La reunión servirá para denunciar los atropellos a las libertades de prensa y expresión en todos los países de las Américas.
Miami (3 de abril de 2022) - La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)
comenzó a convocar a su reunión semestral de 19 al 21 de abril, en
formato virtual, abierta a todo público y gratuita. Inscríbase en este enlace.
La reunión servirá para denunciar los atropellos a las libertades de
prensa y expresión en todos los países de las Américas. Se analizará con
mayor énfasis los crímenes contra periodistas, trece de ellos ocurridos
en el primer trimestre de este año, y la deficiencia de los sistemas de
protección.
La situación de Nicaragua concitará la atención de los vicepresidentes
regionales de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.
Fueron invitados familiares de los periodistas presos a dar su
testimonio en un espacio especial. La asamblea aprobará una declaración y
plan de acción que permita revertir los excesos de la dictadura del
régimen Ortega-Murillo.
La sostenibilidad de los medios en la postpandemia también será tema
relevante de la reunión. Como conferencistas principales sobre este
tema, figuran Anya Schiffrin, directora de Tecnología, Medios y
Comunicación, de la Facultad de Asuntos Internacionales en Columbia
University; Antonia Kerle, gerente de Investigaciones sobre Tecnología,
Medios y Educación, de The Economist; Guilherme Godoy Canelas, jefe de
la Sección de Libertad de Expresión y Seguridad de los Periodistas, de
UNESCO.
Otros conferencistas importantes incluyen a Jim Brady, vicepresidente de
Periodismo de la Fundación Knight, Daniel Coffey de la News Media
Alliance, Paul Degan de la News Media Canada y el presidente y director
ejecutivo de la Asociación Nacional de Diarios de Brasil, Marcelo Rech y
Ricardo Pedreira, respectivamente.
El programa completo de la reunión, que contará con traducción
simultánea en inglés y español, será dado a conocer en los próximos
días. Las inscripciones ya están abiertas en este enlace.
La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y
promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está
compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y
tiene sede en Miami, Estados Unidos.
El cerco de la comunidad internacional sobre Nicaragua continúa estrechándose. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha anunciado este jueves la creación de un mecanismo que investigará las violaciones a los derechos humanos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo desde 2018. En abril de ese año, el Gobierno desató una brutal represión contra la población civil, que salió a la calle en manifestaciones masivas para protestar contra una polémica reforma del sistema de pensiones. Las fuerzas policiales y paramilitares asesinaron a 355 personas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desde entonces, más de 120.000 nicaragüenses han pedido refugio en Costa Rica, la persecución política a los disidentes no ha cesado y la acumulación de poderes de la pareja gobernante ha ido en aumento.
La medida implica la creación de un grupo con tres expertos independientes y un presupuesto de tres millones de dólares para fiscalizar los abusos cometidos en el país en los últimos cuatro años. “Establecer los hechos y circunstancias que rodean las presuntas violaciones, reunir, consolidar, preservar y analizar información y pruebas y, cuando sea posible, identificar a los responsables”, señala un comunicado de 15 organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos en Nicaragua. La comisión trabajará durante un año y dará “recomendaciones con miras a mejorar la situación” y “proporcionar orientación sobre el acceso a la justicia”.
La decisión se ha aprobado durante una sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, un organismo formado por 47 Estados. En la votación, 20 países se han abstenido y otros siete se han posicionado en contra: Cuba, Venezuela, Bolivia, Honduras, Rusia, China, y Eritrea. El 7 de marzo, la ONU ya hizo público un duro informe en el que transmitían su preocupación por la situación del país centroamericano.
En una larga lista, la organización enumeraba, entre otros abusos, que no haya habido “rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas desde abril de 2018″; la existencia de al menos 43 presos políticos por las elecciones de 2021; los juicios exprés “sin respetar el debido proceso”; las “detenciones arbitrarias o el “hostigamiento por parte de agentes estatales contra defensores de los derechos humanos, periodistas y abogados”.
“La solución es que se vaya Ortega”
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En lo que va de año, Ortega y Murillo han recrudecido la represión. A mediados de marzo, fue condenada, en un juicio plagado de irregularidades, a ocho años de prisión Cristiana Chamorro, opositora al régimen e hija de Violeta Barrios de Chamorro, quien fuera presidenta de Nicaragua en los 90 —tras ganar a Ortega en unas elecciones— y el periodista Pedro Joaquín Chamorro, asesinado durante la dictadura de Anastasio Somoza.
También expulsó al jefe de misión del Comité Internacional de la Cruz Roja. En febrero falleció en prisión Hugo Torres, histórico guerrillero sandinista que combatió junto a Ortega, encarcelado por su posición crítica ante su antiguo compañero. Esa muerte generó críticas incluso del propio hermano del presidente, Humberto Ortega, quien le reprochó que murió por el “cruel encierro” al que fue sometido. Además, las principales universidades del país están bajo control del Gobierno. Eso ha provocado en los últimos días la deserción de dos figuras que hasta ahora representaban al Ejecutivo sandinista: Arturo McFields renunció la semana pasada a su puesto como embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y llamó dictador a Ortega, mientras que el abogado Paul Reichler abandonó su cargo como representante ante la Corte de Justicia de La Haya en una carta en la que condenó que el país está gobernado por una dictadura.
Juan Pappier, investigador en América de Human Rights Watch (HRW), considera que la iniciativa de la ONU “da una luz de esperanza de que alguna vez habrá justicia por las gravísimas y sistemáticas violaciones a derechos humanos cometidas por el régimen de Ortega”. “Confío en que el grupo de expertos va a hacer un buen trabajo, pero para lograr una transición democrática hace falta unir más mecanismos y voces de condena de la comunidad internacional”, ha sostenido.
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CNIDH), Vilma Núñez, se muestra más escéptica: “Yo soy contraria a las reacciones triunfalistas, quisiera ver esta resolución como un avance en un camino largo que hay que recorrer. Lo saludo con optimismo moderado, pero con la firmeza de que tenemos que proporcionarle al grupo de expertos todo el apoyo, tomando en cuenta que van a contar con la hostilidad del Gobierno”, ha asegurado. “Esto no es la solución, la solución es que se vaya Ortega, mientras él permanezca en el poder, cualquier esfuerzo se verá enfrentado a obstáculos, a veces insalvables, con un costo de vida muy real”, concluye la activista.
Con ella concuerda también José Miguel Vivanco, abogado defensor de derechos humanos y exdirector de la división americana de HRW: “Es un paso muy importante, muy necesario, pero no es suficiente. Que nadie crea que con ese mecanismo se acaban las violaciones a los derechos humanos de ese régimen desquiciado. Los presos políticos van a pasar en prisión arbitraria todo el tiempo que lo estime necesario Ortega. Para que las condiciones mejoren en Nicaragua, es imprescindible una transición democrática, y para ello es necesaria la presión política, diplomática y financiera frente a aquellos que le dan oxígeno a ese régimen”.
