La Pontificia Universidad Javeriana Cali abre sus puertas al diplomado Incidencia política y transformación territorial para la construcción de paz, una apuesta del Instituto de Estudios Interculturales – IEI – y la Corporación para Estudios Interdisciplinarios y asistencia Técnica – CETEC – estrategia financiada por la Unión Europea – que tiene como propósito contribuir con la construcción, desarrollo y socialización de propuestas de incidencia en desarrollo territorial, por parte de las organizaciones y comunidades participantes.
Este diplomado, del que participarán al menos 70 líderes y lideresas del norte del Cauca, en representación de las organizaciones sociales a las que pertenecen, entre ellas: consejos comunitarios, comunidades étnicas (afrocolombianas e indígenas), campesinas, juveniles y de mujeres, tendrá una duración de nueve meses y trabajará cinco bloques temáticos: 1. Incidencia y la participación política, 2. Desarrollo territorial, 3. Conflictos, diálogo social y construcción de paz, 4. Construcción de propuestas, y 5. Replica. Este último, tiene como meta que los contenidos trabajados en el marco del diplomado, sean replicados tanto en los territorios como en las organizaciones sociales.
Según Onofre Díaz Carabalí, integrante del Consejo Comunitario Río Cauca, la importancia del diplomado recae en la posibilidad de“socializar en nuestras comunidades lo aprendido; charlar con los jóvenes, con las mujeres y con los adultos mayores para ir avanzando en el conocimiento de cara a un proceso de paz que parece que no se siente en los territorios. Como persona que recibe los talleres, también es importante brindar esa disponibilidad de tiempo para aprender sobre la participación, no solo en el ámbito político, si no en el social y cultural”.
Así mismo, Amalfi Eugenia Anacona, de la Mesa Interpartidista de Mujeres del Cauca, mantiene que:“cuando hablamos de transformación social y construcción de paz, ambas cosas van ligadas y son el sendero para lograr que se minimicen las brechas sociales y la exclusión de los escenarios en los cuales incidimos. Por otro lado, la formación nos permite poder conocer e involucrarnos con legitimidad en las situaciones a las que estamos expuestas tanto dentro como fuera de la organización a la que pertenezcamos”.
Finalmente, Edilberto Vergara, investigador del IEI, enfatiza en la relevancia del diplomado en el fortalecimiento organizativo para los sectores rurales de Buenos Aires, Santander de Quilichao, Toribio, Caldono y Caloto, “desde el trabajo colaborativo y la cooperación internacional podemos avanzar en esa búsqueda de construcción de paz. Ello sumado a los esfuerzos de la instituciones locales, nos permite avanzar en esa meta desde las visiones y las necesidades comunitarias”.
Dando cumplimiento a las directrices nacionales, la Gobernación del Valle a través de la Secretaría de Salud cuenta con la logística para iniciar la aplicación de la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 a niños, niñas y adolescentes entre los 12 y los 17 años.
“Ya tenemos la autorización para empezar con el refuerzo para niños entre 12 y 17 años con el biológico de Pfizer que es el único que se puede usar para vacunar a este grupo poblacional. Es muy importante ponerse este refuerzo porque ya la segunda dosis viene perdiendo capacidad de respuesta y necesitamos a nuestros niños con su sistema inmune capaz de responder al COVID-19”, precisó María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle.
La funcionaria indicó que los menores que se encuentren en este rango de edad, al igual que el resto de la población podrán aplicarse la tercera dosis de refuerzo una vez cumplan cuatro meses de haber recibido su segunda dosis. “Recordar que cada persona se vacuna para evitar la enfermedad en sí mismo, pero también por contribuir para que se logre alcanzar la inmunidad del rebaño y acabemos con la pandemia”.
Actualmente el Valle del Cauca cuenta con disponibilidad suficiente de dosis para aplicar el refuerzo a toda la población y dosis de Pfizer para vacunar a los menores.
Desde la izquierda, los presidentes de Francia, Emmanuel Macron, la de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el del Consejo Europeo, Charles Michel.Chema Moya (EFE)
Ante la invasión de Ucrania por Rusia, Europa ha tomado conciencia de sus propias debilidades. Y hay dos que destacan: la defensiva y la energética. “Aumentar sustancialmente los gastos de defensa”. Esta frase, con toda claridad, se lee en el primer punto de la declaración final que preparan los líderes de la UE en la cumbre informal celebrada este jueves y viernes en Versalles, cerca de París. El siguiente punto de la declaración tampoco deja lugar a dudas: la UE necesita “reducir la dependencia del gas, del petróleo y del carbón ruso”. En definitiva, se trata de lograr la seguridad europea por la vía de las armas y por la de la autonomía energética, sin perder de vista el aprovisionamiento de alimentos.
