Manifestantes contra el presidente Kais Said, el pasado día 20 en Túnez.ZOUBEIR SOUISSI (REUTERS)
El presidente de Túnez, Kais Said, decretó este miércoles la disolución del Parlamento después de que un grupo de 124 diputados –sobre un total de 217– organizasen una reunión por internet mediante la aplicación Zoom para anular los decretos aprobados por el mandatario desde que implantó el estado de excepción, el pasado 25 de julio.
El presidente, que ha ido acumulando poderes legislativos, judiciales y ejecutivos desde julio, decretó como primera medida el bloqueo de la aplicación en todo el país. Y después anunció mediante la difusión de un vídeo la disolución del Parlamento. “Debemos proteger al Estado de las divisiones. No dejaremos que continúe esta agresión contra el Estado”, declaró en el vídeo, según recoge la agencia Reuters.
Said es un jurista de 64 años, sin experiencia política previa, que arrasó con una candidatura independiente en las presidenciales de 2019, al obtener un rotundo 72,71% de los votos, frente al 27,29% de su rival. El antiguo profesor de Derecho Constitucional era partidario de regenerar el sistema para devolver la democracia al pueblo y combatir la corrupción. Pero los poderes del presidente estaban limitados a la política de defensa, relaciones exteriores y seguridad nacional. El 25 de julio suspendió temporalmente las funciones del Parlamento apoyándose en una interpretación muy discutida de un artículo de la Constitución que alude a situaciones excepcionales. En aquel momento, el 76,8% de los tunecinos respaldaban la medida del presidente, según la compañía de sondeos Sigma, la más solvente del país. Pero, poco a poco, Said fue perdiendo aliados a medida que acaparaba más y más poderes.
Este miércoles las críticas arreciaron en las redes sociales. SaidBenarbia, responsable del Magreb para la ONG Comisión Internacional de Juristas (CIJ), tuiteó: “La Constitución es muy clara. El Parlamento no puede ser disuelto durante el estado de excepción, como viene regulado en el artículo 80. (…) El presidente no tiene autoridad constitucional para suspenderlo″. El artículo 80 fue el que esgrimió Said cuando suspendió las funciones del Parlamento en julio. En decenas de tuits se subrayaba este miércoles la frase de ese artículo donde consta que “el presidente de la República no puede disolver la Asamblea de Representantes del Pueblo”.
La ministra de Justicia, Leïla Jaffel, anunció que la fiscalía ha iniciado una investigación judicial contra los diputados que mantuvieron la reunión por internet, en la que se les acusa de conspirar contra el Estado. Un total de 116 de los 124 parlamentarios reunidos telemáticamente votaron a favor de un proyecto de ley para anular todos los decretos presidenciales adoptados durante el Estado de excepción.
El Parlamento de Túnez quedó muy atomizado tras las legislativas de 2019. El partido de origen islamista Ennahda resultó vencedor, pero solo con una cuarta parte de los votos. La imagen de este partido se había venido deteriorando en la última década. Muchos de sus críticos le achacaban ser los grandes responsables de la corrupción que carcome el país y del estancamiento económico. Said se hizo con todos los poderes en medio de un contexto social tenso agravado por la pandemia. A pesar de que el presidente de Túnez contaba con el apoyo de gran parte de la población, los partidarios de Ennahda lo llamaron desde un primer momento “golpista”. Y ahora, son los partidarios de Said quienes acusan a los diputados reunidos por internet, en su mayoría pertenecientes a Ennahda, de haber urdido un golpe de Estado.
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El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en su discurso de este domingo ante el Parlamento israelí.KNESSET (Europa Press)
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, quien se precia de su ascendencia judía, ha comparado este domingo la invasión rusa de Ucrania con el Holocausto judío en una intervención virtual ante los diputados de la Kneset, el Parlamento de Israel. “Escuchad qué dice el Kremlin, es la misma terminología que los nazis usaron contra vosotros. Es una tragedia. Entonces querían destruir Europa y no os quisieron dejar con vida (a los judíos). Ahora nos toca a nosotros. Entonces lo llamaron la solución final”.
Enfundado en la camiseta militar verde olivo con la que ya se ha dirigido a otras Cámaras legislativas, Zelenski ha reclamado ayuda militar a Israel con una nada velada crítica a su equidistancia en el conflicto. “Podemos preguntar por qué no hemos recibido armas de Israel, por qué no ha impuesto fuertes sanciones a Rusia”, ha inquirido ante los 122 parlamentarios que han seguido sus palabras vía Zoom, en una Kneset de 120 escaños. “Ha sido vuestra decisión y tendréis que convivir con sus conciencias”, les advirtió. “Todo el mundo sabe que vuestros sistemas de defensa [como el escudo antimisiles Cúpula de Hierro] son los mejores”, ha precisado. “Podríais ayudar a nuestro pueblo, salvar vidas de ucranios judíos”, ha recriminado a su audiencia.
“El Ejército ruso está destruyendo Ucrania mientras el mundo entero mira”, ha enfatizado Zelenski, para quien “la indiferencia y el cálculo de intereses matan. No se puede mediar entre el bien y el mal”, ha apostillado. Su discurso, de algo menos de media hora de duración, ha sido transmitido en directo por televisión y proyectado también en una pantalla gigante en la plaza Habima de Tel Aviv, ágora de grandes concentraciones políticas en Israel, ante centenares de personas que enarbolaban banderas ucranias e israelíes. Con estudiada formalidad, la Embajada de Rusia había protestado pocas horas antes contra su alocución parlamentaria al reclamar a Israel una actitud más equilibrada en el conflicto.
El primer ministro israelí, Naftali Bennett, ha seguido la intervención ante la Cámara legislativa, que acaba de finalizar su primer periodo de sesiones del año. El gobernante ultraconservador israelí ha sido uno de los pocos líderes internacionales en ser recibido en el Kremlin por el presidente ruso, Vladímir Putin, tras el estallido de las hostilidades. El pasado día 5 hizo visible en Moscú su papel mediador entre ambas partes en el conflicto, aunque sus asesores precisan que no ha planteado propuestas concretas de acuerdo y se ha limitado a ejercer como mensajero o intermediario de confianza entre Kiev y Moscú. En contra de sus creencias, el religioso Bennett viajó en pleno sabbat, el día sagrado judío que prohíbe expresamente los desplazamientos en avión, amparado en la dispensa que otorga la ley judaica a quienes participan en una misión para salvar vidas.
La discreción ha caracterizado hasta ahora sus sucesivos contactos telefónicos tanto con Putin como con Zelenski. Bennett se ha ausentado de reuniones del Gabinete y de actos oficiales para atender las llamadas urgentes de ambos líderes. Tras ser recibido en el Kremlin, donde mantuvo una entrevista de tres horas de duración, el primer ministro israelí prosiguió viaje a Berlín para informar en persona al canciller alemán, Olaf Scholz, quien ya le había visitado a comienzos de mes en Jerusalén. Bennett ha establecido también un canal de contacto con el presidente francés, Emmanuel Macron, y ha dado cuenta de sus gestiones a la Administración del presidente de EE UU, Joe Biden, su principal aliado.
