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Jubilados protestan en Caracas por una pensión digna, esta semana.
Jubilados protestan en Caracas por una pensión digna, esta semana.Ariana Cubillos (AP)

La hiperinflación ha llegado a su fin en Venezuela. El país ha vivido una de las tormentas de precios más descontroladas y agresivas de la historia moderna. La tendencia se está revirtiendo por la dolarización de la economía y la apertura al mercado. El índice inflacionario de Venezuela en el pasado mes de febrero fue de 2,9%, el promedio más bajo registrado en la economía local en varios años, y el comportamiento de los precios rondará 36% en 2022. Este es el cuarto mes consecutivo en el cual el aumento de los precios registra promedios de un solo dígito.

El descenso se ha concretado de un mes a otro. En los últimos 12 meses, el índice de precios al consumidor ha estado por debajo de 50% intermensual. Y desde septiembre, por debajo de 10. El precio del dólar lleva varios meses estabilizado en torno a los 4,5 bolívares, luego de la tercera reconversión monetaria adelantada en Venezuela en poco más de diez años. El año pasado, el Índice de Precios al Consumidor llegó al 686%. En 2020, fue de 2.900%. En 2019, de 7.300%.

El fin de la hiperinflación en Venezuela parece dispuesto a consolidarse. Los estragos de la tormenta económica que fue tomando vuelo desde 2013, cuando Nicolás Maduro asumió la presidencia de la República, y que estalló con furia en 2017. Sus consecuencias han sido devastadoras en el terreno social y económico.

Consumada la catástrofe, pulverizados los sueldos, destruido el aparato productivo, calcinado el empleo, consolidado el volumen de la diáspora, muchas personas se preguntan cómo ha logrado el Gobierno de Maduro detener esta endiablada tendencia, a la cual rara vez se refiere en público.

Maduro ha decidido dejar de hacer aquello que llevaba años haciendo: “El Gobierno finalmente ha renunciado al financiamiento del déficit de las empresas públicas a través de la emisión de dinero sin respaldo”, afirma el economista Víctor Alvarez, exministro de industria. “Se ha producido un ajuste de tarifas de empresas estatales y servicios que se incrementan de forma subrepticia y paulatina; se ha reducido el nivel del gasto público, por primera vez en todos estos años. El Gobierno ha adelantado una política comercial de apertura de mercado interno, permitiendo toda clase de importaciones sin aranceles y sin pago de IVA. Eso abarata los costos. Hay una nueva política cambiaria, se renunció a la estrategia de controles. Se ha colocado un encaje legal elevado para secar la liquidez de la banca.”

Durante casi todo el siglo XX, Venezuela disfrutó de inflaciones anualizadas de un solo dígito. Esta tendencia comenzó a agrietarse a fines de los años 80, cuando trepó a promedios de 30 y 35% anual. Con todos los sobresaltos que vinieron más adelante, parecía consolidada la sensación de que el ingreso petrolero protegía a la economía nacional de un fenómeno que llegó a ser común en América Latina, pero que Venezuela no había vivido jamás.

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Sin anunciarlo, el Gobierno de Maduro ha decidido cambiar las reglas del juego del chavismo en estos años, tendentes a regular en exceso la economía, fiscalizar al empresariado y problematizar la propiedad privada. Los proyectos productivos colectivistas y estatales de Chávez y Maduro fracasaron rotundamente.

Henkel García, analista financiero y socio directivo de la firma Econométrica, sostiene que el crecimiento descontrolado de los precios que vivió el país encuentra una de sus razones “en el desplome de la producción nacional”, en crisis después de la ola de expropiaciones adelantada por Hugo Chávez.

Además, afirma, en el desarrollo de una política monetaria y fiscal equivocada, empeñada en forzar aumentos de precios divorciados del contexto económico y en regular el margen de ganancias de las empresas. “En 2018, Maduro decide aumentar el salario en una cifra astronómica, inconcebible, cercana al 18.000 %. Para pagar ese aumento había que emitir dinero inorgánico. La emisión monetaria de entonces fue inmensa. El Gobierno financiaba la nómina de las empresas estatales, todas quebradas. El Banco Central no tenía ninguna autonomía. El venezolano le perdió toda la confianza al bolívar. En el sector económico y empresarial había mucho nerviosismo. Eso fue abriendo las compuertas de la dolarización”.

Desde hace varios meses, técnicos ecuatorianos cercanos a Rafael Correa asesoran a la vicepresidencia de la República para diseñar una nueva estrategia económica, mucho más parecida a la que proponían los críticos del chavismo que a la que fundamentan los postulados chavistas.

Los 37 meses que comprendió la hiperinflación venezolana conocen su fin, como apunta Francisco Rodríguez, académico y socio directivo de la firma Torino Capital, como consecuencia de un proceso que tiene algo de inercia. “No hay hiperinflación que dure 10 años. El promedio de duración de procesos como estos es de 20 meses. No se trata de una experiencia exitosa la que adelanta Maduro. Es un ajuste que se ha retrasado.”

“La hiperinflación se consume como los incendios, llega un momento en el cual no hay nada más que quemarse” continúa Rodríguez. “Lo que hizo Maduro es financiar sus operaciones quitando el valor al dinero que la gente tiene en sus manos. La hiperinflación te obliga al final a hacer el ajuste que no querías hacer. Se concreta a través del deterioro del salario real del trabajador público. El gasto público ahora es más bajo porque lo que estás pagando es muy poco.”

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El Ciadi condena a Venezuela a pagar más de 1.480 millones por la expropiación de inversiones españolas
El Ciadi condena a Venezuela a pagar más de 1.480 millones por la expropiación de inversiones españolasEUROPA PRESS/PRENSA PRESIDENCIAL VENEZUELA (Europa Press)

Cuando Hugo Chávez se hizo con Agroisleña —una compañía de capitales y dueños españoles con 50 años de historia en Venezuela— ya acumulaba millas expropiando a lo Robin Hood; es decir, sin pagar y sin ningún procedimiento legal. Extensos hatos, miles de hectáreas de tierras, empresas de todo tipo, edificios. Chávez firmó el decreto principios de octubre de 2010, casi a la medianoche, mientras hacía uno de sus habituales contactos telefónicos en los programas del primetime de la televisora estatal VTV. “Este es el decreto número 7.700. Me gusta ese número”, comentaba mientras leía la resolución por teléfono. “Se acabó el tiempo de Agroisleña. Ahora será de propiedad popular”.

El comandante de la revolución bolivariana entonces alegaba luchar contra un supuesto oligopolio para garantizar la seguridad alimentaria. La decisión tomada regresa ahora como búmeran, con una deuda más que debe pagar el Estado venezolano. Esta semana, el tribunal de arbitrajes internacionales del CIADI —Centro internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, instancia del Banco Mundial— falló a favor de la compañía fundada en 1958 por Enrique Fraga Alonso, un canario que como muchos españoles emigró a Venezuela a finales de los años cuarenta del siglo pasado.

Ahora Venezuela debe pagar al Grupo Agroinsumos Ibero-Americanos más de 1.400 millones de euros como compensación por el incumplimiento del Acuerdo España-Venezuela que protege las inversiones españolas en el país sudamericano, al que se aferró la empresa para reclamar por sus bienes con una demanda que introdujo en 2016. A este monto se suman los gastos administrativos de este procedimiento tanto para el el a como para la empresa, informó la compañía en un comunicado.