“Me gustaría más invertir el dinero de los contribuyentes en escuelas o pensiones, pero debemos gastar en defensa”, ha resumido la primera ministra sueca, Magdalena Anderson, a su llegada a la cumbre. De fondo sonaba la música militar, mientras el presidente francés, Emmanuel Macron, ejercía de anfitrión y recibía a los jefes de Estado y de Gobierno en el palacio de Versalles. Hace poco más de cinco años, unas semanas después de ser elegido presidente de Francia, Macron agasajaba al presidente ruso, Vladímir Putin, en este escenario histórico, edificado por el Rey Sol, Luis XIV, donde se firmó el final de la Primera Guerra Mundial en 1919. Todo ha cambiado desde entonces.
Europa se plantea en Versalles un giro insólito, forzado, como sucede con todos los avances europeos por crisis externas. Desde el final de la Guerra Fría, según explicaba esta semana el alto representante de la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, los países europeos han reducido su gasto en defensa del 4% del producto interior bruto al 1,5%. Buena parte de Europa, protegida por el paraguas de EE UU, se creía a salvo de las tragedias del siglo XX y el gasto militar no era prioritario. En la era de la globalización, la interdependencia comercial o energética era la norma y la autosuficiencia un concepto que parecía obsoleto. Las crisis de la última década —la financiera de 2008 y la pandémica de 2020— sacudieron estas certezas. La “guerra de Putin”, como definen los líderes europeos a la invasión dura de Ucrania, las ha acabado de enterrar. Nadie sabe cuáles son las intenciones finales del autócrata ruso, pero Europa ha despertado.
Putin atacó a Ucrania el 24 de febrero y, unos días después, Alemania —potencia económica, pero reticente por motivos históricos a afirmarse como potencia política y militar— dio un giro a su política de defensa. El canciller Olaf Scholz anunció que su país invertiría 100.000 millones en armas y elevaría el gasto al 2% del PIB. Fue el pistoletazo de salida. Dinamarca se sumó a este objetivo, el que reclama la OTAN a sus miembros. Y este mismo jueves ha sido el país que gobierna Anderson, la neutral Suecia.
“Aumentar sustancialmente el gasto en defensa, […] centrándose en las deficiencias estratégicas identificadas”. “Desarrollar más incentivos para estimular las inversiones compartidas de los Estados miembros en proyectos y adquisición conjunta de capacidades de defensa”. “Fortalecer y desarrollar nuestra industria de defensa”. “Fomentar las sinergias entre la investigación y la innovación civil, de defensa y espacial, e invertir en tecnologías e innovación críticas y emergentes para la seguridad y la defensa”. La cascada de frases del borrador en este sentido, con el lenguaje alambicado propio de estas citas, muestra a las claras la dirección que pretende tomar la UE.
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Después cada uno pone el acento en sus intereses o en sus tradiciones. El primer ministro holandés, Mark Rutte, uno de los grandes aliados de Estados Unidos, insiste en que este refuerzo debe hacerse en el marco de la OTAN. Macron cree que la guerra en Ucrania da la razón a su proyecto de impulsar una Europa de la defensa junto a la Alianza Atlántica, iniciativa que, hasta ahora, ha topado con las reticencias de Alemania. El presidente francés ha planteado que el nuevo gasto militar se financie, como el plan de recuperación tras la crisis de la covid, con deuda común, pero reconoce que es una reflexión inicial. Países como Alemania y Holanda han enfriado la iniciativa.
“Venimos a trabajar en dos direcciones: una para mantener la presión sobre Putin y parar la agresión a Ucrania; otra, fortalecer la resiliencia de la UE en energía y defensa”, proclamó Borrell el jueves a la entrada. En sus palabras, el jefe de la diplomacia europea subraya el otro punto fundamental, ya que el escenario bélico de Ucrania fuerza a la Unión Europea a replantearse su política energética. Ello implica cortar el cordón umbilical de muchos países del club comunitario con los hidrocarburos rusos: varios, principalmente los bálticos, importan el 100% de gas de Rusia; Alemania, un 55%.
