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El duodécimo día de invasión rusa a Ucrania amplió el listado de daños materiales y humanos, con nuevos bombardeos este lunes en la franja sur del país que une la península de Crimea con la zona de las autoproclamadas repúblicas separatistas del Donbás. Pero el día también dejó tímidos avances en el frente diplomático, como la voluntad de China para mediar en el conflicto o el debate sobre la creación de corredores humanitarios, tras tres intentos fallidos de abrir vías para evacuar a los civiles de las zonas más golpeadas por la guerra. La tercera ronda de negociaciones entre los dos países enfrentados se cerró después de que Moscú fijara sus exigencias al Gobierno de Volodímir Zelinski para lograr un alto el fuego “inmediato”, según una conversación del portavoz del Kremlin, Dimítri Peskov, con la agencia Reuters.

La tercera ronda de conversaciones entre las autoridades ucranias y rusas concluyó sin apenas avances y la sensación de que tomará mucho más tiempo antes de alcanzar la paz. “No nos hacemos ilusiones en lograr un resultado definitivo en la siguiente fase de las negociaciones con Ucrania. Es un trabajo duro”, afirmó uno de los integrantes de la delegación rusa, Leonid Slutski, al concluir la reunión.

Mientras, la guerra continúa con nuevos bombardeos este lunes en la franja sur de Ucrania que une la península de Crimea con la zona de las autoproclamadas repúblicas separatistas del Donbás. Las tropas rusas estrechan también el cerco a la capital, que se prepara para resistir al asedio.

China se declaró este lunes dispuesta a mediar en el conflicto. En sus declaraciones más claras hasta el momento sobre su interés en ocupar ese papel, el ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, indicó que su país está dispuesto “a llevar a cabo la mediación necesaria cuando haga falta”. Pero eso no implica que Pekín vaya a distanciarse de su socio estratégico. La relación con Moscú es “sólida como una roca” y se va a continuar profundizando, aseguró el ministro, informa desde Pekín Macarena Vidal Liy.

Las exigencias del Kremlin en la mesa de negociación son tres: el Gobierno ucranio debe reconocer la península de Crimea como rusa y las autodenominadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk como territorios independientes. Debe, además, rubricar en su Constitución un estatus “neutral” que le impedirá unirse nunca a ningún bloque occidental, especialmente la OTAN. El primer paso, afirma Moscú, sería el fin de la resistencia armada ucrania. “Estamos concluyendo la desmilitarización de Ucrania”, afirmó Peskov. “Lo vamos a conseguir, pero si detienen ahora su acción militar, nadie va a seguir disparando”. “Donetsk y Lugansk no quieren ser parte de Ucrania. Pero eso no significa que deban ser destruidas”, añadió el portavoz del presidente ruso, Vladímir Putin.

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El mayor éxito de la reunión fueron “unos pequeños avances en la logística de los corredores humanitarios”, según el jefe de la comitiva ucrania, Mijaíl Podoliak. Su homólogo ruso, Vladímir Medinski, no se mostró tan convencido. “Dejemos este asunto en el aire. Esperamos que los corredores funcionen mañana, la parte ucrania nos ha asegurado eso”, recalcó el representante de Moscú.

Kiev había rechazado los corredores propuestos por Moscú porque conducían a territorio ruso o bielorruso, país este último que sirvió de plataforma para el frente que ha puesto a la capital ucrania bajo asedio. Además, durante el fin de semana se frustró la evacuación de civiles en ciudades como Mariupol o Volvovaja por la ruptura del alto el fuego pactado entre las partes.

En la reunión de este jueves, que duró unas tres horas, se abordó no solo la “neutralidad” de Ucrania, sino también otras cuestiones que el Kremlin ha denunciado todos estos años, como la situación del idioma ruso en el país vecino. El ruso dejó de ser oficial en Ucrania en 2019, al final de la legislatura del anterior presidente, Petró Poroshenko, y con Zelenski se legisló recientemente que todos los medios en ruso —no así en otras lenguas— tienen que tener una versión en ucranio.

La delegación rusa esperaba firmar algunos preacuerdos en esta reunión, pero según su jefe, las expectativas “no se hicieron realidad”. “Llegamos con un gran número de documentos escritos: acuerdos, borradores, propuestas… Y esperábamos que hoy hubiera sido posible firmar al menos un protocolo sobre algunos de los puntos que en principio hemos acordado, pero la parte ucrania se llevó los documentos para estudiarlos”, explicó Medinski.

Las conversaciones entre las autoridades de Kiev y Moscú se produjo el mismo día en el que los 27 países de la Unión Europea acordaron iniciar el proceso para que Ucrania, Moldavia y Georgia se puedan convertir, en un futuro, en miembros del club comunitario, tras la petición que estos tres países hicieron a Bruselas la semana pasada, informa desde Bruselas Manuel V. Gómez. Se trata de un primer paso, pero tiene un mensaje político claro en un momento en el que Ucrania está luchando contra las tropas rusas que tratan de invadir su territorio. Según informó la presidencia francesa de la Unión en su cuenta oficial de Twitter, los Veintisiete pidieron el lunes a la Comisión que dé el primer paso en ese camino, elaborando el informe necesario para decidir si los países de la UE conceden a Ucrania, Moldavia y Georgia el estatus de país candidato.

El presidente Zelenski firmó la petición de adhesión a la UE la semana pasada, como parte de la respuesta a la invasión que Rusia inició el 24 de febrero. Moldavia y Georgia siguieron sus pasos acto seguido, ante el temor a Moscú. El último informe de la ONU señala que 406 civiles han perdido la vida desde el 24 febrero, día del inicio del ataque ruso en Ucrania, aunque la organización reconoce que la cifra real es superior.

Los aliados han decidido mantener la presión contra Putin a través de las sanciones pese a las turbulencias que generan en sus propias economías y las diferencias que suscita un asunto crucial como el veto a las importaciones rusas de petróleo, especialmente lesivas para los europeos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mantuvo una llamada telefónica con los líderes de Francia, Emmanuel Macron, Alemania, Olaf Scholz, y el de Reino Unido, Boris Johnson, en la que compartieron “determinación en continuar elevando los costes” contra Rusia por la invasión de Ucrania, según el resumen hecho público por la Casa Blanca, una invasión “injustificada y no provocada”, informa Amanda Mars desde Wahsington.

