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Ebonni Chrispin de AIDS Healthcare Foundation habla durante una conferencia en oposición al proyecto de ley “Don't Say Gay”, el 2 de febrero en Tallahassee, Florida.
Ebonni Chrispin de AIDS Healthcare Foundation habla durante una conferencia en oposición al proyecto de ley “Don’t Say Gay”, el 2 de febrero en Tallahassee, Florida.AP

Los profesores de Florida no podrán hablar libremente con sus alumnos pequeños sobre la orientación sexual e identidad de género. El proyecto de ley conocido popularmente como “No digas gay” ha sido aprobado este martes por el Senado estatal controlado por los republicanos, por 22 votos a favor y 17 contra. La medida también permite que los padres demanden a los distritos escolares si sienten que sus hijos han recibido lecciones inapropiadas. Para que la ley entre en vigor solo falta la firma del gobernador conservador Ron DeSantis, quien ya ha adelantado que la promulgará.

El proyecto de ley, oficialmente llamado Proyecto de Ley de los Derechos de los Padres, establece que “las enseñanzas del personal de la escuela o de terceros sobre orientación sexual o identidad de género no pueden ocurrir desde la guardería hasta el tercer grado [cuando los niños tienen entre ocho y nueve años] o de una manera que no sea apropiada para la edad o el desarrollo de los estudiantes de acuerdo con las normas estatales”.

La Casa Blanca, los legisladores demócratas y las organizaciones a favor de los derechos LGBTQ+ han criticado que el texto no especifica qué se entiende por “apropiada para la edad” o el “desarrollo de los estudiantes” y que podrían interpretarse de manera tan subjetiva que cualquier grado de discusión sobre el tema podría desencadenar una demanda por parte de los padres por violar la futura ley. Este riesgo, plantean los contrarios al proyecto, podría derivar en que los educadores no aborden el tema en absoluto.

Una vez aprobada la normativa en el Senado estatal, el secretario de Educación de EE UU, Miguel Cardona, sostuvo en un comunicado que “los líderes en Florida están dando prioridad a proyectos de ley odiosos que perjudican a algunos de los estudiantes más necesitados”. “El Departamento de Educación ha dejado en claro que todas las escuelas que reciben fondos federales deben cumplir con la ley federal de derechos civiles, incluidas las protecciones del Título IX contra la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género”, agregó.

El texto “envía un mensaje terrible a nuestra juventud de que hay algo mal con las personas LGBTQ, que hay algo tan peligroso o inapropiado en nosotros que tenemos que prohibirnos y censurarnos en el salón de clases”, ha planteado el congresista demócrata Carlos G. Smith, quien es gay. La postura de los republicanos de Florida es que son los padres los que deben abordar estos temas con sus hijos, no los profesores.

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El Gobierno de Boris Johnson ha ampliado los criterios de acogida a los ciudadanos ucranios que huyen de la guerra en su país, pero su oferta sigue estando muy por detrás de la realizada por la UE, que ha permitido a todos los refugiados una estancia de hasta tres años sin necesidad de solicitar visado. La ministra británica del Interior, Priti Patel, ha anunciado este martes planes de reunificación familiar que, en teoría, podrían suponer la recepción de hasta 200.000 ucranios. Frente al esquema anunciado el pasado domingo, que solo contemplaba a los “familiares directos” (esposos o esposas, parejas de hecho con al menos dos años de convivencia, hijos menores de dieciocho años, o adultos que necesiten cuidados especiales), el Gobierno de Johnson ha acabado cediendo a parte de las críticas y ampliado el criterio, para incluir a padres, abuelos, hijos mayores de edad y hasta hermanos de los ciudadanos ucranios residentes en el Reino Unido.

Aun así, Patel se ha resistido a la petición de muchas organizaciones de ayuda al refugiado y hasta de diputados de su propio partido de eliminar completamente los trámites de visado y de solicitud de asilo. La ministra ha señalado el temor del Gobierno británico a que los “extremistas sobre el terreno” que hay en Ucrania acaben infiltrándose entre los refugiados, después del historial de violencia de algunos agentes rusos en territorio británico. “Sabemos muy bien todo lo que la Rusia de [Vladímir] Putin es capaz de hacer, incluso en nuestro propio terreno, como vimos con los atentados de Salisbury”, ha dicho Patel. En 2018, dos miembros de las fuerzas especiales rusas intentaron asesinar, con el agente nervioso Novichok, a Serguéi Skripal y a su hija Yulia. El exmilitar ruso y agente doble residía entonces en territorio británico. “No podemos suspender los controles de seguridad o biométricos de todos aquellos a los que damos la bienvenida a nuestro país”, ha advertido la ministra.

Downing Street permitirá a los ucranios que lleguen al Reino Unido por la vía de reagrupamiento familiar una estancia de hasta un año, en la que podrán acceder al mercado laboral y disfrutar de beneficios públicos y sociales. Además, el Gobierno agilizará una ruta de patrocinio para que organizaciones caritativas o empresas pueden solicitar visados para ciudadanos procedentes de Ucrania.

“Estamos viendo a la gente huir de su país, y debemos hacer lo que históricamente hemos hecho siempre, que no es otra cosa que darles todo el apoyo que necesiten. Lo que están pidiendo es una simple ruta hacia un santuario de refugio, y no creo que el Ministerio del Interior haya ido todo lo lejos que podía ir en este asunto”, ha protestado el líder del Partido Laborista, Keir Starmer. La oposición, sin embargo, no ha ido tan lejos como pedir una política de puertas completamente abiertas, consciente de las sensibilidades que ha desatado en el país durante los últimos años la cuestión de los refugiados.

Muy diferente de la actitud mostrada por cuatro decenas de diputados conservadores, que escribieron a finales de la semana pasada una carta al primer ministro en la que le pedían que siguiese el ejemplo de Bruselas: “No es simplemente una crisis migratoria. Es una crisis bélica. No deberíamos conformarnos con la respuesta habitual, necesitamos un apoyo urgente y sincero al pueblo de Ucrania. El Reino Unido no puede flaquear, y su mensaje debe ser muy claro: las víctimas de la guerra que buscan refugio son bienvenidas”, decía la carta. De hecho, según una encuesta exprés realizada por YouGov, dos terceras partes de los británicos respaldan sin ambages la puesta en marcha de un plan de acogida de refugiados ucranios.

“Como medida temporal, pedimos al Gobierno que permita viajar hasta aquí a los ciudadanos ucranios sin necesidad de solicitar un visado”, ha reclamado el director de Cruz Roja del Reino Unido, Mike Adamson. “No hay problema en seguir haciendo controles de seguridad a la gente que llega al país, pero la medida estaría mucho más en consonancia con la estrategia adoptada por la UE”. De hecho, el Gobierno francés ha reclamado a Londres que relaje sus normas de entrada para los ucranios que huyen de la guerra. Según el diario Le Parisien, que cita a un asesor presidencial de Emmanuel Macron, la resistencia británica está reteniendo a muchos refugiados en el norte de Francia. “Hemos señalado a las autoridades británicas las dificultades que están provocando tanto la falta de información como la naturaleza excesivamente restrictiva de su sistema [de visados]”, ha dicho el asesor.

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El conflicto ha causado ya cerca de un millón de desplazados internos, según ha estimado este martes la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), y al menos otras 660.000 han abandonado en pocos días el país. El Gobierno de Johnson ha anunciado, además de sus planes de acogida de refugiados, que destinará más de 260 millones de euros a ayuda humanitaria y de emergencia para Ucrania.

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