Además, la guerra también ha disparado la cotización de las materias primas, algo que, como ha recordado el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se está trasladando a los precios de los alimentos. De ahí que el Consejo se fije “mejorar la seguridad alimentaria reduciendo las dependencias de la importación de productos agrícolas”.
Cooperación reforzada con Ucrania
El otro foco de atención en Versalles es la respuesta de los líderes a la solicitud de Ucrania —también de Moldavia y Georgia— para entrar en la UE. Desde que el presidente Volodímir Zelenski firmó su solicitud el 28 de febrero hasta que se ha dado el primer paso, pedir a la Comisión que emita una opinión, apenas han pasado días. Lo normal son meses.
En esta cumbre era el turno de los líderes de la UE, que han apretado el freno. “Hay un protocolo y unos tratados”, ha declarado a la salida el primer ministro croata, Andrej Plenkovic, que ha añadido que de este encuentro Ucrania no sale con el estatus de candidato. Esto supone que se ha impuesto la tesis de los países occidentales de la Unión Europea y socios más antiguos, como Holanda, Francia o España, que defendían que Ucrania siga los pasos habituales para la adhesión. “No existe un procedimiento rápido”, dijo Rutte. El francés Macron se expresó en la misma línea: “¿Podemos hoy abrir un procedimiento con un país en guerra? No lo creo. ¿Debemos cerrar la puerta y decir jamás? Sería injusto”. Países del este como Polonia y Eslovenia reclamaron acelerar los trámites.
“El Consejo ha actuado rápidamente y ha invitado a la Comisión a emitir una opinión sobre la solicitud de Ucrania. Pendiente de esto y sin retraso, fortaleceremos nuestros lazos y profundizaremos en nuestra asociación. Ucrania pertenece a nuestra familia europea”, apuntaba el borrador de la declaración que debatieron los líderes en la cena de este jueves. Esas palabras se parecen enormemente a las que a las tres de la madrugada del viernes pronunció el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel: “Pensamos que a través de la asociación con Ucrania podemos reconfortar y hemos trabajado sobre la idea de buscar una relación más estrecha, por ejemplo, invitando de forma regular al presidente Zelenski a reuniones cuando trabajamos en cosas concretas”.
Los Veintisiete se inclinan así por otorgar a Ucrania un estatus de “país asociado reforzado”, con vínculos estrechos en materia comercial e integración en la red energética, a la espera de que concluya el conflicto y comience una negociación, que, como explicó Rutte al salir de la cena, puede llevar “meses o años”, más bien esto último. De este encuentro también sale la decisión de duplicar los recursos que la UE destina a enviar armamento y material bélico a Kiev con otros 500 millones, es decir, el doble de lo anunciado en principio.
Como ocurre con la energía y con la defensa, el mapa de la UE también se transforma con esta guerra. “La guerra en Ucrania es un traumatismo inmenso”, dijo Macron, “es el retorno de lo trágico, un drama humano, político, humanitario y es, sin duda, un elemento que llevará a redefinir completamente la arquitectura de nuestra Europa”.
El presidente de EE UU, Joe Biden, observa su reloj durante la conferencia de prensa de este miércoles 19 de febrero.Oliver Contreras / POOL (EFE)
El Gobierno de Joe Biden ha redoblado sus esfuerzos esta semana para tratar de atajar la crisis del coronavirus. La Casa Blanca ha puesto en marcha el reparto de millones de pruebas de antígenos y mascarillas N95, que comenzarán a ser entregados gratis en todo el país a partir de la próxima semana. El ambicioso despliegue coincide con el primer año del mandatario al frente del país y se suma a una serie de medidas con las que el demócrata quiere revertir las críticas a la gestión de la pandemia. El coronavirus se ha cobrado la vida de casi 860.000 estadounidenses y el avance de la variante ómicron ha incrementado los ingresos hospitalarios en las últimas semanas. Hay 159.000 personas en hospitales actualmente, un nuevo récord.
Washington ha anunciado este miércoles que pondrá a disposición del público 400 millones de mascarillas N95, que comúnmente cuestan entre uno o dos dólares. Estas serán distribuidas a 19.000 farmacias de las cadenas CVS y Walgreens, además de centros de salud comunitarios, para que sean recogidas desde la próxima semana con un límite de tres máscaras por persona. El incremento de los casos ha traído también un agudo aumento en la demanda de este tipo de mascarillas, una de las más eficientes para frenar el ritmo de los contagios, de acuerdo al Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC).
