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Foto Univalle

El Consejo Superior de la Universidad aprobó la creación del programa de Derecho con énfasis en derecho público y administrativo. La iniciativa recibió el aval de los consejeros en la sesión de este órgano directivo que se cumplió ayer, 28 de marzo, en la Gobernación del Valle del Cauca y fue propuesta por el consejero Jesús Marino Ospina Mena, representante de la Presidencia de la República que dirige el Instituto Colombiano de Contratación Estatal y Servicios Públicos – INCOES.

El Consejo también determinó que será necesaria la apertura de una nueva unidad académica para el funcionamiento de este programa.“Después de una larga deliberación, consideramos que esta iniciativa requiere como condición la creación de una nueva unidad académica en la universidad, con cupos presupuestales para docentes nuevos que se encarguen de gestionar el programa de Derecho. En las distintas unidades académicas contamos con profesores con doctorados y maestrías en el área que puedan trasladarse o participar colaborativamente”, señaló el rector Edgar Varela Barrios.

Se prevé que la Vicerrectoría Académica y la Vicerrectoría Administrativa, con el acompañamiento del Consejo Superior, trabajarán en los próximos meses en el ajuste de todos los trámites legales para la creación de la nueva unidad académica y la formulación del programa de pregrado, una tarea que no iniciará desde cero, pues Univalle ha planteado en varias ocasiones la necesidad de esta oferta académica.

“Con el aval del Consejo Superior, que se dio por mayoría de sus miembros, tenemos el camino despejado para que la Universidad salde una deuda con la sociedad colombiana: la de ser una gran universidad pública que no tiene estudiantes de derecho, en este caso, con énfasis en derecho público y administrativo”, puntualizó el rector.

Fuente: Univalle

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El expresidente Juan Orlando Hernández, el pasado 15 de febrero tras su detención en Tegucigalpa.
El expresidente Juan Orlando Hernández, el pasado 15 de febrero tras su detención en Tegucigalpa.Elmer Martinez (AP)

Un juez de la Corte Suprema de Justicia de Honduras ha aprobado este miércoles la extradición a Estados Unidos del expresidente Juan Orlando Hernández, donde es señalado de estar vinculado al narcotráfico y de introducir en ese país miles de kilos de cocaína durante el periodo en que fue presidente de Honduras (2014-2022). “El juez de extradición de primera instancia, luego de haber escuchado los argumentos de prueba presentados por el equipo de la defensa y toda la documentación enviada por el Estado requirente, considera que es procedente declarar la extradición”, confirmó el portavoz del organismo judicial, Melvin Duarte, tras una audiencia inusualmente larga, que se extendió por más de 11 horas.

El exmandatario fue detenido el 15 de febrero, después de que el Gobierno de Joe Biden solicitara la extradición del exmandatario, que dejó su cargo en enero. Washington también le había retirado la visa estadounidense e incluido en el listado de “actores corruptos y antidemocráticos”. La defensa de Hernández tiene ahora un plazo de tres días para apelar ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia, algo que harán según han adelantado sus abogados.

Sobre Hernández, quien mantuvo el poder en 2018 bajo fuertes protestas que se desarrollaron en las principales ciudades del país, pesan fuertes acusaciones de un fiscal de Nueva York, que lo señala de haber recibido en 2013 sobornos de narcotraficantes para financiar su primera campaña presidencial. En las acusaciones, se afirma que Hernández ha dado protección a líderes “narcos” e incluso han publicado una supuesta cita del mandatario en la que afirma que quería “meter la droga en las narices de los gringos inundando los Estados Unidos de cocaína”.

En marzo pasado, el juez Kevin Castel, de la corte federal de Manhattan, condenó a cadena perpetua, más otros treinta años de cárcel, Juan Antonio Tony Hernández, hermano del expresidente. En octubre de 2019, un jurado popular de Nueva York halló culpable a Tony Hernández de cuatro cargos que presentó el Departamento de Justicia de Estados Unidos relacionados con narcotráfico, incluyendo el envío de toneladas de cocaína a territorio estadounidense.

La primera audiencia del expresidente ante un juez designado por la Corte Suprema se llevó a cabo el 16 de febrero en la sede de la Suprema y bajo un riguroso dispositivo de seguridad. De esta manera, Hernández se ha convertido el primer expresidente de Honduras que es exigido por la justicia de Estados Unidos. El mandatario gobernó de forma controvertida y autoritaria el país centroamericano durante ocho años, los últimos cuatro bajo una polémica reelección en noviembre de 2017, aún cuando la Constitución no se lo permitía. Hernández logró que el Tribunal Electoral aprobara en diciembre de 2016 su candidatura para participar en las elecciones. El expresidente forjó un fuerte control de las instituciones, principalmente en organismos clave como la Sala Constitucional, que en abril de 2015 declaró inaplicable para él el artículo pétreo de la Carta Magna hondureña que prohíbe la reelección presidencial. Se trata de las mismas ambiciones de reelección que al expresidente Manuel Zelaya le costaron el cargo en Honduras, expulsado por un golpe de Estado en 2009.

