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Edificio de la Banca Privada d'Andorra (BPA) en el país pirenaico en septiembre de 2019.
Edificio de la Banca Privada d’Andorra (BPA) en el país pirenaico en septiembre de 2019.Javier Martín

Empresarios con turbias fortunas, millonarios conectados con la mafia y hasta un asistente del presidente de Rusia, Vladímir Putin, con nueve millones en el bolsillo. Un heterogéneo grupo de ciudadanos del país euroasiático comunicó a la Banca Privada d’Andorra (BPA) su intención de ocultar 100 millones de euros entre 2003 y 2015, según los documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS.

El dinero aterrizó en la institución financiera hasta marzo de 2015, cuando el banco fue intervenido por blanquear presuntamente fondos de redes criminales. “Los rusos han sido durante años los mejores clientes de Andorra”, explica una autoridad del país pirenaico. Un territorio de 77.000 habitantes rodeado de estaciones de esquí y tiendas de lujo que hasta 2017 permaneció blindado por el secreto bancario.

Este periódico ha analizado las actas confidenciales del comité de prevención de blanqueo de la BPA. Unos documentos que desvelan la identidad de algunos de estos clientes, cuestionan el origen de sus fortunas y advierten de la necesidad de reportar a las autoridades andorranas sus nebulosas transacciones. Cuentas cifradas, sociedades instrumentales, transferencias a tinglados financieros opacos y discreción… Esta es la intrahistoria de parte del dinero ruso que buscó acomodo en Andorra.

El asesor de los nueve millones

Igor Sirosh, asistente del presidente de la Federación Rusa, usó una cuenta cifrada para ocultar en junio de 2013 sus fondos en Andorra. Bajo el código 10101284 se escondió el dinero de este alto cargo del Kremlin que aseguró al banco “haber ganado” 9,12 millones de euros, según un informe inédito de la policía del país pirenaico.

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Formado como militar, el jerarca es ayudante del jefe de la administración presidencial desde 2006. Y ha desarrollado cargos de relevancia en el organigrama institucional del poder. Entre ellos, fue vicepresidente de la Comisión de la Federación Rusa para contrarrestar “la falsificación de la historia”.

Pese a que la BPA calificó a Sirosh de PEP (Persona Políticamente Expuesta, en inglés), una etiqueta para identificar a cargos públicos o exdirigentes susceptibles de recibir fondos manchados por corrupción, la entidad autorizó la apertura de su cuenta.

Oscura comisión de 50 aviones

El exdirector general de una compañía de aviación rusa recurrió en 2013 a la BPA, donde tenía una cuenta desde 2002, para cobrar una comisión de 860.871 euros por mediar en la compraventa de 50 aviones Boeing. El exejecutivo pretendía ingresar el dinero a través de una operación que incluía un préstamo “sin intereses” y una sociedad pantalla domiciliada en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas. La BPA dudó de la operación. El cliente se escondía tras una cuenta cifrada y era también un PEP.

El botín del petróleo

La sociedad instrumental Selene Design LLC fue el caballo de Troya usado en noviembre de 2014 por el director financiero de una refinería en la ciudad rusa de Krasnodar para ocultar fondos en la BPA. El ejecutivo —según la entidad— manejó un tinglado financiero con tentáculos en el paraíso fiscal de Nieves y Chipre. Inicialmente, colocó un millón en el Principado.

Los millones del gas

Los cuatro ejecutivos rusos de Actual Geology, una sociedad creada en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas, se fijaron en Andorra en 2014 para refugiar los beneficios de su compañía de exploración de reservas de gas. Los empresarios planeaban ingresar en la BPA hasta dos millones de euros y usar el Principado pirenaico como un nodo de operaciones. Su fortuna procedía —supuestamente— del emporio erigido por el fallecido fundador de su firma, V. Chestatyakov.

