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El responsable del Organismo Internacional para la Energía Atómica, Rafael Grossi, interviene por videollamada en el Consejo de Seguridad, este viernes.
El responsable del Organismo Internacional para la Energía Atómica, Rafael Grossi, interviene por videollamada en el Consejo de Seguridad, este viernes.JUSTIN LANE (EFE)

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se ha reunido este viernes en sesión de urgencia para analizar el ataque ruso a la central nuclear de Zaporiyia. La convocatoria fue solicitada por varios países, entre ellos EE UU, el Reino Unido y Francia. Según la responsable de asuntos políticos de la ONU, Rosemary DiCarlo, que abrió la sesión, operaciones militares en torno a plantas nucleares y otras infraestructuras civiles básicas son “inaceptables” y “altamente irresponsables”. La embajadora británica, Barbara Woodward, ha señalado que atacar una instalación nuclear de uso civil está “prohibido por la convención de Ginebra y el derecho internacional”, y pedido la retirada inmediata de todas las fuerzas rusas del recinto. Zaporiyia, el mayor complejo nuclear en Europa, proporciona electricidad a cuatro millones de hogares ucranios.

La embajadora de EE UU ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, ha declarado: “Gracias a Dios el mundo ha evitado esta madrugada por muy poco una catástrofe nuclear… Todos conteníamos el aliento mientras observábamos en tiempo real cómo se desarrollaba [el asalto]. Aplaudo la capacidad de los operadores ucranios para mantener los seis reactores en condiciones seguras mientras eran atacados”. La diplomática calificó lo sucedido de “irresponsable y peligroso”, y de “amenaza para la seguridad de los civiles en Rusia, Ucrania y Europa”. El embajador ruso, Vasili Nebenzia, replicó que el riesgo para la población civil ucrania no procede del ataque a Zaporiyia, “sino de los nacionalistas ucranios”. El representante del Kremlin culpó del ataque, que calificó de una muestra más de las mentiras y desinformación contra Rusia, a “un grupo de saboteadores ucranios” que atacaron el complejo “para perjudicar a Moscú”. Nebenzia afirmó que su país controla todas las instalaciones.

Cerró la sesión, en la que no estaba previsto votar ningún texto, el representante de Ucrania, Sergii Kislitsia. Con su habitual corbata a rayas azules y amarillas -los colores de su bandera nacional- y en el tono desafiante y directo que ha venido empleando estos días, el diplomático se encaró de nuevo con su homólogo ruso, a quien instó a dar marcha atrás. “Nos cuenta lo que está sucediendo en Ucrania de manera angelical, pero le recuerdo que Satán también fue un ángel”, espetó a Nebenzia, que hacía gestos negativos con la cabeza. Kislitsia urgió también al Consejo a solicitar la prohibición de todos los vuelos en el espacio aéreo ucranio, lo que equivaldría a la declaración de una zona de exclusión ya descartada por la OTAN.

Coordinación con el OIEA

Francia ha testimoniado su apoyo al Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), “para monitorear la situación”. El responsable del organismo, Rafael Grossi, ha propuesto una reunión en la central de Chernóbil con interlocutores de Ucrania y Rusia para establecer un marco de garantías de seguridad. Chernóbil fue uno de los primeros objetivos de la ofensiva en Ucrania, y se halla desde el primer día de la guerra bajo control ruso, algo por lo que también pidió explicaciones la embajadora estadounidense.

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Desde un avión que le trasladaba a Teherán para abordar “aspectos de la negociación sobre [el restablecimiento de] el pacto nuclear iraní”, Grossi ha intervenido por videollamada en la reunión para informar de que los reactores no se vieron afectados. “Las operaciones continúan con normalidad, aunque no se puede hablar de normalidad cuando hay militares a cargo de la planta. Grossi encareció la labor del Consejo, al que pidió apoyar al OIEA para desarrollar “sus labores técnicas” sobre el terreno.

Rusia no deja de acumular reveses diplomáticos. Tras el repudio de la Asamblea General extraordinaria celebrada este lunes, que “deploró” -el término utilizado en vez de “condenar”- la invasión rusa de Ucrania, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha aprobado por amplia mayoría este mismo viernes una resolución en favor de una comisión de investigación internacional sobre las violaciones de derechos humanos y del derecho humanitario en Ucrania. La resolución ha sido adoptada por 32 votos a favor, dos en contra (Rusia y Eritrea) y 13 abstenciones, entre ellas las de China, la India y Venezuela.

“El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha decidido urgentemente establecer una comisión internacional independiente de investigación como resultado de la agresión rusa contra Ucrania”, ha informado en su cuenta en la red social Twitter.

El sombrío recuerdo de la catástrofe de Chernóbil, en 1986, volvió a resonar hoy en la sala del Consejo de Seguridad, máximo órgano ejecutivo de la ONU, que no obstante ha demostrado en los últimos días su incapacidad para el consenso y la acción por el derecho de voto de Rusia, que hace una semana frustró una resolución de condena contra el Kremlin. “Sería un terrible error considerar los claros y evidentes defectos y fracasos del Consejo de Seguridad como una prueba de que la propia ONU es un anacronismo sin sentido en el mundo actual”, decía esta semana un artículo publicado por el portal informativo Pass Blue. Pero la sucesión de mensajes monocordes, de denuncia y repudio de la agresión rusa, no llegan a concretarse en la práctica, mientras más de 1,2 millones de personas han abandonado Ucrania. Francia y México han solicitado otra reunión del Consejo. de momento sin fecha, para abordar el estado de la ayuda humanitaria.

