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Las ciudades son los centros neurálgicos del poder desde hace milenios. Su relevancia ha ido creciendo a lo largo de la historia de la mano de los procesos de urbanización, y con ella ha aumentado su importancia estratégica en las guerras. El conflicto en Ucrania no es una excepción. Desde el principio de su ofensiva, las fuerzas rusas han apuntado hacia las principales urbes como elemento esencial para cumplir con los objetivos políticos maximalistas perseguidos por el Kremlin. Hasta la fecha, el resultado ha sido un enorme sufrimiento para los civiles ucranios y un cúmulo de reveses para Rusia que han desbaratado la estrategia de subyugación que a todas luces Moscú perseguía. La resistencia ucrania en las ciudades es un factor clave que empuja el conflicto hacia una nueva dinámica.

El Kremlin buscó someter a Ucrania yendo directamente a por Kiev, Járkov —segunda ciudad del país— y otros importantes centros. Un mes después, pese al enorme esfuerzo y al gran número de bajas acumuladas en sus filas, no hay apenas urbes significativas en su haber, un elemento esencial para lograr el objetivo de cambio de Gobierno en Ucrania que sin duda deseaba. Mariupol resiste, en Kiev las fuerzas rusas retroceden y consolidan posiciones en vez de buscar atacar, Odesa parece fuera de sus capacidades. Ante las dificultades, Rusia recurre a bombardeos salvajes. El viernes anunció una nueva fase de su ofensiva, en la que sostiene que concentrará su acción en la región oriental de Donbás.

“Las fuerzas rusas están deliberadamente disparando de forma indiscriminada, muy destructiva”, comenta Anthony King, profesor de estudios de guerra en la Universidad de Warwick, en el Reino Unido. “Si quisieran solo degradar las capacidades de los combatientes enemigos, los ataques serían más acotados. Ofensivas tan destructivas como la de Mariupol muestran una voluntad de provocar un efecto psicológico: aterrorizar a la población”, dice King.

Queda por ver en qué consistirá realmente la nueva fase de la que habla el Kremlin. De momento, los bombardeos siguen, e incluso han golpeado con especial intensidad en zona occidentales menos atacadas hasta ahora, como en Lviv el sábado. Las autoridades de Kiev sospechan que, ante su fracaso en la opción maximalista, Moscú intentará lograr el control de una amplia parte del sur y el este del país, para partir en dos a Ucrania en una suerte de coreanización. “Hay razones para creer que está considerando un escenario coreano para Ucrania. Este es un intento de crear Corea del Norte y Corea del Sur en Ucrania”, aseguró el general de brigada Kirill Budanov, según recoge la agencia Unian.

En cualquier caso, la capacidad de las fuerzas ucranias de defender la mayor parte de las ciudades atacadas es el elemento estratégico clave hasta la fecha. A continuación, una mirada a distintas razones, objetivas y subjetivas, que ayudan a entender la capacidad de resistencia en esta primera fase de la contienda y las perspectivas para la siguiente.

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La ventaja del defensor

Los expertos militares coinciden en que las guerras urbanas conceden una posición de especial ventaja al defensor. Los inmuebles y las estructuras de las ciudades ofrecen extraordinarias oportunidades para esconderse y refugiarse —máxime cuando disponen de redes de metro— y para golpear de forma sorpresiva a enemigos que, para penetrar, se ven obligados a desfilar por espacios previsibles y limitados como las calles o avenidas. Se trata de un combate tan desigual que los manuales llegan a aconsejar ratios de 10 soldados de ataque por cada defensor.

La batalla de Stalingrado —actual Volgogrado, unos 600 kilómetros al este de Mariupol— es probablemente el epítome del espanto (casi dos millones de personas fallecieron, según estimaciones de expertos) y de la relevancia estratégica (marcó una decisiva inversión de tendencia en la Segunda Guerra Mundial) de los combates urbanos modernos. Su historia ofrece una anécdota que describe a la perfección las consecuencias de la asimetría entre atacantes y defensores en ese contexto.

A finales de septiembre del 1942, un pelotón del 42º regimiento de la Guardia Soviética se hizo con el control de un edificio de cuatro plantas en la ciudad soviética, después conocido como la Casa de Pávlov, por el apellido del sargento al mando de la unidad. El pelotón logró resistir casi dos meses en la casa frente a los ataques de las fuerzas nazis, aprovechando con inteligencia y valentía el inmueble: sus sótanos para refugiarse, techos y múltiples ángulos de disparo para defenderse, horadando la estructura para facilitar comunicaciones y movimientos internos. Un puñado de soldados soviéticos logró infligir una cantidad de bajas tan descomunal a los nazis que, según señala Antony Beevor en su Stalingrado, el gran comandante Vasili Chuíkov diría posteriormente que fallecieron más soldados alemanes para conquistar la Casa de Pávlov que para tomar París.

El dilema del atacante

El episodio de Stalingrado señala dificultades militares que permanecen vigentes 80 años después, aunque las tecnologías hayan avanzado mucho. Ante estas circunstancias, los comandantes de una fuerza asaltante deben decidir hasta qué punto bombardear —lo que ablanda la resistencia con un inmenso coste civil— y a partir de eso si lanzar incursiones —con la amenaza que supone para las tropas—. El punto de equilibrio elegido, de alguna manera, define el nivel de civilización de la sociedad de la que emana la fuerza militar en cuestión.

En esta tesitura, la doctrina militar rusa parece optar por reducir la exposición a esos encarnizados combates cuerpo a cuerpo y apostar por la laminación de la resistencia vía bombardeos masivos. Así lo hicieron en Grozni, en los años noventa, y en Alepo, en la década pasada. Y en Mariupol el patrón es parecido. La ciudad está sufriendo un altísimo grado de destrucción. Algunas unidades rusas han entrado en la urbe, pero, según el Pentágono, no se trata del grueso de las fuerzas del Kremlin en la zona.

El potencial destructor y atemorizante de los bombardeos contra las ciudades es enorme, especialmente si provienen de una fuerza con arsenales como los rusos. Infundir terror y hundir en la desesperación a la población es una manera de intentar socavar el apoyo a la resistencia encabezada por los líderes políticos y militares. Pero este resultado no está asegurado: la ciudadanía puede reaccionar mayoritariamente con deseo de lucha y venganza. Y además, según señala King, en estas ofensivas la degradación militar del adversario no es equivalente al grado de destrucción logrado.

Dos soldados ucranios, el domingo en la sede del Gobierno regional de Járkov.
Dos soldados ucranios, el domingo en la sede del Gobierno regional de Járkov.ARIS MESSINIS (AFP)

Falta de precisión

Para debilitar militarmente al adversario es necesaria precisión en la información sobre su ubicación y en el golpeo. “Las fuerzas rusas se han mostrado muy poco competentes en este apartado, como demuestra que no hayan logrado todavía aniquilar las defensas antiaéreas de Ucrania”, dice King. O no tenían buena información sobre su ubicación o no tenían precisión en los ataques. Probablemente, sea una mezcla de los dos factores. El Pentágono calcula que Rusia mantiene todavía una amplia disponibilidad de misiles en sus arsenales, pero sufre escasez en las variantes de precisión guiadas.

Insuficiencia de efectivos

Otro factor importante que condiciona las perspectivas de asalto urbano de las tropas del Kremlin es el insuficiente número de efectivos. Muchos expertos militares consideran que, de entrada, la fuerza acumulada para la invasión —se estima entre 150.000 y 190.000 soldados— no es adecuada para una operación de amplio espectro en un país con la extensión y la población de Ucrania. La estrategia de atacar en múltiples ejes simultáneamente ha provocado una dispersión de las fuerzas rusas y graves problemas logísticos y de suministro. “En ningún momento han logrado una auténtica supremacía de fuerzas terrestres”, observa King.

Además de la escasez inicial, aunque las cifras no estén claras a estas alturas, es evidente que Rusia ha sufrido un considerable número de bajas. Moscú reconoce 1.300 soldados fallecidos y 3.800 heridos. El Pentágono considera que ha perdido más de un 10% de su fuerza inicial de combate. Fuentes de la OTAN apuntan a que incluso más.

Cadena de mando

Otro importante factor es que el combate urbano requiere especial sofisticación en la cadena de mando y control. En las ofensivas militares contemporáneas es necesario orquestar un amplio abanico de líneas de acción y tecnología. “Los países occidentales, especialmente EE UU, han evolucionado hacia estructuras de mando muy sofisticadas”, explica King. “En Rusia, si miras la doctrina Gerasimov (apellido del jefe del Estado Mayor), cabría imaginar que las Fuerzas Armadas se habrían modernizado alejándose del tradicional modelo autoritario, rígido, arriba-abajo. Yo creía que se habían movido hacia otro modelo. Pero las últimas semanas han demostrado una total ineficacia en gestionar una guerra del siglo XXI”.