Las autoridades han intentado trasladar la calma y esfumar temores por la falta de abasto en un país con 329 millones de habitantes. Hasta mediados de diciembre pasado, el país tenía en sus manos 747 millones de mascarillas, un número 59 veces superior a la reserva que se tenía antes de los tiempos pandémicos. La empresa 3M, el principal fabricante de este tipo de accesorios, ha dicho que tiene capacidad de hacer 2.000 millones cada año en sus plantas en Dakota del sur, Nebraska y en otras partes del mundo. Una portavoz ha asegurado recientemente que tanto los gobiernos federal como los locales “tienen en sus manos cientos de millones de máscaras” y que estas pueden ser reabastecidas cuando se necesite.
El Gobierno demócrata también habilitó recientemente un sitio web, covidtests.gov, para que millones de estadounidenses soliciten y reciban en sus casas una de las 500 millones de pruebas rápidas para detectar el virus. “Este histórico plan aumenta las acciones, significativas y agresivas, que ha tomado la Administración desde su inicio para expandir la capacidad de hacer pruebas”, explicó hace unos días un portavoz de la Casa Blanca.
Lograr ese número de pruebas disponibles requirió a la FDA, la oficina encargada de validar los alimentos y medicinas, aumentar el número de pruebas autorizadas para su uso en el país. También necesitó una inversión de 3.000 millones de dólares para fabricar 420 millones de pruebas. Estas, junto a las “decenas de millones” que tiene el Ejecutivo en su poder, forman parte de la reserva.
El programa, explicó la Casa Blanca, limita a cuatro el número de pruebas que puede recibir cada domicilio. “Estas llegarán entre 7 y 12 días después de haber sido ordenadas”, añadió, explicando que los paquetes serán timbrados como correo prioritario. Quienes deseen recibirlas solo deben ingresar en la página citada su nombre, dirección postal y correo electrónico. La iniciativa pretende quitar presión sobre los 20.000 sitios de pruebas gratuitas que hay en todo el país. Muchos se han visto saturados en las últimas semanas ante el incremento de los casos positivos.
Además, el Gobierno estadounidense exige desde mediados de enero a las aseguradoras cubrir el costo de hasta ocho pruebas mensuales compradas a domicilio por los usuarios que ya tienen síntomas o que no quieren esperar siete días para poder realizarse el primer raspado nasal.
“Ha sido demasiado para soportar”, ha dicho Biden este miércoles sobre el desgaste que la pandemia en los estadounidenses. En una conferencia de prensa que coincidió con su primer aniversario en la Casa Blanca, el mandatario ha dicho que su lucha contra el virus “es un trabajo incompleto”. Esto a pesar de que el propio Biden decretó la independencia del coronavirus el 4 de julio pasado.
“La situación mejorará”, ha prometido esta tarde el presidente. Estados Unidos registra casi 21.000 ingresos diarios a los hospitales, un incremento de casi 25% comparado con la semana pasada. La mayoría de los nuevos pacientes no están vacunados, pero el panorama puede complicarse gracias a la nueva variante, más contagiosa, quien ya es señalada como la culpable de que la nación reporte cada día en promedio más de 700.000 nuevos positivos. El doctor Anthony Fauci ha dicho este miércoles que es probable que este nuevo pico pase para mediados de febrero.
Biden, quien tiene una aprobación de 40%, considera que corregir el rumbo de la pandemia es vital para la batalla de los comicios de medio mandato de noviembre. Los republicanos usarán la crisis del coronavirus como uno de los argumentos para recuperar el control del Congreso. Los sondeos han arrojado que los votantes que hicieron triunfar a Biden frente a Trump —blancos, de los suburbios y con estudios universitarios— están entre los desencantados. Aún hay tiempo para la reconquista. Esta parece empezar con cientos de millones de mascarillas y pruebas.
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El expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, es escoltado a los juzgados en una imagen de 2016.Moises Castillo (AP)
La justicia de Guatemala inició un proceso contra el expresidente Otto Pérez Molina, acusado de haberse enriquecido durante su mandato gracias a la formación de una sofisticada red de contrabandos en las aduanas del país. El caso es conocido como La Línea y fue destapado por la ahora extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) en 2015. Junto al general retirado también es procesada la exvicepresidenta Roxana Badeltti. El proceso se lleva a cabo en un momento en que la justicia guatemalteca lucha por mantener su independencia.
