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La guerra de Rusia contra Ucrania ha recrudecido el hambre en el mundo, según informes del Programa Mundial de Alimentos (PMA), una organización de la ONU. La dependencia de suministros como el trigo ruso y el aceite de girasol ucranio han tenido graves consecuencias en la asistencia alimentaria en países como Yemen, Etiopía, Afganistán y Siria, que ya registraban los peores niveles de inanición. El PMA recoge casos de cancelaciones y retrasos en envíos de alimentos desde el puerto de la ciudad ucrania de Odesa, objetivo del Ejército ruso. Además, un informe del organismo anticipa que el conflicto va a incrementar en 29 millones de dólares (cerca de 26 millones de euros) mensuales el presupuesto necesario para las operaciones del PMA, en plena crisis de fondos. El programa se había visto obligado a recortar las ayudas en varios países a principios de este año.

El aumento del precio del petróleo originado por la guerra, que impacta directamente sobre el precio del combustible, también complica la logística del programa. “Tenemos camiones cargados con comida parados en el norte de Etiopia. La violencia armada y la falta de combustible nos han impedido entregar las ayudas”, expone Brian Lander, subdirector de la División de Operaciones de Emergencia del PMA. De acuerdo con un informe de la organización publicado en febrero, más de 400.000 personas en la región en conflicto de Tigray se enfrentan a una catástrofe alimentaria (el peor nivel en la clasificación realizada por el PMA para medir la magnitud de las emergencias).

De acuerdo con la organización, 13,5 millones de toneladas de trigo y 16 millones de toneladas de maíz están congeladas en Rusia y Ucrania debido al cierre de los puertos y al estancamiento del negocio de cereales rusos, ante las sanciones económicas por la invasión a Ucrania. Los costes del envío de los alimentos también se han multiplicado e incluyen pagos de primas de seguro de riesgo de guerra que llegan hasta los 271.000 euros por trayecto.

Yemen, que ya arrastraba una dura crisis humanitaria, será el mayor damnificado de este conflicto en cuanto a la asistencia alimentaria. Las raciones de comida de 13 millones de personas a las que asiste el programa dependen en gran medida de los envíos que están estancados. La falta de cereales rusos eleva los costos del PMA, que ya afrontaba un déficit presupuestario de 900 millones de dólares (alrededor de 816 millones de euros) en el país. El programa ya había tenido que realizar recortes graduales en las ayudas. Ocho millones de personas que antes recibían una canasta mensual de comida en Yemen ahora se tienen que conformar con una entrega cada dos meses. La situación se repite en países como Etiopía, Afganistán, Siria y Sudán —que también se enfrentan a conflictos activos—, en los que la subida del precio de los alimentos y el combustible seguirá empeorando las crisis humanitarias, según la organización.

El PMA señala que si los campos de maíz, trigo y cebada ucranios quedan en barbecho este año el abastecimiento para las agencias humanitarias será mucho más costoso, y el programa no está preparado para asumir ese aumento. Lander aseguró a este diario que la organización no cuenta con las donaciones suficientes para este año, pese a que el programa ya había advertido que el 2022 sería un año catastrófico, con más de 44 millones de personas al borde de la hambruna en 38 países.

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La guerra en Ucrania agudiza la crisis que arrastraba la organización. De acuerdo con Lander, el PMA estimaba que 283 millones de personas en el mundo requerirían asistencia en 2022. “Para alimentarlos, se necesitan alrededor de 35.000 millones de dólares (cerca de 31.000 millones de euros) y solo contamos con un presupuesto de la mitad”, asegura. A este panorama se suman ahora los más de tres millones de refugiados ucranios que precisan de ayudas y la población que aún aguarda dentro del país mientras continúa la invasión rusa.

Aunque, según asegura Lander, “la comida es un derecho fundamental al que todo el mundo debería tener acceso”, el panorama actual contradice su visión. La disponibilidad de alimentos también se convierte en arma arrojadiza en medio de los conflictos, creando un vínculo directo entre guerra y hambre. “Lo vemos a diario con tácticas de asedio, en las que se cortan los caminos por donde se transporta la comida o se queman directamente los campos de cultivo”, explica el responsable del Programa Mundial de Alimentos.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) señaló en un informe a principios de este mes que un 30% de los cultivos de Ucrania no podrían sembrarse por el impacto de la guerra. Además, las cadenas de suministro en el país se están derrumbando, dejando gran parte de la infraestructura destruida y las tiendas de alimentos vacías.