En el duodécimo día de agresión, en el que las fotografías de civiles muertos tratando de huir de las bombas rusas han causado estupor en medio mundo, los dirigentes también subrayan su compromiso en continuar proporcionando ayuda económica, humanitaria y en materia de seguridad a Ucrania. La cuestión es cómo se materializa todo este respaldo. El Congreso de Estados Unidos impulsa una votación de carácter bipartito para prohibir las importaciones de crudo de Rusia y el secretario de Estado, Antony Blinken, aseguró el domingo que los países occidentales están negociando intensamente esta medida con el fin de endurecer la respuesta Vladímir Putin, pero Alemania ha recalcado este lunes que no planean suspender las compras del petróleo ruso.

La vía diplomática no se ha cerrado completamente, pese a todo. Los ministros de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y ucranio, Dmitro Kuleba, tienen previsto reunirse por primera vez este jueves en Turquía para tratar de buscar una salida al conflicto desatado por la invasión rusa de Ucrania. En principio, lo harán en la ciudad sureña de Antalya y en un formato a tres, con la presencia de su homólogo turco, Mevlüt Çavusoglu. “Nuestro objetivo más urgente es el cese de los combates”, explicó el jefe de la diplomacia turca al anunciar la cita, que consideró un “paso importante” hacia la paz y la estabilidad. Posteriormente, la portavoz de Exteriores rusa, María Zajarova, confirmó a la agencia TASS la participación rusa en la reunión, según informa desde Estambul Andrés Mourenza.

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Los aliados han decidido mantener la presión contra Vladímir Putin a través de las sanciones. Y lo han hecho pese a las turbulencias que esas sanciones generan en sus propias economías y las diferencias que suscita un asunto crucial como el veto a las importaciones rusas de petróleo. Un tema especialmente lesivo para los europeos, mucho más dependientes de esas importaciones, que para los estadounidenses. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mantuvo el lunes una videollamada con los líderes de Francia, Emmanuel Macron; Alemania, Olaf Scholz; y el Reino Unido, Boris Johnson, en la que compartieron su “determinación en continuar elevando los costes” contra Rusia por la invasión de Ucrania, según el resumen hecho público por la Casa Blanca, que señaló que se trata de una invasión “injustificada y no provocada”.

En el duodécimo día de agresión, en el que las fotografías de civiles muertos tratando de huir de las bombas rusas han causado estupor en medio mundo, los dirigentes también subrayaron su compromiso de continuar proporcionando ayuda económica, humanitaria y en materia de seguridad a Ucrania. La cuestión es cómo se materializará todo este respaldo.

El Congreso de Estados Unidos impulsará una votación de carácter bipartito para prohibir las importaciones de crudo de Rusia y el secretario de Estado, Antony Blinken, aseguró el domingo que los países occidentales están negociando intensamente esta medida con el fin de endurecer la respuesta a Vladímir Putin. Pero Alemania recalcó este lunes que no planea suspender las compras del petróleo ruso. Dicha medida dispararía aún más los costes de la energía, ya en máximos históricos antes de desatarse esta guerra.

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, respondió este lunes en su rueda de prensa diaria que “no se ha tomado aún ninguna decisión” sobre el embargo del petróleo ruso y añadió que las implicaciones a un lado y otro del Atlántico no resultan iguales. “Las importaciones rusas suponen alrededor de un tercio de todas las importaciones de petróleo de Europa”, señaló. “En 2021, antes de la invasión, Estados Unidos importaba unos 700.000 barriles al día y los europeos unos 4,5 millones de barriles al día, así que somos muy conscientes de que las implicaciones serían muy diferentes para unos y otros”, subrayó.

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La presión militar de Rusia en torno a las fronteras de Ucrania y el riesgo de una invasión de ese país está obligando a la Unión Europea y a la OTAN a modificar sus agendas y a prepararse para reaccionar en caliente ante cualquier eventualidad. La sombra de una posible guerra ya planea sobre las dos citas más importantes de ambos organismos para esta semana: una cumbre con África y una ministerial de Defensa, respectivamente. En ambos casos, las agendas preparadas hace meses deberán adaptarse a última hora para ajustar la respuesta de la UE y de la OTAN a los acontecimientos que se produzcan sobre el territorio ucranio.

La reunión de los ministros de Defensa de la OTAN, este miércoles y jueves en Bruselas, coincide con las fechas que, según el espionaje estadounidense, podrían ser las elegidas por el presidente ruso, Vladímir Putin, para lanzar un ataque con Ucrania. Moscú ha negado repetidamente que tenga intención de agredir de nuevo a su país vecino, al que ya arrebató la península de Crimea en 2014. Pero los aliados occidentales desconfían de Rusia y se mantienen en máxima alerta.

La reunión de la OTAN, convocada hace semanas por el secretario general de la alianza, Jens Stoltenberg, se convierte así casi en un gabinete de crisis, que podría verse obligado a reaccionar sobre la marcha si Putin ordena un ataque. La reunión de Bruselas incluye además, en la segunda jornada, un encuentro de los ministros de Defensa con representantes de Georgia y Ucrania, los dos países a los que el Kremlin quiere impedir cualquier acercamiento hacia la OTAN.

“Cada nación soberana tiene el derecho fundamental a elegir su propio camino. Y hacemos un llamamiento para que se respete este derecho”, ha señalado este lunes Stoltenberg tras recibir en Bruselas a Iván Duque, presidente de Colombia, país al que ha definido como su “primer socio en América latina”.

La tensión militar también ha trastocado los planes de la Unión Europea. “Estamos viviendo en tiempos muy volátiles y a la vista de la situación, la agenda de la presidenta [de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen] sufre cambios”, ha reconocido este lunes una portavoz oficial de la Comisión Europea.

