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Las hojas volanderas y los pasquines se esparcen hoy a través de las pantallas. Es ahí, en el ciberespacio, donde se dilucida principalmente la guerra de la información y la propaganda. Pero no todo se cocina en inexpugnables centros de máxima seguridad de Kiev, Moscú, Bruselas o Washington. Desde una torre de 25 alturas de Kiev asomada a las disputadas localidades del noroeste, Oleksii Stanchevskii ejerce de soldado en esa batalla mientras suenan de fondo las detonaciones que llegan de la línea del frente.

Las armas de este periodista y community manager de 28 años son las redes sociales, principalmente Telegram y Viber. Forma parte de una tupida red de activistas diseminados por toda Ucrania que tratan de tener a buen recaudo las vías por las que llega la información a la ciudadanía. Son conscientes, sin embargo, de que ese flujo de datos que manejan y esa población a la que tienen acceso también son objetivo de los rusos.

“Desde luego, nuestra posición es pro-Ucrania. No podemos decir que lo que hacemos es claramente periodismo, pero es un trabajo que desarrollamos para defendernos, por eso no podemos dar toda la información de que disponemos”, aclara Stanchevskii. Es decir, evitan comunicar las posiciones de las tropas locales, de los lugares exactos de los ataques y también frenan la publicación de imágenes de muertos o muy escabrosas que puedan minar la moral de los ciudadanos. “Queremos dar a la gente esperanza y seguridad y alejarlos de los chismes. Nos llegan muchos vídeos o fotos que no podemos publicar”, reconoce el activista sin negar su veracidad.

Conscientes de la importancia de las redes sociales y de su capacidad de llegar hasta el mismo tuétano de la sociedad del país invadido, los rusos las emplean también en su propio beneficio dentro de Ucrania. Así ha ocurrido en enclaves que han caído bajo su poder como Berdiansk o Melitopol, en el sur del país, donde han conseguido a través de los móviles infiltrarse, intoxicar y despistar a los habitantes para tratar de ganárselos, señala Stanchevskii. “Los rusos tienen una táctica. Cuando ocupan una ciudad tratan de controlar la infraestructura local. Van a los periodistas locales y, si estos no colaboran, pillan las claves (de sus redes sociales) y se apropian de los canales”, explica.

Reporteros Sin Fronteras ha denunciado el secuestro por los rusos del padre de la periodista Svitlana Zalizetska con el objetivo de canjearlo a cambio de obtener el control del medio que ella dirige, RIA-Melitopol. El hombre, de 75 años, fue finalmente liberado en la noche del viernes y Zalizetska ya no controla el medio que dirigía, según Reporteros Sin Fronteras (RSF).

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En un canal de Telegram llamado Berdiansk Mañana con unos 6.000 seguidores puede verse al que se ha erigido como nueva autoridad de esa ciudad desde que cayó en manos de los rusos dirigiéndose a la población como si fuera una especie de alcalde. Esa nueva autoridad lanza mensajes en los que trata de convencer a los vecinos de que la vida en la ciudad ha vuelto a la normalidad, así como el restablecimiento de los servicios de emergencia. También anuncian el lanzamiento de canales de radio y televisión en lengua rusa, publicaciones de bajas entre las filas ucranias en nombre del Ministerio de Defensa ruso o mensajes contra el Gobierno del presidente ucranio, Volodímir Zelenski, al que tachan de “fascista” y al que acusan de utilizar al pueblo como escudo humano. Hasta difunden vídeos con alocuciones del presidente ruso, Vladímir Putin.

A diferencia del grupo Berdiansk Mañana, en el de Berdiansk Hoy, con 43.000 seguidores, avisan sobre las sirenas que alertan sobre posibles ataques aéreos, sobre cómo recibir ayuda humanitaria, el funcionamiento de bancos, las evacuaciones, direcciones de tiendas y comercios o el horario de autobuses. En definitiva, “cómo vivir”, puntualiza Stanchevskii. Algunos de los ucranios consultados por EL PAÍS en estas semanas que han transcurrido de conflicto reconocen que los canales a los que acceden desde sus teléfonos móviles son la principal fuente de información y sobre lo que leen en ellos acaban tomando decisiones en su día a día. Una mujer de la región de Mikolaiv contó que fue evacuada a Lviv junto a sus hijos gracias a un listado organizado por las autoridades locales a través de Telegram.

