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La vicepresidenta Cristina Kirchner y Alberto Fernández, en noviembre de 2021.
La vicepresidenta Cristina Kirchner y Alberto Fernández, en noviembre de 2021.MATIAS BAGLIETTO (Reuters)

Argentina padece las consecuencias de un divorcio. Un divorcio no consensuado, de esos que llegan a los tribunales y la pasión de antaño es ahora gasolina para las más amargas disputas. El país sudamericano sufre las miserias políticas de una dirigencia que dirime sus peleas a viva voz. El presidente Alberto Fernández y su vice, Cristina Fernández de Kirchner, ya no se hablan. El mar de fondo es la rivalidad por el poder, pero también las diferencias del rumbo que ambos pretenden para Argentina. Y una pecado de nacimiento: Alberto Fernández fue ungido por Cristina Kirchner como candidato a la presidencia y a ella debe su sillón en la Casa Rosada. El experimento funcionó para evitar un segundo mandato de Mauricio Macri en octubre de 2019; pero la anomalía política que supone una vicepresidenta con más poder que un presidente ha sido un fracaso una vez en el Gobierno.

El jueves pasado, Argentina conmemoró el 46 aniversario del golpe militar contra Isabel Perón. El presidente Fernández realizó un pequeño acto protocolar, mientras que Cristina Kirchner y su agrupación política, La Cámpora, movilizaron a 70.000 hacia la Plaza de Mayo, la quintaesencia del poder político en Argentina. Al frente de la movilización estuvo Máximo Kirchner, hijo de la vice. La Cámpora mostró músculo callejero y mandó un mensaje claro a la Casa Rosada: nosotros somos el pueblo, la verdadera base electoral del Gobierno, los acreedores del poder presidencial. Fernández, mientras tanto, llama a la unidad, convencido de que la única posibilidad de vencer en las generales de 2023 está en un peronismo alineado tras un solo candidato.

La sangre entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner llegó a finales del año pasado, cuando el oficialista Frente de Todos sufrió un duro varapalo en las elecciones primarias obligatorias. La vicepresidenta achacó a su delfín político la derrota. Los ministros que le responden presentaron su renuncia y forzaron a Fernández a un cambio de Gabinete que no estaba en sus planes. Dos meses después, las elecciones confirmaron la derrota de los candidatos del Gobierno al Congreso. Cristina Kirchner se mantuvo en silencio, pero el amor con Fernández, su exjefe de Gabinete, ya había terminado. El acuerdo que Argentina cerró esta semana con el FMI por una deuda de 45.000 millones de dólares fue la gota que rebalsó el vaso. El kirchnerismo votó en contra del texto en el Congreso, con el argumento de que un ajuste de la economía, como acordó Fernández, sentencia de muerte cualquier posibilidad de triunfo en las generales de 2023.

“Hay dos grupos que creen tener el derecho a tomar las decisiones, dos líderes que reclaman tener el poder de decidir en última instancia”, dice Sergio Morresi, politólogo de la Universidad del Litoral. “Y aunque la Constitución argentina dice que el poder ejecutivo recae de forma exclusiva en el presidente, lo cierto es que esta vicepresidenta tiene poder propio más allá de su lugar institucional. Y es desde ese poder propio desde donde exige que se considere que el presidente está allí para cumplir un mandato popular del que ella (y quienes la apoyan) se sienten mejores intérpretes”, dice. Andrés Larroque, hombre fuerte del kirchnerismo, lo dijo con claridad durante la marcha del 24 de marzo. Fernández, dijo, “fue jefe de campaña de un espacio que sacó cuatro puntos en la elección de la provincia de Buenos Aires. El frente lo convocó por iniciativa de Cristina”.