Las investigaciones de la Cicig y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad iniciaron en mayo de 2014, tras recibir denuncias de que varios grupos de importadores eran privilegiados con trato especial por parte de funcionarios de las aduanas, que permitían ingresar los productos burlando al fisco. En este entramado participaban una treintena de altos personajes del Estado, incluyendo al capitán retirado Juan Carlos Monzón, quien era secretario privado de la vicepresidencia y directores de la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT. Como explicaron los investigadores en su momento, el caso fue denominado La Línea en referencia a un número de teléfono que era el contacto de los defraudadores con los funcionarios que participaban en el entramado.
El destape generó tal indignación entre la población, que desató la llamada Revolución de la Dignidad, con decenas de miles de guatemaltecos exigiendo la renuncia de los funcionarios corruptos. Presionado por las protestas, Pérez Molina dimitió el 3 de septiembre de 2015 y un día después un juez local ordenó presión preventiva en su contra. Roxana Baldetti fue capturada en agosto de 2014 en un hospital privado, donde se había refugiado argumentando problemas de salud. Este lunes, Baldetti volvió a argumentar problemas de salud al argumentar que padece síntomas de covid-19 y que su presencia en los juzgados era un riesgo para los trabajadores.
El juicio contra ambos políticos se celebra en el Tribunal de Mayor Riesgo B, donde Pérez Molina llegó arropado por una treintena de personas y afirmó que espera demostrar su inocencia, porque no existen pruebas en su contra, informa Efe. Ambos son procesados por enriquecimiento ilícito y otros cargos de corrupción.
El proceso contra los exmandatarios se da justo cuando han saltado las alarmas a nivel internacional por la persecución de fiscales que en Guatemala luchan contra la corrupción. Una persecución que ha hecho que varios de estos funcionarios tuvieran que exiliarse. Un informe de Human Rights Watch (HRW) alertó de que “autoridades están impidiendo la transparencia y amenazan la independencia judicial”. El organismo cita el caso de Juan Francisco Sandoval, quien fue fiscal anticorrupción de Guatemala, pero debido a sus investigaciones, la fiscal general, Consuelo Porras, lo destituyó del cargo. Sandoval tuvo que dejar Guatemala rumbo a El Salvador casi de manera clandestina el 23 de julio, en un coche diplomático, escoltado por el procurador de derechos humanos y el embajador de Suecia. El exfuncionario ahora vive en Washington, donde se ha refugiado junto a otros a cuatro juristas —jueces y fiscales— reconocidos a nivel internacional por su lucha anticorrupción, que tuvieron que huir de Guatemala por presiones y amenazas. En Washington buscan protección también la exfiscal general Thelma Aldana, la exmagistrada de la Corte de Apelaciones Claudia Escobar, el exfiscal de la FECI Andrei González y la magistrada electa de la Corte de Constitucionalidad (CC) Gloria Porras.
La persecución de estos juristas preocupa a Estados Unidos, que a finales de julio decidió congelar “temporalmente” la cooperación con el Ministerio Público de Guatemala. Washington ya había expresado su malestar ante la destitución de Sandoval, a quien las autoridades estadounidenses habían elogiado su papel en la lucha contra la corrupción. “En los últimos años, las investigaciones realizadas por la CICIG (que terminó su mandato en 2018) y el Ministerio Público, pusieron al descubierto tramas de corrupción en los tres poderes del Estado. Sin embargo, medidas adoptadas recientemente por el Congreso, el Ministerio Público y otras autoridades obstaculizan que haya rendición de cuentas y amenazan la independencia judicial”, alerta HRW.
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Este miércoles, mientras la OTAN y Rusia negociaban bajo una enorme presión la desescalada militar en el este de Europa, más de 10.000 soldados del país eslavo han comenzado unos nuevos ejercicios militares en las regiones próximas a Ucrania y Georgia, países a los que la Alianza prometió en 2008 una futura adhesión a la organización atlántica. El Ministerio de Defensa ruso ha informado del inicio de unas maniobras militares con fuego real de batallones motorizados y acorazados del Ejército de tierra y navíos de las flotas del mar Negro y del Caspio en el sur de Rusia y el Cáucaso, zonas colindantes con las dos antiguas repúblicas soviéticas a las que Moscú quiere vetar para siempre en la OTAN. También, en la península ucrania de Crimea, que Moscú se anexionó en 2014 con un referéndum considerado ilegal por la comunidad internacional.