Stanchevskii no dispone de más medios materiales que cualquier otro ciudadano para desarrollar su activismo. Es más, este sábado ni siquiera tiene acceso a la electricidad ni a internet en su casa. Pero no se desanima. Él y otros activistas llevaban meses preparándose para lo que se les vino encima el pasado 24 de febrero con la orden del presidente ruso de abrir la caja de los truenos en forma de invasión del país. Entre los informes que maneja destaca La muerte de Putin, que muestra junto a otro, El modelo de defensa territorial de Ucrania, ambos editados por el centro de estudios Instituto Ucranio por el Futuro. Pero el community manager reconoce que su trabajo ahora está a pie de calle, a pie de Telegram. “Apostamos por los contenidos positivos para no poner a la población nerviosa. Cada día al atardecer publicamos una broma o un meme para intentar que la gente se vaya a dormir en paz”.

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El pasado jueves, al cumplirse el primer mes de la ofensiva que el Kremlin justifica haber emprendido para “desnazificar” Ucrania, un reconocido periodista ruso encontró clavado en la puerta de su casa un emblema con la bandera azul y amarilla del país vecino y la palabra “Judensau”, que significa “cerdo judío” en alemán, escrita sobre ella. Y a sus pies, una cabeza de cerdo con una peluca que emulaba su emblemática melena rizada.

“¿Han decidido intimidarme a mí y a mi familia? ¿A mí, a quien se llevaron para fusilarle los militares de Dudáyev (primer líder separatista checheno)?”, denunció Alexéi Venedíktov en su canal de Telegram. El que hasta hace unas semanas dirigía la decana radio Eco de Moscú, liquidada tras ser bloqueada por las autoridades por su cobertura de la guerra, ha sido uno de los amenazados por mostrarse crítico con el conflicto.

Este viernes fueron atacadas dos activistas de San Petersburgo. “¡Peligro! ¡Aquí vive una traidora a la patria!”, estaba escrito en sendos carteles pegados a la entrada de los domicilios de Daría Heikinen, del Movimiento Mayak, y de Kristina Vorotníkova, antigua ayudante del opositor Alexéi Navalni. En el caso de la primera mancharon su pomo con unos fluidos, mientras que la segunda activista se encontró la puerta pintarrajeada con la palabra “traidora”. Y en el rellano de sus domicilios, estiércol por el suelo.

Del incidente que le afectó, el periodista Venedíktov consiguió una grabación del pasillo interior del edificio en el que vive donde aparecía la persona que puso la cabeza de cerdo en su portal, un hombre que podría haberse disfrazado de repartidor. Según dijo a la agencia de noticias Ria Novosti, la policía “ya estaba al corriente de los hechos” incluso antes de poner la denuncia.

Antes hubo otros casos. El 16 de marzo, la activista Olga Mísik se encontró la puerta de su casa pintada de arriba a abajo. “Mi apartamento ha recibido un tratamiento cosmético”, escribió en Twitter la manifestante, que se hizo famosa por leer la Constitución rusa frente a la policía en las protestas de 2020, cuando aún era adolescente. Mísik mostró tres fotografías donde se podía leer el mensaje dirigido contra ella: “No vendas la patria, puta”.

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Mísik comentó aquella amenaza con una sutil advertencia. “Occidente apostará por la quinta columna. No solo por los que viven allí geográficamente, sino también por los que están con su conciencia esclava. Pero el pueblo de Rusia podrá distinguir a los patriotas de los traidores y tal purificación de la sociedad solo fortalecerá el país. A. Hit… [Adolf Hitler], perdón, V. V. Putin”, publicó Mísik al transcribir, una por una, las palabras que poco antes había dicho el mandatario ruso.

