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Pedro Sánchez y António Costa, este viernes en Bruselas.
Pedro Sánchez y António Costa, este viernes en Bruselas.JOHN THYS (AFP)

Ya llevaban más de cuatro horas de intenso debate. Y no pintaba bien. Pedro Sánchez y el portugués António Costa empezaban a ver que su idea de lograr que el Consejo Europeo les autorizara una “excepción ibérica” para poner en la península un tope a los precios del gas que se utiliza para fabricar electricidad y así lograr bajar de manera drástica y rápida la factura de la luz tenía demasiadas resistencias. Sobre todo en Alemania y Holanda. El debate no iba bien.

Charles Michel, presidente del Consejo, propuso empezar a votar los puntos en los que había más consenso y dejar para el final los más complicados, entre ellos la excepción ibérica y otros como la exigencia del italiano Mario Draghi de que quedara claramente fijada la idea del límite de precios para aplicarla en el futuro. Pero la tensión en ese momento ya era muy fuerte. Costa insistió:

—Tiene que quedar muy claro que nada está pactado hasta que todo esté pactado. No queremos que se den por buenos estos puntos si luego no se cierran los otros.

Sánchez le secundó.

—Es muy importante que no demos por cerrado nada hasta que no hayamos logrado acordar puntos que son muy relevantes para España y Portugal.

El español también desconfiaba. La tensión iba subiendo. Michel tranquilizó a los primeros ministros ibéricos, los que más se jugaban en la cita.

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—Es el procedimiento habitual, nada estará cerrado hasta el final.

En medio de esa tensión, Sánchez, que lleva siete meses presionando para cambiar el mercado energético europeo y ya ha fracasado en cumbres anteriores, tiene muy claro que esta vez tiene que ser diferente. No puede volver a Madrid con las manos vacías mientras sectores enteros amenazan con parar por el desorbitado coste energético.

Sánchez lleva toda la mañana explicando a sus socios la situación española, con paros en el transporte, con la flota pesquera amarrada varios días, con industrias paradas. Les cuenta que España y Portugal han sufrido mucho por no tener interconexiones, lo que les ha forzado a invertir mucho más. Que ambas han hecho un esfuerzo enorme por desarrollar energías renovables y están entre los países con más porcentaje de ellas. Y que sin embargo todo eso se queda en nada por culpa de un sistema que hace que toda la electricidad se pague al precio de la generada con gas, solo un 15% del total en el caso español.

Despliega datos, argumentos económicos, políticos, sociales. Él y su equipo más cercano llevan semanas trabajando a todos los niveles para ablandar a los más duros: Alemania y Holanda. Pero el socialdemócrata Olaf Scholz y el liberal Mark Rutte no ceden.

—La excepción ibérica puede romper el mercado eléctrico europeo, es muy arriesgado, dicen.

En ese momento, Sánchez lee en su móvil un tuit que alguien le envía del periodista de France24 Dave Keating, en inglés. “Sánchez está amenazando con vetar las conclusiones si no hay cambios claros en los precios”, dice mientras detalla las posiciones dentro de varios países.

Sánchez estalla. Él insiste en que en ningún momento amenazó con un veto. Pero alguien está lanzando fuera esa versión. El presidente necesita un golpe de mano que cambie el ambiente de la cumbre y le permita reforzar su posición para negociar la excepción ibérica. No puede salir de Bruselas sin ella. Así que hace algo muy inesperado en un líder europeísta, calmado, frío, al que los demás le han visto siempre templar en todos los debates. Sánchez da cuenta a los demás del tuit. Y se planta.

—No se puede tener un debate tranquilo con estas filtraciones. No me siento cómodo. España se está jugando mucho, este es un tema muy serio. Yo en estas condiciones no puedo seguir.

Sánchez recoge sus papeles y se va de la sala, ante la sorpresa de todos los demás líderes. Es el golpe que necesitaba.

El presidente toma un ascensor y sube a la delegación española, donde está su equipo, que también se sorprende al verle. Poco después llega a buscarle el francés Emmanuel Macron, presidente de turno de la UE. También acude Charles Michel.

Sánchez necesita que los demás sepan que va en serio. Lo ha logrado. El español y el francés bajan y entran juntos de nuevo en la sala. Ha pasado muy poco tiempo, pero el suficiente para que todos entiendan lo que se está jugando España y la importancia del asunto. Hay un breve receso y, desde ese momento, según coinciden varias delegaciones, la reunión cambia de tono. El golpe de efecto de Sánchez ha funcionado.