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“Aunque la oportunidad no es muy clara, tenemos la obligación moral de hacer el esfuerzo, ya que contamos con acceso a ambas partes”, se ha limitado a justificar su actitud en público el primer ministro israelí. No es una amenaza existencial, sino una disputa territorial, viene a ser su mensaje, traducido a términos bien conocidos en Oriente Próximo. Esta es la tesis que hacen circular en la prensa hebrea los asesores mediáticos de Bennett: Ucrania podrá seguir siendo un Estado independiente con su propio Gobierno solo si acepta “sacrificios territoriales”, según destaca en Twitter el analista diplomático Barak Ravid.
En apenas nueve meses en el cargo, tras haber apeado al conservador Benjamín Netanyahu, quien llevaba 12 años en el poder, el prácticamente desconocido Bennett ha encontrado una vía para ganar presencia en la escena internacional. El dilema de Israel ante el conflicto de Ucrania se ha plasmado en una retórica de equidistancia, en la que Bennett, quien adopta un perfil de neutralidad, y se reparte los papeles con el ministro de Exteriores y socio clave del Gobierno, el centrista Yair Lapid, quien sí ha condenado expresamente la invasión rusa. El Gobierno israelí, sin embargo, no se ha sumado a las sanciones económicas impuestas a Moscú por los países occidentales y sigue manteniendo las conexiones desde Tel Aviv con los aeropuertos rusos, que han sido utilizadas por oligarcas próximos a Putin como Roman Abramóvich.
La presencia militar rusa en Siria, donde la aviación israelí lanza ataques periódicos contra fuerzas proiraníes, ha llevado a Bennett a transitar por la senda de la ambivalencia diplomática y evitar tanto las sanciones a Rusia como el envío de armamento a Ucrania. Moscú, que controla el espacio aéreo sirio desde su intervención militar en favor del presidente Bachar el Asad en 2015, ha seguido permitiendo los ataques de la aviación israelí contra objetivos de las milicias proiraníes en el vecino país árabe, como el que este mismo mes causó la muerte de dos guardianes de la revolución de Irán cerca de Damasco.
Concentración para seguir el discurso del presidente de Ucrania, Volodímir, Zelenski, el domingo en Tel Aviv.JACK GUEZ (AFP)
Diáspora soviética en el Estado judío
El jefe del Gobierno israelí acudió a Moscú a su cita con Putin acompañado por el ministro de Vivienda, Zeev Elkin, de origen ruso. Más de un millón de israelíes, un 15% de la población, proceden de la diáspora que emigró al Estado judío tras la descomposición de la Unión Soviética. La evolución de la guerra se sigue muy cerca en el Estado hebreo y, pese a la neutralidad oficial, la opinión pública se muestra abiertamente favorable a ayudar a Ucrania. La situación de los cerca de 200.000 judíos que viven en el país de Europa oriental en guerra es una las principales preocupaciones del Gobierno israelí. Por ello, ha enviado una gran cantidad de ayuda humanitaria, en particular un hospital de campaña para atender a un centenar de pacientes al día, asistidos por unos 80 médicos y sanitarios.
Las restricciones que el Ministerio del Interior israelí impuso inicialmente a la entrada de los refugiados ucranios levantó ampollas entre la población judía, que hunde sus raíces en el éxodo masivo derivado del Holocausto. Israel ha permitido el paso hasta el momento a 3.500 ucranios judíos, que gozan del derecho a inmigrar y establecerse en el país, y a 10.000 no judíos. A este grupo se le llegó a obligar a abonar una fianza a fin de garantizar su retorno a Ucrania, se le fijó un cupo inicial, que ahora ha quedado circunscrito a quienes cuenten con familiares y amigos que, en principio, se hagan cargo de su manutención y gastos.
Los refugiados no judíos deben solicitar autorización previa su entrada al país para que se les permita abordar un avión con destino a Tel Aviv. Cerca de un 10% de las peticiones han sido rechazadas. Como advierte en la prensa hebrea Sahi Cohen, director de Alianza de Israel, ONG que atiende a los ucranios, “el Gobierno israelí está siguiendo una política de erigir alambradas para impedir la entrada de los refugiados”. Lo ha recordado el mismo Zelenski en su discurso a la Kneset al reclamar visados para todos los refugiados de Ucrania.
El presidente ucranio, Volodímir Zelenski, pronunció este martes un discurso ante el Parlamento canadiense. La cita, llevada a cabo por videoconferencia, convocó en sesión especial a diputados y senadores del país norteamericano. “¿Cómo se puede explicar esta agresión masiva y sin precedentes?”, formuló Zelenski ante los legisladores respecto a la ofensiva orquestada por Moscú. “Queremos vivir. Queremos la victoria”, expresó el mandatario.
La participación de Zelenski fue una invitación directa de Justin Trudeau, primer ministro canadiense. El presidente de Ucrania se había dirigido el 1 de marzo ante los diputados europeos; una semana después lo hizo ante el Parlamento británico. Trudeau dijo que ve “un amigo” en Zelenski. “Volodímír, te conozco desde hace años y siempre te he considerado un defensor de la democracia. Y ahora las democracias de todo el mundo tienen la suerte de tenerte como defensor”, manifestó. “Tu valor, y el de tu pueblo, nos inspira a todos. Defiendes el derecho de los ucranios a elegir su propio futuro. Y, al hacerlo, estás defendiendo los valores que son los pilares de todos los países libres y democráticos”, agregó.
Trudeau hizo hincapié en la contribución de la comunidad ucranio-canadiense en distintas esferas. Canadá cuenta con la segunda diáspora más numerosa de aquel país (solo detrás de Rusia). En el último censo, cerca de 1,4 millones de personas declararon tener raíces ucranias. Volodímir Zelenski expresó: “Quisiera que comprendan ustedes, en la medida de lo posible, nuestros sentimientos y emociones en los últimos 20 días. Imaginen escuchar los disparos, las explosiones”. Zelenski prosiguió: “Imaginen el aeropuerto de Ottawa bombardeado como están siendo bombardeados los nuestros. Imaginen la ciudad de Vancouver sitiada como lo está Mariupol. ¿Cómo explicarles todo esto a sus niños?”.
El presidente ucranio agradeció la ayuda brindada hasta el momento por el Gobierno canadiense y por los miembros de la diáspora ucrania. Sin embargo, dijo que su país requiere de más apoyos. Zelenski subrayó que es necesario un mayor esfuerzo para que Rusia no pueda seguir financiando sus operaciones bélicas; también reiteró su petición de hacer todo lo posible para “cerrar el espacio aéreo a los misiles y los aviones rusos”.
Candice Bergen, jefa interina del Partido Conservador, criticó con vehemencia al presidente ruso, Vladímir Putin, señalando que sus planes no tenían consideración alguna por el sufrimiento humano. También expresó que Canadá tiene la obligación moral de seguir apoyando a Ucrania y pidió que el Gobierno de Trudeau trabaje con sus aliados para asegurar “al menos el espacio aéreo sobre los corredores humanitarios”.
Los legisladores aplaudieron durante varios minutos a Volodímir Zelenski y gritaron al unísono “Slava Ukrani” (“gloria a Ucrania”). Zelenski pronunciará un discurso este miércoles ante los miembros del Congreso estadounidense. Este martes, Moscú publicó una lista con los nombres de 313 canadienses que tendrán vetada la entrada a Rusia. El documento incluye a Justin Trudeau, a los ministros de Asuntos Exteriores y Defensa, así como a la mayoría de los parlamentarios de Ottawa.
