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La Policía del Valle del Cauca indicó que fueron hallados entre los municipios de Tuluá y Andalucía, en el centro del departamento, los cuerpos de dos menores, de 14 y 16 años de edad, quienes fueron asesinadas en horas de la tarde, el pasado martes 5 de abril.Según el reporte preliminar, el hecho de sangre se registró sobre las 4:00 p. m., en los alrededores de los corregimientos de Tochecito y Alta Flor.

“Estamos realizando las coordinaciones con el Ejército Nacional y la Fiscalía General, con el fin de realizar la inspección técnica a los cadáveres y la plena identidad de las víctimas”, señaló la Policía Valle.

Según versiones extraoficiales las víctimas del hecho son Yeraldin y Yurlein Monsalve Cárdenas, de 14 y 16 años de edad respectivamente, de quienes se afirma eran de la vereda Cocorná en cercanías al corregimiento de Ceilán. De acuerdo con medios locales, las dos menores habrían sido citadas al lugar donde fueron asesinadas. Los cuerpos fueron trasladados a la cabecera municipal. Por su parte, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses avanzará en el proceso para lograr la identificación de las víctimas.

Finalmente, el coronel Nelson Dabey Parrado Mora, comandante del Departamento de Policía del Valle del Cauca, destacó que “la Policía Nacional trabaja de la mano con el Ejército Nacional y La Fiscalía General de la Nación, con el único fin de establecer las causas de tiempo modo y lugar de este demencial acto criminal y capturar al responsable de este hecho”.

Los asesinos desplazaban en una motocicleta en el puente San Carlos y luego de darles muerte huyeron hacia la zona montañosa. A pesar de que por redes sociales se dieron a conocer las identidades de las menores, el comandante de la policía en el Valle del Cauca, coronel Nelson Dabey Parrado Mora, dijo que ese procedimiento estaba pendiente mientras se hacen las coordinaciones con el Batallón de Alta Montaña que hace presencia en esa región.


«Justicia por un hombre que quería lo mejor para nosotros los sanandresanos», piden por Hety, además se sienten agobiados por la violencia.

«Justicia por un hombre que quería lo mejor para nosotros los sanandresanos» por el caso de Hety, que además se sienten vulnerables, «no nos explicamos por qué hay tantas armas en la isla», ollas de microtráfico y otras bandas delincuenciales, «en una isla tan pequeña».

Noticias Caribe.

«Hety lo mataron desde el 13 y hoy es 16», la molestia en San Andrés porque el mismo gobernador dijo que quienes están tras el crimen del cantante, deportista y líder, «ya tienen nombre y apellido» y hasta este miércoles no hay capturas, «no podemos revelar todo lo que tenemos en este momeno», respondió la policía.

A los sanandresanos «nos angustia el tiempo», a Hety lo habrían matado por error, esa es la hipótesis

El General Luis Gómez Heredia, habló con la comunidad que protestaba en la Avenida Newball, les dijo que el tema de la recompensa no se ha tocado, porque «nosotros tenemos la información». Hasta ahora no hay capturas, «porque debemos hacer las cosas bien y no queremos que los capturemos y al rato los dejen en libertad».

Desde la noche del martes hay protestas en la isla. 

«Saquen esa gente que viene a hacer crimen», denuncian. «Hay muchas armas en las calles», dicen otros.

Una isla de 27 kilómetros cuadrados, «no entendemos cómo hay tantas armas en las calles», denunció el pastor Augusto.

El crimen 

La misma noche del domingo, cuando ocurrió el ataque con arma de fuego, dieron inicio «a todo un despliegue operativo».

Fabián ‘Hety’ Pérez Hooker, se había convertido en un referente de la música sanandresana y también, en una voz para pedir atención a la isla.

‘Hety’, hacía parte del dúo sanandresano Hety and Zambo, y era embajador raizal.

Se creía que por como se cometió el crimen, se habría tratado de un sicariato y el objetivo sería el artista que estaba en la puerta de su casa, en Loma Naranja pasadas las 10 p.m.,

Sin embargo, la policía reveló este lunes, que lo investigado hasta ahora permite establecer que el atentado no sería para el también deportista.

Presumen, que pudo ser confundido con otro hombre y por eso le dispararon.

«Un gran ser humano», un joven «con un gran corazón» son algunos de los mensajes de condolencias para su familia y amigos en la isla del caribe colombiano.



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Le ratificaron medida: Yhonier Leal seguirá en la cárcel por el asesinaro de su hermano y su madre

El confeso homicida del estilista Mauricio Leal y de su madre, podría pagar una pena de 27.6 años de prisión.

Noticias Valle

Tras cumplirse la audiencia en contra del confeso homicida Yhonier Leal, una juez de conocimiento confirmó la decisión de primera instancia para que continúe privado de la libertad en centro carcelario.

La decisión resaltó que el material probatorio y los soportes de los allanamientos realizados por la Fiscalía dan cuenta de que los derechos del detenido fueron respetados.

Recordaron que el doble crimen ocurrió el 22 de noviembre de 2021, en la residencia del estilista, en zona rural de La Calera (Cundinamarca).

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Una bancada de fiscales de la Delegada para la Seguridad Territorial le imputó los delitos homicidio agravado por el parentesco, por estado de indefensión, y sevicia en concurso sucesivo y homogéneo; y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

Ante los argumentos y elementos presentados por la Fiscalía, el procesado aceptó su responsabilidad en los hechos en una manifestación libre, espontánea y voluntaria.

Yhonier Leal, mediante preacuerdo, podría recibir una pena de 27.6 años de prisión y una multa de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, previa verificación y aprobación por parte de un juez de conocimiento.

La próxima audiencia está programada para el próximo 29 de marzo del presente año.





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Fueron segundos pero parecieron horas. Era la una de la tarde del último día de enero y el periodista Roberto Toledo había salido un momento a la tienda de la esquina a comprar un refresco y unos ‘choco roles’ [pastelitos de chocolate]. Ese corto paseo de la oficina al colmado formaba parte de la rutina diaria de este hombre de 54 años para matar el antojo de media mañana. Toledo trabajaba en un despacho de abogados en la ciudad de Zitácuaro (Estado de Michoacán), donde también se encuentra la sede de Monitor Michoacán, un portal de noticias locales. Al volver de la tienda, se encontró de bruces con dos hombres. Uno ataviado con una sudadera blanca y gris; el otro, tocado con una gorra negra. Los dos sujetos, casi adolescentes, querían saber quien era “el licenciado”. Don Rober —como le llamaban sus amigos— no tuvo inconveniente en identificarse y hablar con ellos. Lo que les respondió siempre será un misterio. Todavía con el refresco en la mano, Toledo no sabía que estaba a punto de ser asesinado. Los sicarios aprovecharon el momento en el que el reportero abrió la puerta del edificio para dispararle por la espalda.