—En este asunto no hay silver bullet [bala de plata] ni recetas mágicas —repiten varios presidentes cuando vuelven.

—Pero lo peor sería no hacer nada. España acepta medidas que le pueden perjudicar, como aumentar las reservas, algo que puede subir el precio y nosotros no las necesitamos porque tenemos muchas regasificadoras. Pero lo hacemos en solidaridad con quien lo necesita. A cambio queremos que nos permitan la excepción ibérica— insiste el español.

Detrás de este primer plano de los líderes hay muchísimo movimiento. Antes de llegar a este punto cumbre con el golpe de mano de Sánchez, ha habido decenas de conversaciones, viajes, reuniones, papeles. La placenta de este acuerdo, en términos de Javier Cercas, ha llevado semanas. Con muchos altibajos.

El mejor momento fue el arranque del proceso, el 5 de marzo, cuando Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión, fue a La Moncloa y reconoció a Sánchez el liderazgo en el asunto de la energía. El más difícil, el pasado viernes 18, en una cena en Berlín, cuando Sánchez, acompañado por la vicepresidenta Teresa Ribera, la gran especialista, y Manuel de la Rocha, hombre clave en todas las negociaciones y sherpa del presidente en las decisivas horas finales en Bruselas, vio claramente que Scholz estaba durísimo y rechazaba de plano la idea de desacoplar los precios del gas y de la electricidad en toda la UE.

Pedro Sánchez y Ursula von der Leyen, el 5 de marzo en La Moncloa.
Pedro Sánchez y Ursula von der Leyen, el 5 de marzo en La Moncloa.Andrea Comas

Ese era el plan A de España, que esa misma mañana había logrado el apoyo de Italia, Portugal y Grecia en un encuentro en Roma. Pero ahí vieron que era imposible y empezaron a trabajar el plan B: la excepción ibérica. Que tampoco era nada fácil.

El jueves por la tarde, los sherpas de España, Portugal, Francia, Bélgica y Grecia empiezan a preparar el terreno para aunar estrategias que puedan ablandar a Alemania y Holanda. En ese momento España aún apostaba por acudir al artículo 122 del tratado de funcionamiento de la UE, que permite tomar decisiones en momentos excepcionales al margen de los tratados. La idea era que la excepción ibérica se incrustara en la legislación europea. Pero la Comisión Europea organiza de madrugada una reunión con los sherpas de España, Francia, Alemania y Holanda y el no de estos dos últimos es rotundo:

—Eso rompería el mercado europeo. Nunca lo votaremos.

Los holandeses se quejan sobre todo de que cada uno quiere sus excepciones y límites al mercado —el italiano Draghi insiste, y lo logró finalmente con mucha presión, introducir la idea de los límites de precios en las conclusiones finales— y temen un descontrol. No quieren tocar el mercado pese a los precios desorbitados.

—Resolvedlo vía impuestos quitando los beneficios caídos del cielo para compensar a los consumidores —explican.

Los españoles les dicen que esa vía ya está explorada y que no es suficiente, necesitan desacoplar el precio del gas del de la electricidad. Pero parece inútil.

El viernes, mientras Sánchez se faja en la sala y rompe la baraja, las negociaciones de las delegaciones se multiplican. Poco a poco, gracias a la presión de España, Portugal y de la Comisión, los alemanes empiezan a aceptar la idea de la excepción ibérica. Pero tienen que ser España y Portugal quienes propongan su plan y la Comisión la que lo acepte o no.

Los españoles desconfían. Quieren meter en las conclusiones las especificidades de España y Portugal: menos del 3% de conectividad y más del 40% de renovables. Es casi como poner sus nombres. Pero Alemania lo rechaza.

España necesita garantías de que la Comisión Europea no tumbará la propuesta cuando se la envíen. Sería un gran fiasco. Si no puede ser por escrito, tendrá que ser de palabra.

A esas alturas de la tarde, desde Madrid, las vicepresidentas Teresa Ribera y Nadia Calviño, con buenos contactos en Bruselas, multiplican llamadas y gestiones. El equipo de Ribera está volcado y en especial un hombre clave: Manuel García, director general de Energía. En plena cumbre, él habla directamente con el equipo de la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, para garantizar que aceptan el sistema que tiene pensado hacer España y que no habrá problemas.