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Era un secreto a voces que los diputados conservadores británicos cada vez tenían menos reparo en airear públicamente. Irritados por el modo en que el entonces speaker (presidente) de la Cámara de los Comunes, John Bercow, reinterpretaba las costumbres parlamentarias para prolongar eternamente el debate sobre el Brexit, iniciaron una campaña en su contra aprovechando lo que, presuntamente, era su punto débil: un exceso de soberbia. Aquel grito de “Order, order!” que dio a conocer por todo el mundo a Bercow y le convirtió en parte del folklore del Reino Unido, revelaba un poso autoritario que en privado resultaba mucho menos simpático. “Corresponde a los historiadores juzgar si el acusado ejerció con éxito el papel de presidente de la Cámara de los Comunes, pero no tenía ninguna necesidad de actuar como un bully (acosador) para lograr ese objetivo. Un puesto institucional como ese puede desempeñarse de un modo pleno y eficaz sin necesidad de caer en un comportamiento como el que se juzga”, ha concluido el Panel Independiente de Expertos, el organismo encargado de atender los recursos y peticiones de sanción contra diputados británicos por casos de acoso laboral, abuso de autoridad o conducta sexual inapropiada.
Bercow había sido sancionado por Kathryn Stone, la comisionada parlamentaria de normas y estándares éticos, cuyo rigor e imparcialidad a la hora de juzgar a los diputados la ha convertido, paradójicamente, en la bestia negra de muchos conservadores, y la amenaza permanente a Boris Johnson, ya sea por el asunto de las fiestas en Downing Street o los gastos de redecoración de su apartamento privado. El Panel Independiente de Expertos ha ratificado 21 de las 35 acusaciones vertidas contra Bercow por antiguos empleados suyos en la Cámara de los Comunes. “Hubo un señalado abuso de poder y autoridad por parte del acusado. Decidió ir a por los tres empleados que expresaron sus quejas y les acosó directamente”, asegura el panel en su informe final. “Se trata de un comportamiento tan grave que, si todavía fuera un diputado, habríamos recomendado su expulsión de la Cámara. En las circunstancias actuales, sugerimos que nunca se le permita entrar en el Parlamento mediante un pase”, sugieren el panel. Fueron Robert Rogers (Lord Lisvane), entonces secretario de la Cámara de los Comunes, y dos secretarios parlamentarios privados, Kate Emms y Angus Sinclair, quienes interpusieron las demandas contra Bercow. Los informes en su contra relataban gritos e insultos contra sus subordinados e incluso, en cierta ocasión, cómo le llegó a lanzar un teléfono móvil.
Bercow dio sus primeros pasos en política en el entorno de Enoch Powell, el parlamentario conservador tan brillante como ponzoñoso, que introdujo un elemento xenófobo en el discurso de la formación. Famoso, por infame, es su discurso bautizado como rivers of blood (ríos de sangre) de 1968, en el que criticó la llegada masiva de inmigrantes de las excolonias británicas. Posteriormente se convirtió en un entusiasta acérrimo de Margaret Thatcher y sus políticas neoliberales. Durante larga época como speaker de la Cámara demostró una gran habilidad para conducir los debates y un exhaustivo conocimiento del reglamento parlamentario, que se encargaba de demostrar con una locuacidad en muchas ocasionas pomposa.
Su abierta hostilidad hacia el Brexit le llevó a enfrentarse cada vez más abiertamente con sus compañeros de filas conservadores, y a flexibilizar las reglas de la Cámara a favor de los mayores críticos de la salida de la UE, para que siempre tuvieran amplia oportunidad de debatir y controlar cada nueva decisión adoptada, primero por el Gobierno de Theresa May, más tarde por el de Boris Johnson. El abandono de su puesto por parte de Bercow, anunciado con antelación por él mismo cuando el Brexit pasó a ser un hecho consumado e irremediable, fue acogido con alivio por las huestes conservadoras. Bercow nunca consiguió el título nobiliario de Sir al que aspiraba, porque Downing Street se negó. Acabó anunciando que se pasaba a las filas de la oposición y se afiliaba al Partido Laborista. Para entonces, ni los conservadores sufrieron daño alguno por la deserción, ni los laboristas supieron muy bien qué hacer con un personaje para el que no tenían hueco. De hecho, los laboristas han decidido suspenderle temporalmente como miembro del partido mientras abren su propia investigación.
Bercow ha respondido con un duro comunicado público en el que acusa al Parlamento de haber puesto en marcha una vendetta contra él, a través de una “farsa de tribunal”, y asegura que siempre tuvo una buena relación con el personal de la Cámara de los Comunes. “Si este caso se hubiera procesado en cualquier tribunal ordinario hubiera sido descartado de antemano. Se ha impulsado con unas pruebas muy endebles, basado en rumores sin fundamento, y promovido por dogmáticos de vieja escuela incapaces de admitir ningún cambio y que ahora pretenden ajustar cuentas conmigo”, ha dicho Bercow. “Al final, el panel se ha limitado a recomendar que se me niegue un pase parlamentario que nunca he pedido y que no quiero. En eso consiste lo absurdo de su decisión”, ha dicho. Como exdiputado, tenía derecho a solicitar un pase permanente para la Cámara. Si en alguna ocasión decidiera regresar a los que durante años fueron sus dominios sin género de duda, tendría que humillarse y solicitar un pase de visitante.
Hay días en que los parlamentarios y los políticos hablan para los libros de Historia, no para el diario de sesiones. Este martes ha sido uno de esos días en el Parlamento Europeo. El que más lo ha subrayado ha sido el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. “Estamos peleando por la libertad que ustedes tienen”, ha proclamado en su comparecencia por videoconferencia ante los eurodiputados reunidos en pleno. En su emotiva intervención ha recordado a las víctimas del ataque de Rusia —este lunes murieron 16 niños— y ha reivindicado su incorporación a la Unión Europea. “Luchamos para ser miembros de pleno derecho de Europa. Demuestren que la UE está con nosotros y que no nos dejarán solos”, ha añadido vestido con una camiseta de un inconfundible color verde militar. Sus palabras han sido acogidas por el hemiciclo con una gran ovación, que ha durado un minuto justo, el tiempo que ha estado escuchándola antes de levantarse y salir del objetivo de la cámara.
El respaldo a su petición en la Eurocámara lo tiene asegurado. La expresión más escuchada al comienzo o el final de la cincuentena de discursos previstos es “Gloria a Ucrania”. La resolución que se votará al final de la sesión contiene un punto que “solicita a las instituciones de la Unión que trabajen para conceder el estatuto de país candidato a la Unión a Ucrania”. En un relevante gesto de unidad, populares, socialistas, liberales, verdes, ultraconservadores e izquierda, han suscrito un texto común. Además, nueve países de Europa central y del Este apoyan reconocer ya una candidatura de Ucrania a la UE.
Las apelaciones a la lucha de la democracia contra la autocracia, la libertad contra la sumisión o el Estado de derecho frente a la tiranía han salpicado todos los discursos de los líderes de la Unión Europea que se han escuchado en un hemiciclo plagado de banderas de Ucrania y lazos con la misma enseña en las solapas. “No miraremos a otro lado. Estamos ante una amenaza existencial de la Europa que conocemos”, ha clamado la primera oradora, la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola. “Proteger nuestra libertad tiene precio. Vamos a pagarlo porque la libertad no tiene precio”, ha advertido la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
Zelenski firmó el lunes la solicitud de esa candidatura, convencido de que el futuro de Ucrania, ahora más que nunca, depende de su integración europea. La aproximación de Ucrania a la UE en 2013 fue, precisamente, el desencadenante de la primera agresión rusa contra ese país. Zelenski lo hizo tomando la palabra a Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europa, que días antes había pronunciado una frase que ha repetido este martes: “Los ucranios son de los nuestros y los queremos dentro”. Una frase que explica mucho de lo sucedido estos días, incluso la diferente respuesta a los refugiados que está produciendo este conflicto bélico frente al de Siria en 2015, cuando varios países rechazaron la acogida de las personas que huían de la guerra.
