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Este plomizo 24 de febrero será recordado por millones de rusos como el día en el que definitivamente se rompió algo. La mayoría de la sociedad o bien calla por miedo o indiferencia o bien apoya la política agresiva del Kremlin. Mientras los misiles rusos caían sobre una nación a la que consideraron hermana, las escasas voces críticas tan solo compartían un mensaje en redes sociales: “Y esto, ¿para qué?”. A pesar de la tristeza y la rabia, en las calles no se ven manifestaciones, prohibidas por las autoridades bajo amenaza de cárcel. Avanzada la tarde se congregaron en el centro de Moscú y en otras ciudades grupos de cientos de personas, aunque pronto comenzaron los arrestos, igual que había pasado horas antes con los piquetes individuales de ciudadanos.

“Todo el mundo está contra la guerra. Nadie que conozco deseaba esto”, afirma Serguéi Gavrilov, un hombre de mediana edad en la parada de metro de Elektrozavodskaya, el típico barrio industrial del segundo anillo de Moscú, ocupado ahora por la clase media. Como él piensan mayores y jóvenes; tanto en la calle como en las redes sociales. “Unos pocos tontos quieren la guerra, el resto sufre”, agrega mientras un gentío camina a su alrededor con la vista perdida.

Rusia despertó el jueves en shock. El presidente Vladímir Putin había ordenado comenzar la invasión de Ucrania para “desnazificarla”, un término que a base de repetirlo ha calado en gran parte de la población. Poco a poco aparecía en las redes sociales un lema que había estado desaparecido todos estos meses de advertencias: “No a la guerra”.

Solo unas 5.000 personas firmaron a principios de febrero el manifiesto de intelectuales contra la guerra. En 2014, cuando Rusia se anexionó Crimea y comenzó la guerra del Donbás, sí hubo protestas masivas contra la guerra en pleno centro de Moscú. Pero las leyes sobre manifestaciones se han endurecido desde entonces hasta el punto que ahora deben ser autorizadas incluso las de una sola persona. Y este jueves, tras comenzar una nueva guerra, las autoridades han advertido de que la ley “prevé un castigo severo por organizar disturbios masivos”. “La policía capitalina adoptará las medidas necesarias para garantizar la protección del orden público en la ciudad”, agregaron la Fiscalía de Moscú y el Ministerio del Interior.

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Estos días se vieron imágenes de varios ciudadanos detenidos por sacar un cartel contra la guerra por la calle. “Mea culpa por no haber hecho nada para remediarlo, por aguantar estos 20 años [de Putin]”, afirma Natalia, una mujer en torno a la treintena que quiere permanecer en el anonimato, como muchas otras voces críticas con el Kremlin. Cuando se pregunta a los transeúntes, abundan las cabezas bajas y miradas distantes. En Instagram también reina el silencio sobre el conflicto. Muchos siguen la vieja broma franquista del “haga como yo, no se meta en política”. El portal OVD-Info, una de las principales fuentes para seguir la represión de las manifestaciones en Rusia, informó a través de Twitter de más de 1.500 en 40 ciudades del país.

Según una encuesta del centro de estudios sociológicos Levada, independiente del Kremlin, un 48% de los rusos culpaba el año pasado de la tensión en Ucrania a la OTAN. Un 20% responsabilizaba a Kiev. El mensaje repetido una y miles veces en los medios de que la Alianza Atlántica se expande como un ejército hacia Rusia ha calado estos años, y ahora la población no tiene clara la responsabilidad de esta guerra, que en la mayor parte de los casos delega en presidentes lejanos que dan órdenes y la gente acata porque ellos solo viven día a día.

La invasión de Putin ha sido justificada con la petición de ayuda de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk. Según una encuesta de la agencia estatal vtsiIOM, un 73% de los rusos apoyó el reconocimiento ruso de ambos territorios, un paso claro a la guerra tras escenificarse una evacuación que ha concluido justo el mismo día que comenzó la ofensiva.