Von der Leyen ha cancelado los viajes previstos para el miércoles, que incluían su presencia en Marburg (Alemania) para un acto sobre la necesidad de compartir vacunas con África. La presidenta regresará a Bruselas el martes desde Estrasburgo (Francia), tras presidir la reunión de la Comisión en la sede francesa del Parlamento Europeo.

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El equipo de Von der Leyen admite que los cambios responden a la inquietud sobre los acontecimientos en Ucrania. El pasado viernes, según fuentes diplomáticas, EE UU compartió con los aliados occidentales información confidencial que apuntaría a una invasión rusa de Ucrania y al miércoles 16 de febrero como posible fecha para el primer ataque.

El consejo atlántico de la OTAN (donde se sientan los representantes de los 30 aliados) permanece en alerta desde el viernes. Y la Comisión Europea, pieza clave para las represalias comerciales contra Rusia en caso de agresión, también se mantiene en guardia para una reacción inmediata.

El jefe de gabinete de Von der Leyen, Björn Seibert, y la subsecretaria de Estado de EE UU, Wendy Sherman, han retomado este lunes los contactos iniciados el viernes para coordinar la respuesta a Moscú. Tras la segunda conversación con Seibert en tres días, Sherman ha señalado en un comunicado que si Moscú continúa su escalada “se encontrará con consecuencias enormes y coordinadas y con graves costes para la federación rusa”.

Bruselas y Washington llevan meses coordinando un paquete de sanciones que, según fuentes diplomáticas, está listo para aplicarse de manera casi inmediata y alcanzaría unas dimensiones desconocidas hasta ahora. El castigo abarcaría desde el sector financiero al energético o el tecnológico. Y su potencial impacto ha obligado a la UE a preparar planes de contingencia para paliar tanto los daños colaterales como las posibles represalias de Moscú que podrían concentrarse en el suministro de gas ruso, del que dependen varios socios comunitarios, con Alemania entre ellos.

Fuentes comunitarias apuntan que, llegado el caso, las sanciones elaboradas por la Comisión tendrían que ser estudiadas y respaldadas por los líderes de los 27 países en el Consejo Europeo. El presidente del Consejo, Charles Michel, preside esta semana precisamente la cumbre de la UE con la Unión Africana. La cita de jueves y viernes estaba prevista desde hace meses y aspira a ser una señal del compromiso europeo con el vecino continente del sur.

Michel mantiene, de momento, los planes previstos para recibir a los líderes africanos. Pero la presencia en Bruselas de los jefes de Estado y de Gobierno europeos, incluido el español Pedro Sánchez, facilita, según fuentes europeas, la convocatoria de una cumbre extraordinaria si fuera preciso. La decisión sobre esa reunión de emergencia dependerá del éxito o fracaso de los últimos esfuerzos diplomáticos para disuadir a Putin de un ataque, en particular, la visita a Moscú este martes del canciller alemán, Olaf Scholz.

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En el intenso fin de semana de llamadas telefónicas con aroma a último recurso y con la tensión global por la crisis de Ucrania al rojo vivo, este domingo ha sido el turno para una conversación entre el presidente estadounidense, Joe Biden, y su homólogo en Kiev, Volodímir Zelenski. Han hablado durante una hora, tiempo que ha empleado el primero en reafirmar su compromiso “con la soberanía y la integridad territorial de Ucrania”, según un comunicado de la Casa Blanca. “El presidente ha dejado claro que responderá rápidamente y con decisión, junto con sus aliados y socios, a cualquier agresión rusa”. Ambos líderes han coincidido también en “la importancia de continuar” con la suma de “diplomacia y disuasión”, como respuesta a la acumulación militar de tropas enviadas por Moscú la frontera con Ucrania.

Termina así una semana que inauguró un infructuoso intento de mediación de Emmanuel Macron en Moscú, y que acaba con los líderes occidentales colgados del teléfono y redoblando su presión sobre Putin, aunque con la sensación de que la vía diplomática se halla estancada. La próxima baza la tiene el canciller alemán, Olaf Scholz, que viajará a Kiev el lunes, y, el martes, a Moscú. El político socialista quiere “aprovechar la oportunidad de hablar” para evitar el estallido del conflicto, según ha anunciado el domingo en Berlín, informa Elena G. Sevillano. Scholz llega consciente de que podría estar ante una de las últimas oportunidades de salir de este embrollo y con una misión declarada: “Tratar de ver cómo podemos garantizar la paz en Europa”, que se enfrenta a su peor crisis de seguridad desde el final de la Guerra Fría.

Rusia, por su parte, sigue negando que tenga planes de atacar y asegura que se limita a permanecer atenta a lo que ocurra en las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk, mientras se reafirma en sus exigencias a Occidente: el fin de la expansión hacia el Este de la OTAN y el compromiso de que no desplegará tropas cerca de sus fronteras.

El miércoles se apunta como otra jornada clave. Algunos medios han publicado que las autoridades estadounidenses consideran, a partir de informes de espionaje, ese día como la fecha más probable para el inicio de las hostilidades, según trascendió de la llamada del presidente Joe Biden a sus aliados del pasado viernes. Tanto Jake Sullivan, consejero de Seguridad Nacional, como el portavoz del Pentágono, John Kirby, se han negado este domingo en Washington a confirmar o a desmentir ese extremo.

Ambos han sido hoy los enviados por la Administración de Biden al frente de la guerra informativa, está sí, ya declarada por Washington y Moscú, en torno una posible invasión que es inminente para unos y nada más que un miedo “histérico” para la otra parte. Kirby ha concedido una entrevista a Fox News. Mientras, el consejero de Seguridad Nacional ha asegurado en el matinal de la CNN, State of the Union, ágora dominical predilecto de los políticos de Washington, que Estados Unidos no dará “la oportunidad a Moscú de lanzar un ataque sorpresa”. Y que por eso piensan “seguir compartiendo toda la inteligencia” de la que dispongan. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zajharova, ha contestado en Telegram y Facebook con contundencia: “Los políticos estadounidenses han mentido, están mintiendo y seguirán haciéndolo, creando pretextos para atacar a civiles en todo el mundo”.