Aquella pintada estaba encabezada por una zeta, la letra que la propaganda ha convertido en el símbolo de los que apoyan la guerra. “Za rodinu” (por la patria, en ruso); “Za presidenta” (por el presidente), son algunos de los lemas promovidos con una letra que antes de comenzar el ataque se hizo viral en las redes sociales. El motivo, estar pintada sobre los camiones y carros de combate rusos como distintivo para el fuego amigo, un indicio de que ya habían acabado los preparativos para la guerra.

Militares que rechazan participar “en la operación especial”

No solo parte de la sociedad civil ha mostrado su rechazo al conflicto. El 25 de febrero, segundo día de la guerra, un jefe de pelotón y 11 soldados del destacamento ruso Plastún se negaron a cruzar la frontera que separa Ucrania de la región rusa de Krasnodar. Los militares denunciaron que era una acción ilegal, y como resultado, fueron devueltos a su base, se abrió una investigación y fueron despedidos. Ahora luchan ante la justicia por su reincorporación laboral porque consideran que la expulsión fue improcedente.

“Ninguno de ellos tenía el pasaporte para viajar al extranjero ni tenía la intención de salir, dado que sus obligaciones se limitaban al territorio de la Federación de Rusia”, compartió en Telegram su abogado, Mijaíl Benyash. Además, la defensa resaltó que cruzar ilegalmente la frontera es un delito tipificado por el artículo 322 del Código Penal ruso, a lo que se hubieran añadido otros crímenes bajo la legislación ucrania.

Este suceso no es una excepción. “Después de esta noticia nos han llegado historias similares de Crimea, Veliki Nóvgorod, Omsk, Stavropol… trabajadores que buscan ayuda”, escribió en sus redes sociales Pável Chikov, un conocido defensor de los derechos humanos y columnista habitual de la prensa rusa. “Escriban a nuestros abogados; ayudaremos a los oficiales a recuperar sus empleos por haberse negado a ir a las hostilidades de Ucrania”, agregó el también presidente de la fundación Ágora, quien fue expulsado en 2019 junto a otros activistas del Consejo Presidencial de Derechos Humanos, dependiente del Kremlin.

Según Benyash, “hay bastantes otkázniki (los que rechazan ir a la guerra, en un juego de palabras) en toda Rusia, pero solo estos han tenido el coraje de demandar. El resto se unió [a la invasión] sin rechistar, lo que dice mucho sobre ellos como luchadores”. “Su negativa no debe verse como una declaración política”, escribió el abogado, quien defendió que negarse a participar en “una operación especial” (como la denomina el Kremlin) “no es una falta disciplinaria ni una ofensa en absoluto”.

La agrupación Plastún forma parte de la OMON, el acrónimo del cuerpo antidisturbios y antiterrorista de la Guardia Nacional (Rosgvardia), una fuerza mixta militar y policial, creada en 2016 y que solo cumple órdenes del presidente, no del Gobierno y su Ministerio de Defensa. “El capitán Farid Chitav y el resto de los hombres tomaron la decisión por cuenta propia”, según Benyash.

“Ninguno de los demandantes fue informado de su viaje de trabajo a territorio ucranio para participar en una operación militar especial, ni sobre las tareas ni las condiciones de esta operación. Por lo tanto, no dieron su consentimiento”, subrayó Benyash, un letrado conocido por haber sido juzgado en 2018 por supuestamente agredir a un policía al reunirse con un manifestante. Amnistía Internacional y otras ONG como Frontline Defenders dijeron que aquel proceso “tuvo una motivación política”.

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A.N. se ha ido a vivir a casa de un hermano de su marido. Considera que es lo más seguro después de la desaparición de dos mujeres que, como ella, participaron el pasado domingo en una protesta en Kabul contra las restricciones que les imponen los talibanes. No hay noticias de Tamana Zaryab Paryani y Parvaneh Ibrahimkhel desde que el miércoles por la noche unos hombres armados las sacaran por la fuerza de sus domicilios. A.N. y otras activistas afganas alertan de que la represión se está extendiendo.

