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A inicios de la semana pasada, la justicia de Nicaragua, controlada por el presidente Daniel Ortega, condenó a ocho años de prisión a la opositora Cristiana Chamorro, tras desarrollar un juicio plagado de irregularidades. A la que fuera candidata presidencial se le achacó el cargo de “lavado de dinero”. Dos días más tarde, el embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Arturo McFields Yescas, denunció las arbitrariedades de lo que considera la “dictadura” de Ortega y ha abogado por la liberación de los más de 170 presos políticos del régimen. El periodista de EL PAÍS experto en Nicaragua, Carlos Salinas Maldonado, disecciona los puntos clave de la crisis nicaragüense.

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La creciente represión de toda voz disidente por parte de los regímenes de países como China, Rusia, Nicaragua, El Salvador o Bielorrusia; el giro autoritario en democracias “antes consolidadas” como Brasil, Hungría y Turquía, y las transferencias de poder “no democráticas” en países como Túnez, marcaron 2021, según el informe anual que Human Rigths Watch (HRW) difundió este jueves en la ciudad suiza de Ginebra. Sin embargo, este panorama esconde un “futuro más sombrío” para los autócratas de lo que parece, pues el anhelo popular de democracia sigue siendo “fuerte”, precisa en el prólogo del documento Kennet Roth, director ejecutivo de la organización de derechos humanos.

En el texto, de 764 páginas, se destaca esta “realidad compleja” y la esperanza que alumbra la resistencia de muchos pueblos a la violación de sus derechos humanos, políticos y sociales. El informe recalca cómo los ciudadanos de países como Cuba, Myanmar y Sudán se echaron a la calle el pasado año para protestar contra las autocracias y los golpes de Estado. “En un país tras otro, un gran número de personas ha salido recientemente a la calle, aun a riesgo de ser detenidas o fusiladas”, destaca Roth.

Si HRW alaba en su documento la respuesta de estos pueblos, la actuación de los líderes occidentales le parece mucho más censurable. El informe critica la respuesta de Occidente ante la represión de las dictaduras, que define como “débil”, y lamenta que los países que lideran el concierto mundial no hayan sido capaces de “hacer frente” tampoco a otros desafíos, entre los que cita desde la crisis climática, la pandemia de covid-19 y la falta de acceso a las vacunas de los países menos desarrollados, hasta la pobreza, la desigualdad y la injusticia racial.

A España, HRW le reprocha las devoluciones en caliente de migrantes y solicitantes de asilo, incluido de menores de edad a través de sus fronteras -en concreto, cita el caso de Ceuta-, las muertes de migrantes fundamentalmente en la ruta de las Canarias, la pobreza aumentada por la covid-19, así como la dificultad de ejercer derechos recogidos por la legislación española como el del aborto.

Entre las críticas a países y líderes occidentales del documento, destaca especialmente el juicio negativo al desempeño del presidente de Estados Unidos. La organización recalca que, pese a que Joe Biden asumió el cargo en enero de 2021 con la promesa de situar los derechos humanos en el centro de su política exterior, EE UU “ha seguido vendiendo armas a Egipto, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos e Israel a pesar de su persistente represión”, apuntó Roth, que reprueba también la actuación de dirigentes como el presidente francés Emmanuel Macron y la excanciller alemana Angela Merkel, que “han mostrado una debilidad similar en su defensa de la democracia”.

El informe prosigue relatando cómo en el segundo año de pandemia muchas dictaduras o autocracias siguieron utilizando la situación sanitaria “como pretexto” para amenazar, silenciar o detener a disidentes. Países como Egipto, India, Hungría, México, Nicaragua o Venezuela fueron ejemplos de esta práctica, de acuerdo con HRW, mientras que, en casos como los de Rusia o Cuba, se empleó la excusa de la covid-19 para “acabar con protestas contra el gobierno mientras se permitían otras a su favor”.

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Uno de los ejemplos de esta instrumentalización de la pandemia es -denuncia la ONG- el del Gobierno ultranacionalista húngaro de Viktor Orbán, que mantiene vigente el estado de emergencia desde 2020. Esta medida le permite gobernar por decreto en temas sanitarios e incluso suspender la aplicación de las leyes. La Administración de Orbán mantuvo además en 2021 sus ataques contra las instituciones democráticas, la prensa y la comunidad LTGBI, deja patente el documento.

