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El peronismo está dividido, una vez más. Para suerte de Argentina, las disputas ya no son a los tiros, como en los años setenta, sino con demostraciones de fuerza callejera. Quien moviliza a más gente, mejor representa el legado de Juan Domingo Perón. Lo sabe bien La Cámpora, la agrupación que lidera Máximo Kirchner, el hijo de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Este jueves 24 de marzo, Argentina conmemoró el 46 aniversario del inicio de la dictadura más sangrienta del Cono Sur americano. Y La Cámpora desbordó la Plaza de Mayo, el sitio donde se concentran todos los símbolos del poder político. El presidente Alberto Fernández no fue invitado a la plaza más peronista de Argentina. Prefirió entonces recordar con un pequeño acto protocolar a los científicos asesinados por los militares.

La Cámpora, y con ella Cristina Fernández de Kirchner, forma parte del Gobierno de Fernández. El divorcio, sin embargo, parece inminente. Los senadores y diputados que siguen a Kirchner votaron en contra del acuerdo que Argentina acaba de firmar con el FMI para refinanciar la deuda de 45.500 millones de dólares heredada del Gobierno de Mauricio Macri. Fernández consiguió la aprobación con los votos opositores, mientras Kirchner se ausentaba del Senado en el momento de la votación. Fue una declaración de guerra interna.

En los pasillos de la Casa Rosada corrió entonces el rumor de que la vicepresidenta preparaba una carta incendiaria contra el presidente, el hombre al que ella misma ungió hace dos años como candidato de su espacio político. La derrota en las Legislativas de noviembre del año pasado degradó la relación. Desde el kirchnerismo acusaron a Fernández por la derrota: dijeron que se había alejado de la gente, que la crisis económica era insostenible. El acuerdo con el FMI fue la gota que rebalsó el vaso. El kirchnerismo asocia al Fondo con todos los males argentinos y firmar en Washington era una afrenta a su base electoral. La Cámpora lo dejó bien en claro este jueves.

La agrupación kirchnerista convocó a sus simpatizantes frente al predio de la antigua Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), donde funcionó el mayor centro clandestino de la dictadura, hoy convertido en espacio para la memoria. La respuesta fue multitudinaria: a las diez de la mañana, los manifestantes ocupaban ya más de diez calles de la avenida del Libertador, una de las más anchas de Buenos Aires. Desde allí, las columnas recorrieron 13 kilómetros por el norte de la ciudad hasta la avenida de Mayo.

“A pesar de las bombas, de los fusilamientos, de los compañeros muertos, de los desaparecidos, no nos han vencido”, cantaban los manifestantes. “No se va, no se va, la jefa no se va”, coreaban algunas columnas, en referencia a la vicepresidenta y las amenazas de ruptura que pesan sobre la coalición. Los cánticos y eslóganes peronistas se impusieron durante el recorrido sobre aquellos vinculados al Día de la Memoria. Sólo algunos pañuelos blancos, símbolo de las Madres de Plaza de Mayo, interrumpían la marea de banderas de La Cámpora y fotografías de Perón, Evita y los Kirchner.

Miembros de las Madres de Plaza de Mayo participan con miles de personas en una marcha por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que recuerda el golpe militar de 1976, este jueves en Buenos Aires.
Miembros de las Madres de Plaza de Mayo participan con miles de personas en una marcha por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que recuerda el golpe militar de 1976, este jueves en Buenos Aires.Juan Ignacio Roncoroni (EFE)

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La Cámpora estuvo ausente en la calle cuando el Congreso aprobó el acuerdo entre el FMI. La recuperaron este jueves para mostrar su rechazo. “Independencia económica”, podía leerse en una de las pancartas de la movilización. “Esa deuda que dejaron no la vamos a pagar”. “Con el hambre del pueblo no se jode nunca más”, cantaban. A lo largo de toda la ciudad hay pintadas en las que los camporistas exigen que no se pague al Fondo. “Primero que coman los argentinos”, se lee también en las paredes. Según las estadísticas oficiales, cuatro de cada diez argentinos son pobres.