EL PAÍS ha tenido acceso a las imágenes que muestran cómo fue el ataque y los instantes previos al asesinato del periodista. El video se encuentra en manos de la Fiscalía y ha sido verificado independientemente por este diario. En la grabación se ve cómo tres sicarios llegan en dos motocicletas a una calle aledaña a las oficinas. Dos de ellos, tapados con cubrebocas y la cabeza cubierta, bajan de la moto y se aproximan a la entrada en el instante en que Toledo regresa de la tienda. Dentro del patio los sicarios abren fuego contra Toledo. El de la sudadera blanca saca el arma del bolsillo. El otro, segundos después, se echa la mano a la cintura y desenfunda. Después de perpetrar el crimen, ambos se dan a la fuga pistola en mano. El cuerpo de Don Rober yacía en el suelo acribillado de ocho balazos. Nada pudieron hacer por él los servicios médicos que le trasladaron al hospital. Semanas después, los agujeros de bala en la puerta blindada de su despacho todavía recuerdan el día de la tragedia.

“Nuestra única defensa es una pluma”

Toledo es el cuarto periodista asesinado por grupos vinculados al narcotráfico en el último mes en México, uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Monitor Michoacán, el medio para el que trabajaba Toledo, había sido amenazado en varias ocasiones por su labor informativa. Esta vez, los sicarios cumplieron la amenaza.

Tras el asesinato, uno de ellos regresó de nuevo a la escena del crimen para arrojar dos cartulinas con un mensaje escrito, supuestamente atribuido a un grupo del crimen organizado, de acuerdo con la reconstrucción de las autoridades. El mensaje que apareció junto al cadáver alude a un posible ajuste de cuentas con los abogados por trabajar para un grupo antagónico.

Joel Vera, el director del despacho y subdirector del medio, desmiente esta versión categóricamente. “Quieren crear una cortina de humo del móvil real y dicen que era porque yo llevaba casos de narcotráfico, pero no es verdad, no cubro ese tipo de información”, aseguró en una entrevista con este diario hace dos semanas. Armando Linares, director del portal, señaló horas después del asesinato que las amenazas contra el medio comenzaron hace más de un año y se volvieron más virulentas días antes de la muerte del reportero. El equipo de Monitor Michoacán no tiene ninguna duda de que el ataque tiene que ver con la labor periodística que realizan. El temor era tal que contactaron a la Fiscalía General de la República para alertar del riesgo en el que se encontraban. “Nosotros no estamos armados, nuestra única defensa es una pluma”, afirmó el director.

Edificio donde fue asesinado Roberto Toledo. En el número 34 A de Andrés Landa y Piña, en Zitácuaro, se encuentra el despacho jurídico 'Vera Abogados' y la sede de 'Monitor Michoacán'
Edificio donde fue asesinado Roberto Toledo. En el número 34 A de Andrés Landa y Piña, en Zitácuaro, se encuentra el despacho jurídico ‘Vera Abogados’ y la sede de ‘Monitor Michoacán’Fotógrafo Especial (CUARTOSCURO)

Roberto Toledo era un periodista polifacético. Lo mismo cubría una manifestación que se encargaba del papeleo del despacho. Siempre llevaba el móvil en el bolsillo de la camisa, listo para hacer fotos o grabar un vídeo. Como sucede en el caso de tantos reporteros mexicanos, Don Rober tenía más de un trabajo para llegar a fin de mes. En total cobraba unos 5.000 pesos (unos 300 dólares).

La Fiscalía de Michoacán ha abierto una investigación para esclarecer el crimen siguiendo el protocolo de delitos en agravio de periodistas y se han incautado las motocicletas en las que supuestamente viajaban los asesinos. Por el momento, sigue sin haber detenidos. Artículo 19, una organización mexicana defensora de la libertad de expresión, señala que Toledo era “un trabajador que ejercía labores editoriales en Monitor Michoacán” y que las autoridades deben investigar su muerte como un ataque contra la libertad de expresión.

Dos semanas después del ataque en Michoacán, la lista de periodistas asesinados sigue creciendo imparable y ya van cinco. Heber López, locutor de Oaxaca, fue acribillado en su estudio de grabación, en Salina Cruz. 2022 comenzó teñido de rojo con el homicidio de Margarito Martínez, Lourdes Maldonado y José Luis Gamboa, en el mes de enero más violento contra el periodismo de la última década. Don Rober fue el cuarto de la lista.

Mientras tanto, el Gobierno mexicano sigue en la mira por su tensa relación con la prensa y la ausencia de una estrategia específica para acabar con el asesinato de periodistas. Por primera vez, un grupo de reporteros se ha negado a hacer preguntas en la conferencia matutina del presidente López Obrador, en repulsa de la violencia contra los comunicadores. El martes hubo protestas en el Senado y la Cámara de Diputados. Periodistas, fotógrafos y camarógrafos se manifestaron contra los ataques a la prensa. “¡Nos queremos vivos! ¡Libertad de prensa!”, gritaron en el recinto legislativo.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) ha contabilizado desde 1992 y hasta 2021 el asesinato de 138 informadores en México. Artículo 19 computa cifras todavía más altas: 145 periodistas han sido asesinados en México desde 2000.

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Nuevamente las voces de nuestros líderes comunitarios han sido silenciadas, esta vez, con el asesinato de Juan Carlos Jaramillo, líder social del corregimiento de Guabas, en el municipio de Guacarí, Valle del Cauca.

Según informo la organización Indepaz (Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz), el pasado 10 de febrero Juan Carlos fue atacado por hombres armados cuando se desplazaba en su motocicleta hacia las 09:00 de la noche, disparando en varias ocasiones, hecho que acabo con la vida del líder regional.

 

asesinato de Juan Carlos Jaramillo, líder social
asesinato de Juan Carlos Jaramillo, líder social del corregimiento de Guabas

Los habitantes del Municipio de Guacarí han rechazado totalmente el lamentable hecho, donde una vez más, la delincuencia logra acabar con la vida de un hombre y líder comunitario.  De igual manera el Alcalde de Guacarí, reprocho totalmente el atroz acto contra Juan Carlos Jaramillo, quien se desempeñaba en labores de vigilancia en la Alcaldía del Municipio.

Con el asesinato de este hombre, ya son 22 los líderes y defensores de derechos humanos asesinados en lo que va corrido del 2022, y desde la firma del Acuerdo de Paz han caído 1308 líderes, según Indepaz.


Pantallazo de Tweet

El pasado viernes 11 de febrero en el corregimiento de Mediacanoa, se encontró en su vivienda el cuerpo sin vida de una mujer de 30 años identificada como Maydi Yulieth López Barbosa, al parecer por asfixia mecánica.