Nadie que no sea de los círculos del Kremlin se manifiesta abiertamente a favor de bombardear Ucrania. “No me quedan palabras. No es mi presidente, no voté ese genocidio. Siento una vergüenza enorme y una pena tremenda porque soy medio ucrania y la mitad de mi familia vive allí”, agrega Natalia. Su opinión la comparte por teléfono otra conocida, Anna Levitina, que nació en Vorónezh, zona donde se desplegaron las tropas rusas antes de comenzar el ataque. “Es absurdo. La gente de mi región suele tener parientes en ambos lados de la frontera. No tiene sentido enfrentarnos”, lamenta la joven, triste e irritada: “Lo que más me molesta es que la gente común, los civiles, empiecen a defender un lado u otro. Nosotros y vosotros, blanco y negro”.

A diferencia del inicio de la guerra de 2014, los rusos parecen resignados esta vez a que la economía pueda hundirse. Hace ocho años, la moneda nacional se hundió al pasar de un cambio de 45 rublos por euro a superar los 90 cuando se impusieron las sanciones. Mucha gente salió a las tiendas y cajeros a por víveres o efectivo. Este jueves, la tranquilidad reinaba en tiendas de electrodomésticos y bancos.

Pero la preocupación va por dentro. Un alto cargo estadounidense advertía de que las sanciones podrían alcanzar a los principales bancos del país, Sberbank y VTB. Para quienes tienen negocios o ahorros es un drama. “Esto llevará al aislamiento total de Rusia, al derrumbe de la economía, a la muerte de muchos jóvenes. Esto da paso al comienzo de la tercera guerra mundial”, afirma María Marrero, una mujer rusa en la treintena que formó una familia con un español.

Mientras en ciudades ucranias como Kiev y Járkov evacuaban a los refugios, en Moscú sonaban las alarmas en algunos centros comerciales por supuestos avisos de bomba.

Preocupación entre los hispano-rusos

La situación preocupa muchísimo a los españoles y rusos que viven entre ambas tierras. “No conozco a nadie que apoye la guerra. Los rusos están en shock, algunos están pensando cómo salir del país”, cuenta al otro lado del teléfono Katia Ivanova, que llegó a España en 2014 y está casada con un español. Otros tienen pareja o hijos en el otro país y no saben qué será de ellos si se anulan los visados o vetan los vuelos. Todo apunta a una situación incluso peor a la de la pandemia, cuando muchos vivieron separados de sus familias durante más de un año.

Parece un día normal en Moscú. Los organismos administrativos tienen las colas a rebosar como siempre. La gente no quiere hablar de la guerra, solo salir de allí. “Esto aún no es una guerra, puede ser peor”, advierte el taxista Tigrán Yegoróvich, de unos 40 años.

Fuera de la parada de metro de Elektrozavódskaya, una anciana contempla desde un banco a la gente que pasa. Al preguntarle, es de las pocas que se explaya. “¿Para qué nos hace falta la guerra? Nuestros padres ya sufrieron aquella guerra terrible, ¿para qué tenemos que sufrirla nosotros?”, responde Marina, que tampoco quiere decir su apellido. “¿Cuándo tendremos tranquilidad en esta tierra? ¿Cuándo pensarán los políticos en hacer una vida tranquila? En tiempos de las 15 repúblicas vivíamos en paz. Trabajábamos, nos queríamos unos a otros, descansábamos…”.

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Un graffiti en Caracas que defiende la inocencia de Alex Saab, encarcelado en Estados Unidos por lavado de dinero para el chavismo.
Un graffiti en Caracas que defiende la inocencia de Alex Saab, encarcelado en Estados Unidos por lavado de dinero para el chavismo.Carolina Cabral (Bloomberg)

Nicolás Maduro ha guardado silencio durante las primeras horas después de las nuevas revelaciones sobre el caso del empresario colombiano Alex Saab que señalan que estuvo como informante de la DEA (Administración de Narcóticos de Estados Unidos) desde 2018. Se trata de un duro golpe contra la narrativa que ha construido el chavismo que lo defiende desde su investidura como diplomático, un título que le dieron seis meses después de haber sido detenido en Cabo Verde en junio de 2020. Washington, por su parte, le considera una pieza clave para desentrañar la corrupción del Gobierno venezolano, pues se le señala como presunto testaferro de altos cargos en el entorno del mandatario y operador financiero en su etapa más crítica, cuando empezó a ser cercado por las sanciones.