Imperio de los medicamentos

La empresaria Ekaterina Limonova atesoraba 12 millones en Andorra en 2012 y anunció su intención de colocar ese año otros 20. Según le dijo al banco, el dinero procedía de los beneficios de su laboratorio de medicamentos en Moscú. Sus fondos se distribuyeron en dos depósitos numerados. Y su esposo, Victor Limonov, trató también de depositar su fortuna en la BPA, pero su comportamiento —vaciado inesperado de cuentas y negativa de aportar justificantes sobre su capital— despertó las sospechas de la entidad. “Consideramos que tenemos que tener mucho cuidado y no dejar ninguna operación sin justificar. Por prudencia, hacemos una declaración de sospecha”, apuntó en diciembre de 2012 un miembro del departamento de cumplimiento de la BPA. El trabajador del banco aludía a la necesidad de informar de las presuntas irregularidades de Limonov a la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand), un organismo dedicado a la prevención del blanqueo.

Con la policía en los talones

La Policía de Kazajistán frustró en abril de 2013 los planes de un misterioso cliente ruso de la BPA que quería transferir desde Suiza al banco pirenaico más de cinco millones de euros. Las intenciones del inversor, que barajaba comprarse con los fondos repatriados del país helvético una vivienda en Grecia, saltaron por los aires después de que los investigadores alertaran de que el hombre al que perseguían recurrió a una alambicada telaraña financiera en Andorra para mover el dinero del delito. La identidad del cliente es un misterio. Blindó su nombre a través de una firma instrumental, Artneveau Group S.A.

La hucha de los camiones

Vladímir Novik era director general en Rusia de la empresa de camiones Iveco cuando transfirió a la BPA 2,3 millones de euros. Corría 2014 y el ejecutivo esperaba cobrar además 3,5 millones de dividendos de esta compañía de automoción. Una firma con una facturación anual de 180 millones y de la que Novik tenía el 33% de las acciones, según un documento del banco. Los gestores de la cuenta advirtieron de que la cantidad a ingresar podía ser mucho mayor. “En Rusia hay mucha economía sumergida, por lo tanto, su sueldo sería el doble si tenemos en cuenta los pagos en b”, objetó un empleado de la BPA.

El rey de las cañerías

El exgeneral ruso Viktor Kanaykyn manejaba un patrimonio de 50 millones de euros cuando abrió una cuenta en la BPA en febrero de 2003. Su fortuna procedía —según le indicó al banco— de su firma de limpieza de tuberías de gaseoductos Spetsneftegaz. Una compañía colaboradora de Gazprom nacida en Moscú tras la desintegración de la URSS.

Kanaykyn aprovechó el Principado para ingresar los beneficios de sus empresas y Fondex, su trust (un opaco instrumento financiero). El banco le recibió con parabienes. E, incluso, le visitó tres veces en Rusia para comprobar la actividad real de su conglomerado y su mermada salud tras sufrir una embolia que modificó su firma. “Se trata de una persona con gran prestigio en Rusia. Ha participado como ponente en numerosos foros internacionales y es miembro de la International Gas Union (IGU)”, indicó un empleado de la entidad.

El rey de las cañerías tenía un representante en España a quien le dio poderes notariales, Andrei Petrov. Antiguo albañil, conductor y portero de discoteca, Petrov, manejó dos cuentas en la BPA. Y en 2013, era detenido en el marco de la Operación Clotilde, que desmanteló una red de blanqueo de fondos a través del ladrillo asentada en Lloret de Mar (Girona). El hombre de confianza del dueño del emporio de la limpieza de tuberías aceptaba en 2018 una condena de un año y medio de prisión por estos hechos.