El texto de las conclusiones, que ampara la excepción ibérica, está cerrado. “Se tendrá en cuenta el carácter temporal de las medidas y el nivel de interconectividad eléctrica con el mercado único de la electricidad”, dice. Las garantías técnicas también. Faltan las políticas.

Von der Leyen, que se ha implicado a fondo para ayudar a España, promete a los españoles que hablará en la rueda de prensa de forma rotunda a favor de la excepción ibérica. Más clara incluso que en las conclusiones. Y lo hace.

—La península ibérica tiene una situación muy específica. Tienen un alto porcentaje de renovables, y eso está muy bien, pero muy poquitas interconexiones. Por eso estamos de acuerdo en que haya un tratamiento especial —dirá.

Poco después comparecen Sánchez y Costa conjuntamente, eufóricos y agotados. Al español le preguntan qué garantías hay de que la Comisión acepte la propuesta ibérica cuando la envíen.

—Para garantías solo hay que escuchar las declaraciones de la presidenta de la Comisión ahora mismo —contesta Sánchez.

Todo está pactado. El plan era muy arriesgado, y podría haber sido un enorme fiasco en una de las peores semanas del Gobierno. Pero funcionó. Hubo que tocar muchas teclas, forzar con una escenificación dramática que incluyó un inédito abandono de la reunión. Pero Sánchez, que ha demostrado que no teme al riesgo, se vuelve a casa con un mecanismo para bajar el precio de la luz en menos de un mes siempre que la Comisión no se lo tumbe. Y eso era lo único relevante.

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La batalla fue correosa, con momentos de ebullición, multitud de intereses enfrentados y una coreografía propia de las cumbres europeas de altos vuelos, incluido el abandono de la sala de negociación por parte de Pedro Sánchez en el instante en que se discutían los puntos decisivos sobre energía. Pero el pacto de los Veintisiete llegó. Y el éxito de España, país al que, junto a Portugal, se le reconoce la excepción ibérica para hacer frente al zarpazo de los precios de la luz, marca un giro en la política energética de la UE. La cuña española, que lleva meses reclamando cambios en el sistema, abre además la posibilidad de que se acabe revisando todo el modelo de mercado eléctrico europeo.

El nuevo rumbo, incluido en las conclusiones plasmadas por los líderes comunitarios tras el Consejo Europeo celebrado este jueves y viernes en Bruselas, tiene muchos frentes: la UE reconoce la “urgencia” ante un problema agravado por la guerra en Ucrania; se enumera una lista de medidas para frenar el “efecto contagio” del gas en el mercado de la electricidad; proclama la necesidad de actuar “a corto plazo” y de tener en cuenta las “circunstancias nacionales” de los Estados miembro; reclama a la Comisión propuestas para reformar la formación de precios del mercado eléctrico y apuesta por una estrategia común de compra de gas y de almacenamiento de combustible de cara al invierno.

A España y Portugal –sin mencionarlas de forma expresa– se les dedican un par de párrafos enteros, en los que se especifica que dado “el contexto de precios muy elevados de la electricidad” el Ejecutivo comunitario evaluará “urgentemente” las medidas temporales de emergencia notificadas por los Estados miembro. Para su evaluación, “se tendrá en cuenta el carácter temporal de las medidas y el nivel de interconectividad eléctrica con el mercado único de la electricidad”. Este último punto es la especificidad ibérica: España y Portugal tienen una conectividad que no llega al 3%.

Para que no hubiera lugar a dudas, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, cuyo papel será central en los próximos pasos, señaló en la rueda de prensa tras la cumbre la “situación muy específica” de la península Ibérica. “Estamos de acuerdo en que haya un tratamiento especial para que pueda lidiar con los precios energéticos”.

Solo hace seis meses todo esto hubiera sonado a ciencia ficción. El resultado es fruto de un tira y afloja entre Bruselas y Madrid (a cuya batalla se han unido otras capitales, como París, Roma o Atenas) que se remonta al verano pasado. Del silencio se ha pasado al reconocimiento. En septiembre de 2021, por ejemplo, cuando Von der Leyen pronunció su discurso sobre el Estado de la UE, no dedicó ni una frase de los 59 minutos y 6.500 palabras de su intervención a la crisis de los precios de la energía: no lo consideraba un problema prioritario ni acuciante. Bruselas entonces respondía con evasivas a cualquier pregunta o propuesta que sonara a intervenir el mercado eléctrico.