Algunos miembros de su Gobierno, sin embargo, han adelantado que se trata de una mentira. El miércoles, mientras Saab volvía a presentarse en una corte de Miami, se realizó un foro en Caracas para alzar una bandera en su defensa en el que participó su esposa, Camilla Fabri, y el viceministro de Políticas Antibloqueo, William Castillo, miembro de la delegación chavista en las negociaciones en México. El espacio que se anunciaba como un conversatorio sobre el impacto del bloqueo económico al país y el caso del empresario colombiano fue la tribuna para las primeras reacciones. El principal alegato que han esbozado para poner en duda la información revelada es que si Saab fuese un colaborador de la justicia estadounidense no hubiese sido sometido a más de un año de prisión en Cabo Verde, que para el chavismo fue un secuestro, ni a las supuestas torturas que su defensa ha denunciado.

“Usted está obligado a mantener los más altos niveles de secreto”

De acuerdo con las revelaciones hechas por los fiscales, Saab inició conversaciones con agentes de la DEA en 2016 en Bogotá y habría empezado a ofrecer información desde junio de 2018, poco después de que el Gobierno chavista lo declarara como enviado especial con amplias facultades para hacer gestiones para país, como aseguraron luego de su detención en Cabo Verde. Una carta firmada por el entonces canciller Jorge Arreaza, filtrada hace un año, acredita el nombramiento. Otra comunicación oficial dirigida a Saab luego de su arresto en Cabo Verde ratifica su cargo y le advierte de no revelar la información que posee. “En caso de ser extraditado a los Estados Unidos, usted será presionado por cualquier método, legítimo o no, para la revelación de dicha información”, escribió Arreaza. “Usted está sujeto a las leyes venezolanas y está obligado a mantener los más altos niveles de secreto, confidencialidad y lealtad con respecto a la información clasificada que posee”.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ofreció una rueda de prensa con medios nacionales e internacionales este jueves, en la que evitó referirse al tema. Ante la pregunta de una periodista también puso en duda las revelaciones de los fiscales: “¿Si es así por qué le sacaron dos dientes golpeándolo en Cabo Verde, por qué lo torturaron, por qué lo tienen en condiciones inhumanas en una celda, por qué lo someten a terrorismo psicológico? ¿Por qué? Es raro, ¿no?”, cuestionó.

El acuerdo con la DEA implicaba que Saab se entregara el 30 de mayo de 2019, algo que no ocurrió y precipitó el fin de la colaboración. Dos meses después fue incluido en la lista de la OFAC y acusado de lavar 350 millones de dólares provenientes de contratos gubernamentales. Según los documentos desclasificados y divulgados por AP, Saab también se comprometió a devolver las ganancias ilícitas que había obtenido junto a su socio Álvaro Pulido —aún prófugo— y llegó a hacer cuatro transferencias a la DEA por más de 12 millones de dólares.

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Entre los abogados de Saab parece haber visiones encontradas. El bufete Baker & Hostetler emitió el miércoles un comunicado en el que aseguran que Saab sigue siendo “ciudadano leal” y “diplomático” del Gobierno de Venezuela. Además, advierten que la divulgación de los documentos que lo señalan como informante de la DEA son “un intento por perjudicar los intereses de Venezuela, para tratar de debilitar la solidez de la relación de Alex Saab con Venezuela y evidencia aún más la debilidad de las acusaciones penales formuladas contra él”.

En cambio, el abogado que lo asistió en la audiencia, Neil Shuster, solicitó insistentemente al juez del Distrito Sur de Florida que no revelara los documentos. “Si su señoría lo hiciera, creo que habría represalias, represalias físicas, judiciales, muy poderosas. Por favor, su señoría. Por favor reconsidere eso”, rogó la defensa. “Tiene cinco hijos, algunos de los cuales son menores de edad, y tiene una esposa allí, y están básicamente bajo el control del gobierno”, se lee en la transcripción de la audiencia del miércoles. “Saab estaba jugando con fuego”, dijo a la AP el periodista Gerardo Reyes, que el año pasado publicó un libro sobre el empresario que ya revelaba detalles de sus acuerdos de delación con agentes de seguridad estadounidenses. “Él creía que podía trabajar como soplón de la fiscalía y al mismo tiempo fingir que estaba siendo perseguido por el imperialismo yanqui. Al final lo quemaron”.