Habilidad ucrania

Por otra parte, los rusos se enfrentan a unas fuerzas ucranias que han planteado hasta ahora una resistencia firme, ágil y eficaz. Su fuerza de voluntad no se ha quebrado. El suministro de armas occidentales —aunque limitado— consolida su lucha, así como el flujo de información de inteligencia y los asesoramientos. Han obstaculizado los avances volando puentes, enfrentándose a las cabezas de lanza aerotransportadas, golpeando la logística de apoyo o resistiendo dentro de las ciudades asediadas con valentía.

El conjunto de estas circunstancias determina las graves dificultades rusas para conquistar ciudades, su recurso a la versión más bárbara de la táctica de cerco y bombardeos y el anuncio de la apertura de una nueva fase que parece asumir la falta de capacidad para conquistar todas las ciudades contra las que han lanzado operaciones simultáneamente.

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monumento Resistencia

Un documento de un fallo que no estaría en firme puso en debate el tema del monumento de la Resistencia en el oriente de Cali, aunque el alcalde y funcionarios salieron a desmentirlo.

Noticias Cali.

Este miércoles en la noche se registró un cruce de versiones frente al Monumento de la Resistencia en Puerto Rellena, que empezó a construirse durante el paro nacional y que luego la Alcaldía autorizó, se indicaba que un fallo ordenaba retirarlo del lugar.

El mismo alcalde  Jorge Iván Ospina, salió al paso y dijo que era mentira.

También lo hizo el subsecretario de Seguridad y Justicia, Jimmy Dranguet.

Señaló que «el fallo no esta en firme» y que además, «no se refiere al monumento, este tiene permiso».

Según Dranguet, el documento que publicó en su Twitter el periodista Aldemar Domínguez, «se refiere a las otras construcciones en la zona que no tienen licencia o permisos expedidos por la administración».

Critió que, «justo en los apartes que no publicas se explica esta situación».

Secretaría, la decisión

Este documento, lo emitió el inspector de policía especializado de la Secretaría de Seguridad y Justicia.

El documento señala que  se tuvo en cuenta «147 folios de pruebas documentales».

Además, en base a los resultados de una visita de control a la zona, hecha en febrero del 2022.

En el documento, firman Fabián Oswaldo Trujillo Casanova, vicepresidente Asociación de Artesanos de Puerto Resistencia y la apoderada de Metrocali, Juliana Bocanegra, tras una audiencia celebrada.

La decisión luego de esa audiencia fue, que «se recupere el espacio público del identificado como el separador vial ubicado en la calle 36 entre carreras 46 y 48 número predial H101500010000 del costado de la Comuna 11″.

Sería un fallo en primera instancia, en este caso, el secretario Carlos Parra Soler deberá determinar si se ejecuta o no.

El monumento 

El monumento de ‘Puerto Resistencia’ se construyó en 2021 en el marco del paro nacional. Representa la mano de Kay Kimi Krachi, dios Maya de la batalla.

Obra que fue construida en uno de los separadores viales del barrio Puerto Rellena sobre la Avenida Simón Bolívar.

Espacio que se convirtió en el epicentro de de protestas y manifestaciones desde el 2019, pero en 2021 tuvo una trascendencia mucho más importante.

De hecho su permanencia en el lugar derivó fuertes reacciones en la comunidad, quienes se negaron a la posibilidad de que fuera retirado.

Luego de diferentes diálogos y concertaciones con la Alcaldía, lograron obtener el permiso.

Desde el Departamento Administrativo de Planeación Municipal por medio de la Resolución 202141320300109183 de agosto 23 de 2021, otorgaron la licencia de intervención del espacio público al Monumento a la Resistencia.

Obra que de acuerdo a lo acotado por la Administración Distrital, fue «construido por la comunidad para representar sus valores inmateriales, y conmemorar los hechos del estallido social ocurridos en la ciudad».

La licencia se otorga de acuerdo a la Ley 1801 de 2016.

El trámite para obtener dicha licencia fue adelantado, solicitado y radicado por las «Juntas de Acción Comunal de los barrios José Holguín Garcés y Villa del Sur».

Es una licencia en «modalidad de dotación de mobiliario urbano y la instalación de expresiones artísticas», aseguró la Alcaldía.

 





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Boris Johnson no pierde nunca una oportunidad de meter el pie en el barro, sobre todo cuando sus zapatos están más limpios. Su actitud, resolución y comportamiento en la escena internacional durante la crisis de Ucrania había logrado, en las últimas semanas, una rara sensación de unidad nacional entre los británicos, y la convicción de que todo el escándalo de las fiestas prohibidas en Downing Street durante el confinamiento había quedado, temporalmente, atrás. Este sábado, el primer ministro provocó que emergieran de nuevo las divisiones que han marcado el día a día político del Reino Unido en los últimos ocho años, al comparar la heroica resistencia de los ucranios frente a la invasión rusa con la votación del Brexit en 2016. “Sé que el instinto de los ciudadanos de este país, como el del pueblo de Ucrania, es escoger siempre la libertad”, decía Johnson en un acto del Partido Conservador, este sábado en Blackpool. “Puedo daros un par de ejemplos. Cuando los británicos votaron mayoritariamente a favor del Brexit, no creo que respondiera ni remotamente a una hostilidad hacia los extranjeros. Era porque querían ser libres para hacer las cosas de un modo diferente y poder controlar su propio país”.

Entre los asistentes en el auditorio estaba el embajador de Ucrania ante el Reino Unido, Vadym Prystaiko, quien mantuvo la compostura ante una afirmación que logró irritar a numerosos miembros del Partido Conservador. “Si queremos derrotar a Putin, necesitamos liderazgo internacional y unidad”, reprochaba al primer ministro Tobias Ellwood, diputado conservador y presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de los Comunes. “Comparar la lucha del pueblo ucranio contra la tiranía de Putin con el referéndum del Brexit daña el nivel de alta política de Estado que estábamos comenzando a mostrar”, denunciaba Ellwood.

La paradoja del intento de Johnson de vincular ambas cosas reside especialmente en el hecho de que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, no ha dejado de pedir a la UE que acepte la integración de su país en el club, precisamente para anclar de un modo más firme su vínculo con Occidente. “Aún recuerdo lo contento que se puso Putin cuando ganaron los partidarios del Brexit en el referéndum”, ha dicho Donald Tusk, quien fuera presidente del Consejo Europeo en esa época, y que ha expresado su malestar por las palabras de Johnson.

“Boris Johnson es una vergüenza nacional. Sus payasadas contrastan con el valiente liderazgo demostrado por Zelenski. Comparar a las mujeres y niños que huyen de las bombas con el referéndum es un insulto a todos los ucranios”, ha dicho Ed Davey, el líder de los liberales demócratas británicos.

Johnson quiere rescatar el espíritu del Brexit, y las supuestas oportunidades que esa decisión iba a brindar al país, para afrontar la recta final hacia las elecciones generales de 2023. La crisis energética, la escasez en la cadena de suministros y el bloqueo de la situación en Irlanda del Norte, donde partes importantes del protocolo acordado con la UE permanecen sin aplicar, han volcado un manto de desencanto y apatía en la era pos-Brexit.

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Guy Verhofstadt, el ex primer ministro belga que coordinó la respuesta al Brexit del Parlamento Europeo, ha sintetizado su opinión sobre las palabras del primer ministro británico de forma contundente: “La comparación de Johnson con la valerosa lucha de Ucrania es sencillamente una locura”, ha dicho.

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Qué ha pasado en las últimas horas en Ucrania

En el 23º día de la guerra iniciada por Rusia contra Ucrania, estos son los datos clave a las 20.00 de este viernes 18 de marzo:

Al menos uno de cada cinco ucranios ha tenido que abandonar su hogar por la guerra. La Organización Internacional para las Migraciones de la ONU calcula que el número de ucranios que se han convertido en desplazados dentro de su país ha pasado de 1,9 millones de personas a 6,5, lo que supone que al menos uno de cada cinco ucranios ha tenido que abandonar su hogar. La ONU también ha confirmado la muerte de al menos 816 civiles en Ucrania desde el inicio del ataque ruso, aunque reconoce que la cifra real será mucho mayor.

Putin defiende su guerra ante decenas de miles de rusos. Vladímir Putin se ha dado un baño de masas en defensa de la guerra contra Ucrania. Con motivo del octavo aniversario de la anexión de Crimea, y bajo el lema “Por Rusia, por un mundo/paz sin nazismo”, el Kremlin ha organizado un concierto donde se han podido ver las gradas repletas hasta la bandera. Putin también ha hablado este viernes con el presidente francés, Emmanuel Macron, quien ha manifestado su “extrema preocupación” por la situación en Mariupol, según el Elíseo.

