La necesidad de la Unión Europea y Estados Unidos de asegurarse suministros energéticos alternativos a los de Rusia está teniendo consecuencias en todos los continentes y acelerando negociaciones que solo hace unos meses parecían estancadas. Al margen del Foro Diplomático, que se celebra en la localidad turca de Antalya, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, y el ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Félix Plasencia, mantuvieron este sábado una reunión en la que, entre otras cuestiones, abordaron las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania, el comercio de petróleo y la posibilidad de un levantamiento de sanciones si Caracas da ciertos pasos hacia un diálogo democrático. Tanto Borrell como Plasencia dijeron a EL PAÍS que el encuentro fue “bien”.
Esas sanciones tienen que ser eliminadas, según la parte venezolana para que se normalicen las relaciones y el comercio de hidrocarburos. “Son inaceptables y violatorias del derechos internacional y de la dinámica entre naciones civilizadas”, afirmó Plasencia. Preguntado por los recientes contactos entre Estados Unidos y el Gobierno de Maduro para explorar la posibilidad de un alivio de sanciones a cambio de retomar la compra de petróleo venezolano, el jefe de la diplomacia venezolana respondió: “Tenemos una relación de negocio petrolero con los Estados Unidos de 100 años. Nosotros no los hemos sacado a ellos del negocio, se fueron ellos para poner medidas coercitivas. Ahora quieren regresar. Bueno, si aceptan que el único y legítimo Gobierno de Venezuela es el que lidera el presidente Nicolás Maduro, bienvenidas las empresas petroleras estadounidenses y europeas”.
Fuentes del equipo de Borrell explicaron que el terremoto geopolítico que ha supuesto la crisis en Ucrania ha abierto “una oportunidad” y que han visto “receptividad” por parte de Venezuela a tratar las demandas europeas. En la reciente votación en Naciones Unidas en la que se condenó la agresión de Rusia a Ucrania, el Gobierno de Nicolás Maduro se abstuvo en lugar de votar en contra, lo que sí hicieron otros aliados de Rusia como Siria o Bielorrusia. Las fuentes europeas consultadas creen que hay en Caracas una actitud “más pragmática” y en caso de que se avance en el diálogo de México con la oposición venezolana y hacia un proceso de “elecciones abiertas y limpias”, se podrían levantar o aliviar las sanciones aplicadas a Venezuela tras la represión de las protestas antigubernamentales de los últimos años.
La Casa Blanca, sin embargo, ya advirtió el jueves que su Gobierno no reconoce a Maduro “como líder de Venezuela” y mantiene el reconocimiento en su lugar a Juan Guaidó, oficializado en enero de 2019. Pese a este enfrentamiento, la intención de reducir la principal fuente de financiación de Rusia —la venta de gas y petróleo— exige la búsqueda de nuevos suministros, y ello ha espoleado a las cancillerías occidentales a buscar alternativas, acelerando los movimientos diplomáticos en varias direcciones.
Venezuela intenta aprovechar la ocasión y se deja cortejar. En Turquía, tanto el ministro de Exteriores como la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, que estuvo en Antalya de jueves a viernes, se reunieron con los ministros de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y turco, Mevlüt Çavusoglu; con el alto representante de Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones, Miguel Ángel Moratinos, y con el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, que ya ha mediado anteriormente con el Gobierno de Maduro.
El presidente de Colombia, Ivan Duque, a la derecha, junto al senador Bob Menendez, este jueves en el Capitolio de Washington.MICHAEL REYNOLDS (EFE)
La reunión de una delegación del Gobierno de Joe Biden el pasado fin de semana en Caracas con Nicolás Maduro, el líder chavista al que consideran ilegítimo, sigue echando chispas en Estados Unidos. La Casa Blanca aseguró este jueves que sigue sin reconocer a Maduro como presidente legítimo y negó tajantemente que esté negociando un levantamiento de sanciones a cambio de la liberación de presos o acuerdos sobre petróleo, en plena crisis energética por Ucrania. La noticia de la excarcelación de dos estadounidenses en Venezuela no ha aplacado el desconcierto de la oposición por el acercamiento al régimen chavista, ni tampoco las críticas de legisladores republicanos y demócratas. El presidente colombiano, Iván Duque, se encontraba de visita en la capital norteamericana en plena polémica y se reafirmó en su condena a la “dictadura de Nicolás Maduro”.
“No reconocemos a Maduro como líder de Venezuela, pero estaba deteniendo a ciudadanos estadounidenses y nuestra prioridad era traer a esos ciudadanos estadounidenses a casa”, recalcó la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en su rueda de prensa diaria. Psaki había dicho el lunes que la reunión del fin de semana había abordado, entre otras cuestiones, la “seguridad energética”. Este jueves aclaró que, al menos hoy por hoy, no hay abierta ninguna negociación sobre la importación de hidrocarburos de Venezuela ni tampoco sobre el levantamiento de los castigos económicos que Estados Unidos ha impuesto al régimen en los últimos años.
El 23 de enero de 2019, Washington reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y reclamó a Maduro el abandono del poder y la celebración de elecciones justas. Biden mantuvo la política y las sanciones al llegar al poder, hace más de un año, pero la semana pasada una imagen de deshielo irrumpió en la escena para sorpresa del propio Guaidó y buena parte del Congreso de Estados Unidos. El senador Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores, no ocultaba su disgusto por la falta de información este jueves en el Capitolio. “[Maduro] no ha hecho nada para ganarse el derecho de que nos involucremos con él”, subrayó, añadiendo que se había enterado por la prensa.