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La exprimera dama de Honduras y esposa de Hernández, Ana García, dijo el lunes que él es víctima de una venganza orquestada por parte de narcotraficantes hondureños “que fueron extraditados” (entre 2014 y 2021), de los que “en su mayoría se entregaron y negociaron allá en Estados Unidos” para lograr que les rebajaran sus penas. “Han empezado a decir una serie de mentiras y una serie de falsedades que estoy segura de que no van a poder probar aquí en nuestro país, pues sus testimonios no tienen la veracidad, ni tienen las pruebas, ni el soporte”, subrayó García al indicar que su esposo es inocente.

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La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la madrugada del jueves, con apoyo bipartito, una partida de ayudas para Ucrania dotada de 13.600 millones de dólares (12.300 millones de euros), dentro de un gran paquete de gasto por valor de 1,5 billones de dólares (1,4 de euros), que asegura la financiación del Gobierno federal hasta septiembre. Republicanos y demócratas votaron también, con una abrumadora mayoría, a favor de un proyecto de ley para vetar la importación de petróleo y gas procedente de Rusia, medida que ya ha sido impulsada por la Administración de Joe Biden y que convierte esta legislación en un símbolo de apoyo.

La invasión rusa de Ucrania ha suscitado una cohesión poco común entre conservadores y progresistas en el Capitolio estadounidense. Antes de que la Casa Blanca hubiese decidido el embargo de los hidrocarburos del gigante euroasiático, legisladores de uno y otro signo ya se habían puesto de acuerdo en una ley que prohibiera esas importaciones y que hubiese puesto a Biden en una situación complicada. Esa es la que salió adelante la noche del miércoles en la Cámara baja, con 414 votos a favor y 17 en contra, para su posterior debate en el Senado y firma final del presidente.

La partida de apoyo a Ucrania es de carácter militar y humanitario, con unos 6.700 millones de dólares (algo más de 6.000 millones de euros) en fondos para responder a la gran crisis de refugiados que ha desencadenado el conflicto —ya hay 2,2 millones de desplazados—, y ayudas económicas al país atacado, y alrededor de 6.500 millones (unos 5.900 millones de euros) para el apoyo militar del Pentágono.

Es el auxilio de Ucrania lo que ha ayudado a salvar el programa de gasto de 1,5 billones (1,4 de euros) dos días antes de que venciese la fecha límite de financiación del Gobierno federal, lo que ha evitado un cierre de la Administración federal, es decir, la suspensión de actividades no esenciales. El plan incluye fondos para combatir la violencia machista, aunque los demócratas han tenido que desistir de incluir el paquete de ayudas para la pandemia, de 15.600 millones de dólares (14.130 millones de euros) por disputas con los republicanos sobre su coste. El fondo, que el presidente Biden había reclamado al Congreso, debía servir para la compra de test, financiación de terapias y vacunas.

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Ebonni Chrispin de AIDS Healthcare Foundation habla durante una conferencia en oposición al proyecto de ley “Don't Say Gay”, el 2 de febrero en Tallahassee, Florida.
Ebonni Chrispin de AIDS Healthcare Foundation habla durante una conferencia en oposición al proyecto de ley “Don’t Say Gay”, el 2 de febrero en Tallahassee, Florida.AP

Los profesores de Florida no podrán hablar libremente con sus alumnos pequeños sobre la orientación sexual e identidad de género. El proyecto de ley conocido popularmente como “No digas gay” ha sido aprobado este martes por el Senado estatal controlado por los republicanos, por 22 votos a favor y 17 contra. La medida también permite que los padres demanden a los distritos escolares si sienten que sus hijos han recibido lecciones inapropiadas. Para que la ley entre en vigor solo falta la firma del gobernador conservador Ron DeSantis, quien ya ha adelantado que la promulgará.

El proyecto de ley, oficialmente llamado Proyecto de Ley de los Derechos de los Padres, establece que “las enseñanzas del personal de la escuela o de terceros sobre orientación sexual o identidad de género no pueden ocurrir desde la guardería hasta el tercer grado [cuando los niños tienen entre ocho y nueve años] o de una manera que no sea apropiada para la edad o el desarrollo de los estudiantes de acuerdo con las normas estatales”.

La Casa Blanca, los legisladores demócratas y las organizaciones a favor de los derechos LGBTQ+ han criticado que el texto no especifica qué se entiende por “apropiada para la edad” o el “desarrollo de los estudiantes” y que podrían interpretarse de manera tan subjetiva que cualquier grado de discusión sobre el tema podría desencadenar una demanda por parte de los padres por violar la futura ley. Este riesgo, plantean los contrarios al proyecto, podría derivar en que los educadores no aborden el tema en absoluto.