Las palabras de Sullivan acentúan una estrategia a la que la Casa Blanca parece haberlo apostado todo en esta crisis global. Una apuesta arriesgada por su arrojo, que tiene ocupados a los analistas geopolíticos, y que pasa por airear datos, normalmente reservados, según van disponiendo de ellos. Ya sea sobre las sanciones severas que le esperan al Kremlin si continúa por ese camino, sobre operaciones de sabotaje falsas o sobre la producción de vídeos ficticios para fingir un ataque ucranio como pretexto. “Les hemos visto hacer esas cosas en el pasado, por eso no dudamos de que pueden perfectamente repetirlas”, ha añadido a la CNN el consejero de Seguridad Nacional.

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Sullivan ha justificado esa suerte de diplomacia del megáfono, porque no difunden esa información “para empezar una guerra, como ha sucedido en el pasado”, sino para “evitar una confrontación”. “Eso”, a su juicio, les “otorga mayor credibilidad”. Por “el pasado”, Sullivan se refiere a la segunda guerra de Irak, cuando en 2003 la Administración de George Bush empleó datos para justificar una invasión que luego se demostraron falsos.

Ahora es distinto, asegura el Pentágono. No solo porque la tecnología permite una recogida de información más fiable. Es también porque, como ha explicado Sullivan a la CNN, esos despachos de espionaje los han compartido “casi al minuto” con sus aliados. “Al revisar nuestras informaciones han llegado a la misma conclusión que nosotros: que el mundo debe estar alerta con Rusia. Y que es altamente probable que fabrique un pretexto que sirva de antesala a una posible acción militar”.

Las autoridades también dicen haber aprendido de los errores de 2014, cuando los asesores del presidente Barack Obama le convencieron de no compartir lo que sabía sobre la intervención rusa en Ucrania. Este cambio de idea se debe, según explicaba The New York Times este domingo, a “la influencia de la directora nacional de Inteligencia, Avril D. Haines, y al director de la CIA”, William J. Burns”. También lo vincula a la supuesta interferencia rusa en las elecciones de 2016. Desde la primera señal de alarma, lanzada en noviembre, Washington no ha temido pasarse de frenada en sus advertencias.

Esa estrategia inquieta en Kiev, donde prefieren llamar a la calma que apretar cada día el botón de alarma. Este domingo, el ministro de Exteriores, Dmytro Kuleba, ha recalcado que no hay señales de que se vaya a producir una nueva agresión militar a gran escala en los próximos días. No ha habido “cambio fundamental” en la situación, ha dicho Kuleba, que ha exigido una reunión con Rusia y el resto de los países firmantes del Documento de Viena de la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa), destinado a asegurar la transparencia militar. La petición se ha realizado después de que Moscú haya rehuido detallar sus actividades cerca de la frontera con Ucrania y en las maniobras masivas de 10 días que ha emprendido junto a Bielorrusia en ese país.

Ucrania teme, además, que la política alarmista de Biden pueda tener daños colaterales para la economía ucrania y su reputación de seguridad. El presidente Zelenski cree que todavía hay margen para la diplomacia y le preocupa que, incluso si no se llega a producir una agresión militar, Rusia consiga otro de sus objetivos con esta guerra de asfixia: desestabilizar el país.

De momento, las patadas estadounidenses al avispero ya han tenido efectos prácticos: este fin de semana, Washington, Ottawa y Londres han empezado a retirar también a los instructores en materia de defensa que tienen sobre el terreno en Ucrania, así como a sus observadores de la misión de la OSCE en el este del país, en las regiones de Donetsk y Lugansk, donde los separatistas prorrusos luchan contra el ejército ucranio desde hace ocho años en una guerra que ha causado ya unos 14.000 muertos, según la UE. La misión, que entre otras cosas observa cómo se desarrolla el alto el fuego (incumplido constantemente), se mantendrá, ha dicho la OSCE, que ha confirmado la salida de observadores de “varios países”.

Fuentes diplomáticas explican que la retirada de estadounidenses, canadienses y británicos que estaban sobre el terreno como instructores y en la misión de observación se debe no solo a preocupaciones de seguridad, también persigue evitar que se les culpe o se les utilice de pretexto en el caso de una operación de falsa bandera rusa contra Ucrania. Moscú ha incrementado estos días las acusaciones a Kiev y a “terceros países” de estar preparando una maniobra para recuperar el Donbás.

Mientras, una veintena de capitales urge a sus nacionales a que abandonen Ucrania y han comenzado a reubicar sus embajadas al oeste del país, en la ciudad de Leópolis, este domingo han llegado a Kiev dos nuevos cargamentos de material de defensa: un envío de sistemas de misiles antiaéreos Stinger y municiones de Lituania y 180 toneladas más de munición de Estados Unidos. Ucrania, que sigue pidiendo ayuda en forma de envíos de armamento para tratar de competir con el poderoso Ejército ruso y como una forma de disuasión, ha recibido ya 1.500 toneladas de municiones en 17 vuelos, según el ministerio de Defensa ucranio.