Menéndez hizo estas declaraciones tras reunirse con el presidente Duque. El mandatario colombiano evitó dar su opinión sobre el acercamiento de Biden, pero sí reafirmó su postura “coherente”. “Nosotros nos mantendremos en la misma línea de política exterior que hemos mantenido, condenado la dictadura, llamando a Nicolás Maduro como lo que es, un criminal de lesa humanidad”, recalcó. Tras la reunión con Biden en la Casa Blanca, Duque ofreció además el petróleo colombiano frente al de Venezuela. “Colombia hoy es un país que tiene más capacidad de suministrar hidrocarburos de lo que tiene Venezuela”, dijo.
El miércoles por la noche, en una llamada con periodistas, un alto funcionario de la Administración de Biden ya había recalcado que no se había comprometido a ninguna cancelación de las sanciones a cambio de esta liberación y que no se había tomado “ninguna decisión” sobre la compra de crudo a Venezuela. La cuestión es qué espera Maduro ahora de Washington.
Nicolás Maduro ha dado un paso al frente para confirmar el encuentro que sostuvo el fin de semana con altos funcionarios del Gobierno de Joe Biden en Miraflores. “Ha sido una reunión respetuosa, cordial, muy diplomática”, calificó este lunes el mandatario sobre este acercamiento entre Washington y Caracas que no ocurría desde que en 2019 rompieron totalmente las relaciones ambos países. “Estaban las banderas de Estados Unidos y Venezuela, se veían bonitas las banderas unidas”, agregó en una transmisión televisiva después de las diez de la noche.
Como la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, que también aseguró este lunes que se habían conversado distintos asuntos, incluidos la “seguridad energética” y la situación de estadounidenses detenidos arbitrariamente en Venezuela, Maduro evitó ser específico sobre lo conversado, pero en su discurso dejó ver algunos de los temas de los que ya venían especulando algunos medios de comunicación luego de que The New York Times filtrara la información sobre la visita y el particular contexto el que ocurre, en medio de la invasión de Rusia a Ucrania, mientras el mundo afronta el alza en los precios del petróleo frente a la amenaza de veto a la producción rusa.
Maduro ha asegurado que la estatal “PDVSA está preparada, una vez recuperada a un nivel básico, para producir y crecer uno, dos y tres millones diarios de barriles de petróleo, si hiciera falta, y estabilizar el mercado petrolero y gasífero”. El declive de la industria por años de malos manejos y el cerco sancionatorio llevaron que el año pasado el país llegara a sus mínimos históricos de producción petrolera. Actualmente, produce unos 700.000 barriles de crudo diarios, pero expertos petroleros aseguran que está lejos de lograr una producción que pueda suplir totalmente la enorme de cuota de Rusia y tener una incidencia en el mercado.
Pero un cambio en el tablero podría ocurrir ante la posibilidad de que Venezuela vuelva a vender petróleo a Estados Unidos para suplir lo que aportaba Rusia, que justamente se quedó con parte de ese mercado a raíz de las sanciones contra Maduro. El embargo petrolero a Rusia podría entonces aliviar el venezolano. El país sudamericano vendía poco más de medio millón de barriles a Estados Unidos, su principal cliente, hasta que en 2019 se endurecieron las represalias económicas contra el gobierno chavista, por la crisis política que ha generado un grueso expediente de violaciones a los derechos humanos en Venezuela. En medio del cerco, Rusia se fortaleció no solo tomando el lugar de Venezuela como suplidor de Estados Unidos, sino que también estructuró financieramente la venta del petróleo venezolano en otros mercados en medio de las sanciones al costo de grandes descuentos para la nación sudamericana.
Desde hace meses el Gobierno de Estados Unidos ha venido señalando la posibilidad de aliviar las sanciones a cambio de mejoras en las condiciones democráticas en el país, sobre las que el chavismo ha hecho tímidas concesiones. La petrolera estadounidense Chevron también ha pedido ampliar las licencias que tiene para mantenerse en Venezuela para lograr una exención del Departamento del Tesoro que le permita mejorar el negocio en cuatro campos petroleros que operan en el país.
Maduro también ha dado signos de concordia con respecto a la oposición y anunció que se retomarían las negociaciones de México, de las que se paró la delegación del gobierno en protesta a la detención del empresario colombiano Alex Saab, que enfrenta un juicio por lavado de dinero en Miami y es señalado como testaferro de personas del entorno de Maduro. Pese a la enérgica defensa que han hecho del designado diplomático, durante esta alocución no fue mencionado así como tampoco reiteró su acusación a Estados Unidos de haber golpeado el proceso con esta detención. “Hemos decidido reactivar con mucha fuerza el proceso de diálogo nacional con todos los factores políticos, económicos, religiosos, culturales del país, más inclusivo, amplio”, dijo. “Si pedimos diálogo a Ucrania y Rusia, tenemos que dar el ejemplo”.
Únete a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites.
