La batalla fue correosa, con momentos de ebullición, multitud de intereses enfrentados y una coreografía propia de las cumbres europeas de altos vuelos, incluido el abandono de la sala de negociación por parte de Pedro Sánchez en el instante en que se discutían los puntos decisivos sobre energía. Pero el pacto de los Veintisiete llegó. Y el éxito de España, país al que, junto a Portugal, se le reconoce la excepción ibérica para hacer frente al zarpazo de los precios de la luz, marca un giro en la política energética de la UE. La cuña española, que lleva meses reclamando cambios en el sistema, abre además la posibilidad de que se acabe revisando todo el modelo de mercado eléctrico europeo.
El nuevo rumbo, incluido en las conclusiones plasmadas por los líderes comunitarios tras el Consejo Europeo celebrado este jueves y viernes en Bruselas, tiene muchos frentes: la UE reconoce la “urgencia” ante un problema agravado por la guerra en Ucrania; se enumera una lista de medidas para frenar el “efecto contagio” del gas en el mercado de la electricidad; proclama la necesidad de actuar “a corto plazo” y de tener en cuenta las “circunstancias nacionales” de los Estados miembro; reclama a la Comisión propuestas para reformar la formación de precios del mercado eléctrico y apuesta por una estrategia común de compra de gas y de almacenamiento de combustible de cara al invierno.
A España y Portugal –sin mencionarlas de forma expresa– se les dedican un par de párrafos enteros, en los que se especifica que dado “el contexto de precios muy elevados de la electricidad” el Ejecutivo comunitario evaluará “urgentemente” las medidas temporales de emergencia notificadas por los Estados miembro. Para su evaluación, “se tendrá en cuenta el carácter temporal de las medidas y el nivel de interconectividad eléctrica con el mercado único de la electricidad”. Este último punto es la especificidad ibérica: España y Portugal tienen una conectividad que no llega al 3%.
Para que no hubiera lugar a dudas, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, cuyo papel será central en los próximos pasos, señaló en la rueda de prensa tras la cumbre la “situación muy específica” de la península Ibérica. “Estamos de acuerdo en que haya un tratamiento especial para que pueda lidiar con los precios energéticos”.
Solo hace seis meses todo esto hubiera sonado a ciencia ficción. El resultado es fruto de un tira y afloja entre Bruselas y Madrid (a cuya batalla se han unido otras capitales, como París, Roma o Atenas) que se remonta al verano pasado. Del silencio se ha pasado al reconocimiento. En septiembre de 2021, por ejemplo, cuando Von der Leyen pronunció su discurso sobre el Estado de la UE, no dedicó ni una frase de los 59 minutos y 6.500 palabras de su intervención a la crisis de los precios de la energía: no lo consideraba un problema prioritario ni acuciante. Bruselas entonces respondía con evasivas a cualquier pregunta o propuesta que sonara a intervenir el mercado eléctrico.
España, sin embargo, llevaba meses sufriendo una situación que comenzaba a resultar insostenible, y reclamando medidas de todo tipo. Varias de las propuestas que ahora están sobre la mesa, como las compras conjuntas de gas o las reservas estratégicas de combustible, llevan un inconfundible sello español. Pero no siempre fueron vistas con buenos ojos.
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En octubre del 2021, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, explicaba ante un grupo de periodistas que estaba en la mano de la UE permitir a los Estados adoptar “medidas excepcionales” ante una “situación excepcional”. Es lo mismo que se había hecho con la suspensión de las reglas de gasto comunitarias ante las turbulencias económicas graves, argumentó. A la semana, la Comisión respondió con un paquete de “herramientas” en el que desoía casi todas las peticiones españolas, aunque se abría a “estudiar” la creación de reservas de gas y la compra conjunta y a evaluar, a través de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía, “las ventajas e inconvenientes” del sistema: fue una primera cuña.