Al momento de su expropiación, Agroisleña tenía 52 años de fundada en el país, más de 60 tiendas, silos, centros de distribución, cerca de 3.000 empleados y un conglomerado de empresas asociadas al negocio agrícola como Insecticidas Internacionales, Proyefa y Venezolana de Riego. Así proveía y daban asesoría técnica a más 18.000 pequeños y medianos productores, que representaban 70% del sector. Para el agro venezolanos hay un antes y después de Agroisleña.

Tras la ocupación por el Gobierno de todas las instalaciones de Agroisleña vino el cambio de nombre. Agropatria asumió el control de la importación de todos los insumos del sector sacando provecho de los dólares preferenciales de los años del control de cambio que rigió por 15 años en Venezuela y se convirtió en una centrifugadora de corrupción.

Chávez prometió la venta de semillas y fertilizantes a precios más bajos y ocurrió lo que pasó con todas las empresas tomadas por el chavismo. Los productos empezaron a escasear, la producción del campo se fue en picada hasta que Venezuela terminó en 2020 en la lista de las Naciones Unidas de los países del mundo que enfrentan crisis alimentarias junto con Yemen, Siria y Haití. Luego de que Agropatria naufragara, Nicolás Maduro dio luz verde en 2013 para que una empresa de la Fuerza Armada Nacional, Agrofanb, entrara en el terreno. Con el monopolio militar de ambas estatales la situación no mejoró.

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Datos de Fedeagro, la patronal de los agricultores, revelan la caída de la producción en una década. En 2009, un año antes de la expropiación de Agroisleña, se producían 17 millones de toneladas métricas de los principales rubros: maíz, arroz, sorgo, caña de azúcar, café, papa, cebolla, tomate, girasol y pimentón. Para 2020 se producía casi seis veces menos, tan solo 3 millones de toneladas métricas.

La decisión del CIADI ocurre días después de que se conociera que el centro comercial Sambil Candelaria, una enorme edificación en el centro de Caracas, propiedad de empresarios de origen judío y expropiada en 2006, regresó a sus dueños. Maduro ha puesto la reversa a la política de tomas y ocupaciones de la propiedad privada que marcaron el llamado socialismo del siglo XXI de Hugo Chávez. Desde hace un par de años, el Gobierno ha comenzado a privatizar algunas de las más de 500 empresas que posee como parte del viraje obligado por la debacle económica del país petrolero. El caso del Sambil sería atípico, porque es el primero que regresa a sus dueños, aunque no han trascendido los detalles de esa negociación. Muchas otras empresas han pasado a otras manos, en muchos casos de capitales vinculados al chavismo, bajo la sombra de la ley antibloqueo aprobada en 2021 que pone un velo de confidencialidad a todas estas transacciones.

Hasta el año pasado el Gobierno venezolano había hecho más de 5.500 confiscaciones directas y expropiaciones y adeudaba más 30.000 millones de dólares (27.400 millones de euros) solo en litigios y arbitrajes, según el Observatorio de Gasto Público de Cedice, un centro de investigación económica local, sin incluir los compromisos con bonos de PDVSA. Entre los más costosos están los de las mineras canadienses Gold Reserve y Crystallex. Con Agroisleña también hubo intentos de negociación, pero el pleito finalmente ha desembocado en el CIADI y abulta una monstruosa deuda para el futuro de un país quebrado.

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Los apagones se convirtieron en habituales en Venezuela en 2019.
Los apagones se convirtieron en habituales en Venezuela en 2019.MATIAS DELACROIX

El ministro de Energía Eléctrica de Venezuela, Néstor Reverol, anunció un nuevo plan de racionamiento eléctrico en los Estados occidentales de Venezuela. La medida ha sido bautizada como Plan de Administración de Carga y comprende suspensiones del servicio durante dos tandas en el día, con cortes que pueden durar hasta tres y cuatro horas. Desde marzo, en las zonas andinas del país, hay hasta nueve horas diarias sin luz, y las horas de servicio se alternan con los cortes en lapsos de tres horas. La medida afecta a los estados Zulia, Táchira, Mérida, Trujillo, Barinas, Portuguesa, Apure y Lara. En Zulia se asienta Maracaibo, la segunda ciudad en importancia y tamaño en Venezuela. El Gobierno ha argumentado que la situación es consecuencia de los trabajos de mantenimiento y ha prometido mejoras para el mes de abril.

Venezuela arrastra problemas graves con el servicio eléctrico desde 2007, durante los tiempos de Hugo Chávez. La circunstancia se fue agravando luego de la llegada al poder de Nicolás Maduro. En Estados como Zulia, sin embargo, la situación había mejorado en los últimos meses, registrándose dos cortes de luz semanales. El Gobierno de Maduro culpa a las sanciones internacionales de la lentitud en la resolución del entuerto.

“El recrudecimiento del problema eléctrico en el Zulia ha sido drástico en estos días”, afirma Madelyn Palmar, periodista destacada en la zona. “Los cortes duran seis horas, la mitad del día muchas personas no tienen luz. En esta ocasión, los racionamientos han estado muy extendidos en tiempo. Casi 70% de la ciudad queda apagada, particularmente, en horas de la noche. Muchísimas personas tiene plantas eléctricas”.

El ministro Reverol ha declarado de nuevo que los problemas actuales del servicio eléctrico son la consecuencia de “un ataque”, y aludió a la existencia de “grupos delictivos que han vandalizado equipos de la Subestación Lagunillas, ocasionando afectación del servicio eléctrico a varios sectores del Estado Zulia.”

“En Barinas hay tres bloques diarios de racionamiento desde marzo”, afirma Laure Nicotra, otra periodista que vive en la zona. “Hay varias plantas eléctricas que no están operativas y en ese problema, con mejoras y retrocesos, llevamos años ya. La situación que vivimos ahora es la peor desde el apagón general de marzo de 2019. Los cortes no son planificados, se hacen cuando el sistema lo pide. Hay un quiebre emocional en los afectados, muchos comercios tienen que cerrar antes de tiempo porque no pueden trabajar.” Barinas puede quedar sin luz durante 12 horas en tres turnos.

El occidente de Venezuela no puede ser totalmente alimentado por la represa del Guri, una de las grandes centrales hidroeléctricas del hemisferio. “El Gobierno de Hugo Chávez decidió instalar plantas termoeléctricas en estos Estados, pero no han recibido mantenimiento. En este momento hay 800 megawatios que están fuera de servicio en la zona por esta causa”, afirma un ingeniero que trabajó en la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, que prefiere no identificarse.

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La creación de la Central Hidroeléctrica del Guri en los años de la democracia y la consolidación un sistema de servicios mixto y descentralizado, en la cual se combinaban adecuadamente la mano estatal y el empresariado, había permitido a Venezuela gozar de un buen sistema eléctrico, uno de los mejores de toda la región durante todo el siglo XX, hasta aproximadamente el año 2003. Venezuela fue una de las primeras naciones sudamericanas que pudo electrificar toda su geografía hacia mediados del siglo XX.

En 2007, con Hugo Chávez en el poder, ocurrió el primer apagón nacional de los cuatro importantes que han tenido lugar desde entonces. Acusado por la falta de mantenimiento de las plantas, Chávez decidió entonces excluir a las empresas privadas regionales del sistema, y centralizar el servicio con la creación de Corpoelec en 2008. A partir de entonces, gracias a la burocratización, la corrupción y la falta de mantenimiento, las fallas en el servicio de luz en Venezuela se fueron agravando. Con Nicolás Maduro han adquirido un carácter dramático.

Winston Cabas, miembro del Colegio de Ingenieros de Venezuela, enumera entra las causas del derrumbe del servicio eléctrico que “el 60 por ciento del personal calificado de Corpoelec ha emigrado por los bajos sueldos. Los retardos en el mantenimiento han sido graves. Los problemas con la producción de petróleo han dificultado el correcto funcionamiento de las termoeléctricas. Se han producido grandes casos de corrupción en la construcción de centrales como Tocoma, y en la compra de equipos para la energía termoeléctrica.”