En 2014, la intención de Kiev de firmar un acuerdo de asociación comercial con el club comunitario fue boicoteada por el presidente ruso, Vladímir Putin. Y poco después lanzó un ataque encubierto para anexionarse la península ucrania de Crimea y alentó militarmente el separatismo de las regiones del Donbás en el este de Ucrania. Zelenski aboga ahora por consumar la integración en la UE mediante un procedimiento acelerado de adhesión. Ocho países de Europa central y del Este, con Polonia a la cabeza, secundaron este lunes la petición y abogan por reconocer de inmediato la candidatura de Ucrania ―Hungría se ha sumado este martes—, un estatus que colocaría al país en la antesala de la entrada y le facilitaría el acceso a cuantiosos fondos europeos para impulsar la convergencia política y económica.
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Pero la mayoría de las capitales consideran que el debate sobre la candidatura ucrania es prematuro e, incluso, podría ser contraproducente porque la imposibilidad de colmarla a medio y largo plazo generaría frustración en la opinión pública de ese país.
El vicepresidente de la Comisión, Josep Borrell, resumía el sentir de muchos líderes europeos ante la posible candidatura. “Tenemos que trabajar en cosas más prácticas”, apuntaba el lunes el jefe de la diplomacia europea. “La membresía sería algo que, en cualquier caso, tardaría muchos años en producirse y lo que necesitamos son respuestas para las próximas horas, no para los próximos años”. Borrell cree que “Ucrania tiene una perspectiva que es claramente europea, pero ahora lo que toca es luchar contra la agresión”.
La experiencia de Turquía, con su candidatura estancada desde hace, al menos, más de una década, y el lento avance de los candidatos procedentes de la antigua Yugoslavia (como Serbia y Montenegro) impone la prudencia en las principales capitales europeas.
Ucrania, además, está lejos de cumplir los llamados criterios de Copenhague, que fijan los baremos políticos (democracia estable y Estado de derecho), económicos (una economía viable y competitiva) y legales (capacidad de asumir el acervo normativo de la UE) que deben cumplirse para iniciar la negociación previa al ingreso. Además, a petición de Francia se ha endurecido recientemente el examen previo y el proceso de negociación para evitar que se repitan casos como los de Hungría o Polonia, que una vez dentro del club han rebajado la calidad de su Estado de derecho y han adoptado políticas discriminatorias o xenófobas que Bruselas considera incompatibles con el Tratado de la UE.
Aun así, los principales grupos parlamentarios europeos consideran conveniente el reconocimiento de la candidatura solicitado por Zelenski como gesto de apoyo frente al ataque del gigante ruso. El partido liberal europeo (ALDE) incluso admitió el lunes el ingreso en la formación del partido del presidente ucranio.
El Parlamento ruso ha aprobado este martes reconocer a las autoproclamadas repúblicas separatistas de la región del Donbás (Donetsk y Lugansk). La Duma Estatal ha votado “el envío inmediato” de esta iniciativa al presidente Vladímir Putin, que siete años después de la firma de los pactos de paz de Minsk que sentaron en 2015 las bases de un alto el fuego entre las fuerzas leales a Kiev y los rebeldes prorrusos en el este de Ucrania, ha movido ficha ante el limbo legal en el que se sumió el Donbás, otra región del antiguo espacio soviético, que como Abjasia, Transnistria y Osetia del Sur no son reconocidas internacionalmente. La Duma votaba este martes dos proyectos de ley: uno propuesto por el partido de Putin, Rusia Unida, que instaba a que el borrador fuera revisado antes por el ministro de Exteriores. El otro, introducido por el Partido Comunista en enero, solicitaba acudir directamente al presidente. Esta última iniciativa ha ganado con 351 votos frente a los 310 de la presentada por la formación gubernamental.
Rusia ha emprendido este paso justo al mismo tiempo que Putin ha recibido en Moscú al canciller alemán, Olaf Scholz, en su primera visita oficial al país. El líder germano ha acudido al encuentro con la intención de escuchar de boca de Putin la promesa de que el Kremlin comenzará a rebajar la tensión bélica. Scholz se ha encontrado con la noticia del regreso a sus bases de varias unidades rusas que ya han completado sus maniobras, pero el anuncio de la Duma supone un golpe mortal para los pactos de Minsk, de los que Berlín ha sido su gran valedor todos estos años.
El presidente de la Cámara baja rusa, Vyacheslav Volodin, ha explicado que esta iniciativa legislativa permitirá proteger a los habitantes de Donbás de lo que consideró “amenazas externas”. Además de armas y suministros, como han reconocido desde las propias milicias, Moscú ha entregado en la zona más de medio millón de pasaportes rusos desde que comenzó la guerra en 2014, lo que le sirve de casus belli frente al Gobierno ucranio, al que acusa de armarse con la OTAN para intentar retomar en un futuro esta región o Crimea, que sí goza de un reconocimiento pleno por Moscú ―pero no internacional― como parte del país desde su anexión en marzo de 2014.
Las tropas rusas regresan a sus guarniciones militares.Vídeo: REUTERS
El reconocimiento de Donbás puede suponer el fin de los pactos de Minsk. El ministro de Exteriores de Ucrania, Dmitro Kuleba, ha dicho este mismo martes que si esto sucedía, “Rusia se retirará de facto y de iure de los acuerdos con todas las consecuencias correspondientes”. La Rada Suprema (Parlamento) de Ucrania ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional “a no aprobar ninguna decisión de la Federación de Rusia que se relacione con el reconocimiento de independencia de los territorios temporalmente ocupados”, y ha instado a organismos internacionales y Gobiernos extranjeros a reforzar las sanciones como medida para preservar la arquitectura de seguridad europea.
El presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Duma ha quitado importancia al impacto de este reconocimiento en los acuerdos de paz. “No creo que los protocolos de Minsk sean revisados por esto”, ha dicho a la agencia Interfax Leonid Slutski, y ha agregado que “simplemente no hay otro sistema de coordenadas para la normalización de las relaciones entre Kiev y el sureste de Ucrania”.
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El Kremlin ha intentado durante todo este tiempo que el Gobierno ucranio acatase la concesión de un estatus especial a la zona rebelde y la convocatoria de elecciones, a lo que se negó Kiev si Rusia no devolvía el control de las fronteras de Donbás y retiraba el armamento y los grupos armados desplegados allí. Según el Gobierno ucranio, una Donbás controlada por el Kremlin dentro del país amenazaría a su soberanía y una futura adhesión a la Unión Europea y la OTAN.
Con el comienzo de la escalada militar de noviembre también se intensificaron las negociaciones del Formato de Normandía, constituido por Rusia, Ucrania, Francia y Alemania. Kiev siempre se mostró tajante con que no aceptaría a las autoridades de Donetsk y Lugansk como interlocutores directos porque los consideraba marionetas de Moscú y no se podían celebrar elecciones libres.