Poco después, el Ejecutivo español contraatacó con un documento oficioso que incluía una propuesta que sonaba revolucionaria, en el que prácticamente pedía permiso para abandonar el sistema de precios europeos de la electricidad. Su melodía se parece bastante a la música de estos días en Bruselas: “En situaciones excepcionales, debe permitirse a los Estados miembros adaptar la formación del precio de la electricidad a sus situaciones específicas”, reclamaba la iniciativa. La comisaria europea de Energía, Kadri Simson, respondió alertando de sus muchos problemas: “Cambiar el modelo actual supone un riesgo para la predictibilidad y competitividad del mercado y para nuestra transición hacia las energías limpias”, replicó con el mantra bruselense habitual.
Varios Consejos Europeos, encuentros de ministros y comunicaciones de la Comisión después el tono político parece haber dado un salto abismal. Solo en esta última semana, el Ejecutivo comunitario ha presentado una batería valorando distintas posibles propuestas “de emergencia” para cortar el contagio del precio del gas en el de los precios de la energía; y los Veintisiete, incapaces incluso de encontrar un acuerdo energético en citas anteriores, han lanzado esta vez un mensaje contundente en sus conclusiones.
Fuentes del Ejecutivo comunitario admiten que el Consejo Europeo ha enviado “una señal política” clara en esta última cita. Pero también conceden que las conclusiones redactadas son como “un árbol de navidad” o un “mosaico” con muchos compromisos en el que cada país ha logrado colocar sus principales peticiones: España, su insularidad energética; Francia, la revisión del sistema de fijación de precios; Alemania, los nórdicos y algunos de los tradicionales halcones del libre mercado, asegurar el suministro de gas, y el compromiso de que las intervenciones a corto plazo sobre el mercado eléctrico se hagan a consultando a los actores relevantes y sin alterar las normas de mercado. Todos parecieron irse con una victoria al menos parcial a casa.
Pedro Sánchez exhaló exultante al término de la cumbre: “Por fin se reconoce la excepción ibérica”. El canciller alemán, Olaf Scholz, subrayó tras la cita el “escepticismo” de Berlín frente a algunas propuestas, pero ensalzó la batalla del español –”ha defendido con éxito los intereses de su país junto a su colega portugués”– y mencionó la “unidad” que salía de la cumbre, con propuestas como la compra conjunta de gas.
El presidente francés, Emmanuel Macron, fue muy claro en su comparecencia al expresar que no va a permitir que el precio de la electricidad francesa lo marque el gas ruso, como sucede ahora con el sistema marginalista de precios: “Hemos dado un mandato a la Comisión para revisar esta fórmula de precios”, dijo de forma tajante y tras explicar con unas gráficas el complejo sistema marginalista de fijación de precios.
Ahora le toca a la Comisión ponerse manos a la obra. Y tienen varios frentes: van a ser meses intensos para el ya atareadísimo equipo de la Dirección General de Energía. Desde el Ejecutivo comunitario se asegura que los países que opten por implantar medidas extraordinarias, como España (que tiene previsto enviarlas esta semana próxima) no lo van a tener fácil: se revisará en detalle que sus propuestas no distorsionan la competencia; y no todos tienen claro en Bruselas que las medidas vayan a tener el resultado deseado. Pero España al menos ha obtenido la posibilidad de lanzarse a la piscina con la cobertura de un manto europeo. Eso lleva buscando desde hace meses. Y será, de algún modo, pionera en terreno inexplorado, abriendo quizá un camino a seguir por otros.
La Comisión también ha recibido el mandato de ponerse en contacto con los “actores relevantes” para evaluar los distintos mecanismos de emergencia que pueden adoptar los Estados miembro, y ha de comenzar también a coordinar la compra conjunta de gas: el acuerdo con Estados Unidos anunciado este viernes de incrementar drásticamente los envíos de gas natural licuado es ya un primer ejemplo de esta capacidad de negociación al unísono, aseveran fuentes de la Comisión.
En las próximas semanas, además, será publicado el esperadísimo informe de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía, logrado gracias a la presión española, que planteará alternativas al actual modelo energético. El Ejecutivo comunitario tiene previsto exponer en mayo posibles fórmulas para modificarlo. “Al final tendremos que tocar el mercado”, reconoce ahora una fuente comunitaria. Algo que no estaba nada claro, más bien al contrario, hace unos meses.
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