Suspensión de vuelos sobre el espacio aéreo de Ucrania

La aerolínea holandesa KLM ha suspendido sus vuelos a Kiev y ha informado de que no operará vuelos en el espacio aéreo ucranio, mientras las alertas de EE UU sobre una posible invasión rusa se suceden. El Gobierno de Ucrania recalcó que su espacio aéreo sigue abierto, pero las decisiones de varias aseguradoras de dejar de cubrir aeronaves que sobrevuelen el país del este ha provocado ya complicaciones. La aerolínea ucrania SkyUp Airlines informó de que se vio obligada a realizar un aterrizaje no programado en Chisnau (Moldavia) en vez de en Kiev de un vuelo procedente de Moldavia por la retirada de la aseguradora.
Desde que el vuelo MH27 de la compañía Malaysia Airlines, que cubría el trayecto Ámsterdam-Kuala Lumpur, fue derribado sobre el este de Ucrania en 2014, con un misil de fabricación rusa, el tráfico aéreo sobre el país ha sido un tema delicado. En la catástrofe murieron 298 personas, entre tripulación y pasajeros. Con esa tragedia como antecedente, ya en enero, KLM, Lufthansa y otras grandes aerolíneas modificaron sus vuelos a Ucrania para evitar que sus tripulaciones pasasen la noche en Kiev por las aseguradoras, que pueden alegar causa de fuerza mayor en caso de conflicto militar y dejar de cubrir las aeronaves si son atacadas durante las hostilidades o quedan atrapadas. Para “estabilizar la situación del mercado de pasajeros”, el Gobierno ucranio anunció un fondo de 592 millones de dólares para ofrecer garantías de seguridad a las aseguradoras. De momento, la mayoría de las 29 aerolíneas extranjeras que operan en Ucrania lo hacen con normalidad. Kiev sí ha aconsejado que eviten sobrevolar de lunes a sábado partes del Mar Negro y el Mar de Azov por maniobras navales de Rusia.

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Boris Johnson visitaba este jueves un centro médico de diagnósticos en la localidad de Taunton (Inglaterra).
Boris Johnson visitaba este jueves un centro médico de diagnósticos en la localidad de Taunton (Inglaterra).POOL (REUTERS)

Hay una razón evidente por la que los principales responsables de coordinar a los diputados de una u otra bancada en el Parlamento británico se llaman whips (látigos). La disciplina de grupo en Westminster no tiene la rigidez de las cámaras legislativas de otros países, y los representantes políticos del partido en el poder —sobre todo los que no ocupan cargo en la Administración— profesan más lealtad a los votantes de su circunscripción que al Gobierno. Conviene apretar las tuercas para mantener la coherencia política, y para eso están los whips. No es lo mismo, sin embargo, presionar a los diputados para que respalden una ley, que para salvar el cuello de un primer ministro en apuros. El diputado William Wragg ha declarado este jueves, al iniciar una de las sesiones de la Comisión de Administraciones Públicas y Asuntos Constitucionales, presidida por él, que “en los últimos días, varios parlamentarios han sufrido presiones e intimidaciones por parte de miembros del Gobierno por su intención, declarada o presumida, de perseguir que se vote una moción de censura interna al liderazgo del primer ministro”. Wragg ha sido uno de los primeros en exigir públicamente la dimisión del primer ministro, Boris Johnson, por el escándalo de las fiestas prohibidas en Downing Street. “La intimidación de un diputado es un asunto muy serio, y las informaciones recibidas apuntan a un caso de chantaje. Como consejo general a mis colegas, deberían reportar estos incidentes al presidente de la Cámara de los Comunes y a la Policía Metropolitana”, ha sugerido Wragg.

Un portavoz del Gobierno británico ha negado la acusación: “No somos conscientes de ninguna prueba que sostenga una acusación tan seria. Si aparece alguna, la estudiaremos cuidadosamente”, ha dicho.

Es el penúltimo episodio que viene a demostrar la enorme tensión existente entre Johnson y los diputados rebeldes, a pesar de que el primer ministro lograra ganar algo de tiempo después de la sesión de control del miércoles. En parte, gracias a una actitud defensiva y desafiante que contrastaba con su tono bajo y resignado de las horas previas. Pero sobre todo, gracias a la torpe explotación por parte de la oposición laborista de la deserción del diputado conservador Christian Wakeford. Después de ganar en las elecciones generales de 2019, por apenas 400 votos, el escaño de la circunscripción de Bury South, que sostuvo durante años la izquierda británica, Wakeford era uno de los nuevos parlamentarios tories que veían su futuro político en peligro por los desmanes de Johnson. Y decidió saltar a la bancada de enfrente. Pero no existe partido político en el mundo al que no desagrade el transfuguismo en sus filas, y la decisión del diputado de Bury South sirvió para recuperar cierta unidad entre los conservadores. Muchos de los que habían decidido ya presentar su “carta de retirada de confianza”, para activar la moción contra el primer ministro, optaron por esperar. Para la semana que viene se espera que la vicesecretaria permanente de la Oficina del Gabinete, Sue Gray, presente su informe definitivo sobre las fiestas en Downing Street. Johnson ha implorado a sus críticos que le den una tregua hasta que se publique el resultado de esa investigación. Confiaba en un principio en que, a pesar de su previsible dureza, el informe no incriminaría penalmente ni señalaría la responsabilidad directa del primer ministro. De ese modo, calculaba el equipo de Johnson, sería posible que rodaran algunas cabezas para mostrar ejemplaridad y contrición, y poder pasar página.

Pero sobre la mesa de Gray se han ido acumulando los indicios. Según la cadena ITV, ya ha encontrado el correo electrónico que un exasesor mandó al secretario privado de Johnson, Martin Reynolds, el hombre que envió la invitación a una de las fiestas a cerca de cien personas. Era una carta de advertencia, por la aparente ilegalidad del evento. El mismo aviso que Dominic Cummings asegura que le dio en persona a su entonces jefe, el primer ministro. La alta funcionaria ha decidido interrogar también al exasesor estrella de Johnson, y cada vez va a resultarle más complicado presentar una conclusión que exculpe al político conservador.

El ministro de Sanidad, Sajid Javid, se ha convertido en el tercer miembro del Gobierno que no solamente da por sentado, sin el menor asomo de dudas, que hubo fiestas en Downing Street durante el confinamiento, sino que ha exigido que se proceda cuanto antes a la expulsión de los responsables. Y, como el ministro de Economía, Rishi Sunak, tampoco ha querido poner la mano en el fuego por Johnson. Si se demuestra que mintió al Parlamento, al asegurar que no sabía que estaba asistiendo a una fiesta, también tendría que irse. “El Código de Buen Gobierno es muy claro. Si un ministro, incluido el primer ministro, se salta la ley, debe renunciar. Es una regla general que vale para todos, sin excepciones”, ha dicho Javid.