Continúan las negociaciones, con posiciones que se acercan, según Rusia, y sin avances para Ucrania. Dentro de las conversaciones para alcanzar un alto el fuego, el negociador ruso, Vladímir Medinski, ha asegurado que Moscú y Kiev han acercado posturas en lo referente a la neutralidad ucrania, pero el negociador ucranio, Mijaílo Podoliak, ha indicado que sus «posiciones no han cambiado».

“El conflicto y la confrontación no convienen a nadie», advierte Xi a Biden. El presidente chino, Xi Jinping, ha mantenido este viernes una reunión telemática con el estadounidense, Joe Biden, para hablar de Ucrania. “El conflicto y la confrontación no convienen a nadie. La paz y la seguridad son los mayores tesoros”, ha subrayado Xi, a quien Biden había anunciado que procuraría disuadir de que su país se alinee con Rusia.

«Todavía hay cientos de residentes de Mariupol bajo los escombros», asegura Zelenski. El presidente ucranio, Volodímir Zelenski, ha dado el último parte sobre el estado de las labores de rescate en el teatro de Mariupol, que el miércoles fue objeto de un bombardeo ruso, según informaron las autoridades ucranias. «Todavía hay cientos de residentes de Mariupol bajo los escombros. A pesar de las dificultades, continuaremos las labores de rescate», ha dicho Zelenski. Horas antes, las autoridades locales habían informado del rescate de 130 personas, aunque 1.300 permanecían refugiadas en los sótanos del recinto, según la Defensora del Pueblo ucrania, Liudmila Denisova.      

Expulsión de diplomáticos rusos del Parlamento Europeo y los países bálticos. Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, ha anunciado la prohibición del acceso a sus instalaciones de diplomáticos rusos y bielorrusos. «No hay sitio en la casa de la democracia para los que quieren destruir el orden democrático», ha asegurado. Esta acción coincide con la expulsión de 10 diplomáticos rusos decretada por los tres países bálticos, Letonia, Lituania y Estonia. Bulgaria también ha anunciado que expulsará a otros 10 diplomáticos de esa nacionalidad.

Más presión «a todos los niveles» sobre Rusia. «Seguiremos ejerciendo presión a todos los niveles, incluyendo sanciones, ayuda letal y medidas diplomáticas» contra Putin, ha asegurado el premier británico, Boris Johnson, tras hablar con el líder ucranio, Volodímir Zelenski. El Departamento de Comercio de EE UU, por su parte, investiga 100 aeronaves que pueden haber violado las normativas sobre las exportaciones a Rusia.



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Como un David frente al Goliat que constituye el segundo Ejército del mundo, Ucrania ha logrado detener el avance de las tropas rusas. La resistencia ucrania ―“firme y bien coordinada,”según la ha definido el Ministerio de Defensa británico en su último informe― retiene en sus manos la mayor parte del territorio del país. Los avances de las tropas rusas de los últimos días, añade el texto elaborado por el espionaje británico, son “mínimos”. La invasión rusa está “estancada” y Moscú sigue sufriendo numerosas bajas. Sin embargo, el precio que paga Ucrania es cada vez más alto. En la madrugada del jueves, el servicio de emergencia de Ucrania informó de otro ataque sobre un edificio residencial en Kiev. En Chernihiv (norte) murieron 53 civiles solo este miércoles, según el gobernador de la región, Viacheslav Chaus. En Mariupol, asediada desde hace 13 días, Rusia bombardeó un teatro donde se refugiaban “cientos de civiles”, entre ellos muchos niños, según las autoridades ucranias.

El escaso avance de las tropas rusas ha forzado a Rusia a enviar más refuerzos al frente pasadas tres semanas del inicio de la guerra contra Ucrania. La pérdida de tropas y la resistencia ucrania han obligado al Kremlin a movilizar más combatientes pese al masivo despliegue con el que rodeó el país desde noviembre del pasado año, una operación a la que destinó, según los informes de inteligencia occidentales, más de la mitad de sus fuerzas armadas. Pese a ello, ahora ha llegado el turno de mover al terreno soldados de territorios ocupados en Georgia, mercenarios de Oriente Próximo y más reservas del lejano este de Rusia.

La información ha sido confirmada públicamente por personas próximas al Kremlin. “Nuestros muchachos van a Ucrania para acabar con los nazis que están aterrorizando a su gente”, escribió el pasado 15 de marzo en su canal de Telegram el expresidente de la autoproclamada República de Osetia del Sur, Eduard Kokoiti. El exmandatario del territorio reclamado por Georgia y que dio lugar a la guerra de 2008 acompañó su mensaje con imágenes de militares de la 4.ª Base de la Guardia Nacional en camino a Ucrania. “Están muy motivados, he hablado con muchos. ¡Van a vengar a nuestros hermanos! ¡Hay familiares y amigos de los que murieron en Ucrania!”, dijo Kokoiti.

Un informe del Ministerio de Defensa británico del mismo día apuntaba a que el Kremlin “está recolocando fuerzas de lugares tan lejanos como el Distrito Militar Este (en Siberia), Armenia y la Flota del Pacífico. Además, pretende utilizar aún más fuerzas irregulares de compañías militares privadas, Siria y otros mercenarios”.

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Tras ralentizar su ofensiva en el interior de Ucrania, Londres cree que Rusia “pretende utilizar estas fuerzas para mantener el territorio capturado y liberar su ejército para relanzar las operaciones paradas”. Además, considera que la “pérdida continua de personal dificultará a Rusia asegurar el territorio ocupado”.

El presidente ruso, Vladímir Putin, aprobó en una reunión del Consejo de Seguridad celebrada el pasado 11 de marzo que se reclutase a extranjeros para reforzar las operaciones en Ucrania, y el ministro de Defensa, Serguéi Shoigú, reconoció que su ejército barajaba enviar más de 16.000 mercenarios procedentes de Oriente Próximo.

El envío de tropas de otras regiones del mundo también podría ser un intento del Kremlin de reducir el impacto de las muertes en la sociedad rusa. “Serguéi Kuzhuguetóvich (Shoigú) habló principalmente de voluntarios de Oriente Próximo, Siria y otros países. No se habló de nuestros ciudadanos”, recalcó entonces el portavoz de Putin, Dmitri Peskov. “Eso no se ha comentado”, aclaró al preguntarle la prensa si el Kremlin también contemplaba movilizar voluntarios rusos para una campaña cuya motivación, según ha insistido Moscú todo este tiempo, era luchar contra un supuesto genocidio de la población que considera “prorrusa”.

7.000 bajas rusas

Estados Unidos calcula que 7.000 soldados rusos han muerto en Ucrania, según información de The New York Times. Entre 14.000 y 21.000 podrían estar heridos, de un total de 150.000 militares rusos que participan en la guerra. Eso podría significar que la mayoría de sus unidades de combate están bajo mínimos, incapaces de llevar a cabo acciones de combate.

Ucrania ha alertado, sin embargo, de que para seguir conteniendo a las tropas rusas, precisa de más armas. El presidente ucranio, Volodímir Zelenski, ha pedido más apoyo internacional con sanciones y armamento, incluidos sistemas de defensa aérea, armas y municiones para hacer frente al Ejército ruso. Sigue insistiendo además en reclamar el cierre del espacio aéreo de Ucrania, una medida descartada por la OTAN, que teme una confrontación militar directa con Rusia. “¿Cuántas personas más tiene que matar para que los líderes occidentales digan ‘sí’ a una zona de exclusión aérea o a darnos los aviones de combate que tanto necesitamos?”, deploró el mandatario este miércoles en su habitual discurso nocturno en la televisión de Ucrania.

Cientos de miles de civiles ucranios siguen, mientras tanto, atrapados en ciudades sometidas al hostigamiento de las tropas rusas. La vice primera ministra de Ucrania, Iryna Vereshchuk, ha afirmado este jueves que espera que se puedan abrir nueve corredores humanitarios para evacuar a la población de las ciudades sitiadas y sometidas a constantes bombardeos. Vereshchuk ha dicho que se prevé que una de las localidades en las que las autoridades esperan abrir un camino seguro para sacar a civiles es Mariupol, una urbe del sureste de Ucrania con salida al mar de Azov que contaba con unos 400.000 habitantes antes de la guerra.

Mariupol, precisamente, sufrió el miércoles uno de los peores ataques con el bombardeo de un teatro donde se refugiaban “cientos de civiles”, según las autoridades ucranias, y que tenía pintados dos grandes letreros en el suelo fuera del edificio donde se podía leer en ruso la palabra “Niños” escrita con grandes caracteres, ha revelado la empresa de satélites Maxar Technologies. La situación en la ciudad, que por primera vez esta semana pudo evacuar a unos 20.000 civiles, desde que comenzó el cerco de las tropas rusas hace más de dos semanas, ha sido descrita como “apocalíptica” por la Cruz Roja. Los residentes no tienen agua, electricidad ni calefacción y ya hace días que las autoridades locales informaron de que la escasa comida que quedaba se estaba agotando del todo.