En el entorno del presidente no están de acuerdo con esta lectura de “poder prestado”. Si Cristina Kirchner lo ungió como candidato fue porque sabía que no podía ganar por sí sola. Alberto Fernández es, bajo esta lectura, condición necesaria para el triunfo del Frente de Todos frente a Macri en 2019. Por lo tanto, argumentan, tiene derecho a ejercer el poder como mejor le plazca. Se tata, en el fondo, de lecturas diferentes de la realidad. La crisis económica es acuciante. La inflación está disparada (ya supera e 50% anual), y el presidente considera que el acuerdo con el FMI es el primer paso hacia la salida. El kirchnerismo, en cambio, sostiene que nada buevo se puede esperar del FMI, y que es mejor alejarse lo más posible de Fernández mientras la Casa Rosada insista en avanzar sin remedio hacia el abismo. Si el Gobierno que integran fracasa, mejor estar lejos de la onda expansiva.

¿Está Argentina, entonces, encaminada hacia una ruptura definitiva de la coalición de Gobierno? “No lo creo” dice Eduardo Fidanza, director de la consultora Poliarquía. “No le conviene a ninguna de las partes, porque fragmentaría el voto peronista y aseguraría, desde ya, una derrota electoral en 2023″, dice. Pablo Touzón, politólogo y director de la Consultora Escenarios, sí ve la posibilidad de una crisis terminal. “Hay una decisión tomada por parte del cristinismo: considera que desde las PASO [primarias] y la derrota de las legislativas la figura de Alberto Fernández no tiene liderazgo”, explica. Sergio Morresi coincide en que la crisis es “muy grave”, pero considera que “más allá de la voluntad de una parte de la dirigencia para que se terminen de romper lanzas, hay otros sectores, incluso en las bases, que están pujando por mantener la unidad del Frente de Todos”.

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Entre esos sectores está el propio Alberto Fernández. Durante la última semana, la estrategia del presidente ha sido difundir la idea de que una fractura abre las puertas a un regreso de la derecha al poder, representada por Mauricio Macri. Macri es, para el peronismo, la consumación de todos los males. Fernández no habla con su vice, pero hace llamados desde los medios de comunicación. “Quien cree que eso tendrá algún efecto no tiene ni la más remota idea de cómo piensa la vicepresidenta”, dicen desde el entorno de Cristina Kirchner. La manifestación multitudinaria del 24 de marzo fue una evidencia de eso: el verdadero poder está en la calle y se puede exhibir. Y el rechazo al FMI fue la bandera.

En la Argentina, sin embargo, nadie tiene muy claro donde está la salida del atolladero. “El cristinismo tiene un enunciado, pero no tiene un proyecto real de país”, aclara Pablo Touzón. “Por eso prefiere irse, porque carece de una solución alternativa a esto que propone el FMI. Lo que quiere preservar es una especie de núcleo de valores y de sentidos”, dice.

Ese núcleo es la última esperanza de la Cristina Kirchner y su movimiento, que ve como irremediable un fracaso del Gobierno qué ella misma concibió. Alberto Fernández, mientras tanto, recibe la presión de su entorno para crear “el albertismo”, un movimiento que rompa amarras con el kirchnerismo apoyado en el poder de los gobernadores peronistas y los sindicatos que lo apoyan.

“No le otorgo muchas posibilidades a Alberto Fernández, aunque él y su grupo más próximo creen que puede aspirar a la reelección”, dice Eduardo Fidanza. “En la actual situación económica y social sus chances son muy reducidas”, dice. Sergio Morresi coincide. “En primer lugar, el presidente Fernández no parece decidido a lanzar un movimiento propio y prescindir de sus socios, aun si algunos de ellos quieren prescindir de él y se mueven para socavar su capacidad de acción. En segundo lugar, me parece que se está atravesando un momento social y económico muy delicado, y las condiciones para lanzar un movimiento político propio no son precisamente óptimas”, dice. Al gobierno de Alberto Fernández le restan dos años de mandato, y deberá navegar en el desierto.

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El presidente de Argentina, Alberto Fernández, se ha sentado este martes ante un juez. No como acusado, sino como testigo. Lo hizo en forma presencial, cuando pudo hacerlo por escrito. Durante dos horas y media, defendió a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner de las acusaciones de corrupción que enfrenta. Habló como exjefe de Gabinete entre 2003 y 2008, parte del período en que se produjeron los presuntos delitos investigados: un desvío discrecional de fondos de obra pública a favor de Lázaro Báez, un empresario ligado al kirchnerismo que en pocos años pasó de ser un ignoto cajero de banco a multimillonario.