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Su arresto, hace un año, fue el precursor de otros muchos, el descorche de una oleada de represión a la disidencia y a la sociedad civil sin precedentes en la Rusia moderna. El líder opositor Alexéi Navalni lleva un año preso. El feroz enemigo del presidente ruso, Vladímir Putin, que sobrevivió a un gravísimo envenenamiento tras el que la inteligencia occidental aprecia la mano del Kremlin cumple casi tres años de condena por un polémico caso y está encausado en varios procesos más que pueden engrosar su tiempo en prisión.

La mayoría de los principales aliados de Navalni están hoy fuera de Rusia y los que no, afrontan serios procesos judiciales; sus organizaciones han sido declaradas “extremistas”, ilegalizadas y cerradas. Y la represión ha ido alcanzando, gota a gota, a multitud de otras voces y redes críticas y disidentes en un país con un régimen que no admite una oposición real. El Kremlin, embarcado ahora también en una crisis con Ucrania, la OTAN y la UE por la concentración de tropas junto a las fronteras de la vecina antigua república soviética y la sombra de una nueva agresión militar, liquida así a la oposición en casa.

Navalni, pese al desenlace, ha asegurado que volvería a recorrer el camino emprendido. “No le tengan miedo a nada”, ha dicho este lunes en un mensaje en sus redes sociales que sus abogados han pasado a su equipo. “Este es nuestro país, no tenemos otro”, ha añadido. El opositor está internado en una colonia penal —una prisión donde los reclusos trabajan— a unas tres horas de Moscú, conocida por su severidad y donde ha denunciado la falta de acceso a tratamiento médico y que se le sometió a privación del sueño. Navalni no lamenta, sin embargo, haber regresado a Moscú, donde sabía que con toda probabilidad sería detenido. “Hice todo lo que pude para tirar de mi extremo de la cuerda, tirando hacia mi lado a los que son honestos y ya no tienen miedo”, dice Navalni desde prisión. “No me arrepiento ni por un segundo”.

Abogado y activista anticorrupción, el disidente, de 45 años, estaba en busca y captura por haber violado los términos de la libertad condicional de una antigua condena por fraude —y que denunció como “motivada políticamente”— mientras estaba en Alemania. Navalni, que se hizo un nombre destapando y publicando en Internet investigaciones y escándalos de la élite política y económica rusa, había estado desde el verano en Berlín. Allí fue trasladado en agosto de 2021, en coma y de urgencia —y tras la mediación de la canciller Angela Merkel— desde Siberia, donde fue envenenado con una neurotoxina militar de la familia Novichok, como indican los informes de la Fiscalía alemana y de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. Se trata de la misma empleada con el exespía ruso Serguéi Srkripal en 2018 en suelo británico por espías de la inteligencia militar rusa, según Reino Unido.

Activistas de Amnistía Internacional se manifestan para pedir la liberación de Navalni, este lunes en Bruselas.
Activistas de Amnistía Internacional se manifestan para pedir la liberación de Navalni, este lunes en Bruselas.
DPA vía Europa Press (Europa Press)

Una investigación de varios medios señaló más tarde, cuando el opositor ya estaba en prisión, con nombres y apellidos a varios agentes del FSB (el servicio de inteligencia ruso, heredero del KGB) como responsables del ataque químico. El Kremlin ha negado su implicación, ha llegado a acusar a Navalni de ser un agente de la CIA y ha asegurado que Alemania no le ha entregado pruebas sobre el caso del opositor, galardonado el año pasado con el premio Sájarov a los derechos humanos del Parlamento Europeo.

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El arresto de Navalni hace un año sacó a decenas de miles de personas a la calle, recuerda el politólogo Alexander Morozov. No solo partidarios del opositor, indignados por su detención y el envenenamiento, también a una ciudadanía cansada, desencantada por la corrupción, la falta de renovación en las instituciones y la pérdida de poder adquisitivo, que se ha cebado con las clases medias en Rusia, donde los ingresos reales han caído casi un 13% desde 2013. Aquellas manifestaciones fueron duramente reprimidas, miles de personas detenidas. Y se inició el proceso contra el equipo de Navalni y sus organizaciones, declaradas en verano “organizaciones extremistas”.

La red de entidades que el opositor tejió en muchas regiones rusas —y que logró réditos políticos inéditos en algunas provincias— ha quedado desmantelada. Su cuartel general, finiquitado. Y las detenciones se suceden entre los activistas y políticos que se han quedado en Rusia, como Ksenia Fadeyeva, diputada provincial por Tomsk, arrestada a finales de año por “extremismo”. Aunque el núcleo duro de su equipo sigue manteniendo sus proyectos desde el exilio, explica Ruslan Shaveddinov. Investigaciones anticorrupción, proyectos de medios y la aplicación de “Voto Inteligente”. Con esta aplicación —que fue correspondientemente prohibida, y que las autoridades lograron incluso vetar de los buscadores de Internet y de Telegram—, trataron de arrebatar al partido de Putin, Rusia Unida, votos en las elecciones parlamentarias de septiembre al identificar a la persona candidata con más posibilidades de derrotar a la formación gubernamental. “No importa dónde estemos, podemos trabajar en cualquier lugar e interactuar con nuestros seguidores. Nuestro trabajo es muy necesario porque en Rusia ahora hay una gran demanda de cambios y de una opinión alternativa”, asegura Shaveddinov.

El líder opositor ruso Alexei Navalny (c) a las puertas de la comisaría de policía de Khimki a las afueras de Moscú, el 18 de enero de 2021, un día después de ser arrestado a su llegada al aeropuerto de Moscú desde Alemania.
El líder opositor ruso Alexei Navalny (c) a las puertas de la comisaría de policía de Khimki a las afueras de Moscú, el 18 de enero de 2021, un día después de ser arrestado a su llegada al aeropuerto de Moscú desde Alemania.
SERGEI ILNITSKY (EFE)

Con CNN y HBO han filmado un documental —Navalni: el veneno siempre deja rastro— que se estrenará pronto, ha contado María Pevchij, que lidera el grupo de investigación que hace casi un año, poco después del arresto del opositor, sacudió Rusia con la publicación en YouTube de una pesquisa sobre el supuesto palacio multimillonario de Vladímir Putin en un entorno protegido a orillas del Mar Negro.