El Estado Táchira pasa hasta 10 horas diarias sin luz. “Corpoelec Táchira alega que ha llovido poco en las represas del Estado, aún cuando las lluvias han sido muy frecuentes en estos meses”, afirma Yoirys Sosa, reportera regional. “La planta termoeléctrica del Táchira está en buenas condiciones, pero no hay gasoil suficiente para alimentarla. Algunos diputados regionales han propuesto comprar megavatios a Colombia”, añade.

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La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, durante la rueda de prensa de este lunes.
La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, durante la rueda de prensa de este lunes.DPA vía Europa Press (Europa Press)

La Casa Blanca ha asegurado este lunes a través de su portavoz que Estados Unidos no está manteniendo “por ahora” contactos con Venezuela ni poniendo en marcha ningún plan para importar petróleo de ese país y así lograr equilibrar los precios tras cerrar el grifo al crudo ruso por la invasión de Ucrania. “No es algo sobre lo que estemos conversando de forma activa por ahora”, dijo Jen Psaki, en su rueda de prensa diaria. La semana pasada, una delegación de alto nivel del Gobierno norteamericano viajó a Caracas con la intención de proponer a Nicolás Maduro un acuerdo económico para suplir algunas demandas energéticas en su economía, lo que despertó críticas muy duras de varios legisladores de ambos partidos en el Congreso. El senador demócrata Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, dijo que la compra de petróleo venezolano podría perpetuar la crisis humanitaria en ese país. “No deberíamos insuflar nueva vida al reino de tortura y asesinato [de Maduro]”, dijo Menéndez en un comunicado.

El viaje a Caracas también creó tensión con uno de los aliados de Washington en el continente. El presidente de Colombia, Iván Duque, llegaba en visita oficial a la Casa Blanca tras conocerse los contactos con Maduro y sin que hubiera sido avisado de ello. Tras reunirse el pasado jueves con el presidente norteamericano, Duque reveló que había ofrecido a Biden el suministro de más petróleo colombiano para estabilizar los precios de la energía, como alternativa al crudo venezolano.

Psaki confirmó este lunes que Biden habló de ese tema con Duque en el contexto de la “seguridad energética global” tras la invasión rusa de Ucrania, pero aseguró no tener más detalles sobre ninguna decisión al respecto. “Seguimos hablando con una serie de productores sobre la importancia de mantener el suministro global. Esto no se trata solo del suministro en Estados Unidos, sino de asegurar el suministro al mercado global, y apreciamos nuestra relación con Colombia”, afirmó la portavoz.

Un alto funcionario estadounidense, que pidió el anonimato, negó la semana pasada que hubiera conversaciones directas entre la Casa Blanca y el chavismo, a pesar de que la delegación se viera cara a cara con Maduro. “Creo que no hay conversaciones entre nosotros y el régimen. Se viajó allí para asegurar la liberación de los estadounidenses, que es algo que la comunidad internacional e incluso representantes de la oposición nos habían instado a hacer”, declaró la fuente de la Administración en referencia a los 10 estadounidenses presos en Venezuela, de los que dos fueron liberados poco después de la visita. “No hay diálogo, el diálogo tiene que ser entre los venezolanos para decidir el futuro de su país, y hemos dejado claro que estamos dispuestos a levantar la presión [sobre el chavismo] si hay progreso en esas conversaciones”, finalizó ese funcionario.

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La necesidad de la Unión Europea y Estados Unidos de asegurarse suministros energéticos alternativos a los de Rusia está teniendo consecuencias en todos los continentes y acelerando negociaciones que solo hace unos meses parecían estancadas. Al margen del Foro Diplomático, que se celebra en la localidad turca de Antalya, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, y el ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Félix Plasencia, mantuvieron este sábado una reunión en la que, entre otras cuestiones, abordaron las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania, el comercio de petróleo y la posibilidad de un levantamiento de sanciones si Caracas da ciertos pasos hacia un diálogo democrático. Tanto Borrell como Plasencia dijeron a EL PAÍS que el encuentro fue “bien”.

Esas sanciones tienen que ser eliminadas, según la parte venezolana para que se normalicen las relaciones y el comercio de hidrocarburos. “Son inaceptables y violatorias del derechos internacional y de la dinámica entre naciones civilizadas”, afirmó Plasencia. Preguntado por los recientes contactos entre Estados Unidos y el Gobierno de Maduro para explorar la posibilidad de un alivio de sanciones a cambio de retomar la compra de petróleo venezolano, el jefe de la diplomacia venezolana respondió: “Tenemos una relación de negocio petrolero con los Estados Unidos de 100 años. Nosotros no los hemos sacado a ellos del negocio, se fueron ellos para poner medidas coercitivas. Ahora quieren regresar. Bueno, si aceptan que el único y legítimo Gobierno de Venezuela es el que lidera el presidente Nicolás Maduro, bienvenidas las empresas petroleras estadounidenses y europeas”.

Fuentes del equipo de Borrell explicaron que el terremoto geopolítico que ha supuesto la crisis en Ucrania ha abierto “una oportunidad” y que han visto “receptividad” por parte de Venezuela a tratar las demandas europeas. En la reciente votación en Naciones Unidas en la que se condenó la agresión de Rusia a Ucrania, el Gobierno de Nicolás Maduro se abstuvo en lugar de votar en contra, lo que sí hicieron otros aliados de Rusia como Siria o Bielorrusia. Las fuentes europeas consultadas creen que hay en Caracas una actitud “más pragmática” y en caso de que se avance en el diálogo de México con la oposición venezolana y hacia un proceso de “elecciones abiertas y limpias”, se podrían levantar o aliviar las sanciones aplicadas a Venezuela tras la represión de las protestas antigubernamentales de los últimos años.

La Casa Blanca, sin embargo, ya advirtió el jueves que su Gobierno no reconoce a Maduro “como líder de Venezuela” y mantiene el reconocimiento en su lugar a Juan Guaidó, oficializado en enero de 2019. Pese a este enfrentamiento, la intención de reducir la principal fuente de financiación de Rusia —la venta de gas y petróleo— exige la búsqueda de nuevos suministros, y ello ha espoleado a las cancillerías occidentales a buscar alternativas, acelerando los movimientos diplomáticos en varias direcciones.

Venezuela intenta aprovechar la ocasión y se deja cortejar. En Turquía, tanto el ministro de Exteriores como la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, que estuvo en Antalya de jueves a viernes, se reunieron con los ministros de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y turco, Mevlüt Çavusoglu; con el alto representante de Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones, Miguel Ángel Moratinos, y con el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, que ya ha mediado anteriormente con el Gobierno de Maduro.

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El presidente de Colombia, Ivan Duque, a la derecha, junto al senador Bob Menendez, este jueves en el Capitolio de Washington.
El presidente de Colombia, Ivan Duque, a la derecha, junto al senador Bob Menendez, este jueves en el Capitolio de Washington.MICHAEL REYNOLDS (EFE)

La reunión de una delegación del Gobierno de Joe Biden el pasado fin de semana en Caracas con Nicolás Maduro, el líder chavista al que consideran ilegítimo, sigue echando chispas en Estados Unidos. La Casa Blanca aseguró este jueves que sigue sin reconocer a Maduro como presidente legítimo y negó tajantemente que esté negociando un levantamiento de sanciones a cambio de la liberación de presos o acuerdos sobre petróleo, en plena crisis energética por Ucrania. La noticia de la excarcelación de dos estadounidenses en Venezuela no ha aplacado el desconcierto de la oposición por el acercamiento al régimen chavista, ni tampoco las críticas de legisladores republicanos y demócratas. El presidente colombiano, Iván Duque, se encontraba de visita en la capital norteamericana en plena polémica y se reafirmó en su condena a la “dictadura de Nicolás Maduro”.