El líder chavista también moderó sus declaraciones sobre el conflicto en Ucrania y pasó de ofrecer total cooperación a Vladímir Putin “en la defensa de esa región”, como vociferaba hace una semana, a clamar por un diálogo entre ambos países, sumándose a las posturas de China y Cuba. “Estamos en un momento muy peligroso y el alto mando político y militar de Venezuela ha decidido que toquemos la campana de alerta a los pueblos y líderes del mundo, para buscar la paz, para buscar condiciones que permitan acuerdos verdaderamente sólidos en el proceso de negociación entre Rusia y Ucrania”, señaló Maduro, luego de expresar su preocupación ante “la posibilidad de una guerra en Europa y una extensión a otras regiones del mundo”.
Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS América y reciba todas las claves informativas de la actualidad de la región
Un graffiti en Caracas que defiende la inocencia de Alex Saab, encarcelado en Estados Unidos por lavado de dinero para el chavismo.Carolina Cabral (Bloomberg)
Nicolás Maduro ha guardado silencio durante las primeras horas después de las nuevas revelaciones sobre el caso del empresario colombiano Alex Saab que señalan que estuvo como informante de la DEA (Administración de Narcóticos de Estados Unidos) desde 2018. Se trata de un duro golpe contra la narrativa que ha construido el chavismo que lo defiende desde su investidura como diplomático, un título que le dieron seis meses después de haber sido detenido en Cabo Verde en junio de 2020. Washington, por su parte, le considera una pieza clave para desentrañar la corrupción del Gobierno venezolano, pues se le señala como presunto testaferro de altos cargos en el entorno del mandatario y operador financiero en su etapa más crítica, cuando empezó a ser cercado por las sanciones.
Algunos miembros de su Gobierno, sin embargo, han adelantado que se trata de una mentira. El miércoles, mientras Saab volvía a presentarse en una corte de Miami, se realizó un foro en Caracas para alzar una bandera en su defensa en el que participó su esposa, Camilla Fabri, y el viceministro de Políticas Antibloqueo, William Castillo, miembro de la delegación chavista en las negociaciones en México. El espacio que se anunciaba como un conversatorio sobre el impacto del bloqueo económico al país y el caso del empresario colombiano fue la tribuna para las primeras reacciones. El principal alegato que han esbozado para poner en duda la información revelada es que si Saab fuese un colaborador de la justicia estadounidense no hubiese sido sometido a más de un año de prisión en Cabo Verde, que para el chavismo fue un secuestro, ni a las supuestas torturas que su defensa ha denunciado.
“Usted está obligado a mantener los más altos niveles de secreto”
De acuerdo con las revelaciones hechas por los fiscales, Saab inició conversaciones con agentes de la DEA en 2016 en Bogotá y habría empezado a ofrecer información desde junio de 2018, poco después de que el Gobierno chavista lo declarara como enviado especial con amplias facultades para hacer gestiones para país, como aseguraron luego de su detención en Cabo Verde. Una carta firmada por el entonces canciller Jorge Arreaza, filtrada hace un año, acredita el nombramiento. Otra comunicación oficial dirigida a Saab luego de su arresto en Cabo Verde ratifica su cargo y le advierte de no revelar la información que posee. “En caso de ser extraditado a los Estados Unidos, usted será presionado por cualquier método, legítimo o no, para la revelación de dicha información”, escribió Arreaza. “Usted está sujeto a las leyes venezolanas y está obligado a mantener los más altos niveles de secreto, confidencialidad y lealtad con respecto a la información clasificada que posee”.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ofreció una rueda de prensa con medios nacionales e internacionales este jueves, en la que evitó referirse al tema. Ante la pregunta de una periodista también puso en duda las revelaciones de los fiscales: “¿Si es así por qué le sacaron dos dientes golpeándolo en Cabo Verde, por qué lo torturaron, por qué lo tienen en condiciones inhumanas en una celda, por qué lo someten a terrorismo psicológico? ¿Por qué? Es raro, ¿no?”, cuestionó.
El acuerdo con la DEA implicaba que Saab se entregara el 30 de mayo de 2019, algo que no ocurrió y precipitó el fin de la colaboración. Dos meses después fue incluido en la lista de la OFAC y acusado de lavar 350 millones de dólares provenientes de contratos gubernamentales. Según los documentos desclasificados y divulgados por AP, Saab también se comprometió a devolver las ganancias ilícitas que había obtenido junto a su socio Álvaro Pulido —aún prófugo— y llegó a hacer cuatro transferencias a la DEA por más de 12 millones de dólares.
Únete a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites.
Entre los abogados de Saab parece haber visiones encontradas. El bufete Baker & Hostetler emitió el miércoles un comunicado en el que aseguran que Saab sigue siendo “ciudadano leal” y “diplomático” del Gobierno de Venezuela. Además, advierten que la divulgación de los documentos que lo señalan como informante de la DEA son “un intento por perjudicar los intereses de Venezuela, para tratar de debilitar la solidez de la relación de Alex Saab con Venezuela y evidencia aún más la debilidad de las acusaciones penales formuladas contra él”.
En cambio, el abogado que lo asistió en la audiencia, Neil Shuster, solicitó insistentemente al juez del Distrito Sur de Florida que no revelara los documentos. “Si su señoría lo hiciera, creo que habría represalias, represalias físicas, judiciales, muy poderosas. Por favor, su señoría. Por favor reconsidere eso”, rogó la defensa. “Tiene cinco hijos, algunos de los cuales son menores de edad, y tiene una esposa allí, y están básicamente bajo el control del gobierno”, se lee en la transcripción de la audiencia del miércoles. “Saab estaba jugando con fuego”, dijo a la AP el periodista Gerardo Reyes, que el año pasado publicó un libro sobre el empresario que ya revelaba detalles de sus acuerdos de delación con agentes de seguridad estadounidenses. “Él creía que podía trabajar como soplón de la fiscalía y al mismo tiempo fingir que estaba siendo perseguido por el imperialismo yanqui. Al final lo quemaron”.