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Vendaval en el frente exterior del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo: después de que su embajador Arturo McFields se les rebeló en la Organización de Estados Americanos (OEA) la semana pasada, el Gobierno sufrió una nueva deserción este domingo 27 de marzo, cuando el abogado Paul Reichler renunció a su cargo de asesor internacional, a través de una carta en la que expresó que el mandatario sandinista ha instaurado una dictadura en Nicaragua.
“Usted ya no es el Daniel Ortega a quien tanto respeté, admiré, quise y serví con orgullo durante tantos años”, dijo Reichler. El abogado estadounidense sirvió como asesor legal internacional de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia, en La Haya, primero en los años ochenta, durante la guerra, cuando Managua denunció a Estados Unidos por el financiamiento a la contrarrevolución. Un fallo que fue considerado histórico y favorable para los sandinistas en ese entonces. Reichler volvió al cargo a partir de 2007, cuando Ortega retornó al poder.
Reichler culpa a Ortega de destruir la democracia y establecer una dictadura con “elecciones falsas, una legislatura sumisa, un sistema judicial corrupto e incapaz de impartir justicia, y el silenciamiento de la libertad de expresión y de los medios de comunicación independientes”.
Reichler ha estado involucrado en los principales litigios internacionales de Managua. Primero fue parte del equipo en los conflictos limítrofes del país por la soberanía del río San Juan contra Costa Rica y el límite marítimo del meridiano 82 en el Mar Caribe con Colombia, cuando Nicaragua recuperó su Mar Caribe.
En la carta, Reichler dice que le “resulta inconcebible que ese Daniel Ortega (que conoció en el pasado) hubiera reprimido manifestaciones pacíficas tan despiadadamente, resultando en cientos de trágicas muertes, en abril de 2018″. La declaración del abogado es un claro golpe a la narrativa que ha impulsado el régimen desde la crisis de 2018, que insiste en que la rebelión ciudadana fue un “intento de golpe de Estado”.
Acusa a Ortega de “asesinar” a Hugo Torres
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Reichler es el segundo funcionario internacional del régimen que se le pone en contra en menos de una semana, después de que el embajador de Nicaragua ante la OEA diera un discurso ante el Consejo Permanente el pasado miércoles 23 de marzo en el que calificó al régimen como “dictadura”. El asesor internacional Reichler señala en la carta que le “resulta aún más inconcebible que ese Daniel Ortega hubiera arrestado, confinado en condiciones intolerables y enjuiciado a más de 50 ciudadanos destacados —de la política, los medios de comunicación, las universidades y los negocios— con cargos falsos que no son más que un pretexto para eliminar la disidencia y la oposición”.
Reichler sostiene además que Ortega asesinó al exguerrillero histórico sandinista Hugo Torres, quien falleció en manos de la policía, después que en la temible cárcel de El Chipote, donde permanecía como preso político, no tuvo atención médica oportuna. “Me resulta impensable que ese Daniel Ortega hubiera asesinado a Hugo Torres y llevado sádicamente a los otros grandes patriotas, ahora encerrados en sus celdas, al borde del hambre y la muerte”, sostuvo el abogado.
El hasta hace poco asesor internacional considera “inconcebible” que el Daniel Ortega al que sirvió en su día pudiera forzar al exilio a “ilustres ciudadanos”, como Sergio Ramírez, Luis Carrión, Carlos Fernando Chamorro, Edmundo Jarquín, Gioconda Belli, Mónica Baltodano, Julio López Campos, y “muchos otros héroes sandinistas y no sandinistas, así como miles de nicaragüenses de todas las tendencias políticas, cuya libertad ha sido negada o amenazada”.
En la carta, Reichler dice haber servido a Ortega desde hace más de 40 años. Dice que también fue el enlace entre los sandinistas y el presidente de Estados Unidos Jimmy Carter para que este fuera a Nicaragua en calidad de observador internacional en las elecciones de 1990.
El abogado cuenta también que fue en enero de 1984, en la casa del padre Miguel D’Escoto, que el caudillo sandinista le pidió que formara parte del equipo legal de Nicaragua para demandar a Estados Unidos en la Corte Internacional de Justicia para responsabilizar a ese país “por la guerra, agresión y terrorismo que había lanzado contra la soberanía, independencia e integridad territorial de Nicaragua”. Sin embargo, de aquellos días épicos solo queda nostalgia y decepciones que, según la carta, lleva a Reichler a “rezar para que Nicaragua vuelva a ser libre”.
“Seguiré respetando, admirando y queriendo al primer Daniel Ortega, aunque sienta desesperanza y dolor por culpa del que ha tomado su lugar. Siempre atesoraré mi servicio al primero, aun cuando, por las razones expuestas anteriormente, mi conciencia moral me exige que debo cortar mis lazos con el segundo y negarme a servirle. Mientras tanto, rezaré por el día en que Nicaragua vuelva a ser libre”, dice la misiva.
Aunque la renuncia de Reichler y la rebelión de McFields en la OEA resultan, según analistas internacionales, un golpe duro a la narrativa del régimen, sobre todo de cara a sus bases políticas, en Managua la diplomacia dirigida por la vicepresidenta Murillo se reacomoda y busca sustitutos. De acuerdos a fuentes sandinistas consultadas por EL PAÍS, tras el discurso de McFields se desarrolla una “cacería de brujas” en el interior de las instituciones, en especial Cancillería, que mantiene aterrados a los servidores públicos.
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A inicios de la semana pasada, la justicia de Nicaragua, controlada por el presidente Daniel Ortega, condenó a ocho años de prisión a la opositora Cristiana Chamorro, tras desarrollar un juicio plagado de irregularidades. A la que fuera candidata presidencial se le achacó el cargo de “lavado de dinero”. Dos días más tarde, el embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Arturo McFields Yescas, denunció las arbitrariedades de lo que considera la “dictadura” de Ortega y ha abogado por la liberación de los más de 170 presos políticos del régimen. El periodista de EL PAÍS experto en Nicaragua, Carlos Salinas Maldonado, disecciona los puntos clave de la crisis nicaragüense.
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La condena por lavado de dinero contra Juan Lorenzo Holmann Chamorro, gerente general del diario La Prensa —el más longevo de Nicaragua— es el último golpe del régimen que lidera Daniel Ortega contra uno de los clanes familiares más importantes de Nicaragua, cuya historia ha estado ligada al poder político, el control de medios de comunicación y el enfrentamiento a la larga dictadura somocista. Los Chamorro le han dado a Nicaragua al menos seis presidentes —algunos tristemente célebres— y un héroe nacional, el periodista Pedro Joaquín Chamorro, asesinado en 1978, durante la dictadura de Somoza.