“No reconocemos a Maduro como líder de Venezuela, pero estaba deteniendo a ciudadanos estadounidenses y nuestra prioridad era traer a esos ciudadanos estadounidenses a casa”, recalcó la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en su rueda de prensa diaria. Psaki había dicho el lunes que la reunión del fin de semana había abordado, entre otras cuestiones, la “seguridad energética”. Este jueves aclaró que, al menos hoy por hoy, no hay abierta ninguna negociación sobre la importación de hidrocarburos de Venezuela ni tampoco sobre el levantamiento de los castigos económicos que Estados Unidos ha impuesto al régimen en los últimos años.

El 23 de enero de 2019, Washington reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y reclamó a Maduro el abandono del poder y la celebración de elecciones justas. Biden mantuvo la política y las sanciones al llegar al poder, hace más de un año, pero la semana pasada una imagen de deshielo irrumpió en la escena para sorpresa del propio Guaidó y buena parte del Congreso de Estados Unidos. El senador Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores, no ocultaba su disgusto por la falta de información este jueves en el Capitolio. “[Maduro] no ha hecho nada para ganarse el derecho de que nos involucremos con él”, subrayó, añadiendo que se había enterado por la prensa.

Menéndez hizo estas declaraciones tras reunirse con el presidente Duque. El mandatario colombiano evitó dar su opinión sobre el acercamiento de Biden, pero sí reafirmó su postura “coherente”. “Nosotros nos mantendremos en la misma línea de política exterior que hemos mantenido, condenado la dictadura, llamando a Nicolás Maduro como lo que es, un criminal de lesa humanidad”, recalcó. Tras la reunión con Biden en la Casa Blanca, Duque ofreció además el petróleo colombiano frente al de Venezuela. “Colombia hoy es un país que tiene más capacidad de suministrar hidrocarburos de lo que tiene Venezuela”, dijo.

El miércoles por la noche, en una llamada con periodistas, un alto funcionario de la Administración de Biden ya había recalcado que no se había comprometido a ninguna cancelación de las sanciones a cambio de esta liberación y que no se había tomado “ninguna decisión” sobre la compra de crudo a Venezuela. La cuestión es qué espera Maduro ahora de Washington.

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El ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, junto a Delcy Rodríguez, durante el encuentro de este jueves en Antalya, Tuquía, días después del acercamiento de Maduro con la Casa Blanca.
El ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, junto a Delcy Rodríguez, durante el encuentro de este jueves en Antalya, Tuquía, días después del acercamiento de Maduro con la Casa Blanca.RUSSIAN FOREIGN AFFAIRS MINISTRY (EFE)

La vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez y el canciller Félix Plasencia se reunieron este jueves con el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, en Turquía, en medio de la crisis por la invasión a Ucrania. El encuentro, de cuyas conversaciones aún no ha trascendido información, se produce apenas cuatro días después de que una delegación estadounidense visitara Venezuela para dar inicio a un inesperado acercamiento entre Washington y Caracas, sin relaciones diplomáticas desde hace tres años y con una fuerte tensión por las sanciones impuestas al país petrolero.

Tanto Nicolás Maduro como la Casa Blanca confirmaron el lunes el inicio de las conversaciones —el fin de semana pasado— en la que ha sido la visita de más alto nivel de funcionarios estadounidenses a Caracas en años. El líder bolivariano las calificó de respetuosas y rebajó en su discurso el apoyo irrestricto a Vladímir Putin en el conflicto, tomando una postura más moderada, cercana a la de China y Cuba que abogan por el diálogo para resolver la crisis entre Rusia y Ucrania.

Como parte de ese viraje en la política exterior venezolana, Delcy Rodríguez aseguró que Venezuela “nunca estaría en las filas de la guerra”. Luego del encuentro con los representantes de la Administración de Joe Biden, Maduro anunció el regreso a las negociaciones con la oposición en México, una reiterada petición de Estados Unidos. El diálogo estaba congelado desde octubre pasado, cuando el chavismo se retiró en protesta por la extradición a Estados Unidos del empresario Alex Saab, acusado por lavado de dinero y señalado como el presunto testaferro de altos cargos venezolanos. Caracas también liberó a dos estadounidenses, uno de ellos un exgerente de la refinería Citgo, detenidos arbitrariamente desde hace varios años. Dos pasos que evidencian el interés de Maduro de mantener el canal de comunicación abierto haciendo algunas concesiones.

Estados Unidos acude a Venezuela en medio del descalabro del mercado energético mundial a raíz de la invasión rusa, que ha disparado los precios del petróleo. La Casa Blanca señaló que en la agenda de la reunión se incluyeron asuntos de “seguridad energética”. Esto abre la posibilidad de que Venezuela vuelva a convertirse en un proveedor de crudo para la nación norteamericana, tomando la pequeña cuota que aportaba Rusia, cuyo petróleo ha sido vetado por Estados Unidos y Reino Unido. Hasta ahora, Rusia no ha reaccionado públicamente a estos acercamientos, que suponen un vuelco en la geopolítica de la región y del conflicto.

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Juan Guaido (C), ofrece una habla a la prensa la semana pasada en Caracas, cuando todavía no se había dado a conocer la entrevista.
Juan Guaido (C), ofrece una habla a la prensa la semana pasada en Caracas, cuando todavía no se había dado a conocer la entrevista.DPA vía Europa Press (Europa Press)

Los miembros más conocidos de la oposición venezolana han asistido atónitos al acercamiento entre altos funcionarios de Estados Unidos y el líder bolivariano Nicolás Maduro. Tanto que se han quedado sin palabras. El mutismo de la plana dirigente opositora fue particularmente notorio el día sábado 5 de marzo, cuando se celebró el encuentro. Juan Guaidó, el opositor más destacado, dijo este miércoles, cuatro días después, que solo una Venezuela democrática podría ser “un proveedor energético confiable y eficiente para el mundo”. Fuera de esa alusión, ni siquiera se ha referido a la reunión de forma directa, como si no hubiera existido.

Según Washington, en ese encuentro hablaron de “seguridad energética” y de la situación de estadounidenses detenidos arbitrariamente en Venezuela. Las conversaciones se producen en medio de la invasión de Rusia a Ucrania, mientras el mundo afronta el alza en los precios del petróleo frente a la amenaza de veto a la producción rusa, que en el caso estadounidense se concretó este lunes. El martes, el Gobierno chavista liberó al menos a dos presos estadounidenses, uno de ellos un ejecutivo de la refinería Citgo que fue detenido arbitrariamente en noviembre de 2017 y el otro, un cubanoamericano arrestado en 2021 por llevar encima un dron, por lo que se le acusaba de terrorismo.

En unas declaraciones posteriores al encuentro con los estadounidenses, Maduro abrió también la posibilidad de retomar las negociaciones de México, rotas en protesta por la detención del empresario colombiano y su presunto testaferro Alex Saab, que afronta un juicio por lavado de dinero en Miami. Aunque en las filas opositoras nadie ha querido ofrecer alguna explicación de la reunión de la delegación estadounidense con el chavismo, las fuentes consultadas insistieron en que la reunión de los funcionarios estadounidenses con Maduro “ya se sabía” cuando se hizo pública.