El informe de la organización, que repasa la situación de los derechos humanos en más de un centenar de países del mundo, constata a su vez el jaque de China a los últimos reductos de libertad en Hong Kong y la imposición de una draconiana Ley de Seguridad Nacional que “acabó completamente con las libertades políticas y permitió solo a “patriotas” aliados de Pekín presentar candidaturas”, subraya en el prólogo Roth. HRW lamenta asimismo el silencio de Naciones Unidas y su negativa a condenar abiertamente a China por sus “crímenes contra la humanidad” contra la minoría musulmana uigur en la región de Xinjiang.

Otro régimen que, según el documento de HRW, es responsable de violaciones de derechos humanos especialmente graves es Venezuela. La ONG acusa al Gobierno de Nicolás Maduro y sus fuerzas de seguridad  “de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones por un corto periodo de tiempo, así como del encarcelamiento y torturas de opositores”.

HRW describe, por otra parte, el incremento de los abusos en sistemas electorales ya antes frágiles y destaca los que tuvieron lugar en Rusia, donde el líder opositor Alexei Navalni fue condenado a prisión después de sobrevivir a un intento de envenenamiento, o en Nicaragua, donde todos los candidatos rivales de Daniel Ortega fueron detenidos antes de las elecciones de noviembre.

“La defensa de los derechos humanos requiere no solo combatir la represión de las dictaduras sino también mejorar el liderazgo político en las democracias”, concluye el documento de HRW, una organización fundada en 1978 que asegura financiarse con donaciones privadas y de fundaciones y no aceptar fondos gubernamentales, “ni directa ni indirectamente”.

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Túnez está viviendo estos días escenas que creía ya superadas desde el fin de la dictadura, en 2011. El vicepresidente del partido islamista Ennahda y antiguo ministro de Justicia (2011-2013), Nordín Biri, de 63 años, fue detenido en la mañana del 31 de diciembre por agentes de paisano cuando salía de casa junto a su esposa. Los policías lo introdujeron a la fuerza en un vehículo sin presentar ninguna orden judicial, según denunciaron diversas ONG. Ese mismo día también fue arrestado Fati Baldi, miembro de la misma formación y antiguo funcionario del ministerio del Interior.

Said Benarbia, responsable de la ONG Comisión Internacional de Juristas (CIJ) para el Magreb, indicó a EL PAÍS que Túnez atraviesa su peor momento desde el inicio de la primavera árabe, hace 11 años. “Esto recuerda la época de las desapariciones forzadas, las detenciones secretas, los juicios injustos ante los tribunales militares, y el uso indebido de medidas de excepción y de lucha contra el terrorismo”, afirmó.

El presidente de Túnez Kais Saied, en octubre.
El presidente de Túnez Kais Saied, en octubre. ZOUBEIR SOUISSI (REUTERS)

El presidente del país, el jurista Kais Said, de 63 años, provocó una gran convulsión en el país el pasado 25 de julio cuando destituyó al primer ministro, Hichem Mechichi, y suspendió las actividades del Parlamento, órgano que seguirá clausurado durante los próximos 12 meses. Said prometió luchar contra la corrupción, derogar la Constitución de 2014 y devolver el poder al pueblo. Pero de momento es él quien se beneficia del mayor uso de poder que jamás obtuvo una persona en Túnez desde que el dictador Zine el Abidine Ben Alí huyó del país el 14 de enero de 2011. La Unión Europea, Estados Unidos, y varias ONG internacionales han alertado sobre la merma de libertades en el país.

El ministerio del Interior no ofreció ningún comunicado sobre las causas de la detención de los dos dirigentes de Ennahda hasta la tarde del viernes 31 de diciembre. En su mensaje aseguró que se había ordenado la detención de dos personas –de las que no se ofrecía sus nombres– “como medida preventiva”, ante la necesidad de “preservar la seguridad nacional”. Por su parte, la formación islamista calificó la acción de un “secuestro” que “marca la entrada del país en el túnel de la dictadura”.