Los vecinos del barrio Brisas del Boquerón se percataron que Maydi no atendía el llamado a la puerta e hicieron el respectivo llamado a las autoridades competentes, donde al ingreso a la vivienda se encontraron con lamentable escena.

Maidy Yulieth vivía con su pareja de nacionalidad venezolana en unión libre, informan los allegados. Su pareja fue el primer sospechoso, sin embargo, serán las autoridades respectivas las encargadas de determinar y encontrar al responsable. Pero es preciso anotar, que se dio la fuga una vez los vecinos hicieron presencia en el lugar.

Lamentablemente Maidy Yulieth López Barbosa se suma al segundo caso de feminicidio en el Valle del Cauca, donde semanas atrás, se registró el infortunio de la muerte de Kelly Johana Tamayo Bohórquez, asesinada con un objeto contundente en las inmediaciones del parque el Vergel de la ciudad de Buga.

como Maydi Yulieth López Barbosa, asesinada al parecer por asfixia mecánica
Maydi Yulieth López Barbosa, asesinada al parecer por asfixia mecánica.

Era como si se la hubiera tragado la tierra. Nadie sabía qué había pasado con Ana Agudelo, la joven ascensorista del edificio Fabricato, en pleno centro de Medellín, que un día desapareció sin dejar rastros.

Mientras unos decían que se había escapado con un novio, otros comentaban que estaba secuestrada. Pero no faltó quien pensó que detrás de esa extraña desaparición, el domingo 13 de octubre de 1968, había algo macabro.

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Todo era un misterio. No tenían pistas sobre el paradero de Anita, de 23 años, y cada rastro que se encontraba resultaba ser falso.

Pero unos días después un olor insoportable permitió conocer qué pasó con la joven. El edificio, el más importante de la Medellín de la época -luego sería opacado por el Coltejer-, comenzó a oler a muerto.

Y tras una intensa búsqueda del hedor -se llegó a pensar que era por una rata-, liderada un arquitecto que conocía el edificio, encontraron el origen. Se trataba de la cabeza de una mujer al interior de una bolsa plástica. Era la cabeza de Ana Agudelo.

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El último día de Ana Agudelo en Fabricato

La última vez que vieron con vida a la joven ascensorista fue la mañana del domingo 13 de octubre. Ese día salió de su casa, en el barrio Manrique, a las 8 a. m. junto a su hermana Norela rumbo al centro de la ciudad.

Ana debía recoger el uniforme del trabajo, pues el viernes lo había dejado allí porque salió con Omar, quien, según cuentan, era su novio.

Con su hermana, quien debía enviar una carta de su madre, llegaron al Centro y se dividieron. Norela fue a mandar el documento y Ana fue al edificio donde funcionaban las oficinas de una de las empresas de textiles más importantes de Antioquia y el país. Allí también trabajaban abogados, por ejemplo.

Abel Antonio Saldarriaga Posada

Abel Antonio Saldarriaga Posada, Posadita, durante una entrevista en 2010 a Centrópolis

Foto:

Captura de video del canal de YouTube de Vivir en El Poblado

Quedaron de encontrarse unos minutos después en la entrada de iglesia de La Candelaria, al frente del parque Berrío y a pocos metros de Fabricato. La idea era ir a verse con un amigo de ambas a tomarse unas fotografías.

Pero Ana nunca llegó. La hermana, desesperada, llamó a su madre desde una cabina telefónica, pues tal vez se había devuelto para la casa.

“La intuición de mamá la hizo pensar lo peor: “Vaya al edificio”, me dijo muy sobresaltada. “Mire a ver qué pasó” ”, dijo la mujer al periódico Vivir en El Poblado en una entrevista publicada en 2011.

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Entonces se dirigió al edificio, ubicado en la esquina de la carrera Junín con calle Boyacá. Estuvo tocando por unos minutos hasta que apareció Abel Antonio Saldarriaga Posada, conocido como Posadita, a quien le preguntó por su hermana.

Él, quien estaba sin camisa y arañado -explicó que se encontraba limpiando los ventiladores-, le dijo que Ana se había ido en un taxi, pero luego cambió su versión y aseguró que se había ido en un carro particular con un hombre.

“En ese momento no pensé en los rasguños. Yo qué me iba a imaginar que iba a pasar una cosa de esas. Además, a él no se le notaba nada porque siempre había sido una persona inexpresiva”, agregó Norela en su declaración al medio.

La relación de Posadita y Ana

Posadita era el todero del edificio de Fabricato. Era el vigilante, hacía aseo, arreglaba las cosas que se dañaban y hasta reemplazaba a la joven como ascensorista. Para aquél entonces tenía 36 años, estaba casado, era padre de tres hijos y esperaba uno más.

Cuenta la periodista Luz Ofelia Jaramillo en su libro El caso ‘Posadita’: un crimen contado dos veces, que Ana y Abel Antonio se conocieron en 1965, cuando ambos llegaron a trabajar a Fabricato y gracias a la cercanía de sus roles estaban gran parte del día en contacto y se hicieron “compañeros cercanos”.

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El hombre recién había llegado a Medellín tras abandonar su pueblo natal, Abejorral, en búsqueda de un mejor futuro en esa ciudad que comenzaba a expandirse gracias a la industrialización.

“De su vida en el campo conservaba algunas marcas. Sus manos eran gruesas y callosas, como las de los agricultores. Una calma sin altibajos le ponía el ritmo a sus gestos. Conservaba la pausa permanente de los campesinos y, a pesar de haber dejado el azadón y el machete, conservaba su cuchillo”, narró la periodista.

Imagen EL TIEMPO

Edición de EL TIEMPO del 26 de octubre de 1968, cuando se informó del crimen de Ana Agudelo. Este diario lo calificó como “Macabro”.

Ana era una muchacha formal, alegre y extrovertida. Ella, cuentan, lo trataba bien, pues era su compañero de trabajo. Pero Posadita, según la historia, poco a poco se fue enamorando.

La prensa, que cubrió el asesinato de Ana durante semanas -en Medellín no había un caso de esa magnitud desde el llamado crimen de la Aguacatala-, siempre sostuvo que Abel Antonio se enamoró de la joven.

Y eso fue confirmado por la familia Agudelo, aunque siempre dijeron que Ana lo trataba como un compañero más de trabajo.

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El hombre le hacía regalos ocasionales a la joven, de vez en cuando la llamaba y hasta tenía una foto suya escondida.

“Él tenía una fijación malsana por ella. Se obsesionó con ella”, aseguró el antropólogo Víctor E. Ortiz, experto en la historia de Medellín, durante un recorrido de ciudad.