La delegación estadounidense presente en Caracas conversó también con Guaidó y Gerardo Blyde, quien fuera el delegado de la oposición venezolana en el diálogo con el oficialismo establecido el año pasado en México y ahora paralizado. Fue el domingo, después de haber ido a Miraflores. Según esas fuentes, James Story, el embajador estadounidense en Caracas; Juan González, asesor de la Casa Blanca para América Latina, y Roger Carstens, enviado especial para asuntos de rehenes, se reunieron además en Bogotá con representantes de los partidos más importantes de la oposición, agrupados en la llamada Plataforma Democrática para hablarles del plan.

El silencio de la dirigencia, sin embargo, ha sido notorio. Entre los partidos opositores, sin criterio unitario para atender este nuevo escenario, destaca como excepción el comunicado de Primero Justicia, uno de los más importantes del bloque, en la cual se esbozan algunas declaraciones generales de principios que bordean la circunstancia del encuentro sin entrar a calificarla o ponderarla.

El texto habla del compromiso del campo democrático con la negociación y el diálogo político; de la necesidad de reactivar la agenda de México y del imperativo de organizar unas elecciones limpias y justas “en las que la ciudadanía derrote a Nicolás Maduro y retome la senda de la calidad de vida”. Para ello, agrega, “es fundamental atender las demandas del informe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea sobre las elecciones regionales de 2021″.

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Hace poco más de una semana, un grupo importante de dirigentes opositores, —Stalin González y tres gobernadores recién electos—, se había reunido en Bogotá con el embajador Story. El objetivo de los políticos venezolanos era intercambiar reflexiones con el diplomático sobre los perjuicios de las sanciones internacionales. Se habló de fortalecer las condiciones para que ambas partes se sienten en la mesa de trabajo en México, una perspectiva que estaba siendo abordada con optimismo en los corrillos políticos e informativos de estos días.

“Los resultados de los primeros contactos entre Estados Unidos y Maduro no han sido espectaculares, ni nada digno de ser llamado un viraje” comenta Julio Castillo, dirigente político opositor, profesor universitario y articulista de prensa. “Es natural que el Gobierno de Estados Unidos sienta la necesidad de ir a buscar al Gobierno de Venezuela luego de la crisis con Rusia y sus implicaciones energéticas y petroleras. Pero en las formas, claro que hay un cambio de actitud para con el Gobierno interino. Nada de esto impedía al Gobierno de Estados Unidos hacer lo que procede diplomáticamente, esto es, avisar con antelación de la iniciativa.”

El Gobierno de Estados Unidos ha reiterado que reconoce y apoya a Juan Guaidó, y no parece estar planteando un cambio en este tema al menos en el mediano plazo. Victoria Nuland, subsecretaria de Estado, se lo sostuvo reiteradamente al senador Marco Rubio, con quien tuvo un prolongado careo en el Congreso en la cual ésta le aseguró que Guaidó fue informado previamente de toda la operación mientras Rubio se lo negaba.

El propio Joe Biden ha declarado que Guaidó estaba al tanto del paso dado, y que lo siguen reconociendo como presidente legítimo del país. “Pero aquí hay un cambio de conducta”, sostiene Castillo, “Estados Unidos podría estar tentado a escuchar otros factores, a valorar otros puntos de vista, a proponer una ampliación de la representación opositora en el diálogo con el chavismo en México.”

Aunque en estos encuentros se ha conversado sobre la necesidad de procurar un adelanto de elecciones, el acercamiento de Estados Unidos a Miraflores, y el horizonte y objetivos inmediatos de la mayoría de las organizaciones opositoras del momento, sugiere que, en lo tocante a una cita electoral o un acuerdo con el chavismo, todos los caminos conducen a 2024, fecha en la cual el cuestionado Gobierno de Maduro debe terminar su período.

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El presidente venezolano, Nicolás Maduro, en una reunión con miembros de su gabinete y alto mando militar, en Caracas.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, en una reunión con miembros de su gabinete y alto mando militar, en Caracas.Palacio de Miraflores (EFE/Palacio de Miraflores)

Venezuela ha liberado este martes a al menos dos prisioneros de Estados Unidos, un gesto más que confirma el acercamiento entre dos países cuyas posturas parecían irreconciliables hasta hace unos días. El fin de semana pasado, funcionarios de la administración de Joe Biden se reunieron por sorpresa en Caracas con el presidente Nicolás Maduro para hablar de seguridad energética, en un momento en el que el precio del petróleo se ha disparado por la intervención militar de Rusia en Ucrania.

El Gobierno chavista era hasta ahora el aliado más incondicional de Vladímir Putin en este lado del mundo. El cambio de rumbo de Caracas y Washington, en una fase exploratoria, ha agarrado a todo el mundo desprevenido. Maduro ha dado ahora un paso más en este entendimiento al dejar en libertad a uno de los seis ejecutivos de la refinería Citgo que fueron detenidos arbitrariamente en noviembre de 2017 y a un cubano-americano arrestado en 2021 por llevar encima un dron, por lo que se le acusaba de terrorismo.

La invasión de Rusia ha dado un vuelco al contexto geopolítico. La delegación estadounidense que viajó en secreto a la capital venezolana tenía como prioridad absoluta abordar la crisis energética. Estados Unidos ha prohibido la importación de petróleo y gas de Rusia, un golpe directo a la principal financiación del gigante euroasiático. En ese contexto, busca otras formas de abastecerse. Y ahí es donde entra en juego Venezuela.

Para mejorar unas relaciones que no existían hasta hace nada, la administración de Biden considera fundamental la liberación de los presos estadounidenses. El comisionado de Rehenes del Departamento de Estado, Roger Carstens, ha insistido en la liberación de los seis venezolanos-estadounidenses por razones médicas. Tras el encuentro entre los funcionarios de Biden y Maduro, se supo que Carsten estuvo en diciembre negociado la liberación y que fue incluido en la reciente comitiva y todavía estaría en el país esperando respuestas de parte del chavismo.

El caso de los seis de Citgo ha sido una fuente de tensión constante entre Caracas y Washington. El chavismo ha endurecido las condiciones de reclusión de los ejecutivos cada vez que la relación con Estados Unidos se deteriora. En 2020, tras el encuentro entre Donald Trump y Juan Guaidó en la Casa Blanca, se les levantó la medida de prisión domiciliaria y se les llevó a la cárcel de El Helicoide, en Caracas. Volvieron después a cumplir prisión domiciliaria, pero la extradición de Álex Saab, presunto testaferro de Maduro a Miami, provocó que los ejecutivos fueron devueltos a la cárcel de nuevo.

Los directivos de la empresa fueron detenidos en noviembre de 2017. Los habían llamado de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) a una reunión de urgencia en Caracas. En el aeropuerto de Maiquetía los apresaron y los trasladaron a los calabozos de la Dirección de Contrainteligencia Militar. Se les acusó de peculado doloso, legitimación de capitales, asociación para delinquir y concierto de funcionario con contratista por supuestamente acordar el refinanciamiento de la deuda de esta compañía, el activo más valioso de la petrolera venezolana en el extranjero. Ellos siempre han negado las acusaciones y Estados Unidos considera que fueron encarcelados por motivos políticos.

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Maduro parece decidido a aprovechar la crisis. El lunes aseguró que PDVSA está preparada para producir entre uno y tres millones de barriles de petróleo diarios si fuera necesario. Sin embargo, existen dudas al respecto. El declive de la empresa pública por su mala administración y las propias sanciones de Estados Unidos ha provocado que el año pasado llegara a su mínimo histórico de producción. Se cree que Venezuela todavía no está en condiciones de suplir la cuota de mercado que hasta ahora tenía Rusia.