Los familiares permanecieron 48 horas sin saber dónde se encontraba Biri. Al cabo de dos días fueron informados de que el dirigente había sufrido un problema de salud durante su detención y fue trasladado a un hospital de la localidad de Bizerte, a 60 kilómetros al norte de la capital. Finalmente, el pasado lunes 3 de enero, el ministro del Interior, Tufik Charfedín, aludió en una conferencia de prensa a la posible causa de la detención, sin mencionar los nombres de los dos detenidos. El ministro evocó de forma vaga un caso de “sospecha de terrorismo” que se remonta a 2013 y afecta a un asunto de pasaportes en la embajada de Viena en Túnez. Todo parecía demasiado nebuloso.

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Nordí Biri, que padece diabetes y problemas de tensión, se negó en principio a aceptar alimentos y medicinas en el hospital. El presidente Kais Said le acusó de intentar convertirse en una víctima. Biri, finalmente, aceptó ingerir alimentos y se encuentra en estado estable. Pero continúa bajo control de la policía.

Liberación o inculparles con pruebas

Eric Goldstein, director de Human Rights Watch en África y Oriente Próximo, asegura que las autoridades deberían liberar a los dos dirigentes de manera inmediata o inculparles si tienen pruebas de que cometieron algún delito. “Es tan simple como eso”, señaló en un comunicado.

Mientras tanto, el pasado miércoles, la justicia tunecina convocó a 19 dirigentes opositores para el próximo 19 de enero. Se les acusa de cometer irregularidades electorales. Entro ellos se encuentran los principales líderes de la oposición y el expresidente Moncef Marzuki (2011-2014), quien ya ha sido condenado en ausencia el pasado 22 de diciembre por un tribunal de Túnez que le acusa de atentar contra la seguridad del Estado desde el extranjero.

Marzuki, que se encuentra en París, es uno de los personajes que con mayor claridad ha criticado a Kais Said. Marzuki declaró en varias ocasiones que votó por Kais Said en las presidenciales de 2019, pero tras el pasado 25 de julio, cuando Said asumió poderes extraordinarios y comenzó a gobernar por decreto, lo tachó de “golpista” y de “dictador”.

La condena a cuatro años de cárcel de Marzuki despertó críticas en Túnez. Una de las más leídas fue la del periodista y ensayista Mehdi Kattou, quien escribió para sus más de 43.000 seguidores de Facebook que era “una vergüenza” condenar “por sus opiniones” a un expresidente del que él mismo –Kattou– ha sido uno de sus más feroces críticos.

Kattou se muestra muy crítico con el partido islamista Ennahda, que ha gobernado durante gran parte de la última década en Túnez y también con el presidente Said. “La situación es compleja”, asume. “La mediocridad que ha existido durante 10 años en toda la clase política y la parodia de la democracia que ha habido en esta década está empujando a los ciudadanos a hacer concesiones que corren el riesgo de ser irreversibles”. En cuanto a Said, el periodista concluye: “Toda persona que dispone de tales poderes sin contrapeso ninguno cae siempre en el autoritarismo”.

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Mientras los muertos se apilan en las morgues de Kazajistán, el presidente Kasim-Yomart Tokáyev ha decidido este jueves poner en marcha una “operación antiterrorista” contra los manifestantes. Las protestas, que comenzaron a principios de 2021 debido al aumento del precio del gas para los automóviles, se han convertido, a medida que han ido creciendo, en un grito opositor contra Tokáyev y el autoproclamado “padre de la patria”, Nursultán Nazarbáyev. Los choques se han cobrado “decenas de vidas”, según las autoridades, y los servicios médicos cifran en más de 1.000 los heridos, unos 400 de ellos hospitalizados. Ante tal situación, Rusia y otros aliados han anunciado el envío de tropas para apoyar al Gobierno.

Varios aviones de tropas rusas despegaron este jueves rumbo a Kazajistán. Los miembros de la Organización del Tratado de la Seguridad Colectiva (CSTO) acordaron la pasada noche el despliegue de una “misión de paz”. Se trata de la primera vez que la alianza liderada por Rusia, y que incluye a Bielorrusia, Armenia y otros países de Asia Central, adopta una medida como esta desde su fundación en 1992. Según el Comité de Seguridad de la Duma Estatal, la acción durará un mes.