De hecho, no se pudieron presentar varios candidatos separatistas en las últimas elecciones de Donetsk, celebradas en noviembre de 2018 tras el asesinato del anterior presidente, Alexandr Zajárchenko. Entre ellos, el primer “presidente popular” de la autoproclamada región, Pável Gubárev, al que vetaron su registro; ni uno de los líderes de las milicias, Alexandr Jodakovski, retenido en Rusia antes de los comicios, según él mismo denunció.
Está por ver si Rusia desplegará tropas en Donbás oficialmente como ya hace en Transnistria. Preguntado sobre ello, el presidente de la república de Donetsk, Denís Pushilin, afirmó unos días antes en rueda de prensa que con la presencia militar rusa en la línea de contacto “acabaría la guerra ya”, pero es “poco probable” por las implicaciones para las relaciones entre Rusia y la OTAN. En cualquier caso, el partido de Putin ya reavivó el debate en enero, cuando dos altos cargos, el jefe de la agrupación parlamentaria en la Cámara baja, Vladímir Vasiliev, y el secretario del Consejo General de Rusia Unida, Andréi Turchak, grabaron un manifiesto a favor de enviar armas a Donetsk y Lugansk.
La adhesión a Rusia de Donbás tampoco parece factible a medio plazo. Transnistria es independiente de facto de Moldavia desde 1990, y Abjasia y Osetia del Sur lo son de Georgia desde 1992, y en estas tres décadas no han logrado salir de su limbo internacional para perjuicio de ciudadanos y empresas. Durante su intervención, Pushilin afirmó que su intención es “estar lo más cerca posible de Rusia” y recordó las medidas impulsadas por Putin en el último año para fomentar las importaciones de aquella región.
Esta indefinición jurídica perjudica a la economía de ambas repúblicas, donde las empresas extranjeras no se atreven a entrar para no ser sometidas a sanciones y donde los empresarios locales han dependido durante la guerra de un enrevesado sistema de pagos a través de Osetia del Sur para hacer negocios con Rusia.
La Comisión de Cuentas Públicas del Parlamento británico ha advertido este miércoles al Gobierno de Boris Johnson de que le queda mucho trabajo por hacer para reducir las consecuencias negativas que ha traído consigo el Brexit. El impacto que la pandemia ha tenido sobre la economía, el comercio internacional y el tránsito de mercancías y viajeros durante casi dos años ha camuflado los problemas ocasionados por la salida de la UE, que el 31 de diciembre de 2020 fue ya una realidad jurídica definitiva. Pero no las ha tapado por completo. “Los nuevos controles impuestos al movimiento de bienes desde el Reino Unido a la Unión Europea han supuesto costes adicionales para las empresas y han afectado el flujo del comercio internacional”, concluye el informe de la comisión, EU Exit: UK Border Post Transition (Salida de la UE: La Frontera del Reino Unido después del Periodo de Transición).
El texto analiza los problemas surgidos hasta la fecha, pero, sobre todo, concentra sus advertencias en los inconvenientes que se anticipan en el horizonte cercano. Mientras Bruselas puso en marcha por completo, desde el fin del periodo de transición, sus controles aduaneros y sanitarios para los productos procedentes del Reino Unido, el Gobierno de Johnson ha ido autoconcediéndose periodos de gracia —hasta tres veces— para prorrogar el cumplimiento de sus obligaciones. Como conclusión, no será hasta mitad de este año cuando la importación de productos de la UE sea sometida a un control estricto.
“[El Gobierno] debe centrarse ahora en la preparación de los operadores de comercio internacional y transportistas de la Unión Europea para los controles de importación que se impondrán a lo largo de 2022″, avisa la comisión en su informe. “Cerca de un 15% de las empresas —unas 90.000— están poco familiarizadas con los procedimientos aduaneros internacionales, y hay que asegurar que, llegado el momento, sean conscientes de lo que hay que hacer”.
Respecto a las empresas británicas, la comisión hace hincapié en los datos facilitados por la Oficina Nacional de Estadística. En el primer y en el segundo trimestre de 2021, cuando los efectos de la pandemia comenzaban a aminorar, el intercambio comercial entre el Reino Unido y la UE se redujo un 25% y un 15%, respectivamente, respecto a los mismos periodos de 2018, el año en que se considera que hubo plena normalidad previa a la irrupción del Brexit y del coronavirus. “Fueron caídas muy superiores a la del comercio del Reino Unido con otras zonas del mundo”, señala el informe.
Muchos negocios han tenido que enfrentarse a costes adicionales derivados de la tramitación burocrática de las declaraciones aduaneras. Frente a la capacidad y habilidad de las grandes empresas para gestionar con su propio personal estas nuevas obligaciones, los negocios pequeños y medianos han debido contratar intermediarios especializados para que les ayudaran a superar las nuevas trabas. La Agencia Tributaria y Aduanera británica (HMRC, en sus siglas en inglés) ya estimó en 2019 que los nuevos controles supondrían un coste anual extra para las empresas de casi 18.000 millones de euros, y, como señala la comisión en su informe, la cifra no ha sido aún revisada oficialmente, “aunque la HRMC ha indicado que cree el coste será menor”. Las empresas agroalimentarias, que exportan a la UE animales vivos, carne o pescado fresco y plantas deben someterse, además, a controles sanitarios y fitosanitarios extra que incrementan la facturación, por las necesarias tasas en los puestos de control físico de los puertos.
Caos en la frontera
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Las restricciones impuestas al tránsito de personas durante la pandemia han reducido drásticamente el volumen de viajes internacionales. La recuperación gradual, durante 2022, de las cifras habituales de pasajeros va a provocar un grave problema en las fronteras terrestres —por el tránsito rodado a través del canal de la Mancha— de Dover y Folkestone. La Unión Europea tiene previsto implantar definitivamente en la primera mitad de este año su sistema de control fronterizo EU Entry and Exit (Entrada y Salida de la UE), con el que actualizará y homologará la identificación de viajeros con datos biométricos (huellas dactilares y reconocimiento facial), que serán registrados y compartidos en una red informática de datos.
Mientras la mayoría de aeropuertos disponen ya de la logística y las máquinas para realizar este control, el problema puede surgir con camioneros, vehículos particulares o incluso autobuses que transporten viajeros. El nuevo sistema requerirá obligatoriamente que las personas deban abandonar los vehículos para el proceso de reconocimiento, con lo que supondrá de tiempo añadido. “Los modelos matemáticos independientes señalan que cualquier retraso de dos minutos en la frontera puede acabar creando colas de tráfico de más de 50 kilómetros. Es inevitable que exista cierta fricción después de la salida del Reino Unido de la UE, pero el nuevo sistema puede resultar desastroso para unas cadenas de suministro tan interconectadas como son las de este país”, ha dicho Sarah Laouadi, directora de Política de la UE de LogisticsUK,la patronal más importante de la industria logística británica.
La comisión parlamentaria señala finalmente en su informe los problemas surgidos en torno a la aplicación del Protocolo de Irlanda del Norte, especialmente en lo que se refiere al traslado de productos desde Gran Bretaña a la isla de Irlanda, pero otorga un voto de confianza a Downing Street en sus negociaciones con Bruselas. “El Gobierno nos asegura que la UE ha comenzado a ser más receptiva respecto a ideas que, previamente, aseguró que no podían ser llevadas a cabo. Las negociaciones siguen su curso y el Ejecutivo nos dice que, con buena voluntad y planteamientos constructivos por ambas partes, tiene esperanza de alcanzar una solución”, asegura el informe.
