhill cree que responder endureciendo las políticas contra inmigrantes y solicitantes de asilo quizá permita escapar de la presión en el corto plazo, “pero con un gran coste potencial a largo plazo, así como una mayor vulnerabilidad a este tipo de coerción en el futuro”. “El endurecimiento de las políticas a menudo no hace más que retrasar los problemas”, concluye. “Y cuando estos vuelven a surgir suelen ser aún mayores de lo que eran al principio”.

Tampoco tiene una respuesta sobre cómo actuar: transigir con las demandas políticas, dice, puede implicar “una escalada de las demandas en el futuro”. Y recuerda que, en ocasiones, quienes ejercieron presiones sí lograron sus objetivos. “Algunos de los que tuvieron más éxito, sin embargo, pagaron un precio enorme tras excederse en su uso”. Y pone como ejemplo a Gadafi: el sátrapa acabó muerto tras las primaveras árabes de 2011 y la intervención militar de la OTAN.

En la UE, la llamada Brújula Estratégica, un documento aún confidencial que elabora el departamento de Borrell, pretende dotar de orientación geopolítica al club comunitario. “Nos enfrentamos a una peligrosa mezcla de agresiones armadas, anexiones ilegales, Estados frágiles, potencias revisionistas y regímenes autoritarios”, dice el documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS. Un “caldo de cultivo para múltiples amenazas a la seguridad europea”, añade. Entre las que incluye la migración irregular, una clasificación que refleja la manera de tratarla.

“El mundo se ha vuelto más hostil hacia Europa”

Marija Golubeva, ministra del Interior de Letonia, cree que no es Europa la que ha endurecido su respuesta. Es el mundo ahí fuera el que ha cambiado. “Ha habido un retroceso general hacia el autoritarismo”, dice en una entrevista mantenida en diciembre en Bruselas con EL PAÍS. Tras la crisis con Bielorrusia, su país comenzó a levantar una verja de separación y ha reclamado a la Comisión que la pague (algo a lo que esta se ha negado) y también mayor flexibilidad en la aplicación de las normas de asilo (algo que está en marcha).

“No todas las situaciones, por desgracia, son propicias para que ejerzamos plenamente todos los procedimientos de asilo, que en circunstancias normales ejerceríamos”, asevera Golubeva. “Tenemos que ser más ¿cómo decirlo? Tenemos que equilibrar nuestros compromisos con el mundo real de ahí fuera, que cada día se vuelve más hostil hacia Europa”. La ministra letona asegura que respetar el procedimiento completo de asilo en situaciones como la vivida provocaría que inmediatamente Bielorrusia tratase de organizar un grupo de migrantes aún mayor. “Es un intento muy consciente de explotar nuestro compromiso internacional y el ethos humanitario europeo”, sentencia.

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