Pero hubo un punto de quiebre en esa relación. Norela, en la misma entrevista con Vivir en El Poblado, señaló: “Posadita fue un domingo a la casa a limpiar las ventanas. De pronto Ana dijo: “¡Ay, cómo les parece que me caso!”. Lo dijo así, con el modo de ser de ella, hablantinosa, conversadora, alborotada. No era de muchas amigas o amigos, pero en la casa era muy alegre”.

Y agregó: “Pues con eso tuvo Posadita para ponerse furioso y no volver a hablar. De inmediato se le notó el cambio y salió y se fue. Eso se quedó así, no volvió a la casa a limpiar vidrios y la vida siguió normalmente”.

El hombre había ido a la vivienda, en la zona nororiental de Medellín, a petición de la madre de Ana, quien en una oportunidad lo conoció en el edificio.

Edificio Fabricato

Edificio Fabricato, en el centro de Medellín, donde ocurrió uno de los crímenes más macabros de la ciudad: el caso Posadita.

Foto:

Jaiver Nieto. EL TIEMPO

Y según Jaramillo en su libro, el comentario de la joven fue para hacerle dar rabia a Posada, a quien efectivamente se le notó el disgustó y solo atinó a decir: “Quien sabe qué ‘pateperro’ le piensan hacer”.

La búsqueda y la angustia de la familia Agudelo

Con avisos en la prensa, misas, insistentes interrogatorios a Posadita y hasta visitas a un brujo -quien dijo que la joven estaba en Bogotá- buscaron durante varios días a Anita. Sin embargo, no había rastros.

En varias oportunidades en la casa recibieron las llamadas de un supuesto secuestrador, quien incluso le puso citas a la madre, pero resultó ser una farsa.

A medida que crecía la angustia de la familia -la madre nunca creyó la versión del escape con un hombre- se fue haciendo más intenso el olor desagradable en distintos pisos del edificio de Fabricato.

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Pero fue solo hasta el 23 de octubre, 10 días después de la desaparición de Ana, cuando no se aguantaron más el hedor y decidieron erradicarlo.

Removieron los cielorrasos, buscaron por las cañerías e inspeccionaron cada rincón de las instalaciones, pero todo seguía igual.

Él tenía una fijación malsana por ella. Se obsesionó con ella

Así que al otro día, Jorge Posada Greiffestein, presidente de la compañía, quien estaba “molesto por el olor” porque el olor lo tenía “borracho” -escribió Jaramillo-, pidió intensificar la búsqueda.

Jaramillo narró en su libro que en ese momento en las oficinas corría el rumor de que no se trataba de una rata muerta ni algo relacionado con las cañerías. Ya decían que era el cuerpo sin vida de Ana.

“Se trataba de un secreto a gritos pues con la expansión del olor, el edificio se había convertido en un nido de conjeturas y especulaciones y se rumoreaba que en algún lugar había un cadáver”, narró la periodista.

Fue en el sótano, después de perforar el muro, donde encontraron la cabeza de Ana Agudelo metida en una bolsa plástica y amarrada con cabuya.

Si la desaparición de la ascensorista fue todo un acontecimiento, haberla encontrado muerta marcó la historia de la ciudad y más por cómo sucedió. Ese día las inmediaciones del edificio se llenaron de curiosos y era imposible transitar por el Centro.

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Ana no solo fue decapitada, el asesino la descuartizó en más de 100 pedazos e, incluso, algunas partes terminaron en el techo de la iglesia de La Candelaria, donde unos días atrás se había celebrado una misa pidiendo que la joven apareciera pronto.

Nunca encontraron los órganos genitales, por lo cual no se pudo establecer si hubo violación. Tampoco apareció el uniforme, que fue el motivo por el cual entró al edificio del que nunca salió.

El caso Posadita, una leyenda urbana

Este crimen marcó la historia de la ciudad y quienes habitaban la Medellín de la época aún recuerdan el ambiente que se vivió por aquellos días.

La multitud en el Fabricato cuando se conoció que había sido encontrado el cuerpo, las semanas enteras que las primeras páginas de los diarios locales dedicaron a contar los aterradores detalles del homicidio y las especulaciones que se escuchaban en cada esquina de la ciudad.

El caso, que también fue conocido como el crimen del sótano, se convirtió en una leyenda urbana, por así decirlo, y hoy, 53 años después, los medios de comunicación siguen -seguimos- dedicándole un espacio a esta historia.

En palabras de Ricardo Zuluaga Gil, miembro de número de la Academia Antioqueña de Historia, este tipo de crímenes podían ocurrir en las zonas de tolerancia y en el área rural, pero este en específico tiene unos ingredientes que no se habían visto antes: dónde fue y quién es la víctima.

Edificio Fabricato

Edificio Fabricato, en el centro de Medellín, donde ocurrió uno de los crímenes más macabros de la ciudad: el caso Posadita.

Foto:

Jaiver Nieto. EL TIEMPO

“Este ocurrió en un ícono de la antioqueñidad que fue el edificio Fabricato. El hecho de haber sido en ese edificio emblemático -el Coltejer no existía-, con un ambiente impoluto, un ambiente empresarial, a 20 metros de la iglesia de La Candelaria, lo hace relevante”, explicó Zuluaga.

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A eso se suma que Ana era una muchacha de familia, trabajadora. Esto hizo que fuera “algo mucho más reprochable por la sociedad de la época”.

Para Zuluaga, 50 años después seguimos hablando de estos hitos porque quedan en la memoria colectiva de la sociedad.

Además, “los antioqueños hemos sido muy aficionados a registrar mojones en la memoria colectiva que necesitamos mantener presentes”, anotó.

Posadita, condenado por el homicidio de Ana Agudelo

Todas las pruebas apuntaban a que Abel Antonio Saldarriaga Posada era el asesino. Él fue capturado el mismo día del hallazgo, el jueves 24 de octubre, por hombres del F2 y enviado a la cárcel La Ladera.

EL TIEMPO, en su edición del sábado 26 de octubre, publicó la noticia y tituló “Macabro crimen en Medellín”. Los corresponsales de este diario escribieron que la joven, quien “velaba” por el bienestar del hogar, fue “descuartizada” y “emparedada”, por lo que se atrevieron a usar el calificativo de macabro.

“Casi a las 4 de la madrugada un bombero golpeo ocasionalmente un muro del sótano y notó que el material de revoque estaba fresco. Los golpes, además, causaban un ruido sordo, como si dentro existiera un espacio vacío. El bombero asestó un golpe más recio, apelando a un martillo, e inmediatamente se abrió en el muro un gran boquete que dejó a la vista el cuerpo horriblemente descuartizado de la muchacha”, se lee en la nota publicada en la página 9 del diario y firmada por Marín, corresponsal.