Unos días antes de la condena contra Holmann Chamorro, la periodista y exaspirante a la presidencia Cristiana Chamorro, hija de Pedro Joaquín y de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, fue sentenciada a ocho años de prisión, después de un proceso judicial considerado “espurio” por la oposición y defensores de derechos humanos, y en el que las autoridades leales a Ortega no pudieron demostrar los delitos que se le imputan. Los integrantes de este clan han sido condenados a la cárcel, el exilio o el ostracismo, en una cacería que puede ser interpretada como venganza personal largamente cultivada por Ortega después de perder las elecciones de 1990 frente a Violeta Barrios Chamorro, ahora de 92 años, quien enferma y sola se apaga poco a poco en su casa de Managua, en una bruma de recuerdos. El odio hacia su familia ha quedado patente en las palabras de la esposa de Ortega y vicepresidenta, Rosario Murillo, quien ha calificado a los Chamorro como “una casta entreguista, aprovechada y saqueadora”.
Ha valido de poco que haya condenas de organismos internacionales por los juicios contra Juan Lorenzo, Juan Sebastián Chamorro —otro candidato opositor—, Cristiana y su hermano, Pedro Joaquín Chamorro, también integrante de la directiva de La Prensa. Como el resto, él fue apresado en la orgía de detenciones contra opositores que Ortega desató el pasado verano para acallar a cualquier figura que pretendiera hacerle sombra en las elecciones de noviembre, que el mandatario dio por ganadas con el 75% de los votos. Las encuestas mostraban que Cristiana Chamorro era la figura de la oposición con más probabilidades de vencer a Ortega en unos comicios justos. Los juicios contra los Chamorro han movilizado a organizaciones periodísticas de todo el continente, que rechazaron de forma pública las condenas. “Hacemos responsable al Estado de Nicaragua por la vida e integridad de las y los presos de conciencia y exigimos su inmediata liberación, el cese de su criminalización y la revocación de todas las sentencias dictadas en su contra, por el mero hecho de ejercer su derecho a la libertad de expresión”, han advertido un grupo de 18 organizaciones periodísticas de Latinoamérica. “Estamos enfrentando a una de las dictaduras más feroces de la historia latinoamericana”, ha afirmado Jorge Canahuati, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). “Debemos cerrar filas para evitar que el régimen nicaragüense siga coartando las libertades de los ciudadanos y destruyendo el Estado de derecho”, ha pedido.
Cristiana Chamorro tras formalizar en junio de 2021 sus intenciones de inscribirse como precandidata presidencial para enfrentarse en las presidenciales de ese año a Daniel Ortega.AFP
Mientras sus hermanos y familiares han sido apresados y condenados por el régimen, Carlos Fernando Chamorro, el periodista nicaragüense más reconocido a nivel internacional, marchó al exilio en Costa Rica por la persecución y amenazas en su contra. Chamorro es el director del diario digital independiente Confidencial y del programa de reportajes y entrevista Esta Semana, y quien ha mantenido una línea editorial crítica con el Gobierno desde que Ortega regresó al poder en 2007. Confidencial había denunciado, a través de reportajes de investigación con Ortega recién instalado en el poder, que personeros del Frente Sandinista mantenían una red de extorsiones en el poder judicial para chantajear a empresarios. Esta denuncia pública, conocida como el caso Tola, hizo que el Gobierno levantara cargos contra Chamorro, acusándole de lavado de dinero; interviniera sus oficinas, y que la justicia amenazara con la cárcel al periodista. Tras la explosión de masivas manifestaciones en abril de 2018 —que Ortega reventó a fuerza de balas, con un saldo de más de 360 muertos— el régimen ordenó el asalto y confiscación de la redacción de Confidencial y aumentó el asedio contra su director y periodistas, obligados también al exilio.
“Las sentencias de culpabilidad contra mi hermana Cristiana y mi hermano, Pedro Joaquín, no son el resultado de un juicio, porque en Nicaragua no hay un Estado de Derecho, sino un Estado policial. Hubo una simulación de juicio en la cárcel, donde se les fabrican delitos. Estas condenas no tienen ningún valor jurídico, tienen un valor político, que consiste en que Daniel Ortega está confirmando que se robó las elecciones del 7 de noviembre, porque no podía aceptar la competencia política en esa elección. Ortega pretende legalizar esa eliminación de la competencia electoral alegando que ha existido un juicio en el que se han probado delitos. Estamos en un momento de radicalización de una dictadura totalitaria, que pretende aferrarse en el poder a cualquier costo”, afirma Carlos Fernando Chamorro en entrevista desde su exilio en Costa Rica. “Todos los presos políticos de Nicaragua son inocentes, no han cometido ningún delito. Lo único que han hecho es reclamar elecciones libres, democracia, justicia. Aquí se ha criminalizado la libertad de prensa, la libertad de expresión y también el derecho a elegir. Ortega está lanzándose hacia el vacío, porque lo que está haciendo es agravar la crisis nacional”, ha agregado.
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Para Ortega y sus leales, Carlos F. Chamorro es un “traidor”. Chamorro apoyó la lucha clandestina de la guerrilla del Frente Sandinista contra la dictadura somocista. Tras el triunfo de la Revolución Sandinista en 1979 ocupó cargos dentro de la nueva estructura del Estado, hasta ser nombrado director de Barricada, el diario oficial del Frente Sandinista. La familia Chamorro, entonces, quedó dividida. Pedro Joaquín, el hermano mayor, dejó Nicaragua para apoyar la oposición armada que se formaba contra el sandinismo. Cristiana mantenía una línea crítica contra el régimen desde La Prensa, el diario de la oposición, mientras Claudia Chamorro apoyaba al Gobierno revolucionario. Claudia es la única de los hermanos que no ha sido detenida por el régimen. Amigos de la familia cuentan que Violeta Chamorro, la madre, era una suerte de árbitro entre las diferencias políticas familiares y que cuando invitaba a sus hijos a cenar en casa exigía que nos se hablara de política. A Carlos Fernando Chamorro se le reprochaba haber apoyado al Gobierno sandinista, liderado por excombatientes guerrilleros convertidos en militares y que se convertiría en un régimen que no permitía las libertades civiles y perseguía a las voces críticas.
El periodista Carlos Fernando Chamorro en diciembre de 2020 frente a oficiales antidisturbios que custodian las instalaciones de la revista Confidencial, confiscadas por el régimen de Daniel Ortega.STR (AFP)
Chamorro se vería obligado a hacer una autocrítica en los años noventa, tras el triunfo electoral de su madre, Violeta Chamorro. Ella se convirtió en una improbable candidata de la oposición para plantar cara a Daniel Ortega en las elecciones de 1990. Los sandinistas no imaginaron ni en la peor de sus pesadillas una derrota electoral, a pesar del hartazgo de la gente por la guerra y la escasez. Ortega se daba baños de masas en los que se presentaba seguro del triunfo, como “el gallo ennavajado” —como decía la canción de su campaña— que derrotaría prácticamente sin esfuerzo a Violeta, quien había basado su candidatura con promesas del fin de la guerra y la reconciliación de un país amargamente dividido. El susto vino la misma noche de la elección, cuando el presidente del Tribunal Electoral, Mariano Fiallos, leyó los primeros resultados: el Frente Sandinista perdía frente a la candidata de la Unión Nacional Opositora (ONU). Con su madre en el poder, Carlos Fernando se convirtió desde Barricada en una fuerte oposición al Gobierno, pero el afán de Daniel Ortega de controlar el Frente Sandinista a toda costa hizo que muchas figuras del partido se distanciaran, entre ellos el escritor Sergio Ramírez y Chamorro. Ortega se guardó por muchos años esa “traición”, que haría pagar a Carlos Fernando con la persecución en su contra, cuyo resultado ha sido su exilio.