“Ante la petición del presidente de la República de Kazajistán, y en vista de la amenaza a su seguridad nacional y su soberanía, causada entre otras cosas por injerencias externas, el colectivo CSTO, en conformidad con el artículo 4, decidió enviar fuerzas de mantenimiento de la paz”, reveló el primer ministro armenio, Nikol Pashinián, en un comunicado publicado en Facebook. Este artículo contempla la intervención del resto de aliados “en caso de una agresión” que “amenace la integridad territorial y la soberanía del país miembro”. El escrito de Pashinián recibió numerosas críticas, porque precisamente su país fue derrotado por Azerbaiyán en la guerra de Nagorno Karabaj de 2020, donde perdió parte de ese territorio y no recibió el apoyo del CSTO.

Las protestas retomaron con fuerza el domingo tras una reforma que había puesto fin a los subsidios que abarataban el gas licuado del petróleo (GLP) para automóviles. Este tipo de vehículos es muy popular en algunas regiones, donde tres de cada cuatro emplean este tipo de combustible. Por lo que las manifestaciones se extendieron por todo el país y comenzaron los choques con las fuerzas de seguridad. Ante unas fuerzas de seguridad nacionales desbordadas por los altercados, el Gobierno ha dado marcha atrás y ha pospuesto un año la transición al nuevo sistema de precios, al mismo tiempo que ha fijado un límite al precio del combustible en las ventas minoristas durante 180 días. Según sus cálculos, el litro de gas valdrá 15 céntimos de euro, una solución intermedia entre los 10 que costaba antes y los 20 a los que se disparó tras el Año Nuevo.

La crisis provocó que este miércoles Tokáyev aceptara la renuncia en bloque del Gabinete del primer ministro y asumiese el control del Consejo de Seguridad, que había encabezado Nazarbáyev desde 2019 al dejar la presidencia después de tres décadas al frente del país. Aquel año le sucedió Tokáyev, al proclamarse vencedor de unas elecciones que la Organización para la Cooperación y la Seguridad en Europa (OSCE) consideró fraudulentas por el veto a candidatos independientes.

El Gobierno de Tokáyev ha impuesto un toque de queda y el estado de emergencia en todo el país, de donde llegan imágenes a cuentagotas debido al corte de Internet y de las conexiones telefónicas. “No logro hablar con mis familiares, no les llegan ni los mensajes ni las llamadas”, cuenta una joven kazaja, que prefiere no dar su nombre y apellidos, residente en España y cuyos padres viven en Aktobé, al oeste de Kazajistán. “Creo que al final va a pasar como en Bielorrusia”, lamenta al recordar que las protestas pacíficas de aquel país por las elecciones presidenciales de 2020 fueron sofocadas violentamente por el régimen de Alexandr Lukashenko.

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En Kazajistán, algunos edificios públicos han sido tomados, como el Ayuntamiento de Almaty (sur), y en otros se han provocado incendios. Además, las imágenes muestran el caos que vive el país: desde agentes de seguridad arrodillados que piden perdón a los manifestantes, a enfrentamientos directos entre ellos y columnas de militares disparando contra la población.

Según la televisión estatal kazaja, solo en Almaty han fallecido 12 agentes. La noche del miércoles Tokáyev informó de enfrentamientos a tiros en el aeropuerto de esta ciudad, el centro económico del país, entre unidades de paracaidistas y manifestantes. Además, los aeropuertos de Aktau (oeste) y Aktobé han sido cerrados, mientras que aerolíneas como la nacional Air Astana han informado de la suspensión de sus vuelos temporalmente “por la ausencia de conexión a Internet”.

Mientras, las Embajadas de diversos países recomiendan a sus ciudadanos permanecer en casa. “Recomendamos encarecidamente a los ciudadanos rusos que guarden las medidas de seguridad al máximo y se refugien en hoteles o casas con alimentos y agua”, advirtió el Ministerio ruso de Exteriores en un comunicado.

La intervención de la CSTO para frenar a los manifestantes podría, además, alimentar las tensiones étnicas en el país. El jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, acusó al presidente turco Tayyip Erdogan hace apenas dos meses de fomentar una campaña antirrusa en el país con medidas como que la lengua eslava deje de ser oficial pese a que una gran proporción de población la habla.

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