Una vez aprobada la normativa en el Senado estatal, el secretario de Educación de EE UU, Miguel Cardona, sostuvo en un comunicado que “los líderes en Florida están dando prioridad a proyectos de ley odiosos que perjudican a algunos de los estudiantes más necesitados”. “El Departamento de Educación ha dejado en claro que todas las escuelas que reciben fondos federales deben cumplir con la ley federal de derechos civiles, incluidas las protecciones del Título IX contra la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género”, agregó.

El texto “envía un mensaje terrible a nuestra juventud de que hay algo mal con las personas LGBTQ, que hay algo tan peligroso o inapropiado en nosotros que tenemos que prohibirnos y censurarnos en el salón de clases”, ha planteado el congresista demócrata Carlos G. Smith, quien es gay. La postura de los republicanos de Florida es que son los padres los que deben abordar estos temas con sus hijos, no los profesores.

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Una niña mira a un policía en la frontera de Polonia y Hungría.
Una niña mira a un policía en la frontera de Polonia y Hungría.Deml Ondøej (Europa Press)

La guerra en Ucrania está derribando varios tabúes en la Unión Europea. Este jueves ha sido el turno de la acogida masiva de personas que huyen de una catástrofe. El marco legal, en forma de directiva, estaba listo desde hace más de dos décadas. Pero nunca hasta ahora se había activado, ni con la llegada masiva de refugiados de Siria en 2015. Ahora lo han hecho los ministros del Interior de la UE, al dar el visto bueno a la propuesta que les hizo la Comisión Europea el día anterior, según ha anunciado el titular francés de Interior, Gérald Darmanin, que posteriormente ha comparecido junto a la comisaria europea del ramo, Ylva Johansson. La Unión abre así las puertas de par en par al masivo éxodo ucranio.

No hay precedentes de una decisión así. Al igual que ha ocurrido con la financiación de los envíos de material bélico a Ucrania o con la contundencia de las sanciones, la UE se adentra en caminos inexplorados en su severa respuesta a la agresión rusa a la antigua república soviética.

La decisión persigue no solo facilitar la llegada de cientos de miles de ucranios asediados por los bombardeos del presidente ruso, Vladímir Putin, sino también que puedan permanecer en la UE durante al menos un año, plazo renovable si fuera necesario. La directiva de 2001 se aprobó con la memoria reciente del conflicto en los Balcanes. “Los casos de afluencia masiva de personas desplazadas que no pueden volver a su país de origen han aumentado considerablemente estos últimos años en Europa”, justifica el texto, que cumplirá 21 años en agosto. En él se garantiza un amplio abanico de derechos a quienes huyen de algún tipo de catástrofe. Y en estas calamidades se incluye, por supuesto, una guerra como la que estos días sufre Ucrania. La norma comunitaria contempla ofrecer protección a los que lleguen en ámbitos como los permisos de residencia y trabajo, el acceso a la vivienda, la asistencia social y médica. Los menores también tienen derecho a educación.

El alcance de la medida es amplísimo, ya que no hay restricción alguna para los ucranios que salgan o hayan salido de su país desde el 24 de febrero, cuando comenzó la guerra. Tampoco para quienes residan en el país del este y tengan el estatus legal de refugiados. La situación cambia para quienes vivieran en Ucrania por trabajo o estudios. En estos supuestos, la directiva de protección temporal no se les aplica, y se deja en manos de los Estados miembros y de sus legislaciones. No obstante, la comisaria Johansson ha señalado en su comparecencia que sí se les permitirá la entrada y se les dará ayuda, aunque tendrán que volver a sus países de origen.

El número de personas que salen de Ucrania por la guerra se cuenta por centenares de miles diarios. Cuando la Comisión redactó su propuesta hace unos días, lo cifraba en 650.000. Al aprobarse la activación de la directiva, este jueves, el volumen total ya supera el millón de personas. ACNUR, la agencia de Naciones Unidas para los refugiados, estima que, si el conflicto se alarga, podrían llegar a superar los cuatro millones, un desplazamiento masivo de un volumen desconocido en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

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Suspicacias de los países

La aprobación de la iniciativa de la Comisión, sin embargo, no ha sido tan sencilla como parecía al comienzo del día. Las suspicacias de varios países han puesto en riesgo la activación de la medida. Fuentes comunitarias detallan las reticencias de varios países del este y centro de Europa, entre ellos algunos de los que han abogado por acciones más contundentes en otros campos, como las sanciones económicas o los envíos de material bélico. Polonia, Eslovaquia, Lituania, Rumania, República Checa y Hungría han pedido más tiempo para analizar la propuesta de la Comisión, según estas fuentes.