España, sin embargo, llevaba meses sufriendo una situación que comenzaba a resultar insostenible, y reclamando medidas de todo tipo. Varias de las propuestas que ahora están sobre la mesa, como las compras conjuntas de gas o las reservas estratégicas de combustible, llevan un inconfundible sello español. Pero no siempre fueron vistas con buenos ojos.

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En octubre del 2021, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, explicaba ante un grupo de periodistas que estaba en la mano de la UE permitir a los Estados adoptar “medidas excepcionales” ante una “situación excepcional”. Es lo mismo que se había hecho con la suspensión de las reglas de gasto comunitarias ante las turbulencias económicas graves, argumentó. A la semana, la Comisión respondió con un paquete de “herramientas” en el que desoía casi todas las peticiones españolas, aunque se abría a “estudiar” la creación de reservas de gas y la compra conjunta y a evaluar, a través de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía, “las ventajas e inconvenientes” del sistema: fue una primera cuña.

Poco después, el Ejecutivo español contraatacó con un documento oficioso que incluía una propuesta que sonaba revolucionaria, en el que prácticamente pedía permiso para abandonar el sistema de precios europeos de la electricidad. Su melodía se parece bastante a la música de estos días en Bruselas: “En situaciones excepcionales, debe permitirse a los Estados miembros adaptar la formación del precio de la electricidad a sus situaciones específicas”, reclamaba la iniciativa. La comisaria europea de Energía, Kadri Simson, respondió alertando de sus muchos problemas: “Cambiar el modelo actual supone un riesgo para la predictibilidad y competitividad del mercado y para nuestra transición hacia las energías limpias”, replicó con el mantra bruselense habitual.

Varios Consejos Europeos, encuentros de ministros y comunicaciones de la Comisión después el tono político parece haber dado un salto abismal. Solo en esta última semana, el Ejecutivo comunitario ha presentado una batería valorando distintas posibles propuestas “de emergencia” para cortar el contagio del precio del gas en el de los precios de la energía; y los Veintisiete, incapaces incluso de encontrar un acuerdo energético en citas anteriores, han lanzado esta vez un mensaje contundente en sus conclusiones.

Fuentes del Ejecutivo comunitario admiten que el Consejo Europeo ha enviado “una señal política” clara en esta última cita. Pero también conceden que las conclusiones redactadas son como “un árbol de navidad” o un “mosaico” con muchos compromisos en el que cada país ha logrado colocar sus principales peticiones: España, su insularidad energética; Francia, la revisión del sistema de fijación de precios; Alemania, los nórdicos y algunos de los tradicionales halcones del libre mercado, asegurar el suministro de gas, y el compromiso de que las intervenciones a corto plazo sobre el mercado eléctrico se hagan a consultando a los actores relevantes y sin alterar las normas de mercado. Todos parecieron irse con una victoria al menos parcial a casa.

Pedro Sánchez exhaló exultante al término de la cumbre: “Por fin se reconoce la excepción ibérica”. El canciller alemán, Olaf Scholz, subrayó tras la cita el “escepticismo” de Berlín frente a algunas propuestas, pero ensalzó la batalla del español –”ha defendido con éxito los intereses de su país junto a su colega portugués”– y mencionó la “unidad” que salía de la cumbre, con propuestas como la compra conjunta de gas.

El presidente francés, Emmanuel Macron, fue muy claro en su comparecencia al expresar que no va a permitir que el precio de la electricidad francesa lo marque el gas ruso, como sucede ahora con el sistema marginalista de precios: “Hemos dado un mandato a la Comisión para revisar esta fórmula de precios”, dijo de forma tajante y tras explicar con unas gráficas el complejo sistema marginalista de fijación de precios.