Pasaron dos años y medio para que el caso concluyera, judicialmente hablando. Fueron dos años de investigaciones que terminaron con la condena de 20 años de prisión.

El testimonio de Norela, los rasguños, ser el único que estaba en el edificio ese día y su obsesión por la joven fueron claves en la decisión.

“Haced un esfuerzo, id allá a ese lugar del crimen y haced de cuenta cómo se desarrollan los hechos: una mujer que físicamente es inferior al hombre, y eso lo sabe todo el mundo, que no lleva armas, porque ella cuenta con que Posada es su enamorado y de pronto se encuentra con un hombre violento, con una persona llena de odios por sus amores frustrados, un hombre armado de que un momento a otro se va enardeciendo por cualquier pasión”, argumentó el fiscal del caso.

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Pero Posadita no aceptó ser el autor e, incluso, la prensa comenzó a especular que había “peces gordos” detrás del crimen, pero nunca se comprobó nada.

Una calma sin altibajos le ponía el ritmo a sus gestos. Conservaba la pausa permanente de los campesinos y, a pesar de haber dejado el azadón y el machete, conservada su cuchillo

El hombre estuvo preso hasta 1979, cuando obtuvo la libertad condicional y regresó a su casa, en el nororiente de la capital de Antioquia. Pasó cuatro años en La Ladera y siete en la antigua prisión de la isla Gorgona.

De Posadita es poco lo que se sabe actualmente. De hecho, solo hay registros de entrevistas que concedió tras recobrar la libertad. Una a la periodista Luz Ofelia Jaramillo, en 1988, y otra al periódico Centrópolis, en noviembre del 2010.

Cuando habló con este último medio, a sus 78 años, insistió en su inocencia y dijo que en “Colombia no hay justicia”.

“Conmigo se cometió una injusticia: no hay un testigo, ni una huella, no hay nada. ¿Cómo es que mandan a mi casa a unos sin vergüenzas a echarle sangre a la ropa mía estando los niños solos? Eso no tiene perdón de Dios”, aseveró.

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Ese día les dijo a los periodistas que no quería que nadie lo encontrara. Y hoy, 11 años después de esa entrevista, cuando debería tener 88 años, lo único cierto es que se volvió una leyenda urbana de Medellín.

MATEO GARCÍA 
Redactor de Nación 
En Twitter: @teomagar
matgar@eltiempo.com

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Macabro asesinato de la pequeña Sofía: su padrastro la abusó, mató y fingió que se lanzó de un edificio, en Venezuela

La madre de la niña salió del país, dejándola junto con otro hermano bajo el cuidado de su compañero sentimental. A la niña la lanzaron desde un piso 7.

Noticias Internacionales.

En la ciudad de Guarenas, Venezuela aún no salen del asombro por el escabroso y macabro caso de la pequeña Sofía Valentina Yanes, una niña de 12 años de edad que fue violada, golpeada y luego lanzada desde un séptimo piso por parte de su padrastro.

Lo sucedido con la pequeña ha dejado al descubierto la maldad de una de las personas que tenía bajo su cuidado a la menor.

Quienes lograron descubrir todo ese entramado delincuencial fue la Fiscalía 21 especializada en violencia de género contra niñas, niños y adolescentes del Ministerio Público (MP) de esa región del país vecino.

Ellos indicaron que eran falsas las afirmaciones que precisaban que la niña se habría lanzado por sus propios medios del piso siete de un edificio.

Lo que descubrieron

Las autoridades a través de varias investigaciones lograron descubrir que Sofía no se suicidó el pasado 24 de enero, como se había manifestado.

Al contrario, fue asesinada; sometida a los más horribles y dantescos vejámenes que pudieran ser imaginados.

La persona a la que llegaron como el responsable fue un hombre identificado como Carlos Gabriel Herrera M.

Padrastro de la menor y que la había abusado sexualmente en diferentes oportunidades durante 5 meses aproximadamente.

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Stefany Flores, la joven venezolana presuntamente abusada y violentada en Trinidad y Tobago

Situación que agudizó, empeoró y terminó en una tragedia peor a finales del mes pasado.

Cuando éste hombre la volvió a violar, golpear y terminó generando serias lesiones en sus partes íntimas con un objeto catalogado por las autoridades como: ‘Contundente’.

Después la tiró al vacío para que sus seres queridos y la Policía creyeran que era un suicidio.

Varios capturados

Por el caso las autoridades han realizado varias capturas, la de Carlos Gabriel de 30 años de edad, señalado como el feminicida y abusador sexual de la niña.

Así como a Angélica Romero de 34 años de edad y Lorena Isturiz de 51 años, amabas por omisión. La madre de Carlos también estaría implicada.

 Aprovechó que la madre de Sofía estaba fuera del país

Sobre la madre de la menor son muchas las hipótesis y comentarios que se han conocido sobre su conocimiento de lo que sucedía con su propia hija.

De ella se conoció que había salido de Venezuela y dejado a sus hijos bajo el cuidado del hombre.

 

 





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Jhefri estaba en la moto, dos sujetos lo abordaron, el parrillero se bajó, le dio un cachazo y luego le disparó. La gente vio, pero el joven murió en la vía mientras el ladrón tuvo que huir corriendo en Malambo.

Jhefri estaba en la moto, dos sujetos lo abordaron, el parrillero se bajó, le dio un cachazo y luego le disparó. La gente vio, pero el joven murió en la vía mientras el ladrón tuvo que huir corriendo.

Noticias Atlántico.

Un crimen ha conmocionado al Atlántico, ocurrió en la calle 7 con carrera 2 Sur del municipio de Malambo, dos ladrones llegaron a hurtarle una moto a Jhefri, y terminaron disparándole.

El joven estaba en la moto del novio de su sobrina, se la prestó para ir a hacer una diligencia.

En la vía lo abordaron dos delincuentes, también iban en moto; el parrillero se bajó apuntándole, en medio de una corta discusión, le dieron un cachazo y para bajarlo de la moto, uno de los ladrones lo empujó y le disparó.

Jhefri, quien trabajaba en la parte de mantenimiento en la constructora Marval, cayó al piso sin poder moverse.

El delincuente le disparó a Jhefri.

Mientras, el delincuente que le disparó se subió en la moto y trataba de prenderla. No pudo, así que la dejó tirada y salió corriendo con el arma en mano.

La joven víctima en el piso, trataba de levantarse a pedir ayuda, ante la mirada de la gente, que poco a poco fueron acercándose a ver que ocurría.

La gente se acercó, varios minutos pasaron para que lo trasladaran a un centro médico.

A Jhefri no lo levantaron para llevárselo a un centro médico de manera inmediata. Pasaron varios minutos para que lo trasladaran.

Lo ingresaron a la Clínica Campbell de Malambo y luego a la sede de Barranquilla, donde murió.