Las maniobras iniciadas este miércoles tienen el objetivo, según el Ministerio de Defensa ruso, de mejorar la preparación de las unidades contra la artillería y los francotiradores enemigos. Los ensayos están llevándose a cabo en las regiones de Rostov (oeste) y Osetia del Norte (Cáucaso), desde las que Rusia lanzó respectivamente dos intervenciones militares: en Donetsk y Lugansk, en 2014 y 2015, y en Osetia del Sur para hacer frente al Ejército georgiano en 2008.
El trasiego de militares es constante. Según estimaciones de Estados Unidos, el Kremlin tiene desplegados más de 100.000 soldados alrededor de Ucrania. Las Fuerzas Armadas rusas anunciaron el pasado 25 de diciembre que unos 10.000 militares regresaban a sus bases tras un mes de entrenamiento. Sin embargo, el pasado martes, un día después de la cumbre bilateral de Ginebra (Suiza), Moscú anunció el envío de otros 3.000 soldados y 300 vehículos de combate a cuatro zonas próximas a Ucrania.
Un tanque ruso abría fuego, este miércoles en la región de Rostov.AP
Al mismo tiempo que los militares empezaban sus ensayos, el presidente ruso, Vladímir Putin, atendía otros frentes no menos importantes para el Kremlin: las pensiones y la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. En un encuentro con su Gabinete de ministros, el mandatario ha instado a fijar la revalorización de los subsidios a los jubilados por encima del aumento general de los precios, que la agencia de estadísticas Rosstat situó en el 8,39% en 2021. “Al 8,6%, con un pequeño margen porque aún no hay cifras finales sobra la inflación”, ha ordenado Putin, quien ha reconocido que este problema preocupa a millones de ciudadanos.
La inflación es una de las grandes debilidades del Gobierno ruso. El Banco Central de Rusia atribuye el brusco aumento de los precios a los problemas de suministro que afectan a todo el planeta, y a lo largo del pasado año se vio obligado a revisar hasta siete veces los tipos de cambio, que se elevaron del 4,25% al 8,5%.
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Este aumento de la inflación no se ha visto acompañado por un aumento a la par de ni los salarios ni de las pensiones: el Gobierno había fijado en un principio que los ingresos de los jubilados subieran un 5,9% a partir de Año Nuevo. Según dijo a la agencia RIA Novosti la vicepresidenta de la Comisión de Política Social de la Cámara alta rusa, Elena Bibikova, el aumento propuesto por Putin haría que la pensión media suba unos 1.400 rublos (16 euros) más al mes, puesto que la pensión media ronda actualmente los 16.000 rublos (188 euros). Nada más recibir las instrucciones del presidente, el Ministerio de Finanzas ha informado de que esta revalorización le costará al presupuesto estatal 549.700 millones de rublos (6.500 millones de euros) adicionales, una importante carga para un fondo de pensiones dotado este año con 3,7 billones de rublos de las arcas públicas
Otro frente para el Gobierno ruso es la crisis sanitaria provocada por la pandemia de coronavirus y la variante ómicron. “Vemos lo que está pasando en el mundo, tenemos al menos un par de semanas para prepararnos”, ha dicho Putin este miércoles al primer ministro, Mijaíl Mishustin, a quien ha instado a a aumentar el ritmo de vacunación, especialmente en las regiones periféricas. Putin también ha alabado la vacuna rusa Sputnik V. “Aparentemente está funcionando de forma efectiva, incluso más que otras vacunas que se usan en el mundo”, ha afirmado el mandatario.
Las autoridades han anunciado este miércoles la detección de 698 nuevos positivos por ómicron, una cifra que contrasta por ejemplo con los 17.946 nuevos casos de coronavirus. Las autoridades, que no dan una cifra de vacunados actualizada, situaron el porcentaje de población inmunizada en un 63,2%, que incluye tanto a ciudadanos que han recibido al menos una dosis como los que han estado infectados de covid anteriormente.
El presidente ha cerrado este miércoles su agenda con una visita a la Fiscalía General de Rusia por su 300º aniversario. Putin ha pedido a su personal que vigilen el cumplimiento de los derechos humanos en las cárceles. En otoño, la filtración al portal Gulagu de varios vídeos de torturas a presos llevó a la destitución de varios responsables de las prisiones rusas. Pese a comprobarse la autenticidad de sus denuncias, la web sigue estando prohibida.