El presidente norteamericano ha advertido que el castigo a Rusia no saldrá gratis a los estadounidenses, que viven la peor escalada inflacionista en 40 años. “Defender la libertad tiene un coste, también para nosotros”, ha dicho. Reino Unido ha secundado la sanción, pero el resto de países europeos no se ha sumado, por el momento, dada su alta dependencia de la energía rusa.

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Un trabajador camina frente a una refinería en Anzoategui, Venezuela, en una imagen de archivo.
Un trabajador camina frente a una refinería en Anzoategui, Venezuela, en una imagen de archivo.Kimberly White (Kimberly White)

Una delegación de alto nivel del Gobierno de EE UU ha viajado este sábado a Caracas con la intención de proponer a Nicolás Maduro un acuerdo económico para suplir algunas demandas energéticas en su economía, tras la imposición de sanciones a Rusia por invadir Ucrania. La información, sin confirmación oficial, ha sido publicada por el diario The New York Times.

La iniciativa contemplaría la introducción de medidas para relajar las sanciones internacionales a Venezuela, dando a Caracas, además, opciones para recuperar su producción petrolera en un contexto global de volatilidad y precios récord. Con la tentadora iniciativa, Estados Unidos mueve sus fichas para intentar mitigar la influencia geopolítica de Rusia entre sus aliados latinoamericanos.

El supuesto viaje de la delegación estadounidense ha sido recibido con hermetismo en Caracas. Fuentes próximas a la negociación, sin embargo, dan por hecho que las conversaciones están en curso. Otras fuentes con acceso a la embajada de Estados Unidos en en Caracas han confirmado la visita oficial, aunque afirmando que el objetivo de la visita —la de más alto nivel en mucho tiempo— sería discutir la posible liberación de presos políticos estadounidenses en Venezuela, incluidos los seis gerentes de la filial Citgo, la filial petrolera de Venezuela en EE UU. En la oposición venezolana hay total hermetismo sobre la noticia.

El mercado estadounidense fue el destino tradicional de las exportaciones petroleras venezolanas antes de la llegada al poder de Hugo Chávez, en 1999. Washington rompió relaciones y cerró su embajada en Caracas en 2019, tras acusar a Nicolás Maduro de fraude electoral. La Administración de Donald Trump impuso duras sanciones al régimen chavista y reconoció como presidente del país al opositor Juan Guaidó.

Francisco Monaldi, economista especialista en petróleo y consultor internacional, explica que la influencia de la producción petrolera de Venezuela en el mercado internacional —unos 800.000 diarios— es modesta. “En el corto plazo, difícilmente Venezuela pueda mantener de forma sostenible la producción de un millón de barriles diarios” afirma. “Las escalas de producción de Rusia y Venezuela son incomparables; no hay un experto capaz de sostener que Venezuela tenga una influencia en el mercado energético en los próximos seis meses.”

El acuerdo puede tener sentido, según Monaldi, a medio plazo: el fin de las sanciones internacionales podría ofrecer a Venezuela la posibilidad de aumentar su producción actual. El Gobierno venezolano parece decidido a cambiar el marco institucional de inversiones para fomentar la participación privada en sus yacimientos, que son los más abundantes en reservas de todo el mundo.

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“Ahora mismo, a Estados Unidos le interesa especialmente suplir unos 500.000 barriles diarios de crudo pesado y derivados que Rusia venía vendiéndole, para sus refinerías en el golfo de México, y que años atrás producía Venezuela”, recuerda Monaldi, mientras subraya que ninguno de estos factores va a resolver, por sí solo, el encarecimiento del precio de los combustibles.

Durante la presidencia de Donald Trump, mientras Maduro consolidaba su autocracia y Washington respondía con sanciones, Caracas ha enviado numerosos mensajes conciliadores a la Casa Blanca proponiendo acuerdos en materia energética con facilidades para la inversión, que también supongan el fin de las sanciones. Tras negar durante años la crisis, el discurso oficial achaca hoy a las sanciones internacionales el derrumbe de la economía.

Pero a la vez, en los dos últimos años, Venezuela ha reforzado su alianza con Moscú, con un capítulo muy sobresaliente en el campo militar. Maduro ha justificado y respaldado de forma expresa la invasión rusa a Ucrania. Venezuela no participó en la votación de una resolución de condena adoptada el miércoles por la Asamblea General extraordinaria de la ONU.

Una fuente vinculada al sector privado de la producción local de petróleo, en el anonimato, apunta que, con esta iniciativa, la Administración de Biden puede ofrecer a Caracas el levantamiento de las sanciones, o reducirlas significativamente, a cambio de que Maduro organice una elecciones limpias y verificables en 2024 que supondrían el principio del fin de las tensiones bilaterales.

Pero Diosdado Cabello, número dos del régimen, reiteró recientemente que “no se sabe” cuándo serán las elecciones presidenciales en Venezuela, argumentando que el acoso de Estados Unidos y la Unión Europea al régimen dificulta el escenario.

Tras conocer la existencia de las negociaciones, el senador republicano estadounidense Marco Rubio ha declarado que “Biden está usando la excusa de Rusia para proponer el acuerdo que siempre quiso hacer a Maduro. En lugar de producir más petróleo local, quieren reemplazar el petróleo que comparaba a un dictador asesino [Putin], comprando a otro dictador y asesino [Maduro]”.

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The King of Spain International Journalism Prizes on Wednesday recognized the work of Spanish and Portuguese journalists across Latin America and their important coverage of social movements, the environment and humanitarian work.

The report “The broken promise: the collapse of social security in Venezuela” published on the Prodavinci news site won the prize for International Cooperation and Humanitarian Action Journalism.

Photographer César Luis Melgarejo Aponte scooped the International Photography Journalism award for his photograph “Resistir” (“Resist”) published in Colombia’s El Tiempo newspaper.

The report “The Assassination of the president of Haiti” broadcast on Colombian TV program Noticias Caracol won the Narrative Journalism Award “for sharing exclusive information about the assassination of Jovenel Moise in 2021”.

Spanish non-profit organization Civio was awarded with the Ibero-American Media award for its work based on “transparency, data veracity and accountability”.

The report “Daughter of Cotton: A Profile of Cristina Rivera Garza”, published in the Mexican magazine Gatopardo, was awarded with the Cultural Journalism prize “for its ability to reflect on the contribution of Hispanics to the creation of the culture of the United States .”

Finally, the Environmental Journalism award was given to the report “Engolindo Fumaça” (“Swallowing Smoke”) on the health effects of forest fires published in InfoAmazonia of Brazil.

Created by Spain’s news agency EFE and the country’s agency for international cooperation and development (AECID) in 1983, the annual media awards recognize some of the leading work done by Spanish and Portuguese-speaking journalists.

The jury for this 39th edition of the prize ceremony selected media outlets and reporters from 17 Ibero-American countries spanning topics ranging from humanitarian, social, cultural and environmental. EFE

int-mp/ks


El embajador de Rusia ante la ONU, Vasily Nebenzya, habla durante la sesión de emergencia de la Asamblea General, el 28 de febrero de 2022.
El embajador de Rusia ante la ONU, Vasily Nebenzya, habla durante la sesión de emergencia de la Asamblea General, el 28 de febrero de 2022.John Minchillo (AP)

La Asamblea General extraordinaria de la ONU votó este miércoles una resolución de condena de la invasión rusa a Ucrania. Sumó 141 votos a favor, cinco en contra (Bielorrusia, Eritrea, Corea del Norte, Siria y la propia Rusia) y 35 abstenciones. En este último grupo destacan China, y también cuatro países de América Latina: Bolivia, Cuba, El Salvador y Nicaragua. Un quinto, Venezuela, aliado incondicional de Moscú, tiene su voto inhabilitado por deudas con el organismo. Fueron relevantes los votos positivos de Argentina y Brasil, dos países que habían jugado la carta de la neutralidad y que finalmente se decantaron por el repudio.