Capturado

Miguel Ángel C. R., que trascendió sería de Venezuela, fue puesto a disposición de la Fiscalía de Alertas Tempranas contra el Homicidio de la URI de Soledad, Atlántico.



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Peritos de la Fiscalía de Morelos trabajan en el sitio donde fue asesinado un hombre en Temixco, Morelos, el 17 de enero del 2022.
Peritos de la Fiscalía de Morelos trabajan en el sitio donde fue asesinado un hombre en Temixco, Morelos, el 17 de enero del 2022.Margarito Pérez/Cuartoscuro

El infierno se expande en Morelos y poco puede decirse que no se haya dicho ya. Eventos terribles se suceden en el Estado balneario, región preferida de los turistas de la capital. El asesinato de la abogada Ana Luisa Garduño hace unos días en Temixco, municipio pegado a Cuernavaca, confirma una deriva preocupante. El de Garduño, de 51 años, es el séptimo asesinato de un activista en la región desde la llegada al poder de Cuauhtémoc Blanco, en diciembre de 2018.

Hasta su asesinato, la mujer trataba de hacer justicia por el homicidio de su propia hija, casi diez años atrás. Garduño nunca quitó el dedo del renglón. Reclamó a la Fiscalía que investigara, estudió Derecho, se acercó a otras familiares de víctimas, evitó la habitual mancuerna de impunidad y olvido. Incluso creó una asociación para asesorar a personas que hubieran pasado por situaciones como la suya.

Ana Luisa Garduño sostiene una foto de su hija asesinada.
Ana Luisa Garduño sostiene una foto de su hija asesinada.RS

Lizbeth Cerón, compañera de activismo, recuerda que estuvieron juntas en búsquedas de personas desaparecidas en diferentes puntos del Estado, Cuautla, Cuernavaca… La hermana de Cerón, Jéssica, había desaparecido en agosto de 2012, meses antes de que asesinaran a la hija de Garduño. “Mi mamá y ella a diario se hablaban. De hecho Ana Luisa decía que mi mamá era su parejita. Había una amistad muy cercana”, evoca.

La falta de apoyo estos años por parte del Gobierno estatal agrava el caso de la defensora. Como ha explicado estos días Israel Hernández, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la oficina de atención a víctimas de Morelos había evitado pagarle la remuneración que le correspondía, pese al informe favorable del ombudsman, que atendió la denuncia de Garduño y de otras 70 víctimas en situación parecida.

Para Hernández, el asesinato de la abogada “genera un efecto censura, de no alzar la voz contra violaciones que se están dando en el Estado, en múltiples aspectos”. Hernández añade: “Fíjate que llevamos 3.000 asesinatos en lo que va de Administración, incluyendo feminicidios. En la Comisión todo el tiempo estamos monitoreando notas sobre este asunto para ver detenciones en flagrancia y no hay. Es bien importante esto, porque en el mejor de los casos se explica por omisiones y en el peor, por complicidad de las autoridades”.

En entrevista con EL PAÍS, el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, explica que la dependencia maneja tres líneas de investigación hasta el momento. “Primero, la posibilidad de que fuera un robo con violencia, un asalto. Estamos corroborando un dato de que ella quizá tenía una cantidad de efectivo importante y quizá alguien pudo haberlo visto. Aunque aún tenemos que corroborarlo. La segunda, es que esto venga de las personas que en 2012 privaron de la vida a su hija, para tratar de callarla. Y la tercera, que su feminicidio derive de su trabajo como activista”.

Una guerra fantasma

Las circunstancias del asesinato, los posibles motivos, distraen de lo relevante: la repetición constante e incontenible, la inoperancia gubernamental. Tragedia de todo un país, Morelos la encarna estos días como también Michoacán, Zacatecas, Baja California o Quintana Roo. La violencia arrecia y las explicaciones abundan, igual que las interpretaciones. ¿Fue un mero robo? ¿Una venganza por el caso de su hija? ¿Un castigo por su activismo? Lo único cierto es que fue, situación que no admite excusa alguna.

Como en el resto de regiones del país, en Morelos impera la impunidad. Asesinatos, ejecuciones, masacres, desapariciones… Cualquier delito queda habitualmente sin castigo. Las autoridades preventivas y procuradoras de justicia carecen de una visión a largo plazo, a veces por la enorme carga de trabajo que soportan, pero también por la falta de medios, desidia, peleas internas o pura negligencia. Lo anterior se mezcla en Morelos con una batalla política fantasmal, visible a ratos en forma de narcomantas o denuncias cruzadas entre el gobernador y funcionarios de la Administración anterior.

Personal del Servicio Médico Forense de Morelos resguarda  los cadáveres de dos jóvenes asesinados en el paraje conocido como Laguna Seca en Jiutepec, Morelos el 10 de diciembre del 2021.
Personal del Servicio Médico Forense de Morelos resguarda los cadáveres de dos jóvenes asesinados en el paraje conocido como Laguna Seca en Jiutepec, Morelos el 10 de diciembre del 2021. Margarito Pérez/Cuartoscuro

La última visión del espectro data de este mismo lunes. Fue junto a la casa de la diputada local Luz Dary Quevedo de Movimiento Ciudadano, en el municipio de Tetecala. El domicilio de la legisladora amaneció con el cadáver de un hombre en la puerta, acompañado de un mensaje escrito en una cartulina. “Aquí tienes tu regalo, Luz Dary. Por no respetar los acuerdos”. La diputada no ha declarado nada al respecto y en la Fiscalía esperaban su denuncia este mismo lunes.

Quevedo fue noticia a finales del año pasado, tras la detención de Esther Yadira Huitrón, alias La Jefa, presunta cabecilla del grupo criminal Guerreros Unidos en la región. La diputada aparecía en fotos con La Jefa, igual que otros legisladores y presidentes municipales del Estado, otra visión del espectro de la guerra en Morelos. Las fotos con La Jefa fueron solo un aperitivo. El plato fuerte llegó este enero, cuando medios regionales divulgaron otra imagen, esta del gobernador Blanco, con tres presuntos líderes criminales regionales.

Las explicaciones del exfutbolista, variantes de “no me fijo con quién me tomo fotos”, provocaron una cascada de mensajes cruzados en carteles colgados por todo el estado, las famosas narcomantas. Unas señalaban la cercanía del gobernador con el crimen organizado y sugerían algún tipo de implicación en el asesinato del activista Samir Flores, ejecutado a mediados de 2019. Otras apuntaban por el crimen de Flores al senador opositor Ángel García y su grupo de influencia local, del que participaría la diputada Quevedo, según varias personas conocedoras de la política local, con las que este diario ha mantenido varias conversaciones en el último mes.