En la cabecera de la movilización circulaba un autobús descubierto, desde el que la agrupación política retransmitió en streaming toda la manifestación. Desde allí entrevistaban también a los principales referentes del kirchnerismo, reacios a menudo a hablar con los medios. Desde allí disparaban contra el presidente Fernández, sin nombrarlo. “Cuando decíamos a la sociedad argentina que había que bancársela con los fondos buitre para que no ingresaran a la Argentina, era porque no queríamos que pasara lo que estamos pasando hoy”, dijo Máximo Kirchner desde el autobús reconvertido en estudio de televisión. “Cuando la gente está presente en un Gobierno, lo malo es menos malo y lo bueno es bueno. Es con la gente adentro. Siempre, compañero”, destacó el diputado nacional, convertido en la gran estrella de la movilización entre saludos y selfies.

Menos diplomático fue Andrés Larroque, ministro de Desarrollo en la provincia de Buenos Aires y hombre fuerte de La Cámpora. Larroque no se olvidó del presidente, la interna que divide a la coalición y la posición que consideran que ocupan en ella. “No nos podemos ir de algo que gestamos”, dijo. “El presidente estaba en un espacio político y fue jefe de campaña de un espacio que sacó el 4% en la elección de la provincia de Buenos Aires”, recordó, en referencia a los tiempos en lo que Fernández estaba enfrentado a Kirchner. El kirchnerismo le recuerda cada vez que puede que debe su cargo en la Casa Rosada a la vicepresidenta.

Las diferencias no se limitan al seno del Gobierno. También son visibles en la calle. La izquierda ocupó la Plaza de Mayo a partir del mediodía y se replegó pasadas las tres para dejar lugar a La Cámpora. “Si hoy estuviesen los 30.000 ­[desaparecidos] en esta plaza, muchas cosas no pasarían. Esos 30.000 no aceptarían al FMI”, dijo desde el escenario la titular de Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, Nora Cortiñas. “Todos los que apoyan al Fondo son traidores al pueblo”, agregó.

Alberto Fernández celebró su propio acto por la mañana, lejos de las multitudes. Acompañado por algunos de sus ministros, recordó con tono protocolar en la sede del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) a los científicos asesinados durante la dictadura. Desde allí convocó, una vez más, a la unidad del peronismo y a terminar con el debate interno.

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El suicidio de un joven en una residencia de estudiantes regentada por una cofradía islámica ha puesto el foco del debate en Turquía en las organizaciones religiosas, cuyo poder económico se ha incrementado desde la llegada de Recep Tayyip Erdogan al poder, y alrededor de las cuales se han multiplicado las denuncias de abusos sexuales y malos tratos.

El pasado 10 de enero, Enes Kara, un estudiante de Medicina de 20 años de la Universidad del Éufrates (provincia de Elazig), se tiró por la ventana del séptimo piso del edificio en que vivía, una residencia estudiantil propiedad del movimiento islamista Nur. Un mes antes de acabar con su vida, Kara había publicado un vídeo en las redes sociales en el que afirmaba haber “perdido la alegría de vivir”. En el vídeo relataba cómo desde pequeño había pasado por internados religiosos y que su familia le había obligado a alojarse en una residencia islámica al marchar a la universidad, pese a que él no quería porque hacía años que había perdido la fe.

Las estrictas reglas y dureza de la vida en la residencia —acudir a todos los rezos desde el amanecer, lecturas coránicas, clases religiosas obligatorias incluso los fines de semana además de los estudios de su carrera— acabaron por minar al joven. “Cuando te obligan a hacer estas cosas contra tu voluntad sientes que has perdido tu libertad. (…) Estoy psicológicamente agotado”, decía en el vídeo.

