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El ministro de Sanidad peruano, Hernán Condori.
El ministro de Sanidad peruano, Hernán Condori.EL COMERCIO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO (Europa Press)

En ocho meses de gestión, el presidente de Perú, Pedro Castillo, ha cambiado a 32 ministros, el último este jueves. El Parlamento censuró a Hernán Condori, el ministro de Salud, por no considerarlo idóneo para el puesto, tras lo que el jefe de Estado tiene un plazo de tres días para aceptar la dimisión del funcionario. El nombramiento de Condori fue rechazado por el Colegio Médico del Perú y otras sociedades profesionales a pocas horas de prestar juramento el pasado 8 de febrero, después de la difusión de un par de vídeos en los que aparecía como promotor de pseudociencia y se presentaba como obstetra pese a no tener la licencia para ejercer como tal, sino como médico cirujano.

El Congreso manifestó la “falta de idoneidad y capacidad para el cargo” con 71 votos a favor de la censura, 32 en contra y 16 abstenciones. Durante el debate de la moción, presentada hace una semana por representantes de los partidos conservadores, los congresistas abordaron el cuestionamiento de los gremios médicos, la salida de altos funcionarios del ministerio tras la llegada de Condori, y la disminución de la cantidad diaria de personas vacunadas desde que asumió el cargo. Se trata de la segunda censura de un ministro en lo que va del Gobierno de Castillo, el primero fue el extitular de Educación, Carlos Gallardo.

Condori fue interpelado por el Parlamento el 15 de marzo. El Congreso lo interrogó sobre las publicaciones científicas en las que se basó para promover en Facebook -antes de ser ministro- un costoso producto llamado agua arracimada al que le atribuía propiedades medicinales, pese a que era solo una mezcla de agua purificada y jugo de frutas. Días antes, citado a la Comisión de Salud del Congreso para que respondiera a los cuestionamientos, respondió en tono burlón: “Me presentaron el producto, entré a Google, investigué, hay bibliografía. Es un tipo de agua que puede ingresar con mayor facilidad a través de la membrana celular”.

Añadió, además, que no había vendido el producto, sino que lo usó con un familiar muy enfermo. El día de la interpelación explicó que quería pasar página sobre ese tema y refiriéndose a su pariente dijo que “tiene una enfermedad terrible”. “La ciencia que nosotros hacemos no va a ayudarlo”, sostuvo, insistiendo en el uso del producto como alternativa.

Condori llegó al Gobierno como la cuota del gabinete de la facción cerronista del partido Perú Libre, debido a su cercanía con el político marxista-leninista Vladimir Cerrón, el fundador del partido que afilió a Castillo para lanzarlo como candidato presidencial en 2021. El ministro depuesto este jueves fue director de salud de un distrito en Junín, región en la que Cerrón fue gobernador. La moción de censura también se sustentó en otro vídeo publicitario del médico, que grabó antes de ser ministro, en el que promocionaba un aparato para diagnóstico de cáncer de cuello uterino “en un minuto”, pese a que no es especialista en ginecología u oncología.

El Colegio Médico del Perú, que tiene pendiente resolver investigaciones contra Condori, recibió a mediados de marzo otra denuncia por una posible violación al código de ética, cuando durante un viaje al sur de Lima subió a un helicóptero a una niña enferma y la cargó hacia una ambulancia cuando llegaron a Palacio de Gobierno, para mostrar a la prensa que estaban agilizando su traslado a un hospital pediátrico de la capital. “Es una exposición contra la dignidad del paciente”, explicó entonces Raúl Urquizo, el decano del gremio, a la emisora Radioprogramas.

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Casi toda la bancada de Perú Libre votó contra la censura de Condori, aunque algunos optaron por la abstención; mientras que el Partido Morado (centro-derecha) y Juntos por el Perú (izquierda moderada) estuvieron a favor de la censura. Los partidos conservadores, como promotores de la moción de censura, también votaron por su salida. Durante el debate de la censura, la congresista Flor Pablo, del Partido Morado, afirmó que Condori no tenía cualidades profesionales ni éticas, y responsabilizó a Castillo por haber reemplazado al anterior ministro, Hernando Cevallos, que tenía “una alta capacidad de diálogo”. “Hubieran puesto a alguien que fuera igual o mejor: en este momento necesitamos a los más calificados en ese cargo”, remarcó la legisladora.

El Gobierno de Castillo se enfrenta desde el lunes a una huelga de transportistas y agricultores en varias regiones, como una medida contra el alza de precios de los combustibles y los fertilizantes, pero la zona más afectada este jueves por los bloqueos es la Carretera Central. El lunes, el presidente se salvó de ser destituido por el Congreso, pero otra crisis escaló rápidamente. La región Junín, donde viven miles de sus electores, reclama que el mandatario -que ofreció mejoras para los transportistas y la agricultura familiar- los ha abandonado.

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El evento, que se concentró en las instalaciones de la ciudadela educativa Académico, contó con la participación de más de 150 mujeres. Como se tenía previsto, se cumplió con el segundo encuentro comunal de mujeres, en Guadalajara de Buga; evento, que estuvo a cargo de la Red de Mujeres comunales de la ciudad señora.

Desde las 9 de la mañana del sábado 26 de marzo, las mujeres bugueñas, se integraron a la programación, que se diseñó exclusivamente para ellas, en el marco del Segundo Congreso Comunal.

Estos espacios, son una oportunidad para que las mujeres que habitan el municipio de Buga, conozcan más sobre sus derechos.  En esta jornada sabatina, además de las mujeres ponentes, también hubo espacio para quienes tienen sus emprendimientos, los dieran a conocer.



La política peruana superó este lunes un nuevo nudo, aunque el episodio se podría repetir en el corto plazo. Desde 2016, cuando el Congreso empezó a usar contra cada presidente la “vacancia por incapacidad moral permanente” —una figura constitucional imprecisa que, de contar con 87 votos, permite destituir al mandatario— los destinos del país parecen entrampados en la eterna lucha entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Este lunes, en 13 minutos, el presidente Pedro Castillo presentó sus descargos ante una moción de vacancia promovida por la oposición debido a denuncias fiscales y periodísticas por tráfico de intereses y colusión, en las que son investigados una gestora de intereses, el exsecretario general de la presidencia, tres de sus sobrinos y empresarios que buscaban contratar con el Estado. Pasadas las 23:15 de la noche hora local, la votación fue de 54 parlamentarios en contra, 55 a favor y 19 abstenciones.