En juzgados de Estados Unidos, España y Andorra son acusados otros cargos involucrados con la corrupción chavista de las últimas dos décadas, que ha dejado un enorme hueco patrimonial en el país petrolero. Uno de ellos es el de Alejandro Andrade, escolta de Hugo Chávez y tesorero de la nación, que fue condenado en 2018 a 10 años de prisión por lavar casi un billón de bolívares en sobornos. El exfuncionario, que obtuvo una reducción de la pena por haber ofrecido información a la justicia estadounidense y entregado algunos activos, quedó en libertad esta semana. El ex jefe de inteligencia Hugo Carvajal y otra ex tesorera, Claudia Díaz, esperan en Madrid la extradición a Estados Unidos.
Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS América y reciba todas las claves informativas de la actualidad de la región
El alcalde de Cali cuestionó que se insista en conversar con el Juan Guaidó, «el gobierno es otro». La capital del Valle se ha convertido en una de las principales receptoras de migrantes venezolanos.
El alcalde de Cali cuestionó que se insista en conversar con Juan Guaidó, «cuando el gobierno es otro». La capital del Valle se ha convertido en una de las principales receptoras de migrantes venezolanos.
Noticias Cali.
Desde antes de la pandemia la ciudad ya enfrenta una situación difícil por la llegada masiva de migrantes, en su mayoría venezolanos, muchos tomando a la ciudad como paso para llegar a Ecuador y otros más, quedándose a vivir, y a la fecha son miles los ciudadanos del vecino país radicados en la capital del Valle, pero una gran parte, en precarias condiciones por lo que el alcalde de Cali pide ayuda.
Más del 45% de los 85 migrantes que han pasado por la ciudad en los últimos tres años, se han quedado a vivir.
Este jueves se conocieron declaraciones de la Vicepresidenta y Canciller, Martha Lucía Ramírez, que han generado molestia.
Entre otras cosas, señaló que Colombia ha recibido una oleada de ciudadanos venezolanos «con poca formación» impactando la economíca.
Y además, que el país no puede seguir recibiendo migrantes del vecino país.
«Acuerdo mínimos»
A ello, el alcalde Jorge Iván Ospina, le respondió que el gobierno lo que debe hacer es, «buscar unos mínimos acuerdos con el gobierno de Maduro al respecto».
En este sentido, indicó que es con el gobierno de Nicolás Maduro con el que se debe conversar, y no con Juan Guaidó que «no es presidente ni de la ciudad de hierro».
A la también Canciller le criticaron al señalar que, «Colombia no se ha beneficiado de esa migración más preparada, mejor formada, quizás mucho más pudiente».
#Atención | La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez (@mluciaramirez) se refirió a la migración venezolana en Colombia y señaló que el país «no se ha beneficiado de una migración preparada y formada… a nosotros nos han tocado los sectores menos calificados». pic.twitter.com/k9vHa604Qv
Entre este jueves y el sábado 19 de febrero, Migración Colombia está precisamente realizando una jornada de trámites de permisos de permanencia.
En el Coliseo del Pueblo y en el Bulevar a la altura de la Ermita se están realizando las jornadas.
Las jornadas de regularización se están realizando en varias ciudades del país. En Cali, en el Coliseo del Pueblo. Foto: Alcaldía de Cali.
“Aquí en el Valle del Cauca tenemos 153 mil venezolanos pre registrados en el #ETPV, de estos más de 87 mil ya han realizado su registro biométrico y a hoy más de 33 mil documentos ya han sido entregados en este departamento”, indicó Migración.
“El éxodo venezolano seguirá mientras las condiciones desfavorables sigan en Venezuela y eso no es culpa de Colombia. Nosotros hacemos las veces del buen vecino que da la mano y seguiremos trabajando en su inclusión e identificación, como lo ha dispuesto el Presidente @IvanDuque” pic.twitter.com/37BYz8hgRO
Alex Saab, durante una audiencia en un tribunal de Miami en diciembre de 2021.DANIEL PONTET (Reuters)
Alex Saab, el presunto testaferro de Nicolás Maduro e influyente operador de negocios del chavismo, fue contratado en secreto por la DEA (Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, por sus siglas en inglés) en 2018 para colaborar con la Administración estadounidense y aportó información sobre los sobornos que pagó a cargos del régimen venezolano, según documentos judiciales citados por la agencia Associated Press. Esa información, revelada dentro del proceso que se lleva en su contra en Miami, indica que el empresario colombiano perdió 10 millones de dólares dentro del marco del acuerdo de cooperación con EE UU, que incluyó varias reuniones con las fuerzas del orden estadounidense en su Colombia natal y en otros lugares.
Lo que no queda claro es por qué ahora la fiscalía hace públicos esos encuentros con las fuerzas del orden de EE UU, ya que antes habían tratado de mantenerlos en secreto, ante el temor de que tanto Saab como parte de su familia que sigue en Venezuela sufrieran represalias.