La presidenta Xiomara Castro todavía no ha asumido el poder en Honduras y ya enfrenta su primera crisis política: la elección de la junta directiva del Parlamento terminó en una trifulca este viernes, en la que corrieron golpes y empujones, después que veinte diputados del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre) se opusieron a que el titular del congreso fuese Luis Redondo, el designado por la mandataria electa.
“Se consumó la traición”, expresó Castro en su cuenta de Twitter en referencia a los legisladores de su partido, quienes auparon como presidente parlamentario a Jorge Cálix, uno de los disidentes de Libre. En la sede del Congreso, los ánimos se crisparon y algunos diputados se subieron a la mesa principal y se liaron a golpes, mientras desde los curules fueron aventadas bolsas de agua. “¡Traidores, traidores!”, gritaban los legisladores de Libre.
La elección de Cálix contó con los 44 votos del Partido Nacional, el movimiento político que lleva doce años consecutivos en el poder, y que es presidido por el presidente saliente Juan Orlando Hernández, señalado por una Corte de New York de tener nexos con el narcotráfico. De acuerdo a fuentes políticas en Honduras, Cálix es un tipo controvertido “que responde a las élites, en especial a los dueños del banco Ficohsa”.
Cálix se distanció de Castro y su esposo, el expresidente Manuel Zelaya, quien en 2009 sufrió un golpe de Estado. Edgardo Castro, uno de los diputados que votó por Cálix, dijo que no “son traidores, y que tienen derecho a pensar diferente”. “Solo le digo al presidente Manuel Zelaya, tranquilo, seguimos respetando su investidura como coordinador general (de Libre). Lo que ha pasado en el Congreso es el blindaje de los 4 años de Xiomara Castro como presidenta”, sostuvo Castro.
Por su parte, Castro, la presidenta que tomará posesión este 27 de enero, calificó la movida de los diputados como “el augurio de una traición contrarrevolucionaria al partido y al pueblo hondureño que derrotó la narcodictadura nacionalista el domingo 28 de noviembre y una traición al proyecto político de la refundación de la patria al intentar el día de mañana (hoy) imponer el plan de la elite corrupta que dirige Juan Orlando Hernández”.
La sesión del Parlamento la presidió el ministro de Gobernación, Leonel Ayala, quien le dio la palabra a la diputada Beatriz Valle, una de los 20 disidentes de los 50 diputados que obtuvo Libre en las elecciones generales del 28 de noviembre. Valle propuso a los tres directivos provisionales, incluida ella como secretaria. Por su parte, Ayala no permitió que el diputado Rasel Tomé, portavoz de Libre, presentará la segunda propuesta encabezada por Luis Redondo. De modo que el ministro procedió a juramentar a la junta directiva provisional, dando lugar a la trifulca.
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La nueva junta definitiva del Parlamento, que por ahora se desconoce quién la presidirá, será elegida el próximo domingo y el día 25 tomará posesión el nuevo poder Legislativo para el periodo 2022-2026, dos días antes de la toma de posesión de Castro. La división en Libre ha sido un balde de agua fría para el júbilo que se desbordó en Honduras con la elección de Castro, quien obtuvo 1,7 millones de votos, superando por 15 puntos al candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura.
La crisis en Libre se comenzó a gestar desde que diputados comenzaron a expresar su rechazo a Luis Redondo, quien fue escogido por el presidente del Partido Salvador de Honduras (PSH), Salvador Nasralla, como parte de la alianza de hecho que suscribió en octubre pasado con la presidenta electa, para asegurar su triunfo en las pasadas elecciones generales del 28 de noviembre de 2021. El acuerdo era que Nasralla, quien es uno de los tres nuevos vicepresidentes electos del país, escogería al candidato para presidir el Parlamento.
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La soberanía del Reino Unido reside en su Parlamento, a diferencia de países como España o Francia, cuyas Constituciones establecen claramente que reside en el pueblo. La Cámara de los Comunes, con esos debates en los que mezcla tonos de taberna con retórica de Senado romano, es la institución sobre la que orbita la política británica, y la idea de que el primer ministro haya faltado a la verdad en su comparecencia ante Westminster supone un hecho muy grave. Su exasesor estrella, Dominic Cummings, está dispuesto a testificar bajo juramento que Boris Johnson fue advertido de la ilegalidad de celebrar una fiesta en medio de las restricciones por la pandemia.
El primer ministro compareció ante los diputados el pasado 12 de enero para pedir perdón por las fiestas prohibidas que se habían celebrado en Downing Street durante la fase más dura del confinamiento. En especial, intentó descargar sus culpas sobre una fiesta particular a la que asistió él mismo: la del 20 de mayo de 2020. La que convocó su propio secretario privado, Martin Reynolds, a través de un correo que llegó a 100 personas. Las risas de la bancada de la oposición se oyeron claramente, pero Johnson aseguró que pensó en todo momento que se trataba de un “evento de trabajo” convocado en el jardín de la residencia y sede de trabajo del primer ministro.
Acudió, explicó entonces a la Cámara, para dar las gracias a su equipo por el esfuerzo realizado durante esos duros días de pandemia; no estuvo con ellos más de 25 minutos, y se retiró a continuación a su despacho. “Visto en perspectiva, creo que debí haber pedido a todos que volvieran dentro. Debí haber dado con otro modo de darles las gracias. Debí darme cuenta de que, aunque técnicamente se estaban cumpliendo las recomendaciones oficiales, millones de ciudadanos serían incapaces de verlo de ese modo”, se lamentó el primer ministro desde su tribuna.
“No solo yo, sino también otros testigos que presenciaron aquellos momentos, estamos dispuestos a afirmar bajo juramento que eso fue lo que ocurrió”, ha escrito Cummings, al referirse a las diversas advertencias que recibieron Johnson y su secretario sobre la improcedencia de la fiesta. “Una autoridad muy relevante respondió a Reynolds a través de un correo indicándole que la invitación iba contra las normas”, relata en su blog. “El PPS [secretario privado parlamentario, en sus siglas en inglés] acudió a la oficina de esa persona para discutir el asunto, y se negó a retirar la invitación. Yo mismo le advertí de que estaba violando las normas”, describe Cummings, dando a entender que escuchó de primera mano esa discusión. Pero la advertencia siguió ascendiendo en el escalafón, y llegó al propio Johnson. “Le dije al primer ministro algo así como: ‘Martin está invitando a todo el edificio a tomar unas copas. Creo que debes poner freno a esta locura”, escribe el exasesor que pidió a su jefe. “El primer ministro le restó importancia al asunto”, añade.
La vicesecretaria permanente de la Oficina del Gabinete, Sue Gray, la alta funcionaria que tiene la responsabilidad de investigar las fiestas prohibidas en Downing Street, podrá acceder —si no lo ha hecho ya— a ese intercambio de correos, así como interrogar a todos los funcionarios implicados y al propio Johnson. Y al propio Cummings, según ha adelantado SkyNews. Si las pruebas se acumulan, el primer ministro tendría difícil mantener su afirmación de que no mintió al Parlamento.