En diciembre, una primera moción contra el mandatario -por similares cuestionamientos- no logró los votos suficientes para ser admitida a debate. Ante el uso continuo de dicha figura por parte del Congreso, el descrédito de ese poder del Estado aumenta cada mes. Según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos difundida este lunes, un 79% de consultados desaprueba al Parlamento y un 17% lo aprueba.

El pasado viernes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un comunicado para reiterar su preocupación por “el uso de esta figura jurídica de manera reiterada y discrecional”, debido a que “ha sido promovida seis veces desde diciembre de 2017, contribuyendo a los problemas de gobernabilidad del Perú, país que ha tenido cinco presidentes y tres parlamentos desde 2016 como resultado de las confrontaciones entre los distintos poderes públicos”, describió. La moción de vacancia contra el presidente incluía 20 cuestionamientos, algunos en torno a las investigaciones que le abrió la fiscal general por supuesto tráfico de intereses agravado en los ascensos militares, y por colusión al haber intervenido “indebida e indirectamente” en dos millonarias contrataciones estatales, según indicó en enero el Ministerio Público cuando inició la pesquisas, que -de acuerdo a la Constitución- solo podrán continuar contra Castillo cuando deje la presidencia.

Los contratos estatales direccionados hacia determinados proveedores del Estado presuntamente fueron orientados por la gestora de intereses Karelim López, amiga del exsecretario general de la presidencia Bruno Pacheco, a quien la Fiscalía le encontró 20,000 dólares en su despacho, un monto del que ha dado respuestas diferentes sobre su origen. La lobista es desde el mes pasado aspirante a colaboradora eficaz de la Fiscalía. Horas antes del debate de la vacancia en el pleno del Parlamento, la policía buscaba a Pacheco, ex mano derecha de Castillo, para ejecutar una orden de prisión preliminar por diez días como parte de las pesquisas fiscales. Un juez dispuso la prisión preliminar de once personas por estos casos, entre ellos, tres de los sobrinos de Castillo investigados por reuniones con empresarios proveedores del Estado, pero tampoco fueron hallados. Uno de los empresarios que fue favorecido a inicios del Gobierno con una concesión para construir un puente, Zamir Villaverde, ha quedado detenido mientras continúan las investigaciones por tráfico de influencias, colusión agravada, u organización criminal, entre otros cargos, debido a irregularidades en la licitación pública de esa obra.

Durante su intervención en el Congreso este lunes, Castillo rechazó los cuestionamientos a su gestión contenidos en la moción de vacancia, pues -dijo- “son casos en los cuales los aludidos son terceros. Todos están en la fase de investigación preliminar y ninguno de los hechos ha sido siquiera corroborado”, expresó.

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El presidente dijo además que es consciente de sus errores, pero añadió que “no hay ningún hecho que se pueda calificar de incapacidad moral permanente”. Antes de dar paso a los comentarios de su abogado, afirmó que está dispuesto a seguir colaborando con las autoridades en las investigaciones.

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fraude Pacto Histórico -Mujeres en la jornada electoral del departamento del Cauca
El domingo el Pacto Histórico se convirtió en la principal fuerza política del país, y denuncian que les «robaron votos». Foto de referencia.

El debate después de las elecciones se ha direccionado al presunto fraude, aunque la mayor parte de denuncias señala que fue contra el Pacto Histórico, otros muestran formatos E14 señalando que también lo cometió ese movimiento.

Noticias Colombia.

«Fraude» es la denuncia que ha inundado las redes sociales y que ha llevado a que en varias ciudades de Colombia aún se esté haciendo reconteo de votos y revisión de formularios E14, con tachones, números extraños y varios errores más, el Pacto Histórico denuncia que les «robaron votoso».

Hasta ahora, la Registraduría no ha actualizado datos.

El CNE tampoco se ha pronunciado.

El Movimiento de Obseración Electoral respondió que no se había pronunciado hasta este miércoles, porque estaban revisando las denuncias y elementos de pruebas.

Informó el MOE que dado que hay varios vídeos donde personas reconocen que «llevaron a cabo maniobras engañosas», debe haber una investigación.

Puede haber:

  • Alteraciones de los resultados
  • Falsedad en documento público
  • Fraude al sufragante

Uno de esos vídeos, fue este:

Reconteo e investigación

Ante esto, el MOE pide reconteo de votos donde esas personas que señalan que cometieron fraude estuvieron de jurados de votación o miembros de mesa.

El movimiento señala que además, debe evaluarse el daño hecho al no habérse entregado la tarjeta que solicitó el elector, «para respetar su preferencia política».

Hubo denuncias de que llegaban a pedir un tarjeton de un determinado candidato, partido, para elegir curul afro, indígena u otras, y supuestamente se las escondían o les daban otros.

Iván Cepeda, señaló que: «Existe abundante evidencia de múltiples modalidades de fraude electoral que persiguen disminuir al máximo los resultados de la gran votación del Pacto Histórico. Se deberá determinar si existe un plan concertado para ese fraude y esclarecer responsabilidades penales».

Gustavo Bolívar asegura que en el reconteo se han recuperado por lo menos 300 mil votos, para su movimiento, el Pacto Histórico. 

Sin embargo, hasta ahora, esos hallazgo que ha hecho el partido con sus votantes y seguidores, no ha sido oficializado por la Registraduría.

Un debate complicado

Desde el Pacto Histórico se mantienen en la exigencia del reconteo de votos, si se han mostrado documentos E14 con aparentes irregularidades.

Hubo sitios en los que incluso, no se registraba ni un solo voto a favor de esa coalición.

Sin embargo, no es el único que denuncia pero si, el que hasta ahora, ha pedido con más vehemencia que se recuenten los votos.

Algunos de los miembros de mesa, han respondido que enmuchos casos, «los errores» en los E14 no son «producto de un fraude planeado», se trata de fallas a la hora de dar los datos, «por las carreras, y por otras circunstancias.

Otros explican que, «en el escrutinio le van a dictar todos los votos que hay en el formulario E14», por tanto, señalan que la teoría de que se basaron solo en las fotos que se enviaron «no sería una base con sustento» para declarar fraude.

Ante todo esto del presunto fraude, tendrán que interponerse las denuncias de rigor.

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El dilema de Egan Bernal: ¿Opinar o no? sobre las elecciones y candidatos a la Presidencia





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Al término de las elecciones y con el 99.41% de las mesas escrutadas en el país, así quedaron los candidatos que, por Buga, buscaban llegar a la Cámara de Representantes y al Senado de la República.