En juzgados de Estados Unidos, España y Andorra son acusados otros cargos involucrados con la corrupción chavista de las últimas dos décadas, que ha dejado un enorme hueco patrimonial en el país petrolero. Uno de ellos es el de Alejandro Andrade, escolta de Hugo Chávez y tesorero de la nación, que fue condenado en 2018 a 10 años de prisión por lavar casi un billón de bolívares en sobornos. El exfuncionario, que obtuvo una reducción de la pena por haber ofrecido información a la justicia estadounidense y entregado algunos activos, quedó en libertad esta semana. El ex jefe de inteligencia Hugo Carvajal y otra ex tesorera, Claudia Díaz, esperan en Madrid la extradición a Estados Unidos.

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Los asesinatos de periodistas están sorprendiendo por su mortífera cadencia en México, un país acostumbrado a enterrar a un promedio de 100 personas al día por violencias de toda clase sin apenas conmoción pública: ya van cinco reporteros ejecutados en lo que va de año, es decir, en menos de un mes y medio. De seguir así, 2022 reflejará las estadísticas más criminales en mucho tiempo. Desde inicio de siglo, las organizaciones especializadas recogen 147 profesionales de la comunicación muertos a manos de sicarios en el país norteamericano, lo que le ha granjeado la indeseable fama de ser el peor territorio para ejercer este oficio. Es, dicen, lo mismo que reportear en medio de una guerra. El periodista asesinado este jueves se llamaba Heber López Vásquez, 39 años, y los tiros le sorprendieron en el estudio de grabación de su casa: allí mismo cayó muerto y su voz crítica sobre la realidad de Oaxaca quedó silenciada para siempre.

El patrón se repite: periodistas locales que arriesgan su vida contando la corrupción y los enormes desajustes del poder político y económico en sus regiones o municipios. López Vásquez se había dedicado mucho tiempo a las noticias sobre seguridad, es decir, a contar crímenes, y últimamente también a poner de manifiesto supuestas irregularidades en un megaproyecto de rompeolas en su pueblo, Salina Cruz. Perfiles parecidos mostraban Margarito Martínez, acribillado a la puerta de su casa en Tijuana, el 17 de enero, apenas unos días antes de que cayera otra compañera en la misma ciudad fronteriza, Lourdes Maldonado, que mantenía un pleito con el anterior gobernador del Estado de Baja California. La connivencia en México entre el crimen y el poder político y económico forma tal amalgama que es un nudo indisoluble y confiere características propias al drama. ¿Cómo pedir protección si el que tiene que proteger está coludido con las balas? Esa es la razón de que muchos reporteros opten por no denunciar su caso, ante el temor de incrementar el riesgo.

La organización Artículo 19, una de las que documentan la matanza de periodistas en México, señala que la responsabilidad del 40% de los asesinatos recae en funcionarios públicos, es decir, alcaldes, jefes de seguridad del municipio, policías, militares y uniformados de cualquier cuerpo. Esa es la razón de que haya dos ventanillas para pedir apoyo, la de los Estados y la federal. Si uno se siente agredido por burócratas o cargos políticos de su comunidad puede recurrir a la protección federal. Pero una y otra muestran fallas. El análisis del riesgo no suele ser certero ni profesional. En ocasiones, apenas consiguen un botón de pánico, en otras se les conceden chalecos antibalas o incluso escoltas. Pero estos tienen horario. El caso de Lourdes Maldonado fue especialmente aleccionador.