Este periódico ha intentado sin éxito recabar las versiones de los clientes del banco andorrano que aparecen en esta información.

investigacion@elpais.es

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Un grupo de 'staffers' traslada cajas de documentos a la oficina del líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer
Un grupo de ‘staffers’ traslada cajas de documentos a la oficina del líder de la minoría del Senado, Chuck SchumerJOSHUA ROBERTS (Reuters)

Washington es a los abogados, asesores y políticos lo que Hollywood a los aspirantes a estrellas: el lugar donde matarse a trabajar, medrar y cumplir un sueño. Hacer una beca en el Capitolio es la puerta de entrada para un trabajo mal pagado de staffer, que es como se llama aquí a los asistentes de los legisladores. Suele implicar maratonianas jornadas donde lo que más se hace es atender el teléfono y llevar papeles de un lado a otro. Las cumplen sin rechistar porque están hambrientos de formar parte del núcleo duro de unos de esos congresistas o senadores. Incluso convertirse, quién sabe, en uno de ellos. En la cafetería de la cadena Dunkin’ Donuts que hay en el Capitolio se distingue fácilmente a los becarios de los asistentes. Los primeros se mueven a trompicones, con un gesto en sus caras entre la maravilla y la ansiedad. Los segundos entran al local con la urgencia de quien corre al baño, como si apenas les quedase tiempo para beber un café. Unos y otros tienen algo en común: sus condiciones laborales se han convertido en la última batalla del Congreso.

Las jornadas extenuantes, los bajos salarios y la presión propia de un trabajo exigente han generado una suerte de rebelión entre los empleados del escalafón más bajo del Capitolio. Hace una semana comunicaron su deseo de formar el primer sindicato de trabajadores en la historia del Capitolio y no solo han conseguido que la Casa Blanca los apoye, sino que tienen a sus jefes trabajando por ello.

Preparar el café de un congresista y comer las sobras de sus jefes

EL PAÍS ha podido hablar con uno de estos becarios, que aunque ya ha dejado de serlo, nos relata su experiencia de cuatro años. Se trata de un hombre blanco de 26 años que ha preferido mantener el anonimato al convocar el encuentro en el Capitol Hill Club, un antiguo edificio de cuatro plantas exclusivo para republicanos. En la primera planta, de ambiente más distendido, empleados de ambas Cámaras y algunos congresistas se reúnen a beber cerveza barata y picar queso cheddar gratis. Cada vez que alguien entra, los comensales lo escanean con la mirada. Se hacen guiños de una mesa a otra y mientras unos ríen a carcajadas, otros apenas susurran. “Aquí todos son alguien”, comenta el exbecario.

La primera tarea del día de sus tiempos en el Congreso, recuerda este empleado, era preparar el café de su jefe, un congresista republicano. A veces guiaba a los visitantes en un tour por el Capitolio o recibía a distintas asociaciones. Junto a sus compañeros, disfrutaba de la comida y cerveza que sobraban de las reuniones de sus jefes. Al final del día volvía directo a casa porque no tenía dinero para gastarlo en los bares. Durante tres meses, pagó todo con tarjetas de crédito en la sexta ciudad de EE UU más cara para vivir (el alquiler de un piso de una habitación cuesta de media 2.225 dólares al mes) La pregunta es inevitable: ¿Por qué la gente acepta esas condiciones? “Eres nuevo, Estás muy entusiasmado, crees que eres mucho más importante de lo que eres. Uno solo quiere formar parte del juego”, resume.

La experiencia de este exbecario se asemeja a los testimonios de otros jóvenes que EL PAÍS pudo recabar el miércoles en el Capitolio, que en su mayoría también hablaron bajo anonimato o bien prefirieron no hacer comentarios. Jonathan Reuss, de 20 años, se mudó de Florida a Washington para ganar nueve dólares a la hora, aunque aclara que no se siente explotado. “Las condiciones valen la pena. Me encanta este ambiente, quiero construir mi propia carrera política algún día”, comenta este joven aún imberbe, con un traje que le queda grande. La amiga que lo acompaña, Louisa, de la misma edad, comparte piso con otras tres chicas y está haciendo una segunda práctica en un proyecto de investigación para lograr llegar a fin de mes.