Báez cumple en la cárcel una condena de 12 años por lavado de dinero. En marzo de 2021, la justicia argentina lo encontró culpable de blanquear activos por 60 millones de dólares entre 2010 y 2013, cuando su nombre figuraba entre los contratistas del Estado preferidos por el kirchnerismo. Báez era en aquel tiempo dueño de Austral Construcción, una empresa con sede en Santa Cruz, la provincia patagónica que fue bastión político de los Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner es ahora investigada en una causa paralela por supuestamente beneficiar a Báez con contratos millonarios a cambio de sobornos. Las acusaciones se basan en una auditoría encargada por el Gobierno de Mauricio Macri, referidas a 51 obras públicas de seguridad vial. Austral se encargó del 82% de las licitaciones en Santa Cruz durante la Presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007) y percibió en total más de 4.000 millones de pesos (equivalente a unos 300 millones de dólares al cambio monetario de 2015, cuando Cristina Kirchner entregó el poder a Macri).

La defensa de Cristina Kirchner pidió que declarasen todos sus exjefes de Gabinete para que explicasen al juez cómo se resuelve el reparto de fondos para obras de infraestructura. Alberto Fernández estaba entonces alejado de Kirchner y la criticaba con crudeza en los canales de televisión. Luego se amigaron, Fernández fue candidato y ganó la presidencia. Las idas y vueltas de la política argentina terminaron en un hecho sin precedentes: un presidente en funciones declaró como testigo presencial a pedido de su vicepresidenta.

Fernández llegó a los tribunales federales antes de las 10 de la mañana. Contestó una a una las preguntas del juez y discutió con el fiscal, responsable de la acusación. Dijo que al empresario Báez lo había visto una sola vez en su vida “en el parque de la casa de [el expresidente] Néstor Kirchner”. Aclaró que no hay una norma que diga cómo deben repartirse los fondos nacionales para obras de infraestructura en las provincias, pero negó que se trate de una decisión arbitraria del presidente.

“Lo que están discutiendo son decisiones políticas no judiciables, y esas decisiones presupuestarias de ningún modo pueden ser arbitrarias”, dijo. Explicó entonces que el presidente, cualquiera sea, no está al tanto de los contratos, sino apenas de una versión general del presupuesto. “No se tiene en cuenta cómo funciona la aprobación de un presupuesto, no es decisión de un presidente decidir dónde se gasta la plata. Eso va al Congreso y se genera un debate enorme dentro del Congreso, porque cada diputado y senador pelea para llevar recursos a sus provincias”, dijo Fernández. “Definitivamente, no”, respondió cuando el abogado de la defensa le preguntó si Cristina Kirchner integraba una asociación ilícita para favorecer a Báez, como sostiene la querella.

Cuando Cristina Kirchner se convirtió en vicepresidenta en diciembre de 2019 enfrentaba 10 investigaciones por presunta corrupción. Desde entonces, las causas cayeron una a una, ya sea por falta de pruebas, ausencia de delito o problemas de procedimiento. Solo el expediente de la obra pública sigue en pie. El 21 de mayo de 2019 iniciaron las audiencias presenciales y Cristina Kirchner se sentó en el banquillo. El país estaba en pleno proceso electoral y el kirchnerismo acusaba a Macri de presionar en los tribunales para sacarla de la carrera política. El juicio siguió su curso y está ahora en la etapa final de la ronda de testigos. Restan los alegatos de los abogados y el veredicto. La sentencia final no tiene fecha.

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Alberto Fernández llega este 7 de febrero de 2022 en visita oficial a Barbados, última escala de una gira por Rusia y China.
Alberto Fernández llega este 7 de febrero de 2022 en visita oficial a Barbados, última escala de una gira por Rusia y China.HANDOUT (AFP)

Los problemas persiguen a Alberto Fernández fuera de casa. Las urgencias políticas y una serie de errores diplomáticos no forzados obligaron al presidente de Argentina a adelantar el balance de la gira que lo llevó a Rusia y China. Desde Barbados, última escala de su viaje, relativizó este lunes el impacto que tuvieron en Estados Unidos las críticas que lanzó desde Moscú a la Casa Blanca. Y quitó fuelle a la crisis que abrió en su coalición de Gobierno el acuerdo que firmó a finales de enero con el Fondo Monetario Internacional para refinanciar una deuda de 44.500 millones de dólares. Reveló entonces que había hablado por teléfono desde Pekín con su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, crítica de ese acuerdo, y confió en que los diputados que la siguen darán su voto al memorando con el Fondo en el Congreso.