Maldonado llegaba a su casa el día 23 de enero, el domingo que los colegas habían organizado una velada de protesta por la muerte Margarito Martínez en Tijuana. Los escoltas ya habían concluido su jornada y una bala acabó con su vida cuando aún no había salido del coche, a la puerta de su garaje. Su caso fue un aldabonazo que propició manifestaciones de reporteros por todo el país. El presidente del Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, envió personal de investigación especial para aclarar el crimen. Se sentía especialmente concernido, puesto que la reportera había participado meses antes en una de las conferencias matutinas que a diario ofrece el mandatario mexicano. Allí se levantó y expuso su caso ante todo el país: “Temo por mi vida”, dijo. No le faltó razón. Su caso hizo mucho ruido y ya hay dos detenidos por su muerte. Y otros dos por la de López Vásquez. Los expertos avisan de que detener a los sicarios es fácil, las cámaras los delatan. Pero solo se encarcela con ellos la mitad de la verdad. Los que pagan para que se apriete el gatillo suelen tener perfiles más poderosos y no acaban en la cárcel. En México, la impunidad para cualquier clase de asesinato supera el 90%. En el caso de los periodistas, Artículo 19 habla de un 99,13% de crímenes no resueltos, algunos de los cuales se demoran intencionadamente en las fiscalías durante años.

Funeral de la periodista Lourdes Maldonado, en Tijuana, el 26 de enero de este año.
Funeral de la periodista Lourdes Maldonado, en Tijuana, el 26 de enero de este año.Gladys Serrano

“La situación es insostenible, no sabemos las razones de este repunte, porque el año pasado fueron nueve reporteros muertos y en este año ya van cinco”, comienza Juan Vázquez, oficial de comunicación de Artículo 19. “Son necesarias medidas integrales, es decir, que no se queden en políticas de protección, que acaban depositando la responsabilidad en la víctima. Se requiere prevención, que se identifique al instigador y que se combata la impunidad”, añade Vázquez.

Los años más mortíferos en épocas recientes fueron el 2016 y el 2017, cuando se registraron, respectivamente, 11 y 12 asesinatos de reporteros. Pero este sexenio muestra malos augurios. En nada ayuda la cruzada contra la prensa del presidente, cuyos discursos diarios ponen a los profesionales en mal lugar de forma recurrente. Este viernes, con el cadáver de Heber López aún sin tierra, ha sido la última vez que López Obrador ha dedicado buena parte de su conferencia matutina a criticar a ciertos periodistas que considera enemigos de su proyecto de Gobierno y a alabar a los afines. “El clima es adverso para la prensa, porque se les sitúa en un lugar de privilegio del cual, definitivamente, no gozan los agredidos. Suelen trabajar en condiciones precarias y normalmente acuden a otro oficio para completar su pobre salario”, dice Vázquez. Esa es la razón, señala Artículo 19, por la que, en demasiadas ocasiones, las autoridades políticas y judiciales desvían la atención de las muertes, señalando causas distintas de las del quehacer periodístico. El Estado se sitúa como víctima en lugar de responsable de la violencia”, añade Vázquez.

Son momentos turbulentos para la prensa. Se les desprestigia y estigmatiza mientras se produce una agresión cada 12 horas. La Ciudad de México, sede de los poderes centrales, se mantenía un tanto a salvaguarda de estos crímenes, pero las balas están ya llamando a sus puertas, como declaran los periodistas amenazados. López Vásquez también había recibido amenazas del anterior alcalde de su pueblo, Juan Carlos Atecas, e intimidaciones por parte de su personal de seguridad, según investigaciones de Artículo 19. Uno de los dos detenidos por su muerte es un expolicía local. La policía en México tiene una peligrosa puerta giratoria, a menudo cuando el agente no está del lado del ciudadano salta a la trinchera de los criminales. Una pésima situación laboral les hace también víctimas de un sistema podrido.

10 mujeres asesinadas al día de media, un policía diario y decenas de jóvenes, sobre todo, relacionados o no con el crimen organizado, esparcidos por las calles, colgados en la vía pública, o destripados a balazos. Así los muestran en los quioscos cada mañana y se hace sorna de ello.

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En su primera visita a la Casa Blanca, el canciller alemán, Olaf Scholz, trató de disipar cualquier duda sobre la unidad de los aliados occidentales ante el conflicto en Ucrania. Aseguró que hablan “con una misma voz”, que han preparado “una reacción conjunta” en caso de que Rusia decida invadir Ucrania y que están de acuerdo en las “gravísimas consecuencias” que tendría para Moscú violar las fronteras de la antigua república soviética. Pero esa unidad no se tradujo en un mensaje unitario sobre el controvertido Nord Stream 2, el gasoducto rusoalemán que los estadounidenses esgrimen como principal amenaza contra el presidente Vladímir Putin.