Las personas que gocen de esta protección temporal podrá moverse libremente por cualquier Estado de la UE y tendrán garantizados esos derechos durante un año, un periodo que podrá prorrogarse por seis meses dos veces. No obstante, el Ejecutivo comunitario podrá proponer que se acorte el plazo, “siempre que se pasara a una situación en Ucrania que permitiese un retorno seguro y duradero de las personas a las que se concede la protección temporal”, apuntaba la Comisión el miércoles. Bruselas también podría reclamar una prórroga de un año de esta protección especial. Este estatus de protección no supone, sin embargo, considerar como refugiados a los que llegan a través de este mecanismo. Ellos deben solicitarlo si quieren pasar a esa situación y corresponde a los Estados decidir si conceden la petición o no.

En la propuesta de la directiva, no se especifica cuánto dinero podría destinarse a aplicar esta decisión porque “debido a la naturaleza de esta propuesta, no es posible estimar a priori el impacto presupuestario”. Lo que sí aclara es que los fondos saldrán de remanentes destinados a migración, asilo y fronteras contemplados en los periodos presupuestarios 2014-20 y 2021-27.

Varios países de la UE ya estaban aplicando a las personas procedentes de Ucrania muchos de los contenidos previstos en la norma de 2001. Este ha sido otro de los argumentos esgrimidos para convencer a los países más remisos a aplicarla. Sin embargo, la Comisión defiende que así se establece un suelo mínimo de derechos en toda la Unión para los ucranios que salgan de su país. De esta manera, pueden moverse libremente por los 27 Estados miembros con unas garantías mínimas en todo el territorio comunitario.

Uno de los problemas que se están encontrando los refugiados ucranios al salir de su país está en el cambio de moneda. Muchos no pueden cambiar su divisa por la moneda del país al que llegan. Esto ha provocado que un grupo de eurodiputados envíen una carta a la presidenta del BCE, Christine Lagarde, para pedirle que establezca una línea con el Banco de Ucrania que facilite estos cambios de divisa y que apoye a los bancos centrales de Polonia, Hungría, Rumania, República Checa y Eslovaquia. De esta lista, solo este último país está integrado en la zona euro.

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El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dado luz verde al despliegue de unas 3.000 tropas adicionales en el Este de Europa en los próximos días en respuesta a la presión militar de Rusia en la frontera con Ucrania, según han informado este miércoles fuentes de la Administración. El líder de Estados Unidos, que sigue las recomendaciones del Pentágono, ya avanzó el viernes que la decisión sería efectiva en breve y que no afectaría a un gran número de efectivos.

Un total de 2.000 soldados proceden de la gran base militar de Fort Bragg, en Carolina del Norte, y se desplegarán por Polonia y Alemania, mientras que otro millar actualmente destacado en un escuadrón de Alemania se desplazará a Rumania, país en el flanco este del territorio de la OTAN más cercano a Rusia. El Departamento de Defensa estadounidense dará detalles de la operación este miércoles en rueda de prensa.

En paralelo, Estados Unidos también mantiene en situación “de alerta” a 8.500 soldados para movilizarlos en caso de necesidad y Biden apuntó el viernes que pensaba enviar tropas “a corto plazo” a Europa del Este y los países de la OTAN (Ucrania no es uno de ellos).

El anuncio tiene lugar mientras prosiguen sin avances los contactos diplomáticos entre Rusia y los aliados de la OTAN. El Kremlin asegura que no pretende invadir Ucrania, pero mantiene más de 100.000 soldados en la frontera de la antigua república soviética y la anexión ilegal de la península de Crimea en 2014 resulta un precedente clave en los temores de Occidente. Para reducir la presión sobre la antigua república soviética, Moscú reclama garantías a la Alianza de que no se expandirá en el Este de Europa y, en concreto, no incorporará a Ucrania.

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Vista aérea de la Laguna del Condado en San Juan, la capital de Puerto Rico.
Vista aérea de la Laguna del Condado en San Juan, la capital de Puerto Rico.Laurie Chamberlain (Getty Images)

Puerto Rico se dispone a cerrar una etapa de incertidumbre fiscal y financiera tras aprobar la justicia de EE UU un plan de reestructuración de su deuda pública por valor de 33.000 millones de dólares. El Estado libre asociado presentó hace casi cinco años una declaración de bancarrota, siendo el primero de Estados Unidos que daba este paso. El sancionado este martes es el mayor acuerdo de reestructuración de deuda pública en la historia del país.

Las autoridades de la isla presentaron en octubre pasado el denominado Plan de Ajuste de Deuda (PAD), que contempla reducir la deuda pública de 70.000 millones a 34.000 millones de dólares para preservar los servicios públicos esenciales. Este martes Laura Taylor Swain, la jueza federal encargada de aplicar la ley de quiebras, ha dado su visto bueno al plan.

Para las autoridades de la isla, la confirmación del PAD supone “un gran paso para la recuperación económica”. La gestora que desde 2016 supervisa las finanzas del territorio ha saludado en su cuenta de Twitter la noticia, calificándola de “nuevo capítulo en la historia” de la isla. “La Junta de Supervisión y Gestión Financiera de Puerto Rico está en deuda con la jueza Swain por su incansable liderazgo, su ejemplar diligencia y su dedicación para [alcanzar] una solución justa a la crisis de Puerto Rico”, explica la gestora en un hilo de Twitter.

