Mostrando entradas con la etiqueta Tensa. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Tensa. Mostrar todas las entradas


Una mujer cuenta votos en un puesto de votación durante las elecciones legislativas en Chocó, Colombia. El pasado 13 de marzo.
Una mujer cuenta votos en un puesto de votación durante las elecciones legislativas en Chocó, Colombia. El pasado 13 de marzo.ERNESTO GUZMAN JR (EFE)

Una semana después de las elecciones al Congreso y consultas presidenciales, miles de colombianos están revisando en la web de la Registraduría Nacional si sus votos fueron contados correctamente y varios líderes políticos piden reconteo general. Las alarmas de que algo no salió bien han sido lanzadas desde varios partidos políticos, y van desde enmendaduras, votos desaparecidos hasta denuncias de fraude.

La Misión de Observación Electoral (MOE) ha señalado “comportamientos completamente atípicos en los resultados electorales del Pacto Histórico, en lo que tiene que ver con el gran número de mesas donde no se reportan votos”, pero llamó a la mesura. Esas denuncias polarizan aún más la campaña electoral a dos meses de la primera vuelta presidencial en la que Gustavo Petro, líder de la coalición de izquierda, se sitúa como el candidato más opcionado a ocupar la Presidencia.

Las críticas desde todas las orillas arrecian contra el registrador nacional Alexander Vega, que se ha defendido diciendo que son “errores humanos de los jurados de votación”. El registrador ya arrastraba críticas por las fallas de la plataforma durante la inscripción de cédulas y los problemas de acceso a la página el día de los comicios. Él mismo había denunciado que la web de la entidad había recibido 400.000 ataques cibernéticos meses atrás. En el Congreso ya anunciaron un debate de control político y él se mantiene en que no renunciará.

Tras una semana de denuncias en redes sociales, miles de votos han ido apareciendo. “En este momento se han recuperado 486.000 votos por el Pacto Histórico al Senado que no fueron reportados. Nos acercamos a tres millones de votos por la lista al Senado”, dijo Gustavo Petro, ganador indiscutible de las primarias, con 4.5 millones de votos. Sin embargo, no abandonó su denuncia de fraude. “A los abogados escrutadores les pido cuidar la votación de Fuerza Ciudadana, hubo fraude contra ellos”, agregó.

El escrutinio formal, que se conoció este viernes, ya ha cambiado también la configuración del Congreso. El Pacto Histórico pasó de 16 a 19 escaños y se convirtió en la mayor bancada del Senado. No es el único partido buscando votos uno a uno: el Nuevo Liberalismo, el partido renacido del asesinado Luis Carlos Galán, también ha pedido a cada votante que ingrese al link de la página de la Registraduría y verifique si en la mesa en que votaron hay o no papeletas a favor de este partido, además exige una veeduría internacional.

¿Qué pasó?

Únete a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites.

Suscríbete

Tras las denuncias, la MOE ha revisado miles de formularios E14, donde se suman los votos de todos los candidatos. Esta veeduría ha explicado que las anomalías van desde “el diligenciamiento inadecuado de las casillas de los formularios y sumas incorrectas de los votos depositados, captura inadecuada de los mismos en el sistema de preconteo, hasta casos de manipulación y alteración de los resultados depositados en el formulario por parte de jurados de votación, que incluso lo han sido reconocidos públicamente”.

Sin embargo, la irregularidad más evidente, que afecta al Pacto Histórico, está en el diseño de los formularios y en la transmisión de la información. La lista de Gustavo Petro se encuentra en las últimas páginas, como si fuera un pie de página después de la lista de otro partido. “Eso facilita que exista el error humano y que al momento de dictar de forma telefónica los datos se salten los números de esa casilla”, explica a este diario Diego Rubiano, coordinador del Observatorio Político Electoral de la Democracia, de la MOE.

El registrador Nacional, Alexánder Vega, ofreciendo declaraciones en Bogotá, Colombia, el pasado 18 de marzo.
El registrador Nacional, Alexánder Vega, ofreciendo declaraciones en Bogotá, Colombia, el pasado 18 de marzo.
Carlos Ortega (EFE)

En Colombia, los jurados de votación son personas elegidas en el cruce de una base de datos de empresas, universidades y funcionarios públicos. Para estas elecciones hubo 700.000 que recibieron una capacitación de la Registraduría. Una vez se cierran las urnas, cuentan los votos en presencia de voluntarios de cada partido que funcionan como testigos. Llenan tres copias de los formularios E14 y luego, esos números son transmitidos por teléfono desde los puestos de votación por empleados de una empresa contratista de la Registraduría, para estas elecciones la Unión Temporal Disproel. Esos son los datos que el país conoce al final de la jornada. Pero el escrutinio oficial, que sí tiene validez jurídica, se hace días después. “El error de transmisión se dio entonces en las llamadas para comunicar esos datos y en el cargue que se hizo para alimentar la base del preconteo, a cargo del contratista”, dice Rubiano.