Para las elecciones que se desarrollaron este domingo en todo el país, por Buga, hubo seis aspirantes al Congreso de la República: ellos fueron; al Senado: Norma Hurtado Sánchez, Partido de La U, John Jairo Cárdenas Morán, Partido de La U, John Harold Suárez Vargas, Partido Centro Democrático y Tulia Mercedes Barreto, por Fuerza Ciudadana.

Y por la Cámara de Representantes: Víctor Manuel Salcedo Guerrero, Partido de La U y Henry Delgado Rivera, Partido Centro Democrático

Víctor Manuel Salcedo Guerrero, Partido de La U

03 en el Valle 50.674

01 en Buga 7.633

Henry Delgado Rivera, Partido Centro Democrático

11 en el Valle 2.203

04 en Buga 217

Norma Hurtado Sánchez, Partido de La U

03 en Colombia 128.184

02 en el Valle 84.844

02 en Buga 3.655

John Jairo Cárdenas Morán, Partido de La U

17 en Colombia 29.358

04 en el Valle 5.717

04 en Buga 432

John Harold Suárez Vargas, Partido Centro Democrático

29 en Colombia 17.017

04 en el Valle  11.301

01 en Buga 3.499

Tulia Mercedes Barreto, por Fuerza Ciudadana

15 en Colombia 2.812

17 en el Valle 183

06 en Buga 36

Luego del conteo nacional y departamental, de los seis, que propusieron su nombre al congreso, solo dos, lograron su objetivo y ambos del partido de La U., son ellos: Norma Hurtado Sánchez, Senadora Electa y Víctor Manuel Salcedo Guerrero, quien fue elegido a la Cámara de Representantes.

El bugueño Víctor Manuel Salcedo, junto a la también nacida en Buga, Norma Hurtado Sánchez, lograron dos escaños en el Congreso de la República; es así, que, a partir del mes de agosto, la ciudad señora y el Valle del Cauca, tendrán dolientes en la Cámara de Representantes y el Senado de la República. CNC Noticias Buga, habló con el nuevo Representante de la Cámara, Víctor Manuel Salcedo Guerrero.


El periodista José Alberto Tejada que, durante el estallido social del Paro Nacional, realizó el cubrimiento a través del Canal 2 Comunitario logro curul por Pacto Histórico.

De esta manera, José Tejada hará parte de la Cámara de Representantes, tras la invitación realizada en meses atrás del candidato presidencial, Gustavo Petro, de ser cabeza de lista de su partido político. “¿Usted acepta este compromiso? ¿Este matrimonio terrible, porque es de toda la vida, con esta juventud vallecaucana para luchar por la justicia social, por el cambio y la transformación de Colombia?”, le había dicho Petro.

El protagonismo alcanzado entre los jóvenes, sirvió de puente para alcanzar la curul y fue pieza clave para que el periodista llegará al Congreso

Se trata de José Alberto Tejada, un contador egresado de la Universidad de San Buenaventura con maestría en Economía Social, quien dirige el Canal 2 comunitario en la capital vallecaucana.


Un puesto de votación del centro de convenciones Corferias, en Bogotá, el 13 de marzo de 2022.
Un puesto de votación del centro de convenciones Corferias, en Bogotá, el 13 de marzo de 2022.Gladys Serrano

Con el impulso de las votaciones de Gustavo Petro y Francia Márquez, el Pacto Histórico se ubica como una de las primeras fuerzas del próximo Congreso de la República, con una representación inédita para la izquierda en Colombia. La lista de la variopinta coalición se posicionaba la noche de este domingo como la mayor bancada del Senado, junto a los dos partidos más tradicionales, el Liberal y el Conservador, cuando ya el conteo rozaba el 98% de los votos de las elecciones legislativas. Con ese resultado, la Registraduría en sus proyecciones preliminares le asignaba 16 de los 108 escaños, los mismos de los conservadores y uno más que los liberales (15). Les sigue otra fuerza alternativa, la lista de la Coalición Centro Esperanza, que incluye a la Alianza Verde, con 14 curules, las mismas del menguado Centro Democrático, el partido de Gobierno fundado por el expresidente Álvaro Uribe.

También en la Cámara de Representantes de 188 lugares, que se organiza por circunscripciones regionales, el Pacto Histórico irrumpía como la fuerza más votada, aunque por detrás de los liberales en número de escaños (32 frente a 25). “En buena parte del país somos el primer lugar en Cámara”, reivindicó Petro en su discurso de proclamación como candidato de la coalición de izquierda, que obtuvo con más de cuatro millones de votos, al destacar el alcance territorial de su proyecto político. “Somos la primera fuerza en el Senado de la República …el Pacto Histórico ha logrado el mejor resultado del progresismo en la historia de la República de Colombia”, añadió. “Estamos ad portas de ganar en la primera vuelta presidencial”, concluyó victorioso.

Ha sido un enorme salto para el exalcalde de Bogotá, que lleva cuatro años en campaña. En 2018, cuando perdió en la segunda vuelta frente al presidente Iván Duque, apenas consiguió ubicar tres senadores. El avance de las fuerzas alternativas, jalonado también en el caso de la Coalición Centro Esperanza por la candidatura del exnegociador de paz Humberto de la Calle, contrasta con el retroceso del Centro Democrático, que pasa de ser la principal bancada en el actual Senado, con 19 curules, a ser la quinta con esos 14 lugares. Su caída ilustra el ocaso de la hegemonía del uribismo, el credo político creado en torno a Uribe, el gran elector de 2018, quien renunció a su escaño para lidiar con las acusaciones de manipulación de testigos que enfrenta ante la justicia.

Con la robusta bancada del Pacto Histórico regresarán al Congreso figuras reconocidas de la izquierda como María José Pizarro, Iván Cepeda o Piedad Córdoba. “Tenemos la expectativa de no ser oposición. Queremos ser una bancada de Gobierno, y va a implicar un enorme reto“, le decía Pizarro el mes pasado a EL PAÍS, en alusión a cómo el Pacto Histórico debe pensar de otra manera el ejercicio parlamentario. “Viene una apuesta en términos de género, de defender un espacio para las juventudes, de materializar muchas de las propuestas que traemos como proyecto colectivo. Todas las reformas que se requieren, a la salud, pensional, etcétera”, explicaba el segundo renglón de la lista, solo por detrás del congresista Gustavo Bolívar.