“Todavía nos queda mucho trabajo por delante”, ha declarado por su parte Pedro R. Pierluisi, gobernador de la isla. “El acuerdo, aunque no perfecto, es muy bueno para Puerto Rico porque protege a nuestros pensionistas, a la universidad y las municipalidades que están al servicio de nuestro pueblo”.

La junta gestora, creada por el Congreso, no goza de simpatías entre la población de la isla, de algo más de tres millones de habitantes, muchos de los cuales se refieren a ella como “la junta”. Los más críticos con la reestructuración temen también que el territorio carezca de la suficiente liquidez y sea incapaz de hacer frente incluso a los pagos reducidos de la deuda a largo plazo, viéndose obligado en ese caso a adoptar medidas de austeridad más estrictas que atizarían la insatisfacción de la población.

A la declaración de bancarrota, hace casi cinco años, se han sumado los estragos de varios huracanes, una serie de terremotos y la pandemia del coronavirus, factores que han agravado la crisis económica y el descontento social. Según los términos reflejados en el PAD, la reestructuración implica reducir la mayor parte de la deuda pública, unos 33.000 millones de dólares, en aproximadamente un 80%. El plan también le ahorrará al Gobierno más de 50.000 millones en pagos del servicio de la deuda.

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Cuando Puerto Rico presentó la declaración de quiebra, en mayo de 2017, la deuda pública se elevaba a más de 70.000 millones en bonos y más de 50.000 millones en obligaciones de pensiones no financiadas para los trabajadores públicos. Siguen pendientes de resolución las quiebras de otras entidades públicas, como la eléctrica de la isla. La puertorriqueña no es la primera administración norteamericana que suspende pagos. En 2013, Detroit, la antaño floreciente meca de la industria del automóvil, fue la primera ciudad de EE UU en presentar una declaración de bancarrota.

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La nueva capital de Indonesia se llamará Nusantara y estará ubicada en la isla de Borneo. El proyecto de cambiar la capital de la congestionada Yakarta a otro lugar del archipiélago había resonado en el discurso de varios de los presidentes del país durante décadas y, desde hoy, está más cerca de convertirse en realidad. El Parlamento indonesio ha aprobado una ley para cambiar la capital de la nación de Yakarta, en la isla de Java, a un área de la jungla de Kalimantan, en Borneo, isla que Indonesia comparte con Malasia y Brunéi.

La nueva ley aprobada este martes proporciona un marco legal para el ambicioso y multimillonario proyecto del presidente Joko Widodo ―valorado en unos 466 billones de rupias (28.400 millones de euros)― y estipula cómo se dirigirá y financiará el desarrollo de la capital. La nueva urbe capitalina, ubicada más de 1.000 kilómetros al este de Yakarta, ha sido concebida como un territorio bajo en emisiones de carbono, que apoyará a los sectores farmacéutico, médico y tecnológico y promoverá un crecimiento sostenible más allá de la isla de Java, la más poblada de las 17.000 que componen el archipiélago.

“La nueva capital tendrá una función centralizadora y será un símbolo de la identidad de la nación, así como un nuevo súper centro de gravedad económico”, expresó el ministro de Planificación, Suharso Monoarfa, después de que se aprobase la ley. A pesar de que las funciones administrativas de la nación se trasladarán a la nueva Nusantara, analistas consideran que Yakarta continuará siendo el centro financiero y comercial del país y que la mayoría de sus casi 10 millones de habitantes continuarán viviendo allí.

El pasado agosto, Widodo anunció que el Estado asumirá un 19% del coste de construcción de la nueva capital ―de unos 400 kilómetros cuadrados, menos que la superficie total de Madrid―, mientras que el resto se financiará a través de proyectos público-privados y de inversión privada. El presupuesto inicial incluye la edificación de las nuevas oficinas del Gobierno, así como de residencias para alrededor de un millón y medio de funcionarios públicos que deberá reubicarse en Nusantara. Rebasada la instancia del Parlamento, está previsto que las obras empiecen a lo largo de este año. El Gobierno, por su parte, aspira a trasladar a sus trabajadores para 2024.

La pandemia provocó que Widodo se viera obligado a aparcar la puesta en marcha de este plan que anunció en 2019 hasta ahora. El lunes, durante un acto de conmemoración por el aniversario de la Universidad Católica Parahyangan, en Bandung, Jokowi, como se conoce popularmente al mandatario indonesio, aseguró que el proyecto de una nueva capital no será un mero traslado de las oficinas gubernamentales.

