Josefina ‘Pinita’ Gurdián tiene náuseas después de la quimioterapia, pero lo que más le afecta esta tarde de 3 de marzo no son las complicaciones del cáncer que padece: es que a su nieta, la presa política Tamara Dávila, la justicia del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo le lee una condena de culpabilidad por “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” en total hermetismo en la prisión de El Chipote, en Managua. La joven acaba de ser condenada a ocho años de prisión.
Pinita, su abuela, es una mujer reconocida en Nicaragua: ha sido una reputada chef que instaló en Managua la franquicia Panadería Margarita, un nombre que lleva una de sus hijas, Ana Margarita Vijil, también presa política del régimen sandinista. Tamara y Ana Margarita son dos activistas opositoras que fueron capturadas por el régimen sandinista hace más de nueve meses. El inicio y desarrollo de sus juicios políticos, en enero de este año, coincidieron con el agravamiento del cáncer de ‘Pinita’, que sufre además la zozobra de saber que sus familiares han pasado aislamiento y torturas en la misma cárcel donde han sido juzgadas y condenadas.
Los juicios de ambas activistas, al igual que el de una cuarentena de opositores capturados sin orden judicial por la policía en altas horas de la noche a partir de junio de 2021, cuando Ortega inició una cacería para perpetuarse en el poder, han estado plagados de irregularidades y anomalías. El preludio de estos juicios políticos ha sido la tortura que han sufrido los reos, a tal punto que el general en retiro Hugo Torres falleció el pasado 12 de febrero producto de la falta de atención médica en la mazmorra sandinista.
La primera razón del agravamiento de su situación, dice Pinita, es saber que su hija y su nieta “están en la cárcel totalmente aisladas e incomunicadas”. Cuenta que Tamara es la que más sufre el aislamiento y que duerme sobre una plancha de concreto sin derecho siquiera a una frazada. “Solo cinco visitas que nos han permitido verlas, abrazarlas y conversar por un breve espacio”.
Ella no pudo asistir a una de esas escasas visitas, bajo la vigilancia constante de la policía, porque tuvo una recaída y tuvo que ser intubada. Estuvo a punto de morir y se le avivó su mayor temor: “La segunda causa de mi sufrimiento en mi caso es no saber en qué etapa está mi cáncer y no quiero morir, estoy haciendo todo lo posible para vivir y ver a mi hija y mi nieta libres”. Pinita no sabe en qué etapa está su enfermedad, explica, porque el 2 de septiembre pasado fue despojada de su pasaporte junto con el de su hija y el de su hijo que la acompañaban a Costa Rica para realizarse un PET CT Scan, una tomografía basada en medicina nuclear que no hay forma de hacer en Nicaragua. “El único examen que existe para saber mi estado”, dice.
Que le hayan quitado el pasaporte es una represalia más del régimen Ortega-Murillo contra su familia, ya que la matriarca de las Vijil ha denunciado todo el tiempo las irregularidades de los juicios. Para empezar, los procesos debieron ser orales y públicos según el Codigo Procesal Penal, pero se han realizado todos a puertas cerradas en el Chipote, que es la sede de la Dirección de Auxilio Judicial.
Únete a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites.
“Ellos han querido subsanar el tema de la publicidad de los juicios con el ingreso de un familiar a las audiencias, pero eso no lo subsana porque según al ley tienen que ser públicos, con presencias de medios de comunicación”, explica a EL PAÍS Vilma Núñez, veterana defensora de derechos humanos que de manera incansable registra todo lo relacionado a estos juicios políticos.
Sin derecho a la defensa
Después de la cacería de opositores desatada a partir de junio de 2021, el Gobierno de Ortega preparó el andamiaje legal para iniciar estos juicios políticos. Mientras la comunidad internacional desviaba su atención de lo que pasaba en Nicaragua, las torturas en prisión para los disidentes fueron la antesala para estos procesos que han sentado un precedente de terror, en especial para el ejercicio de la libertad de expresión.
Los reos no han tenido derecho a una tutela efectiva, ya que no les han permitido entrevistarse con sus abogados para preparar la defensa. De hecho, algunos defensores, como el del precandidato presidencial Félix Maradiaga, conocieron a sus clientes el mismo día del juicio.