Esta ciudad, convertida en el icono de los ataques a civiles en Ucrania, es clave para el Kremlin, pues es la última gran localidad en manos de Kiev con salida al mar de Azov y su captura permitiría a Moscú crear un corredor desde la región del Donbás, donde se encuentran las entidades separatistas prorrusas de Donetsk y Lugansk, hasta la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014 de forma ilegal tras un referéndum que la comunidad internacional no reconoce

Moscú sigue, mientras tanto, negando los ataques a civiles, a pesar de que las pruebas en su contra se acumulan. No solo en cuanto a los objetivos a los que se dirigen estos ataques -hospitales, escuelas, zonas residenciales- sino también en cuanto a los medios que utiliza, y entre las que se ha denunciado ya, por parte de Naciones Unidas y de organizaciones como Amnistía Internacional- el uso de armas que no permiten discriminar entre blancos militares y civiles, como las llamadas “bombas tontas” (sin sistema de guida inteligente) y municiones de racimo.

El miércoles, una delegación del Tribunal Penal Internacional (TPI), encabezada por su fiscal jefe, Karim Khan, viajó a Ucrania para investigar sobre el terreno la posible comisión de posibles crímenes de guerra y contra la humanidad en el país. Kahn declaró, ya en el país, que “los ataques deliberados contra civiles constituyen un crimen que perseguiremos”. La investigación del TPI se produce a instancias de 40 países miembros, una iniciativa hasta ahora inédita. Ni Ucrania ni Rusia son signatarios del Estatuto de Roma, la convención fundacional del TPI, por lo que en principio, quedan fuera de la jurisdicción de esta corte. Sin embargo, Kiev ha facultado al tribunal para que investigue los posibles crímenes cometidos desde 2014, con la anexión rusa de Crimea. El TPI sí podría perseguir a título individual al presidente ruso, Vladímir Putin, y a la cúpula del poder del Kremlin- de considerar que hay indicios suficientes para ello- lo que impediría al mandatario pisar ninguno de los 130 Estados que forman parte del Tribunal, a riesgo de ser detenido.

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Semyon se echa a la espalda varias ruedas de plástico y las apila a las puertas de un edificio de la Administración de Dnipró, la cuarta ciudad más poblada de Ucrania, a orillas del río Dniéper. El inmueble está rodeado de sacos de arena y la entrada casi bloqueada por una trampa antitanque. Pocos metros más allá, en la plaza de los Héroes, en el césped, decenas de personas rellenan botellas de vidrio y cortan mechas caseras para preparar cócteles molotov. Junto al río, un restaurante prepara macarrones con queso para los soldados ucranios y las milicias ciudadanas. Dnipró se prepara para la llegada de las tropas enviadas por el presidente ruso, Vladímir Putin. Y lo hace con todo lo que tiene: un contable que ha pasado a empuñar un arma en las fuerzas de defensa territorial, una ingeniera que se ha hecho conductora para llevar suministros, una red de donación de sangre, otra que prepara comida, voluntarios que construyen barricadas.

La ciudad, de un millón de habitantes, en el centro del país, estratégico nudo de comunicaciones y que Rusia trata de cercar para impedir el paso de suministros enviados por los aliados desde Polonia y de tropas ucranias hacia el sur y hacia Kiev, se alista para la guerra total. La imagen se repite por todo el país. Ucrania, el país más grande de Europa, donde viven 44 millones de personas, teje redes de resistencia activa, que se han revelado fundamentales para afrontar el ataque ruso cuando las tropas de Putin avanzan en su ofensiva y se incrementan los ataques. Las imágenes de civiles enfrentando a tanques rusos o tratando de impedir el paso de las tropas a sus ciudades se multiplican.

El presidente ucranio, Volodímir Zelenski, cuya popularidad se ha disparado desde la invasión, ha pedido a la población que ayude a contener la ofensiva con cualquier medio que esté en sus manos. Dnipró es una ciudad volcada en ello. “En el quinto día de la guerra rusa a gran escala contra el pueblo de Ucrania nos mantenemos firmes”, dijo Zelenski este lunes. “Cada crimen que los ocupantes cometen contra nosotros nos acerca cada vez más. Rusia nunca imaginó que se enfrentaría a tanta solidaridad”, recalcó.

A las puertas del hospital militar de Dnipró, Elena y su esposo, Alexander, hacen cola para llevar ropa, pañales y comida a los enfermos. A su lado, una mujer de unos 50 años carga una gran bolsa de cucharas de plástico blancas. “Tengo un puesto de café y es lo que he pensado que sería más útil”, afirma. El centro sanitario, en el centro de la ciudad, está designado para tratar a los heridos (sobre todo a los graves) del frente sur y del este. Tiene 400 camas, pero en los últimos días ha superado esa cifra y han tenido que usar también las salas de recuperación, explica Sergi Bachinski, subdirector del centro, al que llegan sanitarios de toda la zona para ofrecerse a ayudar a tratar a los heridos. No pueden trasladarles en helicóptero por los ataques aéreos rusos —las alarmas antiaéreas de la ciudad se han convertido en una música constante en los últimos días—, así que usan autobuses y trenes, dice Bachinski.

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Un restaurante de Dnipró prepara comidas para los soldados y para los milicianos con alimentos donados por empresas y ciudadanos, este lunes.
Un restaurante de Dnipró prepara comidas para los soldados y para los milicianos con alimentos donados por empresas y ciudadanos, este lunes.María R. Sahuquillo

Anna Fedicheva, una ingeniera civil de 37 años, ha ofrecido su coche, amplio, para transportar “lo que haga falta”. En Dnipró y otra muchas localidades se ha creado un grupo en las redes sociales de conductores para ayudar en temas logísticos. Con una mascarilla de tela negra, que tiene impreso en brillantina un árbol de Navidad, la mujer cuenta que se planteó unirse a las Fuerzas de Defensa Territorial, gestionadas por el Ministerio de Defensa, brigadas de milicias que tienen como misión proteger las infraestructuras de las ciudades, pero no se encontró en condiciones. Tampoco se planteó salir del país. “Trato de pensar que [los rusos] no nos van a ocupar, creo en nuestra patria y en nuestra libertad”, asegura Fedicheva, que cuenta que, antes de esta pesadilla, estaba contenta su vida: “Me gustaba mi trabajo, salir a bailar con los amigos, ir al cine, una vida simple. A veces crees que todo es un sueño y de repente te despiertas y no; es real”.

La mesa donde Myroslav Malynovski prepara cócteles molotov tiene una paralela en Lviv, en el oeste del país, donde Kira Shivenko, pintora de 28 años, rellena botellas con una mascarilla quirúrgica y guantes de látex; o en Kramatorsk (este), donde un grupo de jóvenes se ha organizado para preparar ese explosivo casero del que ya dan la receta las radios y muchos periódicos. “¿Putin se pensó que les recibiríamos con flores? Aquí les tenemos preparadas unas bebidas de bienvenida”, dice este jubilado, de 65 años, mientras coloca una de las botellas de vidrio en una caja de cartón. “No vamos a huir. Este es nuestro país y ellos son los ocupantes, Ucrania es un país democrático, europeo”, dice Malynovski. “Resistiremos hasta el final”.

Reparto de armas entre la población

Solo en la región de Kiev se han repartido unas 18.000 armas civiles, según el Gobierno. Ahora, Zelenski ha propuesto liberar a los presos con experiencia militar si están dispuestos a unirse a las fuerzas armadas ucranias. Una medida muy controvertida que da la idea de las ansias y la desesperación del Gobierno: el Ejército ucranio tiene muchos menos efectivos que el ruso, también una menor capacidad en tecnología de defensa. Hace unos días, además, Zelenski invitó a extranjeros a luchar en Ucrania. “Si tiene experiencia de combate en Europa, venga a nuestro país y defienda Europa junto con nosotros”, dijo en un mensaje de vídeo. El día antes de la invasión, Zelenski movilizó a 36.000 reservistas, 5.000 personas retiradas de la Guardia Nacional y a otras 5.000 de la Policía de Fronteras. El armar civiles en un ambiente tan tenso también puede generar problemas. El Gobierno ucranio ha afirmado que Rusia ha infiltrado a paramilitares y saboteadores en todo el país y los registros de vehículos y las detenciones son habituales.

El segundo día de ofensiva rusa, cuando el alcance de la agresión estaba claro, Oleg Trubnikov, de 60 años, se presentó en el cuartel de reservistas de Kramatorsk, en la región de Donetsk, en la parte controlada por el Gobierno, donde decenas de hombres hacían cola el viernes para recibir indicaciones y destino. Trubnikov no recibió la llamada. Tiene una discapacidad y cree que no le aceptarán para la movilización, pero estuvo en el Ejército soviético y cree que puede aportar experiencia. “O ayudar en lo que sea”, dice. “Estoy aquí para defender Ucrania de los rusos. Es lo menos que puedo hacer”, añade.