Más asesinatos trufan la batalla, caso del alcalde del municipio de Xoxocotla, Benjamín López, hace dos semanas. Sicarios lo balearon en su casa y de momento no hay detenidos. Hay rumores, explicaciones, interpretaciones, pero nada que indique que la violencia alcanza un tope, el fin de la curva ascendente. En Xoxocotla, de hecho, la rabia ha dejado paso al miedo. Los compañeros del alcalde López se preguntan quién será el siguiente.

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Un tribunal militar de la República Democrática del Congo (RDC) condenó el sábado a pena de muerte -que no se aplica en el país y se traduciría de facto en cadena perpetua- a 49 personas por el asesinato de dos expertos de la ONU en 2017, confirma la organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW). Contra los acusados, pesaban cargos relacionados con pertenencia a un movimiento insurreccional, asociación delictiva, crimen de guerra por asesinato y por mutilación, malversación de objetos incautados, violación de órdenes y terrorismo.

El juicio por el crimen, que tuvo lugar en un tribunal militar de la ciudad de Kananga, empezó en 2017 y se vio obstaculizado en múltiples ocasiones por contradicciones y demoras. Los acusados eran un total de 54 -para la mayoría de los cuales la Fiscalía militar había solicitado la pena de muerte- si bien 22 huyeron y fueron juzgados en ausencia porque estaban fugados. Entre los reos, está el coronel Jean de Dieu Mambweni, condenado a 10 años de cárcel y trabajos forzosos tras ser declarado culpable de “violar las órdenes y de no ayudar a una persona en peligro”, según recogen medios locales. La corte señala que, en vez de disuadir a los expertos, el estadounidense Michael Sharp y la sueco-chilena Zaida Catalán, el coronel planeó el viaje a Moyo Musuila, en la región de Kasai (en el centro del país), en el que ambos acabaron desapareciendo sin informar a sus superiores.

El periodista Raphael Kamuzadi y el policía André Tshipamba han sido absueltos por falta de pruebas tras haber pasado cuatro años en prisión. El primero había sido acusado de haber suministrado machetes a los milicianos y el segundo, de aparecer en una fotografía con un líder miliciano que participó en la muerte de los dos expertos de la ONU. Otros dos imputados, considerados menores de edad cuando se cometieron los hechos, han sido remitidos a un juzgado de menores.

Los cuerpos sin vida de Sharp y Catalán fueron hallados el 27 de marzo de 2017, dos semanas después de que se perdiera su rastro junto al de otros cuatro trabajadores congoleños mientras investigaban violaciones de derechos humanos en esta provincia. Ambos expertos eran miembros del grupo creado por la ONU para vigilar las sanciones impuestas sobre el país por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

En un principio, el Gobierno congoleño culpó del crimen a la milicia Kamuina Nsapu, que en 2016 se alzó contra las autoridades en Kasái Central para vengar la muerte de su caudillo a manos del Ejército. Sus enfrentamientos contra las fuerzas del orden causaron cientos de muertos y cerca de medio millón de desplazados. Una investigación de la ONU en 2017 concluyó que los dos expertos pudieron ser víctimas de una emboscada al azar de una milicia, pero no descartaron una posible implicación de las autoridades.

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“La investigación y, en última instancia, este juicio no han logrado sacar a la luz toda la verdad sobre lo sucedido”, lamenta a través de Twitter Thomas Fessy, investigador para la RDC de la organización. “Las autoridades congoleñas, con el apoyo de la ONU, deberían ahora investigar el papel fundamental que los altos funcionarios pueden haber jugado en los asesinatos”, añade Fessy, mientras la embajada sueca en la RDC hace un llamamiento a que continúe la investigación “para avanzar más en el descubrimiento de la verdad y hacer justicia”.

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La periodista Sonia de Anda habla de los asesinatos del fotógrafo Margarito Martinez y la reportera Lourdes Maldonado, este lunes en Tijuana.
La periodista Sonia de Anda habla de los asesinatos del fotógrafo Margarito Martinez y la reportera Lourdes Maldonado, este lunes en Tijuana.Joebeth Terriquez (EFE)

Como si se tratara de un país en guerra. Así cuenta México los periodistas asesinados, nueve el año pasado y otros tres cuando apenas comienza a andar 2022. La insoportable cadencia de reporteros muertos llama de nuevo a la lucha en la calle y este martes, una concentración a las ocho de la tarde frente a la Secretaría de Gobernación, y otras en diferentes Estados, recordarán al Gobierno que la libertad informativa está gravemente amenazada en este país. José Luis Gamboa fue apuñalado el 10 de enero en Veracruz; Margarito Martínez cayó abatido a balazos siete días después en Tijuana; este domingo, también en Tijuana y también a tiros, fue asesinada Lourdes Maldonado, que tuvo ocasión de contar al presidente del Gobierno en una de las mañaneras que temía por su vida. Silenciados o asesinados, así es la vida de muchos periodistas en México, siempre con el mismo patrón: suelen ser profesionales cuyas informaciones resultan incómodas al poder o al crimen organizado, que en ocasiones entremezclan sus intereses. Por si fuera poco, los últimos tres años de mandato de Andrés Manuel López Obrador, las relaciones con los medios de comunicación han sido tensas.

Las concentraciones de este martes “son un llamado urgente a las instituciones y a la sociedad para que voltee los ojos a estos asesinatos, a esta realidad que se sucede desde 2000 en los Estados de la República, porque suelen ser los periodistas locales los que se enfrentan a sus verdugos: el propio Estado, poderosos empresarios, el narco. Por cualquier cosa te matan últimamente. Y no pasa nada, como si la vida de un periodista no valiera absolutamente nada”, dice el fotoperiodista Félix Márquez, desde Veracruz, uno de los territorios más salvajes en esta materia. Márquez se congratula de que 23 Estados y 35 ciudades se hayan sumado a la protesta. “Creo que esto denota el hartazgo que hay ya sobre este asunto”.

Ciudad de México ha sido tradicionalmente un refugio para los reporteros amenazados. “Quizá porque es donde están los poderes y porque todo tiene más repercusión, de tal forma que el coste político es mayor y hay más respeto por los periodistas”, dice Alejandro Meléndez, de Fotorreporteros MX, un colectivo de fotógrafos unidos en esta causa. Pero todo cambió cuando mataron a Rubén Espinosa en la ciudad, en la colonia Narvarte, junto a otras personas que vivían o trabajaban en su edificio. Fue en 2015 y hubo una marcha de protesta que no se repetía hasta ahora, aunque ha habido movilizaciones puntuales en los Estados. A pesar de todo, la capital sigue siendo un territorio pacífico comparado con lo que se vive en Veracruz, por ejemplo, o en Estados del norte. “En Tamaulipas hay zonas de silencio, donde no se informa o solo se informa ya de cultura, espectáculos, alguna nota social. Los medios ya no reportan balaceras, ni cadáveres, ni siquiera en las redes sociales, el silencio es total”, dice Meléndez. Hay miedo, un temor que vienen avalado por las estadísticas. Cientos de agresiones y al final, las balas.