La resolución de la Asamblea General exige a Moscú el cese “inmediato” de la ofensiva miliar sobre Ucrania. Fue la respuesta de la ONU al veto ruso en el Consejo de Seguridad de la ONU a una condena de la invasión. Rusia es, junto con Estados Unidos, Reino Unido, Francia y China, uno de los cinco países con derecho a veto en ese órgano. Los países occidentes sortearon el bloqueo del Kremlin con una convocatoria de urgencia a la Asamblea General, donde cada país tiene un voto y no hay poderes especiales. El escenario de la discusión abierta puso en evidencia los argumentos del bloque latinoamericano prorruso.

El más entusiasta fue Venezuela. Nicolás Maduro reveló el martes que llamó a Vladímir Putin para “ratificarle la condena de Venezuela a las acciones desestabilizadoras de la OTAN”. “Maduro expresó su fuerte apoyo a las acciones decisivas de Rusia”, destacó más tarde el Kremlin en un comunicado. Venezuela no pudo votar este miércoles en la ONU porque acumula una deuda millonaria con la organización, pero dejó su opinión. “La ONU no puede ser utilizada para profundizar los conflictos”, dijo el embajador Samuel Moncada. Sí estuvieron presentes con voz y también con voto los representantes de otros aliados rusos, como Cuba.

Su embajador ante la ONU, Pedro Pedroso Cuesta, dijo que para “examinar con rigor y honestidad” la situación en Ucrania hay que valorar lo que consideró “el empeño” de Estados Unidos para avanzar bajo el paraguas de la OTAN sobre las fronteras rusas. Mencionó también la “entrega de armas modernas” a Kiev. La lectura cubana coincide con la rusa: la invasión es una respuesta a una agresión previa de Occidente, que no escuchó los clamores de seguridad del Kremlin. A su turno, el nicaragüense Jaime Hermida Castillo habló de “cerco militar”. Bolivia justificó su abstención con un alegato al reparto de responsabilidades. Según el embajador Diego Pary hubo parte de culpa “en las potencias occidentales que a través de la OTAN ponen en riesgo la seguridad y la paz de otros Estados”. “Usando Estados intermediarios que favorecen las ambiciones expansionistas de estas potencias de occidente y amenazan la seguridad de sus vecinos”, afirmó Pary, donde Ucrania es el Estado “intermediario” y Rusia el vecino amenazado.

La votación no solo puso negro sobre blanco entre aquellos que están del lado ruso. Reveló también el giro de Brasil y Argentina, que hasta ahora habían jugado la carta de la neutralidad. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, visitó a Putin el 24 de febrero y en el arranque de la semana había advertido que su país no había decidido aún su voto. Finalmente, el Palacio de Itamaraty se decantó por el apoyo a la resolución, lo mismo que Argentina. Alberto Fernández también había visitado Moscú en los días previos a la invasión y desde allí había ofrecido al Kremlin ser “la puerta de entrada a América Latina”. Este miércoles, sin embargo, la embajadora argentina ante la ONU, María del Carmen Squeff, advirtió en su discurso que “ninguna adquisición territorial puede ser reconocida como legal a partir del uso o la amenaza del uso de la fuerza”.

México, en tanto, cargó contra el derecho a veto de Rusia como integrante del Consejo de Seguridad. “México demanda una vez más que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad se abstengan de hacer uso del veto ante situaciones en las que estén directamente involucrados o frente a situaciones de atrocidades masivas”, como ha hecho Rusia, dijo el embajador mexicano ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente.

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La misión de observación de la Unión Europea que acudió a Venezuela para supervisar las elecciones regionales y locales de noviembre de 2021 ha concluido que hubo una “mejoría” con respecto a comicios pasados. El informe final de la misión, presentado este martes en Bruselas, destaca el papel del Consejo Nacional Electoral (CNE), reconocido como “el más plural y equilibrado de los últimos 20 años”, según ha explicado Isabel Santos, la eurodiputada portuguesa que ha ejercido como jefa de la misión, en una comparecencia. Pero el dictamen contiene “luces y sombras” y deja constancia de “deficiencias estructurales” en el país, como la falta de seguridad jurídica “que provocó la inhabilitación arbitraria de candidatos y la repetición de las elecciones en el Estado de Barinas”, asevera el documento.

El informe denuncia el uso extendido de los recursos del Estado durante la campaña y el acceso desigual de los candidatos a los medios de comunicación. Pero destaca entre los aspectos positivos la existencia de “una administración electoral más equilibrada, la realización de varias auditorías en diferentes etapas del proceso electoral, y una actualización más amplia del registro electoral”. El chavismo arrasó en las elecciones y ganó en 20 de los 23 Estados del país, además de Caracas, aunque la abstención fue elevada: votó solo el 41,8% del censo.

El documento contiene un listado de 23 recomendaciones entre las que destaca la profundización en la separación de poderes del Estado, con reformas de calado que aseguren una “selección de jueces transparente, apolítica y basada en el mérito” y permitan que el “poder electoral” goce de una mayor autonomía.

El informe también pide combatir el excesivo poder de la Contraloría General, un órgano que puede despojar a los ciudadanos de su derecho fundamental a presentarse como candidatos mediante un simple procedimiento administrativo y sin notificación oportuna; reclama facilitar el acceso al voto de personas detenidas con derecho a votar; elaborar campañas de educación del votante sobre la integridad y el secreto del voto electrónico; pide reforzar la capacidad sancionadora del Consejo Nacional Electoral —sobre todo en materia del empleo de recursos estatales en campaña—; una cobertura mediática equilibrada, especialmente en los medios del Estado, y reforzar la libertad de expresión, derogando la denominada Ley contra el odio, para garantizar que los periodistas no se autocensuren.

“Tengo una fuerte expectativa de que el informe pueda servir para que se mejoren los futuros procesos electorales en Venezuela”, ha expresado Santos en su intervención. “Espero que sirva para que muchos de los problemas que aún permanecen en el proceso electoral sean corregidos”.

La jefa de la misión ha destacado que ya solo el hecho de haber sido invitados oficialmente expresa que “hay un interés del país de mejorar su proceso electoral, de tener una evaluación exterior y neutral”. Y ha considerado que la reanudación del proceso de negociación iniciado en México entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición sería “un paso muy importante” en el camino hacia la normalización democrática del país. “La democracia nunca puede darse por garantizada o concluida”, ha reflexionado Santos. “Requiere una vigilancia continua. Y diálogo”.

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La misión de la UE se desplegó del 14 de octubre al 5 de diciembre de 2021, y contó con 134 observadores el día de los comicios, el 21 de noviembre. Pero acabó de forma abrupta en cuanto concluyó el proceso electoral, con el retorno a casa los miembros de la delegación, a quienes no se les concedió una extensión de visado.

La jefa de la misión ha negado que fueran expulsados del país y ha valorado positivamente su labor sobre el terreno. “Hasta el final del plazo establecido hemos podido visitar todo lo que hemos querido visitar y hablar con quien hemos querido hablar; hemos observado con total libertad de movimientos y de expresión”, ha reconocido. “Pero solo hasta el 5 de diciembre”, ha remarcado, fecha en la que expiraba el plazo establecido en el acuerdo entre la UE y Venezuela.