Fernández está atrapado entre dos frentes, uno interno y otro externo. En el interno, vive la desafección del kirchnerismo, la principal fuerza de la coalición peronista que lo llevó al poder en 2019. El acuerdo con el FMI, firmado días antes de volar hacia Moscú, se saldó con la renuncia de Máximo Kirchner, hijo de la expresidenta, como jefe de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados. Máximo Kirchner dijo que no estaba dispuesto a trabajar por la aprobación parlamentaria de un acuerdo que rechazaba y abrió la enésima crisis en el seno del Gobierno argentino. Cristina Kirchner se mantuvo desde entonces en silencio. El presidente Fernández habló este lunes de “matices” con respecto al acuerdo con el FMI y admitió incluso que podría haber diputados kirchneristas que votarán en contra. “Hablé con Cristina y le conté cómo seguíamos”, dijo Fernández. “La verdad, yo no tengo dudas de que nuestra fuerza política nos va a acompañar” en el Congreso, explicó por videoconferencia a periodistas de medios argentinos que lo consultaron desde Buenos Aires.

El acuerdo con el FMI, que aún debe ser aprobado por el directorio del organismo multilateral, es crucial para que Argentina no entre en marzo en suspensión de pagos y se agrave aún más la crisis económica que atraviesa. Pero la firma profundizó las diferencias que ya acumulaba Fernández con sus socios del kirchnerismo ante cualquier entendimiento con el multilateral que supusiese un ajuste fiscal. La renuncia de Máximo Kirchner y el silencio de Cristina Kirchner dispararon todo tipo de especulaciones sobre hasta donde resistirá una alianza que cada vez es más frágil.

Sin el consenso de su propia fuerza política, Fernández necesita más que nunca el apoyo de la Casa Blanca para resolver en Washington la deuda que Argentina asumió con el Fondo en 2018, durante el Gobierno de Mauricio Macri. Por eso sorprendió a propios y ajenos las críticas que el presidente lanzó contra Estados Unidos y el FMI desde Moscú. Al tiempo que ofrecía a Putin convertir a Argentina en ”la puerta de entrada” de Rusia en América Latina, proclamaba la necesidad de reducir la “dependencia de Argentina” de Washington.

Fernández se salió por iniciativa propia de un guion escrito por la Cancillería que se limitaba a defender el multilateralismo y las buenas relaciones con Rusia para presentarse en cambio como el principal aliado del Kremlin en la región. El argentino optó por una alienación sin concesiones en momentos en que Rusia tensa al máximo la relación con Occidente por sus aspiraciones sobre Ucrania. En su rueda de prensa virtual desde Barbados, Fernández dijo, sin embargo, que sus declaraciones no habían generado problema alguno con Washington. “No recibí ninguna declaración de Estados Unidos por lo que dije. Yo siento que no dije nada novedoso ni creo que nadie se haya molestado por eso. No recibí quejas ni cuestionamiento”, dijo Fernández. “Sostengo que con Estados Unidos debemos tener relaciones serias y responsables como con cualquier país del mundo. Creemos en el multilateralismo”, agregó.

Antes de aterrizar en Bridgetown, Fernández estuvo en China. El domingo firmó la adhesión de Argentina a la llamada Ruta de la Seda, una iniciativa de Xi Jinping para reforzar la relación económica con terceros países y al que ya adhieren 140 países. Fernández se llevó de Pekín promesas de inversiones por 23.000 millones de dólares en obras de infraestructura y la posibilidad de agrandar el acuerdo que hoy permite al Banco Central de Argentina sumar a su balance de reservas 20.000 millones de dólares (en yuanes) del Banco Popular de China.