En Dnipró, Maxim Shanin señala que tan importantes son las fuerzas de defensa como la logística. El restaurante que gestiona, en el centro de la ciudad, forma parte de una recién creada red de locales que cocina comida para los soldados ucranios y para las personas que se han unido a las milicias y que levantan barricadas con arena muy cerca del local o protegen alguno de los puentes de Dnipró. La red de 11 locales prepara comidas, desayunos y cena para casi 4.000 personas cada día. El restaurante de Shanin, el típico local de moda de vinos con un aire hipster e industrial, está lleno de sacos de patatas, botellas de aceite y paquetes de pasta. En la cocina, un equipo de cocineros prepara los almuerzos que un grupo de voluntarios mete en fiambreras y en bolsas de plástico con una carita sonriente y el mensaje: “Gracias por tu labor”.

Unos 250 voluntarios se han apuntado al proyecto, que se está replicando en otras ciudades, dice Shanin. “Cada uno ponemos nuestro granito de arena. Esta situación nos ha unido más que nunca frente al agresor. La ciudadanía quiere trabajar junta para ayudar al Ejército, al Gobierno, al presidente. Algunos pueden ir a luchar con sus propias manos y otros no. Aquí cocinamos y los haremos hasta la victoria”, dice.

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Con gesto serio, barba de dos días, exhausto y vestido con una camiseta militar y una chaqueta polar verde, Volodímir Zelenski miró fijamente a la cámara: “Esta noche, en todos los frentes, el enemigo utilizará todas las fuerzas disponibles para romper nuestra resistencia”, dijo en un mensaje a la nación tras el primer día de ataques del presidente ruso, Vladímir Putin, a Ucrania. “Fuerza vil, cruel e inhumana. Esta noche asaltarán”, añadió. Casi 24 horas antes, cuando los peores pronósticos aún no se habían cumplido, se dirigió a la ciudadanía rusa y les suplicó que impidieran la agresión. “Escuchen la voz de la razón. El pueblo ucraniano quiere paz”, les dijo en ruso. No funcionó. Durante tres días, el jefe del Kremlin ha ordenado una ofensiva por tierra, mar y aire contra Ucrania, un país que considera ficticio, fruto de costurones históricos y diplomáticos.

Antiguo actor cómico y empresario hecho a sí mismo, Zelenski echa por tierra gran parte de la propaganda del Kremlin sobre Ucrania y su Gobierno, al que describe como un “hatajo de drogadictos y neonazis”, donde hablar ruso está prohibido y los ciudadanos del Donbás son víctimas de un “genocidio”. Nació hace 44 años en Krivyi Rih, una ciudad del cinturón metalúrgico de la región de Dnipro, en el seno de una familia “judía soviética”, como la describió una vez —es decir, no demasiado religiosa en un régimen en el que la religión estaba reprimida— en la que se usaba más el ruso que el ucranio.

De eso habló a la ciudadanía rusa esta semana en otro de esos mensajes emotivos, uno en el que llamaba a evitar la ofensiva. También les habló de su abuelo, Semyon Ivanovich Zelenski, veterano del Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial. Y de Ucrania, que “dio más de ocho millones de vidas por la victoria contra el nazismo”.

Desde la antesala de la invasión rusa, Zelenski, que había perdido popularidad en porcentajes mayúsculos por sus políticas a veces erráticas y algunas salpicaduras a su entorno de casos de corrupción, ha crecido. El antiguo actor cómico, que maneja a la perfección el lenguaje y la escenografía de la televisión y las redes sociales, ha dado un paso al frente con sus informaciones puntuales a los ucranios, los emocionales vídeos que publica en internet y los mensajes patrióticos que le han devuelto la popularidad. “Lucharemos el tiempo que sea necesario”, ha dicho este sábado, tras la amenaza del Kremlin de recrudecer los ataques.

También ha sacado repetidamente los colores a los líderes europeos por abandonar Ucrania a la amenaza de Putin. “Si ustedes, mis queridos líderes mundiales, líderes del mundo libre, no ayudan con fuerza a Ucrania hoy, mañana la guerra tocará a sus puertas”, advirtió en una de esas intervenciones. El presidente ucranio ha dado la vuelta a las narrativas del Kremlin y comparó a Rusia con la Alemania nazi. “Rusia atacó vilmente nuestro Estado esta mañana temprano, tal como lo hizo la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial”, dijo el líder ucranio. “Nuestros países se encuentran en diferentes lados de la historia mundial. Rusia está en el camino del mal”.

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Zelenski, a quien se percibió en un principio como un peso ligero de la política y como un objetivo fácil de Putin, se convirtió con el paso de los meses en un halcón de la política exterior. Ahora, encarna ya en toda esencia al comandante en jefe de un país en guerra, que resiste la dura ofensiva de un Estado con armas nucleares y cuyo ejército lo dobla en tropas y medios. Un país con una ciudadanía con ánimos cada vez más patrióticos, que se está armando en masa para recibir a un enemigo que ha tratado de vender en casa que sería recibido con música y flores.

Ucrania está sufriendo fuertes ataques. La capital está bajo asedio. Las fuerzas enviadas por Putin avanzan por el norte, el este y el sur. Y la amenaza del Kremlin se intensifica. Los servicios secretos ucranios y estadounidenses advierten de que uno de los objetivos prioritarios del Kremlin es descabezar al Gobierno y poner a un régimen títere de Moscú. Y para eso hay que derribar a Zelenski. Estados Unidos le recomendó salir del país o, como poco, de la capital. Pero el líder ucranio asegura que permanece —él y también su familia— en Kiev.

Zelenski arrasó en las elecciones presidenciales de 2019 en todo el país frente a Petró Poroschenko, un magnate de la confitería que había mantenido una postura férrea contra Moscú. Lo hizo con un discurso anticorrupción y en cierta manera antisistema. Prometió poner fin a la guerra en el Este, contra los separatistas prorrusos apoyados por el Kremlin, que drenaba el país y ha causado ya 14.000 muertes. Poroschenko, su antecesor, había prometido ganarla.

El líder ucranio, que se rodeó de un grupo de amigos fieles de Krivyi Rih, y de sus compañeros del grupo de teatro de la adolescencia Kvartal 25, que con los años convirtió en una productora de éxito, lanzó políticas brillantes al principio de su mandato. El Gobierno, que tenía una amplia mayoría, abrió el mercado de tierras agrícolas, hizo una enorme campaña de digitalización e inauguró un programa enorme de construcción de carreteras para renovar las precarias rutas terrestres, en muy mal estado en todo el país.

Sin embargo, sus problemas con los medios, su falta de organización en los equipos y medidas polémicas, como una con la que se daría al Gobierno control sobre el Tribunal Constitucional, y otra conocida como “desoligarquización”, que apunta a limar la influencia de los superricos de Ucrania, pero que también puede poner en la diana a sus enemigos, rebajaron las esperanzas que la ciudadanía ucrania tenía en él. Pese a las reformas, Ucrania sigue siendo el tercer país más corrupto de Europa, después de Rusia y Azerbaiyán, según Transparencia Internacional. También le salpicaron las políticas de Donald Trump. Fue una llamada del entonces presidente estadounidense con su homólogo ucranio la que desencadenó el proceso de impeachment. Trump, que llevaba un tiempo congelando la ayuda en materia de defensa para Ucrania, pidió en esa conversación a Zelenski el “favor” de que abriese una investigación contra Hunter Biden y su padre, el exvicepresidente Joe Biden, precandidato demócrata entonces para la carrera presidencial de 2020.

Zelenski apareció entonces como un presidente débil. Y el episodio preocupó a muchos al inicio de la crisis rusa, cuando Moscú empezó a acumular soldados a lo largo de las fronteras con Ucrania y elevó las amenazas a Kiev, por su intención de entrar en la OTAN, y contra la alianza atlántica. También ha habido dudas sobre su equipo. Y el presidente Zelenski ha recibido duras críticas sobre su gestión por parte de la oposición. Críticas guardadas ahora en un cajón, cuando la oposición (excepto el escaso grupo de prorrusos), se ha centrado en apoyar a Zelenski en sus conversaciones con los aliados para tratar de empujarlos a imponer más sanciones a Rusia y recibir más armas.

Mientras, Zelenski se sigue dirigiendo a los ciudadanos, a los que ha animado a salir a las calles a echar el resto para defender el país, con armas, con cócteles molotov o lo que puedan alcanzar: “Estén preparados para apoyar a Ucrania en las plazas de nuestras ciudades”.

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No han soltado el arco y la flecha, solo que ahora los enfilan contra otros colonizadores. Unos 133 indígenas piaroa de la comunidad Gavilán de Cataniapo —al norte del Amazonas venezolano, en el municipio de Atures— se unieron en 2018 para conformar lo que llaman “cuerpo de resistencia civil”: un grupo de centinelas para protegerse de los nuevos forasteros que irrumpen en ese rincón de la selva amazónica.