“El objetivo principal es construir una ciudad inteligente, una urbe competitiva a nivel internacional, que sea la nueva locomotora que transforme nuestro país. Será el punto de partida para una Indonesia basada en la economía ecológica, a través de la innovación y la tecnología”, agregó el presidente. El nombre elegido, Nusantara, es un antiguo término javanés que significa “islas exteriores” y con el que generalmente se conoce el archipiélago indonesio en el idioma local.

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Jokowi afirma que la reubicación se realiza para atajar el problema de desigualdad de la nación y aliviar la congestión de Yakarta y la isla en la que se ubica. Java es hogar del 60% de la población del país y en ella se desarrolla más de la mitad de la actividad económica de toda Indonesia. La región de Kalimantan, por su parte, es casi cuatro veces más grande, pero alberga menos de una décima parte del PIB. Su ubicación también es más céntrica que la de la actual capital.

Yakarta hace frente, además, a urgentes retos medioambientales. La ciudad figura a menudo en el ranking de las más contaminadas del mundo. En septiembre de 2021, un tribunal de Yakarta encontró culpable por prácticas negligentes al Gobierno por la mala calidad del aire provocada por los millones de motocicletas que a diario ocupan sus calles y las plantas energéticas ubicadas en las provincias vecinas de Banten y Java Occidental. Expertos estiman que la polución del aire provoca que 5,5 millones de personas enfermen cada año en la región.

Además, áreas del norte de Yakarta se están hundiendo a un ritmo de 25 centímetros anuales. La ciudad no canaliza suficiente agua potable y los locales dependen en gran medida de pozos que utilizan para extraer agua de acuíferos poco profundos, lo que provoca que la tierra que se encuentra en la superficie se esté hundiendo.

El proyecto de Widodo, sin embargo, también cuenta con sus detractores quienes consideran que la aprobación de la ley ha sido precipitada y que la decisión se ha tomado tras realizar escasas consultas públicas y a expertos medio ambientales. Kalimantan es uno de los pocos lugares del mundo en los que los orangutanes viven en su hábitat natural y, a pesar de que desde el Ministerio de Planificación reiteran que la construcción de esta nueva urbe no alterará los bosques protegidos, existe el temor de que con el aumento del número de residentes en Borneo los bosques pluviales característicos de la región sufran un impacto negativo.

Nusantara se suma a una pequeña lista de ciudades que han asumido esa responsabilidad político administrativa a nivel nacional. En 1960, Brasilia reemplazó a Río de Janeiro como capital brasileña y en 2005 Naipyidó a Rangún, en Myanmar.

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La Cámara baja del Parlamento polaco, el Sejm, ha aprobado este jueves un proyecto de reforma de la ley educativa que refuerza el control del Estado sobre las escuelas y los contenidos educativos extracurriculares que se imparten en las mismas. Con la nueva norma, el Ejecutivo busca eliminar de los colegios contenidos no conformes con las ideas del Gobierno ultraconservador de Ley y Justicia (PiS, en sus siglas en polaco), y especialmente los relacionados con la educación sexual, según sus detractores. El ministro de Educación y Ciencia, Przemysław Czarnek, argumenta que el Estado debe poder bloquear todo lo que suponga “una amenaza a la moralidad de los niños”.

El borrador del texto, conocido como Lex Czarnek por el apellido del ministro, fue aprobado por el Consejo de Ministros en noviembre, y tras varios retrasos, ha sido sometido este jueves a votación. La ley, que ha generado protestas de colectivos de docentes y organizaciones de defensa de los derechos LGTBI, confiere más poder a los superintendentes de las escuelas, unos gestores regionales que dependen directamente del ministerio. Con la reforma, esta figura del sistema educativo polaco podrá censurar contenidos y actividades extracurriculares que imparten ONG, sobre las que los directores de los centros estarán obligados a informarle y pedir autorización. Los superintendentes tendrán además competencias para influir en la elección de los directores y para despedirlos.

En el debate parlamentario de este miércoles en la víspera de la votación, el ministro defendió la centralización del sistema educativo. Sostuvo que por la “falta de supervisión se politizan las escuelas” y que la intención de la ley es “despolitizarlas”, según declaraciones recogidas por el periódico Gazeta Wyborcza. “El Estado tiene el deber de proteger al niño”, afirmó.

El ministro es conocido por sus declaraciones homófobas y machistas, como las que hizo en la televisión pública en un debate: “Dejemos de escuchar estas idioteces sobre los derechos humanos. Esta gente [en referencia a las personas LGTBI] no son iguales que la gente normal”. También ha llamado a las escuelas a centrarse en enseñar a las niñas “virtudes femeninas”, según la agencia Reuters.