Tras conocer la noticia de la muerte, sus compañeros de facultad organizaron una concentración en la que pidieron medidas para poner fin a los “suicidios por desesperación” de los jóvenes turcos sometidos a presiones familiares, sociales, religiosas y económicas. “¿Cuántas vidas más hemos de perder antes de que se pase a la acción?”, se preguntó la estudiante que leyó el comunicado, en el que se pedía investigar las residencias gestionadas por organizaciones religiosas. En varias ciudades ha habido concentraciones y manifestaciones de protesta, algunas con decenas de detenidos, y el caso ha reabierto el debate sobre las tarikat y cemaat, las organizaciones islámicas que, además de sus actividades religiosas, mantienen intereses en diferentes sectores, especialmente en la educación: cursos de Corán para niños, internados, residencias universitarias, colegios confesionales, cursos de preparación de exámenes y oposiciones…

Algunas familias envían a sus hijos a estos centros para que reciban una formación religiosa, otras porque son más asequibles, otras por las oportunidades de futuro que se abren. Pero periódicamente son objeto de escándalos que en muchos casos se achacan a la falta de supervisión. “Legalmente, debería haber una supervisión del Ministerio [de Educación], pero no la hay y cuando la hay dudo mucho que los inspectores se atrevan a denunciar las irregularidades”, lamenta el periodista turco Ismail Saymaz, autor de dos libros sobre el poder que han alcanzado las tarikat.

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En diciembre, el cocinero de una residencia de estudiantes de la provincia de Antalya degolló a un estudiante de 18 años convencido de que era el Deccal, el falso mesías que, según el Corán, anticipa la llegada del Juicio Final. El edificio había sido alquilado por una fundación islamista a una congregación que no tenía licencia para operarlo. En 2016, un internado perteneciente a la orden religiosa de los Süleymanci en la provincia de Adana ardió debido a la falta de mantenimiento de su instalación eléctrica y murieron 11 niños de entre 10 y 12 años y un educador.

Con todo, la mayoría de denuncias se centra en malos tratos y abusos sexuales. Por ejemplo, un empleado de un internado para estudiantes de enseñanza media en la provincia de Esmirna condenado por abusar de siete niños. O el director de una residencia de la provincia de Adiyaman que obligaba a niños de 10 y 11 años a ver porno con él y los tocaba. O los imanes de las provincias de Bartin y Afyon que abusaron de varias niñas. O el caso de un internado religioso de Karaman en el que un profesor, miembro de la influyente fundación religiosa Ensar, violó a unas 45 niñas en un periodo de cuatro años. En todos estos casos se ha producido una condena al menos en primera instancia.

Muchos de estos casos no son ni siquiera reportados por el daño psicológico que sufren las víctimas o el miedo de sus familias, como explicaba una menor al diario Cumhuriyet tras hacerse público que en su internado se pegaba a los estudiantes con martillos, se les obligaba a masajear a sus profesores o a dormir y ducharse con ellos: “Al menos se abusó de 30 niños, pero se callaron por miedo a que les persiguiesen los malos espíritus de los maestros”. Recientemente, el jeque (líder espiritual) de la comunidad religiosa Ussaki, en la provincia de Sakarya, fue condenado a 10 años de cárcel por violar a una niña de 12 años, hija de la mujer que limpiaba en la congregación, aunque se sospecha que abusó de más menores. El jeque trató de convencer al padre de la víctima de que retirase su denuncia con argumentos religiosos, luego le instó a matar a la niña y disfrazarlo de suicidio y, ante la negativa, envió a sus seguidores a darle una paliza y a tratar de sobornarlo.

La influencia de las ‘tarikat’

A raíz del suicidio de Enes Kara, algunos comentaristas y partidos de izquierda han llegado a pedir la ilegalización de las tarikat o que se les retire la gestión de centros educativos, a lo que el dirigente de uno de los partidos de la coalición gubernamental respondió: “Si por la muerte de un niño hay que cerrar las congregaciones religiosas, cuando muera un borracho habría que cerrar las tabernas”. De hecho, el principal partido de la oposición, el laico y centroizquierdista CHP, se ha mostrado inusualmente cauto. “El Gobierno intenta mostrar al CHP como enemigo de la religión y atizar el miedo de sus electores diciendo que si la oposición llega al poder nos obligará a quitarnos el velo y a afeitarnos las barbas, nos cerrará los cursos de Corán y las tarikat, así que el CHP ha preferido no entrar en la polémica”, opina Saymaz.