Los vigilantes se llaman Ajoce Huäyäkä, vocablo piaroa que alude a una forma de trabajo comunitario. Insisten en ese asunto porque de allí deriva su legitimidad. Más que de tropas o milicias se trata, según sus palabras, de un grupo que se constituyó siguiendo decisiones adoptadas en asambleas, cuando la comunidad empezó a verse rodeada de mafias, guerrillas, mineros y garimpeiros que fueron asentándose en las vecindades.

No había pasado un año de la formación de la resistencia cuando fueron sorprendidos con una visita particular: hombres armados que se identificaron como disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) invadieron su territorio y, como ya lo han hecho en otras zonas de la Guayana venezolana, se anunciaron como sus nuevos vecinos con un guión que viene repitiéndose en otras comunidades.

“Informaron que venían del gobierno, que eran aliados estratégicos del país”, recuerda el coordinador general de la Organización Pueblo Unido Piaroa del Cataniapo en Amazonas, Hortimio Ochoa. Solo que en este caso, después del revuelo inicial, terminaron por hacer caso a las demandas de los lugareños y desistieron de instalarse. “Marchamos, dialogamos y se fueron”.

El asunto, sin embargo, no quedó allí. Un año después, en febrero de 2020, los mismos uniformados regresaron, esta vez ya para quedarse. Entonces, más de 700 indígenas de las riberas del Cataniapo volvieron a marchar para expulsarlos, sin éxito.

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Hoy, la guardia tiene más trabajo que antes. Preocupados de que los cataloguen como una suerte de autodefensas, Ochoa insiste en que están bien lejos de ser un pelotón militar. Dice que no portan armas de fuego —solo se les ve con lanzas de madera— y que se trata de la misma comunidad organizada. La guardia, afirma, “interviene en la liberación de personas secuestradas, participa en la búsqueda de desaparecidos en las masacres, previene el reclutamiento de niñas y niños en el conflicto armado, ofrece seguridad en las movilizaciones y eventos de sus pueblos, protección ambiental y seguridad territorial”.

Un cóctel de nuevos y viejos grupos irregulares —desde mineros ilegales hasta guerrillas— ha venido asentándose en el territorio piaroa. La expansión armada en el conflictivo sur venezolano, incluso en tiempos de pandemia, ha generado desplazamientos, confrontaciones, reclutamientos y depredación ambiental. También ha impactado las formas de vida tradicionales de los pueblos indígenas que, como en el río Cataniapo, empiezan a constituir grupos autónomos de seguridad que suplen la ausencia del Estado.

En apenas un año, entre 2020 y 2021, surgieron noticias de al menos dos nuevas guardias territoriales indígenas en áreas a las que ha llegado la presencia armada: una en la comunidad piaroa de Pendare, en el municipio de Autana del norte de Amazonas; y la segunda en territorio ye’kwana del río Caura medio, en el municipio de Sucre del oeste del Estado de Bolívar. Se sumaron a una lista de cuatro comunidades piaroa de Amazonas, así como de otras en Bolívar, tanto a orillas del río Paragua como del río Cuyuní.

Por mucho, el caso más emblemático es el de la Gran Sabana, al suroeste de Bolívar, cerca de la frontera con Brasil. Allí, unas 86 comunidades del pueblo pemón, entre 120 localizadas en la zona, han adoptado este tipo de patrullas.

Alrededor de 80 voluntarios participan en la guardia territorial constituida en el municipio Autana de Amazonas.
Alrededor de 80 voluntarios participan en la guardia territorial constituida en el municipio Autana de Amazonas.Sergio González

En Pendare, ubicada en el norte de Amazonas, los indígenas decidieron en febrero de 2020 defenderse “por su propio medio” de la “invasión silenciosa” sobre el territorio Tearime Siri koi Aerime Suititi de los uwottuja. De acuerdo con la mitología indígena, los abuelos protegieron el territorio piaroa poniendo raudales que servían como puestos de control y vigilancia para impedir el paso de personas foráneas. Pero las organizaciones del crimen han saltado los raudales y otros accidentes naturales, si es que no los han usado a su favor, para penetrar el territorio e instalar campamentos debajo de la copa de los árboles o dragar el lecho de los ríos.

En 2012, la Organización Indígena Pueblo Uwottuja del Sipapo (Oipus) empezó a denunciar la entrada de grupos armados, pero la administración de Nicolás Maduro no actuó y la presencia de irregulares se incrementó: en 2019, identificó campamentos en las riberas del río Autana, Bajo Sipapo y río Guayapo y, meses después, pistas de aterrizaje y evidencias de contrabando.

Desde mediados de 2020, la figura de las guardias territoriales se ha constituido en cinco comunidades del municipio de Autana con 80 voluntarios que instalan puntos de control en zonas estratégicas. Pero esto no ha detenido a los invasores. En marzo de 2021, en un punto de control sobre el Caño Guama, en la cuenca del río Sipapo, los mineros amenazaron a los indígenas con escopetas. En el hecho, tres indígenas resultaron heridos, uno de ellos con un corte en el rostro y pérdida de la dentadura, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) de Amazonas. Frente al poder de fuego de sus adversarios, la capacidad disuasiva de las rondas indígenas resulta endeble.

Un grupo armado que opera en el municipio Sifontes, en el sur de Bolívar, arremetió contra indígenas en enero de 2022. Tres indígenas, entre ellos un capitán y un miembro de la seguridad territorial, fueron heridos.
Un grupo armado que opera en el municipio Sifontes, en el sur de Bolívar, arremetió contra indígenas en enero de 2022. Tres indígenas, entre ellos un capitán y un miembro de la seguridad territorial, fueron heridos.Sergio González

A principios de 2022, otros tres indígenas de la etnia pemón fueron heridos en la comunidad indígena Santa Lucía de Inaway, en el sureste del Estado de Bolívar, por miembros de los autodenominados “sindicatos” que mantienen por la fuerza el control sobre yacimientos auríferos y sus alrededores en el municipio de Sifontes. Portando armas largas y disparando al aire, miembros del sindicato de alias Juancho arremetieron contra la comunidad, que había decidido ocupar un viejo galpón abandonado para dedicarlo a actividades comunitarias.

La toma del galpón representó un contratiempo para la banda delictiva, pues el inmueble permite controlar el paso por la vía de acceso a una mina bajo su control. En el enfrentamiento quedó herido el capitán de la comunidad Joboshirima, Junior Francis, cuando intentaba grabar un video. Otros dos indígenas, uno de ellos miembro de la guardia territorial indígena, fueron golpeados cuando intentaban fotografiar el conflicto.

La expansión de los grupos armados foráneos en este punto profundo del Estado de Bolívar ha obligado a las comunidades indígenas locales a organizar más de esas guardias, a pesar de su aparente incapacidad para rechazar a los invasores.

En San Martín de Turumbán, a orillas del río Cuyuní que marca la frontera con el Territorio Esequibo de Guyana, indígenas pemón conformaron su guardia territorial en febrero de 2021, tras la invasión de mineros ilegales a las tierras de la cercana comunidad de San Luis de Morichal.

Con el vocablo pemón Maikok, que significa “espíritu salvaje y montañero”, la comunidad bautizó a la guardia territorial, constituida por 30 hombres y mujeres mayores de 17 años. “La comunidad se organizó y creó la seguridad sectorial por las invasiones de grupos armados y criollos que querían imponer sus normas”, explicó el capitán de la comunidad Bennett Kennedy.

La guardia tiene un punto de control en los linderos de la comunidad y supervisa, lista en mano, quién entra y quién sale de las áreas mineras. Ciertas infracciones, tales como irrespetar a las autoridades indígenas, el ingreso de bebidas alcohólicas o la prostitución, son castigadas con la expulsión. Cuando decenas de mineros ilegales avanzaron de nuevo sobre San Luis de Morichal, en febrero de 2021, la guardia indígena de San Martín de Turumbán estuvo tres meses en el sitio para apoyar el resguardo de las tierras comunitarias.

Aún con casos de éxito como el anterior, la invasión de tierras indígenas por parte de los sindicatos, sin embargo, no ha cesado, como tampoco lo ha hecho en zonas amenazadas por la incursión de otros grupos, como las guerrillas colombianas y los garimpeiros de Brasil.

Situación de armas tomar

Hasta 1999, los derechos de los pueblos indígenas no contaban con reconocimiento constitucional en Venezuela. La Carta Magna que entonces impulsó Hugo Chávez estableció como una de sus banderas el reconocimiento a los pueblos indígenas y la demarcación de sus tierras como un derecho inalienable.

El artículo 119 no solo encomienda esa tarea al Poder Ejecutivo, sino que el 120 añade que “el aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitats indígenas por parte del Estado se hará sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos e, igualmente, está sujeto a previa información y consulta a las comunidades indígenas respectivas”.

