Nicolás Maduro ha guardado silencio durante las primeras horas después de las nuevas revelaciones sobre el caso del empresario colombiano Alex Saab que señalan que estuvo como informante de la DEA (Administración de Narcóticos de Estados Unidos) desde 2018. Se trata de un duro golpe contra la narrativa que ha construido el chavismo que lo defiende desde su investidura como diplomático, un título que le dieron seis meses después de haber sido detenido en Cabo Verde en junio de 2020. Washington, por su parte, le considera una pieza clave para desentrañar la corrupción del Gobierno venezolano, pues se le señala como presunto testaferro de altos cargos en el entorno del mandatario y operador financiero en su etapa más crítica, cuando empezó a ser cercado por las sanciones.
Algunos miembros de su Gobierno, sin embargo, han adelantado que se trata de una mentira. El miércoles, mientras Saab volvía a presentarse en una corte de Miami, se realizó un foro en Caracas para alzar una bandera en su defensa en el que participó su esposa, Camilla Fabri, y el viceministro de Políticas Antibloqueo, William Castillo, miembro de la delegación chavista en las negociaciones en México. El espacio que se anunciaba como un conversatorio sobre el impacto del bloqueo económico al país y el caso del empresario colombiano fue la tribuna para las primeras reacciones. El principal alegato que han esbozado para poner en duda la información revelada es que si Saab fuese un colaborador de la justicia estadounidense no hubiese sido sometido a más de un año de prisión en Cabo Verde, que para el chavismo fue un secuestro, ni a las supuestas torturas que su defensa ha denunciado.
“Usted está obligado a mantener los más altos niveles de secreto”
De acuerdo con las revelaciones hechas por los fiscales, Saab inició conversaciones con agentes de la DEA en 2016 en Bogotá y habría empezado a ofrecer información desde junio de 2018, poco después de que el Gobierno chavista lo declarara como enviado especial con amplias facultades para hacer gestiones para país, como aseguraron luego de su detención en Cabo Verde. Una carta firmada por el entonces canciller Jorge Arreaza, filtrada hace un año, acredita el nombramiento. Otra comunicación oficial dirigida a Saab luego de su arresto en Cabo Verde ratifica su cargo y le advierte de no revelar la información que posee. “En caso de ser extraditado a los Estados Unidos, usted será presionado por cualquier método, legítimo o no, para la revelación de dicha información”, escribió Arreaza. “Usted está sujeto a las leyes venezolanas y está obligado a mantener los más altos niveles de secreto, confidencialidad y lealtad con respecto a la información clasificada que posee”.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ofreció una rueda de prensa con medios nacionales e internacionales este jueves, en la que evitó referirse al tema. Ante la pregunta de una periodista también puso en duda las revelaciones de los fiscales: “¿Si es así por qué le sacaron dos dientes golpeándolo en Cabo Verde, por qué lo torturaron, por qué lo tienen en condiciones inhumanas en una celda, por qué lo someten a terrorismo psicológico? ¿Por qué? Es raro, ¿no?”, cuestionó.
El acuerdo con la DEA implicaba que Saab se entregara el 30 de mayo de 2019, algo que no ocurrió y precipitó el fin de la colaboración. Dos meses después fue incluido en la lista de la OFAC y acusado de lavar 350 millones de dólares provenientes de contratos gubernamentales. Según los documentos desclasificados y divulgados por AP, Saab también se comprometió a devolver las ganancias ilícitas que había obtenido junto a su socio Álvaro Pulido —aún prófugo— y llegó a hacer cuatro transferencias a la DEA por más de 12 millones de dólares.
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Entre los abogados de Saab parece haber visiones encontradas. El bufete Baker & Hostetler emitió el miércoles un comunicado en el que aseguran que Saab sigue siendo “ciudadano leal” y “diplomático” del Gobierno de Venezuela. Además, advierten que la divulgación de los documentos que lo señalan como informante de la DEA son “un intento por perjudicar los intereses de Venezuela, para tratar de debilitar la solidez de la relación de Alex Saab con Venezuela y evidencia aún más la debilidad de las acusaciones penales formuladas contra él”.
En cambio, el abogado que lo asistió en la audiencia, Neil Shuster, solicitó insistentemente al juez del Distrito Sur de Florida que no revelara los documentos. “Si su señoría lo hiciera, creo que habría represalias, represalias físicas, judiciales, muy poderosas. Por favor, su señoría. Por favor reconsidere eso”, rogó la defensa. “Tiene cinco hijos, algunos de los cuales son menores de edad, y tiene una esposa allí, y están básicamente bajo el control del gobierno”, se lee en la transcripción de la audiencia del miércoles. “Saab estaba jugando con fuego”, dijo a la AP el periodista Gerardo Reyes, que el año pasado publicó un libro sobre el empresario que ya revelaba detalles de sus acuerdos de delación con agentes de seguridad estadounidenses. “Él creía que podía trabajar como soplón de la fiscalía y al mismo tiempo fingir que estaba siendo perseguido por el imperialismo yanqui. Al final lo quemaron”.
En juzgados de Estados Unidos, España y Andorra son acusados otros cargos involucrados con la corrupción chavista de las últimas dos décadas, que ha dejado un enorme hueco patrimonial en el país petrolero. Uno de ellos es el de Alejandro Andrade, escolta de Hugo Chávez y tesorero de la nación, que fue condenado en 2018 a 10 años de prisión por lavar casi un billón de bolívares en sobornos. El exfuncionario, que obtuvo una reducción de la pena por haber ofrecido información a la justicia estadounidense y entregado algunos activos, quedó en libertad esta semana. El ex jefe de inteligencia Hugo Carvajal y otra ex tesorera, Claudia Díaz, esperan en Madrid la extradición a Estados Unidos.
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