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Dos de las listas que más expectativas habían despertado entre los comentaristas políticos, la del Nuevo Liberalismo y la de Estamos Listas, no superaron el umbral necesario para obtener representación en el Senado. El Nuevo Liberalismo, el partido del asesinado líder político Luis Carlos Galán, renació el año pasado por un fallo de la Corte Constitucional, y sí consiguió un único escaño en la Cámara con la exdirectora de Parques Nacionales Julia Mirada, que enarbola las banderas ambientales. Estamos Listas, por su parte, era la apuesta del movimiento feminista para llevar al legislativo a sus propias representantes.

El Congreso de la República, que hasta ahora se mostraba escorado a la derecha, ha venido perdiendo credibilidad hasta marcar un 85% de imagen negativa en las mediciones de la firma Invamer. Con esa impopularidad como telón de fondo, las legislativas tuvieron un aire de campaña presidencial muy marcado, opacadas por las consultas de los tres grandes bloques de izquierda, centro y derecha para definir a sus candidatos: Pacto Histórico (Petro), Coalición Centro Esperanza (Sergio Fajardo) y Equipo por Colombia (Federico Gutiérrez). Sin embargo, la nueva composición del Senado y la Cámara de Representantes será clave para la gobernabilidad del próximo presidente, que se vota en una primera vuelta el próximo 29 de mayo. El legislativo jugará un papel crucial bien sea como aliado o contrapeso.

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A celulares de millones de colombianos llegaron mensajes los últimos tres días, pidiendo votos por los aspirantes al Congreso y consultas interpartidistas.

A los celulares de millones de colombianos llegaron mensajes durante los últimos tres días, pidiéndoles votos por los aspirantes al Congreso y hasta candidatos de las consultas interpartidistas.

Noticias Colombia.

A millones de colombianos les han ‘bombardeado’ los telefónos con mensajes de texto -y también llamadas- de las campañas políticas que van a la contienda electoral este domingo, en nombre de quienes van a la Cámara, al Senado y hasta la Consulta Interpatidistas, la mayoría de sms que enviaron.

Ciudadanos han mostrados en sus redes sociales que «hasta ocho mensajes» en un dia llegaron.

La intensidad fue más fuerte entre el jueves y sábado.

mensajes candidatos
Mensajes entre jueves, viernes y sábado pidiendo votos por candidatos. Hasta concejales haciendo campañas por aspirante a la Cámara, Senado o precandidatos presidenciales.

Muchos, aseguran no conocer ni haber asistido ni tener ningún tipo de relación

«Hasta mi nombre lo ponen en el mensaje pidiéndome votar» por tal candidato o candidata.

Es más, hay mensajes de concejales actuales pidiendo votos por candidatos al Senado.

Uso de datos ¿sin permisos?

«¿Quién les da nuestros datos?», denuncian que los han llamado con nombres completos, les dicen que sus datos los obtuvieron en una reunión o en un evento con tal candidato, muchos aseguran nunca haber ni siquiera escuchado el nombre de tal aspirante.

¿Qué datos tienen esas campañas?, la información de millones de personas circulando entre grupos, empresas y hasta en manos de delincuentes que estafan, extorsionan.

En Colombia se han disparado las denuncias, quejas y reclamos por solicitudes de créditos, planes de telefonía móvil; Internet y otros servicios que han sacado terceros, robando información de la gente cuando estos ingresan a links, llaman a números que les llegan por mensaje de texto, WhatsApp o responden llamadas engañosas.

Millones de datos en bases digitales

El dilema de los ciudadanos, es que sus números de teléfono, datos personales y hasta el de su cédula, rueda en bases de datos de bancos, negocios, almacenes y operadores telefónicos.

¿Quién controla cómo se manejan esos millones de datos?

  • ¿Por qué si su línea es de un operador, lo llaman de otro a ofrecerle productos y servicios?

Si esto ocurre, debe recordar cómo y a quién entrega su información, cuando va por la calle y le piden una encuesta, o entra a preguntar por algún servicio. La llamada ‘letra chiquita del contrato’.

El llamado marketing y estrategias comerciales, son un «arma de doble» filo advierten especialistas, en muchas entidades no dan información si primero no se hace un registro con por lo menos datos básicos y la firma de un formato de «responsabilidad y aceptación».

Ahí, ya están sus datos, y quedan aunque a usted le nieguen el crédito, o el producto o usted finalmente no acceda a él.

Además, el otro problema son las filtraciones a entidad públicas, páginas de empresas y redes sociales.





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Trabajadores preparan las mesas de votación en Bogotá, este viernes.
Trabajadores preparan las mesas de votación en Bogotá, este viernes.Carlos Ortega (EFE)

El Congreso de la República necesita renovación, y en eso coincide casi todo el país. Ese desempeño ha estado lleno de escándalos, malas decisiones, y muy pocos resultados. Para no mencionar a esa gran mayoría arrodillada ante un Ejecutivo marcado por su bien ganada impopularidad y desprestigio. Una encuesta reciente de Invamer destaca que el Congreso de la República ha venido perdiendo credibilidad desde el Gobierno de Juan Manuel Santos hasta tener hoy un 85% de imagen negativa.

Sin duda, esta realidad debe enmarcarse en un contexto más amplio: el del deterioro de la institucionalidad del país cuando esta era una de sus fortalezas. No se salva ninguno, desde los órganos legislativos hasta los entes de control; y entre ellos, la Registraduría Nacional del Estado Civil vital para las elecciones y gran responsable de su manejo en el país. No solo pocos creen hoy en su transparencia, sino que la mayoría está convencida de que el fraude electoral es inminente.

Ante el cambio de Gobierno en agosto, la paradoja está en que mientras se demanda un nuevo Congreso que sí cumpla el papel crucial que se requiere, la realidad parece indicar que estas elecciones legislativas tienen más sombras que luces. La Registraduría Nacional informa que son 2.835 candidatos al Congreso, 934 para ocupar 108 puestos en el Senado y 1.901 para 172 curules en la Cámara de Representantes. Entre los senadores 100 serán elegidos por circunscripción nacional, dos por circunscripciones indígenas, cinco del partido Comunes (ex FARC) y el candidato derrotado en la segunda vuelta de la elección presidencial. En la Cámara 161 serán de circunscripción territorial —Bogotá y 32 departamentos—, dos afrocolombianos, un indígena, un colombiano en el exterior, un raizal, cinco del partido Comunes y la formula vicepresidencial del candidato derrotado.