Esposado y portando un traje beige de presidiario, Saab compareció este miércoles ante un tribunal de Miami, donde la Fiscalía y la defensa del empresario discutieron el tema de la supuesta inmunidad diplomática del acusado, que se estudia en una corte de apelaciones en Atlanta, Georgia, según informe la agencia Efe. El juez programó este miércoles para el 11 de octubre el juicio contra Saab.
Según los datos revelados por los fiscales, el millonario tenía un acuerdo con la agencia estadounidense por la que debía haberse entregado el 30 de mayo de 2019. Como no lo hizo, EE UU rompió el trato que mantenía con Saab y acusó al entonces prófugo del blanqueo de 350 millones de dólares producto de transacciones realizadas en 2011 para la compra de materiales en Ecuador con el supuesto objetivo de construir viviendas en Venezuela. La operación se llevó a cabo a través de contratos ficticios y empresas fantasma y no se levantó un ladrillo con el dinero, según las investigaciones. Cuando Saab hizo una transferencia por este negocio a cuentas en bancos estadounidenses, saltó la primera alerta que acabó con él esposado en EE UU.
En un comunicado, un abogado de Saab, David Rivkin, aseguró que su cliente solo se reunió con agentes del orden estadounidenses y con el Departamento de Justicia para explicarles que sus compañías no habían hecho nada mal y aseguró que el Gobierno de Venezuela estaba al tanto de esas conversaciones. “A Alex Saab le gustaría destacar que la publicación de este documento, a pedido del Departamento de Justicia, responde a un intento de dañar a la República Bolivariana de Venezuela”, se lee en el comunicado. Por el momento no ha habido ninguna reacción oficial a las revelaciones de este miércoles desde Caracas.
Estados Unidos considera a Saab una figura clave para el Gobierno de Nicolás Maduro, para quien diseñó una compleja red de corrupción a través de empresas y operaciones que permitían evadir las sanciones impuestas por la Administración estadounidense.
Únete a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites.
A mediados de octubre, el empresario de 49 años fue extraditado desde Cabo Verde, donde estaba detenido desde el 12 de junio de 2020, a EE UU, donde un juez de Miami desestimó en noviembre siete de los ocho cargos que enfrentaba por lo que solo será juzgado por conspiración para blanquear capitales en Estados Unidos, que acarrea 20 años de prisión, la pena máxima admitida para que la extradición procediera.
Para el régimen de Nicolás Maduro, la maniobra de EE UU fue un “secuestro” de Saab en toda regla, “en complicidad con las autoridades de Cabo Verde, quienes lo torturaron y mantuvieron prisionero arbitrariamente durante 491 días, sin orden de captura ni debido proceso”, una información que atribuyeron a la familia del empresario.
Según los fiscales, el primer interrogatorio con agentes de la DEA y el FBI (Oficina Federal de Investigaciones) tuvo lugar en la capital de Colombia, Bogotá, durante dos días en agosto de 2016. Siguieron otras reuniones en las que Saab estuvo representado por fiscales colombianos y estadounidenses y en 2018 fue contratado como una fuente colaboradora después de afirmar a los agentes que había pagado sobornos a funcionarios venezolanos, ninguno de los cuales fue nombrado en los documentos revelados este miércoles, informa AP.
Carlos Luis Revette (derecha), conocido como El Koki, fue asesinado el pasado 8 de febrero, en Caracas.RR SS
Nadie fue a buscar el cadáver de El Koki a la morgue de Caracas. El cuerpo del delincuente más buscado en Venezuela fue trasladado por la policía antes del mediodía del 8 de febrero desde Las Tejerías, el poblado rural donde fue emboscado, al borde de la autopista que conecta el centro y occidente del país. Rápidamente el Gobierno ordenó hacer una “cremación controlada”, pese a que la ley obliga a enterrar a quienes son asesinados para resguardar evidencias en posteriores averiguaciones. Cuando un familiar se atreva a aparecer, si aparece, le entregarán una caja de cenizas.
La discreción y las lagunas de información sobre la muerte de El Koki contrastan con una vida de fiestas, derroche de disparos para desafiar a las fuerzas de seguridad y muchas selfies. Carlos Luis Revette, asesinado a los 44 años, construyó su propia leyenda en un país donde a los delincuentes muertos se les despide en un caótico y peligroso cortejo fúnebre que suele embotellar la ciudad y se les rinde culto dentro de una rama del espiritismo. En el Cementerio General del Sur, parte del territorio que controlaba su banda, hay un altar de la llamada corte malandra, donde un tal Ismael con gorra, lentes y pistola en el cinto rige esta fe a la que se aferran los que tienen problemas con la justicia. Está por verse si El Koki entrará en esos altares.
El año pasado el Gobierno de Nicolás Maduro abonó material a la leyenda en un intento por convertirlo en un objetivo político, pese a que en al menos dos oportunidades pactó una tregua con su banda, según investigaciones de Insight Crime. Una selfie en la que El Koki aparecía con una supuesta camisa del partido Primero Justicia bastó para que el jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, lo declarara un agente de la oposición y le pusiera precio a su cabeza: 500.000 dólares. Siete meses después, la policía que durante años lo dejó reinar en la Cota 905 finalmente lo encontró.
Maduro ha dicho en una alocución de esta semana que El Koki fue armado, entrenado y financiado por el Gobierno colombiano de Iván Duque, una tesis recurrente en la narrativa chavista. El mandatario aseguró que su regreso desde la clandestinidad en la estuvo los últimos meses tendría como objetivo instalar “una base paramilitar” en la zona donde fue asesinado.