El silencio de Scholz sobre el futuro de esta infraestructura fue muy revelador. El canciller se mantuvo fiel a su línea de no precisar qué sanciones estaría dispuesto a imponer a Rusia, pese a la insistencia de los periodistas presentes en la rueda de prensa conjunta con el presidente estadounidense, Joe Biden.

El Nord Stream 2 —terminado en septiembre, pero aún sin licencia para funcionar por no cumplir los trámites regulatorios europeos— lleva meses en el centro de la polémica. Washington siempre se ha opuesto a su construcción porque considera que aumenta la dependencia energética de Moscú y deja en una situación muy vulnerable a Ucrania, tradicional país de tránsito del gas ruso hacia Europa. La postura alemana es muy distinta. Hasta hace pocas semanas, Berlín seguía negando la importancia geoestratégica del gasoducto al calificarlo de simple proyecto empresarial privado. El 55% del gas que consume Alemania es de procedencia rusa. El Nord Stream 2 doblaría la capacidad del Nord Stream 1, ya en funcionamiento, para transportarlo a través del Báltico sin pasar por Ucrania.

Biden fue muy contundente respecto al futuro de la infraestructura. “No habrá Nord Stream 2″ si Rusia invade Ucrania, dijo. “Le pondremos fin”, añadió. Scholz, en cambio, ni siquiera nombró el gasoducto. Y eso pese a las insistentes preguntas de los periodistas, que querían saber si el canciller alemán había dado algún tipo de garantía a Biden de que efectivamente la infraestructura no obtendrá los permisos de funcionamiento en caso de ataque ruso. Impertérrito y con una leve sonrisa en los labios, Scholz se limitó a repetir lo que viene diciendo en las últimas semanas: “Hemos dejado claro que si Ucrania es atacada, habrá graves consecuencias para Rusia”. “Rusia pagará un alto precio”, añadió. “El mensaje es muy claro y también Rusia lo ha entendido”, dijo también.

Scholz dejó claro que no piensa aclarar qué hará Berlín con el gasoducto si Putin cumple sus amenazas, ni siquiera bajo la presión de una visita observada con lupa por los aliados occidentales, que en las últimas semanas han criticado la falta de liderazgo alemán en la crisis y se han preguntado si sigue siendo un aliado fiable. Por contraste, la contundencia de Biden resultó sorprendente. Un periodista llegó a preguntarle cómo piensa parar el Nord Stream 2 cuando es Alemania quien lo controla, no EE UU. “No se preocupe, lo haremos”, respondió enigmático el presidente estadounidense. A su lado, un imperturbable Scholz escuchaba sin hacer un solo gesto que dejara traslucir si está de acuerdo con Biden o no.

La indefinición de Berlín tampoco se despejó este martes durante la reunión que mantuvo Scholz con el presidente francés, Emmanuel Macron, y el polaco, Andrzej Duda, sobre la situación en Ucrania. Los tres mandatarios señalaron que su objetivo común “es evitar una guerra en Europa”, en palabras del alemán, durante una comparecencia sin preguntas a última hora de la tarde.

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Scholz, Macron y Duda apelaron a la “unidad” de los europeos para prevenir un conflicto bélico y coincidieron en que la situación es muy delicada. Los tres países que representan ejercen las presidencias de turno de la UE, en el caso de Francia, del G-7 (Alemania) y de la OSCE (Polonia). “La paz y la estabilidad del continente europeo son nuestro tesoro y considero que nuestro deber es hacer todo lo necesario para preservarlas”, señaló Macron. El presidente francés prometió “encontrar formas y medios para participar en este importante y exigente diálogo con Rusia”. Este diálogo, coincidieron los tres, debe ser prioritario para reducir el riesgo de una escalada de tensión. “Todavía es posible evitar una guerra en Europa”, dijo Duda.