La Unión Europea, que también tiene una Misión de Observación Electoral, se ha sumado a las críticas por las anomalías en el preconteo de los votos y la complejidad de los formularios. “La MOE UE quiere señalar que la discrepancia entre los resultados del preconteo para el Senado y los que arroja esta primera etapa del escrutinio, ha sido inusualmente grande. Sobre todo, para algunos partidos y coaliciones”.

Pero además de las inconsistencias en la transmisión de los datos, otros líderes políticos denuncian un supuesto fraude en el software. La MOE, sin embargo, ha seguido algunos casos y encontró errores técnicos que se han solucionado. “Es innegable que todos estos problemas quebrantan la confianza en el proceso electoral. Aún así, en un sistema tan complejo como este, que se presta malos entendidos, el llamado a fraude es irresponsable, porque estamos en una parte del proceso no completa”, dice Rubiano.

Linterna Verde, una organización independiente que investiga cómo se construye la opinión pública en los entornos digitales coincide en lo delicado de la narrativa de “gran fraude” y asegura que ésta comenzó en 2018, impulsada principalmente por el petrismo, pero en estas elecciones se ha convertido también en una estrategia para algunos candidatos de derecha y sectores cercanos al Centro Democrático. “Lo natural es que las denuncias de “Gran Fraude” estén en boca de las figuras partidistas que están encontrando diferencias significativas de votos y cuyas dudas son legitimas, pues la cancha ha estado tradicionalmente desnivelada para sectores políticos que representan la oposición o grupos tradicionalmente no representados en Colombia”, explica Cristina Vélez, directora de Linterna.

Pero ahora, aclara, “sectores del Centro Democrático, del partido del Presidente en ejercicio, y que en teoría debería ser el garante de la transparencia del proceso, también quieren pescar en este río revuelto y cuestionar de raíz el sistema electoral”. Desde la derecha, también se ha visto con suspicacia que Petro estuviera en una reunión en España con funcionarios de Indra, la empresa elegida por el Consejo Nacional Electoral para desarrollar el software del escrutinio general de las votaciones y el expresidente Álvaro Uribe dijo en sus redes que, estas elecciones, cuyo ganador fue el petrismo, le generan desconfianza y llamó a no “aceptar este resultado”.

Ante la polémica, este sábado, el gobierno de Iván Duque ha decidido convocar a la comisión nacional de garantías electorales, con presencia de miembros de los partidos y misiones de observación nacionales e internacionales.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS América y reciba todas las claves informativas de la actualidad de la región



Source link


El embajador de Nicaragua en España, Carlos Midence, en una fotografía de archivo.
El embajador de Nicaragua en España, Carlos Midence, en una fotografía de archivo.Emilio Naranjo (EFE)

La relación diplomática entre España y Nicaragua está en un punto crítico después de que el Gobierno de Daniel Ortega decidiera retirar este jueves a su embajador Carlos Midence de la legación en Madrid. Managua alega supuestas “presiones y amenazas injerencistas” que hacen “imposible el ejercicio de la labor diplomática”. Sin embargo, el régimen sandinista no menciona que desde hace casi seis meses impide regresar a Managua a la embajadora española en Nicaragua, María del Mar Fernández-Palacios. Este culebrón diplomático tiene como contexto la atropellada relación entre ambos países por las críticas del Gobierno español ante las violaciones a los derechos humanos cometidas en el país centroamericano, los procesos judiciales espurios contra presos políticos y la consolidación de un régimen de partido único en las pasadas elecciones de noviembre de 2021.

El Gobierno de Ortega no ha dado ninguna justificación para que Fernández-Palacios no pueda ingresar a Managua en todo este tiempo, según ha revelado el medio independiente nicaragüense Divergentes. De acuerdo con esta publicación, la diplomática vivió una situación parecida en 2020, cuando la aerolínea en la que viajaba le comunicó que no podía abordar porque no lo había autorizado Managua. El 11 de agosto de 2021, después de que Fernández-Palacios fuese llamada a consultas por Madrid, su ingreso volvió a ser desautorizado sin fundamentos.

