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El fin de la guerra de Vladímir Putin contra Ucrania no parece cercano. Pese a las promesas de Moscú de reducir “drásticamente” los ataques en esa zona, las tropas del Kremlin han seguido bombardeando con fuerza Chernihiv, en el noreste del país, prácticamente sitiada por las fuerzas rusas y muy castigada por los bombardeos. Un día después de las conversaciones de paz en Estambul que ofrecieron pequeños avances en la senda del diálogo, Rusia también ha atacado los alrededores de Kiev pese a que, como en Chernihiv, se comprometió a no hacerlo para “aumentar la confianza mutua” en las conversaciones.

Ante la falta de avances en la capital y con sus tropas empantanadas y problemas logísticos, Moscú sigue presionando esas zonas, aunque centra sus esfuerzos en el este de Ucrania. Sobre todo en Donbás, donde han aumentado los esfuerzos para avanzar hacia la ciudad de Sloviansk, en la región de Donetsk, y progresa en la ofensiva sobre Mariupol, la localidad portuaria arrasada por las bombas de la que ya controlan una parte y donde están tratando de forzar una capitulación.

Las tropas rusas se han reorganizado también para desbaratar la contraofensiva ucrania en el sur, donde han hecho sus mayores avances hasta ahora con la captura de Jersón, la única capital regional que controlan. Moscú trata de mantener sus logros en ese flanco donde está usando como lanzadera militar la península de Crimea —que se anexionó ilegalmente en 2014— y avanzar sobre Mikolaiv y hacia el este, con el objetivo de rodear a las tropas ucranias en el Donbás desde el noreste y desde el sur, según el último análisis del Instituto para el Estudio de la Guerra.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, advirtió el martes por la noche que el país “no debería dejar de estar vigilante” tras el anuncio de Rusia de que reduciría sus actividades militares cerca de Kiev. El Gobierno ucranio y sus aliados occidentales son escépticos sobre los anuncios e intenciones de Putin. Este miércoles, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha recalcado que no hubo grandes avances en Estambul aunque ha señalado que la entrega de propuestas por escrito de Kiev es un “factor positivo”. “Todavía queda mucho trabajo por hacer”, ha insistido Peskov, que ha explicado que la delegación negociadora rusa se reunirá con Putin. Moscú trata de tener ventaja en la mesa de negociaciones.

Mientras, el ministerio de Defensa de Reino Unido ha señalado que las tropas de Putin se han visto obligadas a regresar a Rusia para reorganizarse y reabastecerse tras sufrir grandes pérdidas. El cambio de enfoque de Moscú hacia el Donbás es “probablemente una admisión tácita de que está luchando para mantener más de un eje de avance”. En su análisis, Londres ha advertido también de que Rusia “probablemente compense su reducida capacidad de maniobra terrestre a través de artillería masiva, ataques y misiles”.

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400 civiles muertos en Chernihiv

En Chernihiv, la situación es dramática, advierten las autoridades locales. En la ciudad han muerto unos 400 civiles desde que Putin lanzó la invasión. Quienes permanecen en la ciudad, con 285.000 ciudadanos censados antes de la guerra, una localidad tranquila y donde apenas nadie creía en la posibilidad de que el conflicto armado llegase a sus puertas, no tienen agua, electricidad ni gas. Esta noche y esta mañana han seguido allí los bombardeos. El gobernador, Viacheslav Chaus, y el alcalde, Vladislav Atroschenko, han acusado al Kremlin de mentir. “La ‘disminución de la actividad’ en la región de Chernihiv fue demostrada por el enemigo que realizó ataques en Nizhyn, incluidos ataques aéreos, y durante toda la noche atacaron Chernihiv”, ha alertado Chaus en un mensaje de Telegram. Chernihiv está a unos 140 kilómetros de Kiev.