Ahora le toca a la Comisión ponerse manos a la obra. Y tienen varios frentes: van a ser meses intensos para el ya atareadísimo equipo de la Dirección General de Energía. Desde el Ejecutivo comunitario se asegura que los países que opten por implantar medidas extraordinarias, como España (que tiene previsto enviarlas esta semana próxima) no lo van a tener fácil: se revisará en detalle que sus propuestas no distorsionan la competencia; y no todos tienen claro en Bruselas que las medidas vayan a tener el resultado deseado. Pero España al menos ha obtenido la posibilidad de lanzarse a la piscina con la cobertura de un manto europeo. Eso lleva buscando desde hace meses. Y será, de algún modo, pionera en terreno inexplorado, abriendo quizá un camino a seguir por otros.

La Comisión también ha recibido el mandato de ponerse en contacto con los “actores relevantes” para evaluar los distintos mecanismos de emergencia que pueden adoptar los Estados miembro, y ha de comenzar también a coordinar la compra conjunta de gas: el acuerdo con Estados Unidos anunciado este viernes de incrementar drásticamente los envíos de gas natural licuado es ya un primer ejemplo de esta capacidad de negociación al unísono, aseveran fuentes de la Comisión.

En las próximas semanas, además, será publicado el esperadísimo informe de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía, logrado gracias a la presión española, que planteará alternativas al actual modelo energético. El Ejecutivo comunitario tiene previsto exponer en mayo posibles fórmulas para modificarlo. “Al final tendremos que tocar el mercado”, reconoce ahora una fuente comunitaria. Algo que no estaba nada claro, más bien al contrario, hace unos meses.

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España se ha salido al fin con la suya. No en razón de su fuerza, sino por la fuerza de su razón en este pulso. Y es que el mercado interior energético europeo es una entelequia. No existe. Existen solo dos de sus componentes. Un conjunto de objetivos y una estrategia para alcanzarlos.

Los objetivos son dos. Descarbonizar la economía (cero emisiones de gases de efecto invernadero) para 2050. Y el hito intermedio del 55% en 2030. La estrategia es sustituir las fuentes de energía contaminantes por renovables. La detalla el Pacto Verde Europeo, y la financia en muy buena parte el Plan de Recuperación Next Generation (NGEU). Aunque costará más.

Puede añadirse otro elemento. En el subsector eléctrico, un mecanismo común de fijación de precios, determinado por el precio marginal (el más caro) de las distintas fuentes (renovables, petróleo, carbón y gas) que se trocan en kilovatios. Se acordó en el Reglamento 943 de la UE, de 2019. Funcionó en la normalidad. Hasta que la escasez de oferta de suministros de esas fuentes a causa de la complicada reactivación pospandemia, agravada por Putin, disparó los precios, sobre todo del gas.

Todo saltó por los aires. Y dejó ver las costuras sin coser de un mercado que es aspiracional (siendo optimistas) o persa (siendo pesimistas). Donde impera la ley de la jungla. O del más fuerte.

Estos estallidos suceden cuando bajo un pomposo título (mercado interior) hay apenas una carcasa. En este supuesto mercado no se da la libre circulación en todo el territorio común, requisito clave de todo mercado integrado. Lo revelan las islas energéticas, casi incomunicadas: la península Ibérica, Grecia. Los intercambios eléctricos se circunscriben al perímetro aproximado de la Europa fluvial navegable.

La dependencia de las importaciones del exterior oscila entre casi cero y el infinito: Rumania, el 23,1%, o Suecia, el 26,6%; frente a Malta, el 102,9% (Eurostat, 2019).

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La desarmonización o asimetría de los componentes del producto eléctrico final es abismal. Francia lo genera con el 70% de origen nuclear; Luxemburgo, con el 80% de renovables; España exhibe el 15% de gas (antes, 23%); Alemania, el 27% de carbón (antes, 19%). Los del flanco centro-oriental emplean mucho más gas (la fuente más encarecida hoy, la que fija precio) que los sureños: por eso el sobreprecio de sus fuentes baratas es inferior al que afrontan los mediterráneos. Por eso estos sufren más.

España salió pronto al encuentro de la urgencia de un Norte entregado a la servidumbre del gas ruso. Para garantizar el suministro, propuso mancomunar compras y apurar la capacidad de almacenaje.

Por reciprocidad —además de racionalidad—, si no por solidaridad, debía atenderse su propia angustia: darle margen para aliviar un precio minorista —distorsionado por el mecanismo común y estructural de fijación— exorbitante. Aunque fuese a título temporal y excepcional. Mercados más consagrados, como el agrícola, se flexibilizan. Reducen sus exigencias a los productos de importación. Esta vez era la hora.

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