Para ser objetivos empecemos por lo positivo que puede tener el Congreso que se elegirá el 13 de marzo. Sin duda, se caracterizará por su pluralidad étnica que refleja la realidad de Colombia. En esta contienda tanto para Senado como Cámara debe destacarse un número muy significativo de mujeres, 39.6% del total de aspirantes; un aumento del 6% frente a las elecciones de 2018. Pero tal vez lo más novedoso es que como resultado del Acuerdo de Paz de 2016, se crearon 16 Circunscripciones Especiales para la Paz que implican la participación de 16 representantes de las víctimas del conflicto armado provenientes de los territorios más afectados por esta guerra interna.

Pero detrás de lo anterior hay un lado muy negativo. Es innegable el gran número de candidatos cuestionados: o con investigaciones penales y disciplinarias, o herederos de caudales electorales de personas condenadas, o asociados a escándalos de parapolítica, o involucrados con carteles, o parte de episodios de corrupción como Odebrecht, o por nexos con grupos armados. Según la Fundación Pares, son 108 en ese grupo, es decir, el 3.8%. El otro lío es que ante la evidencia de compra masiva de votos, inclusive de grupos políticos con un candidato a la presidencia, Alex Char, la indiferencia de muchos electores crece. Se sabe que hay por lo menos 33 clanes con empresas de compra de votos que apoyan al 53% de los candidatos cuestionados.

Más doloroso aún son los graves problemas que enfrenta la elección de las curules de paz. Frente a candidaturas no precisamente de víctimas, como la de un hijo de un reconocido paramilitar y victimario, el Gobierno ha sido indiferente, y con ello, ha frenado que las verdaderas víctimas tengan voz en el Congreso. “Un fracaso de la democracia colombiana” es como el diario El Espectador califica que el presidente Duque no les haya dado la financiación estatal a la cual tienen derecho por ley y que su Gobierno no haya garantizado su seguridad para que hagan campaña. ¿Cómo pueden entonces competir con el hijo de ‘Jorge 40‘, que sí tiene la financiación asegurada para hacerse elegir? Todo esto ha llevado a la renuncia por falta de garantías de al menos 10 de estos candidatos.

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Pero aún hay más. Si bien sí hay candidatos que representan la renovación y que sí pueden luchar por los colombianos, estos se han enfrentado a la invisibilidad de sus nombres y propuestas por la coincidencia de su elección con las consultas presidenciales que definirán quien representará a los partidos en la gran contienda. Los debates han estado centrados en las llamadas coaliciones —Centro Esperanza, Equipo por Colombia y el Pacto Histórico— llenas de precandidatos y en los otros cinco ya candidatos que han copado la atención pública. Lo anterior puede fácilmente traducirse en lo indeseable: que se reelija ese viejo, ya conocido, y mal Congreso de la República porque muy pocos candidatos de buen perfil han tenido el espacio para que el país los conozca y vote por ellos.

Esta paradoja a la que se enfrenta este país el 13 de marzo es uno de los mayores retos de la sociedad colombiana. La elección de un nuevo Jefe de Estado que responda al clamor de un país que quiere paz, crecimiento, equidad, transparencia, y democracia puede frenarse en seco porque no hay Gobierno que pueda cambiar una nación si no tiene el apoyo de la mayoría del Congreso. El futuro de Colombia es preocupante, pero como este es el país de las mil paradojas, la esperanza está en nuestros jóvenes.

La economista, exsenadora y exministra colombiana Cecilia López Montaño es actualmente la presidenta de la Fundación CiSoe

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La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la madrugada del jueves, con apoyo bipartito, una partida de ayudas para Ucrania dotada de 13.600 millones de dólares (12.300 millones de euros), dentro de un gran paquete de gasto por valor de 1,5 billones de dólares (1,4 de euros), que asegura la financiación del Gobierno federal hasta septiembre. Republicanos y demócratas votaron también, con una abrumadora mayoría, a favor de un proyecto de ley para vetar la importación de petróleo y gas procedente de Rusia, medida que ya ha sido impulsada por la Administración de Joe Biden y que convierte esta legislación en un símbolo de apoyo.

La invasión rusa de Ucrania ha suscitado una cohesión poco común entre conservadores y progresistas en el Capitolio estadounidense. Antes de que la Casa Blanca hubiese decidido el embargo de los hidrocarburos del gigante euroasiático, legisladores de uno y otro signo ya se habían puesto de acuerdo en una ley que prohibiera esas importaciones y que hubiese puesto a Biden en una situación complicada. Esa es la que salió adelante la noche del miércoles en la Cámara baja, con 414 votos a favor y 17 en contra, para su posterior debate en el Senado y firma final del presidente.

La partida de apoyo a Ucrania es de carácter militar y humanitario, con unos 6.700 millones de dólares (algo más de 6.000 millones de euros) en fondos para responder a la gran crisis de refugiados que ha desencadenado el conflicto —ya hay 2,2 millones de desplazados—, y ayudas económicas al país atacado, y alrededor de 6.500 millones (unos 5.900 millones de euros) para el apoyo militar del Pentágono.

Es el auxilio de Ucrania lo que ha ayudado a salvar el programa de gasto de 1,5 billones (1,4 de euros) dos días antes de que venciese la fecha límite de financiación del Gobierno federal, lo que ha evitado un cierre de la Administración federal, es decir, la suspensión de actividades no esenciales. El plan incluye fondos para combatir la violencia machista, aunque los demócratas han tenido que desistir de incluir el paquete de ayudas para la pandemia, de 15.600 millones de dólares (14.130 millones de euros) por disputas con los republicanos sobre su coste. El fondo, que el presidente Biden había reclamado al Congreso, debía servir para la compra de test, financiación de terapias y vacunas.

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El congresista Bobby Rush, demócrata de Illinois, habla sobre la ley que lleva el nombre del adolescente asesinado en 1955, Emmett Till, en Misisipi, en una foto de archivo.
El congresista Bobby Rush, demócrata de Illinois, habla sobre la ley que lleva el nombre del adolescente asesinado en 1955, Emmett Till, en Misisipi, en una foto de archivo.J. Scott Applewhite (AP)

La ley ya está sobre la mesa del Despacho Oval del presidente Joe Biden para su rúbrica. Cien años y más de 200 intentos fallidos después, el Congreso de Estados Unidos ha aprobado por unanimidad la ley que convierte los linchamientos en un delito federal. La normativa lleva el nombre de Emmett Till, un chico negro de 14 años que fue secuestrado y linchado en 1955 en el Estado sureño de Misisipi. Esta ley llega tarde para la familia de Till, que buscó durante más de 66 años justicia y no la encontró. El pasado diciembre, el Departamento de Justicia daba carpetazo definitivo al salvaje linchamiento, ya que la Fiscalía consideró que no existían pruebas suficientes para presentar cargos, tres años después de que se reabriese el caso tras la confesión de una testigo que dijo haber mentido ante el jurado que exoneró a los dos hombres blancos que torturaron al joven hasta la muerte.