Y es que estas cofradías están profundamente arraigadas en el tejido social del mundo musulmán, pues han servido desde hace siglos para vehicular la religiosidad y la espiritualidad popular. Muchas son de inspiración sufí —aunque sea solo en su aspecto formal—, si bien la mayoría de las actuales abrazan una versión del islam ortodoxa e incluso fundamentalista. Tras la instauración de la República y la abolición del califato, el fundador de la Turquía moderna, Mustafa Kemal Atatürk, decretó la prohibición de las tarikat en 1925. Pero sobrevivieron en la clandestinidad y comenzaron a resurgir en la década de 1950 gracias al apoyo de sucesivos gobiernos de derecha. Crecieron así en influencia política —el apoyo del jeque de una cemaat a una determinada formación política puede arrastrar los votos de miles de seguidores de la congregación— y económica, pues extendieron sus inversiones “hasta convertirse en grandes grupos empresariales, con intereses en la Educación, la Sanidad y los medios de comunicación”, explica Saymaz. “Además, han instaurado fundaciones y asociaciones que mantienen protocolos con el Estado y así reciben fondos públicos, además de las donaciones privadas”, añade el periodista.

Extenderse por el sector educativo es para las congregaciones religiosas un objetivo esencial, ya que mediante el adoctrinamiento de los más jóvenes pueden captar futuros discípulos. Y para los estudiantes, además de la motivación religiosa o ideológica, hay cuestiones más prácticas: dada la extensión de la influencia de estas organizaciones, cuyos adeptos tienen puestos de responsabilidad en numerosos ministerios, en muchos casos sirven para colocar en la Administración o buscar empleo a sus miembros.

El caso más paradigmático es el movimiento Hizmet de los seguidores del predicador Fetulá Gülen, que llegó a amasar tal poder que era capaz de controlar los exámenes de acceso al funcionariado y al cuerpo de Policía. Hasta que su desmesurada ambición le enfrentó a su antiguo aliado Erdogan, contra el que Ankara asegura que lideraron el intento de golpe de Estado en 2016. Tras la ilegalización del movimiento gülenista, sus despojos —cientos de edificios, residencias de estudiantes, colegios y universidades— han sido repartidos por el Gobierno entre diferentes fundaciones vinculadas a la familia Erdogan y numerosas tarikat, a cual más conservadora.

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Homenaje a los dos policías a las puertas de su comisaría, este lunes en Nueva York. En el cartel puede leerse: "Reza por la ciudad".
Homenaje a los dos policías a las puertas de su comisaría, este lunes en Nueva York. En el cartel puede leerse: «Reza por la ciudad».Yuki Iwamura (AP)

La ciudad de Nueva York no lloraba la muerte de dos policías en el mismo acto de servicio desde 2014. El viernes, dos agentes veinteañeros e hispanos -el cuerpo es cada vez más diverso étnicamente, frente al predominio de italoamericanos e irlandeses antaño- acudieron a un domicilio de Harlem por la llamada de una mujer a la que su hijo estaba amenazando. Con un arma ilegal, trucada, procedente de los bajos fondos de Baltimore, el hombre disparó contra Jason Rivera y Wilbert Mora, de 22 y 27 años, respectivamente. El primero murió casi en el acto; su compañero ha sucumbido a las heridas este martes en un hospital de Nueva York. El asesino, con cuentas con la justicia ya saldadas, falleció el sábado a causa de las heridas en la cabeza que los agentes, y un tercer compañero que resultó ileso, le infligieron para repeler la agresión.

La emboscada que sufrieron Jason y Wilbert fue el último incidente de una semana en la que otros dos agentes de servicio resultaron heridos de bala, en un clima de creciente inseguridad que el alcalde, Eric Adams -que fue policía durante décadas-, ha calificado de “auténtica crisis de salud pública”. Además de los agentes, desde primeros de enero, cuando accedió a la alcaldía, ha habido otras víctimas de la violencia armada, como Cristal, la puertorriqueña asesinada durante el atraco a la hamburguesería de East Harlem donde trabajaba, o la bebé de 11 meses alcanzada por una bala perdida mientras descansaba en brazos de su madre en el interior de un automóvil. Ante la cadena de comida rápida donde murió Cristal, en la calle 116, se alza un altar improvisado lleno de flores, peluches y globos que engorda día a día.