Durante los enfrentamientos del pasado mes de julio, en los que el oeste de Caracas vivió cuatro días de zozobra, también circuló una foto en la que aparecía con camiseta blanca y cadena de oro con su nombre. Así el delincuente aclaraba el mundo que su apodo era “Koki” y no “Coqui”, como la prensa y la policía lo identificaban hasta entonces. Pero hay más selfies en esta historia.
Miembros de la Unidad de Operaciones Tácticas, durante un operativo para capturar a El Koki, en el barrio Cota 905, el 9 de julio de 2021. Ariana Cubillos (AP)
Únete a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites.
En los tiroteos que comenzaron el domingo pasado y paralizaron el tránsito en la autopista Regional del Centro durante siete horas, la policía encontró un celular que supuestamente pertenecía al delincuente. Una última selfie encontrada en ese teléfono, en la que aparecía con la misma camiseta blanca, pero con el cabello más largo y una barba de pocos días, fue la confirmación de que Revette se había refugiado en esas montañas gracias a sus alianzas con Carlos Enrique Gómez Rodríguez, alias El Conejo. Esa fue la pista para encontrarlo y darlo de baja, según las versiones policiales.
Después de esta imagen, es la foto de su cadáver en una mesa de autopsias la que se ha viralizado en las redes sociales esta semana como máxima prueba de que el Gobierno logró su objetivo ante la desconfianza generalizada con las autoridades. En su propio barrio no creían que El Koki hubiera muerto, reseñó un medio local.
Hitos de criminalidad
“La historia de El Koki es la de la evolución del crimen organizado en Venezuela y la letalidad policial”, dice la periodista Ronna Rísquez, que ha seguido de cerca la pista a las megabandas en el país. La organización que comandó El Koki a partir de 2015, cuando su antiguo líder alias El Chavo fue asesinado, acumula varios hitos en la criminalidad. Fueron los primeros en construir alianzas sólidas con bandas de territorios vecinos y compartir los negocios, una estrategia que permitió sumar hombres —más de 120 llegó a comandar El Koki— y poder de fuego, similar y a veces superior al de las fuerzas de seguridad.
Los enfrentamientos entre bandas, que en la primera década de los 2000 llenaban las páginas de sucesos de los periódicos, disminuyeron tras estas asociaciones. La paz criminal se impuso en territorios que el Estado abandonó por completo. “Estas bandas lograron ponerse de acuerdo en que su enemigo iba a ser la policía y no las otras agrupaciones” dice Rísquez, también coordinadora de Monitor de Víctimas, una plataforma de datos que documenta la violencia en la ciudad, iniciativa del medio Runrunes y la ONG Caracas Mi Convive.
La banda de El Koki también fue de las primeras agrupaciones en cobrar secuestros en dólares, mucho antes de que Venezuela se dolarizara, recuerda la periodista. En 2015 estuvo bajo su cautiverio la hija del comisario Luis Ramón Torcat, entonces director de Interpol en Venezuela. En ese momento figuraban como una de las principales agrupaciones dedicada a este delito con un método particular. “Dividían a sus hombres en pequeños grupos y un mismo día podían hacer ocho secuestros, algo que desbordaba a la policía. No estudiaban a las víctimas como otras bandas de secuestradores, sino que buscaban la oportunidad”. Además del secuestro, la banda se dedicaba al tráfico de drogas, la extorsión a comerciantes de la zona y el robo de vehículos, por los que también pedían rescate en dólares.
Carteles de búsqueda de miembros de la banda criminal de El Koki.LEONARDO FERNANDEZ VILORIA (Reuters)
La banda tenía sus métodos para deshacerse de sus enemigos. Lanzaban los cuerpos por un bajante de basura que desembocaba en los túneles de una autopista de Caracas. En las calles de la Cota 905 —custodiadas por la policía desde la incursión de julio pasado de la que se fugaron El Koki y sus lugartenientes— todavía recuerdan cuando quemaron a una mujer que supuestamente delató a uno de sus miembros.
La banda controlaba la vida de la comunidad y el reparto de las bolsas de comida del Clap, el programa de reparto de alimentos del chavismo. Había calles cerradas de las que solo los miembros tenían llave. Quienes se mudaban del barrio, debían contar con la aprobación de El Koki sobre a quién venderían su casa. En ocasiones, y según la ubicación estratégica de la vivienda, la banda las compraba para incorporarlas a su fortaleza de defensa. También fueron conocidos por las fiestas. Al menos tres videos en YouTube documentan las multitudinarias reuniones que la banda organizaba en una cancha del barrio con DJ, cantantes de salsa y reguetoneros.
Revette nunca estuvo en la cárcel, pero con sus socios Garbis Ochoa, alias El Garbis, y Carlos Calderón, alias Vampi, adoptaron la estructura organizativa de la banda a los penales venezolanos, en las que hay un “pran”, que es el jefe, al que le siguen sus lugartenientes, luceros y gariteros, como anillos de seguridad. “Esta jerarquía les permite mantenerse aunque el líder ya no esté”, apunta Rísquez, lo que da cabida a una posible reagrupación después de su muerte, sobre todo porque los otros dos cabecillas no han sido atrapados.
Letalidad policial
En los predios de El Koki se estableció la primera zona de paz en Caracas. Este fue un acuerdo de bajo perfil que promovió el Gobierno de Maduro en 2013 para intentar pacificar a las pandillas. Les daban financiamiento para actividades lícitas a cambio de que la policía no entrara en sus territorios, lo que terminó consolidando su poder.