Que la profesión periodística sea una de las más amenazadas no es casualidad. Ellos representan la libertad de expresión y lo que cuentan no interesa a muchos que sea contado. “Solo hay que fijarse en el modo de operar, casi siempre hay políticos detrás de estas muertes, y las últimas informaciones de estos reporteros eran incómodas, desvelaban datos o formas de actuar que no quieren que se cuenten”, afirma Mélendez. A todo ello hay que sumar una impunidad que es común al 95% de los crímenes en México. Nunca pasa nada. “En el caso de Rubén Espinosa hemos visto como iban quitando a los funcionarios en la Fiscalía cuando avanzaba la investigación para dilatar el proceso, empezar desde cero. Son las clásicas prácticas dilatorias”, añade Meléndez, miembro de Periodistas Unidos.

Este martes, en Gobernación le pedirán a Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, que estos crímenes no queden impunes, que se investiguen, que se tenga en cuenta el derecho de la ciudadanía a estar informada. Que paren los asesinatos de periodistas. “Esperábamos y esperamos algo distinto de este Gobierno. Deben reforzar los mecanismos de protección y las fiscalías tienen que tomar cartas en el asunto. Lo que está sucediendo es terrible”, sigue Meléndez, uno de los organizadores de la concentración.

La relación del Gobierno con los medios de comunicación ha sido ríspida en estos primeros tres años del sexenio de Morena. El presidente, Andrés Manuel López Obrador acostumbra a señalar a los medios y a los periodistas con nombre y apellido en sus mañaneras, lo que ha ocasionado más de un disgusto. Algunos se quejaron de que recibían amenazas después de ser criticados en las conferencias matutinas. Los ataques a la prensa, sin embargo, no cesaron. El presidente estrenó su espacio para comentar la prensa el 30 de junio pasado llamando a los reporteros “corruptos, rastreros e integristas”. En la sección Las mentiras de la semana, el mandatario comparó la tarea de algunos profesionales de la información con prácticas de tiempos de Hitler y Pinochet. Les acusó de “bajo nivel moral”. México, dijo, atraviesa “uno de los peores momentos del periodismo”. Es cierto, pero para los reporteros, que son asesinados en completa impunidad.

“Los mensajes desde lo más alto del poder han sido muy desafortunados en ocasiones y eso repercute en la sociedad. Vemos como personas afines al Gobierno repiten estos mensajes. Va más allá de agresiones en el espacio público, es que la vida de los periodistas parece que no vale nada. Ya no podemos tolerarlo, está en juego la vida de nuestros colegas, de nuestros amigos. Son mensajes desafortunados que generan circunstancias poco favorables para las condiciones en las que ya trabajamos”, dice Félix Márquez. “Y encima se filtran datos a la prensa cuando suceden los asesinatos que no hacen más que criminalizar y revictimizar a los reporteros”.

Las protestas de este martes exigirán a los gobiernos que critiquen menos y hagan más. Que no pongan a los periodistas en la diana y protejan sus vidas. 138 han muerto en las últimas tres décadas. Como si el país estuviera en guerra.

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Biobío, el imputado «será juzgado por el tribunal de lo penal de Doubs durante el primer semestre de 2022″.

EL CASO

En abril de 2019 se confirmó la solicitud de extradición de Nicolás Zepeda por parte del gobierno de Francia ante el caso de la desaparición la joven japonesa, quien fue vista por última vez en el año 2016 en compañía del chileno con quien era pareja.

La solicitud fue enviada por el país europeo el 15 de noviembre de 2018 y fue recepcionada por el Gobierno de Chile, iniciándose el largo camino judicial.

Zepeda y Kurosaki se conocieron en Japón y tuvieron una relación por 19 meses tras lo cual ella se mudo a Francia para continuar sus estudios. Esta situación habría molestado al ciudadano chileno, procediendo a seguirla.

Al tiempo después se les vio cenando juntos, pero la aludida nunca más fue vista por familiares ni amigos, siendo su paradero hasta la fecha un completo enigma, presumiéndose un crimen.

La teoría de la policía francesa es que el chileno se vengó dado que Kurosaki terminó la relación.



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Justamente esta jornada, la Fiscalía local de Puerto Varas había confirmado que el concejal electo por la comuna de Llanquihue, Richard Barría Triviño (Ciudadanos), fue asesinado en su hogar ubicado en una parcela del sector Pichi Laguna, camino a Loncotoro, en la comuna perteneciente la región de Los Lagos.

Desde el ente persecutor fue el fiscal de Puerto Varas, Fabián Fernández, quien señaló que el cadáver del político tenía más de 15 puñaladas en distintas partes de su cuerpo, según consignó preliminarmente personal de Labocar de Puerto Montt.

«Se logró establecer que en el deceso de la víctima hay intervención de terceras personas (…) debido al multiplicidad de heridas corto punzantes«, detalló el persecutor, quien no ha informado si las pesquisas para encontrar al responsable han dado frutos.

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OEA rechaza

La OEA «reconoce la protesta pacífica como un derecho básico y fundamental que debe ser protegido». También destacó el procesamiento de quienes «han transformado la protesta en vandalismo».

Deutsche Welle

07.05.2021

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, condenó este viernes (07.05.2021) «los casos de tortura y asesinato cometidos por las fuerzas del orden» en Colombia y llamó a respetar los derechos de quienes no protestan.

Asimismo, Almagro indicó que la secretaría de la OEA «reconoce la protesta pacífica como un derecho básico y fundamental que debe ser protegido», pero también llamó a que sean amparados los derechos de quienes no se manifiestan.

«Condenamos especialmente los casos de tortura y asesinato cometidos por las fuerzas del orden», indicó el diplomático uruguayo en Twitter con respecto a las protestas contra el gobierno de Iván Duque, que se extienden desde hace diez días y han dejado 26 muertos.

 

Las manifestaciones comenzaron como una movilización contra una reforma fiscal regresiva, ya retirada, que derivó en un movimiento de protesta más amplio contra el gobierno. Los bloqueos en las carreteras han provocado escasez de combustible en ciudades como Cali y Pereira.

«El derecho a la protesta no puede ser un pretexto para vulnerar los derechos fundamentales de la población», señaló Almagro, quien exhortó a «cese de los bloqueos cuando violan estos derechos fundamentales».

Almagro también destacó el procesamiento de quienes «han transformado la protesta en vandalismo y han confundido el vandalismo con acciones de naturaleza terrorista contra las instituciones y las autoridades del Estado».


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