Santos ha subrayado como hecho clave que las autoridades venezolanas invitaran a la UE a regresar al país a observar unas elecciones después de 15 años (hubo una misión presente en 2006). “Fueron las primeras elecciones nacionales a las que concurrió la mayoría de los partidos de la oposición desde 2015″, destaca el informe final, elemento que considera “como un posible primer paso hacia un amplio acuerdo político sobre las condiciones necesarias para llevar a cabo unas elecciones democráticas aceptadas por todas las partes y avanzar en la reinstitucionalización del país”.

A pesar de que la misión quiso presentar los resultados finales en Venezuela, y de que informó de su intención al Consejo Nacional Electoral, no recibió respuesta, según ha explicado Santos, por lo que se ha optado finalmente por una presentación telemática, desde la sede del Servicio Europeo de Acción Exterior en Bruselas. El informe se le hizo llegar este lunes al CNE.

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El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, resalta en un mapa la zona donde han proliferado las minas.
El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, resalta en un mapa la zona donde han proliferado las minas.Rayner Peña R. (EFE)

Como cualquier campesino, Emil Rojas y su sobrino Jonathan comenzaron su jornada el 31 de enero apenas salió el sol. Fueron a encender la bomba del potrero para que el ganado tomara agua, pisaron una mina y sus cuerpos volaron en mil pedazos. Son dos de las ocho muertes de civiles reportadas por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, en los últimos días. Las primeras que se registran en mucho tiempo a causa de la explosión de minas antipersona en el Alto Apure, una población al sur de Venezuela, en la frontera con Colombia, escenario de una guerra entre distintos grupos irregulares y el Ejército venezolano.

En las comunidades de El Amparo, La Victoria, Caño La Colorada, Picas de Orichuna, asentadas en ese borde fluvial del Arauca, hay miedo. Nadie que viva en esos caseríos, sometidos a las leyes de grupos al margen de la ley, quiere hablar. “Hay mucho temor, los productores no quieren entrar a sus fincas, algunos han cruzado a Colombia para resguardarse”, dice Andrés Calderón, presidente de la Asociación de Ganaderos de Apure, basada en la capital de ese mismo Estado llanero, separada por más de 400 kilómetros de la caliente frontera. La producción en el campo ha sufrido desde hace años la crisis económica venezolana y el conflicto armado es un lastre más para estos pueblos. “De esa zona no está saliendo nada de producción, ya nadie ordeña ni siembra”, agrega Calderón.

Con el recrudecimiento de los enfrentamientos en la zona y el desplazamiento cada vez mayor de las guerrillas hacia el lado venezolano, las minas antipersona son una nueva preocupación. En el corredor fronterizo del Arauca, la tensión entre el la guerrilla del ELN (Ejército de Liberación Nacional), la Segunda Marquetalia y el Décimo Frente de las disidencias de la antigua FARC -que no sumaron a los Acuerdos de Paz de Colombia en 2016- pasó de asesinatos selectivos a combates donde la población civil es la más afectada, advierte el Observatorio de Derechos Humanos de Fundaredes, una organización que ha documentado el conflicto y cuyo director, Javier Tarazona, permanece detenido por autoridades venezolanas desde el año pasado por denunciar la situación. “El fallecimiento de dos campesinos de La Victoria, miembros de una misma familia, como consecuencia de la explosión de minas antipersonales, ha causado consternación y terror, pues ahora temen salir a sus predios a realizar las faenas de campo”, advirtió la organización esta semana.

El Gobierno ha informado de que habían desactivado más de 900 minas de fabricación casera, llamadas “quiebrapatas”. El año pasado informaron sobre otras 100 minas destruidas y pidieron colaboración técnica a Naciones Unidas para el desminado. Las imágenes difundidas por las autoridades venezolanas muestran que los artefactos son fabricados con bombonas de gas, un bien escaso en el país donde la gente ha tenido que recurrir a leña para cocinar por las fallas en las dotaciones del combustible.

“Los grupos armados al margen de la ley están sembrando minas que son un medio terrorífico muy barato. Pero llama la atención que se estén usando bombonas o cilindros de gas, no solo por su costo sino por el volumen que ocupan”, señala Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano, que hace seguimiento al sector militar.

Desde 1999 Venezuela forma parte de la Convención de Otawa sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersona y su destrucción. Hace casi 20 años se reportó un incidente con minas en el que un joven perdió la pierna en Guafitas, en Apure. En 2013 el país fue certificado como un país libre de minas, tras haber retirado las 1.074 que el Estado venezolano reconoció que había colocado en seis puestos navales fronterizos de Apure y Amazonas entre 1995 y 1997, como parte de su arsenal de defensa. San Miguel señala que hay dudas sobre si todas fueron retiradas, porque en las crecidas de los ríos algunas fueron arrastradas y no han sido localizadas. En 2018 dos militares murieron por la explosión de una en la región del Catatumbo, en la frontera occidental del Estado Zulia. Con los últimos incidentes en la región del Arauca, Venezuela ha dejado de estar libre de minas.

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Entre marzo y abril del año pasado una escalada en el conflicto desplazó a más de 6.000 residentes hacia Colombia, huyendo de la violencia. El Gobierno venezolano activó una operación militar para la que movilizó tropas, vehículos blindados y aviones con el objetivo de combatir a los grupos armados al margen de la ley. El balance no fue positivo. Además de los miles de desplazados, murieron 16 militares -dos de ellos por la explosión de una mina- y ocho fueron capturados como prisioneros de guerra por una de las disidencias de las FARC y liberados luego de negociaciones. Una tensa calma se mantuvo durante el resto año, pero apenas comenzó 2022 el Ejército venezolano volvió a desplegarse para combatir. Del otro lado del Arauca, Colombia ordenó militarizar la zona en respuesta al recrudecimiento de la guerra entre el ELN y las disidencias por el control del territorio y las rentas ilegales que han dejado decenas de asesinados en lo que va de año y provocado una crisis humanitaria en esa región.

El Gobierno venezolano ha evitado nombrar directamente a las guerrillas que han penetrado en el país. En la operación militar de hace un año los llamaban Grupos Irregulares Armados Colombianos Terroristas. La última denominación la inventó el propio Maduro durante una alocución televisiva en septiembre pasado. A todo al que combaten en el sur de Venezuela lo llaman Tancol, el acrónimo de Terrorista Armado Narcotraficante Colombiano, con el que una y otra vez el mandatario reitera su tesis de que el Gobierno vecino es su principal enemigo.

Para San Miguel se trata de una denominación inadecuada. “No son grupos de narcotraficantes solamente, pues hay otros tipos de traficantes, no es solamente colombiano, porque hay evidencia de que también están conformados por venezolanos”, apunta. La especialista añade que parece “recurrente la omisión de las autoridades venezolanas de actuar contra el ELN presente en la zona”, algo que han denunciado organizaciones como Insight Crime y el mismo presidente Iván Duque. “No hay solo dos contendores en este complejo conflicto. Si favoreces a uno, esto va a ser respondido con retaliaciones de los otros grupos contra los más vulnerables, que son la población civil”, señala.

Esta pugna múltiple es lo que ha incrementado la tensión en los últimos meses, para la que no parece no haber una salida clara a mediano plazo, sobre todo porque no hay comunicación entre los gobiernos de ambos países. “Es un conflicto acotado en el espacio, pero con todas las características de un conflicto armado”, advierte San Miguel. “Este es un corredor fronterizo histórico usado por los grupos armados por 40 años que ya saben cómo moverse de un lado y otro y tienen gran capacidad de aterrizar y cooptar pobladores. Sin cooperación militar entre Venezuela y Colombia no se va a resolver el problema”.

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