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Este martes, el presidente argentino se reunirá con la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, y con representantes de los países que integran la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO). Esta última escala tiene poco que ver con las anteriores y es, si no hay sorpresas de última hora, menos riesgosa en términos diplomáticos: se trata del estreno del presidente argentino como presidente pro témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), cargo que recibió el 7 de enero de manos de México.

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Máximo Kirchner en un acto electoral en Buenos Aires, en 2019.
Máximo Kirchner en un acto electoral en Buenos Aires, en 2019.Carol Smiljan (NurPhoto via Getty Images)

La coalición peronista que gobierna Argentina desde 2019 se tambalea. El último terremoto ha sido originado por el diputado Máximo Kirchner, hijo de los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, al renunciar a la presidencia del bloque oficialista en la Cámara Baja. La decisión exhibe la disconformidad del kirchnerismo con el principio de acuerdo alcanzado el viernes entre el Gobierno de Alberto Fernández y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para reestructurar la deuda de 44.000 millones de dólares contraída por el Estado sudamericano en 2018. Las divisiones internas sobre el acuerdo, que obliga a Argentina a alcanzar el equilibrio fiscal en 2025, complican aún más el debate parlamentario necesario para su aprobación definitiva.

“He tomado la decisión de no continuar a cargo de la presidencia del Bloque de Diputados del Frente de Todos. Esta decisión nace de no compartir la estrategia utilizada y mucho menos los resultados obtenidos en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), llevada adelante exclusivamente por el gabinete económico y el grupo negociador que responde y cuenta con la absoluta confianza del Presidente de la Nación, a quien nunca dejé de decirle mi visión para no llegar a este resultado”, arranca el comunicado de Kirchner difundido este lunes.

El diputado nacional ha subrayado que permanecerá “dentro del bloque para facilitar la tarea del presidente y de su entorno”. La coalición se mantiene así con vida, pero muestra de nuevo su fragilidad a la espera de que se pronuncien otras voces destacadas del kirchnerismo. La vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, guarda silencio desde el viernes. Tampoco se han pronunciado sobre el acuerdo los integrantes de la agrupación La Cámpora más cercanos a Kirchner, como los ministros Wado de Pedro (Interior) o Juan Cabandié (Medio Ambiente).

El presidente anticipó este lunes en una entrevista que la vicepresidenta está en desacuerdo con la decisión tomada por su hijo, pero sólo se sabrá cuando tome ella la palabra. El estilo combativo de Kirchner ya provocó un quebradero de cabeza al presidente Alberto Fernández un mes atrás, cuando su duro discurso en la Cámara de Diputados propició que la oposición se uniera para rechazar el Presupuesto de 2022.

Descontento con el ajuste

La mayor discrepancia del kirchnerismo es el ajuste pactado con el FMI. “Como veo que siempre se interesan por los gastos, podrían ahorrar en economistas caros, ya que para hacer lo que hacen sólo basta con gente que sepa apretar prometiendo el infierno si no se hace lo que ellos quieren”, señaló Kirchner en su carta.

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El equipo económico liderado por el ministro Martín Guzmán acordó un sendero de reducción fiscal que contempla alcanzar el déficit cero en 2025, dos años antes de lo que pretendía el Gobierno argentino. Este compromiso adquirido supondrá una importante reducción del gasto público, a la que se ha opuesto en numerosas ocasiones Fernández de Kirchner por considerar que pone en riesgo el crecimiento económico.

El organismo multilateral señaló que Argentina aceptó reducir los subsidios a la energía, lo que hace prever importantes aumentos en las tarifas de la luz, el gas y la electricidad después de haber permanecido casi congeladas desde la irrupción de la pandemia.

El documento definitivo que selle Argentina con el FMI deberá ser aprobado por el Congreso, donde el peronismo no tiene la mayoría suficiente en ninguna de las dos cámaras para sacarlo adelante sin negociar. Cualquier ruptura en sus filas volvería aún más cuesta arriba el trámite parlamentario sobre un acuerdo que marcará la política económica de los próximos años del país sudamericano.

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