Aunque la violencia ha ido en aumento durante la pandemia, tanto en Nueva York como en otras grandes ciudades del país, puede parecer un siniestro guiño del destino que esta oleada se produzca al inicio del mandato de quien fuera oficial y luego capitán del departamento de policía de Nueva York (con 35.000 agentes, el mayor del país). Su promesa de una ciudad más segura, una de las bazas que le dieron la alcaldía en las elecciones de junio, se ha visto letalmente confrontada por los hechos y este lunes, en un largo discurso televisado, Adams adelantó algunos detalles de sus planes de reforma del cuerpo. “Estamos lidiando con una oleada de violencia”, dijo Adams; una violencia también palpable en las instalaciones del metro de la ciudad, aunque por otros motivos: por ser el cobijo diario de numerosos sintecho con graves problemas mentales, como el individuo que hace dos semanas empujó al andén por azar a una mujer de 40 años, que falleció al ser arrollada por el vagón.

Pero el goteo de muertes por disparos, alimentado por la transfusión de armas ilegales desde los Estados del sur y el Medio Oeste del país a grandes urbes como Nueva York, ha introducido la variable cualitativa en las estadísticas, además de acelerar la respuesta política. “No vamos a entregar nuestra ciudad a unos pocos violentos. La seguridad y la justicia son requisitos para la prosperidad, no hay tiempo que perder”, subrayó Adams en su discurso. Entre otras medidas, el regidor anunció el despliegue de más policías en el metro -actualmente un millar de uniformados lo patrulla a diario- y en las 30 comisarías de distrito que concentran el 80% de los últimos episodios de violencia. También prometió recuperar una unidad para detectar y retirar de la circulación armas de fuego que fue desmantelada por su predecesor en 2020. La diferencia es que los agentes adscritos a la anterior versión vestían de paisano, y Adams ahora no quiere enmascarar su presencia.

Otros espinosos asuntos, como el incierto porvenir de los 250.000 jóvenes entre 16 y 24 años mano sobre mano en los barrios de la ciudad, pasto de las bandas o el crimen organizado; el riesgo de una ciudad cada vez más policial -una amenaza que experimentan especialmente las comunidades afroamericana y latina-, los recursos para afrontar de forma integral la integración y la salud mental de los sintecho o la reforma de la justicia penal se ciernen como losas sobre los planes de Adams. El consuelo es el presente: una ciudad con sólo 488 homicidios en 2021… frente a los 2.000 que se registraban año tras año a comienzos de los noventa.

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En una Francia en la que los rivales del Emmanuel Macron le acusan de haber dividido el país profundamente durante su mandato, el presidente ha logrado algo inusual: unir a toda la oposición, que ha criticado de forma unánime sus controvertidas declaraciones admitiendo que quiere “joder a los no vacunados”, hacerles la vida imposible hasta que cambien de opinión. La vulgaridad de la expresión usada (emmerder puede traducirse como fastidiar o cabrear, pero también como joder o putear) ha impresionado a muchos franceses, pero no tiene nada de improvisado en un mandatario que ha apostado todo su capital político —y Francia está en plena campaña electoral— a la vacunación para superar la pandemia.

Es más, fiel a la personalidad de un gobernante culto y enamorado de la historia, tiene incluso un antecedente político directo, como han recordado desde la publicación de las palabras de Macron en Le Parisien diversos miembros del Gobierno: la usó Georges Pompidou en 1966, cuando el entonces todavía primer ministro lanzó un “¡Pero dejen de joder [emmerder] a los franceses!”. Lo hizo cuando un joven funcionario, pero también futuro mandatario, Jacques Chirac, le presentó un paquete de decretos para que los firmara.