“Las mujeres que protestamos estamos acostumbradas a las amenazas y los problemas”, confía A. N. a EL PAÍS. Pero lo ocurrido a Ibrahimkhel y Paryani resulta más grave. Nadie sabe dónde están. Los talibanes han negado haberlas detenido. Sin embargo, los hombres que se las llevaron se identificaron como miembros del “departamento de inteligencia” de la milicia. La interlocutora teme por sus vidas.

Antes de su detención, Paryani logró grabar un vídeo en su móvil en el que pedía auxilio y que difundió la agencia Aamaj News. “Ayuda, por favor, los talibanes se han presentado en nuestra casa… Solo mis hermanas están en casa”, se la oye decir muy nerviosa. De acuerdo con algunos testigos citados por los medios locales, también detuvieron a las dos hermanas de Tamana que no participaron en las protestas.

El portavoz de la policía de Kabul, el general talibán Mobin Khan, se ha burlado en Twitter del vídeo que tacha de “montaje”. Por su parte, Khalil Hamraz, vocero de la Dirección General de Inteligencia, ha acusado a las activistas de “difamar a los nuevos gobernantes de Afganistán y sus fuerzas de seguridad para obtener asilo en Occidente”.

Hamraz ha advertido que “ya no se van a tolerar los insultos a los valores nacionales y religiosos de los afganos”. Sus palabras se interpretan como una referencia a la manifestación del domingo, en la que al parecer Paryani prendió fuego a un burka, el sayón que cubre el cuerpo de las mujeres de la cabeza a los pies con apenas una rejilla a la altura de los ojos.

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Aunque oficialmente los talibanes no han impuesto el burka, cada vez hay más carteles y recomendaciones en ese sentido. En la última protesta, además de reclamar “igualdad de derechos” y “justicia”, las mujeres también se quejaron de la imposición de “velos y túnicas”, antes de que los milicianos las dispersaran utilizando espray de pimienta. Al menos una de las manifestantes acabó en el hospital.

Los talibanes se hicieron con el poder el pasado agosto. En sus primeras medidas sólo pidieron que las mujeres respetaran el hiyab, es decir que se cubran el cabello y las formas del cuerpo, pero no impusieron un modelo preciso ni restringieron su libertad de movimientos. Incluso prometieron que, a diferencia de su anterior dictadura (1996-2001) iban a poder estudiar y trabajar. Sin embargo, la realidad les desmiente cada día.

“Dictan lo que las mujeres deben vestir, cómo deben viajar, la segregación por sexo en el trabajo e incluso el tipo de teléfono que deben usar”, denuncia la organización de derechos Human Rights Watch en un informe referido a la provincia de Ghazni pero que es aplicable al resto del país.

Las afganas no se resignan al oprobio a que les condena el régimen talibán. A pesar de la prohibición de las manifestaciones, han seguido protestando. Cada día es más peligroso. A. N. recibe continuas amenazas en su Facebook.

“Hace poco mi hijo estaba comprando en una tienda cerca de casa, [los talibanes] le dijeron que me habían visto en televisión y que me transmitiera que dejara de hacerlo”, cuenta en un intercambio de mensajes. “Es cierto que son terribles y monstruos, pero este es mi país, no tengo miedo y sigo protestando. Aprendí de mi madre que se enfrentó a los talibanes hace 20 años, a pesar de que la golpearon y azotaron varias veces”, concluye.

Reunión en Oslo

EFE, Copenhague

Miembros del Gobierno talibán de Afganistán van a reunirse con representantes de la comunidad internacional y con grupos civiles afganos en Oslo del domingo al martes próximo, informa este viernes el Ministerio de Asuntos Exteriores noruego. Entre los grupos afganos figuran líderes femeninas, periodistas y personas involucradas en cuestiones de derechos humanos, ayuda humanitaria y temas económicos, sociales y políticos, según el comunicado.

«Estamos muy preocupados por la grave situación en Afganistán. Es una catástrofe humanitaria a gran escala para millones de personas. Para ayudar a los civiles en Afganistán, la comunidad internacional y afganos de distintos grupos sociales deben dialogar con los talibanes», afirma la ministra noruega de Exteriores, Anniken Huitfeldt.

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