La reunión de los tres mandatarios se enmarca dentro del formato llamado Triángulo de Weimar, una iniciativa creada en 1991 por Alemania, Francia y Polonia para tratar cuestiones de cooperación. De los tres países, el que habitualmente manifiesta las mayores diferencias con los otros es Polonia, que reclama una actitud más firme frente a Rusia. Frente a la apuesta de Francia y Alemania por la vía diplomática para resolver el conflicto, Polonia defiende un aumento de la presencia militar de la OTAN en la región como estrategia de disuasión. Varsovia ha sido también uno de los socios europeos que más ha presionado a Berlín para detener la construcción de Nord Stream 2, al que considera una amenaza para la seguridad de la UE.

El encuentro de los tres líderes europeos se produce un día después de la visita de Scholz al presidente estadounidense y de la larga cita que mantuvo Macron con Putin en Moscú. El canciller alemán ha iniciado una intensa agenda diplomática con la que quiere volver a situar a Alemania en el mapa internacional después de unas semanas de perfil bajo. Scholz tiene previsto verse con los tres mandatarios de los países bálticos esta semana y la próxima viajará a Kiev, primero, y después a Moscú para entrevistarse con Putin.

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El expresidente de Kazajistán, Nursultán Nazarbáyev, que había estado en silencio y sin mostrarse públicamente durante los disturbios que sacudieron a principios de mes el enorme país de Asia Central, ha asegurado en un vídeo publicado este martes que apoya al presidente, Kassym-Jomart Tokayev, y sus reformas. La ausencia política de Nazarbáyev, de 81 años, que gobernó Kazajistán durante tres décadas sofocando cualquier oposición y que pasó en 2019 a ejercer el cargo vitalicio de padre de la nación había suscitado las dudas de que tras los disturbios iniciados por la subida del precio del combustible y alimentados por el descontento contra la corrupción del régimen asociada al entorno de Nazarbáyev, se hallaba también una guerra de poder entre el exmandatario y su clan y su sucesor.

Más de 200 personas han muerto en los disturbios de Kazajistán y unas 4.500 resultaron heridas, según la fiscalía kazaja, antes de que las movilizaciones, que habían empezado de forma pacífica por el precio del gas licuado para los vehículos y que se convirtieron en turbas violentas, se sofocaran con la llegada de tropas de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), lideradas por Rusia, en forma de “fuerzas de paz” que se prevé que completen su retirada mañana. Una medida que supuso un cambio sustancial y trascendental para el futuro de Kazajistán y también la primera vez que la OTSC (que agrupa a Rusia, Kazajistán, Armenia, Bielorrusia, Kirguistán y Tayikistán) moviliza tropas. El Gobierno kazajo atribuyó los disturbios a “fuerzas externas” que querían “desestabilizar” el país, aunque no aportó evidencias.

Desde entonces, la Administración de Tokayev ha reemplazado a Nazarbáyev, contra quien se dirigía gran parte del malestar social inicial –”vete, viejo”, fue uno de los lemas de las protestas iniciales—, como presidente del Consejo de Seguridad, que ahora encabeza Tokayev. Además, ha destituido a varios altos cargos relacionados con el expresidente, incluido su yerno, que dirigía la empresa nacional de transporte de petróleo, y su sobrino, que era jefe de una importante cámara de comercio. Además, las autoridades han detenido al exjefe de los servicios de inteligencia, Karim Masimov, mano derecha de Nazarbáyev y que también fue primer ministro, y a varios funcionarios más. El padre de la nación había seguido ejerciendo influencia política tras nominar a Tokayev para reemplazarlo como presidente de la antigua república soviética.

“El propósito de estos disturbios y ataques organizados en Kazajistán era destruir la integridad del país y los cimientos del Estado”, dijo en el vídeo Nazarbáyev. “El presidente Kassym-Jomart Tokayev tiene pleno poder. No hay conflicto ni confrontación en la élite. Los rumores sobre este tema son absolutamente infundados”, dijo en su mensaje, distribuido en su web en ruso y kazajo.

Nazarbáyev ha asegurado –respondiendo a la especulación de que había abandonado el país junto a su extensa y multimillonaria familia— que no ha salido de Kazajistán y que ha permanecido en un “merecido descanso” tras dejar la presidencia en 2019. En la grabación, con fondo neutro que impide identificar dónde fue filmado y en el que el exmandatario se muestra rodeado de banderas del país, Nazarbáyev ha insistido en que es un simple “pensionista” que ha renunciado a todos los poderes formales e informales.

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