El Gobierno buscó como antídoto las llamadas OLP (Operación de Liberación del Pueblo), violentas incursiones de fuerzas de seguridad combinadas en una búsqueda indiscriminada de delincuentes en barrios pobres de la ciudad, en las que murieron inocentes, se allanaron viviendas sin órdenes judiciales y la policía también robó enseres, según denuncias de varias ONG que apoyan a las víctimas. El primero de estos operativos policiales se hizo precisamente en la Cota 905 del Koki, durante sus primeros meses de gobierno criminal, en julio de 2015. Un informe de la Misión Independiente de la ONU concluyó que la colaboración de funcionarios policiales le permitió huir a tiempo de esta primera emboscada.
Vista de la Cota 905, el barrio donde operaba El Koki en Caracas, en 2021.Ariana Cubillos (AP)
La suma de todos estos operativos son parte del expediente de ejecuciones extrajudiciales y violaciones de derechos humanos que se ha abierto contra Venezuela. Las OLP marcaron un hito en el aumento de la letalidad policial en Venezuela como respuesta al poder que adquirieron las bandas con las zonas de paz y se mantienen bajo otros nombres. A finales de enero, el Monitor del Uso de la Fuerza Letal, integrado por seis universidades y cuatro centros de investigación de la región, señaló en un informe que Venezuela es uno de los países con mayor letalidad policial tras una comparación que incluyó a Colombia, Chile, México, Jamaica, Trinidad y Tobago, Brasil y El Salvador. Las muertes en manos de los cuerpos de seguridad equivalen a un tercio de todos los homicidios en Venezuela.
El Tren de Aragua y sus sucursales
El Koki murió fuera de su territorio, en Las Tejerías, la zona controlada por Carlos Enrique Gómez Rodríguez, alias El Conejo, que lidera una banda que funciona como una célula —algunos las llaman franquicias— del Tren de Aragua, la más poderosa del país y que, según el seguimiento que ha hecho la periodista Ronna Rísquez, ha ganado terreno donde el Gobierno ha desmantelado otras. Esta agrupación comandada desde la cárcel de Tocorón, en el Estado Aragua, ya tiene ramificaciones en Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, Chile y Bolivia.
A raíz de la migración, la trata de migrantes abrió un nuevo negocio, y permitió la expansión internacional. El Tren de Aragua, de acuerdo a una investigación coordinada por Rísquez y publicada esta semana, tiene incidencia hasta en el fichaje de prospectos de beisbol (jugadores que tienen potencial para jugar en las grandes ligas de EE UU), a través de la extorsión a las academias, a las que exigen una comisión sobre los millonarios contratos.
Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS América y reciba todas las claves informativas de la actualidad de la región
El calendario de Nicolás Maduro hasta las presidenciales de 2024 disfrutará de la comodidad obsequiada por una oposición sin rumbo ni estrategia, extraviada en los personalismos, los preceptos de la Casa Blanca y el manejo de fondos milmillonarios desde su victoria en las parlamentarias de 2015. Las equivocaciones de la jefatura antigubernamental contribuyen al afianzamiento del régimen con la emigración y las remesas: los esfuerzos de Estados Unidos para lograr que las penurias derivadas de las sanciones desencadenen un estallido social se ven lastrados por el dinero que los propios emigrantes envían a sus parientes. La población sigue irritada, pero su malestar se amansa con los dólares y no llega al punto de ebullición, al Caracazo antichavista.
En auxilio de esta oposición inerme, mediadores estadounidenses y europeos cabildean para evitar que la revolución bolivariana se instale definitivamente en la aserción orwelliana de que nadie instaura una dictadura para salvaguardar una revolución, sino que la revolución se hace para instaurar una dictadura. Washington atenuó sanciones aeroportuarias, el Gobierno aceptó su derrota en Barinas y retomará las negociaciones de México cuando el proceso del testaferro Alex Saab ante la justicia de Miami sea asumible. Aunque algo es algo, todo encallará cuando se negocien las claves del poder político.
Un error viejísimo al alcance de cualquiera, con precedentes memorables y costos muy altos, es subestimar al adversario. Es el error en el que la oposición y sus tutores estadounidenses incurren desde la investidura de Hugo Chávez en 1999. De eso hace 23 años, y, a pesar de haber tenido tanto tiempo para aprender, asimilaron muy poco. Primero subestimaron, más allá del ridículo, a Chávez, y después a Maduro, el necio conductor de autobús.
Finalmente, admitieron que el difunto era un tipo especial, carismático, venerado por la mayoría pobre. Maduro ni se le acerca, y los recursos empleados en las redes sociales para convencernos de su estulticia han sido cuantiosos. En el cole nos decían que para resolver un problema lo primero que había que hacer es enunciarlo correctamente. Si te equivocas en su formulación, la solución fallará, salvo que te acompañe la suerte. Eso pasa con Maduro, un operador maquiavélico, que también cuenta con tutores internacionales poderosos, ninguno demócrata.
La oposición le significó obtuso, pero los resultados obtenidos hasta ahora demuestran que hay un listón que supera la cortedad de entendimiento atribuida al mandatario: el listón de los opositores. Pronosticar que cualquier elección con el Estado en juego será ganada por los chavistas es tan difícil como pegarle un tiro al suelo. Si una de las partes compite unida y la contraria en pedazos, la victoria será siempre de la primera con una abstención mayúscula, y más si esa situación se ha venido repitiendo desde hace años. Es como volver a ver la misma película: un disco rayado.
