La bióloga catarí de origen egipcio Ola Al Qaradawi, más conocida por ser hija del influyente teólogo Yusef Al Qaradawi, volvió a pisar el asfalto la víspera del pasado Año Nuevo. Tras más de 1.600 días —o cuatro años y pico— en prisión preventiva y en régimen de aislamiento a la espera de juicio o de que se presentaran siquiera pruebas contra ella, la Fiscalía de Egipto ordenó su excarcelación. Al Qaradawi pudo reunirse de nuevo con parte de su familia y recibir atención médica, según afirmó su entorno en un comunicado.
No corrió la misma suerte el ingeniero informático Alaa Abd El Fattah, un icono de la revolución de 2011 en Egipto y hoy convertido en el preso político de más alto perfil del país tras pasar casi toda la última década entre rejas. El 20 de diciembre, un tribunal egipcio le impuso una nueva pena de cárcel de cinco años, según señaló su familia, por difundir noticias falsas supuestamente.
Los dos casos anteriores figuran entre varias decenas de destacados defensores de derechos humanos, activistas y políticos de la oposición que tras languidecer en prisión preventiva por largos periodos —a veces muy por encima del límite legal— han sido referidos estos meses a tribunales de excepción para ser juzgados o, en contadas ocasiones, excarcelados a la espera de ser investigados. Este movimiento inusual en los juzgados, después de años de parálisis, es interpretado por algunos como un avance positivo y el preludio de una mejora en materia de derechos humanos en Egipto. Otros observadores lo consideran un simple gesto cosmético insuficiente para acabar con la grave crisis de derechos humanos en el país y dirigido a mejorar su imagen en el exterior.
El presidente egipcio, Abdelfatá al Sisi, presentó el pasado septiembre una estrategia de derechos humanos quinquenal que plantea una serie de reformas enfocadas a proteger una noción intencionadamente amplia de derechos humanos en el país. A finales de octubre, Al Sisi anunció el fin del estado de emergencia en casi todo el país, que llevaba en vigor cuatro años y cedía a las fuerzas de seguridad amplios poderes sin apenas revisión judicial.
Grupos de derechos humanos, sin embargo, han señalado que la nueva estrategia nacional no aborda la profundidad de la crisis que sufre el país en materia de derechos humanos. Y aunque recibieron el fin del estado de excepción como un paso en la buena dirección, recordaron que el régimen egipcio ha aprobado estos años enmiendas, decretos y leyes de contenido parecido al de la ley de emergencia, de modo que, levantada esta, casi no existen diferencias significativas, lo que pone en entredicho su compromiso.
Justo antes de poner fin al estado de excepción, las autoridades egipcias remitieron al menos a 48 destacados activistas, opositores y defensores de derechos humanos que habían pasado meses o años en detención preventiva a tribunales de emergencia contra los que no se puede apelar, tal y como ha trascendido a medida que se iniciaban sus juicios y como han denunciado grupos como Human Rights Watch. Entre los remitidos a estos juzgados se encuentran Alaa Abd El Fattah, el excandidato presidencial Abdel Moneim Abu Al Fotouh y el exdiputado Ziad El Elaimy.
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Paralelamente, un puñado de destacados presos políticos, como Al Qaradawi, han sido excarcelados, sumándose a otros seis el pasado julio. Entre ellos figuran el activista egipcio-palestino Ramy Shaath, el investigador sobre derechos de género Patrick George Zaki, la activista por los derechos humanos Sanaa Seif y el activista por los derechos de los coptos y otras minorías Ramy Kamel. Pese a su excarcelación, las causas contra todos —excepto Seif, que ya cumplió su condena— siguen abiertas y no se han retirado los cargos.
El miembro del Consejo Nacional de Derechos Humanos Mohamed Anwar El Sadat, que en los últimos meses se ha erigido como activo mediador con las autoridades para liberar a presos políticos, señala a EL PAÍS que las autoridades egipcias están dispuestas a aliviar la situación de los derechos humanos porque estiman que el país es ahora estable y seguro.
Además, apunta a que varias instituciones del Estado, incluidos la judicatura, la Fiscalía y los ministerios de Justicia e Interior, se están coordinando para abordar los abusos de la detención preventiva, objeto de muchas críticas, y conceder algunos indultos. “Se avecinan más cosas. Pero llevan su tiempo. No se puede cambiar toda la filosofía en un día. Lleva tiempo, sí; pero está pasando y es prometedor”, asegura.
La mayoría de organizaciones de derechos humanos del país, en cambio, se muestran más cautas, y pese a celebrar las excarcelaciones individuales, alertan de que aún hay decenas de miles de presos políticos en Egipto. En esta línea, la Comisión Egipcia de Derechos y Libertades lanzó el pasado abril un registro electrónico con un centenar de destacados detenidos en casos políticos. Hasta la fecha, solo 29 han sido excarcelados. “Siempre hay excepciones a la regla. Y la regla es que la represión continúa”, desliza a EL PAÍS Mohamed Lotfy, director de la organización.
Lotfy señala que otras personas que no son conocidas también han sido excarceladas, pero apunta que, una vez fuera de prisión, suelen seguir en libertad condicional, que debe renovarse ante un juzgado cada 45 días. Y explica que, recientemente, constataron cómo en la ciudad de Alejandría un juez canceló la libertad condicional de 60 personas y ordenó su reingreso a la cárcel en una sola semana, lo que exhibe una falta de directriz clara.
“Los liberados son una gota en el océano”, agrega. “Para ver un cambio real necesitamos una verdadera revisión judicial, exhaustiva y completa, de todos los que están en prisión preventiva para liberar inmediatamente a los acusados en casos políticos”.
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