Oleksiy Arestovich, asesor presidencial ucranio, ha advertido este miércoles de que Rusia está moviendo tropas del norte, sobre todo de la región de Kiev, al este para cercar a las fuerzas ucranias; pero no ha constatado retirada de la zona de Chernihiv. Mientras, han agudizado la ofensiva en el área del Donbás, la zona minera del sureste del país que da nombre a la operación de Putin para “desnazificar” Ucrania y liberar y “proteger” a la población rusoparlante.

Pavlo Kirilenko, el gobernador de Donetsk, una de sus dos regiones del Donbás, ha remarcado este miércoles que las tropas del Kremlin están bombardeando todas las ciudades a lo largo de la línea del frente que ha separado durante casi ocho años las fuerzas ucranias de las de los separatistas prorrusos a través de los que Moscú controla la autodenominaba “república popular” de Donetsk.

Las fuerzas de Kiev han combatido cuatro avances rusos en las regiones de Lugansk y Donetsk en los últimos días, según el Ejército ucranio. Las autoridades denuncian, además, que Rusia está bombardeando con “artillería pesada” zonas residenciales de la ciudad de Lysychansk, en la región de Lugansk. El Ministerio de Defensa de Rusia ha asegurado este miércoles que ha destruido con sus ataques “equipo militar ucranio” y dos almacenes en el Donbás.

En Mariupol, también en la región del Donbás, siguen produciéndose intensos combates. La ciudad lleva bajo asedio y cercada un mes y está prácticamente devastada. Las autoridades locales estiman en 5.000 los civiles muertos en la ciudad. Mientras, Moscú ha asegurado que no ataca a civiles y culpa a las “fueras nacionalistas” de la destrucción de la ciudad portuaria, símbolo ya del sufrimiento de la ciudadanía ucrania. Más de cuatro millones de personas han abandonado ya Ucrania por la violencia desatada por la invasión de Vladímir Putin, que pese a las grandes pérdidas de vidas humanas — y de sus propias tropas— y la condena internacional, insiste en que todo está saliendo según su plan.

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El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, participa en un congreso religioso que declaró a Guatemala "Capital Provida de Iberoamérica", el 9 de marzo en Ciudad de Guatemala.
El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, participa en un congreso religioso que declaró a Guatemala «Capital Provida de Iberoamérica», el 9 de marzo en Ciudad de Guatemala.Esteban Biba (EFE)

Ana Lanz se muestra alarmada y temerosa después de que el Congreso de Guatemala aprobara un paquetazo legislativo que castiga con penas más severas el aborto, prohíbe la educación sexual en las escuelas y echa llave a cualquier iniciativa que incentive el matrimonio igualitario. Esta activista guatemalteca, presidenta de Visibles —una organización que promueve los derechos de la comunidad LGBTI—, describe como peligrosa la nueva legislación, en un país donde hasta octubre pasado se registraron 28 crímenes de odio contra personas sexualmente diversas y sigue siendo uno de los más violentos para las mujeres. “Es una ley intencionalmente violenta, que se aprueba en el marco del Día Internacional de la Mujer, lo que envía un mensaje claro desde el Gobierno. Es una ley de odio, de retroceso de derechos humanos”, afirma, indignada, Lanz. Desde las iglesias cristianas, firmes promotoras del nuevo decreto legislativo, han hecho manifestaciones de júbilo y han declarado a este país centroamericano como “Capital Iberoamericana Provida”.

Han sido semanas intensas para las organizaciones que defienden los derechos humanos en Guatemala e intentan frenar la deriva reaccionaria del Gobierno que lidera el conservador Alejandro Giammattei. Estos organismos civiles califican de “talibana” la nueva legislación, porque violenta los derechos de las mujeres y borra de un plumazo el reconocimiento del Estado a personas sexualmente diversas, que desde el texto legislativo son consideradas “grupos minoritarios incongruentes con la moral cristiana”. La ley también golpea con fuerza al Estado laico, al darle un enorme altavoz al mensaje de las religiones cristianas pentecostales, que han avanzado como un tsunami con su prédicas conservadoras en la mayoría de los países centroamericanos. Algunos de estos movimientos satanizan a la mujer, como ocurrió en una comunidad rural de Nicaragua, donde una joven de 26 años fue quemada en una hoguera después de que el pastor del poblado afirmara que estaba “poseída por el demonio”.