En su respuesta a uno de los siete lectores de Le Parisien, que realizaron la larga entrevista al mandatario publicada este jueves, Macron va bastante más lejos: “Yo no estoy a favor de joder [emmerder] a los franceses (…) Pero bueno, a los no vacunados, sí que tengo muchas ganas de joderles. Y vamos a seguir haciéndolo, hasta el final. Esa es la estrategia. No voy a meterlos en prisión, y no los voy a vacunar por la fuerza. Pero hay que decirles: a partir del 15 de enero, ya no podréis ir a un restaurante, no podréis tomar una copa ni ir al teatro, no podréis ir al cine…”. No es un lapsus. En Francia, los entrevistados tienen derecho a releer sus declaraciones antes de que se publiquen. “La entrevista fue releída por el Elíseo, pero no ha habido retoque alguno”, confirmó a la cadena BFMTV un responsable de Le Parisien.

Macron “ha declarado la guerra”, concluía este jueves Le Monde, para el que se trata de una “ofensiva meditada contra los no vacunados”. Las palabras del portavoz del Gobierno, Gabriel Attal, tras el Consejo de Ministros semanal, confirmaron el paso a la ofensiva dialéctica y política contra este sector de la sociedad, muy minoritario, pero tampoco desdeñable: quedan cinco millones de “refractarios” a las vacunas, como los llamó Macron.

“Hablemos francamente. ¿Quién le jode la vida a quién hoy en día? ¿Quién le arruina la vida al personal sanitario, a los restauradores, dueños de cine o teatros? Son los que se oponen a la vacuna”, replicó Attal sobre si no había ido demasiado lejos Macron con sus palabras. Poco después, ante el Senado, el primer ministro, Jean Castex, confirmaba la estrategia ofensiva que, dijo, es “coherente” con las acciones del Ejecutivo y está en sintonía con la “exasperación” de la mayoría de los ciudadanos, vacunados, con los antivacunas. Las respuestas del Gobierno no han aplacado a una oposición que se ha alzado, unánime, contra un Macron que, sin confirmar todavía oficialmente que se presentará a la reelección en abril, asegura que “tiene ganas” de hacerlo.

“No es el papel de un presidente seleccionar entre buenos y malos franceses. Hay que aceptarlos como son, dirigirlos y unirlos sin insultarlos”, respondió una “indignada” Valérie Pécresse, la candidata presidencial conservadora. También los postulantes de ultraderecha Éric Zemmour y Marine Le Pen han criticado unas palabras “vulgares” que, según la líder de Reagrupamiento Nacional, son “una falta política y una falta moral grave en un país que él ha continuado fracturando”.

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En un raro consenso, también los candidatos de izquierda han sido unánimes en su condena a Macron. Para el ecologista Yannick Jadot, Macron ha cometido una “falta política” al querer convertir la vacunación en un “plebiscito” sobre su mandato. El populista Jean-Luc Mélenchon y el comunista Fabien Roussel hablaron de unas declaraciones “consternantes”, “indignas” o “irresponsables”, mientras la socialista Anne Hidalgo contrapuso con ironía a sus palabras su lema de campaña: “Reunir Francia”.

Pese a que con ello, según los analistas, Macron ha conseguido no solo sacudir la campaña electoral, sino reconducir el debate electoral a un tema, la vacunación, por el que ha apostado desde el principio y que cuenta con un apoyo ciudadano mayoritario, su controvertida elección de palabras podría volverse en su contra. No sería la primera vez que se le recrimina una expresión “popular”, como cuando habló de “galos refractarios”, “gente que no es nadie” o de “holgazanes” en referencia a los críticos a su reforma laboral. Hace menos de un mes, en otra entrevista, Macron admitió que algunas de sus expresiones “pueden haber herido” y aseguró que había “aprendido” la lección, lo que no le ha impedido lanzar ahora una nueva polémica.

Para el director general del instituto demoscópico Ifop, Frédéric Dabi, “no es una catástrofe decir ‘joder” porque, la expresión se concibe, sobre por parte de los jóvenes, como una forma de hablar sincera, dijo a France Presse. Al mismo tiempo, sin embargo, corre el riesgo de “reactivar la imagen del presidente de las frasecitas, distante, arrogante y divisor”, algo que desde el comienzo de su mandato, marcado por profundas protestas sociales como la de los chalecos amarillos, se le ha reprochado desde todos los campos.

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