“Después de más de 100 años y más de 200 intentos fallidos de prohibir los linchamientos, el Senado ha dado el paso tan esperado de aprobar la Ley Anti-Linchamiento Emmett Till”, dijo el jefe de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer. “Este es un gran paso, pero el hecho de que haya tardado tanto tiempo es una mancha para Estados Unidos”, remarcó en su cuenta de Twitter. El Senado aprobaba la norma por unanimidad en la noche del lunes, después de que la semana pasada fuera adoptada por la Cámara de Representantes.

La ley castigará con hasta 30 años de cárcel los linchamientos, “la ejecución sin debido proceso y tumultuariamente de un sospechoso o un reo”, algo que sucedió por motivos racistas en el sur del país en miles de ocasiones hasta que comenzaron a disminuir tras el movimiento de los derechos civiles en los años sesenta del siglo pasado.

La normativa convierte el linchamiento en un “crimen de odio” para las autoridades federales, una categoría separada de delitos penales en los que las víctimas tienen en común que han sido atacadas por su pertenencia, real o supuesta, de un grupo racial o de una religión, o por su identidad sexual o su discapacidad. En 1900, el que entonces era el único congresista negro de Estados Unidos, George Henry White, presentó el primer proyecto de ley para criminalizar los linchamientos, que fracasó, igual que lo hicieron otros 200 intentos en los siguientes 121 años.

Nadie pasó un solo día en la cárcel ni pagó de ninguna otra manera por la muerte cruel y despiadada de Till a manos de Roy Bryant, y el hermanastro de este, J.W. Milam, Roy Bryant, y el hermanastro de este, J.W. Milam, ambos fallecidos y que confesaron su crimen después de que un jurado compuesto por 12 hombres blancos los eximiera de culpa. Todo lo que hizo Till, según sus familiares, fue silbar a manera de piropo a Carolyn Bryant Donham, en un país donde la segregación era oficial y un niño negro no podía hablar a otro blanco.

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Till se encontraba en Misisipi visitando a unos familiares y procedía de Chicago. La madre del joven, Mamie Bradley, reclamó en su momento que el cadáver mutilado de su hijo fuera trasladado a esa ciudad y expuesto en un féretro abierto, para que el país pudiera ver en la irreconocible cara del adolescente el resultado del racismo. La determinación de Mamie Bradley logró que uno de los miles de linchamientos que existieron entre 1870 y la década de los años sesenta del siglo pasado (se cifran en más de 4.000) lograra poner a la sociedad estadounidense frente al incómodo espejo del racismo. La sádica muerte de Till fue un acicate para el nacimiento del movimiento de los derechos civiles, que acabó con la segregación legal de los negros en EE UU. Pero la muerte de Emmett Till sigue y seguirá por siempre sin culpable.

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Puente de Rumichaca

Así lo anunció el Ministro del Interior de Colombia Daniel Palacios, tras señalar que el Puente de Rumichaca estará cerrado tres días la próxima semana.

Noticias Nariño.

Con miras a las elecciones para el Congreso de la Republica, el Gobierno Nacional dispuso de una serie de medidas para garantizar la seguridad, entre ellas, el Puente de Rumichaca será cerrado.

El Puente Internacional ubicado en Ipiales y que da paso entre Colombia y Ecuador por Nariño no tendrá paso durante tres días.

Así lo dio a conocer el Ministro del Interior de Colombia Daniel Palacios, al señalar que esta medida irá desde las 6:00 de la tarde del jueves 10 de marzo, hasta las 11:59 de la noche del domingo 13 de marzo.


Enfatizó en que el propósito es garantizar la seguridad en esta jornada en la cual, los colombianos elegirán el nuevo Congreso de la República.

El 13 de marzo también se escogerá a los candidatos presidenciales de tres consultas interpartidistas.

El anuncio de restricción ya es de preocupación del comercio en las ciudades de Pasto e Ipiales.

Como se recordará, para esta fecha se esperaba una gran afluencia de compradores ecuatorianos, por cuenta del Día Sin IVA que aún está programado para el próximo 11 de marzo.



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Guillermo Murcia Duarte, aspirante a uno de los escaños especiales para la paz, en Arauca, Colombia.
Guillermo Murcia Duarte, aspirante a uno de los escaños especiales para la paz, en Arauca, Colombia.CORTESÍA

Guillermo Murcia teme por su seguridad, pero sigue firme en su inusual candidatura por un escaño en el Congreso de la República de Colombia en las elecciones del 13 de marzo. Campesino, agricultor y víctima de minas antipersonal en el convulso departamento de Arauca, la semana pasada fue secuestrado por varias horas en un paraje rural por guerrilleros armados del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que sigue siendo un actor dominante en la región cinco años después de la firma del acuerdo de paz con las FARC. Su campaña también tuvo que sortear al final de la semana los tres días de “paro armado” que decretó el ELN, la última guerrilla activa en el país. “Estuvo totalmente cerrado todo, la población encerrada en sus casas”, relata por teléfono.

Arauca se ha convertido por enésima ocasión en 2022 en una zona de guerra. Murcia, de 39 años, la ha sufrido en carne propia. Candidato por una de las inéditas circunscripciones de paz, que cobija los municipios de Tame, Fortul, Saravena y Arauquita, ha tenido 18 cirugías reconstructivas desde que lo hirió el estallido de una mina en 2005. En Colombia hay más de nueve millones de víctimas del conflicto armado, y más de 12.000 de minas antipersonal. Como representante de víctimas, también estuvo en La Habana, sede de los diálogos con las FARC, para hablar con los negociadores del Gobierno y de la insurgencia sobre la importancia de los esfuerzos de desminado, y tiene una reconocida trayectoria con oenegés.

En muchas regiones todavía arde la guerra que Colombia intenta extinguir. El deterioro de la seguridad en la recta final del Gobierno de Iván Duque –un crítico de los acuerdos– incluye el asesinato de líderes sociales, ambientalistas y excombatientes de las FARC, así como el aumento de las masacres. Arauca es un ejemplo ilustrativo. Todas las violencias se han juntado en ese departamento atravesado por dos oleoductos, que no han impedido una historia de abandono estatal. En lo que va de este siglo vivió una sangrienta arremetida paramilitar y un feroz enfrentamiento entre las FARC y el ELN. Después de la firma de la paz, el ELN siguió en armas, y ahora también se enfrenta a las disidencias que se apartaron del proceso. Un tercio de sus 300.000 habitantes ya eran víctimas registradas antes de este nuevo ciclo de violencia.