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Bajo la mascarilla, y con un tono sombrío muy poco habitual en un político tan exuberante, el primer ministro ha vuelto a insistir este martes en que nunca pensó que aquello era una fiesta. “Nadie me lo dijo, nadie me dijo que aquello contravenía las normas, nadie me sugirió que aquello no era otra cosa que un evento de trabajo, porque, de lo contrario, me resulta difícil imaginar que se hubiera seguido adelante con aquello”, ha explicado Johnson a SkyNews.
Resultaba revelador, sin embargo, el modo comedido y con red de seguridad con que dos de sus principales ministros salían a defenderle. Dominic Raab, titular de Justicia, hacía más énfasis en la claridad del Código de Buen Gobierno (Ministerial Code) sobre las consecuencias de mentir al Parlamento, que sobre la honestidad de las explicaciones de su jefe: “Las reglas son muy claras. No puedes engañar al Parlamento. Desde luego, no puedes hacerlo de un modo deliberado y no corregirlo de inmediato si descubres que los hechos fueron otros”, matizaba Raab en la televisión ITV.
Pero mucho más llamativas eran las declaraciones esquivas de Rishi Sunak, el ministro de Economía y gran esperanza de muchos conservadores para reemplazar a Johnson. Se ha limitado a asegurar que aceptaba sus explicaciones, y a pedir paciencia —como ha hecho el propio primer ministro— a la espera de las explicaciones de Sue Gray. Cuando le han preguntado si su jefe debería dimitir, en el caso de que se demostrara que mintió a los diputados, Sunak ha respondido: “No voy a entrar en hipótesis, pero el Código de Buen Gobierno es muy claro en esta materia”. Al insistir el periodista en preguntar si respaldaba a Johnson, el ministro se ha levantado sin quitarse siquiera el micrófono de la solapa.
“Es de la mayor importancia que los ministros [y eso incluye al primer ministro] den información precisa y honesta al Parlamento, y corrijan a la mayor oportunidad cualquier error inadvertido. De los ministros que engañen a sabiendas al Parlamento se espera que presenten su dimisión al primer ministro”, afirma el Código de Buen Gobierno del Reino Unido, prorrogado y firmado por Johnson en agosto de 2019.
La nueva presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.JULIEN WARNAND (EFE)
La popular maltesa, Roberta Metsola, se ha convertido en la nueva presidenta del Parlamento Europeo. Sucede al fallecido David Sassoli y se convertirá en la tercera mujer que preside la Eurocámara después de las francesas Simone Veil y Nicole Fontaine. Metsola, que hasta ahora era la vicepresidenta primera de la institución, ha obtenido el apoyo de 458 eurodiputados en la Cámara en primera vuelta. Sus primeras palabras, nada más ser elegida, han sido para Sassoli, muerto hace una semana, y a quien ha mostrado su agradecimiento.
Metsola, que cumple 43 años, este martes se ha convertido en la persona más joven en presidir el Parlamento Europeo. “Somos la generación Erasmus”, ha destacado en su discurso de agradecimiento, consciente del simbolismo que esto representa, pues el programa de becas a universitarios es probablemente la iniciativa más popular de la Unión Europea. La flamante presidenta de la Eurocámara ha cargado contra el nacionalismo y el populismo como salida a la situación actual: “Son soluciones baratas”.
La elección de la maltesa estaba asegurada desde que en la tarde del lunes se confirmó que el Partido Popular Europeo, los socialistas y los liberales de Renew renovaban el pacto con el que había comenzado la legislatura, garantizando el habitual relevo en la presidencia de la Eurocámara a mitad de dos elecciones. Ese movimiento ha quedado todavía más sellado a primera hora del día, cuando el polaco Kosma Zlotowski, del grupo Reformistas y Conservadores Europeos (ECR, por sus siglas en inglés), familia en la que se encuentra Vox, ha retirado su candidatura. Quedaba así garantizado que una mujer sería presidenta, pues las otras candidatas eran la española de IU, Sira Rego, y la verde sueca, Alice Khunke.
En el discurso con el que Metsola ha pedido la confianza del resto de eurodiputados, consciente de que sus posiciones anteriores contra el derecho al aborto han situado sobre ella una lupa, se ha detenido en varias ocasiones para situar la igualdad entre hombres y mujeres como uno de los ejes de su presidencia. “La lucha por la igualdad real debe ir más allá de algo cosmético. Debe permear todo lo que hacemos y estaría orgullosa de ser la presidenta que lidera esta lucha”. Poco después ha pedido al Parlamento que lidere las luchas LGTBI y que contribuya a “empoderar a las mujeres y las niñas”.
Una vez se ha conocido el resultado de la votación, ha incidido en este asunto cuando ha reclamado que “cada mujer en la Unión Europea luche por sus derechos”. También ha reclamado la defensa de los derechos LGTBI, contra la discriminación racial o por religión.
Además de la igualdad, también ha dedicado espacio en su discurso a la lucha contra el cambio climático, la migración clandestina o la revolución tecnológica, asuntos todos que están recogidos en el acuerdo de populares, socialistas y liberales con el que pretenden marcar la agenda europea de los siguientes dos años y medio.
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Sira Rego ha quedado en tercer lugar con 57 votos. La eurodiputada ha criticado los grandes acuerdos que sabía que hacían imposible que su opción prosperara: “Las costuras del pretendido cordón sanitario de las grandes coaliciones y la derecha se muestran demasiado porosas a los planteamientos extremistas. La democracia y el progreso solo pueden defenderse ampliando los derechos sociales y con una base material sólida que no deje a nadie atrás”.
La Cámara baja del Parlamento polaco, el Sejm, ha aprobado este jueves un proyecto de reforma de la ley educativa que refuerza el control del Estado sobre las escuelas y los contenidos educativos extracurriculares que se imparten en las mismas. Con la nueva norma, el Ejecutivo busca eliminar de los colegios contenidos no conformes con las ideas del Gobierno ultraconservador de Ley y Justicia (PiS, en sus siglas en polaco), y especialmente los relacionados con la educación sexual, según sus detractores. El ministro de Educación y Ciencia, Przemysław Czarnek, argumenta que el Estado debe poder bloquear todo lo que suponga “una amenaza a la moralidad de los niños”.
El borrador del texto, conocido comoLex Czarnek por el apellido del ministro, fue aprobado por el Consejo de Ministros en noviembre, y tras varios retrasos, ha sido sometido este jueves a votación. La ley, que ha generado protestas de colectivos de docentes y organizaciones de defensa de los derechos LGTBI, confiere más poder a los superintendentes de las escuelas, unos gestores regionales que dependen directamente del ministerio. Con la reforma, esta figura del sistema educativo polaco podrá censurar contenidos y actividades extracurriculares que imparten ONG, sobre las que los directores de los centros estarán obligados a informarle y pedir autorización. Los superintendentes tendrán además competencias para influir en la elección de los directores y para despedirlos.
En el debate parlamentario de este miércoles en la víspera de la votación, el ministro defendió la centralización del sistema educativo. Sostuvo que por la “falta de supervisión se politizan las escuelas” y que la intención de la ley es “despolitizarlas”, según declaraciones recogidas por el periódico Gazeta Wyborcza. “El Estado tiene el deber de proteger al niño”, afirmó.
El ministro es conocido por sus declaraciones homófobas y machistas, como las que hizo en la televisión pública en un debate: “Dejemos de escuchar estas idioteces sobre los derechos humanos. Esta gente [en referencia a las personas LGTBI] no son iguales que la gente normal”. También ha llamado a las escuelas a centrarse en enseñar a las niñas “virtudes femeninas”, según la agencia Reuters.