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Amnistía Internacional (AI) se suma a las organizaciones israelíes, como B’Tselem, e internacionales, como Human Rights Watch, que califican a Israel como Estado de apartheid por su trato discriminatorio a la población palestina bajo su control mediante un “sistema de opresión y dominación”. Estas acusaciones, contenidas en un informe presentado este martes en Jerusalén por la secretaria general de AI, Agnès Callamard, desataron el lunes una ofensiva preventiva del Ministerio de Exteriores israelí, que las tachó de “falsas” y basadas en el “antisemitismo”.

En el informe de 182 páginas El apartheid israelí contra la población palestina, Amnistía documenta que “confiscaciones masivas de tierras y propiedades palestinas, homicidios ilegítimos, traslados forzosos, restricciones a la circulación y negación de la nacionalidad y la ciudadanía son elementos de un sistema que, según el derecho internacional, equivale a apartheid (…) con violaciones de derechos que, constituyen un crimen de lesa humanidad, según la definición del Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional (TPI)”. AI pide al TPI que incluya el delito de apartheid en sus investigaciones en curso y reclama a los Estados que ejerzan la jurisdicción universal para juzgar a los responsables.

El ministro de Exteriores israelí, Yair Lapid, pidió el lunes en un vídeo que no se difundiera el informe de AI, organización que calificó de “radical”. Su departamento afirmó que el documento “niega el derecho a existir de Israel como Estado nación del pueblo judío con un lenguaje que le demoniza y que echa leña al fuego del antisemitismo”.

La inusual reacción previa del jefe de la diplomacia israelí pone de relieve la preocupación de su Gobierno ante el creciente coro de voces en la esfera internacional que definen como apartheid la discriminación sufrida por los palestinos. La ofensiva diplomática se produce también después de que la fiscalía del Tribunal Penal Internacional, con sede en La Haya, abriese en marzo del año pasado una investigación por crímenes de guerra en Palestina.

“Vivan en Gaza, Jerusalén Oriental, Hebrón (Cisjordania) o en la propia Israel, los palestinos son tratados como un grupo racial inferior al que se priva sistemáticamente de sus derechos”, ha asegurado la secretaria general de Amnistía en un comunicado. “Las políticas de segregación, desposesión y exclusión en los territorios que están bajo control de Israel constituyen apartheid”, concluye Callamard.

AI señala que su informe es fruto de más de cuatro años de investigaciones de las 70 secciones de la organización en todo el mundo, que suman 10 millones de miembros. “Hubiésemos deseado un intercambio de información con el ministro de Exteriores israelí, pero nos pusimos en contacto con él en octubre y aún no nos ha contestado”, declaró el lunes a France Presse la responsable de AI. “Criticar las políticas del Estado de Israel no es antisemitismo, que es algo que nosotros denunciamos en todo el mundo”, puntualizó Callamard.

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Amnistía Internacional asegura haber documentado actos prohibidos en la Convención contra el Apartheid y en el Estatuto de Roma en todas las zonas bajo control de Israel, aunque reconoce que se cometen con más frecuencia y violencia en los territorios ocupados desde hace más de medio siglo. “Las autoridades israelíes promulgan múltiples medidas para negar deliberadamente a la población palestina sus derechos y libertades fundamentales, como draconianas restricciones a la circulación (…) traslados forzosos, detenciones administrativas (indefinidas y sin cargos), torturas y homicidios ilegítimos”, resume un comunicado sobre el informe, que hace hincapié en la muerte de más de dos centenares de palestinos a manos de francotiradores del Ejército israelí en las manifestaciones de 2018 y 2019 en la frontera de Gaza.

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Por eso, asegura que les parece «absurdo» y que creen que «la base sobre la cual se están tomando las decisiones está siendo demasiado errática e incomprensible. No puede ser que el panorama y las proyecciones hayan cambiado tanto desde el 23 de mayo, cuando se anunciaban mayores libertades de desplazamiento».

En este contexto, califican a las cuarentenas como «inútiles» y que lo «único que hacen es hacerle daño a las actividades formales, que son las que cumplen con todos los protocolos sanitarios. A diferencia de lo que ocurre con la informalidad, donde la fiscalización es poco efectiva o nula y con ello el riesgo de contagio es mayor. En este sentido, creemos que las cuarentenas totales sólo están fomentando la informalidad.»



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Agricultura, el político calificó la decisión de «dictadura sanitaria», dado que supone un duro golpe para el sector del comercio.

«Llegó la hora de terminar con esta verdadera ‘dictadura sanitaria’ que está ahogando el emprendimiento, liquidando negocios, impidiendo los aprendizajes y estancando el país», indicó.

Asimismo, agregó que «Chile es uno de los países con más población vacunada y a la vez, con más restricciones. Hay pocos países en el mundo que apliquen tantas limitaciones a la libertad y que lo hagan por tanto tiempo«.

Por otra parte, cuestionó las elecciones de gobernadores regionales que se llevarán a cabo este domingo, al tiempo que arremetió contra la gira que realizará el Presidente Sebastián Piñera en Europa.

«No es aceptable que los chilenos puedan votar o que algunos, como el Presidente, pretendan viajar fuera del país, y que 19 millones de chilenos están obligados a estar encerrados en sus casas», dijo.

En ese sentido, manifestó que «esto no resiste más, no más cuarentenas, no más toque de queda y no más estado de excepción. Exigimos libertad y responsabilidad ahora«.



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