Las escuelas pasan por un momento de crisis, como explica por teléfono Iga Kazimierczyk, pedagoga y presidenta de la fundación Espacio para la Educación. Los profesores están dejando sus puestos, los salarios son bajos y, tras la pandemia, los alumnos están experimentando problemas sociales, emocionales y de conducta. En el sistema educativo polaco, las ONG son clave al proporcionar actividades que complementan el currículo educativo con contenidos cívicos y ayuda en momentos de crisis y conflictos. La reforma de la ley, que estipula que el permiso a los superintendentes se debe tramitar con dos meses de antelación, dificulta la organización en las escuelas, que pierden su autonomía. Además, por más que los padres y los profesores estén de acuerdo en los contenidos, el intermediario del ministerio puede vetarlos.

“Puede no parecer algo grave o peligroso, pero con el Gobierno que tenemos, es un riesgo serio”, señala Kazimierczyk. “Lo que introduce la ley es un mecanismo, pero detrás está la intención de eliminar la enseñanza de los derechos humanos, la educación sexual y los derechos del colectivo LGTBI, y la no discriminación”, prosigue.

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A cambio, el ministerio quiere imponer una asignatura obligatoria llamada Historia y presente, con “contenido sacado de la narrativa del PiS”, que incluye asuntos como su visión de la UE, el catolicismo, Juan Pablo II, etc. “No es nada neutral, y la educación debe serlo”, dice la también activista del movimiento Ciudadanos por la Educación. “Las escuelas volverán a ser como en los 60 y los 70 [en la época comunista], un lugar donde se pasarán mensajes oficiales del Gobierno a los alumnos”, lamenta. “Servirán para aparcar a los niños, no para contribuir a hacer un mundo mejor”.

“Los alumnos que forman parte de la comunidad LGTBI tienen miedo porque se van a quedar solos, sin poder hablar con nadie”, afirma Dominik Kuc, un joven activista que elabora desde 2018 la clasificación de las escuelas inclusivas en Polonia y es miembro de una ONG que trabaja en el ámbito de la educación y la diversidad. “Será imposible ofrecer información sobre la no discriminación o intervenciones cuando sean necesarias”, denuncia en conversación telefónica, y subraya que en Polonia “la comunidad LGTBI está completamente borrada del currículo educativo”. Para Remy Bonny, de Forbidden Colours, una organización europea de defensa de los derechos LGTBI, “esta ley es una versión light” de las conocidas como leyes antipropaganda LTGBI de Hungría y Rusia.

Antes de que la ley, que lleva tiempo en el debate público, se aprobase, sus efectos empezaron a sentirse en el sistema educativo. El año pasado, a instancias de la superintendente de la región de Malopolska, y de las autoridades locales, despidieron a la directora de la escuela primaria de Dobczyce. Como publicó ONET, el motivo fue la organización de una charla sobre la Constitución del juez Waldemar Żurek, que se ha convertido en una figura en Polonia por su defensa del Estado de derecho, lo que le ha costado 12 expedientes disciplinarios.

Tras su paso por el Sejm, la norma deberá ser debatida y votada en el Senado, que se prevé que la rechace. La decisión final le corresponderá al presidente ultraconservador Andrzej Duda, que se espera que la apoye. Durante su campaña electoral, Duda prometió “defender a los niños de la ideología LGTBI”.

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Hito científico: Estados Unidos aprueba primer tratamiento contra el alzheimer en 20 años

PPD aprueba en Consejo General proclamar como candidata presidencial a Paula Narváez

[AHORA]📋Comisión de Hacienda aprobó en particular y en general proyecto de ley que modifica Ingreso Familiar de Emergencia.

Mañana será votado en Sala del Senado durante sesión especial.
▶️https://t.co/fHZ4EDJxja pic.twitter.com/x1jwNilv0c

— Senado Chile (@Senado_Chile) June 5, 2021

En sesión especial, este sábado, la sala de la cámara alta revisará y votará el proyecto.

En lo particular, la comisión aprobó el incremento del IFE por unanimidad y se logró acuerdo para retirar todas las indicaciones para que mañana se pueda despachar a ley la iniciativa.

Uno de los acuerdos logrados, sería que se haga un esfuerzo para que el aporte llegue a la mayor cantidad de personas en el Registro Social de Hogares.

De todas formas, mayor claridad sobre el proyecto habrá mañana cuando el Ejecutivo presente un texto con los acuerdos que serán materializados en el reglamento y eventuales mejores en ayudas a pymes.

Este jueves la Cámara de Diputados había aprobado también por unanimidad el proyecto en general contemplando las siguientes características.

El detalle del proyecto

– Se incrementan los montos del beneficio a las familias que se conforman por 3 y 4 integrantes, desde los montos propuestos por el gobierno a $100.000.

– Se establece que la familia es beneficiaria desde que hace su solicitud de ingreso al RSH, independiente cuando se le asigne el puntaje que lo califique, siempre que luego de esa asignación esté dentro del 100% del RSH y cumpla el requisito de poseer menos de $800.000 líquidos per cápita

– Se amplía el beneficio al mes de septiembre con un 50% del aporte de los meses anteriores, sin perjuicio de poder ser ampliado por más meses conforme a la situación sanitaria. (retroactividad)

– El beneficio será entregado de manera automática a las familias que han sido asignatarias de alguno de los beneficios indicados en la ley y estén registradas sus cuentas en alguna de las bases del Gobierno. Los que no estén, deberán solo ingresar sus datos de pago, sin que sea considerada postulación.