Las escuelas pasan por un momento de crisis, como explica por teléfono Iga Kazimierczyk, pedagoga y presidenta de la fundación Espacio para la Educación. Los profesores están dejando sus puestos, los salarios son bajos y, tras la pandemia, los alumnos están experimentando problemas sociales, emocionales y de conducta. En el sistema educativo polaco, las ONG son clave al proporcionar actividades que complementan el currículo educativo con contenidos cívicos y ayuda en momentos de crisis y conflictos. La reforma de la ley, que estipula que el permiso a los superintendentes se debe tramitar con dos meses de antelación, dificulta la organización en las escuelas, que pierden su autonomía. Además, por más que los padres y los profesores estén de acuerdo en los contenidos, el intermediario del ministerio puede vetarlos.
“Puede no parecer algo grave o peligroso, pero con el Gobierno que tenemos, es un riesgo serio”, señala Kazimierczyk. “Lo que introduce la ley es un mecanismo, pero detrás está la intención de eliminar la enseñanza de los derechos humanos, la educación sexual y los derechos del colectivo LGTBI, y la no discriminación”, prosigue.
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A cambio, el ministerio quiere imponer una asignatura obligatoria llamada Historia y presente, con “contenido sacado de la narrativa del PiS”, que incluye asuntos como su visión de la UE, el catolicismo, Juan Pablo II, etc. “No es nada neutral, y la educación debe serlo”, dice la también activista del movimiento Ciudadanos por la Educación. “Las escuelas volverán a ser como en los 60 y los 70 [en la época comunista], un lugar donde se pasarán mensajes oficiales del Gobierno a los alumnos”, lamenta. “Servirán para aparcar a los niños, no para contribuir a hacer un mundo mejor”.
“Los alumnos que forman parte de la comunidad LGTBI tienen miedo porque se van a quedar solos, sin poder hablar con nadie”, afirma Dominik Kuc, un joven activista que elabora desde 2018 la clasificación de las escuelas inclusivas en Polonia y es miembro de una ONG que trabaja en el ámbito de la educación y la diversidad. “Será imposible ofrecer información sobre la no discriminación o intervenciones cuando sean necesarias”, denuncia en conversación telefónica, y subraya que en Polonia “la comunidad LGTBI está completamente borrada del currículo educativo”. Para Remy Bonny, de Forbidden Colours, una organización europea de defensa de los derechos LGTBI, “esta ley es una versión light” de las conocidas como leyes antipropaganda LTGBI de Hungría y Rusia.
Antes de que la ley, que lleva tiempo en el debate público, se aprobase, sus efectos empezaron a sentirse en el sistema educativo. El año pasado, a instancias de la superintendente de la región de Malopolska, y de las autoridades locales, despidieron a la directora de la escuela primaria de Dobczyce. Como publicó ONET, el motivo fue la organización de una charla sobre la Constitución del juez Waldemar Żurek, que se ha convertido en una figura en Polonia por su defensa del Estado de derecho, lo que le ha costado 12 expedientes disciplinarios.
Tras su paso por el Sejm, la norma deberá ser debatida y votada en el Senado, que se prevé que la rechace. La decisión final le corresponderá al presidente ultraconservador Andrzej Duda, que se espera que la apoye. Durante su campaña electoral, Duda prometió “defender a los niños de la ideología LGTBI”.
Boris Johnson ha tenido que beberse de golpe el trago más amargo de su carrera política. “Quiero pedir disculpas”, ha dicho ante la Cámara de los Comunes este miércoles. El primer ministro del Reino Unido admitía que estuvo en la fiesta prohibida de Downing Street del pasado 20 de mayo, asumía la responsabilidad por lo ocurrido, aseguraba que entendía la ira de los ciudadanos y pedía que se esperara a la conclusión de la investigación interna sobre lo sucedido. Pero, en su línea habitual, ha realizado una pirueta dialéctica para intentar nadar y guardar la ropa. “Salí al jardín para agradecer al personal su trabajo durante esos meses, y después de 25 minutos, volví a mi despacho. Ahora entiendo que debí ordenar a todos que volvieran dentro y buscar otro modo de darles las gracias”, decía el primer ministro. Johnson ha asegurado que en todo momento pensó que se trataba de una reunión de trabajo, amparada por las excepciones a las restricciones sociales entonces vigentes. La respuesta del líder de la oposición laborista era de una crudeza extrema: “¿Cuál es su defensa? Que no sabía que se trataba de una fiesta. Es tan ridícula que resulta ofensiva para los ciudadanos. ¿Cuándo va a hacer lo único que es decente: dimitir?”, reclamaba Starmer.
Boris Johnson nunca ha sido un parlamentario brillante, pero ha conseguido sobrevivir a sesiones de tensión en la Cámara de los Comunes gracias a sus bromas y a un cierto histrionismo jaleado por la bancada conservadora. Hasta este miércoles. El primer ministro del Reino Unido se enfrentaba a la comparecencia más dura de las que ha tenido que hacer en Westminster. El escándalo de las fiestas prohibidas en Downing Street, mientras todo el país sufría un severo confinamiento por la pandemia, ha destrozado con una rapidez de vértigo la reducida credibilidad que podía aún mantener el político conservador. Un 56% de los ciudadanos, según la última encuesta de YouGov, quiere que Johnson dimita. Pero lo que resulta mucho más grave y revelador, según esa misma encuesta, es que un 34% de los miembros del Partido Conservador creen que su líder debería echarse a un lado y dejar que otra persona tomara las riendas de la formación. Un 38% de ellos considera que, como primer ministro, no ha desempeñado bien su trabajo.
Muchos diputados conservadores habían reclamado, en las horas previas a la comparecencia de Johnson en la sesión de control de la Cámara de los Comunes, que el primer ministro pidiera disculpas de un modo claro y contundente por todo lo sucedido, si no quería evitar una rebelión en las filas de su grupo parlamentario. Aunque ni siquiera una disculpa puede bastar para enmendar una cadena de presuntas mentiras que ha precipitado el desastre. Hasta en cinco ocasiones el primer ministro ha asegurado que se cumplieron en Downing Street las reglas y recomendaciones, en materia de restricciones sociales, impuestas por su propio Gobierno para hacer frente a la pandemia. Y ahora es más que evidente, por las declaraciones de varios testigos, que Johnson y su entonces novia, Carrie Symonds, participaron el 20 de mayo pasado en una fiesta en el jardín de Downing Street en la que hubo más de 40 invitados, con alcohol, comida y ganas de juerga. Justo en un momento en el que al resto de los británicos se les prohibía que más de dos personas de domicilios distintos pudieran juntarse en exteriores.
Johnson se ha escudado en la investigación oficial sobre todas las fiestas llevadas a cabo en esa época en dependencias de su Gobierno ―hasta seis de ellas― que está dirigiendo Sue Gray, la vicesecretaria permanente de la Oficina del Gabinete y número dos en el organigrama de la Administración civil del Reino Unido. Con fama de seria y dura, es muy probable que las conclusiones de sus pesquisas, que deberían finalizar en pocos días, hagan rodar cabezas en Downing Street. Pero, para los críticos más acérrimos de Johnson, ya no basta con esa investigación. El primer ministro, aseguran, debe dejar de escudarse en trámites administrativos y admitir, sin tapujos ―como finalmente ha hecho―, su presencia en una fiesta que tuvo lugar en el jardín de su propia residencia.