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Dificultades para cuadrar el mes

Casi la mitad de los empleados del Congreso tienen dificultades para pagar las facturas, según una encuesta de la Asociación de Personal Progresista del Congreso publicada el mes pasado. “Cuando pasé de becaria a empleada, ganaba 25.000 dólares al año (la media en Washington es 49.500). Tenía que vivir de cupones de alimentos [que entrega el Gobierno a los más desfavorecidos] y atención médica gratuita porque no podía pagar nada más”, dijo Audrey Henson, exmiembro del personal del Partido Republicano que fundó College to Congress, en una comparecencia ante un comité del Congreso en 2020.

Las becas no suelen ser remuneradas, pero las universidades ofrecen convenios para abaratar el coste de vida de los alumnos que se apuntan a pasar una temporada en la capital. El entrevistado, que recibió una paga de 350 dólares mensuales, justifica con estas palabras que los novatos no ganen un sueldo: “Tuve problemas porque no me pagaban lo suficiente, seguro. Fue duro, pero pensaba: ¿van a pagarle a un veinteañero por trasladar papeles más que a un adulto que está alimentando a su familia trabajando en una gasolinera?”, sostiene el joven de Michigan.

Afroamericanos y latinos, minoría en el Congreso

Esa precariedad provoca al final que sean pocos los jóvenes que pueden permitirse pasar así unos años, porque probablemente necesita ahorros o ayuda familiar. Dentro del alud de críticas al sistema de becas del Capitolio, una recurrente es la falta de diversidad étnica. La mayoría de afroamericanos y latinos no puede permitirse vivir en la capital sin un salario digno. Apenas el 3% del personal del Senado es negro, una cifra que se repite entre los jefes de gabinete, según un informe de 2020 del Centro Conjunto de Estudios Políticos y Económicos.

“Cuando eres joven y tienes ambición, cuando tratas de ganar más dinero tu rendimiento y lealtad laboral mejoran, sin duda. Cuando ganaba menos tenía mucha más hambre de éxito”, afirma el entrevistado en el Capitol Hill Club. Ese es el tipo de ambiente competitivo que el 85% de los empleados considera tóxico, según la Asociación de Personal Progresista del Congreso.

La mecha de la polémica por las condiciones laborales de los becarios y asistentes del Capitolio se encendió en Instagram. Una cuenta llamada Dear White Staffers (Queridos staffers blancos) se viralizó tras recoger acusaciones anónimas de antiguos y actuales subalternos. Denunciaban precariedad, malos tratos y diferentes grados de abuso y discriminación en la aparentemente glamurosa esfera del poder. Tras la exposición pública del problema en las redes sociales, un grupo de afectados formó el pasado viernes una entidad llamada Sindicato de Trabajadores del Congreso para exigir a los legisladores su derecho a sindicalizarse y así poder negociar de manera colectiva unas condiciones mínimas de empleo. El congresista demócrata Andy Levin presentó este miércoles una resolución, copatrocinada por 130 de sus compañeros, para sacar adelante la propuesta.

“Ahora es el momento de que los legisladores demuestren su compromiso con los trabajadores, incluido los suyos”, rezaba este jueves un comunicado del Sindicato de Trabajadores del Congreso. “La capacidad de nuestros jefes para servir mejor a los electores depende de cambios significativos para mejorar las vergonzosas condiciones laborales en el Capitolio, desde salarios dignos hasta un lugar de trabajo más seguro y protecciones contra la discriminación y el acoso”, añadía. A pesar de que los líderes de ambos partidos salieron a apoyar la sindicalización de los empleados, varios legisladores republicanos han adelantado que no van a votar a favor de la resolución. Se requieren 60 votos para aprobarla en el Senado, en el que republicanos y demócratas están empatados en número (50/50).