“Aquí nunca ha habido posconflicto. Sabíamos que ser candidato a la curul especial iba a ser muy complicado, pero las comunidades no teníamos previsto una segunda guerra entre las guerrillas, eso dificulta muchísimo más hacer una campaña política para la paz en medio de un conflicto tan agudo”, valora Murcia, que se lamenta por la falta de garantías en un proceso “enredado” y lleno de trabas. A pesar de todo, se mantiene optimista sobre la posibilidad de llegar al Capitolio Nacional, en el corazón de Bogotá, para visibilizar que en su departamento “las violaciones de derechos humanos son el pan de cada día”.

El Congreso va a estrenar un número inédito de lugares, con voces más diversas. Las víctimas de un conflicto de más de medio siglo compiten por primera vez por 16 escaños especiales en la Cámara de Representantes, reservados para ellas, en las legislativas. Representan algo más del 10 % de la composición actual de la Cámara. La campaña, sin embargo, está empañada por la violencia. El martes, otro aspirante a las circunscripciones, Yoad Ernesto Pérez, también fue retenido varias horas por el ELN en la región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander.

El acuerdo que firmaron el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) y las FARC se proponía poner a las víctimas en el centro, instalarlas como las mayores beneficiarías de un pacto arduamente negociado en La Habana. De allí nació la idea de las “curules de paz”, que han tenido que superar una larga cadena de obstáculos y verán la luz con cuatro años de retraso. Después de que una confusa votación en el Senado en el 2017 provocó una dilatada batalla jurídica, esa promesa de representación finalmente se cumplirá. La principal condición es que solo pueden postularse víctimas registradas. Los partidos están vedados, al menos en teoría.

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“Estas elecciones representan el esfuerzo más importante de inclusión política y electoral, a nivel poblacional y territorial desde la Constitución de 1991″, ha señalado Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE). Además de ampliar la representación territorial en el legislativo, las curules de paz también buscan aportar a las medidas de reparación y no repetición contempladas en los acuerdos, así como construir puentes entre las comunidades y las instituciones del Estado.

“Como proceso electoral, sin embargo, no escapa a riesgos como la abstención, la desconfianza y la cooptación por parte de maquinarias políticas”, advierte un análisis de la Fundación Ideas para la Paz (FIP). “Además, el país cerró 2021 con un estado preocupante en la seguridad territorial: la mayor cantidad de desplazados en los últimos diez años y un alza en los homicidios. A semanas de las elecciones legislativas —y dada la incapacidad del Gobierno Nacional para responder de manera efectiva a los desafíos de la paz territorial— es poco probable que la situación cambie”.

Los 16 escaños –conocidos formalmente como circunscripciones transitorias especiales de paz– están relacionados con los territorios más golpeados por la guerra, donde se implementan planes particulares de desarrollo –o PDET, en la jerga gubernamental–. Son cerca de 170 municipios a lo largo y ancho de Colombia. Compiten cerca de 400 aspirantes, que cuentan con el apoyo de organizaciones sociales, campesinas, étnicas, de víctimas y de mujeres, entre otras. Hay diversos perfiles que incluyen familiares de políticos tradicionales, líderes que han abanderado la sustitución de cultivos de coca, representantes indígenas, jóvenes, mujeres con liderazgos de larga trayectoria, periodistas o personas sobre quienes se han denunciado vinculaciones a administraciones locales, detalla el análisis de la FIP.

La violencia acecha. De esos 167 municipios, 97 registran riesgo; 43 se encuentran en riesgo extremo, 44 en riesgo alto y 10 en riesgo medio, de acuerdo con la MOE. En regiones donde las disputas entre grupos armados todavía producen un alto impacto humanitario, la participación de las comunidades no está garantizada y la movilidad de los candidatos para hacer campaña es limitada. De acuerdo con los datos de la FIP, el 79% de los desplazamientos forzados que ocurrieron en 2021 se concentraron justamente en estas circunscripciones, que incluyen desde lugares como Arauca o Catatumbo –ambos cerca de la extensa frontera de más de 2.200 kilómetros con Venezuela–, hasta departamentos como Cauca, Nariño y Chocó, sobre el corredor del Pacífico. En varias zonas se han presentado amenazas directas de grupos armados ilegales, o estigmatización de los líderes y candidaturas que han promovido la implementación de los acuerdos de paz. El 60 % de los asesinatos de líderes sociales se concentran en las 16 circunscripciones.

En el papel, la financiación de estas campañas debe ser predominantemente estatal, pero a los problemas se añaden el limitado acceso a esa financiación –el cobro de pólizas impide el desembolso de recursos– y poca claridad sobre las reglas de juego. En ese contexto, abundan las denuncias de clanes políticos tradicionales y sus maquinarias electorales que intentan apropiarse de los escaños ideados para las víctimas. Murcia echa en falta más pedagogía, pues muchas víctimas, afrodescendientes y campesinos pueden votar pero no lo saben, y apela a un dicho popular para describir el escenario: “es una pelea de tigre contra burro amarrado”.

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Para Nariño dispondrán 3.721 mesas de votación para la jornada electoral

Definido el número de mesas de votación, desde el Comité de Seguimiento Electoral realizan pedagogía por las curules de paz.

Noticias Nariño.

Con miras a las elecciones que se cumplirán el próximo 13 de marzo en territorio nariñense, ya se definió el número de mesas de votación y autoridades departamentales indicaron que se adelanta pedagía para Senado, Cámara y curules de paz.

Frente a este proceso electoral, el Registrador Departamental, Jaime Santander, indicó que la logística está garantizada en los 905 puestos de votación que funcionarán en Nariño.

Destacó que para ello, se instalarán 3.721 mesas para que la comunidad acuda a ejercer su derecho.

Recalcaron que desde el Comité de Seguimiento Electoral se continúa realizando las acciones de pedagogía electoral.

Para Nariño dispondrán 3.721 mesas de votación para la jornada electoral

“Para ello se ha contado con la participación de diferentes actores como los personeros de los diferentes municipios», informó.

Han participado asi mismo, los candidatos a las curules de paz que se disputarán en el Congreso de la República.