Un clan vinculado a la historia política de Nicaragua
Es prácticamente imposible contar la historia política de Nicaragua sin mencionar a la familia Chamorro. El clan, forjado en las filas del conservadurismo, ha dado al país seis presidentes, entre ellos el considerado el primer presidente de la Nicaragua republicana, el general José Chamorro Pérez, y el tristemente célebre Emiliano Chamorro, quien firmó en 1914 el llamado Tratado Bryan-Chamorro, con el que le concedía a Estados Unidos el derecho a perpetuidad para construir un canal interoceánico a través del país centroamericano. Ortega haría lo propio un siglo más tarde, cuando en 2011 entregó una concesión de 100 años a un oscuro empresario chino para la construcción de un canal en Nicaragua, un proyecto valorado en 50.000 millones de dólares del que no se ha colocado una sola piedra. A Emiliano Chamorro también se le recuerda por su inmensa ambición política, por la que arrebató el poder a través de un golpe de Estado perpetuado en 1926.
El personaje de este clan que tal vez es más querido y respetado en Nicaragua es Pedro Joaquín Chamorro, el padre de Carlos Fernando, Cristiana y Pedro Joaquín Chamorro Barrios. Él fue el gran opositor de la dictadura somocista, quien desde las páginas de La Prensa lanzaba feroces críticas a la dictadura, que lo tenía como la voz más incómoda. Sus textos eran leídos con avidez y su programa de radio era sintonizado todas las tardes. “La Prensa para Pedro era su vida. No por beneficio propio, sino para el beneficio del pueblo de Nicaragua”, dijo su esposa, Violeta. Por su valentía y beligerancia, Chamorro fue asesinado en 1978 por sicarios cuando conducía su vehículo hacia la redacción del diario. Su asesinato conmocionó al país y sentenció a la dictadura. Los funerales del periodista y opositor fueron apoteósicos y terminaron en una manifestación que exigía la caída del dictador, quien respondió ordenando una dura represión. Pedro Joaquín Chamorro es considerado un héroe nacional y es llamado mártir de las libertades.
A pesar de la trágica historia de Nicaragua, nadie podía imaginarse que menos de medio siglo después, los Chamorro estarían nuevamente en el foco de los desmanes del poder. Y menos que el hombre al frente de la cacería en su contra fuera un hombre que luchó para derrocar al somocismo. La historia vuelve a colocar entre sus protagonistas en esta nueva tragedia a la familia Chamorro, perseguidos por el “delito” de defender la libertad de expresión, denunciar la corrupción y atreverse a aspirar a derrotar a Daniel Ortega a través de las urnas. Por ello han pagado con cárcel y exilio. “En Nicaragua hay un Estado policial, un estado de miedo, de control, de vigilancia”, denuncia Carlos Fernando Chamorro, cuya voz, como en su momento fue la de su padre con Somoza, es la que más incomoda al régimen de Daniel Ortega.
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Arturo Mcfields Yescas, en un acto en Wasghington en noviembre de 2019.Juan Manuel Herrera (OAS)
La obediencia de Arturo McFields hacia el régimen de Daniel Ortega se convirtió este martes en una bomba que explotó con fuerza sobre la diplomacia nicaragüense. El hasta hoy embajador de Managua ante la Organización de Estados Americanos (OEA) dio un mazazo que puso en alerta y descolocó al Gobierno, que inició, según fuentes de Cancillería, una paranoica cacería de brujas para determinar cómo fue posible lo que ya consideran una “traición” de McFields. El embajador denunció los desmanes de lo que ha catalogado como una dictadura que viola los derechos humanos y abogó por la liberación de los más de 170 presos políticos. Un desahogo cuyas consecuencias están por verse, pero que vuelve a poner la crisis de Nicaragua en la discusión internacional. “No tengo valor, tengo miedo, pero creo que es importante vencer el miedo. Siento que me quité un yugo del alma”, dice un aliviado McFields en entrevista telefónica con EL PAÍS.
El embajador —su cargo sigue activo hasta que su destitución sea publicada de forma oficial en el diario del Estado en Nicaragua— narra a este periódico cómo tomó la decisión que ha puesto de cabeza al Gobierno de Ortega. “Es una decisión que no surge de la noche a la mañana. Es una decisión que ha estado torturándome por mucho tiempo. Pero lo que me llena de esperanza es saber que no soy el único en esta lucha interna por hacer algo, por manifestarte, por ayudar a los presos políticos. Esto es de miles de funcionarios a niveles altos, a niveles intermedios y a niveles bajos”, afirma.
McFields afirma que había expresado su descontento por la situación en la que están encarcelados los presos políticos del régimen y que incluso llegó a proponer que se liberara a de mayor edad y a los enfermos, pero que nadie escuchó su propuesta. Al contrario, recibió amenazas por expresarla. “Tener presos políticos a los que están tratando tan mal, ignorando cualquier principio internacional sobre el trato digno trasciende cualquier ideología política. Sin embargo, como he dicho, en el Gobierno nadie escucha. Pero lo que es más triste, nadie habla. Veníamos de una paliza moral en la OEA, entonces convocan a una reunión de emergencia. Yo creí que esa reunión era para analizar dónde estábamos, para evaluar nuestros aciertos, errores y hacer cambios dignos para descomprimir la situación sociopolítica. Cambios con cierto nivel de legitimidad; de hacer una pequeña concesión en favor del bienestar de los presos. Pero era una reunión para salirnos de la OEA. Yo abogué por liberar a presos de la tercera edad, pero no me escucharon… Es que tener presos en condiciones infrahumanas debilita moralmente a las bases (sandinistas)”, afirma.
Su decisión de irrumpir en la reunión del Consejo Permanente de la OEA para denunciar lo que considera una “dictadura” ha sido catalogada como valiente tanto en el seno de ese organismo como desde la oposición nicaragüense en el exilio. En los últimos años, la experiencia ha demostrado que alzar la voz contra el Gobierno o criticarlo puede ser pagado con la vida, la cárcel o el exilio en la Nicaragua de Daniel Ortega. Un temor que sigue recorriendo el espinazo del diplomático. “No soy un superhéroe, pero uno no puede dejar que sus miedos sean más grandes que sus convicciones. Sin embargo, no te voy a mentir, sentí mucho miedo cuando hablé en la sesión. Como una persona de carne y hueso, que tiene miedo por su familia. Miedo por mi integridad física y la de mi familia”.