Pero del dicho al hecho, las disposiciones para la demarcación y la autonomía territorial de los pueblos originarios quedaron en letra muerta. Mientras, se multiplicaron las denuncias de abusos cometidos por fuerzas militares regulares del mismo Estado, que a su vez obligaron a los indígenas a adoptar una mayor beligerancia.

Uno de los primeros antecedentes de esos desmanes data de 2011, cuando indígenas pemón de 13 comunidades a orillas del río Paragua desarmaron y retuvieron durante cuatro días a 22 militares del Batallón 507 de Fuerzas Especiales del Ejército, devenidos mineros, a quienes encontraron hundidos en el barro hasta las rodillas y con motobombas encendidas. El hecho y la coordinada respuesta indígena sentaron las bases para la conformación de Musukpa, una comunidad en las cercanías de la mina Tonoro que diseñó un estricto compendio de normas de convivencia de diez capítulos y 76 artículos, que ordena todos los aspectos de la vida comunitaria, desde el trabajo minero hasta el ingreso de visitantes.

Perdidos entre la selva, un testigo grabó el secuestro y decomiso de las armas que unas 600 personas de 13 comunidades asentadas a orillas del Río Paragua practicaron contra un grupo de 22 militares.Vídeo: ARMANDO.INFO

El ejemplo de Musukpa se replicó en los años siguientes. Miembros de 12 comunidades del sector 3 de Urimán, en el municipio de Gran Sabana, detuvieron y desarmaron a 43 efectivos del Ejército venezolano que estaban ejerciendo la minería de forma ilegal en sus predios. Dos años más tarde, en el norte del mismo Estado, indígenas de las comunidades ye’kwana y sanemá, de la cuenca del río Caura, hicieron algo similar: detuvieron a un comandante del Ejército y a nueve soldados en protesta por la quema de dos viviendas y por la complicidad en prácticas mineras que atribuían a los uniformados.

Pioneros pemones

El primer referente de seguridad indígena en el sur de Venezuela se remonta a 2001, en la comunidad pemón de Maurak, en el municipio de Gran Sabana, a 15 kilómetros de la frontera con Brasil. Se llamó “policía civil indígena”, pues sus miembros estaban formados en seguridad, primeros auxilios y rescate. En esta comunidad nació Alexis Romero, un dirigente pemón clave en las negociaciones entre indígenas y gobierno en Musukpa en 2011.

Hasta ese momento, los problemas de Maurak eran sobre todo de orden doméstico: disturbios por ingesta de alcohol, robos menores y casos de violencia de género, según recuerda la capitana actual de Maurak, Lisa Henrito, quien asegura que se inspiró en las guardias indígenas de Colombia para dar forma a estas estructuras de seguridad interna.

El ejemplo cundió por toda la región al punto que hoy ya son 86 las comunidades de Gran Sabana que cuentan con cuerpos de seguridad interna. Es frecuente que algunos de sus miembros entrenaron en Maurak, alma mater de las guardias territoriales. “Es una guardia porque somos guardianes de nuestro territorio, de nuestra familia, las aguas, el ambiente y todo en el territorio; y no se trata de resguardar solo el territorio de los indígenas, sino del planeta”, explica Henrito. “Si los órganos de seguridad de esta nación no tienen la capacidad o la voluntad de hacer su trabajo, nosotros sí lo vamos a hacer porque somos los más interesados en mantener la paz”.

En 2016, la conformación de la guardia territorial de Santo Domingo de Turasen —en el mismo municipio— a causa del auge de la delincuencia y del tráfico de drogas y armas, provocó que el alcance de estas instancias excediera las fronteras de la comunidad. Ese año, un homicidio en Santa Elena de Uairén —principal población criolla cerca de la frontera con Brasil— con la participación de funcionarios policiales estatales, llevó a que habitantes de esa localidad, junto con las comunidades indígenas, expulsaran al cuerpo policial y tomaran el control de la seguridad con operativos en los municipios de Gran Sabana y Sifontes. “Allí llegó la popularidad de la guardia territorial pemón”, asegura Henrito.

Esa acción incorporó los cuerpos de seguridad del municipio, entrenó a indígenas de comunidades distantes como Sifontes y La Paragua y visibilizó a la Guardia Territorial Pemón, nombre que decidieron adoptar en 2017: “Los cuerpos de seguridad indígena nacieron como mecanismos internos”, detalla Henrito, “pero la mayor amenaza ahorita es la invasión progresiva de territorios indígenas, por eso estamos alertas 24/7″.

Sin embargo, también se puede morir de éxito. Fue el caso del asesinato en septiembre de 2018 de José Vásquez, comandante de la guardia territorial en la comunidad de Turasen. Las pesquisas y la autopsia determinaron que se trató de un homicidio, cuya responsabilidad fue atribuida al escolta y funcionario retirado de la Armada venezolana, Edward Frederick Curuma, quien fue arrestado. Indígenas pemón sospechan que el ataque contra este líder fue parte de un plan para debilitar la defensa territorial.

Un ataque del Ejército contra la comunidad indígena de Kumarakapay, en 2019, hizo que más de 1.000 indígenas migraran a Brasil.
Un ataque del Ejército contra la comunidad indígena de Kumarakapay, en 2019, hizo que más de 1.000 indígenas migraran a Brasil.María Ramírez Cabello.

En 2019, la violencia estatal y la represión escalaron en la Gran Sabana, en la antesala del ingreso de la ayuda humanitaria ofrecida desde Brasil. La guardia indígena de Kumarakapay, llamada Aretauka por el acrónimo de tres grupos del pueblo pemón —arekuna, taurepan y kamarakoto—, intentó impedir el paso de vehículos militares hacia la frontera con Brasil para mantener el paso limítrofe abierto y con ello el ingreso de la ayuda humanitaria. Pero un ataque del Ejército en represalia contra la comunidad indígena dejó tres lugareños muertos por impactos de bala: Zoraida Rodríguez, Rolando García y Kliver Pérez, así como decenas de heridos. García era un legendario guía de excursiones y actividades de turismo de aventuras. Un cuarto indígena herido en el incidente, Onésimo Fernández, murió en marzo de 2020.

El ataque represivo, perpetrado con armas de fuego y bombas lacrimógenas, inédito en territorios indígenas, consolidó la militarización en este municipio. Más de 1.300 pemones huyeron de su natal Venezuela hacia el lado brasileño de la frontera en busca de seguridad, de acuerdo con la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur). El éxodo incluyó al alcalde indígena del municipio, Emilio González. Las patrullas de Kumarakapay, que apenas portaban arcos y flechas, optaron por pausar sus actividades por temor a represalias y para evitar malos entendidos, pues en general estos grupos han sido acusados hasta de paramilitares.

La posibilidad de la violencia

Varias experiencias en América Latina comparten el crédito como origen de las guardias territoriales —como también se les conoce en Colombia—; policías comunitarias o autodefensas, en México; o rondas campesinas, en Perú.

La guardia del territorio indígena del Cauca, en Colombia, fue creada formalmente en 2001 con el propósito de preservar la integridad y autonomía del territorio y defender los derechos de los pueblos indígenas, amenazados por el conflicto armado, el desplazamiento y la invasión y militarización de sus territorios. Es una formación controlada por las autoridades indígenas y está conformada por 3.200 personas que “solamente armadas con bastones y walkie-talkies tratan de salvaguardar los territorios e impedir el ingreso de actores armados”, indica un estudio del doctor en Sociología Anders Rudqvist y el profesor de Historia Roland Anrup, publicado en la Revista Papel Político de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.

Los investigadores suecos consideraron que la guardia indígena es uno de los elementos de la resistencia civil de las comunidades en contextos de conflictos. Es una forma de defensa no armada “contra diferentes formas de violencia directa, es decir, violencia física”, pero también puede constituirse frente a las formas de violencia estructural. “Para el movimiento indígena, la resistencia civil es un ejercicio de autonomía y práctica comunitaria frente al Estado, los actores del conflicto armado y los intereses económicos transnacionales. Como consecuencia del principio de autonomía las comunidades han decidido no abandonar el territorio en casos de emergencia sino recurrir a la resistencia civil desde las asambleas permanentes”.

El politólogo y abogado Vladimir Aguilar, investigador del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de Los Andes en Mérida, Venezuela, explica que las guardias territoriales son mecanismos que los pueblos indígenas han encontrado para el control de sus territorios ante las amenazas de terceros. Aunque no todas son iguales, aclara. “Las de Bolívar son de carácter rígido (control de acceso hacia áreas mineras) mientras que las de Amazonas son de salvaguarda de sus territorios y ecosistemas (guardianes de la selva)”.

En la medida en que la expansión de la frontera extractivista a través de la minería ilegal siga en aumento, este mecanismo de control seguirá creciendo, sostiene.

Sin embargo, aclara que la tradición de los pueblos indígenas no incluye posiciones bélicas. Que esta característica cambie o no, va a depender de la presión y amenazas hacia sus territorios. “Los indígenas se han convertido en los verdaderos custodios de la soberanía e integridad territorial de la nación”.