“Desde la comunidad [LGBTI] hemos visto como otros países de Latinoamérica, como Colombia y Chile, avanzan con legislaciones que promueven derechos para las mujeres y parejas del mismo sexo. Es una burla para nuestra comunidad que en pleno siglo XXI el Congreso de Guatemala apruebe este decreto legislativo. Es una ley intencionalmente violenta, que nos niega recuperar la autonomía de nuestros cuerpos, el derecho de vivir en libertad e incita al odio”, afirma Lanz.

La arremetida contra los derechos de mujeres y comunidad LGBTI ha encontrado un firme impulsor en el presidente Giammattei, quien participó en un congreso cristiano organizado en la sede del Gobierno, en el que afirmó que “hará todo lo posible por respetar la vida desde su concepción”. El mandatario dijo en el evento que se trataba de un “día especial” para Guatemala. “¿Qué pasaría si nos uniéramos? Hoy este evento es una invitación a unirnos en proteger la vida desde su concepción hasta la muerte natural en sus cinco etapas”, dijo el mandatario. “Mientras en otros países ahorita se están tirando bombas, nosotros aquí le decimos sí a la vida, alto a la guerra, sí a la paz”, agregó en referencia a la ofensiva rusa contra Ucrania.

Giammattei celebraba de esta manera un triunfo legislativo que sella su política conservadora. La ley, que aumenta hasta diez años las penas de cárcel por abortar, fue aprobada por 102 votos, principalmente de la bancada oficialista, Vamos, y sus aliados. En la actualidad, en Guatemala solo está permitido el aborto terapéutico —cuando la vida de la madre está en peligro—. El hecho de que solo ocho congresistas votaran en contra del decreto legislativo da una idea del retroceso que sufre este país, donde además son perseguidos activistas de derechos humanos, fiscales y jueces que encaran la corrupción e impunidad, dos de los cánceres que carcomen a Guatemala. El Procurador de los Derechos Humanos guatemalteco, Jordán Rodas, ha instado al Gobierno a vetar el decreto que considera que viola los derechos humanos y “contraviene lo establecido en leyes y convenciones internacionales aprobadas por el Estado de Guatemala”.

Por su parte, la activista Lanz insiste en que el decreto añade tensión a la comunidad LGBTI. “Se han activado todas las alarmas y también los miedos que tenemos porque históricamente hemos sido rechazados”, afirma. “Es preocupante que desde el Estado se nos etiquete como amenaza y peligro para la paz. Estas narrativas promueven la violencia y crímenes de odio hacia nosotras y principalmente contra las mujeres trans”, agrega.

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Los organismos que defienden los derechos humanos en el país centroamericano se movilizan para intentar frenar el último paso para que la ley entre en vigencia, que es el visto bueno de la Corte Constitucional. Tienen pocas esperanzas, porque tachan a los jueces de “corruptos” y de bailar al son que se toca desde la Presidencia. “Vamos a presentar un amparo y una iniciativa por inconstitucionalidad”, dice Lanz, quien además informa que se organizan movilizaciones desde las redes sociales para manifestarse contra la legislación. Si el proceso legal falla en Guatemala, estas organizaciones llevarán el caso a instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “La lucha no termina, aquí nadie se cansa”, dice Lanz. “No podemos permitirle al Estado que legisle sobre nuestros cuerpos e identidades en nombre de Dios y la familia tradicional. Las familias diversas existimos, quiera o no verlas el Gobierno. Siempre hemos resistido, aunque el Estado trate de invisibilizarlos”, concluye la activista.

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