Poco después de que las declaraciones de McFields se hicieran públicas, el Gobierno de Nicaragua emitió un comunicado en el que dijo que no le reconocía como su representante diplomático. Esta situación deja al periodista en un “limbo jurídico” en Estados Unidos, como él mismo reconoce. “No puedo trabajar, no puedo hacer nada, soy un desempleado. Técnicamente, por estos días, sigo siendo embajador, pero un embajador en el limbo”, dice desde Washington.
Algunas de las mayores críticas de McFields van dirigidas contra la vicepresidenta Rosario Murillo de quien asegura que dirige la política exterior del país sin tener una mínima idea de diplomacia, con una estrategia basada en la obediencia absoluta de parte de diplomáticos y funcionarios. “De acuerdo a la estructura del Gobierno, la cartera diplomática la maneja una persona: la primera dama. Una diplomacia sin alma ni cerebro”, acota.
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A pesar de su futuro incierto, el embajador afirma que no se arrepiente de lo que hizo este miércoles, cuando escribió líneas en la historia de la diplomacia de la OEA, siempre tan anodina. Espera que su decisión cale hondo en los funcionarios del Estado, que aceptan la humillación de seguir trabajando para un régimen que los manipula. “Tengo esperanzas en los funcionarios públicos, civiles y militares, porque los he oído hablar. Hablan en voz baja. Incluso hablan funcionarios del más alto nivel político, civil y militar, pero cuando se tratan de declaraciones oficiales callan. Callan porque tienen miedo. En los últimos meses varios funcionarios públicos se están yendo, pero se van calladitos por el mismo miedo. Ahora mi futuro es incierto, pero me siento libre. Siento que me quité un yunque de mi alma”.
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El cuerpo de López Smith fue hallado el 15 de marzo en una remota zona del noreste de Nicaragua, donde habitan estas poblaciones indígenas mayagnas, que intentan mantener sus tradiciones a pesar de las amenazas que las acechan. El autollamado Gobierno Territorial Mayangna Sauni Arungka Matumbak ha expresado su repudio por el asesinato de quien consideran un reconocido activista en la defensa de los derechos de las poblaciones indígenas caribeñas y ha culpado del mismo a los llamados ‘colonos’, invasores que llegan de otras regiones de Nicaragua a tomarse de forma ilegal las tierras, para establecer cultivos o expandir la ganadería.
Estos invasores se apoderan por la fuerza de los territorios ante la resistencia de los indígenas. Luego, presentan documentos sin peso legal con los que reclaman las propiedades. Organizaciones de derechos humanos han denunciado que muchos ‘colonos’ son exmilitares que ocupan ilegalmente los territorios indígenas para la explotación de la madera, la minería, el monocultivo de palma africana y la ganadería. El Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan) ha denunciado que muchos de estos ‘colonos’ tienen cercanía con el Frente Sandinista, el partido de Daniel Ortega.
Los integrantes del Territorio Mayangna Sauni Arungka mantienen una constante denuncia de la violencia que sufren. El pasado año fue especialmente duro para estos indígenas, después de que se registraran varios ataques que dejaron decenas de heridos. Las víctimas son los líderes, los guardabosques y agricultores que son atacados mientras se trasladan a sus huertos. En todos estos crímenes reina la impunidad. “Los comunitarios lamentan que las autoridades no prestan atención a sus verdaderos problemas: la invasión de sus territorios por medio de la violencia, a la imposición de autoridades comunales y territoriales afines al FSLN, lo que desplaza al liderazgo de estos pueblos y la permanente usurpación de sus recursos naturales, acabando así con sus tradicionales medios de vida”, ha advertido el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH). El Centro de Asistencia legal a Pueblos Indígenas (CALPI) denuncia el uso de metralletas y escopetas en los ataques.
La organización que defiende a los indígenas, cancelada
La violencia contra los indígenas se da con mayor constancia y saña por los ‘colonos’ desde el año 2015. Los invasores han quemado comunidades enteras, violan a mujeres, disparan contra las comunidades y secuestran a personas. Entre 2015 y 2022, al menos 63 indígenas han sido asesinados por colonos y 46 continúan desaparecidos. Todo en la impunidad. Cejudhcan lo ha denunciado en los medios de comunicación y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Es la única voz que alerta del “etnocidio” en proceso en Nicaragua.
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Este 17 de marzo, sin embargo, el régimen de Ortega ordenó la cancelación de la personería jurídica de la ONG, dejando en el desamparo a miles de indígenas que encontraban apoyo en esta organización. Cejudhcan fue cerrada junto a otras 24 organizaciones, lo que ha aumentado el número de instituciones canceladas a 132 desde 2018, cuando se registraron protestas sociales que exigían el fin del régimen.
Cejudhcan es la única organización que durante años ha documentado la invasión de los territorios indígenas, a pesar de las amenazas de los colonos y autoridades regionales del Frente Sandinista. El organismo es dirigido por Lottie Cunningham, una abogada miskita cuya labor ha sido reconocida internacionalmente. En 2020, le otorgaron el galardón Right Livelihood Award, también conocido como “Premio Nobel Alternativo” por su constante denuncia de la violencia letal que sufren los indígenas por defender sus territorios. Desde hace meses, Cunningham sufría acoso, incluso en el mismo Aeropuerto Internacional de Managua, cuando intentaba viajar.
Los indígenas llevan años denunciando que el Gobierno sandinista no cumple con la ley 445, llamada formalmente Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y los Ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz. Esta ley establece cinco fases en el proceso de reconocimiento y formalización de los derechos de propiedad indígena: demarcación, resolución de conflictos, titulación y saneamiento. Este último ha sido incumplido por las autoridades. El “saneamiento” consiste en el ordenamiento territorial y la expulsión de los terceros que no compartan la cosmovisión de los indígenas, ni el respeto por la tierra ni las normas comunitarias.
Un estudio publicado en abril de 2020 por el Oakland Institute, un organismo que estudia asuntos ambientales, alerta que el Gobierno de Ortega “alienta la fiebre del oro en Nicaragua”. En 2017, fue creada la Empresa Nicaragüense de Minas que permite al Estado de Nicaragua una mayor participación en negocios mineros junto con empresas privadas. De esa forma, el total de tierra bajo concesión minera aumentó de alrededor de 1.200.000 hectáreas a 2.600.000 hectáreas. Lo alarmante es que 853.800 hectáreas de esa tierra están en la zona de amortiguación de la reserva de Bosawás, en territorios indígenas.
Esa fiebre del oro se une a la expansión de la ganadería y los monocultivos, lo que alienta la invasión de tierra y la violencia contra los indígenas. El asesinato de López Smith es el último episodio violento que se sufren estas poblaciones nicaragüenses y ha generado el repudio de organizaciones de derechos humanos y hasta de Estados Unidos: el Departamento de Estado ha exhortado al régimen de Ortega a llevar a la justicia a los asesinos del líder indígena. “Activistas atribuyen esta atrocidad a asentadores que amenazan comunidades indígenas y actúan con impunidad bajo el régimen. Esto debe parar”, ha exigido el Gobierno de Joe Biden.