El Secretario de Gobierno, Amilcar Pantoja, dijo que este es el quinto comité que se realiza para dar respuestas permanentes a los electores y candidatos.

«Este escenario es muy importante para la democracia, por eso el llamado desde la Secretaría de Gobierno y de este importante Comité es a participar de los próximos comicios electorales», sostuvo.

Así mismo dijo que se tiene un despliegue, grande para poder garantizar el ejercicio electoral.





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La actriz Angelina Jolie, habla a la prensa sobre la ley de la violencia contra las mujeres.
La actriz Angelina Jolie, habla a la prensa sobre la ley de la violencia contra las mujeres.DPA vía Europa Press (DPA vía Europa Press)

En un gesto casi desaparecido de la actual política que se practica cada día en el Capitolio de Estados Unidos, senadores demócratas y republicanos han logrado aprobar de manera bipartidista este jueves un proyecto de ley para garantizar que las víctimas de acoso o agresión sexual en el lugar de trabajo tengan la libertad de presentar demandas ante los tribunales. Hasta ahora, y según los legisladores, unos 60 millones de estadounidenses están sujetos, a veces sin siquiera saberlo, a una cláusula que obliga a los trabajadores a presentar denuncias de mala conducta sexual a través de arbitraje y al margen de los tribunales del poder judicial.

La norma ya había tenido el visto bueno de la Cámara de Representantes el pasado día 7 y ahora avanza hacia la mesa del presidente Joe Biden en el Despacho Oval. El mandatario ya ha declarado que apoya la medida porque “hace avanzar los esfuerzos para prevenir y abordar el acoso y la agresión sexual, reforzar los derechos, proteger a las víctimas y promover el acceso a la justicia”.

“Nunca más se les podrá decir a las víctimas de agresión o acoso sexual que legalmente tienen prohibido demandar a su empleador porque en algún lugar oculto en su contrato está enterrada una cláusula de arbitraje forzoso”, celebró la senadora demócrata por Nueva York Kirsten Gillibrand, que junto al senador republicano de Carolina del Sur Lindsey Graham redactaron el texto. “Esos días se han acabado”, remarcó Gillibrand.

La norma es una importante victoria para el movimiento que se inició bajo el eslogan del #MeToo, que sacó a la luz acuerdos de arbitraje obligatorios que favorecían al empleador y mantenían en la oscuridad a las víctimas de acoso. Para el líder de la mayoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer, la medida es “uno de los cambios más significativos en la legislación laboral en años”.

Ha sido esta una semana de buenas nuevas en la política respecto al abuso y el maltrato, tanto en el ámbito laboral como en el doméstico. El pasado miércoles, Biden pedía al Congreso que actuase sin más miramientos ni más retrasos y devolviera vigencia a una ley que él mismo impulsó cuando era senador en 1994 y que los republicanos dejaron caducar y no la renovaron en 2019, bajo mandato de Donald Trump, porque se negaron a incluir amparos para las personas transgénero.

A través de un comunicado, el presidente de EE UU celebraba poco después que un grupo de senadores demócratas y republicanos hubieran llegado a un acuerdo para que volviera a entrar en vigor la norma conocida como ley Contra la Violencia Contra las Mujeres (VAWA, Violence Against Women Act, en inglés).

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“Combatir la violencia doméstica, el asalto sexual, la violencia entre personas que están en una relación y el acoso no debería ser un tema de demócratas o republicanos. Es un asunto de justicia y compasión”, dijo Biden. Los senadores de ambos partidos se comprometieron en un acto a impulsar una versión “modernizada” de esa ley. El acto contó con la presencia de la actriz Angelina Jolie, a quien en varias ocasiones se le quebró la voz al recordar el calvario que viven las víctimas de violencia de género, a las que el Congreso ha vuelto la espalda.

“Estando aquí, de pie, en el centro del poder de la nación, solo puedo pensar en todos aquellos a los que se les hizo sentir que no tenían poder”, afirmó Jolie frente a una sala del Capitolio abarrotada de prensa, según informa la agencia Efe. La actriz hizo alusión al hecho de que los republicanos dejaran sin efecto VAWA, que durante décadas sirvió para financiar programas de ayuda para las víctimas de maltrato y abuso sexual.

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Elecciones al Congreso en Colombia
Wilson Barco, con la serie #PedagogiaDemocrática para las elecciones de este 2022.

Elecciones al Congreso que han quedado relegadas por el debate presidencial, pero un escenario en el que se deciden temas económicos, sociales, políticos y más en el país. Legislan sin que incluso, la presidencia intervenga.

Noticias Colombia.

En Colombia se realizan elecciones al congreso en Colombia el próximo 13 de marzo, senadores y representantes, y ahora se suman, los congresistas de la paz, para representar a comunidades más golpeadas por el conflicto y a 9 millones de víctimas.

Candidatos y candidatas desde independientes hasta los que representan a los partidos políticos más tradicionales, o los clanes.

Lea también: Alerta en nariño procuraduria alertó sobre inscripción irregular de cedulas para elecciones

En parte, esta decisión marcará al país los próximos cuatro años; a quienes eligan legislarán desde temas culturales hasta reformas económicas, judiciales y administrativas.

Puestos de votación para la cámara y el senado.

Sin embargo, el debate por estos días ha sido dirigido hacia las elecciones presidenciales. Los mismos precandidatos se han montado en el bus que lleve a la Casa de Nariño, sin hacer la respectiva parada en el Congreso.

Lo que se elige

Para las elecciones del Senado, Cámara y curules de paz el próximo 13 de marzo serán 300 curules a ocupar.

 102 CURULES EN EL SENADO Y 182 ESCAÑOS EN LA CÁMARA DE REPRESENTANTES. 16 CURULES DE PAZ.

Más del 15% son aspirantes a reelección.

Algunos candidatos (as) a las elecciones legislativas.

«Cada aspirante para el Senado, puede gastar hasta $3000 millones y para Cámara, hasta 1000», aunque algunos, según las mismas investigaciones, han llegado superar por muchas esas cifras y aún así, pocas explicaciones ha habido.

Estos cuatro años, el Congreso ha estado en medio de polémicas por decisiones como la reforma económica, hundir proyectos como el de autoregulación de las vacaciones y sueldos de los congresistas, entre otras.

Si, hay dos jornadas electorales vitales; Congreso y Presidencia. Están relacionadas, para cada una debe tener su espacio de información clara, para que el elector sepa qué significará su voto.

¿Por qué hay que ponerle atención a las elecciones del 13 de marzo?:

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