No es coincidencia que los países más afectados por el hambre lidien con guerras, una situación que dificulta aún más la labor humanitaria del PMA, que se ve desbordado por el azote de la violencia. Lander resalta la diplomacia como elemento principal para detener el problema: “Detrás de todo esto, el diálogo político es primordial. Sin avances de los gobiernos y los actores del conflicto, la crisis humanitaria seguirá empeorando y responder a ella será cada vez más difícil”.

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En cada proceso electoral la participación es digna de análisis y cálculos. En Chile los votantes activos habían disminuido con los años desde la vuelta a la democracia, hasta que el Plebiscito por una nueva Constitución de 2020 rompió esa tendencia, al registrar una participación histórica del 50,9%. Sin embargo, en las votaciones de mayo 2021 -donde se eligieron Convencionales Constituyentes, Gobernadores, Alcaldes y Concejales- la participación volvió a bajar a nivel nacional y se detuvo en el 43,4%. Pero la asistencia a las urnas no se comportó igual en todas las comunas del país, en las más vulnerables creció.

 

Un estudio del Observatorio de Participación popular y territorio de la Universidad Católica Silva Henríquez sostiene que la participación aumentó en un 17% en las comunas pobres en las últimas elecciones.

Los investigadores trabajaron con los índices de las 346 comunas en Chile, siendo el 71% de ellas catalogadas como comunas pobres; es decir que están por sobre el promedio comunal a nivel nacional. En estas 245 localidades vulnerables vive el 47.1% de los habitantes del país y padecen distintos niveles de pobreza.

Se podría pensar que al ser el Plebiscito un hecho histórico y además consecuencia del estallido social con demandas principalmente enfocadas en la desigualdad; las personas con menos recursos acudirían más a las urnas. Pero los datos dicen otra cosa, la elección de constituyentes arrastró más electores de estos sectores que las votaciones de octubre 2020.

Los resultados del informe muestran que la mediana de la participación electoral comunal en las 245 comunas pobres en el plebiscito constitucional de 2020 fue de 40,5%, representando una baja respecto de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2017 (45,5%), y experimentó un incremento hasta el 47,3% en la elección de constituyentes de 2021. Esos 7 puntos porcentuales de alza representan un aumento del 17% en la participación electoral de las comunas pobres entre 2020 y 2021.

 

Para Juan Fernández, académico e investigador del Centro de investigación en ciencias sociales y juventud UCSH, hay dos posibles razones para esta diferencia. La primera guarda relación con la crisis sanitaria y la seguridad de los votantes.

«Para el Plebiscito había mucha incertidumbre respecto de ir, hacer colas; entonces pasada esa prueba, en la constituyente estaba instalado que se había podido hacer la elección y se había desarrollado de una manera relativamente segura», con respecto al coronavirus.

La otra causa tiene que ver con un proceso que ya está en marcha como es el constituyente. «El Plebiscito también era desconocido; era votar, pero no se sabía bien lo que iba a pasar. Luego viene esto que es mucho más concreto, la conformación de una convención, surgen nuevos actores, nombres concretos, personas que salen de los territorios, se instalan nuevos temas que estaban un poco invisibilizados», comenta a 24Data.

Comunas rurales vs. urbanas

Otra de las conclusiones que arroja el estudio es que entre las comunas pobres, las rurales votaron más que las urbanas.

Con estos resultados, la brecha de participación que situaba en desventaja por 15 puntos a las comunas rurales, se invierte.  Ahora, con un 49,4% de asistencia a las urnas en las localidades más campestres, la diferencia queda en ocho puntos a favor de estas. 

 

El académico Juan Fernández indica que «en las zonas rurales y comunas urbanas pero a una escala menor, aumenta la participación, porque hay dinámicas interesantes respecto a organizaciones, asambleas, colectivos que venían trabajando y articulándose; y que en este espacio (la Convención) ven que pueden poner sus temas».

El experto añade que no es posible proyectar si la tendencia de participación va a continuar en los siguientes procesos electorales. Sostiene que «va a depender mucho de la capacidad que tendrá este proceso de la Convención para dar señales de que realmente conduce a cambios, a una discusión distinta o se vuelve a encapsular en lo tradicional«.



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