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Cristiana Chamorro, exdirectora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, en junio de 2021.AFP
La opositora Cristiana Chamorro Barrios, a quien el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, evitó enfrentarse en las controvertidas elecciones presidenciales recientes al ser encarcelada, fue condenada este lunes a ocho años de prisión por los delitos de lavado de dinero, bienes y activos, apropiación y retención indebida, gestión abusiva y falsedad ideológica. Chamorro, periodista de 68 años, se encontraba bajo arresto domiciliario desde el 2 de junio de 2021, y fue condenada por un juzgado penal de Managua, ha informado el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) en una declaración.
Chamorro es la séptima opositora que aspiró a ser candidata a la presidencia de Nicaragua en los comicios pasados en ser declarada culpable y condenada por los delitos de lavado de dinero o traición a la patria. Los otros seis son el académico Arturo Cruz, que fue embajador en Estados Unidos del Gobierno de Ortega entre (2007-2009), de quien se distanció; el activista, académico y líder de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Félix Maradiaga; y el economista y sobrino político de la expresidenta Barrios de Chamorro, Juan Sebastián Chamorro. También el periodista Miguel Mora, fundador, propietario y exdirector del canal de televisión 100% Noticias, clausurado por las autoridades y que ahora se transmite en plataforma de internet; el líder campesino Medardo Mairena y el abogado y político conservador Noel Vidaurre.
El embajador de Nicaragua en España, Carlos Midence, en una fotografía de archivo.Emilio Naranjo (EFE)
La relación diplomática entre España y Nicaragua está en un punto crítico después de que el Gobierno de Daniel Ortega decidiera retirar este jueves a su embajador Carlos Midence de la legación en Madrid. Managua alega supuestas “presiones y amenazas injerencistas” que hacen “imposible el ejercicio de la labor diplomática”. Sin embargo, el régimen sandinista no menciona que desde hace casi seis meses impide regresar a Managua a la embajadora española en Nicaragua, María del Mar Fernández-Palacios. Este culebrón diplomático tiene como contexto la atropellada relación entre ambos países por las críticas del Gobierno español ante las violaciones a los derechos humanos cometidas en el país centroamericano, los procesos judiciales espurios contra presos políticos y la consolidación de un régimen de partido único en las pasadas elecciones de noviembre de 2021.
El Gobierno de Ortega no ha dado ninguna justificación para que Fernández-Palacios no pueda ingresar a Managua en todo este tiempo, según ha revelado el medio independiente nicaragüense Divergentes. De acuerdo con esta publicación, la diplomática vivió una situación parecida en 2020, cuando la aerolínea en la que viajaba le comunicó que no podía abordar porque no lo había autorizado Managua. El 11 de agosto de 2021, después de que Fernández-Palacios fuese llamada a consultas por Madrid, su ingreso volvió a ser desautorizado sin fundamentos.
Esta nueva movida en las fricciones diplomáticas fue confirmada por el ministerio de Exteriores español a otro medio independiente, Despacho 505, en un comunicado que permite entender por qué ahora Nicaragua retira a su embajador de ese país: “El Ministerio de Asuntos Exteriores ha convocado hoy al Embajador de Nicaragua en España ante la negativa de aceptar la vuelta a Managua de la Embajadora de España. Dada la asimetría existente, se anunció al Embajador que se aplicaría el principio de reciprocidad, con lo que tomaron la decisión de retirar su Embajador con carácter inmediato”, se lee en el texto citado por el medio.
En febrero pasado, el secretario de Estado para Iberoamérica y el Caribe de España, Juan Fernández Trigo, habló de una “novedad en sus relaciones con Nicaragua” después que el Gobierno español llamara a consulta a la embajadora Fernández-Palacios, a causa delas “graves e infundadas acusaciones” del régimen contra España.
Unos meses antes, en agosto de 2021, el Gobierno de Ortega publicó una nota de prensa en la que acusaba a España por “la cínica y continua, intromisión, injerencia e intervención en nuestros Asuntos Internos, impropias de Gobiernos Democráticos, impropias también de Regímenes que incumplen continuamente con los Derechos de sus Pueblos a la Autonomía o a Procesos Autonómicos de Independencia, que tanto sufrimiento han costado ya, a Familias enteras de Pueblos que se niegan a seguir siendo sometidos a arbitrarios dictados monárquicos”.
Antes, la cancillería de Managua ya había atacado con virulencia a la ministra de Asuntos Exteriores de España, Arancha González Laya, quien manifestó su preocupación por las violaciones a los derechos humanos en ese país. “Mostrando una ignorancia atrevida, y una ferocidad impropia para la diplomacia, la señora González se dirige al presidente de un pueblo libre y soberano, con voz de alguacil, sin percatarse en su perorata delirante de trasnochada mandamás que llevamos siglos sin dominio español, además de nunca haber reconocido bondad alguna en esos furibundos crímenes hispánicos, crímenes de lesa humanidad”, dijo el Gobierno de Ortega.
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Fuentes diplomáticas consultadas por EL PAÍS en Managua coincidieron en que los embajadores están bajo ataque por parte del régimen Ortega-Murillo. El golpe más reciente lo sufrió el Nuncio apostólico Waldemar Stanisław Sommertag, quien fue conminado a salir del país. De acuerdo con una publicación de Confidencial, el embajador de El Vaticano abandonó su misión el domingo 6 de marzo, después de que un contingente policial lo siguiera a la salida de su residencia.
Sin declararlo non grato de forma oficial, según Confidencial, la salida de Sommertag se fraguó como consecuencia de al menos cuatro incidentes provocados por el Gobierno. Los dos más relevantes fueron que el nuncio usó en una entrevista la expresión “presos políticos” para referirse a los opositores que son juzgados a puertas cerradas en la prisión de El Chipote, lugar donde sufren malos tratos y torturas. El otro encontronazo fue que el nuncio no asistió a la aislada toma de posesión de la pareja presidencial el pasado 10 de enero, ya que viajó a Roma. Ambas cuestiones generaron fuertes reclamos del régimen.
Sommertag era uno de los pocos intermediarios que quedaban en Nicaragua entre el oficialismo y la oposición, entre ellos familiares de las víctimas de la represión. No obstante, Monseñor Carlos Herrera, presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) señaló —tras la salida intempestiva del nuncio— que las relaciones entre el régimen de Ortega y el representante del papa Francisco se habían deteriorado.
Otro detalle hilarante que causó la furia de los Ortega Murillo fue que, en febrero pasado, de acuerdo con el relato de fuentes diplomáticas, Sommertag organizó una despedida al embajador de Colombia, Alfredo Rangel Suárez, quien fue expulsado por los Ortega-Murillo y declarado non grato ese mismo mes.
Las fuentes diplomáticas consultadas por este diario consideran absurdo haber expulsado Sommertag, ya que el papa Francisco nunca ha criticado públicamente al régimen. Sin embargo, con esta decisión la pareja se aísla un poco más de la comunidad internacional.