Inicia sesión para seguir leyendo
Sólo con tener una cuenta ya puedes leer este artículo, es gratis
Un grupo de niños juega en la P de un cartel de PDVSA en las calles de Caracas el 2 de enero.Matias Delacroix (AP)
Venezuela alcanza de nuevo una producción de un millón de barriles diarios de petróleo y el Gobierno saca pecho tras una drástica caída en los últimos años. El ministro de Petróleo de Venezuela, Tarek El Aissami, ha declarado que se ha revertido la tendencia a la baja, “a pesar de las amenazas del bloqueo criminal”, impuesto por Estados Unidos al Gobierno de Nicolás Maduro. El propio mandatario celebró el aumento en una entrevista concedida al periodista español Ignacio Ramonet, difundida por la televisión estatal el pasado sábado. De esta forma, el Gobierno considera que está cumpliendo con la meta que se había fijado para el año pasado tras el histórico desplome de estos años de crisis económica y política, que llegaron a colocar la producción local en apenas 350.000 barriles diarios en 2020. Venezuela, tradicionalmente una de las potencias energéticas del mundo, tenía una producción histórica de un promedio de tres millones de barriles diarios.
La información oficial ha sido recibida con cautela por analistas y observadores independientes, y en algunos casos directamente desmentida, aunque ninguna fuente niega que la recuperación de la producción es un hecho, y que el país probablemente se aproxime a la zona del millón de barriles diarios hacia el mes de febrero.
Los altos precios, y una política no declarada de flexibilización de sanciones por parte de Estados Unidos, han permitido a Caracas comercializar con un poco más de comodidad su petróleo, y fundamentan, en parte, el pequeño alivio de la dramática situación económica del país tras el desplome de la etapa de Maduro.
Rafael Quiroz, economista especializado en la materia y profesor de posgrado de la Universidad Central de Venezuela, asegura que el país se acercó a los 800.000 barriles diarios en diciembre, y que la recuperación se debe, en parte, a la alianza con el Gobierno de Irán, que ha proporcionado a Venezuela nafta y diluyentes para reactivar los pozos de crudo extrapesado de la zona de producción de la Faja del Orinoco. “Esto a pesar de que no deja de haber muchos inconvenientes por la calidad del crudo que se está diluyendo. La situación de la industria petrolera venezolana sigue siendo dramática. No hemos llegado al millón de barriles. El ministro El Aissami miente deliberadamente en este momento”, asegura.
“El aumento es real, pero es el resultado de abrir lo que se denomina la producción cerrada, con una inversión limitada. La producción había caído por causa de las sanciones internacionales, pero no la capacidad de producción local”, explica el especialista Francisco Monaldi, consultor internacional y profesor titular del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA). “No se ha perforado un nuevo pozo desde hace año y medio. Básicamente estamos volviendo a los niveles de producción de comienzos de 2020”.
Monaldi sostiene que el ministro El Aissami, y el actual presidente de PDVSA (petrolera estatal), Asdrúbal Chávez, han construido un sofisticado sistema para evadir las sanciones internacionales, comercializar crudo, y recibir, sobre todo, ayuda de Teherán, cuyo Gobierno es uno de los aliados geopolíticos de Caracas. El incremento actual de la producción de crudo se ha materializado, también, gracias a la reactivación de algunos proyectos con China y la estadounidense Chevron, que cuenta con un permiso especial de Washington para seguir operando en el país.
Únete a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites.
“Algunos reportes informan de que en ciertos días se ha llegado al millón de barriles, pero eso es consecuencia de la incorporación de estos condensados que se han comprado a Irán”, añade el experto.
Maduro ha dicho que la meta de 2022 es llegar a los dos millones de barriles diarios, un horizonte que los expertos consideran muy remoto si no son levantadas las sanciones internacionales. “Venezuela está llegando al techo de su producción, que ciertamente viene subiendo, pero con una capacidad que tiene un límite”, afirma Monaldi. “Aumentarla requiere inversiones fuertes, perforar nuevos pozos y luego mantenerlos. Eso está por verse. Es cierto que los altos precios actuales le otorgan al Gobierno un margen y le ayudan. La producción está subiendo y puede subir más, sin duda, pero estimo que no va a ser demasiado. Sería necesario, además, que los chinos se animen a hacer nuevas inversiones con PDVSA”, añade.
Antes de las sanciones internacionales, la producción petrolera venezolana promediaba el millón y medio de barriles diarios. El otrora poderoso motor petrolero nacional fue usado por Hugo Chávez (fallecido en 2013) para fundamentar una agresiva diplomacia que perseguía ampliar el espectro político de la revolución bolivariana en América Latina, en el contexto de la estrategia “multipolar” que pretendía colocar contrapesos a los intereses de Washington en la región.
La politización de sus objetivos, la marcha de personal cualificado, y la corrupción durante las administraciones de Rafael Ramírez, Alí Rodríguez Araque y Eulogio del Pino al frente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), produjo el declive progresivo de la que fue considerada la sociedad mercantil más poderosa de América Latina, según la revista América Economía, y, a la larga, sentó las bases del derrumbe económico nacional de los últimos seis años.
Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS América y reciba todas las claves informativas de la actualidad de la región