(*) Esta es la quinta entrega de la serie “Corredor Furtivo”, investigada y publicada en simultáneo por Armando.info y El País, con el apoyo de la Red de Investigaciones de los Bosques Tropicales del Pulitzer Center y la organización noruega EarthRise Media.

Créditos

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Coordinación: Javier Lafuente | Guiomar del Ser 
Dirección de arte: Fernando Hernández 
Diseño: Ana Fernández 
Edición: Eliezer Budasoff 
Maquetación: Alejandro Gallardo 
Infografía: Nacho Catalán. 
Por Armando.info participaron: Joseph Poliszuk (coordinación) | Jorge Luis Cortés y Cristian Hernández (diseño, infografía y montaje) | Ewald Scharfenberg (edición) | Vanessa Pan y Pablo Rodríguez (dirección de arte).

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Cuando las tropas del Ejército tomaron el poder por la fuerza en Myanmar (antigua Birmania) el 1 de febrero de 2021, creían tenerlo todo calculado para poner fin a una década de incipiente democracia. Con el argumento —falso— de que se había perpetrado un fraude electoral en los comicios presidenciales tres meses atrás, arrestaron a la líder de facto del Gobierno civil, la premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, y a los parlamentarios de su bando. Los militares llevaban semanas espiando, como se supo más tarde, sus comunicaciones. Buscaron en sus domicilios a activistas, a académicos non gratos. Acusaron a Suu Kyi de cargos que incluían desde el supuesto uso ilícito de walkie-talkies al tongo electoral. Pero hubo algo con lo que no contaron: la férrea resistencia de la sociedad civil.

Desde el primer día, la población birmana, muy especialmente los jóvenes que se habían criado en una era de mayor conexión con el resto del mundo y apenas tenían memoria de lo que era vivir bajo una dictadura, se lanzó a la protesta contra un ejército que ya había controlado el poder en Myanmar durante medio siglo desde su primer golpe de Estado en 1962.

Primero llegaron caceroladas, manifestaciones y huelgas. Después —y mientras la junta militar encabezada por el general Min Aung Hlaing reprimía con violencia las concentraciones populares que surgían en todo el territorio birmano—, unos autoproclamados Gobierno de Unidad Nacional en la sombra y una asociación de guerrillas denominada Fuerzas de Defensa Populares.

Con la junta encabezada por el general Min Aung Hlaing enrocada en el poder y la mayor parte de la población en su contra, un año después del golpe el panorama en Myanmar es desolador. “Ha habido una intensificación de la violencia, una profundización de las crisis humanitaria y de derechos humanos y un rápido aumento de la pobreza”, denunciaba este lunes en un comunicado el portavoz del secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Al mismo tiempo, el gobierno militar anunciaba una prórroga de seis meses del estado de alarma que proclamó al tomar el poder, con el argumento de que es “necesario para establecer el camio correcto para una democracia genuina, disciplinada y multipartidista”.

La junta militar ha matado al menos a 1.500 personas y ha detenido a 11.838 desde el golpe, según la Asociación birmana de Asistencia para los Presos Políticos. Más de 320.000 desplazados internos por la violencia se han sumado a los 340.000 de larga duración que ya existían en el país debido a conflictos previos, calcula la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. La economía se contrajo un 18% en 2021, según el Banco Mundial. Los apagones y los cortes de servicio de internet están a la orden del día. Grandes conglomerados internacionales que habían acudido al reclamo de los abundantes recursos naturales, un mercado de 54 millones de personas y un clima de inversión favorable han anunciado su retirada, entre ellos, las petroleras Chevron y Total. La comunidad internacional ha impuesto sanciones económicas; Estados Unidos, Reino Unido y Canadá las ampliaban este lunes a más altos cargos birmanos. Tras una década de apertura, el país del sureste asiático vuelve a encontrarse aislado.

Pero la resistencia popular continúa. Ya no en forma de manifestaciones masivas, una actividad demasiado peligrosa. Pero sí en pequeñas manifestaciones rápidas, que tan pronto se forman como se disuelven, y de otros modos. Los que pueden permitírselo, boicotean los productos de las empresas propiedad del ejército o del Estado, generalmente más baratos. Este martes, en el primer aniversario del golpe, está convocada una nueva huelga general, para la que el movimiento de desobediencia civil ha pedido que la gente no salga de casa y los comercios no abran, entre amenazas de la Junta de graves represalias para quienes se sumen.

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Desde la asonada, médicos, maestros y otros funcionarios se han adherido al movimiento de resistencia civil y se niegan a trabajar para la junta. Algo que, a su vez, ha repercutido en la economía: los sistemas de enseñanza y sanitario se encuentran semiparalizados, en el mejor de los casos.

Las Fuerzas de Defensa Populares llevan a cabo una guerra de guerrillas que mantiene en jaque al Ejército birmano, también conocido como Tatmadaw. A la mezcla hay que añadir también las milicias étnicas que ya existían previamente en las zonas fronterizas, hogar de numerosas minorías en difícil convivencia, o enfrentadas, al ejército de mayoría étnica bamar, la dominante en Myanmar. Varias de ellas cooperan activamente con los grupos de resistencia. Algún analista militar ha descrito la situación actual como un “equilibrio del caos”.

“El conflicto va en aumento, [las tácticas de] los militares se van haciendo más desesperadas, a medida que se dan cuenta de que están perdiendo. Pese a todas las armas y los soldados que tienen a su disposición, no han podido hacerse con el control territorial del país. Y el control del territorio es su prioridad”, afirma Debbie Stothard, de la organización Alternative Asean Network for Burma, en una videconferencia organizada por Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS).

Matanzas de civiles

Las tácticas de la junta se han ido endureciendo a medida que ha ido encontrando resistencia. En diciembre, en la región de Sagaing, los militares quemaron a 11 residentes de un poblado, entre ellos, varios menores. Algunos vivían cuando les prendieron fuego. En Nochebuena se repitió una escena similar en un puesto de control cuando los soldados quemaron a 31 personas que trataban de huir de un enfrentamiento armado entre el ejército y la resistencia. Días más tarde, el Tatmadaw lanzó un ataque aéreo contra Loikaw, la capital de Kayah, la región donde se había producido la matanza.

“Si comparamos las cifras de ataques en los que ha resultado herida población civil en septiembre, octubre, noviembre y diciembre hemos visto más casos en Myanmar que en Siria y Afganistán juntos”, denuncia Stothard. En el caso birmano, su organización contabiliza 2.500; Siria y Afganistán acumulan 2.324 en el mismo periodo.

Esa tendencia va a continuar, a todas luces. La junta prepara una nueva ley de seguridad nacional que, según la ONG Access Now, supondrá la “muerte del espacio cívico online en Myanmar, extinguiendo cualquier resto de derechos de la gente a la libertad de expresión, asociación, información, intimidad y seguridad”. Ya ha prohibido el uso de VPN [tecnología de red], que policía y ejército buscan en los móviles de ciudadanos en constantes controles callejeros. El acceso a internet y datos se ha visto sumamente restringido. Los periodistas independientes han quedado en su mayoría detenidos o forzados a huir del país.

Min Aung Hlaing ha prometido elecciones para mediados de 2023 y entregar el poder al ganador. Pero Suu Kyi permanece detenida, y condenada ya a años de prisión, es probable que las causas que aún mantiene abiertas le acarreen penas aún más largas. Su partido, la Liga Nacional para la Democracia (LND), afronta una posible disolución. La junta planea una reforma del sistema electoral que le garantice mantener el control entre bambalinas.

“Es difícil ver cómo el régimen podría celebrar elecciones cuando casi todo el país se le revuelve. Es aún más difícil ver cómo unas elecciones podrían terminar la crisis política. La ira popular contra los militares es tal que nadie podría concebir como un paso adelante un nuevo gobierno constituido por militares retirados en traje de civil… Unas elecciones serían un detonante para la disensión y disturbios, no un paso hacia la estabilidad”, escribe el analista Richard Horsey, de la organización especializada en prevención de conflictos Crisis Group, en un comentario.

Es complicado también ver una intervención significativa de la comunidad internacional, cuya atención durante estos 12 meses ha estado dominada por la pandemia u acontecimientos como la actual crisis en torno a Ucrania. Su inacción supuso un duro golpe para los birmanos que suplicaban ayuda al comienzo de las protestas. Ahora, tras haber llegado “a la conclusión de que están casi por completo solos, la gente ha optado por hacerse cargo ellos mismos, incluido a través de la lucha armada”, apunta Horsey.

Pero “derribar al régimen —que está temeroso de la venganza que encararía por parte de una nación furiosa— es mucho más difícil de conseguir”, agrega el experto. “Sin ninguna de las partes en posición de asestar un golpe decisivo a la otra, una confrontación prolongada y cada vez más violenta parece inevitable”.

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