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El embajador de Rusia ante la ONU, Vasily Nebenzya, habla durante la sesión de emergencia de la Asamblea General, el 28 de febrero de 2022.John Minchillo (AP)
La Asamblea General extraordinaria de la ONU votó este miércoles una resolución de condena de la invasión rusa a Ucrania. Sumó 141 votos a favor, cinco en contra (Bielorrusia, Eritrea, Corea del Norte, Siria y la propia Rusia) y 35 abstenciones. En este último grupo destacan China, y también cuatro países de América Latina: Bolivia, Cuba, El Salvador y Nicaragua. Un quinto, Venezuela, aliado incondicional de Moscú, tiene su voto inhabilitado por deudas con el organismo. Fueron relevantes los votos positivos de Argentina y Brasil, dos países que habían jugado la carta de la neutralidad y que finalmente se decantaron por el repudio.
La resolución de la Asamblea General exige a Moscú el cese “inmediato” de la ofensiva miliar sobre Ucrania. Fue la respuesta de la ONU al veto ruso en el Consejo de Seguridad de la ONU a una condena de la invasión. Rusia es, junto con Estados Unidos, Reino Unido, Francia y China, uno de los cinco países con derecho a veto en ese órgano. Los países occidentes sortearon el bloqueo del Kremlin con una convocatoria de urgencia a la Asamblea General, donde cada país tiene un voto y no hay poderes especiales. El escenario de la discusión abierta puso en evidencia los argumentos del bloque latinoamericano prorruso.
El más entusiasta fue Venezuela. Nicolás Maduro reveló el martes que llamó a Vladímir Putin para “ratificarle la condena de Venezuela a las acciones desestabilizadoras de la OTAN”. “Maduro expresó su fuerte apoyo a las acciones decisivas de Rusia”, destacó más tarde el Kremlin en un comunicado. Venezuela no pudo votar este miércoles en la ONU porque acumula una deuda millonaria con la organización, pero dejó su opinión. “La ONU no puede ser utilizada para profundizar los conflictos”, dijo el embajador Samuel Moncada. Sí estuvieron presentes con voz y también con voto los representantes de otros aliados rusos, como Cuba.
Su embajador ante la ONU, Pedro Pedroso Cuesta, dijo que para “examinar con rigor y honestidad” la situación en Ucrania hay que valorar lo que consideró “el empeño” de Estados Unidos para avanzar bajo el paraguas de la OTAN sobre las fronteras rusas. Mencionó también la “entrega de armas modernas” a Kiev. La lectura cubana coincide con la rusa: la invasión es una respuesta a una agresión previa de Occidente, que no escuchó los clamores de seguridad del Kremlin. A su turno, el nicaragüense Jaime Hermida Castillo habló de “cerco militar”. Bolivia justificó su abstención con un alegato al reparto de responsabilidades. Según el embajador Diego Pary hubo parte de culpa “en las potencias occidentales que a través de la OTAN ponen en riesgo la seguridad y la paz de otros Estados”. “Usando Estados intermediarios que favorecen las ambiciones expansionistas de estas potencias de occidente y amenazan la seguridad de sus vecinos”, afirmó Pary, donde Ucrania es el Estado “intermediario” y Rusia el vecino amenazado.
La votación no solo puso negro sobre blanco entre aquellos que están del lado ruso. Reveló también el giro de Brasil y Argentina, que hasta ahora habían jugado la carta de la neutralidad. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, visitó a Putin el 24 de febrero y en el arranque de la semana había advertido que su país no había decidido aún su voto. Finalmente, el Palacio de Itamaraty se decantó por el apoyo a la resolución, lo mismo que Argentina. Alberto Fernández también había visitado Moscú en los días previos a la invasión y desde allí había ofrecido al Kremlin ser “la puerta de entrada a América Latina”. Este miércoles, sin embargo, la embajadora argentina ante la ONU, María del Carmen Squeff, advirtió en su discurso que “ninguna adquisición territorial puede ser reconocida como legal a partir del uso o la amenaza del uso de la fuerza”.
México, en tanto, cargó contra el derecho a veto de Rusia como integrante del Consejo de Seguridad. “México demanda una vez más que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad se abstengan de hacer uso del veto ante situaciones en las que estén directamente involucrados o frente a situaciones de atrocidades masivas”, como ha hecho Rusia, dijo el embajador mexicano ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente.
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Dora María Tellez retratada en su casa en Managua, en julio de 2018.Carlos Herrera
La exguerrillera sandinista Dora María Téllez, una de las figuras claves en la liberación de Nicaragua de la dictadura somocista, ha sido condenada en la tarde de este jueves por la justicia de Daniel Ortega bajo por los supuestos delitos de “menoscabo a la integridad nacional” y “conspiración”. El juez Ángel Jancarlos Fernández realizó un audiencia exprés, de menos de siete horas y, enseguida, la Fiscalía pidió para la historiadora y crítica de la actual administración 15 años de cárcel, más la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
La condena de Téllez, inmortalizada por el Nobel Gabriel García Márquez en la crónica Asalto al Palacio, ocurre en un ciclo de juicios políticos programados contra los 47 opositores que Ortega encarceló a partir de junio de 2021 para eliminar toda competencia de las elecciones generales de noviembre pasado, en las que se declaró ganador sin competencia, perpetuándose en el poder junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
La histórica y emblemática exguerillera de 66 años fue sometida a un juicio sin garantías procesales, de acuerdo a defensores de derechos humanos. Pero también agravado por varios factores: la audiencia fue realizada a puertas cerradas en El Chipote, la misma cárcel donde está encerrada y sufriendo torturas, según sus familiares, a quienes les impidieron ingresar al juicio.
Los únicos que tuvieron acceso fueron los abogados de Téllez, pero fueron incomunicados. De acuerdo al artículo 121 del Código Procesal Penal, los juicios deben celebrarse en la sede de los tribunales y no en prisión. Sin embargo, los familiares de los reos de conciencia creen que este hermetismo es para que no se filtren imágenes del deterioro físico y emocional de los acusados producto de los malos tratos que han recibido durante el encierro.
El juicio de Téllez ha seguido la misma tónica de los primeros cuatro opositores procesados esta semana: Yader Parajón, Yaser Vado González, Alexis Peralta y la activista Ana Margarita Vijil quien, tras ser declarada culpable por “conspiración”, escribió en el acta de culpabilidad “soy presa política” debajo de su nombre.
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En paralelo a Téllez, también fue juzgado el líder estudiantil Lesther Alemán, reconocido por haber enfrentado cara a cara Daniel Ortega en 2018 en una mesa de diálogo. En aquella ocasión, el estudiante emplazó al mandatario, lo conminó a cesar la represión de las protestas sociales y a salir del poder. El universitario fue también condenado por cometer “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y la Fiscalía, igualmente, ha pedido la pena máxima de 15 años.