Pero lo cierto es que con Navalni en prisión, sus principales aliados en el exilio o procesados y sus organizaciones liquidadas, el movimiento opositor ha perdido mucho fuelle en Rusia, pese a que el disidente nunca logró registrar un partido político. Su caso fue la espita y el aviso a navegantes que se ha ido repitiendo en un sistema político cada vez más controlado. “En el año transcurrido desde la detención de Aleksei Navalny en un aeropuerto de Moscú, el político, sus seguidores y otras organizaciones de la sociedad civil rusa han sufrido una implacable embestida de represión”, abunda Marie Struthers, directora de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central. Más de 1.500 activistas y periodistas han abandonado Rusia por motivos “políticos”, según un informe de la Fundación Rusia Libre, que no incluye en su recuento a las familias de los exiliados.

Las autoridades han sofocado a la oposición y añadido a decenas de activistas, opositores, periodistas, medios de comunicación independientes y ONG a su lista de “agentes extranjeros”, una etiqueta que tiene unas connotaciones muy negativas en Rusia y que dificulta a través de grandes trabas administrativas el trabajo; tanto que puede desencadenar, como ha sucedido, el cierre de las entidades. También ha ampliado su índice de “organizaciones extremistas”, una de las últimas, la reputada ONG Memorial, que se ocupa de los crímenes del estalinismo.

Según la sentencia, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos —que llegó a pedir en su momento que se indemnizase al activista por el fallo— declaró “arbitraria e injusta”, Navalni debería salir de prisión en otoño de 2023, a más tardar. Sin embargo, desde hace meses, las autoridades han encausado al opositor en otros procesos penales: desacato al tribunal, fraude a una escala especialmente grande, y lavado de dinero en relación con la supuesta malversación de donaciones a sus ONG. También ha sido acusado de crear una organización que “atenta contra los derechos de los ciudadanos”. “No sé cuándo terminará mi ‘viaje espacial’ ni si terminará en absoluto”, ironizaba el opositor en otra publicación de Instagram.

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Vuelven los malos viejos tiempos. Aquellos de 2017, en los que Corea del Norte efectuaba pruebas de misil a ritmo casi semanal. Este lunes, el régimen de Pyongyang ha disparado lo que parecen ser dos nuevos misiles balísticos de corto alcance desde los alrededores del aeropuerto Sunan de la capital, el cuarto lanzamiento en lo que va de año y con el que busca -como los tres primeros- desarrollar sus nuevas tecnologías de armamento y aumentar la presión sobre Estados Unidos.

Los dos proyectiles, disparados poco antes de las 09.00 hora coreana (01.00 hora peninsular española) apenas tres días después de otro lanzamiento doble -aquel llevado a cabo desde un tren-, tuvieron un recorrido de unos 380 kilómetros y alcanzaron una altura de unos 42 kilómetros en un vuelo en dirección noreste, antes de caer sobre el mar, según el Estado Mayor surcoreano.

El ministerio de Defensa de Japón, por su parte, ha calculado que los misiles recorrieron una distancia de 300 kilómetros y llegaron a una altura de 50 kilómetros en una “trayectoria balística normal”.

La Casa Azul, la sede de la presidencia de Corea del Sur, calificó el nuevo lanzamiento de “muy lamentable” y convocó una reunión de urgencia de su consejo de seguridad nacional en Seúl.

Desde el comienzo del año Corea del Norte ha llevado a cabo otras tres pruebas de misiles, un ritmo que no se veía desde los peores tiempos de 2017, cuando las tensiones con Estados Unidos amenazaron con desatar un conflicto violento. Pero en noviembre de aquel año el líder supremo norcoreano Kim Jong Un declaró completado el programa de armamento nuclear de su país. En 2018 se abrió un proceso de deshielo con Seúl y se inició una etapa de negociaciones con Estados Unidos, dentro de la que Pyongyang declaró una moratoria en sus lanzamientos.

La serie de cumbres que Kim mantuvo con el entonces presidente estadounidense Donald Trump toparon con un estrepitoso fracaso en Hanoi en febrero de 2019. Desde entonces el proceso ha languidecido, sin que la nueva Administración de Joe Biden haya dado grandes señales de interés en retomarlo.

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Sin indicios de recuperación de las negociaciones, el líder supremo norcoreano dio órdenes el año pasado de desarrollar nuevo armamento de tecnología punta, una prioridad que se recogió en el nuevo plan quinquenal (2021-2015). En septiembre del año pasado Pyongyang llevó a cabo su primera prueba de un misil hipersónico, una tecnología con la que hasta el momento solo cuentan Estados Unidos, Rusia y China y que permite que los cohetes alcancen velocidades cinco veces superiores a la del sonido y puedan maniobrar en su trayectoria tras el disparo. Los dos primeros lanzamientos de este año también han sido de misiles hipersónicos, según los medios estatales norcoreanos. Seúl asegura que se trata de tecnología aún muy rudimentaria y que sus sistemas antimisiles están en condiciones de neutralizar esos cohetes si se dispararan contra su territorio.

El tercer lanzamiento en lo que va de este año llegó el viernes, dos misiles de corta distancia que se dispararon desde un tren en las cercanías de la frontera con China. Esa prueba llegó un día después de que Washington impusiera nuevas sanciones contra funcionarios norcoreanos implicados en el programa de armamento de ese país. Pocas horas antes del disparo, Corea del Norte había amenazado con una respuesta “más fuerte” a esos castigos, que consideró una “provocación”.

La nueva racha de pruebas, bien desde un tren o bien de misiles hipersónicos, indica que Corea del Norte “busca mejorar su tecnología y sus capacidades operativas para llevar a cabo lanzamientos secretos, con el fin de que otros países tengan problemas para detectar los indicios de que se prepara un disparo”, ha indicado el ministro japonés de Defensa, Nobuo Kishi, en una rueda de prensa. “No se puede hacer caso omiso del notable desarrollo de la tecnología de misiles de Corea del Norte, por el bien de la seguridad de Japón y del resto de la región”, ha añadido.