Esta nueva movida en las fricciones diplomáticas fue confirmada por el ministerio de Exteriores español a otro medio independiente, Despacho 505, en un comunicado que permite entender por qué ahora Nicaragua retira a su embajador de ese país: “El Ministerio de Asuntos Exteriores ha convocado hoy al Embajador de Nicaragua en España ante la negativa de aceptar la vuelta a Managua de la Embajadora de España. Dada la asimetría existente, se anunció al Embajador que se aplicaría el principio de reciprocidad, con lo que tomaron la decisión de retirar su Embajador con carácter inmediato”, se lee en el texto citado por el medio.

En febrero pasado, el secretario de Estado para Iberoamérica y el Caribe de España, Juan Fernández Trigo, habló de una “novedad en sus relaciones con Nicaragua” después que el Gobierno español llamara a consulta a la embajadora Fernández-Palacios, a causa delas “graves e infundadas acusaciones” del régimen contra España.

Unos meses antes, en agosto de 2021, el Gobierno de Ortega publicó una nota de prensa en la que acusaba a España por “la cínica y continua, intromisión, injerencia e intervención en nuestros Asuntos Internos, impropias de Gobiernos Democráticos, impropias también de Regímenes que incumplen continuamente con los Derechos de sus Pueblos a la Autonomía o a Procesos Autonómicos de Independencia, que tanto sufrimiento han costado ya, a Familias enteras de Pueblos que se niegan a seguir siendo sometidos a arbitrarios dictados monárquicos”.

Antes, la cancillería de Managua ya había atacado con virulencia a la ministra de Asuntos Exteriores de España, Arancha González Laya, quien manifestó su preocupación por las violaciones a los derechos humanos en ese país. “Mostrando una ignorancia atrevida, y una ferocidad impropia para la diplomacia, la señora González se dirige al presidente de un pueblo libre y soberano, con voz de alguacil, sin percatarse en su perorata delirante de trasnochada mandamás que llevamos siglos sin dominio español, además de nunca haber reconocido bondad alguna en esos furibundos crímenes hispánicos, crímenes de lesa humanidad”, dijo el Gobierno de Ortega.

Únete a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites.

Suscríbete

Cuerpo diplomático bajo ataque

Fuentes diplomáticas consultadas por EL PAÍS en Managua coincidieron en que los embajadores están bajo ataque por parte del régimen Ortega-Murillo. El golpe más reciente lo sufrió el Nuncio apostólico Waldemar Stanisław Sommertag, quien fue conminado a salir del país. De acuerdo con una publicación de Confidencial, el embajador de El Vaticano abandonó su misión el domingo 6 de marzo, después de que un contingente policial lo siguiera a la salida de su residencia.

Sin declararlo non grato de forma oficial, según Confidencial, la salida de Sommertag se fraguó como consecuencia de al menos cuatro incidentes provocados por el Gobierno. Los dos más relevantes fueron que el nuncio usó en una entrevista la expresión “presos políticos” para referirse a los opositores que son juzgados a puertas cerradas en la prisión de El Chipote, lugar donde sufren malos tratos y torturas. El otro encontronazo fue que el nuncio no asistió a la aislada toma de posesión de la pareja presidencial el pasado 10 de enero, ya que viajó a Roma. Ambas cuestiones generaron fuertes reclamos del régimen.

Sommertag era uno de los pocos intermediarios que quedaban en Nicaragua entre el oficialismo y la oposición, entre ellos familiares de las víctimas de la represión. No obstante, Monseñor Carlos Herrera, presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) señaló —tras la salida intempestiva del nuncio— que las relaciones entre el régimen de Ortega y el representante del papa Francisco se habían deteriorado.

Otro detalle hilarante que causó la furia de los Ortega Murillo fue que, en febrero pasado, de acuerdo con el relato de fuentes diplomáticas, Sommertag organizó una despedida al embajador de Colombia, Alfredo Rangel Suárez, quien fue expulsado por los Ortega-Murillo y declarado non grato ese mismo mes.

Las fuentes diplomáticas consultadas por este diario consideran absurdo haber expulsado Sommertag, ya que el papa Francisco nunca ha criticado públicamente al régimen. Sin embargo, con esta decisión la pareja se aísla un poco más de la comunidad internacional.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS América y reciba todas las claves informativas de la actualidad de la región



Source link

top