– Se establece la obligación de los municipios a brindar apoyo a las personas que no posean acceso a internet y que no puedan realizar dicha actualización, como adultos mayores. Todo esto a través de una atención presencial para aquello.

– Se establece que el beneficio ayudará a las familias de los hijos e hijas nacidos en Chile de extranjeros avecindados en nuestro país, independiente de su situación migratoria. Para ello tendrán hasta el 1 de julio para iniciar el trámite migratorio que corresponda. La sola solicitud habilita el beneficio.

Ife Universal Cámara de diputados

Gráfica de Cámara.cl



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La iniciativa pasa a la @Camara_cl de Diputadas y Diputados para su tramitación.https://t.co/fHZ4EDJxja pic.twitter.com/R4cqksfGEJ

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— Senado Chile (@Senado_Chile) June 2, 2021
 

La senadora Carolina Goic (DC) expresó que la propuesta «va a permitir extender este beneficio por tres meses más, para todas las mamás que ya han tenido pre y postnatal y que hicieron uso de la licencia COVID parental. Esto ha sido producto de un acuerdo transversal, que hemos hecho en la Comisión de Trabajo del Senado en conjunto con las diputadas mocionantes que plantearon inicialmente este tema, y la Comisión de Mujer y Equidad de Género».

«Esto va a significar un beneficio durante los próximos tres meses, en la medida en que siga vigente el Estado de Excepción constitucional, y se haya solicitado cuando esté vigente, independiente de que termine o no. Le damos certezas a la mamá de que podrán tener estos tres meses con un subsidio que va a ser de un monto piso de un millón de pesos en el caso de que así haya sido. Es decir, se va a cubrir hasta el 100% de lo que recibían como subsidio maternal en el caso de que tengan salario bajo un millón de pesos y por sobre eso el 70%», añadió la parlamentaria.

Luego, Goic explicó que «permite la cobertura íntegra del monto de la licencia para el 72% de las madres y se va a hacer con cargo a la ley de protección del empleo, es decir, al fondo solidario del seguro de cesantía en aquellos casos en que las trabajadoras tengan acceso. También contempla a las funcionarias públicas y aquellas mujeres independientes que no tienen el beneficio del seguro de cesantía, con financiamiento público. Es decir, es universal para todas las mujeres que hoy día tienen licencia y cobertura postnatal».



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En este nuevo trámite en la Cámara, el proyecto fue votado en particular y ahora pasará a la cámara alta.

La votación se dio a favor del articulado por 78 votos a favor, 55 en contra y 4 abstenciones. Desde el gobierno y la propia industria se han quejado de que la medida es inconstitucional y que se trata de aprovechar el alza del precio del cobre que ha tenido durante los últimos meses.

En Sala sí fue rechazada una indicación ingresada por el diputado comunista, Daniel Núñez, quien proponía derogar la invariabilidad tributaria con los que cuentan los contratos dentro de la industria.

El presidente de la comisión de Hacienda, Daniel Núñez, expresó que «esto le devuelve la dignidad a Chile y también reivindica la polpitica. Fuimos capaces de derrotar una campaña del terror. En los últimos días hubo en Chile una verdadera campaña del terror del consejo minero, del propio ministro de Minería, Juan Carlos Jobet, quienes nos dijeron que si se aprobaba este royalty iban a caer sobre Chile las penas del infierno. Es mentira».

«Lo que estamos haciendo es buscar una distribución equilibrada, una distribución justa de la riqueza que hoy día generan las grandes empresas mineras cuando el precio del cobre está muy cerca de llegar a su máximo histórico. Estamos asegurando que parte de esa riqueza, de esa espectacular ganancia, quede efectivamente en manos de Chile, del pueblo de Chile», añadió Núñez.

En tanto, el diputado Esteban Velásquez sostuvo que «ha aparecido un par de principios muy interesantes, que yo creo que tienen que ver con que nuestro país, este mismo Parlamento, hoy día adquieren un compromiso superior respecto a revalorizar nuestro patrimonio natural. Esto que tanto hablamos de respetar los recursos naturales, hoy día le hemos puesto valor agregado porque a través de un proyecto de ley en la Cámara de Diputados decimos que hoy ya basta de entender que sólo es la roca, es el cobre, la madera, la samuera, los bosques madereros».

«Hoy día comenzamos a revalorizar decir que no es suficiente que las empresas sólo de las utilidades después de todo lo deducible que ellos hacen. Hoy día comenzamos a establecer un derecho y un principio que tiene que ver con que las compensaciones lleguen en razón de este patrimonio natural», añadió el parlamentario.



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