El nuevo y frenético impulso a la tecnología de armamento llega cuando el propio Kim ha reconocido dificultades en el suministro alimenticio, causadas por una combinación de las sanciones internacionales, desastres meteorológicos y el hermético cierre de las fronteras para proteger de la covid a la empobrecida nación.

Precisamente, este fin de semana un tren de mercancías norcoreano cruzó la frontera sobre el río Yalu y entró en China, según informó la agencia surcoreana Yonhap, en lo que podría significar la reactivación del comercio entre Corea del Norte y su gigante vecino, de donde procedía el 90% de los productos que importaba el régimen de Pyongyang.

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El unionismo más radical de Irlanda del Norte (la facción política partidaria de la unión con Gran Bretaña) considera que el protocolo sobre su territorio que selló el Brexit fue una amenaza existencial a su identidad, y en cualquier caso, una traición de Boris Johnson. El líder del Partido Unionista Democrático (DUP), actualmente la mayor de las cuatro formaciones probritánicas, Jeffrey Donaldson, ha estrenado 2022 con la apuesta redoblada de reventar las instituciones de autogobierno de la región si Londres no pone fecha y límite a sus negociaciones con Bruselas. El DUP quiere que todo acabe a finales de febrero. “Si no logramos un progreso rápido y decisivo en las negociaciones, y ambas partes siguen dando patadas al balón hacia adelante, habrá consecuencias graves para la estabilidad de las instituciones políticas de Irlanda del Norte”, ha dicho Donaldson al Daily Telegraph, el diario más defensor del Brexit y más cercano a Johnson.

El Gobierno británico evitó a última hora del año pasado una guerra comercial con Bruselas, al retirar —temporalmente— su exigencia de que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) no fuera el supervisor último del cumplimiento de las reglas del mercado interno en Irlanda del Norte. Para evitar la imposición de una frontera dentro de la isla (la República de Irlanda es miembro de la Unión y, por tanto, la frontera comunitaria con territorio británico), el Reino Unido y la Unión Europea aprobaron, junto al Acuerdo de Retirada, un documento anejo con el mismo vigor jurídico: el Protocolo de Irlanda. El territorio británico de la isla permanecería dentro del mercado interior de la UE, y los controles aduaneros se realizarían en el mar de Irlanda. Se mantenía así la frontera invisible entre las dos Irlandas que impuso el Acuerdo de Viernes Santo de 1998, que logró preservar la paz con la idea, entre otras, de que ya solo había una Irlanda, aunque en algunos sitios se pagara en libras y se midiera en millas, y en otros en euros y kilómetros.

Londres boicoteó el Protocolo desde el primer minuto. Por varios motivos, prácticos e ideológicos. Las nuevas normas aduaneras impusieron muchas trabas a la exportación de productos desde Gran Bretaña a Irlanda del Norte. Por ejemplo, a los suministros de las grandes cadenas de supermercados con superficies en ambos lados. O para el envío de medicamentos genéricos del Servicio Nacional de Salud británico (NHS, en sus siglas en inglés). Pero los problemas de “fricción comercial”, los que realmente preocupaban a las empresas, fueron en gran parte la excusa para la cerrazón política e ideológica de Londres y de los partidos unionistas de Belfast. El entonces ministro de Johnson para el Brexit, David Frost, redobló la presión sobre Bruselas al exigir la retirada del Tribunal de Justicia de la UE del protocolo, algo nunca antes había planteado, y que irritó a la UE, porque alteraba profundamente el espíritu del tratado. Y las cuatro formaciones unionistas se conjuraron en septiembre para exigir conjuntamente que se retirara por completo el Protocolo.

El DUP fue aún más lejos, y anunció que abandonaría las instituciones de autogobierno norirlandesas, que comparten por imposición del acuerdo de paz republicanos y unionistas. Todo un golpe a una autonomía siempre endeble y en peligro, que ha llegado a estar hasta tres años suspendida por Londres, ante las desavenencias de sus miembros.

La decisión de Johnson de poner las riendas del Brexit en manos de su nueva ministra de Exteriores, Liz Truss, después de que Frost anunciara por sorpresa su dimisión a finales de diciembre, fue acogida con alivio. Es cierto que la propia Truss se encargó de ratificar en un comunicado la línea oficial del Gobierno, esto es, que mantenía abierta la posibilidad de invocar el artículo 16 del Protocolo, y suspender unilateralmente gran parte de sus disposiciones. Pero el anuncio previo de que se abandonaba la exigencia de anular el papel del TJUE en Irlanda del Norte fue interpretado por Bruselas —y por Dublín, al que afecta más directamente el conflicto— como una señal de flexibilidad en las negociaciones.

La presión sobre Truss, sin embargo, llega ahora por partida doble. No solo el ala dura y euroescéptica del Partido Conservador, cada vez más alejada de Johnson, vigilará que no se aleje de la pureza del Brexit conquistado. Los unionistas, especialmente el DUP, no van a dejar de apretar las tuercas. El próximo mes de mayo se celebran elecciones autonómicas en Irlanda del Norte. Y la amenaza para las fuerzas probritánicas se desborda por varios frentes. Demográfica y electoralmente, cada vez es más poderosa la mayoría que suman partidos republicanos como el Sinn Féin o progresistas a secas como el Alliance o el Partido Socialdemócrata y Laborista (SDLP). Y el Partido Unionista del Úlster (UUP), protagonista de los años que llevaron la paz a la región, pero que permanece desde hace una década en dique seco, tiene ahora serias posibilidades de arrebatar el trono a un DUP en horas bajas. Por eso los matices son importantes, y su dirección ha sugerido ya fórmulas pragmáticas para rescatar (o modificar sin alterar sus fundamentos) el Protocolo, en vez de seguir clamando por su derogación. Si el nuevo líder del DUP, Donaldson, comienza a sentirse acorralado, se sentirá tentado a dinamitar las instituciones de autogobierno en febrero, y acelerar el comienzo de una campaña electoral con resultado incierto para Belfast, Londres y Dublín.

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