El Roll Call, un periódico de la capital estadounidense dedicado a informar de las trifulcas legislativas en el Congreso, dedicaba este miércoles media portada de su edición impresa (7,95 dólares) a una pregunta: ¿Cómo sería un sindicato de empleados del Capitolio? El ejemplar se podía encontrar en cada esquina del edificio federal. En un diario de mayor alcance, The Washington Post, Melissa A. Sullivan, una exbecaria y exempleada de ambas Cámaras, denunciaba los abusos verbales y la discriminación racial que sufrió por su acento latino en sus años en el Capitolio. El joven de Michigan cuyo testimonio ha recogido este periódico empatiza con la precariedad de los empleados. Reconoce que pasó por esa misma situación, pero, recuerda, toda la gente que conoció durante su beca ahora es “exitosa”. Define el éxito como un salario anual de seis cifras.

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Una de las frases más mencionadas durante la pandemia ha sido “quédate en casa”. Pero pese a que es usada en discursos de autoridades, afiches, redes sociales y spot de prevención, para algunos parece no ser suficiente a la hora de acatar las medidas sanitarias que tienen como objetivo contener los contagios por COVID-19.

De acuerdo con el registro de detenciones y fiestas clandestinas entregado por Carabineros de Chile a 24Data, desde el 10 de abril de 2020 al 04 de abril de 2021 se han identificado 302 eventos de este tipo, es decir un promedio de 25 celebraciones consideradas ilegales por mes.

Sin embargo, los datos revelan que en los tres primeros meses de 2021 hubo un 60% más de fiestas clandestinas que en los nueve meses anteriores. En ambos periodos existían zonas del país que estaban en confinamiento y otras que no, pero el segundo coincide con la época de vacaciones de verano.

Las reuniones sociales, eventos y celebraciones con varios participantes están prohibidas en pandemia, puesto que la concentración de personas sin distancia física y muchas veces sin mascarilla puede provocar contagios.

Para eso el Ministerio de Salud ha establecido aforos máximos de personas en una reunión, según la etapa del Plan Paso a Paso en que esté la comuna en cuestión:

Cuarentena: No se pueden realizar reuniones.

Está prohibida la realización y participación de reuniones sociales en residencias particulares y en eventos y actividades con público de todo tipo, a excepción de funerales, oficios y ceremonias religiosas.

Transición: Aforo máximo de 5 personas.

Se prohíben las reuniones en residencias particulares de más de 5 personas y cualquier evento o reunión durante el horario de toque de queda, o los sábados, domingos y festivos.

Tampoco se pueden hacer actividades con público con más asistentes que lo permitido o sin cumplir las condiciones requeridas.

Preparación: Aforo máximo de 15 personas.

 No se pueden realizar reuniones en residencias particulares de más de 15 personas y cualquier evento o reunión durante el horario de toque de queda.

Apertura inicial: Aforo máximo de 30 personas.

No se permiten reuniones en residencias particulares de más de 30 personas y cualquier evento o reunión durante el horario de toque de queda.

Si las personas no cumplen con lo señalado estamos en presencia de una infracción, puesto que pone en peligro la salud pública. La sanción es, entonces, por no respetar las reglas higiénicas o de salubridad dispuestas por la autoridad en tiempo de catástrofe, epidemia o contagio.

La pena es de presidio menor en su grado mínimo a medio (desde 61 días a 3 años) o multa de 6 a 200 unidades tributarias mensuales.

¿Quiénes son los participantes?

4.491 personas fueron detenidas entre el 10 de abril de 2020 y el 04 del mismo mes de 2021, por infringir el código sanitario al participar de fiestas clandestinas.

El 62% de los asistentes a este tipo de eventos son hombres y tienen menos de 25 años; incluso los registros muestran a 121 adolescentes entre 14 y 17 años.


 

Además 975 personas de entre los detenidos tienen nacionalidad extranjera, es decir el 22% de acuerdo a los de Carabineros de Chile.



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