Lesther Alemán en una foto de archivo de mayo de 2018 cuando se enfrentó públicamente a Daniel Ortega. Alfredo Zuniga (AP)
“Hoy que Lesther es condenado cumple 213 días encarcelado arbitrariamente. El debido proceso es inexistente y le han violado todos sus derechos humanos. Lesther no ha podido hablar con su abogado ni recibir visitas de sus familiares. Ha sido sometido a interrogatorios extenuantes como mecanismo de tortura, a una mala alimentación y condiciones sanitarias que han afectado su salud”, expresó el grupo estudiantil del que Alemán es integrante. “El juicio contra Lesther ha sido ilegal e ilegitimo; una farsa judicial propia de una dictadura cuyo poder emana de la farsa electoral y violación sistemática a los derechos humanos de los nicaragüenses”, añadieron en un comunicado.
Juez sin competencia
La veterana defensora de derechos humanos Vilma Núñez de Escorcia, no solo cataloga como políticos estos juicios, sino que asegura que son “farsas y montajes”. Primero porque cuando la Fiscalía anunció la reactivación de los procesos en un comunicado, el tono era condenatorio de antemano al catalogar a los presos políticos como “criminales y delincuentes”. El Ministerio Público arrolló la presunción de inocencia antes de que los procesados pudieran estar frente a un juez.
Para los defensores de derechos humanos y familiares, los acusados tienen que enfrentar una defensa a ciegas. Entre las anomalías judiciales que han detectado está que los únicos testigos aportados por la Fiscalía son policías y simpatizantes sandinistas. Además, las pruebas presentadas son capturas de pantalla de redes sociales, algunas trucadas, mientras que los abogados defensores no han podido visitar a los acusados de previo y tampoco las querellas han sido cargadas en el sistema del poder judicial.
“Los juicios de Dora María y Lesther, aparte de todas las nulidades que se han venido cometiendo en la tramitación, y repetidas hoy en esta audiencia exprés, tienen un grave contrasentido con el Código Penal: el delito de ‘Menoscabo a la integridad nacional’ debe ser conocido por un tribunal de jurado y no por un juez técnico. Es decir, que estos jueces no tienen competencia. Entonces hay nulidad… pero ya sabemos que en Nicaragua los alegatos jurídicos no sirven para nada”, explicó la doctora Núñez a EL PAÍS.
El régimen Ortega-Murillo reanudó los juicios políticos este primero de febrero, mientras familiares de detenidos y el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) hicieron el llamado a un diálogo con el fin de liberar a los encarcelados. El régimen ignoró dicha disposición y apuró los procesos contra los opositores, los que –de momento– están agendados hasta el 24 de febrero. Lejos de mostrarse dispuesto a ablandarse, Ortega ha radicalizado su represión y procesa a las voces críticas con algunas de las leyes creadas para cazar disidentes, como la Ley de Defensa a los Derechos del Pueblo o Ley de Ciberdelitos, ambas aprobadas por la Asamblea controlada por el sandinismo.
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El campus de la Universidad Politécnica, Upoli, en Managua era a mediados de abril de 2018 un cardumen de estudiantes en resistencia. Unos 150 de ellos se habían atrincherado en su protesta contra el presidente Daniel Ortega. El centro de estudios era el bastión del descontento estudiantil en medio de las manifestaciones que exigían el fin del mandato del exguerrillero sandinista. Una acción que Ortega jamás les perdonaría. Tanto así que este miércoles la Asamblea Nacional, al servicio del mandatario, ha aprobado una iniciativa que ilegaliza cinco centros universitarios, entre ellos la Upoli, en una nueva medida represiva del régimen contra las voces críticas. El Gobierno, además, ha disminuido el subsidio estatal que recibía la jesuita Universidad Centroamericana, UCA, la más prestigiosa del país, donde sus estudiantes han mantenido una posición crítica contra lo que califican de “dictadura”. Se trata de un duro golpe para centenares de estudiantes de escasos recursos que dependen de una beca para terminar sus estudios en esa universidad privada.
Atrás quedaron aquellas imágenes de los estudiantes rebeldes atrincherados en las universidades. Ortega apagó con fuego y sangre las protestas, con una durísima represión que dejó más de 360 muertos, la mayoría jóvenes universitarios. Los reportes de los medios de comunicación y organismos de derechos humanos dan cuenta de chicos asesinados por disparos de francotirador, con balas en la cabeza, cuello y tórax. Se trata, según un reporte de la CIDH, de crímenes de lesa humanidad. Pero la sangría no fue suficiente para el mandatario nicaragüense, que ha decidido poner candado a los centros que permitieron el grito de libertad juvenil. En una orgía de ilegalización de organizaciones de la sociedad civil, los diputados nicaragüenses cancelaron la personería jurídica no solo de los cinco centros de estudio, sino de once onegés, muchas de ellas ligadas a la Iglesia Católica, que ha sido crítica con el régimen.
Uno de los argumentos para ilegalizar a estos organismos se basa en la controvertida Ley contra el lavado y terrorismo, que también ha sido usada para arrestar y enjuiciar a 40 críticos, incluidos siete aspirantes a la presidencia por la oposición, además de periodistas y empresarios. Los juicios en su contra comenzaron el martes y son considerados espurios por familiares y defensores de derechos humanos. “Hay organizaciones que se cobijan bajo las siglas sin fines de lucro, pero lo que hacen en la práctica es lucrarse. Este es un proceso [la cancelación de organismos] que va a continuar y nadie debe asustarse”, ha advertido este miércoles el diputado Filiberto Rodríguez, del oficialista Frente Sandinista.
Esta decisión se da dos semanas después de que las autoridades de la UCA denunciaron el recorte al presupuesto que el Gobierno otorga a ese centro de estudios de acuerdo a a los fondos destinado a las universidades y establecidos por la ley. La universidad jesuita solo recibirá este año 28.000 dólares, un monto ínfimo para hacer frente a las becas que otorga a los estudiantes de bajo recurso, que incluyen no solo la colegiatura, sino vivienda y alimentación. El recorte “afecta las posibilidades de la Universidad de continuar otorgando becas totales y parciales a estudiantes que por su condición socioeconómica se ven impedidos de hacerle frente a los costos de su formación universitaria”, han explicado las autoridades en un comunicado.
Los estudiantes de este centro están nerviosos y temen por su futuro académico. Algunos de ellos expresaron su temor al medio digital Divergentes. “Es una medida demasiado brutal. Se siente como que (el régimen) dice: si nosotros la queremos cerrar (la universidad) la cerramos, si nosotros queremos joderlos, los vamos a seguir jodiendo. Es un mensaje claro”, ha explicado una estudiante de 21 años. “Tengo temor, porque estoy a un paso de licenciarme. Siento que tener un título en medio de esto, también es como decirle al régimen que seguimos resistiendo en Nicaragua. Yo pude, yo lo hice. Ahora, estudiar es resistir”, ha afirmado otra estudiante de la UCA. Ortega, en su vorágine represiva, intenta ahora truncarles su futuro.