El hermetismo de los juicios políticos ha sido una constante. Algunos familiares han tenido la oportunidad de ingresar, pero al entrar se les despoja de sus teléfonos y quedan incomunicados. Varios abogados consultados por EL PAÍS explican que las causas de las que acusan a los presos políticos ni siquiera figuran en el sistema del Poder Judicial, y que conocen los legajos acusatorios recién cuando llegan a las audiencias. Además, a los abogados defensores se les impide constantemente intervenir y todos los recursos legales o impugnaciones que presentan son denegados.
“Otra de las anomalías es que los delitos que se achacan —conspiración para cometer menoscabo—, tienen que ser juzgados por un tribunal de jurado y no por un juez técnico. Eso constituye violaciones al derecho constitucional de ser juzgado por tribunal competente establecido por el artículo 34 de la Constitución”, alega Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
Remedo de pruebas
De acuerdo con familiares y abogados consultados para este artículo, la Fiscalía de Ortega ha basado sus alegaciones contra los presos políticos en testimonios de policías, entrevistas que los procesados concedieron a medios de comunicación y publicaciones de redes sociales que, a juicio de defensores de derechos humanos, no son pruebas que soporten condenas de culpabilidad que implican penas máximas, tal como ha pedido el Ministerio Público.
Los elementos de pruebas se deben presentar conforme dos artículos del Código Procesal Penal, el 268 y el 269. El primero plantea que las pruebas deben ser obtenidas de forma lícita por la Policía y el Ministerio Público. El segundo explica la forma en que deben ser incorporadas durante el juicio. Estas pruebas —sean testimoniales, periciales o documentales— deben ser siempre de carácter lícito. Sin embargo, en los juicios políticos no ha sido así.
En estas condiciones han sido condenadas ya, desde finales de enero, 27 personas. Los primeros en ser declarados culpables fueron Yader Parajón, hermano de un asesinado en 2018, y Yaser Vado González, activistas políticos detenidos en momentos diferentes pero juzgados en un mismo proceso. La Fiscalía presentó como únicas pruebas los testimonios de siete agentes policiales, quienes estuvieron a cargo de las investigaciones. Tres de ellos brindaron versiones contradictorias y una se mostró renuente a responder. Otra oficial de policía, a quien se le preguntó cómo perjudicaban las publicaciones en redes sociales realizadas por Vado —acusado de “propagación de noticias falsas”—, afirmó que “afectaban a su partido”. Fueron condenados a diez y 13 años de cárcel, respectivamente.
“Los argumentos son de viajes atrabiliarios, enredados y concretamente son sofismas, o sea que hacen afirmaciones falsas en las cuales fundamentan la supuesta culpabilidad o responsabilidad del acusado”, insiste Núñez.
Durante el juicio del líder estudiantil Lesther Alemán, los fiscales recurrieron a un perfil falso de Facebook, dos videos de entrevistas y fotografías que, según abogados, no demuestran de qué forma causó menoscabo al Estado, que es de lo que se le acusa. La Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN) denunció que durante el juicio contra Alemán en la sala hubo presencia de dos operadores políticos del gobierno. La primera, sentada en un escritorio en la puerta de la sala. El segundo, sentado al lado del juez. “Estas personas no identificadas estuvieron tomando nota de todo lo transcurrido sin derecho o identificación legal que se los permitiera”, informó la AUN. En la mayoría de los casos, a los procesados no se les permite la palabra. El joven de 24 años fue condenado en tal fecha a 13 años de prisión. Su principal pecado, en realidad, fue atreverse a decirle en la cara a Daniel Ortega que saliera del poder.
En el caso de Ana Margarita Vijil, la Fiscalía no presentó siquiera testigos. Solo bastó un video en el que no se demuestra la culpabilidad de la activista. El 7 de febrero, Pinita tuvo otro día aciago: su hija fue la primera presa política en ser condenada. A diez años de prisión. “Para mí ha sido durísima esta etapa; estar con este cáncer y saber que mi hija y mi nieta están sufriendo aisladas en ese lugar desde hace nueve meses. Todos los días lloro porque todas sufrimos… con ellas a mi lado, todo sería más calmo. Llevarlo más en paz, poniéndome en las manos de Dios”, dice a Pinita a EL PAÍS, una hora antes de conocerse la condena contra su nieta, Tamara Dávila, por ocho años de cárcel.
Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS América y reciba todas las claves informativas de la actualidad de la región
